CAPITULO II

EL DERECHO A LA VIDA Y EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

1. El sistema legal interno de la Rep�blica de Suriname, as� como las normas internacionales a las cuales est� sujeta la Rep�blica, reconocen el derecho de toda persona a la vida y a la integridad personal.

2. el Art�culo 3 del Decreto General A-11, que establece el Estatuto de los Derechos y Deberes B�sicos del Pueblo de Suriname, promulgado por la Autoridad Militar el 25 de marzo de 1982, dispone lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a su integridad f�sica, ps�quica y moral.

2. Ninguna persona puede ser objeto de tortura o de degradaci�n o de trato o castigo inhumanos.

El Art�culo I de la Declaraci�n Americana de Derechos y Deberes del hombre a la cual Suriname est� sujeto en virtud de su calidad de miembro de la Organizaci�n de los Estados Americanos, dispone que "Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".

Suriname es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos. El Art�culo 6 del Pacto dispone:

El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estar� protegido por la ley. Nadie podr� ser privado de la vida arbitrariamente.

3. La investigaci�n de la Comisi�n Especial, concerniente a los Derechos a la Vida y a la Integridad Personal en la Rep�blica de Suriname, se centr� en los sucesos de diciembre de 1982, las detenciones y ejecuciones a que se hizo referencia en la Introducci�n. Considerando que en este hemisferio hay pa�ses donde se ha masacrado a miles de personas, la muerte de quince ciudadanos, por grande que sea como tragedia humana, podr�a parecer un suceso relativamente menor en la historia contempor�nea de la delincuencia en materia de derechos humanos. Pero cuando este hecho se ubica dentro de su propio contexto, adquiere significancia adicional.

La poblaci�n de la Rep�blica de Suriname es de aproximadamente 250,000 habitantes. La mayor�a de los habitantes del pa�s vive en la capital, Paramaribo, o sus alrededores. Adem�s, Paramaribo es el centro de la vida pol�tica e intelectual y de los medios de comunicaci�n. Todo grupo u organizaci�n de importancia tiene su sede all�. Por otra parte, la ciudad de Paramaribo es lo suficientemente peque�a como para que cualquier hecho que ocurra en ella se sienta en toda la comunidad y, nuevamente debido a la importancia y centralismo de la ciudad, en todo el pa�s.

Pero a�n en un pa�s con una gran poblaci�n y muchos centros urbanos importantes, la captura y muerte s�bitas de quince ciudadanos prominentes ‘’el Presidente de la federaci�n sindical m�s importante, el Presidente del Colegio de Abogados, el propietario de una de las principales estaciones de radio, el Decano de Econom�a de la Universidad Nacional y otras personas destacadas del pa�s—conmover�a a la naci�n entera y tendr�a serias consecuencias para la vida pol�tica y social.

4. Como se se�al� en la Introducci�n, poco despu�s de los sucesos en cuesti�n, el 4 de diciembre, para ser precisos, las autoridades militares de Suriname dieron a conocer los nombres de quince personas que seg�n ellas, fueron muertas a balazos por fuerzas de seguridad cuando intentaban escapar de sus custodias. Los nombres de los quince muertos y sus ocupaciones son:

a) Cuatro abogados que hab�an defendido a los soldados acusados de participar en el golpe del 11 de marzo de 1982.

- John Baboeram
- Eddy Hoost
- Kennet Gonsalvez – Presidente del Colegio de Abogados local, y
- H. C. Riedewald – Presidente del Colegio Nacional de Abogados

b) Teniente Surendre Rambocus – Hab�a conducido el intento de golpe de marzo de 1982 contra Bouterse y hab�a sido condenado a 12 a�os de prisi�n en noviembre de 1982 por una corte militar;

c) Cyrill Daal – Presidente de Moederbond, la federaci�n sindical m�s grande de Suriname.

