|
a.
Censura previa
312.
Como se señaló anteriormente, el artículo 13 de la Convención
Americana contiene una prohibición prácticamente absoluta de la censura
previa, prohibición que no se encuentra en otros instrumentos
internacionales de derechos humanos y que indica la gran importancia que los
redactores de la Convención otorgaban al derecho de la libertad de expresión.
Si bien no hay excepciones en este artículo por razones de seguridad
nacional u orden público, podrían surgir, en el contexto de una situación
de emergencia válidamente declarada al amparo del artículo 27, algunas
situaciones en que podría argumentarse que la seguridad nacional o el orden
público admitirían una censura restringida.
No existe jurisprudencia en el sistema interamericano que específicamente
hable de esta cuestión, aunque algunos casos de Estados Unidos y del
sistema de derechos humanos europeo demuestran el alto nivel de escrutinio
que debe merecer toda censura previa.
313.
La jurisprudencia de Estados Unidos es de particular relevancia para
este análisis porque, aparte de contener una cantidad abundante de casos
sobre la cuestión de la censura previa, trata de principios que son
similares a los establecidos en el artículo 13 de la Convención Americana.
Pese a que la Suprema Corte de Estados Unidos ha contemplado la posibilidad
de la restricción previa por razones de seguridad nacional,[750]
nunca emitió una orden judicial con estos fundamentos, como lo
ilustra el importante caso de los “Documentos del Pentágono”, en que la
Corte derogó una orden por la que se impedía la publicación de porciones
de un informe clasificado del gobierno durante la Guerra de Vietnam.
En ese caso, algunos miembros de la Corte consideraron que “la primera
Enmienda no tolera absolutamente ninguna orden judicial previa fundada en la
sospecha o conjetura de que puedan producirse consecuencias
desfavorables”,
en
tanto otros consideraron que el gobierno no había satisfecho la pesada
carga de demostrar que la publicación seguramente daría lugar a un daño
directo, inmediato e irreparable para la nación.[753]
314.
La jurisprudencia del sistema europeo de derechos humanos, aunque no
obliga a las instituciones interamericanas, puede servir de indicador
relevante de la aplicación de la cuestión de la censura previa a nivel
regional, en particular considerando su abundante número de casos que
tratan de la libertad de expresión. Pese a que el sistema de derechos
humanos europeo no reconoce la misma prohibición absoluta de la censura
previa que el sistema interamericano, sus instituciones han sido renuentes a
permitir restricciones previas a la libre expresión, como lo ilustran los
casos del “Spycatcher”.[754]
En esos casos, la Corte Europea rechazó las órdenes judiciales
basadas en fundamentos de seguridad nacional por considerarlas incompatibles
con la libertad de expresión, entendiendo que dichas órdenes no podían
considerarse necesarias para proteger la seguridad nacional porque la
publicación en cuestión había sido publicada en otro Estado, destruyéndose
la confidencialidad del material.
315.
Habida cuenta de estos ejemplos, debería quedar en claro que,
inclusive en un estado de emergencia, el interés del público en recibir la
información en general contrarresta la necesidad de mantenerla secreta.
Además, se entiende que, una vez que la información se torna pública por
alguna vía, el interés del público en tener acceso a la información
generalmente prevalece sobre la necesidad de evitar una divulgación más
amplia.
b.
Responsabilidades ulteriores
316.
