|
e.
No discriminación
333.
Evidentemente, todas las normas mencionadas deben ser observadas sin
discriminación por razones de “raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”,[794]
conforme a la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.
En el presente informe también se abordó, en la sección sobre privacidad,
los problemas con diferentes tipos de supervisión de personas, inclusive en
casos en que no existen sospechas razonables de que estén vinculados a la
actividad terrorista. No es
necesario a esta altura un análisis muy prolongado, pero es preciso señalar
que este tipo de actividades también tienen efectos en el goce pleno del
derecho a la libertad de expresión.
Las
investigaciones injustificadas de expresiones políticas y de disidencias
pueden tener un efecto debilitante para nuestro sistema político.
Cuando las personas ven que esto puede ocurrir, se tornan cautelosas
de vincularse a grupos que disienten con el gobierno y más cautelosos de lo
que puedan decir o escribir. El
efecto es socavar la eficacia del autogobierno popular.
Si las personas están inhibidas de expresar sus opiniones, el
gobierno nacional se divorcia cada vez más de la voluntad de sus
ciudadanos.
F.
La obligación de respetar y
garantizar los derechos, la no discriminación y
el derecho a la protección
judicial
1.
Derecho internacional de los derechos humanos
334.
Al igual que con todos los compromisos internacionales, los Estados
están obligados a cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos.[796]
Ello incluye
conducirse de modo tal que se respete y garantice el libre y pleno ejercicio
de los derechos humanos a todas las personas sujetas a su jurisdicción, sin
discriminación de tipo alguno.[797]
Como se señala en las secciones anteriores del presente informe, al
abordar el derecho a la libertad y la seguridad personales,[798]
y el derecho al debido proceso y a un juicio justo,[799]
el acceso sencillo y rápido a los tribunales es esencial para
garantizar el respeto por los derechos consagrados en el derecho interno y
el derecho internacional. De
acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
el
derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales
competentes, constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención
Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en
el sentido de la Convención.
335.
El principio de no discriminación constituye una protección
especialmente eficaz que está presente en la garantía de otros derechos y
libertades al amparo del derecho interno y del derecho internacional,
conforme a lo estipulado en el artículo II de la Declaración Americana y
en los artículos 1(1) y 24 de la Convención Americana, incluidos los
siguientes:
Declaración
Americana
Artículo
II. Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y
deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo,
idioma, credo ni otra alguna.
Convención
Americana
Artículo
1.1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo
24. Todas las personas son
iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a
igual protección de la ley.
336.
La Corte Interamericana ha sostenido, respecto del derecho a la no
discriminación al amparo de la Convención Americana que, si bien los artículos
1(1) y 24 son distintos en el plano conceptual,[801]
la noción de igualdad común a ambas disposiciones,
se
desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es
inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es
incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado
grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por
considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo
discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se
consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear
diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su
única e idéntica naturaleza.
337.
En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha
definido el término “discriminación” conforme a ICCPR como
toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en
determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión,
la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la
posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y
que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales de todas las personas.
338.
Si bien la doctrina del sistema interamericano de derechos humanos no
prohíbe todas las distinciones en el tratamiento del goce de los derechos y
libertades protegidas, requiere en el fondo que toda distinción admisible
se funde en una justificación objetiva y razonable, que impulse un objetivo
legítimo, habiendo tenido en cuenta los principios que normalmente
prevalecen en las sociedades democráticas, y que los medios sean razonables
y proporcionados con el fin que se persigue.[804]
Como ya se
indicó, las distinciones basadas en los factores mencionados explícitamente
en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, están sujetas a
un grado de escrutinio especialmente estricto, en virtud de lo cual los
Estados deben aportar un interés particularmente importante y una
justificación cabal de la distinción.
El principio
de igualdad también puede, a veces, obligar a los Estados a tomar una acción
afirmativa, con carácter temporal, con objeto de atenuar o eliminar
condiciones que causen o ayuden a perpetuar la discriminación, incluyendo
las vulnerabilidades o desventajas que padecen grupos particulares, como las
minorías y las mujeres.[806]
339.
La obligación de respetar y garantizar los derechos humanos sin
discriminación y el derecho a la protección judicial están reflejados en
varias disposiciones de la Declaración Americana y de la Convención
Americana, incluidos los siguientes:
Declaración
Americana
Artículo
XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus
derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el
cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en
perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrado
constitucionalmente.
Artículo
XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a
cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya
de interés particular, y el de obtener pronta resolución.
Convención
Americana
Artículo
1.1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo
2. Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo
1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter,
los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención,
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacer efectivos tales derechos y libertades.
Artículo
3. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo
25.1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus
funciones oficiales.
2.
Los Estados partes se comprometen:
a.
a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga
tal recurso;
b.
a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c.
a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
340.
De acuerdo con estas disposiciones, no sólo sigue siendo
responsabilidad primordial de los Estados garantizar
el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos,[807]
sino que ello implica su deber de organizar el aparato gubernamental y todas
las estructuras a través de las cuales se ejerce el poder público de
manera que sean capaces de garantizar jurídicamente el libre y pleno
ejercicio de esos derechos humanos.[808]
En este sentido, la
disponibilidad de un recurso en un sistema jurídico efectivo e
independiente para examinar y hacer valer estas obligaciones sirve como
refuerzo vital para la protección de los derechos humanos.