d) Bram Behr – Periodista del semanario comunista MOKRO;

e) Lesley Rahmen – L�der sindical y periodista del diario de Ware Tijd (La Verdad Real);

f) Josef Slagveer – Periodista, director de la Agencia noticiosa Informa;

g) Andre Kamperveen – Propietario de la Radio ABC, ex Ministro de la Juventud, el Deporte y la Cultura, y Vicepresidente de FIFA (Federaci�n Internacional de F�tbol);

h) Frank Wyngaarde – Periodista de nacionalidad holandesa, locutor de la Radio ABC;

i) Robby Sohansingh – Comerciante de Paramaribo;

j) Gerard Lecke – Decano de Econom�a de la Universidad de Suriname;

k) Suchrim Oemrawsingh – Ex miembro del parlamento. Miembro del partido de oposici�n predominantemente hindostano VPS. Hermano de Bal Oemrawsingh, conferencista del Colegio M�dico de Suriname encontrado muerto despu�s del intento de golpe de marzo de 1982;

l) Sargento Jiwan Sheombar – Acusado de participar en el intento de golpe de 1982. Condenado a 8 a�os de prisi�n en noviembre de 1982, por una corte militar.

5. cuando la Comisi�n decidi� redactar un informe general sobre la situaci�n de los derechos humanos en Suriname, comenz� sistem�ticamente a acumular datos sobre los hechos ocurridos en diciembre, las circunstancias que los produjeron y sus efectos posteriores. La informaci�n que lleg� a manos de la Comisi�n, de una serie de fuentes, configur� un patr�n de hechos inmediatamente anteriores a la matanza de los quince ciudadanos del cual era posible inferir que se hab�a tomado en los m�s altos niveles de las fuerzas armadas la decisi�n de eliminar la oposici�n efectiva. De particular significaci�n en este respecto fue la evidencia de que tropas del gobierno participaron en la noche del 7 de diciembre en el incendio, de la sede de Moederboond, dos estaciones de radio privadas (ABC y Radika) y las oficinas de un peri�dico antigubernamental, el Vrije Stem, destruy�ndolas. La Comisi�n tambi�n recibi� informaci�n, de fuentes responsables, de que los cuerpos de quince ciudadanos ten�an huellas de torturas atroces, quijadas, brazos y piernas rotos; dientes rotos a golpes; en un caso, una cadera dislocada; y otros indicios de malos tratos horribles.

6. A fin de corroborar estos datos la Comisi�n autoriz� al doctor David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisi�n, a visitar Holanda y tomar testimonio de personas relevantes, incluidas aquellas que hab�an visto los cad�veres.

7. En Leiden, Holanda, el doctor Padilla tom� declaraciones a un n�mero de parientes de los fallecidos, quienes solicitaron que sus nombres no aparecieran en este Informe por temor a que parientes y amigos que residen en Suriname pudieran ser objeto de represalias. El siguiente es, en esencia, el testimonio de estos testigos;

a. Entre las 2 y las 3 de la madrugada del 8 de diciembre, comandos de las fuerzas de seguridad compuestos de no menos de 3 soldados se presentaron en sus casas y llamaron a sus puertas o dispararon al aire o a las casas.

b. Algunos de los integrantes de la fuerza de seguridad vest�an uniforme y otros, ropas civiles. Todos estaban armados.

c. No presentaron �rdenes de arresto.

d. En general se permiti� a las v�ctimas vestirse y se les dijo que las m�s altas autoridades del cuartel militar, llamado Fuerte Zeelandia, quer�an interrogarlos-

e. Al menos dos guardias quedaron apostados en las casas de las v�ctimas hasta el amanecer, para asegurar que los familiares no pudieran poner a amigos y parientes al corriente de lo que estaba sucediendo.

f. Los tel�fonos instalados en las casas de los detenidos fueron desconectados por los agentes de seguridad.

g. Al menos en un caso, un agente de seguridad apostado en la casa de un detenido expres� a un familiar que la pr�xima vez que viera a su marido ser�a "en el cielo o en el infierno".

h. Los familiares nunca volvieron a ver a las v�ctimas con vida, con la excepci�n del se�or Slagweer, quien hizo una "confesi�n" p�blica con el se�or Kamperveen en la televisi�n estatal. Ambos alegaron haber participado en un intento de golpe. Posteriormente repiti� su "confesi�n" en la radio del Estado.

i. El 9 de diciembre de 1982, el Coronel Bouterse apareci� en la televisi�n y explic� que los quince individuos que hab�an participado en un intento de golpe hab�an sido objeto de disparos al tratar de escapar en masa.