Como se indicó anteriormente, las sanciones ulteriores por la
divulgación de expresiones deben estar “expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de
los demás; la protección de
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.[755]
Estos requisitos se aplican en el contexto del combate contra
el terrorismo, a menos que se haya declarado legalmente el estado de
emergencia. Existen varios
problemas que habitualmente se vinculan a las sanciones posteriores
encaminadas al antiterrorismo o las basadas en general en “el orden público”
o “la seguridad nacional”, principales fundamentos que se utilizan para
justificar las sanciones posteriores por expresiones en el contexto del
terrorismo. En primer lugar,
como se indicó ya en este capítulo, el requisito de que toda sanción
posterior deba estar establecida por ley significa que debe ser previsible
para quien formula las expresiones que una determinada expresión puede dar
lugar a responsabilidad legal. Como lo señala un autor, “un problema con
las leyes sobre el orden y la seguridad es que con frecuencia pueden ser muy
amplias y/o vagas. Ello
significa que encierran el potencial de ser objeto de abuso por los
gobiernos para eliminar críticas legítimas, y que ejercen un efecto
atemorizador, pues los ciudadanos toman distancia de la zona de potencial
aplicación para evitar la censura. En
cierta medida, ello está en función de la dificultad de definir con cierto
grado de precisión, en una ley de aplicación general, los parámetros
exactos de la amenaza al orden público y la seguridad nacional en cuestión”.[756]
Una disposición
demasiado amplia o vaga podría no llenar el requisito de previsibilidad y,
por tanto, podría violar los términos del artículo 13(2).
317.
Más frecuentemente, los problemas que enfrentan las leyes que
imponen sanciones posteriores por expresiones en el contexto de la lucha
contra el terrorismo se vinculan a la cuestión de la proporcionalidad de
las sanciones. Con demasiada
frecuencia, las penas son excesivas en relación con el tipo de perjuicio
que se proponen evitar.
318.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó esta cuestión
en una situación vinculada al terrorismo en el caso de Rodolfo Robles
Espinoza e hijos.[757]
El General Robles sufrió
numerosas consecuencias, incluido un proceso de corte marcial contra él por
varios delitos, incluida la insubordinación, insulto a un superior, el
socavamiento de la Nación y las Fuerzas Armadas, abuso de autoridad,
declaraciones falsas e incumplimiento del deber, debido a su denuncia de
abusos perpetrados por el ejército y los servicios de inteligencia peruanos
en el marco de la lucha contra el terrorismo.
La Comisión Interamericana llegó a la conclusión de que estas
repercusiones constituían una grave violación del derecho del General
Robles a la libertad de expresión. La
Comisión observó que “el socavamiento de las Fuerzas Armadas o el
insulto a un superior son términos adecuados cuando se aplican a los
delitos para los cuales fueron creados, a fin de mantener un nivel de
disciplina adecuado a la estructura de comando vertical necesaria en un
entorno militar, pero que son totalmente inadecuados cuando se utilizan para
cubrir alegaciones de delitos dentro de las Fuerzas Armadas.”[758]
La Comisión observó también que el derecho a la libertad de
expresión, pese a poder estar sujeto a sanciones posteriores razonables de
acuerdo con los términos de la Convención, es más amplio cuando las
“declaraciones formuladas por una persona versan sobre presuntas
violaciones de los derechos humanos.”[759]
Por lo tanto, se vulneró el requisito de proporcionalidad de la pena.
319.
La Corte Europea de Derechos Humanos abordó una cuestión similar en
el Caso Sürek c. Turquía (N° 2),[760]
referente a las sanciones posteriores impuestas por la publicación de
un documento que sugería faltas por parte de oficiales involucrados en políticas
antiterroristas. La Corte determinó que, dada la amenaza terrorista
presente en una parte del país a esa altura, dicha disposición tenía el
objetivo legítimo de proteger la seguridad nacional, la integridad
territorial y los derechos de otras personas.[761]
Sin embargo, concluyó que la sanción no era proporcionada a los
objetivos de la ley debido a la gran importancia de revelar irregularidades
de los funcionarios públicos.[762]
320.
El análisis podría ser diferente en un caso en que la parte que
tiene una obligación de confidencialidad revela la información por razones
diferentes que denunciar una irregularidad de parte de los funcionarios públicos.