Estos compromisos también requieren que los Estados utilicen los
medios a su alcance para evitar las violaciones de derechos humanos y
ofrezcan reparaciones efectivas por toda violación que pueda ocurrir,
incluyendo la realización de investigaciones exhaustivas y efectivas
capaces de identificar y sancionar a las personas responsables de las
violaciones de los derechos humanos.[809]
A este respecto, la Corte Interamericana ha reconocido una conexión
intrínseca entre los deberes de los Estados miembros de respetar,
garantizar y hacer efectivos los derechos humanos y el otorgamiento de una
protección judicial efectiva para los derechos, de acuerdo con los
requisitos del debido proceso, según lo dispuesto en los artículos 1(1), 8
y 25 de la Convención Americana.[810]
341.
La posibilidad de una acceso rápido y efectivo a los tribunales
requiere a su vez el reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica
y el derecho a ser reconocido como persona ante la ley.
Además, el requisito de la protección judicial, tomado
conjuntamente con el derecho al debido proceso y a un juicio justo, puede
requerir la prestación de asistencia legal gratuita para interponer tales
recursos cuando el interés de la justicia así lo exija.
Factores pertinentes para esta determinación son la disponibilidad
de recursos por parte de la persona afectada, la complejidad de las
cuestiones involucradas en el caso y la importancia de los derechos
afectados.[811]
342.
La obligación de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de
los derechos humanos también debe ser cumplida sin discriminaciones de tipo
alguno, conforme a la definición anterior.[812]
343.
También es necesario subrayar que el requisito de que los Estados
respeten y garanticen los derechos humanos fundamentales a través de la
protección judicial, sin discriminación, tampoco es derogable.
Como se analiza en la Sección II(B) del presente informe, la
declaración de un estado de emergencia, cualquiera sea su alcance o
denominación en el derecho internacional, no puede comportar la eliminación
o invalidación de las garantías judiciales que los Estados están
obligados a establecer para la protección de los derechos no sujetos a
derogación o suspensión en un estado de emergencia.[813]
Además, el derecho a la personalidad jurídica es uno de los
derechos que el artículo 27(2) de la Convención Americana no admite
derogar y la autoridad de los Estados para suspender las garantías
consagradas en el artículo 27(1) de la Convención está expresamente
limitada por la prohibición de toda discriminación.
Esto quiere decir que aun si el Estado toma medidas de derogación de
acuerdo con el artículo 27(1) de la Convención, por las razones
mencionadas en dicha disposición tales medidas no pueden ser
discriminatorias. En virtud de
lo expuesto, el derecho a la protección judicial, y con él, la obligación
de respetar y garantizar los derechos humanos fundamentales sin discriminación,
no puede ser suspendidos bajo ninguna circunstancia.
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La Corte Interamericana ha señalado que “[a]unque las nociones no son
idénticas y quizás la Corte tendrá en el futuro la oportunidad de
precisar las diferencias, dicha disposición reitera en cierta forma el
principio establecido en el artículo 1.1. En función del reconocimiento
de la igualdad ante la ley se prohibe todo tratamiento discriminatorio de
origen legal. De este modo la prohibición de discriminación ampliamente
contenida en el artículo 1.1 respecto de los derechos y garantías
estipulados por la Convención, se extiende al derecho interno de los
Estados partes, de tal manera que es posible concluir que, con base en
esas disposiciones, éstos se han comprometido, en virtud de la Convención,
a no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias
referentes a la protección de la ley”. Corte IDH, “Propuesta de
modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con
la naturalización”, Opinión
Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A, párrafo
54.
Numerosos
tribunales internacionales y nacionales competentes han impuesto a los
gobiernos una carga redoblada de justificación de distinciones o
clasificaciones basadas en factores como la nacionalidad, la raza, el
color o el sexo. Véase, por ejemplo, Repetto, Inés, Suprema Corte de
Justicia (Argentina), 8 de noviembre de 1988, Jueces Petracchi y Baqué, párrafo
6 (al concluir que toda distinción entre nacionales y extranjeros, con
respecto al goce de los derechos reconocidos en la Constitución
argentina, “se
halla afectada por una presunción de inconstitucionalidad”
y,
por consiguiente cualquiera que sostenga la legitimidad de la distinción “debe
acreditar la existencia de un ‘interés estatal urgente’ para
justificar aquélla, y no es suficiente, a tal efecto, que la medida
adoptada sea ‘razonable’.”;
Palmore vs. Sidoti, 4666 US
429 (1984) (al sostener que las clasificaciones raciales “están sujetas
al escrutinio más exhaustivo y para salvar la exigencia constitucional,
deben justificarse en virtud de un interés gubernamental apremiante y
deben ser necesarias […..] para la consecución de sus fines legítimos”).
(Traducción por
la Comisión);
Loving vs. Virginia, 388 US
1, 87 (1967) (al sostener que “por
lo menos” la cláusula sobre igualdad de protección de la Constitución
“demanda que las clasificaciones raciales, especialmente en los
estatutos penales, deben estar sujetas al escrutinio más riguroso”).
(Traducción por la Comisión); Corte Europea de Derechos Humanos,
Abdulaziz vs. Reino Unido, Sentencia del 28 de mayo de 1985, Ser. A. Nº.
94, párrafo 79 (al señalar que “el impulso a la igualdad entre los
sexos es hoy día una meta primordial de los Estados miembros del Consejo
de Europa. Esto significa que deberán exponerse razones de sumo peso para
que pueda considerarse que una diferencia de tratamiento basada en el sexo
es compatible con la Convención [Europea])”. (Traducción
por la Comisión).
Similares opiniones han manifestado varios catedráticos
constitucionalistas. Véase, por
ejemplo, Constitutional Law 142 (D. Farber, W. Esckridge y P. Frickeys
eds. 1998).
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