j. El 10 de diciembre de 1982, las familias de las v�ctimas cercaron la morgue del Hospital Acad�mico de Paramaribo y all� identificaron los cad�veres.

k. Todos los cad�veres estaban cubiertos con s�banas. Se permiti� a los familiares levantar las s�banas para dejar a la vista las caras, gargantas y hombros de los cad�veres.

l. Las v�ctimas presentaban heridas diferentes. En general, los testigos distinguieron magulladuras y hematomas que indicaban que las v�ctimas hab�an sido cruelmente golpeadas. Ten�an heridas de bala peque�as, profundas y llenas de sangre que hab�an dejado heridas de salida m�s grandes en los lados y partes traseras de las cabezas. Todas las �ltimas indican que se dispar� contra las v�ctimas a corta distancia y de frente.

m. El doctor Paulus Baidjoe, m�dico empleado al presente en la polic�a holandesa, vio todos los cad�veres en la morgue, el 10 de diciembre. Como familiar de uno de los muertos, le fue permitido ver los cuerpos. El doctor Baidjoe, que consinti� en que se mencionara su nombre en este Informe, testific� que adem�s de las heridas causadas por los golpes y las balas, observ� que las s�banas que cubr�an los cad�veres se adher�an a �stos en numerosos puntos peque�os debido a las manchas de sangre secas. Su opini�n como m�dico investigador de la polic�a es que �stas constituyen evidencia de heridas de bala producidas por disparos hechos al frente de los cuerpos y a corta distancia.

n. El doctor Baidjoe not� que uno de los cad�veres mostraba una cadera dislocada, dando el �ngulo en el cual estaba torcida la pierda y su menor longitud en comparaci�n con la otra pierna. concluy� que el cad�ver hab�a sido objeto de un fuerte golpe con un instrumento romo que hab�a dislocado la cadera.

o. El lunes 13 de diciembre se celebraron los entierros en varios cementerios. Ninguno de los cad�veres fue embalsamado. Tampoco se hizo autopsia alguna. Las tumbas fueron custodiadas por agentes de polic�a y soldados hasta el 17 de diciembre.

Adem�s de la descripci�n general de las heridas encontradas en los cuerpos de los muertos mencionados antes, aparecieron en los diversos cad�veres las siguientes condiciones espec�ficas:

John Boboeram, abogado. Cruel y brutalmente golpeado en la cara. El maxilar superior roto, todos los dientes – con la excepci�n de uno en la parte superior derecha – aplastados hacia adentro y los labios triturados; una herida horizontal que le cruzaba la frente, una herida de bala en la parte izquierda al costado de la nariz que hab�a sido cubierta posteriormente con yeso, heridas y cortes en las mejillas y sangrado en la cara. Una fuente report� un corte en la lengua.

Bram Bahr, periodista, director del semanario MKRO. Heridas en la cara y heridas de bala en el pecho y en los pies.

Cyrill Daal, Presidente del sindicato m�s grande de Suriname, el Sindicato Madre. Heridas de bala en el abdomen y varias heridas en la cara. Dos fuentes informaron sobre heridas en los ojos, en general, y una mencion� el nombre de Daal en relaci�n con ello. Dos fuentes mencionaron que uno de los cad�veres tenia el escroto arrancado a balazos; otra fuente dijo haber visto que Daal hab�a sido castrado y a�n otra, inform� sobre fracturas en los brazos y piernas.

Kenneth Gonsalves, Decano del Colegio de Abogados de Suriname. Lesiones en el rostro, en particular, la nariz rota. Una fuente inform� haberle encontrado doce balazos en el pecho.

Andre Kamperveen, Comerciante, ex Ministro de Cultura y Deportes, propietario de la estaci�n de radio ABC. La cara hinchada y lesiones en la mand�bula, probablemente una dislocaci�n; unos 18 balazos en el pecho y tambi�n se dijo que un muslo roto. Una fuente inform� sobre un brazo roto y otra sobre un tiro en la sien derecha.

Gerard Lecke, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Econ�micas de la Universidad de Suriname. Hemorragias en la cara y una fuente inform� sobre balas en el pecho.

