Bolivia 1997 - II. Hechos

De acuerdo con la información proporcionada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los hechos ocurridos serían los siguientes:

22. Los sucesos objeto de la presente investigación se desarrollaron en los distritos mineros de Amayapampa, Capasirca y Llallagua, pertenecientes a la provincia Bustillos, ubicada en la parte norte del departamento de Potosí. Este departamento

23. La causa inmediata de la depresión económica en la región es la crisis de la actividad minera producida por la caída del precio internacional del estaño en 1985, en virtud de la cual se disminuyó su cotización en un 70% llevando a una severa reducción de la actividad por la caída de la rentabilidad de su explotación. Cabe señalar que por tratarse de una región montañosa, árida y de escasa vegetación, las actividades agropecuarias sólo se desarrollan a escala limitada y para fines de subsistencia, razón por la cual la actividad minera y sus derivados han sido por décadas la fuente principal de empleo.

24. La provincia Bustillos era hace medio siglo la zona de mayor crecimiento de toda Bolivia. El auge del estaño le dio obras de infraestructura como carreteras, hospitales y el aeropuerto. Las localidades de Uncía, Llallagua, Catavi y Siglo XX eran centros productivos de importancia y en ellos se desarrolló una organización sindical sólidamente enraizada y de fuerte presencia, tanto en la negociación de las condiciones laborales y salariales de su sector, como en el más amplio escenario de la vida política nacional. Como es sabido las organizaciones sindicales mineras tuvieron un rol protagónico en la revolución triunfante de 1952, y en la lucha contra la dictadura a comienzos de la década del ochenta.

25. La importancia productiva de la zona, la concentración de trabajadores, la dureza de las condiciones laborales y la fortaleza de la organización sindical, son factores que explican la elevada conflictividad laboral y social sobre las que dan cuenta las ultimas décadas en la provincia de Bustillo. En varias oportunidades la intervención de las fuerzas de seguridad con fines represivos, dejó un elevado saldo de víctimas entre los mineros y sus familias. Particularmente son recordadas las "masacres" ocurridas en 1942, 1949, 1965, 1967.

26. Los antecedentes inmediatos del conflicto en los distritos mineros de Amayapampa y Capasirca se remontan a comienzos de 1996, cuando ambas minas de oro (Capasirca el 15.3.96 y Amayapampa el 10.4.96) son compradas a sus propietarios bolivianos por la compañía minera de origen canadiense Da Capo Resources, que luego pasa a formar parte de la Vista Gold Corporation. La existencia de una nueva administración provoca una situación de tensión con los trabajadores, particularmente en la mina de Capasirca, en parte por la existencia de conflictos y reclamos de deudas que se habían iniciado con los anteriores propietarios; en parte porque los nuevos administradores desean cambiar el sistema de trabajo imperante, en el cual el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Capasirca y en particular su Secretario General, Mario Mancilla tiene un rol protagónico en la organización de la producción y extracción de oro. Dentro de ese contexto, la situación en las minas puede verse como un conflicto para lograr nuevas formas de explotación en contra de sistemas antiguos que se agrava por el alto nivel de ideologización y pobreza que existe en la zona.

27. El 10 de abril de 1996, los trabajadores mineros de Capasirca declaran una huelga por tiempo indefinido. El inspector del Ministerio de Trabajo de Llallagua, Primo Cáceres Zapata, declara ilegal la medida el 17 de abril de ese año, en consideración de la legislación laboral boliviana, lo que produce un enfrentamiento con los mineros y una denuncia del señor Cáceres donde señala haber sido agredido por los mismos. Antes de declarar ilegal la medida, el inspector Cáceres eleva al entonces Ministro de Trabajo una denuncia por el abandono y deterioro de la maquinaria, y las malas condiciones de trabajo y de seguridad en que se desarrollan las actividades mineras:

a) Abandono de la maquinaria y mal estado de elementos de labores, en contra de la ley de Seguridad Industrial.

b) Alerta el peligro que corren los mineros, al trabajar en condiciones de inseguridad y cita que los callapos están triturados por la presión de la peña.

c) Afirma que el sistema eléctrico, por su mala instalación es peligrosa. También se refiere al deterioro de guinches y cables.

d) Pone especial énfasis en la situación de peligro en que trabajan los mineros que tienen a su cargo los "cuadros" de hasta 45 metros de profundidad y con aguas surgentes. Cita a los siguientes mineros: MARIO MANCILLA, FELIPE ANGUELA, ALFREDO MAMANI, ANDRÉS LORA, FIDEL SÁNCHEZ, ANASTASIO BUSTOS, WALTER ROMERO, WILSON ROMERO, ISMAEL RAMOS,GUILLERMO MANCILLA, LUCIANO MIMMA, quienes trabajan en los "cuadros" con bombas para sacar agua de sólo 6 a 7 caballos de fuerza (HP) y dice que éstas deben ser cambiadas por bombas de por lo menos 50 caballos de fuerza.

e) Que se proporcione cada mes por lo menos dos máquinas perforadoras actualizadas, porque las que tienen están obsoletas (textual). La renovación del mencionado equipo, dice el Inspector Regional de Trabajo de Llallagua, costaría alrededor de 100 mil dólares.

28. El 13 de mayo de 1996, la empresa Da Capo y el sindicato llegan a un acuerdo, en el que la empresa se compromete a pagar hasta el 75% de los salarios correspondientes a los días de huelga y se firma el siguiente convenio que luego es homologado por el Ministerio de Trabajo:

29. El 29 de julio de 1996 el sindicato minero eleva un pliego de reclamos en donde se incluyen aumentos salariales del 50%, mejoramiento de las condiciones laborales y se denuncia la falta de cumplimiento empresarial a lo acordado en el mes de mayo. El 12 de agosto de 1996 se encuentran en La Paz representantes de la empresa y dirigentes mineros para tratar el pliego. La reunión fracasa al comenzar, señalando los mineros haber sido insultados por el gerente de Da Capo, Ing. David O'Connor. En la misma fecha éste solicita al Ministro de Trabajo que se dirija al Ministerio de Gobierno, para que se otorgue garantías a través de los comandos militares y de la policía nacional en la zona de conflicto.

30. En el marco de la situación anterior, los representantes y empleados de la empresa se retiren de la zona y la mina quede en manos de los mineros y el sindicato. A comienzos de septiembre la Federación Minera (FSTMB) propicia un diálogo entre las partes y solicita la intervención del Ministerio de Trabajo.[1]

31. El 18 de septiembre de 1996, el ingeniero de la empresa Guillermo Cordero es retenido por los mineros que reclaman la presencia del gerente David O'Connor. El ingeniero es liberado luego de una gestión de buena voluntad del padre Roberto Durete. La empresa denuncia el secuestro del Ing. Cordero y denuncia penalmente a los responsables por la pérdida de la administración y el alejamiento del personal de la empresa.

32. El 21 de septiembre de 1996 se realiza en Uncía una reunión entre representantes de la empresa, los mineros y representantes de la FSTMB y de la COB. Los mineros plantean sus reclamos y los representantes de la empresa señalan que dada la situación productiva y financiera de la empresa, ellos deben cerrar la mina, realizar una serie de evaluaciones y luego decidir acciones. Durante el mes de octubre de ese año, se realiza una segunda reunión en Uncía, pero las partes no llegan a ningún acuerdo, manteniéndose la mina bajo el control de los mineros. La empresa denuncia que están extrayendo oro sin entregar la producción.