En Hadjianastassiou c. Grecia,[763]
por ejemplo, un caso relacionado con la venta privada por un oficial
militar de datos vinculados con armas, la Corte Europea, al evaluar la
razonabilidad o pertinencia de la sanción en cuestión, consideró que la
divulgación de información que podía revelar un interés del Estado, su
conocimiento o progreso tecnológico en la fabricación de un arma, podría
causar considerable daño a la seguridad nacional. También observó que, si
bien los miembros del ejército gozan del derecho a la libertad de expresión,
la vida militar tiene condiciones especiales y deberes y responsabilidades
específicos que incumben a los integrantes de las fuerzas armadas. En
consecuencia, la Corte determinó que la sanción no era irrazonable ni
impropia.[764]
321.
También son pertinentes a la cuestión de las sanciones ulteriores
las limitaciones a la divulgación de expresiones que se pueda considerar
partidarias de la violencia o de grupos violentos. La Corte Europea, en
casos de esta índole, ha evaluado, a la luz de las circunstancias, la
posibilidad de que esas manifestaciones provoquen violencia. En Incal c.
Turquía,[765]
por ejemplo, la Corte reconoció las dificultades inherentes a la
lucha contra el terrorismo, pero no obstante decidió que una pena posterior
basada en la legislación antiterrorista violaba la Convención, teniendo en
cuenta la severidad de la sanción,[766]
el hecho de que se había procurado aprobación previa, la importancia de la
libertad de expresión de los partidos políticos y la importancia de una
mayor apertura a la crítica respecto del gobierno.[767]
La Corte también consideró que el documento, pese a contener una crítica
con palabras muy duras, no incitaba claramente “al uso de la violencia, a
la hostilidad y el odio entre ciudadanos”.[768]
En Zana c. Turquía[769]
en cambio, la Corte consideró que no se había violado el derecho a
la libertad de expresión porque, en virtud de las circunstancias, las
declaraciones impugnadas podían indicar apoyo a la violencia “y podía
considerarse probable que exacerbaran una situación ya explosiva[.]”[770]
322.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha formulado un test
aún más estricto en este tipo de casos que tratan de expresiones que
se considera partidarias de la violencia o de grupos violentos, al exigir
que se demuestre no sólo la incitación a la violencia sino también una
clara intención para ello. Este test
es el resultado de varias decisiones clave, incluído el caso de Schenck c.
Estados Unidos[771]
Abrams c. Estados Unidos[772]
y Brandenburg c. Ohio.[773]
En el caso Brandenburg, la Corte rechazó los dictámenes de varios
casos anteriores que habían mantenido condenas basadas en la mera promoción
de la violencia o una actividad ilegítima, por oposición a la incitación
real.[774]
La Corte afirmó que
“las garantías constitucionales de la libre expresión y la libertad de
prensa no permiten al Estado prohibir o proscribir la defensa del uso de la
fuerza o de la violación de la ley excepto en los casos en que esa defensa
esté orientada a incitar o producir una acción ilegítima inminente y
pueda incitar a dicha acción o producir dicha acción”.
De
modo que, a efectos de imponer responsabilidad ulterior por expresiones, el
enfoque actual de Estados Unidos específicamente requiere la intención de
incitar a una actividad ilegal y la probabilidad de éxito[776]
lo cual concuerda más con los términos de la Convención Americana,
en oposición a otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
323.
El artículo 13 de la Convención Americana estipula claramente que
“estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones
a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar”.[777]
Sin embargo, las leyes que penalicen la defensa pública (apología) del
terrorismo o a personas que puedan haber cometido actos de terrorismo, sin
un requisito adicional de que se demuestre el intento de incitar a la
violencia y o cualquier otra acción ilegal similar[778]
y una posibilidad de éxito, son incompatibles con el derecho a la libertad
de expresión.[779]
324.
Aparte de imponer sanciones ulteriores al autor de una expresión
particular, el Estado en algunos casos ha impuesto sanciones a periodistas o
a otros que transmiten ideas o información que el Estado ha determinado es
sancionable. Sobre la cuestión, la Corte Europea de Derechos Humanos, en el
caso de los “Greenjackets”,[780]
concluyó que la pena era desproporcionada con el objetivo buscado e indicó
que “el castigo de un periodista por asistir en la divulgación de
expresiones de otra persona en una entrevista obstaculizaría notablemente
la contribución de la prensa al debate de cuestiones de interés público y
no deben ser restringidas excepto que existan razones particularmente sólidas
para ello”.[781]
325.