Suchrim Demrawsingh, Profesor de la Universidad de Suriname, Director del Centro de Computaci�n. Dadas las circunstancias, su rostro se mostraba razonablemente bien; un peque�o agujero en la mejilla derecha y uno grande en la sien derecha, con pelo alrededor. Este agujero fue posteriormente cubierto con yeso.

Leslie Rahman, Periodista de la agencia de prensa CPS. Rasgu�os y cortes en el rostro. Hematomas en la frente y una fuente inform� haber visto que de un muslo le hab�an arrancado lonjas de piel.

Surindre Rambocus, Oficial de las Fuerzas Armadas, condenado a 12 a�os de prisi�n por haber tomado parte en el intento de golpe de marzo de 1982. Desgarraduras y peque�os rasgu�os en los labios y enc�as del ojo izquierdo. Hab�a sido acribillado a balazos desde el pie izquierdo hasta el cuello y a lo largo de la cintura. Su cara estaba hinchada.

Harold Riedewald, Abogado. Un balazo en la sien derecha y la sangre en la parte izquierda del cuello acusaba lesiones serias. Una fuente inform� sobre docenas de balazos en el pecho.

Jiwaslingh Sheombar, Soldado. Condenado por haber tomado parte en el intento de golpe de marzo de 1982. Cara hinchada y de color muy oscuro debido a los m�ltiples hematomas; una lesi�n seria en la mand�bula, del lado derecho; una herida de bala que le hab�a atravesado la cabeza, entrando por el cuello, y una herida de bala en el cr�neo. Balazos en el pecho y el abdomen formando una cruz.

Josef Slagveer, Periodista. Propietario de la agencia noticiosa INFORMA. Cara hinchada con muchos hematomas, especialmente en el lado izquierdo, y una lesi�n en la mand�bula.

Somradj (Robbie) Sohansing, Comerciante. Lesiones en la cara, en particular, los dientes partidos hacia adentro a golpes y un p�mulo fracturado. Tambi�n heridas de bala en el pecho y el abdomen.

Frank Wijngaarde, Periodista de ABC, holand�s de origen surinam�s. La mand�bula rota, los dientes partidos hacia adentro a golpes, balas en el pecho y heridas de bala en la cara.1

8. Durante la investigaci�n in loco la Comisi�n pudo obtener testimonio adicional que confirmaba la cruel tortura a la cual se hab�a sometido a las quince v�ctimas antes de que se las ejecutara. Las fuentes de este testimonio insistieron en permanecer an�nimas. Sobre la base de otras evidencias y de su percepci�n de la situaci�n general, los miembros de la Comisi�n Especial concluyeron que esa solicitud no desmerec�a la veracidad del testimonio.

9. En su explicaci�n inicial de las muertes, el Gobierno y las fuerzas armadas parec�an justificarlas como resultado de un intento legal de impedir la huida de personas debidamente detenidas. Posteriormente adoptaron una variante seg�n la cual las muertes ocurrieron como consecuencia del nerviosismo de unos pocos soldados que err�neamente creyeron que los detenidos tramaban escapar. Pero en las conversaciones con los miembros de la Comisi�n Especial mantenidas durante la investigaci�n in loco, ni los funcionarios civiles ni el Teniente Coronel Bouterse argumentaron una justificaci�n estrictamente jur�dica de las muertes. M�s bien parecieron estar decididos a demostrar que hab�a sido un exceso infortunado, mitigado por las circunstancias que lo rodeaban, es decir, la conspiraci�n contra la Revoluci�n. El siguiente extracto del largo y franco intercambio de opiniones entre la Comisi�n Especial y el Teniente Coronel Bouterse es ilustrativo:

Hubo cuatro intentos serios de terminar con la Revoluci�n y pudimos detenerlos. En los varios intentos nos encontramos en una situaci�n dif�cil porque uno no puede hacer planes, por un lado, y encontrarse, por otro, con que la ley no permite tomar acci�n para impedir o evitar esta clase de sucesos. el 11 y 12 de marzo de 1982, el cuartel Membre Boekoe fue ocupado en su totalidad. En realidad nos hab�an declarado la guerra total. Aunque sab�amos que estaban conspirando contra nosotros, nos sorprendieron. Despu�s de cuatro intentos serios, en los cuales no s�lo arriesgamos la vida sino tambi�n la Revoluci�n, decidimos que esto no pod�a continuar as�. Conoc�amos sus planes de desestabilizaci�n y desacato social, despu�s de los cuales a iba a intervenir la CIA. Enga�aron a los obreros, que se lanzaron a las calles, trataron o lograron que los estudiantes tambi�n se lanzaran a las calles; hasta usaron los hospitales para lograr sus objetivos; y todo tuvo el decidido apoyo de los medios de comunicaci�n, la prensa, la televisi�n y la radio. Es muy interesante volver a leer y escuchar las noticias y los art�culos del per�odo anterior a diciembre. Hasta llegaron a decir que estabamos muertos y que la Revoluci�n se hab�a terminado. Creyeron que pod�an contar con la ayuda de la CIA y que pod�an tomar la acci�n que quisieran porque la CIA iba a arreglar todo. Esta vez no decidimos esperar a que alguien tomara una escopeta, apuntara e hiciera fuego. En realidad ha sido un hecho de la Revoluci�n versus una contrarrevoluci�n. Ahora que hemos derrotado a los opositores y que ya no cuentan con apoyo alguno, dicen que hemos invadido las calles y las casas y apresado a quince personas y que, sin m�s, las hemos matado porque s�. Pero no dicen que hubiera sucedido si estas personas, y todos los reaccionarios, hubieran logrado su prop�sito y hubieran matado a todas las fuerzas progresistas. Puedo decirles que esta Revoluci�n ha demostrado que no es sangrienta, que no intenta devorar, que no es cruel. El 25 de febrero, cuando tomamos el poder, hab�a grupos radicales de izquierda que nos instaban a que mat�ramos a todos los ministros y los conservadores. Ahora podemos decir que toda esa gente, los ministros, ocupan puestos dentro de la Revoluci�n. En los distintos intentos llevados a cabo para interrumpir la Revoluci�n, el pueblo dec�a con frecuencia que ten�amos que matar a las personas que hab�an participado en el intento. Dec�an que deb�amos matarlas y nosotros siempre las arrestamos y las pusimos en manos de la justicia. En otras palabras, nadie puede decir que esta sea una Revoluci�n cruel, sangrienta. Si un soldado usa su arma y abusa de la gente, se crea problemas. Pero no porque nosotros debamos permitir que mercenarios o nadie act�e como le plazca. Deseamos, por supuesto, que los sucesos de diciembre no se repitan porque nosotros tambi�n necesitamos paz y tranquilidad para trabajar para el pueblo. Ustedes pueden ver que no es la Revoluci�n la que invita a venir a los mercenarios; pero si vienen, tendremos que defender la Revoluci�n.

10. Es un hecho hist�rico que en marzo de 1982 hubo un intento de golpe. Sin embargo, el Gobierno no ofreci� a la Comisi�n evidencia alguna de que las personas ejecutadas estuvieran implicadas en una conspiraci�n armada. El Teniente Rambocus y el Sargento Sheombar estaban prisioneros desde hac�a mucho tiempo como consecuencia de su participaci�n en el golpe de marzo. Las otras personas ejecutadas eran l�deres de la oposici�n abierta a la perpetuaci�n de un gobierno no democr�tico. Pero aunque hubieran estado envueltos en alg�n esfuerzo clandestino para derrocar por v�a de las armas a quienes ejercen el poder, ello no justificar�a su arresto, su sometimiento a torturas atroces y su ejecuci�n sumaria. Como ha declarado la Comisi�n muchas veces y como lo ha resuelto oficialmente la Asamblea General de la OEA, no hay justificativo alguno para que un gobierno aplique m�todos terroristas.

11. El 30 de enero de 1983, el Mayor Roy Horb, segundo en la l�nea de mando de las Fuerzas Armadas hasta ese momento, fue arrestado y acusado de conspirar para asesinar al Teniente Coronel Bouterse. Cinco d�as despu�s del Gobierno anunci� que el Mayor Horb se hac�a suicidado, ahorc�ndose en la celda. Durante la investigaci�n in loco la Comisi�n investig� las circunstancias de la muerte del Mayor Horb. Entrevist� a sus guardaespaldas, quienes testificaron no saber nada del asunto dado que al momento del hecho ellos estaban detenidos en otra parte del Fuerte Zeelandia. La Comisi�n entrevist� a un oficial de la polic�a militar que controla las instalaciones de detenci�n del Fuerte e inspeccion� la celda del Mayor Horb. Ni la inspecci�n de la celda, ni las entrevistas y otras actividades desarrolladas en Suriname, produjeron evidencia alguna que corroborara o negara la afirmaci�n del Gobierno de que el Mayor Horb se hab�a suicidado.