33. El 14 de noviembre de 1996, una columna de aproximadamente 130 efectivos policiales se moviliza hacia Capasirca y Chuquiuta (poblado cercano a la mina donde residen los mineros). La policía busca ejecutar las órdenes judiciales de detención en contra de Mario Mancilla, Secretario General del sindicato minero de Capasirca y otros dirigentes locales, acusados del secuestro del Ing. Guillermo Cordero. La movilización policial fue ordenada por la Prefecta de Ouro a requerimiento de un fiscal de la misma jurisdicción. La presencia policial provoca una reacción de la población, que procede a rodear y reducir a los efectivos policiales, despojarlos de su armamento y equipo, y expulsarlos de la comunidad sin permitirles cumplir su objetivo. Conocido el fracaso de la comisión policial, se inician desplazamientos del personal militar del regimiento Illimani de Uncía hacia Capasirca, para recuperar el material policial. Dada la gravedad de la situación y temiendo un seguro enfrentamiento, el Prefecto de Potosí, Yerko Kukoc, según informó él mismo a la Comisión, se dirige hacia Capasirca, logra demorar la columna militar y obtiene la devolución de armas y equipos que los mineros y pobladores habían incautado a la policía.

34. El 20 de noviembre de 1996 a iniciativa del Prefecto Kukoc, buscando restablecer los canales de negociación, se efectúa una reunión en Potosí, con la participación de los Ministerios de Gobierno y de Minería, representantes de la empresa Da Capo, sindicato minero de Capasirca, FSTMB, COB e instituciones cívicas de la zona. Durante la reunión los mineros solicitaron a la empresa que para poder avanzar en cualquier entendimiento, era imprescindible que la empresa desistiera de los mandamientos de apremio y que se retirara a los policiales que se habían desplegado en Cataví, a fin de evitar la creciente intranquilidad de la población. En la reunión se firmó un acta de intenciones.

35. Los participantes quedan en volver a reunirse. La siguiente reunión se convoca para el 4 de diciembre de 1996, pero la misma no tuvo lugar por la inasistencia de los representantes de la empresa Da Capo, que no había desistido aún del proceso judicial contra dirigentes mineros. La segunda convocatoria se realiza para el 11 de diciembre de 1996, pero esta vez la reunión fracasa por la negativa de concurrir del Comité Cívico de Llallagua. Finalmente la reunión se concreta en Potosí el 17 de diciembre de 1996. Durante la misma los mineros piden que la empresa cumpla con el acuerdo del 13 de mayo de 1996. Las negociaciones son interrumpidas cuando la parte patronal se entera que la mina de Amayapampa habría sido ilegalmente tomada por los trabajadores.

36. En horas de la mañana del día martes 17 de diciembre de 1996, pobladores y trabajadores mineros del distrito de Amayapampa, provincia de Bustillos, Departamento de Potosí, convocaron a una asamblea supuestamente después de constatar que los trabajadores Basilio Fiesta e Ismael Sánchez fueron detenidos y acusados de hurto por los funcionarios de la empresa Da Capo. Otro de los temas a tratar en dicha asamblea era la imposición de la empresa, para que los trabajadores dejen de mascar hojas de coca durante el trabajo (pijcheo)[2]. Los trabajadores mineros y campesinos exigieron el abandono de la mina, tanto de los ingenieros y técnicos, como de los 25 policías que se encontraban resguardando el lugar. Esta decisión tuvo lugar a pesar de que habían acuerdos vigentes entre los trabajadores y la parte patronal y hasta ese momento no habían existido problemas laborales de magnitud entre las partes.

37. Durante la toma de la mina se habría producido una situación confusa de insultos, malos tratos y empujones, donde los ingenieros, técnicos de la empresa y policías habrían decidido abandonar el campamento y las instalaciones, las mismas que inmediatamente fueron ocupadas por los trabajadores mineros. Las versiones de los campesinos y otros testigos oculares de los hechos indican que no se habría producido ningún daño durante la toma de la mina, salvo algunos vidrios rotos.

38. En la misma fecha, el entonces Prefecto de Potosí, Yerco Kukoc había citado a la empresa Da Capo a una reunión conjunta con el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Minería, Federación Minera, Confederación Obrera, Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Capasirca e instituciones cívicas, con el objeto de que la empresa desistiera de las órdenes de detención contra los trabajadores mineros y solucionar el problema de las relaciones obrero-patronales, y de la empresa con la región y el erario nacional (pago de regalías e impuestos), etc. Como se ha señalado, la noticia de la toma de la mina y los hechos que dieron lugar al desalojo de los ingenieros, técnicos y policías, provocó que la empresa se retirara de las negociaciones que estaban teniendo lugar en la ciudad de Potosí, dando por terminadas las mismas bajo la premisa de la ruptura del diálogo.

39. La ocupación de las minas de Amayapampa y la consecuente ruptura de las negociaciones llevó a que las autoridades gubernamentales decidieran el uso de la fuerza pública para el restablecimiento del orden en la zona, el desalojo de los ocupantes y la restitución de la mina a sus propietarios. En el curso del día miércoles 18 de diciembre de 1996, se movilizan efectivos policiales a la zona. En horas de la madrugada del día siguiente (19.12.96) por órdenes superiores se trasladó a la localidad de Uncía un contingente de aproximadamente 150 efectivos policiales al mando del Coronel Eduardo Rivas Rojas, Comandante del Grupo Especial de Seguridad de La Paz, y el Comandante General de la Policía Nacional, Gral. Willy Arriaza.

40. El jueves 19 de diciembre de 1996, a las 10:00 a.m. aproximadamente, se inició en Amayapampa otra asamblea de campesinos y trabajadores mineros --con la presencia de los dirigentes mineros Galo Luna, Guido Martínez, Ángel Fernández, y representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Llallagua, quienes habían arribado a la zona el día anterior, es decir el miércoles 18 de diciembre de 1996.

41. La asamblea concluyó a la 1:00 p.m., y las resoluciones de la misma las dio a conocer el dirigente Guido Martínez por radio Panamericana de Amayapampa, la cual se comunicó con la Radio Pío XII de la ciudad Siglo XX. Dicha resolución señalaba textualmente lo siguiente:

1. Ratificar el rechazo categórico al ingreso de los inversionistas extranjeros al distrito minero de Amayapampa y de la región, por estar en contra de la soberanía nacional y de la dignidad de los trabajadores, campesinos y pobladores de la zona o región.

2. Defensa intransigente de los recursos naturales, las fuentes de trabajo y del medio ambiente hasta las últimas consecuencias.

3. Rechazo categórico al nuevo proyecto del Código de Minería del Gobierno, por favorecer a las empresas transnacionales por ser atentatorio a la soberanía nacional que contempla el suelo, subsuelo y territorio.

4. Preservar los bienes de la empresa (equipos, maquinarias, materiales, herramientas, instalaciones, etc.) que han sido abandonados irresponsablemente por los administradores; haciéndose cargo los trabajadores mineros y ponerlos a buen recaudo, mediante comisiones de vigilancia y administración.

5. Rechazar el amedrentamiento y amenazas constantes que sufren los trabajadores mineros, campesinos y sus familias con anuncios de detenciones y de represión por parte de los empresarios.

6. Desechar el convenio firmado con la empresa el pasado mes de septiembre de 1996, por considerarlo atentatorio a los trabajadores y por su incumplimiento por parte de la empresa.[3]

7. Ratificar el pacto minero campesino y aunar criterios para llevar adelante una lucha conjunta y unitaria en favor de la región del Norte de Potosí.

