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CAPÍTULO
II ACTUACIONES
DE LA COMISIÓN A.
Informes de los Representantes de la Comisión
En cumplimiento de los acuerdos tomados por la Comisión en su Undécimo
y Duodécimo Períodos de Sesiones, con el fin de mantener una representación
permanente en la República Dominicana hasta la toma de posesión del
Gobierno electo en los comicios del primero de junio de 1966, algunos de sus
Miembros se trasladaron al territorio dominicano.
Durante ese período actuaron como Representantes de la Comisión los
Miembros siguientes: Profesor Manuel Bianchi (Presidente), Lcda. Angela Acuña
de Chacón; Profesor Carlos A. Dunshee de Abranches; Dr. Daniel Hugo Martins
y Dr. Durward V. Sandifer.
Al término de sus respectivas misiones cada uno de ellos presentó
un informe de carácter reservado, el cual contenía una relación de las
actividades realizadas, así como las observaciones y recomendaciones que
estimaron pertinentes.
En el desempeño de sus tareas la Comisión se entrevistó con las
autoridades del Gobierno Provisional, con miembros de la Comisión Ad Hoc de
la Organización de los Estados Americanos, autoridades religiosas, civiles,
militares y justiciales, con agrupaciones obreras y cívicas, diplomáticos
y particulares, dirigentes políticos y candidatos a cargos públicos en las
elecciones del primero de junio de 1966, así como con cuantas personas
solicitaron ser recibidas, especialmente, durante las visitas al interior
del país donde dio amplia oportunidad a todo el pueblo para presentarse
ante la Comisión a expresar sus puntos de vista o sus quejas sobre alegadas
violaciones de los derechos humanos.
La Comisión visitó en varias oportunidades al Presidente
Provisional de la República, Dr. García Godoy, quien, en todo momento, le
prestó su total cooperación. Días
antes de asumir la presidencia del Gobierno Provisional, el Dr. García
Godoy visitó las oficinas de la Comisión manifestando sus simpatías por
la labor que venía realizando para que se respetaran los derechos humanos.
Como resultado de las entrevistas que la Comisión celebró con los
miembros del Poder Judicial, se pudo observar que existían ciertas
dificultades para el desempeño de las funciones judiciales, entre las
cuales se destacaron las siguientes:
a)
Falta de garantía para los jueces de la instancia inicial, quienes
podrían quedar cesantes o ser trasladados por motivos políticos;
b)
Incumplimiento de las decisiones judiciales por parte de algunas
autoridades, especialmente las Fuerzas Armadas;
c)
No utilización del recurso de Habeas Corpus, no obstante estar
consagrado minuciosamente por Ley 5353 de 22 de octubre de 1914, por
considerar que las autoridades coactoras no cumplirían las disposiciones
que ordenaran su aplicación; y
d)
Imposibilidad de realizar una completa investigación judicial de los
delitos cometidos por militares, debido a los obstáculos creados en estos
casos por las Fuerzas Armadas.
C.
Visitas a las cárceles y al interior del país
Con la instalación del Gobierno Provisional y la liberación de los
presos políticos en toda la República, se redujo considerablemente el
programa de visitas a los establecimientos penales del país.
Sin embargo, en los casos en que las denuncias se referían a hechos
de gravedad, la Comisión visitó las cárceles y otros lugares de detención
con el objeto de comprobar los hechos denunciados.
Cumpliendo con instrucciones del Gobierno Provisional, el Procurador
General de la República designó un representante suyo para que asistiera y
acompañara a la Comisión en sus viajes al interior del país.
El Lcdo. Bienvenido Figueredo, designado para esta función facilitó
las entrevistas realizadas por el Representante de la Comisión en diversas
ciudades del territorio dominicano.
A continuación se ofrece una relación de las visitas más
importantes: Penitenciaría
La Victoria
La Comisión visitó el 12 de noviembre de 1965 la penitenciaría
nacional La Victoria a raíz de denuncias recibidas sobre la detención
arbitraria de 506 agricultores. El jefe del penal, Lic. Abraham Perdomo, explicó que se trató
de una detención breve y que habían sido puestos en libertad.