12. Con base en los testimonios recibidos y en su propia investigaci�n, la Comisi�n Especial no puede dejar de concluir que la masacre de diciembre --reforzada por medidas tales como la ampliaci�n de las Fuerzas Armadas, la creaci�n de una milicia armada y el anuncio de leyes con amenazantes penalidades criminales para la distribuci�n de literatura que se considere subversiva—ha silenciado completamente aquellos sectores de la poblaci�n opuestos a la continuaci�n de un gobierno no democr�tico, con poderes centralizados en las manos del Teniente Coronel Bouterse, y en general, ha creado un ambiente en el que reina intenso miedo. El ambiente mismo socava cualquier protecci�n institucional, que pueda existir todav�a del derecho a la integridad f�sica y del funcionamiento vinculado al derecho a proceso regular.

No existen ya en Suriname organizaciones efectivas de la profesi�n legal. Las v�ctimas Eddy Hoost, ex Ministro de Justicia y Kenneth Gonsalves, Presidente del Colegio de Abogados de Suriname, as� como John Babperam y Harold Riedewald, eran abogados. En la defensa de los perpetradores del intento de golpe de marzo de 1982 argumentaron en el tribunal que nadie pod�a ser inculpado de crimen por el intento de derrocar a un gobierno ilegal, es decir, un gobierno que hab�a tomado el poder por v�a de las armas. Parece que al presente no hay abogado que defienda a una persona acusada de cometer delitos contra la seguridad del Estado. Ilustra el problema el caso del se�or Hardjoprajitno, detenido desde el 30 de enero de 1983 bajo acusaci�n de haber cooperado con el Mayor Horb en el complot de asesinato del Teniente Coronel Bouterse. El Mayor Horb y el se�or Hardjoprajitno ocupaban, respectivamente, el segundo y el cuarto lugar en la cadena de mando del grupo de 16 hombres que tom� el poder el 25 de febrero de 1980.2 La familia y los amigos del se�or Hardjoprajitno le han pedido a siete abogados que suman su defensa pero todos se han negado a hacerlo, alegando falta de garant�as. Se dice que un abogado que acept� defenderlo, fue amenazado. Sea lo que fuere, abandon� el caso.

13. En casos como �ste, en el cual la Comisi�n, despu�s de evaluar exhaustivamente las evidencias de que dispone, est� absolutamente convencida de que ha habido serias violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal, normalmente prosigue recomendando la investigaci�n de los delitos cometidos por funcionarios, el enjuiciamiento de los responsables y su castigo con todo el rigor que permita la ley. La Comisi�n ha tendido a hacer recomendaciones a�n despu�s de llegar a la conclusi�n de que los m�s altos funcionarios eran responsables directos o indirectos.

Las personas familiarizadas con los informes de la Comisi�n y la tradici�n legal del Hemisferio reconocen que una recomendaci�n de investigaci�n, enjuiciamiento y castigo hecha en esas circunstancias es, en realidad, un llamado a la conciencia de los responsables, una condena impl�cita de su conducta y una declaraci�n de la responsabilidad moral, de gobiernos futuros, de tomar medidas que, en la pr�ctica, no pueden aplicarse mientras los perpetradores del estado de terror permanecen en el poder. No obstante, la Comisi�n reconoce que los ne�fitos acaso encuentran cierta inconsistencia entre la conclusi�n de que los m�s altos funcionarios, o al menos los m�s poderosos, sean responsables de graves violaciones de los derechos humanos y la recomendaci�n de que el gobierno, que son esos mismos funcionarios, enjuicie y castigue a las personas responsables.

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1  Report of ICJ Mission to Suriname. Comisi�n Internacional de Juristas.

2  El se�or H. A. Fern�ndez, que ocupaba el tercer lugar, falleci� en un accidente a�reo en 1982.