Es dado en el patio de deliberaciones de la Asamblea conjunta del distrito minero de Amayapampa, a los 19 días de 1996 años.[4]

42. En circunstancias que estaba terminando la asamblea de los trabajadores, se escucharon detonaciones de dinamita, las cuales alertaban sobre una presencia policial en la región. De igual manera, mediante los medios de comunicación del pueblo los trabajadores y campesinos fueron informados que fuerzas combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, utilizando distintos tipos de movilidad partieron de la localidad de Uncía haciendo un pequeño descanso en un lugar denominado Lagunillas. Los medios de comunicación también informaron que el ejército y la policía se encontraba en Llallagua desde el miércoles 18 de diciembre de 1996. Trabajadores, campesinos y mujeres apostados en los cerros pudieron observar unos veinte o cuarenta vehículos con personal militar y policial fuertemente armado. En efecto, un contingente policial con el apoyo del personal militar del Regimiento Illimani de Uncía, se dirigían a la localidad de Amayapampa con el objeto de restablecer el orden y devolver la mina a sus propietarios.

43. Los trabajadores mineros y campesinos decidieron trasladarse a los lugares donde la carretera estaba bloqueada, que es la misma que une Amayapampa con Llallagua. Según información entregada a la CIDH, la Radio Pío XII habría señalado que se trataría de unas cuatro mil personas. Una vez que los trabajadores y campesinos se encontraban en un lugar denominado "Kéllu Kása" (Quebrada Amarilla), ubicado dentro de las serranías de Amayapampa, pudieron observar que las fuerzas combinadas del ejército y la policía avanzaban hacia el distrito de Amayapampa --donde se encuentra la mina-- utilizando granadas de gas lacrimógeno, balines, etc. Los dirigentes laborales al observar la desigualdad de condiciones y con el objeto de evitar derramamiento de sangre intentaron dialogar con los efectivos policiales que se encontraban al mando del entonces Gral. Willy Arriaza, Comandante General de la Policía Nacional. Así, los dirigentes mineros Galo Luna, Ángel Fernández y Cesar Lugo, acompañados de Silvia Rojas, miembro de la Asamblea de Derechos Humanos de Llallagua se aproximaron a los oficiales con un pañuelo blanco.

44. Según testigos de los hechos, uno de los oficiales solicitó a los dirigentes sus documentos de identidad, ante lo cual los mismos se identificaron y solicitaron el cese de fuego y de las hostilidades. Dicho oficial les manifestó que se comunicaría con el Gral. Arriaza, quien apareció después de veinte minutos. Según las informaciones proporcionadas, los trabajadores habrían solicitado al Gral. Arriaza un plazo de una hora para realizar una asamblea que permita el ingreso pacífico de los efectivos policiales y militares, el desalojo de los pobladores, y la retoma de la mina. Sin embargo, el Gral Arriaza en principio les otorgó solo 15 minutos, manifestándoles inter-alia que "tenemos órdenes superiores de tomar la mina de Amayapampa, haciendo respetar la propiedad privada, pese a quien pese y no permitiremos que nadie se interponga en el camino y si tenemos que pasar sobre ellos y sobre ustedes, lo haremos".[5] Al final, el oficial convino en otorgarles a los campesinos una tregua de 30 minutos, manifestándoles inter-alia "está pasando el tiempo señores".

45. Los mineros y campesinos realizaron rápidamente su asamblea en el cerro, organizándose en comisiones y en circunstancias que seguían llegando más campesinos. Según informaciones entregadas por los mineros y campesinos, la primera comisión debía ir a comunicar a las mujeres que salgan con sus hijos de Amayapampa por cuestiones de seguridad; la segunda comisión tenía que comunicarse con Radio Pío XII para advertir sobre los hechos y avisar que habían heridos. Al tomar contacto nuevamente con el Gral. Arriaza, Silvia Rojas y Galo Luna informaron sobre lo resuelto en la asamblea, es decir que los efectivos podían ingresar a Amayapampa siguiendo el camino --mientras que las mujeres y campesinos se sentarían en los carros-- siempre y cuando se cumpliesen las siguientes condiciones: A) Que los empresarios de Da Capo se trasladen al lugar de los hechos, conjuntamente con el prefecto, sub-prefecto o alguna otra autoridad nacional que se encontrara en Uncía, a fin de dialogar o negociar el conflicto; B) Resguardaran o respetaran las viviendas de los trabajadores, así como lo hacían con las propiedades de los empresarios; C) No se detenga a ningún dirigente; y D) Que pasen por el camino sin provocar a los campesinos.

46. Al cumplimiento del plazo de treinta minutos, --según el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados-- el Gral. Willy Arriaza dio la orden de avanzar hacia el campamento minero de Amayapampa. A partir de las 2:00 p.m. aproximadamente del día 19 de diciembre de 1996, en las inmediaciones del cerro Kéllu Kása se produjo el primer conflicto entre el combinado policial-militar y los campesinos, y mineros. Según testigos de los hechos, los efectivos del ejército y de la policía habrían utilizado además de gases lacrimógenos, balines, armamento de fogueo y armas de fuego. Mientras que los campesinos y mineros se habrían defendido con piedras y "cachorros" (fragmentos) de dinamita. A las 7:00 p.m. aproximadamente los policías y el ejército controlan la mina de Amayapampa, tendiéndose en dicho lugar un cerco policial alrededor del campamento y otro del ejército que se extendía hacia el exterior del campamento y de la población civil que no opuso resistencia. Según información recabada por la CIDH, el personal policial y militar informó de la existencia de problemas de comunicación, desde que, en su versión, la vagoneta que transportaba los equipos de radio de la policía --40 aparatos de marca "MOTOROLA"-- fue bloqueada y los instrumentos substraídos por mineros. Asimismo, parte de los equipos habrían sido devueltos por mineros el 22 de diciembre de 1996.

47. En el curso de las acciones ocurridas el 19 de diciembre de 1996, murieron a manos de efectivos militares y policiales las siguientes personas: 1) Galo Luna Salinas de 35 años de edad, quien se desempeñaba como Secretario de Educación y Cultura de la Federación Minera, y Director de Formación Política-Sindical de la Universidad Siglo XX. Galo Luna falleció de dos impactos de bala; 2) Miguel Ángel Choque, estudiante, de 15 años de edad, falleció de un impacto de bala; y 3) Santos Ossio Padilla, minero, de 18 años de edad, quien murió a consecuencia de politraumatismo y traumatismo cráneo encefálico.

48. Igualmente, después de las acciones del 19 de diciembre, se constataron varios heridos graves y leves, de parte de mineros, campesinos y policías, que son atendidos en los nosocomios de Uncía, Llallagua, Cataví y Oruro.[6]

49. A las 10:00 a.m. aproximadamente del día 20 de diciembre de 1996, y a partir de la consolidación de las operaciones de incursión y retoma de la mina de Amayapampa ocurrida el día anterior, se inicia una segunda misión policial-militar orientada desde la mina de Amayapampa hacia la localidad de Uncía con la finalidad de evacuar heridos, trasladar cadáveres civiles, recoger provisiones y recibir apoyo operacional. Dicha misión estuvo compuesta por 17 unidades motorizadas que a su vez transportaban dos unidades policiales --Grupo Especial de Seguridad de La Paz y Potosí-- con el apoyo de una compañía del ejército Batallón Ilimani (según informó el Gobierno, se trataría de aproximadamente 180 hombres).