Se solicitó información, además, sobre la situación de algunos
menores presos en celdas de adultos, habiéndosele permitido conversar con
dichos menores. La Comisión
comprobó que estos menores se encontraban en condiciones deplorables y que
las condiciones del penal eran en general pésimas, careciendo de servicio médico
y medicinas. Cárcel
de Bonao
Se visitó este lugar de detención el 29 de diciembre de 1965, no
hallándose en ella ningún preso político.
Una segunda visita intentada por la Comisión el 20 de febrero de
1966, fue impedida por la tensión existente en la ciudad, donde el
Ayuntamiento en pleno denunció ante la Comisión el estado de terror
imperante, culpando de ello al Capitán de la Policía, José Paulino Coma y
al Teniente de apellido Solano. San
Pedro de Macorís
La Comisión visitó el 5 de enero de 1966 la cárcel de esta ciudad,
no encontrando en ella preso político alguno.
Atendieron a la Comisión en esta visita el Gobernador provincial
Profesor Juan Daniel Ortíz Acevedo, el Coronel Jesús Ruiz Melo y los
Capitanes Lozada y Diechi. Isla
Beata
El día 2 de marzo de 1966 la Comisión visitó la cárcel del lugar,
sin encontrar en ella preso político alguno. Barahona
El propio día realizó la Comisión una visita a la cárcel de
Barahona, negándosele que allí estuvieran presos los ciudadanos Luis Tomás
Aquino y Félix Bidó, alegadamente encarcelados allí.
Atendió a la Comisión el Coronel José Manuel Martínez Polanco,
Jefe de la Base. La Comisión
pudo advertir que existía cierta contradicción entre la información de
las autoridades carcelarias, y los asientos del libro de entrada y salida de
presos, donde constaba la entrada de cuatro estudiantes remitidos allí por
orden de la Fuerza Aérea, sino que constara su salida.
La Comisión fue informada de que un Sargento de apodo “Candado”,
se encargaba de perseguir y maltratar a ciudadanos que no gozaban de su
simpatía. Santiago
de los Caballeros
En esta ciudad la Comisión comprobó, el día primero de marzo de
1966, que no existían presos políticos, y que reinaba el orden más
completo. Atendió a la Comisión
el Jefe de la Policía Sr. Ney Tejada Alvarez. San
Francisco de Macorís
El propio 1º de marzo de 1966 visitó la Comisión al Jefe de la
Policía, quien se negó a proporcionar información alguna a la Comisión,
al presentar ésta algunas denuncias de atropellos y encarcelamientos
arbitrarios. La Comisión
encontró una atmósfera tensa en el pueblo, informándosele que el militar
más activo en la persecución y amenaza a ciudadanos que actuaban en política
era el Capitán Sánchez Imbert. La
Romana
La Comisión visitó la cárcel de esta ciudad el 25 de febrero de
1966, siendo atendida por el Capitán John Rib Santamaría y el Teniente
Coronel José Félix Hermida González, quienes informaron que no existían
allí presos políticos. La Comisión advirtió que reinaba un clima de paz
y que las actividades se desenvolvían normalmente en la ciudad. La
Saona
El propio 25 de febrero de 1966 visitó la Comisión esta isla, donde
atendió a los visitantes el Capitán de Fragata Sitio Muñoz Acevedo.
De las entrevistas celebradas con los escasos habitantes del lugar se
supo que no había presos políticos. Neiba
El 9 de marzo de 1966 visitó la Comisión la cárcel de Neiba,
presentando el Capitán del Ejército Manuel Perelló Soto una lista de
personas supuestamente presas en aquel lugar.
El Capitán Perelló rehusó cooperar con la Comisión, alegando
desconocer los nombres que le fueron presentados.
El Presidente de la Comisión, en compañía del representante del
Procurador General de la República, Lcdo. Bienvenido Figueredo, se refirió
a casos concretos de atropellos cometidos, solicitando del oficial citado
alguna información al respecto, sin resultado alguno. Numerosos vecinos de
la localidad informaron a la Comisión que el Capitán Perelló era el autor
de los atropellos y persecuciones denunciadas.