Varios principios importantes emergen del análisis anterior, que
deben ser aplicados por los Estados cuando formulan una legislación
antiterrorista que establece sanciones ulteriores a ciertas expresiones.
En primer lugar, la base para la responsabilidad posterior debe
definirse con precisión suficiente. En
segundo lugar, los Estados deben aplicar un test
de balance para determinar la proporcionalidad de la sanción en
comparación con el daño que se procura evitar.
Los resúmenes de los casos ilustran la manera en que se puede
aplicar en la práctica la prueba de proporcionalidad que exige el derecho
internacional de los derechos humanos.
Entre los factores que se deben considerar caben mencionar los
peligros que plantean las expresiones en el contexto de la situación
(guerra, combate al terrorismo, etc.); los cargos de las personas que
formulan las expresiones (militares, personal de inteligencia, funcionarios,
ciudadanos particulares, etc.) y el nivel de influencia que puedan tener en
la sociedad; la gravedad de la
sanción en relación con el tipo de daño causado o que podría ser
causado, la utilidad de la información para el público y el tipo de medio
de difusión utilizado. Un
periodista u otro tercero que meramente transmite declaraciones de otra
parte no debería estar sujeto a sanciones excepto en circunstancias muy
restringidas. Además, las
declaraciones que implican al gobierno en actos irregulares merecen un alto
nivel de protección dado que el escrutinio público del accionar del
gobierno es uno de los valores democráticos más importantes.
Inclusive en los casos en que la persona que revela la información
la haya obtenido a través de una revelación confidencial, la persona no
podría ser sancionada si el interés del público en recibir la información
es mayor que el daño que produce su divulgación.[782]
Finalmente, debe evitarse una legislación que penalice ampliamente la
defensa pública (apología) del terrorismo[783]
sin exigir una demostración adicional de incitación a la “violencia o
cualquier otra acción ilegal similar”.[784]
c.
Protección
de las fuentes
326.
En el contexto de la lucha contra el terrorismo fuera de un estado de
emergencia, la confidencialidad de las fuentes es objeto del mismo nivel de
protección que se le asigna normalmente.[785]
Para imponer la divulgación, debe haber una “relación razonable de
proporcionalidad entre el fin legítimo que se persigue con la orden de
revelación y los medios empleados para lograr ese fin”[786]
La divulgación debe ser “necesaria” dentro de los términos del
artículo 13(2) de la Convención.
d.
Acceso a la información y habeas
data
327.
En el contexto de la lucha contra el terrorismo, los gobiernos con
frecuencia tratan de restringir el acceso a amplias categorías de información
relacionadas con la investigación de los sospechosos de terrorismo, la
reunión de inteligencia y la ejecución de medidas policiales y militares.
En algunos de estos casos, el gobierno puede tener una necesidad legítima
de mantener en secreto la información para proteger la seguridad nacional y
el orden público. Al mismo
tiempo, la necesidad de información por parte del público es más
importante ahora pues las medidas antiterroristas pueden estar sujetas a
abuso y el público y la prensa son algunos de los controles más
sustanciales de un comportamiento abusivo del Estado.
328.
Los Principios de Johannesburg sobre Seguridad Nacional, Libertad de
Expresión y Acceso a la Información[787]
ofrecen orientación sobre cómo equilibrar estos dos intereses encontrados.
El Principio 1(2) establece:
Toda
restricción a la expresión e información que un gobierno procure
justificar con el fundamento de la seguridad nacional debe tener un propósito
genuino y un efecto demostrable de proteger un interés legítimo de la
seguridad nacional.
329.
Los Principios de Johannesburg definen la legitimidad de los
intereses legítimos de seguridad nacional afirmando
a.