50. Cuando transcurrían 5 Km. del recorrido, al promediar las 11:00 horas se produce una emboscada presuntamente por parte de mineros y campesinos en las inmediaciones del cerro Kéllo Kása. En el curso de los hechos, el primer herido fue el Dr. Rodrigo Flores, médico del Hospital de Chayanta (Potosí), quien después de bajar de la ambulancia en la que viajaba a fin de protegerse --la misma que se encontraba a la cabeza de la caravana--, recibió impactos de bala en el brazo y mano derecha. Ante esa situación todos los efectivos policiales y militares tomaron posiciones de protección en la vanguardia, flanco derecho y retaguardia. Los vehículos militares recibieron varios impactos de bala en los parabrisas, y el Coronel Eduardo Rivas Rojas, Comandante del GES de La Paz recibió un impacto de bala en el pómulo derecho con salida por la región occipital, muriendo instantáneamente.

51. Asimismo, cuando el oficial de la policía Sub-teniente Iván Mendívil se encontraba en posición de tendido recibió un impacto de bala en la sien izquierda, que le rozó la cabeza, hiriéndolo en el pabellón de la oreja. Según la versión policial, en el curso de los hechos, además de la muerte del Crnl. Rivas sufrieron heridas graves cuatro oficiales de la Policía, los mismos que fueron evacuados a la ciudad de La Paz, veintitrés heridos leves y contusos de menor gravedad.

52. Al promediar las 17:00 horas, después de que llegaron refuerzos de la policía y del ejército al lugar de los hechos, los efectivos utilizando sus armas de fuego controlaron la situación y reiniciaron la marcha hacia la localidad de Lagunillas y posteriormente a Uncía.

53. En horas de la mañana del día viernes 20 de diciembre de 1996, la Central Obrera Regional de Llallagua realizó un cabildo mediante el cual se aprobó continuar la defensa de la región. En ese momento se constituyeron en el mencionado lugar los dirigentes de la C.O.B. Las noticias que llegaban ilustraban una situación muy grave, además que constantemente llegaban heridos provenientes de las zonas aledañas a Amayapampa. Grupos de trabajadores de las cooperativas "Siglo XX", "20 de Octubre", "Multiactiva" marcharon hacia la zona de conflicto con el objeto de apoyar a los trabajadores mineros de Amayapampa, quienes por todos los medios trataban de hostigar a las tropas militares y policiales para que abandonaran el lugar.

54. Mientras que en Llallagua Edgar Ramírez, Secretario Ejecutivo de la Central Obrera (C.O.B.); Milton Gómez, Secretario Ejecutivo de la Federación Minera (F.S.T.M.B.); y Alberto Echazú, Vice Rector de la Universidad Nacional Siglo XX, interpusieron un recurso de Habeas Corpus ante el Juzgado de Llallagua, con el objeto de lograr lo siguiente:

1. Entrega inmediata de los cadáveres de los compañeros Galo Luna, 35 años, (miembro de la F.S.T.M.B.); Santos Ossio Padilla (35 años); Miguel Choque (15 años); y Rigorio Cortez. Dichos compañeros cayeron muertos perforados por la metralleta de la represión y sus cuerpos están siendo ocultados por la policía, preveyéndose que hubieran sido trasladados del lugar en una aeronave militar, que esta mañana aterrizó en esta localidad.

2. Asimismo, la entrega y liberación de los compañeros heridos que han quedado en el lugar y que fueron tomados prisioneros en Amayapampa.

4. Cese la represión policíaco-militar contra los trabajadores y dirigentes, así como contra la población de Llallagua, Siglo XX, Uncía, Amayapampa, Capasirca y todas las comunidades campesinas aledañas a esta zona.[7]

55. Dicho recurso fue notificado legalmente al fiscal; sin embargo, cuando al día siguiente se realiza la audiencia del Habeas Corpus, tanto el juez como el fiscal decidieron suspender la audiencia por falta de notificación al Gral. Arriaza, pese a que el fiscal y el oficial de diligencias del juzgado se hicieron presentes en el lugar de los hechos para realizar la notificación, que fue negada por el Gral. Arriaza desde el cuartel. La audiencia del Habeas Corpus nunca se llevó a cabo.

56. A las 3:00 p.m. aproximadamente del mismo 20 de diciembre de 1996, llegaron a la localidad de Uncía, una comisión parlamentaria integrada por los diputados Juan del Granado, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Jorge Albarracín, Secretario de la Comisión de Minería. Dichos congresistas, conjuntamente con el diputado Lucio Felípez oriundo de la zona, iniciaron sus labores de investigación, conciliación y pacificación.

57. Cuando promediaban las 19:00 horas del 20 de diciembre, en las afueras de Llallagua --a la altura de los desmontes, donde se encontraba la tranca de ingreso a la ciudad-- se observaba gran presencia militar. El Regimiento Braun de Oruro supuestamente intentó tomar la población mediante tres columnas, la principal que pretendía avanzar por el camino donde se encontraba la tranca, la segunda que se desparramó sobre los desmontes cubriendo el flanco izquierdo y la tercera por el flanco derecho hacia el cementerio. Inicialmente los efectivos militares --que tenían órdenes de ingresar hasta el cuartel de Uncía-- avanzaron rápidamente, pero al caer la noche los pobladores de Llallagua convocados por una sirena procedieron a "defender su ciudad". El enfrentamiento se extendió hasta la madrugada del sábado 21 de diciembre de 1996, pero finalmente las tropas militares se replegaron y abandonaron el lugar. Según testigos presenciales de los hechos, la población civil utilizó piedras y cachorros de dinamita, mientras que los efectivos militares utilizaron armas de fuego, las mismas que terminaron con la vida del joven Wilmer Gonzales Cazano, de 15 años de edad, estudiante del Colegio "San Agustín" de Cochabamba, quien se encontraba de vacaciones en Llallagua. También murió en el curso de las acciones de dos impactos de bala, José Luis Espinoza Mercado, de 42 años, mecánico de profesión.[8]

58. También en la tarde del día 20 de diciembre de 1996, había llegado desde la ciudad de La Paz a la localidad de Uncía el General Daniel Saavedra, Jefe del Estado Mayor del Ejército, quien estaba encargado de las operaciones a partir de esa fecha. El Gral. Saavedra coincidió en ese momento con la comisión parlamentaria --que se encontraba en el lugar de los hechos tratando de lograr la pacificación-- en que era urgentemente necesario ordenar el repliegue inmediato de las tropas militares de las inmediaciones de Llallagua, a fin de impedir nuevos enfrentamientos especialmente el día 21 de diciembre que coincidía con la masacre de Cataví en 1942. Después de una hora aproximadamente, en que el Gral. Saavedra se comunicó con varios ministros de Estado y el Comandante General del Ejército para obtener el visto bueno respectivo, trató de ordenar el repliegue al Regimiento "Braun", pero no pudo debido a que no contaba con equipos de radio u otros medios de comunicación para contactar a dicha unidad.