El intento de establecer una restricción sobre la base de la
seguridad nacional no es legítimo excepto que su propósito genuino o
efecto demostrable sea proteger la existencia del país o su integridad
territorial contra el uso o amenaza de uso de la fuerza, sea de origen
externo, como una amenaza militar, o de origen interno, como una incitación
a derribar por la violencia al gobierno.
b.
En particular, la intención de establecer una restricción con el
fundamento de la seguridad nacional no es legítimo si su propósito genuino
o efecto demostrable es proteger intereses no relacionados con la seguridad
nacional, incluyendo, por ejemplo, la protección del gobierno contra
situaciones comprometidas o contra la revelación de irregularidades, u
ocultar información sobre el funcionamiento de sus instituciones públicas,
o defender una ideología particular o sofocar la intranquilidad laboral.
330.
La mayor parte de las leyes sobre acceso a la información contienen
excepciones que permiten al Estado negar la divulgación de información con
el fundamento de que ello podría perjudicar la seguridad nacional del
Estado o su capacidad para mantener el orden público.
Estas excepciones deben aplicarse sólo a la información que
claramente afecta a la seguridad nacional definida por el principio que
antecede. Además, la restricción
no sólo debe servir para proteger la seguridad nacional o el orden público,
sino que debe también requerir que la información se divulgue a menos que
el daño para algún interés legítimo de éstos sea sustancial.[789]
De manera que, de acuerdo
con los Principios de Johannesburg, la siguiente podría considerarse una
restricción adecuada con base en preocupaciones por la seguridad nacional
en tanto existan las demás garantías que exige el acceso a la información.[790]
Un
órgano puede negarse a indicar si tiene en su poder o no un registro, o
negarse a comunicar información cuando hacerlo podría,
o probablemente podría, causar grave
perjuicio para la defensa de la seguridad nacional de [insertar nombre del
Estado].
331.
En los Principios de Johannesburg se reconoce que en situaciones de
emergencia los Estados pueden imponer restricciones adicionales al acceso a
la información pero “sólo en la medida estrictamente requerida por las
exigencias de la situación y sólo cuando no sean incongruentes con las demás
obligaciones que impone al Estado el derecho internacional”.[792]
En estos casos, sobre los Estados recae la carga de la prueba de la
necesidad de esas restricciones. Como se dijo antes, en situaciones de
emergencia declaradas como tales con arreglo a la ley, los Estados deben
tener en cuenta la importancia de la libertad de expresión para el
funcionamiento de la democracia y la garantía de otros derechos
fundamentales cuando se pondere la suspensión de las garantías consagradas
en el artículo 13 de la Convención.[793]
332.
Al igual que el derecho general de acceso a la información en poder
del Estado, el derecho de habeas data
puede quedar sujeto a restricciones necesarias para proteger la seguridad
nacional o el orden público, que sean proporcionales al daño que se evite
al mantener en secreto esa información. En el estado de emergencia, el
Estado podrá imponer restricciones adicionales durante el tiempo y en la
medida que lo exija la situación.
[
Índice
| Anterior | Próximo
]
El
Juez Stewart también votó por permitir la divulgación,
agregando: “no puedo decir que la divulgación de alguno de
ellos dará lugar con certeza a un daño directo, inmediato e
irreparable a nuestra Nación o a nuestro pueblo”. (Traducción
por la Comisión). [New
York Times Co., 403 U.S. 728, 730 (Stewart, J. voto concurrente)].
El
Juez White adoptó una posición similar, afirmando que no dudaba
de que la divulgación de los documentos causaría daño a los
intereses nacionales, pero que “Estados Unidos no ha satisfecho
la onerosa carga que debe cumplir para ameritar una orden judicial
contra la publicación en estos casos”. (Traducción por la
Comisión). [New York Times, Co., 403 U.S., 730, 731 (White J.,
voto concurrente)]. Véase, no obstante, el caso The Progressive
(Estados Unidos c. Progressive, Inc. 467 F. Supp. 990 (W.D.Wis.