59. En consecuencia, el Gral Saavedra decidió redactar la orden en un papel común y corriente con el objeto que la comisión parlamentaria traslade la misma a Llallagua para su ejecución y cumplimiento. Dicha orden señalaba textualmente lo siguiente:

60. El día sábado 21 de diciembre de 1996, a la una de la madrugada aproximadamente, la comisión parlamentaria constató que la localidad de Llallagua estaba casi desierta, y que sólo habrían unos 150 pobladores --todos jóvenes-- que, con los ánimos exaltados hacían guardia a la entrada de la ciudad. Aparentemente el Regimiento "Braun" ya se había replegado de la ciudad de Llallagua. En dichas circunstancias, los diputados se dirigieron a la morgue del Hospital de "Coposa" en Llallagua donde se encontraban los cadáveres de Wilmer González y José Espinoza.

61. A las 4:00 p.m. del día viernes 20 de diciembre de 1996, los cooperativistas de "Multiactiva", "Siglo XX", y "20 de Octubre" partieron desde Llallagua hacia la zona del conflicto: Amayapampa, con el objeto de cumplir las resoluciones de la asamblea en la cual se decidió que los cooperativistas apoyarían a los trabajadores mineros de Amayapampa. Los miembros de dichas cooperativas se desplazaron en tres camiones, los cuales arribaron a la zona a las 6:00 p.m. aproximadamente, para ser recibidos por los campesinos del lugar y las esposas de los trabajadores mineros quienes habían salido de sus casas --por temor-- ubicadas en el campamento minero, pasando la noche en los cerros colindantes junto a sus pequeños hijos. En este lugar los cooperativistas se encontraron con el Fiscal de Llallagua, Dr. Guillermo Aguilar quien les manifestó que la policía y el ejército se encontraban fuertemente armados y dispuestos a emplear toda la fuerza para restablecer el orden en la zona.[9]

62. Al día siguiente --21 de diciembre de 1996-- los mineros, campesinos, y cooperativistas realizaron una asamblea para tratar la situación en que se hallaban los trabajadores y sus familias, y ver la manera más conveniente como los miembros de las cooperativas podían prestarles todo el apoyo necesario. Sin embargo, una vez constatado que el número de militares que coparon la zona pasaban de mil efectivos aproximadamente (entre policías y soldados del ejército) y encontrándose en total desventaja, decidieron mantener cautela y no ejercer ninguna acción, sólo mantenerse en el lugar a pedido de los campesinos y esposas de los mineros, quienes les rogaban a los miembros de las cooperativas no abandonarlos.

63. Al promediar las 10:30 a.m. aproximadamente, en los cerros aledaños a Amayapampa se produjo un incidente entre trabajadores de las cooperativas y efectivos policiales y militares, circunstancia en la cual fue herida de gravedad en la pierna derecha --a manos de efectivos policiales y militares-- la auxiliar de enfermería Ercila López Condori, de 49 años de edad, quien falleció después por hemorragia aguda. La Sra. López Condori prestaba servicios a la empresa minera de Cataví y se encontraba en el lugar de los hechos para socorrer a los heridos. Al momento de ser herida, los militares le incautaron sus pertenencias personales, tales como una mochila, una chompa, calzados, y un maletín con equipo de primeros auxilios (estetoscopio, tensiómetro, tijeras, pinzas, termómetro), nada de lo cual se devolvió posteriormente a sus familiares. La Comisión recibió varias denuncias de que esto se debió a que no se le habría prestado atención médica oportuna, por lo que la CIDH considera esencial que se efectúen las investigaciones del caso.

64. Durante los hechos, también fueron heridos por impactos de bala los civiles trabajadores de la Cooperativa Multiactiva: Silvio Torrez Corrales, de 65 años de edad, (herida de bala en el pie derecho, sin compromiso óseo); Víctor Vargas Sarmiento, de 41 años de edad (herida de bala, región glútea); Rosendo Osorio Gutiérrez, de 65 años de edad (fractura multifragmentaria del peroné izquierdo por proyectil de alta velocidad con orificio de entrada y salida); y Luis Soto Ballesteros, de 21 años de edad (herida por proyectil en la región articular).

65. Otros trabajadores de la Cooperativa Multiactiva fueron detenidos en el lugar de los hechos: Pelagio Torrico, de 50 años de edad, (se le incautaron 45 bolivianos, un pantalón, una mochila, una frazada, y un par de calzados); Oscar Caballero, de 38 años de edad, (se le incautaron un par de calzados, una chamarra, y 320 bolivianos); y Alejandro Roque García, de 53 años de edad, quienes fueron trasladados al Cuartel Militar de Uncía, para después ser liberados el día 22 de diciembre de 1996.

66. El día sábado 21 de diciembre de 1996, a las 8:30 a.m. aproximadamente, fueron detenidos los ciudadanos René Coca Herrera (33); Porfirio Mamani Qino (54); Mario Barahona Rasquido (54); Raúl Mamani Cerrato (38); Antonio López Asteti (35); Juan Carlos Colque Jamachi (13); Williams Barahona Agudo (21); Cristobal López Chocotea (23); y Ramiro Mamani Veyzaga (15). Según la versión policial, estos ciudadanos fueron detenidos en las inmediaciones de Amayapampa por habérseles encontrado en la requisa del vehículo --de placa SBE-638-- en que viajaban, una caja de munición de guerra de 50 cartuchos de carabina, una bolsa negra conteniendo dinamita, fulminantes y guías.

67. Ese mismo día a las 4:00 p.m. aproximadamente, efectivos del Grupo Especial de Seguridad (GES) de La Paz interceptaron un vehículo camioneta Land Rover de placa OEC-066 perteneciente a la ONG EVSS-KALPA, encontrándose --siempre según la versión policial-- en el vehículo gran cantidad de dinamita, armas blancas, fulminantes, y guías. En consecuencia, fueron detenidos Sebastián Toco Gutiérrez (53); José Copana Jorge (25); Juan Indalecio Mamani (26); Roberto Calizasaya Calani (23); Leandro Navarro Cucho (25); José Cruz Roque (48); Miguel Ángel Mejía Fernández (19); Froilán Calizaya Ticona (37); Valerio Trigoyo Bernal (33); Adalid Camacho Caballero (40), ex-sub-Prefecto de Uncía; Marcelino Gonzáles Acero (40); Apolinar Villalpando Ojeda (34); y Julio Marcani Pascual (44).

68. A las 6:30 p.m. del mismo 21 de diciembre de 1996, efectivos del Grupo Especial de Seguridad detuvieron un vehículo vagoneta con placa de control SJA-412 con nueve ocupantes quienes se dirigían de Chayanta al campamento minero de Amayapampa. Según el informe policial, se les encontró en el interior del vehículo material explosivo, guías, fulminantes y víveres. Los detenidos fueron Francisco Álvarez Sandi (43); Simón Coria Marca (35); Epifanio Bautista Rojas (52); Walter Tirapi Fernández (47); Plácido Tola Mamani (30); Gualberto Delgadillo Atanacio (41); Eulogio Herrera Leyva (26); Julián Choque Miranda (30); y Efraín Ramos Callapa (28).

69. Todas las personas antes nombradas estuvieron detenidas en un lugar denominado "sauna" ubicado en el cuartel de Uncía que pertenece al Batallón de Ingeniería Andina XXI Illimani (BIA-XXI). Sin embargo, Juan Carlos Colque y Julián Choque Miranda de 13 y 15 años de edad respectivamente, fueron puestos en libertad de inmediato, conjuntamente con un anciano mayor de 70 años, no identificado.

70. En horas de la mañana del día 21 de diciembre de 1996, en la localidad de Llallagua, los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), de la Federación Minera (FSTMB), Comité Cívico de Llallagua, Sindicato Minero de Capasirca, miembros de la Brigada Potosina, representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y varios periodistas acordaron viajar a Capasirca con el objeto de indagar sobre la situación que ahí se vivía.