1979), desestimado por falta de fundamentos 610 F.2d 819 (7th
Cir. 1979). En ese caso,
The Progressive, una revista, fue objeto de una prohibición
por seis meses de publicar un artículo titulado “The
H Bomb Secret: How We Got It, Why We’re Telling It.”
El artículo contenía información sobre el diseño y la
fabricación de la bomba H. Sin
embargo, la revista sostenía que la información había sido
reunida a partir de una serie de fuentes públicas.
No obstante, el juez del Tribunal del Distrito Federal
(primera instancia) comprobó que el gobierno había “cumplido
la prueba enunciada por dos jueces en el caso de The
New York Times, a saber, un daño directo, inmediato e
irreparable para Estados Unidos.” (Traducción por la Comisión).
Ello se debió al hecho de que la revista había reunido la
información relacionada con la fabricación de la bomba en un
formato que posibilitaría que otros países aceleraran su
fabricación de la bomba. El juez llegó a la conclusión de que
ello era análogo a la situación hipotética planteada en Near c.
Minnesota [nota 750 supra].
El caso fue, sin embargo, desestimado en última instancia,
cuando un periódico de Madison, Wisconsin, publicó esencialmente
la misma información. Véase Frankling
And Anderson, nota 751
supra, pág.95].
Corte Europea de Derechos Humanos Observer
and Guardian c Reino Unido, Sentencia del 26 de noviembre de
1991, Serie A Nº 216 y Corte Europea de Derechos Humanos, Sunday
Times c. Reino Unido (Nº 2) Sentencia del 24 de octubre de 1991,
Ser. A Nº 217 (los casos de Spycatcher). “Spycatcher”
era un libro que contenía las memorias de un ex alto miembro del
Servicio de Seguridad Británico (M15).
El mismo versaba sobre “la organización operativa, los métodos
y el personal de M15 e incluía un relato de presuntas actividades
ilegales del Servicio de Seguridad”. (Traducción por la Comisión).
[Observer
and Guardian, supra, párr.
II ].
Los periódicos peticionantes denunciaron que una orden judicial
temporal deteniendo la publicación de información obtenida en un
libro constituía una restricción incompatible con la libertad de
expresión. La Corte
Europea llegó a la conclusión de que, dado que el libro había
sido publicado en Estados Unidos, la confidencialidad del material
en esencia se había destruido y la orden no podía considerarse
necesaria para la protección de la seguridad nacional. En el caso
de Observer y Guardian, la Corte concluyó que la orden era válida
hasta el momento de la publicación en el exterior.
Ibid, párr. 65.
Caso
Sürek (Nº 2), nota 760 supra,
párr. 39. Por un lado, la Corte reconoció la importancia de
proteger a los oficiales manteniendo sus identidades en secreto
pero, por otro lado, reconoció que el público tenía derecho a
conocer las faltas de los oficiales.
Dado que alguna información ya había sido divulgada por
otras fuentes, la Corte llegó a la conclusión de que la
posibilidad de que los oficiales recibieran adecuada protección a
raíz de la imposición de esta sanción era compensada por el
interés del público en recibir la información.
Ibid, párr. 40.
249
U.S. 47 (1919). Se refiere a la condena, al amparo de la Ley de
Espionaje del 15 de junio de 1917, por la distribución de
panfletos que se decía procuraban causar de hecho la
insubordinación en el ejército y obstruir el reclutamiento y
alistamiento de tropas durante la guerra contra Alemania.
Al anunciar su dictamen, la Corte Suprema declaró:
Admitimos que en muchos lugares, en tiempos normales, los
acusados, al decir todo lo que se dijo en la circular, estarían
dentro de sus derechos constitucionales.
Pero el carácter de todo acto depende de las
circunstancias en que se ejecuta.
La protección más rigurosa de la libre expresión no
protegería a un hombre que grita falsamente “fuego” en un
teatro y causara pánico… La
cuestión en todos los casos es si las palabras utilizadas se
utilizan en tales circunstancias y son de tal naturaleza que creen
un claro y presente peligro
de que acarrearán un perjuicio sustancial que el Congreso tiene
derecho a evitar. Es
una cuestión de proximidad y de grado.