71. Durante el trayecto, según señala un informe de la Cámara de Diputados, en un lugar denominado Cerro Colorado las autoridades militares impidieron el ingreso de los periodistas a la zona del conflicto aduciendo "órdenes superiores", a pesar que los mismos mostraron un documento firmado por el entonces Ministro de Comunicación, Mauricio Balcázar donde se ofrecían garantías para el ingreso de los medios de comunicación. De tal forma que el oficial sólo autorizó el viaje de la comisión parlamentaria, de los dirigentes sindicales (COB y FSTMB), y de la Asamblea de Derechos Humanos.

72. Sin embargo, José Luis Quintana, fotógrafo del periódico "Hoy" y José Luis Chávez, camarógrafo del canal PAT, lograron ingresar subrepticiamente en la vagoneta que condujo a la comisión parlamentaria.

73. En el camino a Capasirca, en la región de Lagunillas, un grupo de campesinos detuvo a la delegación parlamentaria con el objeto de mostrarles el cadáver de Marcial Calla Fiesta, campesino del ayllu "Laime", de 25 años de edad, quien fue muerto por la espalda --un proyectil de grueso calibre le atravesó el omoplato, saliendo la bala por el pecho junto al corazón-- por una patrulla el jueves 19 de diciembre de 1996, en las inmediaciones de la serranía de Amayapampa y en circunstancias que la víctima se retiraba asustada del lugar. La esposa de la víctima, Gregoria Ayabari narró a los parlamentarios la circunstancias de la muerte de Calla Fiesta. El cadáver fue recogido en horas de la tarde del sábado 21 de diciembre, por gestiones de la Comisión de Derechos Humanos.

74. Campesinos y trabajadores mineros de Capasirca se encontraban esperando a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, ya que la radio Pío XII informaba sobre el viaje. En dicho lugar sostuvieron una reunión los dirigentes mineros, parlamentarios, y un grupo de mujeres, quienes hicieron un recuento de los hechos, y analizaron los orígenes del problema obrero-patronal. Los diputados, por su parte, explicaron que no había otra salida al conflicto que el continuar con el diálogo que había sido suspendido en la ciudad de Potosí, y el desalojo inmediato de la mina.

75. Finalmente los trabajadores mineros hicieron la siguiente propuesta laboral:

4. Garantías para que los dirigentes mineros no fuesen perseguidos ni enjuiciados.

76. Mientras se cumplía esta misión llegaron desde la ciudad de La Paz en una avioneta a la localidad de Uncía el Ministro de Defensa, Alfonso Kreidler, y el entonces Ministro de Gobierno Franklin Anaya. El objeto del arribo de estos altos funcionarios del Estado boliviano era para discutir las posibles soluciones a la crisis. En la puerta del cuartel de Uncía esperaban el senador Gonzalo Valda, y los diputados Edgar Lazo y Sergio Medinacelli.

77. Cerca de las 2:30 p.m. del 21 de diciembre de 1996, retornó de Capasirca al cuartel de Uncía el diputado Juan del Granado y la delegación que lo acompañaba con el planteamiento de los trabajadores mineros. Según el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dicha propuesta fue transmitida a los Ministros de Defensa y Gobierno, quienes manifestaron que la situación era "no negociable", ya que primero había que hacer respetar las leyes y restablecer el orden público frente a acciones pseudo terroristas contra policías y militares casi desarmados.

78. Después de hora y media de negociaciones, se acordó evaluar el conjunto de la situación.

79. En momentos en que los ministros evaluaban la propuesta de los trabajadores mineros y que los militares eran informados --por los parlamentarios-- de la existencia de otro campesino muerto en la localidad de Antara-Lagunillas, el General Daniel Saavedra, informó que en horas de la mañana del mismo 21 de diciembre, habían llegado procedente de Amayapampa los cadáveres de tres civiles, quienes habrían muerto el jueves 19 de diciembre. Dichos cadáveres fueron depositados en un garaje al fondo del cuartel de Uncía, en la carrocería de un Jeep-camioneta tapados con una carpa. Dichos cuerpos pertenecían al dirigente minero Galo Luna, a Santos Ossio Padilla y al menor Miguel Choque.

80. Los cadáveres no habían sido trasladados con dirección a Oruro, tal como había manifestado el Gral. Arriaza a los parlamentarios cuando éstos estuvieron en Amayapampa el 20 de diciembre, sino que habrían sido ocultados por el destacamento policial. Posteriormente, el Gral. Saavedra se comprometió a trasladar los cadáveres al Hospital de Coposa de Llallagua, a fin de que se realicen las autopsias de ley (procedimiento que nunca se llevó a cabo, como más adelante se analizará en el presente informe), y entrega a sus familiares.

81. A las 6:00 p.m. del 21 de diciembre de 1996, los diputados Juan del Granado, Lucio Felípez, y Jorge Albarracín, se pusieron en contacto con el Presidente de la República, Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada en vista de la actitud inicial de los ministros. Los parlamentarios expusieron al detalle los hechos, despejando que en el lugar existiesen grupos armados irregulares ajenos a la población, y la urgencia de lograr un acuerdo de pacificación sobre la base de lo propuesto en Capasirca.

82. El Presidente de la República escuchó con atención la información proporcionada, y estuvo de acuerdo con la idea de promover y anteponer las negociaciones sobre cualquier acción de fuerza. El Jefe de Estado manifestó, asimismo, que impartiría instrucciones a sus ministros, solicitando que se prestara atención a la contrapropuesta que iba a realizar el Gobierno.

83. A las 8:00 p.m. del mismo 21 de diciembre, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos se reunieron por segunda vez con los ministros de Gobierno y Defensa, quienes presentaron la siguiente contrapropuesta:

2. Devolución de los equipos de comunicación portátil que en Amayapampa, habían sido capturados a la Policía;

3. Devolución de las armas que les fueron decomisadas a dos militares y un policía, en Llallagua, el jueves [19 de diciembre de 1996] por la noche, cuando fueron retenidos en calidad de rehenes por algunas horas;

4. Entrega del armamento ilegal que se hallaba en manos de la población civil, y que fuera utilizado en los enfrentamientos;

6. Permanencia y vigilancia policial pacífica en las minas de Amayapampa y Capasirca.

84. Una vez recibida la contrapropuesta, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, conjuntamente con los dirigentes sindicales, representantes del Comité Cívico, y de la Asamblea de Derechos Humanos, y con los parlamentarios Valda, Medinicelli, y Lazo se dirigieron por segunda vez a Capasirca.

85. Cuando la delegación llegó a Capasirca en la madrugada del 22 de diciembre de 1996, no encontró a ningún campesino ni trabajador minero. En consecuencia, la comitiva se trasladó a la localidad de Chuquiuta --población civil ubicada a pocos kilómetros de Capasirca-- donde encontró a los pobladores reunidos. La comisión parlamentaria dialogó con los campesinos y mineros, transmitiéndoles la contrapropuesta del Gobierno, ante lo cual --después de dos horas de deliberaciones-- los campesinos acordaron hacer el siguiente planteamiento laboral:

1. La mina ya había sido desocupada y ello debía ser transmitido al gobierno como señal inequívoca de buena voluntad y de pacificación.

2. La devolución de radios y de armas de rehenes no era un tema que concernía a Capasirca, sino a Amayapampa y Llallagua.