Cuando una nación está en guerra, muchas cosas que se
pueden decir en tiempos de paz constituyen un obstáculo tal a sus
esfuerzos que su pronunciamiento no será tolerado en tanto los
hombres combaten y ninguna corte podría considerarlas protegidas
por ningún derecho constitucional.
Parece estar admitido que si se hubiera probado una
obstrucción real al servicio de reclutamiento podría aplicarse
una responsabilidad a las palabras que produjeran ese efecto”. Ibid,
52. (Traducción
por la Comisión), se
omiten notas al pie, énfasis agregado).
Si bien este caso aporta una importante norma para proteger
la libertad de expresión ante restricciones basadas en la
seguridad nacional o el orden público, no fue clara y los
tribunales con frecuencia la utilizaron para mantener
restricciones a la libertad de expresión con estos fundamentos. Véase,
por ej, Frohwerk c. Estados Unidos 249 U.S. 204 (1919) y Debs c.
Estados Unidos 249 US 211 (1919).
250
U.S. 616 (1919). El Juez Holmes, en su famoso voto disidente en el
caso de Abrams c. Estados Unidos, argumentó en favor de una
interpretación más rigurosa de la norma que se aplicaría
igualmente en situaciones de guerra o emergencia, teniendo en
cuenta los peligros específicos que planteaban esas situaciones.
Expresó: Los Estados Unidos pueden constitucionalmente
sancionar expresiones que producen o intentan producir un claro e inminente
peligro de acarrear ciertos perjuicios sustanciales que Estados
Unidos puede constitucionalmente tratar de evitar.
El poder es sin duda mayor en tiempos de guerra que en
tiempos de paz, porque la guerra plantea peligros que no existen
en otros momentos. Pero,
tanto sea ante los peligros peculiares de la guerra como ante
otros peligros, el principio del derecho a la libre expresión es
siempre el mismo. Es
sólo el peligro presente de un perjuicio inmediato
o el intento de crearlo que da fundamento al Congreso para fijar
un límite a la expresión de las opiniones cuando no están
afectados derechos privados”. Ibid,
627-28, Holmes, J. (voto en disidencia ). (Traducción
por la Comisión).
Y continuaba: “Pienso
que debemos estar eternamente vigilantes contra los intentos de
controlar la expresión de opiniones que detestamos y consideramos
cargadas de muerte, a menos que amenacen de manera tan inminente
con interferir inmediatamente con los propósitos legítimos y
acuciantes de la ley que se requiera un control inmediato para
salvar al país. Ibid,
630. (Traducción
por la Comisión).
Caso
Jersild, nota 780 supra,
párr. 35. Véase
también los Principios de Johannesburgo, nota 662
supra, Principio 8, en que se afirma que “la expresión no
puede ser impedida o sancionada meramente porque transmite
información emitida por o acerca de una organización que el
gobierno ha declarado amenaza la seguridad nacional o un interés
conexo”. (Traducción
por la Comisión).
Este caso podría contrastarse con un grupo anterior de casos
declarados inadmisibles por la Comisión Europea de Derechos
Humanos por no caracterizar una violación en virtud de la
Convención Europea. En
cuestión en los casos de Purcell c. Irlanda.