3. Se estaba de acuerdo con la entrega de armas que estuvieran en manos de los trabajadores, pero que había que precisar los términos y sobre todo los mecanismos. Se sugirió que esa entrega fuere resultado de una investigación imparcial, y en la que debía intervenir la iglesia.

4. Hubo rechazo unánime a que la investigación "sobre los hechos producidos" sea llevada a cabo por el Ministerio Público, dada su "parcialidad y poca confiabilidad". Se insistió en que sea una comisión parlamentaria, en lo posible bi-cameral, especial y pluripartidaria.

5. No se vio la necesidad ni la conveniencia de mantener fuerzas policiales en la mina, ya que el desalojo completo de la misma, según los trabajadores, era garantía suficiente para la reanudación del diálogo obrero-patronal y el reinicio paulatino de las actividades productivas.

6. Por el contrario debería producirse el repliegue inmediato de las tropas militares y de los contingentes policiales, agregándose el otorgamiento de garantías para todos los trabajadores que intervinieron en el conflicto.[10]

86. Los trabajadores mineros y campesinos decidieron, asimismo, iniciar de inmediato conversaciones directas con las autoridades gubernamentales, solicitando a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que permaneciera en las reuniones en calidad de observadora. A las 3:30 de la madrugada del 22 de diciembre terminó la reunión y la delegación retornó al cuartel de Uncía.

87. A las 5 de la madrugada del 22 de diciembre de 1996, se realizó la tercera reunión de los parlamentarios con los ministros Kriedler y Anaya de las carteras de Defensa y Gobierno respectivamente. También participó el entonces Prefecto de Potosí Yerco Kukoc. La delegación sindical y los miembros de la Asamblea de Derechos Humanos no ingresaron al cuartel de Uncía, permaneciendo en las inmediaciones de la ciudad.

88. Después de deliberar el planteamiento de los mineros por una hora aproximadamente, los ministros consideraron que era necesaria la presencia policial en los distritos mineros, e imperativo la investigación del Ministerio Público. Las deliberaciones también se concentraron en los mecanismos más expeditos para recolectar las armas que se encontraban en posesión de los mineros y campesinos.

89. En circunstancias que los parlamentarios y ministros estaban acordando criterios comunes, apareció de improviso el Gral. Daniel Saavedra, Jefe del Estado Mayor quien "visiblemente nervioso les manifestó: señores parlamentarios el tiempo ha concluido, voy a iniciar el operativo". Por otra parte, el Gobierno informó a la CIDH que se trataba de una medida destinada a evitar la dilación de las negociaciones, y que no tenía como propósito real una nueva acción militar, sino lograr un acuerdo en el menor tiempo posible. [11]

90. Según la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, "era evidente que mientras se conversaba se estaba implementando la decisión paralela de ocupar militarmente Capasirca, en una iniciativa no sólo torpe, sino inútil ya que en ese momento la mina ya había sido abandonada por los trabajadores, como se les informó a los ministros al inicio de la reunión".[12] Además, el diputado Lucio Felipez le informó al diputado Del Granado de una intensa movilización de tropas al interior del cuartel.

91. Todo ello trajo como consecuencia un intercambio fuerte de palabras entre los ministros y la comisión parlamentaria. Según el informe citado en el punto anterior, unos minutos después los ministros cancelaron la orden castrense y unos diez vehículos --repletos de tropas y armados con artillería ligera y de montaña, y dotados con morteros y lanza-cohetes-- dispuestos a tomar la mina de Capasirca, tuvieron que apagar sus motores.

92. Eran las 6:00 a.m. aproximadamente cuando se acordó iniciar el diálogo directo entre los dirigentes sindicales, los representantes de la Asamblea de Derechos Humanos y los ministros de Estado, quedando los parlamentarios como observadores. Participaron en las conversaciones iniciales Edgar Ramírez Santiesteban de la Central Obrera Boliviana (COB), Milton Gómez y Guillermo Dalence de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y el padre Roberto Durete, miembro de la Asamblea de Derechos Humanos y director de la Radio Pío XII. Las negociaciones se prolongaron hasta las 9:00 a.m. aproximadamente, pero no se llegó a ningún acuerdo debido a dos puntos conflictivos: la presencia policial que reclamaba el gobierno y la entrega de las armas.

93. En vista del impasse, se acordó suspender la reunión hasta las 11:00 a.m. con el objeto de convocar a los dirigentes de los campamentos mineros de Amayapampa y Capasirca. Los parlamentarios Checo y Lazo, el Prefecto Kukoc, el sacerdote Durete y los dirigentes sindicales se dirigieron a las minas, a fin de convocar a los dirigentes.

94. Durante el intermedio, los parlamentarios visitaron los detenidos, entre los que se encontraban dos menores de edad y un anciano, los que fueron inmediatamente liberados. La delegación parlamentaria logró también que las autoridades policiales levantaran la incomunicación de los detenidos, permitiendo asimismo la visita de los familiares y la provisión de alimentos y frazadas. La visita familiar se cumplió en las primeras horas de la tarde. También en el intermedio las autoridades juntaron y exhibieron --ante un fotógrafo y camarógrafo del gobierno-- algunos fusiles antiguos, revólveres también antiguos, munición, cartuchos de dinamita con sus guías, y sardinas en conserva.[13]

95. Según los parlamentarios, "era evidente que un febril celo investigativo se había apoderado de algunos policías que aparecían firmemente empeñados en mostrar evidencias de la supuesta infiltración terrorista denunciada. Estos hechos fueron airadamente reclamados, junto a los atropellos cometidos contra Radio Pío XII y la prensa, por el padre Roberto Durete al final de la reunión...".[14]

96. La reunión se reinició a la 1:30 p.m. solo con los dirigentes de Capasirca, ya que los mineros y campesinos de Amayapampa continuaban en los cerros. Así, los dirigentes de Capasirca Mario Mancilla y Genaro Barahona, el representante cívico de Llallagua, Alejandro Centellas, Sacha Llorenti de la Asamblea de Derechos Humanos, y los otros dirigentes sindicales Milton Gómez (F.T.S.M.B.) y Edgar Ramírez (C.O.B.), reiniciaron el diálogo hasta las 7:00 p.m., hora en que se procedió a redactar el Convenio, el cual se firmó ante los medios de comunicación una hora después.

97. A pesar de que los puntos conflictivos del acuerdo eran el repliegue castrense y policial, la libertad de los detenidos y la investigación fiscal, los dirigentes mineros aceptaron la presencia policial reducida y pacífica, a cambio del repliegue parcial y progresivo del resto de las tropas. Los dirigentes, asimismo, después de lograr la libertad de los detenidos, aceptaron que la investigación del Ministerio Público continúe, sin perjuicio de la investigación parlamentaria que se resolvió iniciar. Cabe señalar que el repliegue de tropas militares y policiales no figuró en el acta de pacificación, así como tampoco la libertad de los detenidos; sin embargo, ambas cuestiones se llevaron a efecto en forma inmediata. El Acta de Pacificación que fue firmada a las 8:00 p.m. del 22 de diciembre de 1996, señalaba textualmente lo siguiente:

Primero: El Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de CAPASIRCA se compromete a la entrega en el día de la Mina de CAPASIRCA, así como del armamento que se encuentra en la zona y del equipo arrebatado a miembros de la Policía: asimismo a deponer toda actitud de beligerancia y otros, comprometiéndose al diálogo, y a la cooperación de una posesión pacífica de la Mina de CAPASIRCA.