[Comisión
Europea de Derechos Humanos, Purcell y otros c. Irlanda,
Admisibilidad, Comunicación Nº 15404/89, 70 Dec. Rep. 262 (1991)
Brind y otros c Reino Unido. Comisión Europera de Derechos
Humanos. Brind y
otros c Reino Unido, Admisibilidad, Comunicación Nº 18714/91,
77A, Dec & Rep. 42 (1994) y McLaughlin c. Reino Unido, [Comisión
Europea de Derechos Humanos McLaughlin c. Reino Unido,
Admisibilidad, Comunicación Nº 18759/91 (1994) referida en el
caso Brind, nota 262 supra,
y disponible en http://www.hudoc.echr.coe.int]]
estaban las restricciones a comunicadores radiales del Reino Unido
por las que se les impedía irradiar entrevistas con personas
vinculadas a una organización proscrita (es decir, una organización
terrorista) o de personas vinculadas a Sinn Fein, un partido político
constituido legalmente que apoya al Ejército Republicano Irlandés,
organización proscrita. En
Purcell, se prohibió también a sus comunicadores informar sobre
entrevistas de ese tipo [Purcell supra,
p. 265]. En otros
casos, la ley regía sólo para la transmisión directa de esas
entrevistas y no para informar de los contenidos de las mismas.[Caso
Brind, supra, p. 43-44;
Caso McLaughlin, supra].
El
gobierno sostuvo que estas restricciones impedían la posibilidad
de que los terroristas o grupos terroristas utilizaran los medios
de difusión para afirmar la legitimidad de su acción, instar a
apoyarlos y trasmitir mensajes codificados.
La Comisión observó en el caso Purcell que “en una
situación en que la violencia por motivaciones políticas plantea
una constante amenaza a la vida y a la seguridad de la población
y en que los defensores de esta violencia procuran acceder a los
medios de comunicación de masas con fines de publicidad, es
particularmente difícil encontrar un equilibrio entre los
requisitos de proteger la libertad de información y los
imperativos de proteger al Estado y al público contra
conspiraciones armadas que procuran derribar el orden democrático
que garantiza esta libertad y otros derechos humanos.” [Caso
Purcell, supra, p.
279]. (Traducción
por la Comisión).
La Comisión llegó a la conclusión de que
las restricciones eran aceptables en virtud de la Convención
debido a la gravedad de la amenaza terrorista y a que las
limitaciones en realidad no restringían la información a que el
público tenía acceso, sino que limitaban el formato en que la
información se podía transmitir.
Debe anotarse antes que nada que en muchos de los casos
indicados no es clara la distinción entre responsabilidad
posterior, la que puede ser permitida en algunas circunstancias
según el artículo 13 de la Convención Americana, y censura
previa, que no es permitida.
Las normas disputadas en los casos Purcell, Brind y McLaughlin
parecen tener los mismos efectos que una restricción previa.
Además, debe notarse una vez más que a pesar de que se
utilizan casos del sistema europeo de derechos humanos a título
ilustrativo, las normas del sistema interamericano de derechos
humanos con respecto a la libertad de expresión fueron dirigidas
a proveer un nivel de protección más alto a la libertad de
expresión que aquellas del sistema europeo, tal como se explica
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indicó que
“´[La] comparación hecha entre el artículo 13 y las
disposiciones relevantes de la Convención Europea (artículo 10)
y del Pacto (artículo 19) demuestra claramente que las garantías
de la libertad de expresión contenidas en la Convención
Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para
reducir al mínimum las restricciones a la libre circulación de
las ideas”. Opinión
consultiva OC-5/85, nota 152 supra,
párr. 50. Si algunos
de estos casos se hubiesen presentado en el sistema
interamericano, podrían haber sido decididos de una forma más
favorable a la libertad de expresión.
Sección
VI. Información reservada: Aquella información que se encuentra
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en los
artículos 13 y 14 de esta Ley;
[…]
Sección
XII. Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la
integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la
gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad
interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la
sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado
constitucional;
[…]
Artículo
13. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya
difusión pueda:
[…]
1.
Comprometer
la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa
nacional;
(b)
La presente Sección no se aplicará a cuestiones que son:
(c)(3)
Cuando una petición hecha involucra el acceso a documentos
mantenidos por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sobre
inteligencia exterior, contrainteligencia o terrorismo
internacional, y la existencia de dichos documentos constituyese
información confidencial bajo los términos de la Subsección
(b), artículo (1), la FBI podrá, mientras la existencia de
dichos documentos fuese información confidencial, manejar los
documentos como si no estuviesen sujetos a los requisitos de la
presente Sección. (Traducción
por la Comisión).
|