Segundo: Los Sres. Ministros de Gobierno y de Defensa por el presente documento se comprometen a viabilizar la participación del Ministro de Trabajo y la Secretaría Nacional de Minería en la negociación que sostenga el Sindicato de la Mina CAPASIRCA con los propietarios; encomendándose el Sr. Prefecto del Depto. de POTOSÍ ejercitar las acciones que correspondan.

Tercero: Se ratifica el derecho de los departamentos a recibir tributos y regalías por la explotación de sus recursos naturales de acuerdo a la legislación que esté en vigencia.

Cuarto: En cumplimiento del ordenamiento legal vigente en el País, la Policía Nacional, ejercerá la vigilancia del orden de la Mina de CAPASIRCA, comprometiéndose los vecinos de lo zona a facilitar su labor, a su vez el Ministro de Gobierno, garantiza que este control será realizado guardando las normas de derechos hacia los ciudadanos de la zona.

Quinto: El Comité Cívico de LLALLAGUA, se compromete a tramitar la devolución en el día el armamento que fuera retenido en la Alcaldía de LLALLAGUA a miembros del Ejército, el día jueves 19 de los corrientes.

Sexto: Realizar todas las investigaciones necesarias en las instancias jurisdiccionales y parlamentarias correspondientes, para el esclarecimiento de los hechos producidos, en el marco del más absoluto respeto a los derechos constitucionales.

98. Los muertos en los sucesos de Amayapampa, Llallagua y Capasirca son los siguientes: Santos Ossio Padilla (18); Miguel Choque (15); Marcelino Calle ( ); Marcial Calla Fiesta (25); Galo Luna Salinas (37); José Espinoza (43); Wilmer Gonzáles (15); Coronel GES. Eduardo Rivas (49); Ercila López Condori (49); y Gregorio Carlo Estalla (28).

99. Los heridos son los siguientes: Hilarión Martínez Quispe (30); René Quispe Claros (32); Sandro Negretty (19); Andrés Choque Bernabé (37); Vicente Choque Ossio (25); Eusebio Silvestre (39); Ciprián Ossio (26); Florencio Suturi (35); Eleuterio Copa (38); Hilarión Copa (45); Juan Fiesta (37); José Chichinca (27); Silverio Copa (38); Corsino Fernández (25); Aurelio Copa (48); Félix Colque Tiparani (25); Santiago Mamani (35); Roberto Colque (35); Oficial de la Policía, Iván Mendivil Aban (22); Oficial de la Policía, Víctor Molina (25); Oficial de la Policía, Guillermo Pilui (19); Cancio Chuwi; Basilia Fiesta; Gerardo Quispe (29); Jaime Fiesta; José Fiesta; José Siaca; Agustín Balcázar; Jaime Orihuela Mancilla; Luis Soto (31); Silvio Torrez (67); Víctor Vargas (39); Oscar Mamani; Ronald Hidalgo; y Carlos Camacho (44).

100. Una vez concluida la pacificación por los sucesos ocurridos en el Norte de Potosí, el Ministerio de Gobierno a través del entonces ministro de ese despacho, Lic. Franklin Anaya dio la versión de que elementos terroristas con suficiente conocimiento y adiestramiento militar, participaron activamente en los enfrentamientos acaecidos en Amayapampa, Capasirca, y Llallagua. Esta información apareció en la prensa boliviana el 24 de diciembre de 1996. En efecto, en el dossier de prensa enviado por el Gobierno de Bolivia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en fecha del 11 de abril de 1997, aparecen varias publicaciones de prensa de esa fecha, en las cuales se reproducen las versiones del entonces Ministro de Gobierno, entre las que caben citar algunas:

101. Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, señaló inter-alia que:

Era evidente que un febril celo investigativo se había apoderado de algunos policías que aparecían firmemente empeñados en mostrar evidencias de la supuesta infiltración terrorista denunciada.[16]

102. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará este tema y otros pertinentes en el capítulo relativo a sus consideraciones sobre los fundamentos de hecho y de derecho del presente caso.

[1] Ver Resolución No. 1 de 17 de agosto de 1996, Autoadministración Productiva de la Empresa Minera "Yamin Ltda."

[2] Pijcheo en quechua significa mantener a un costado de la cavidad bucal hojas de coca, cuya savia eliminada con la salida constituye un eficaz combinado que mitiga el cansancio, hambre y otras fatigas durante la jornada de trabajo.

[3] La empresa Da Capo firmó un convenio con los trabajadores mineros en el mes de septiembre de 1996, mediante el cual se comprometió a lo siguiente: a) incremento salarial del 60% b) construcción de una posta médica c) construcción de baños higiénicos y d) ensanchamiento de caminos. El único compromiso que cumplió la mencionada empresa fue el ensanchamiento de caminos.

[4] Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (F.S.T.M.B.), La Paz, enero de 1997.

[5] Testimonios obtenidos por la CIDH el 8 de abril de 1997.

[6] El Gobierno de Bolivia informó lo siguiente:

a. Mineros y pobladores de Llallagua toman como rehenes al ingeniero encargado de la planta de ENDE, al Suboficial Cayoja, al Sgto. Humérez y a un soldado, quienes fueron agredidos y despojados de sus armas de reglamento. Estas personas permanecieron "detenidas" desde las 20:55 hrs. del día 19 hasta aproximadamente las 3:00 a.m. del día 20.

La devolución de equipos y armas de reglamento figuran en el acta final, firmada el día 22 de diciembre de 1996.

[7] Cita textual del escrito de Habeas Corpus, fechado 21 de diciembre de 1996.

[8] Según el Tte. Cnel. Erick Ferrufino Meneses, comandante del Batallón Escuela Policía Militar 271, el Tte. Cab. Joel A. Plaza Camacho fue herido en la mano por un proyectil de pequeño calibre o esquirla de dinamita.

[9] El Gobierno de Bolivia informó lo siguiente:

Al anochecer del día 20 una sección del Ejército (27 hombres) que efectuaba patrullaje en la zona de Lagunillas, fue atacada con disparos de armas de fuego y explosiones de dinamita. Ante la intensidad del ataque, el Comandante de la sección decidió su repliegue en forma inmediata. Por falta de conocimiento de la zona, retornaron al Cuartel de Uncía al amanecer del 21, con tres soldados heridos de bala; estos eran Jorge Callapa Freddy, Ramos Colque Hidalgo y Oscar Mamani Choquetilla. El primero, herido por impacto de bala en el muslo izquierdo y herida cortante en la pierna derecha y el tercero en la parte interna y anterior del tobillo derecho. Todos ellos fueron trasladados en el avión del Ejército EB - 003 el día 21 a la ciudad de La Paz, ante la gravedad de las heridas, principalmente del tercer soldado.

[10] Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, diciembre de 1996, página 10.

[11] Informe de la Comisión de Derechos Humanos..., pág. 10.

[12] Informe de la Comisión de Derechos Humanos..., pág. 10

[13] El Gobierno entregó a la CIDH una fotografía con el siguiente título: "Armas, dinamita y munición nueva calibre 7.65 Mauser decomisada en la zona."

[14] Informe de la Comisión de Derechos Humanos..., pág. 11.

[15] Diario de La Paz de fecha 24 de diciembre de 1996, con el siguiente titular: "GOBIERNO: TERRORISTAS INSTIGARON HECHOS DE VIOLENCIA EN AMAYAPAMPA Y CAPASIRCA".

[16] Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de fecha 10 de enero de 1997, página 11.