En una segunda visita al Cuartel de Neiba, el propio día, la Comisión
advirtió que el Capitán Perelló había sido sustituido del cargo por el
Capitán Pedro Rivera, a causa de las denuncias acumuladas contra el primero.
También visitó la Comisión, en esta ciudad, al Juez y al Fiscal
del Distrito, quienes mostraron a los visitantes la lista de los procesos
incoados en los últimos meses, los nombres de los procesados y los trámites
recaídos en cada expediente. Se informó a la Comisión que el clima había
mejorado desde el momento en que se notificó al Capitán Perelló que habría
de ser reemplazado en la Jefatura de la plaza. Samaná
El 11 de marzo de 1966 la Comisión visitó la ciudad y la cárcel de
Samaná, siendo atendida por el Capitán Víctor Leonardo y el Teniente
Rafael Cervantes. La Comisión encontró 18 presos comunes y ninguno de carácter
político. Se observó orden y
normalidad por todas partes, lo cual corroboró el testimonio de numerosos
vecinos.
En esta visita acompañaron al Presidente de la Comisión el propio
Procurador General de la República, Dr. Gómez Ceara, su esposa, así como
el ayudante del Procurador, Lcdo. Figueredo.
En este viaje la Comisión también visitó la Procuraduría Fiscal
de la provincia, se entrevistó con representantes del Partido
Revolucionario Dominicano, del Partido Revolucionario Social Cristiano y
otros grupos políticos, todos los cuales coincidieron en que existían
condiciones propicias para la campaña electoral; e hizo una visita al
Gobernador provincial, Lcdo. Pedro David Rey. San Cristóbal
El 29 de diciembre de 1963 la Comisión visitó la ciudad de San
Cristóbal, recorriendo varios lugares con el Gobernador provincial.
Pudo advertir que existía tranquilidad y orden y que la Junta
Electoral Provincial estaba funcionando sin interrupción con miras a las
elecciones del 1º de junio de 1966. San
Juan de la Maguana, Azua y Baní
El 7 de marzo de 1966, la Comisión visitó estas poblaciones
habiendo observado que existía normalidad y paz en todas partes.
Se le informó que las fuerzas armadas estaban garantizando el
desarrollo de la campaña política. Higüey
La Comisión efectuó una visita a esta ciudad el 11 de abril de
1966. Se advirtió una completa
normalidad en todas partes, comprobándose que no existían presos políticos
en los cuarteles del Ejército ni de la Policía.
Fue atendida la Comisión por el Capitán Vitelio Céspedes y por el
Primer Teniente Pedro Gómez Ríos, así como por el Gobernador de la
Provincia Lic. Andrés Rodríguez Martínez. Se visitaron distintos jefes
políticos locales, expresando todos ellos que existía respeto a los
derechos humanos.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de su Reglamento,
la Comisión transmitió al Gobierno Provisional las denuncias y
reclamaciones puestas en su conocimiento, solicitando de las autoridades
competentes las informaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos
denunciados, así como la aplicación de las medidas encaminadas a restaurar
los derechos alegadamente violados.
No obstante que con la inauguración del Gobierno Provisional
disminuyeron apreciablemente las denuncias y reclamaciones durante el primer
trimestre del período objeto de este Informe se registraron algunos actos
terroristas, muertes violentas, detenciones arbitrarias y saqueos o
destrucción de propiedades.
Ante esta situación, la Comisión transmitió la siguiente nota al
Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Provisional: Santo
Domingo, R.D. No.
626 Señor
Ministro:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se permite dirigirse
a Vuestra Excelencia con el fin de poner en su conocimiento lo siguiente:
La Comisión ha recibido comunicaciones en las cuales se denuncian
detenciones de personas por elementos pertenecientes al Centro de Enseñanza
de las Fuerzas Armadas (CEFA) y de la Policía Nacional, sin que en ninguno
de los casos citados se hayan acompañado órdenes de autoridades
competentes.
Se ha denunciado también que varias personas han desaparecido después
de su detención; que otras han sido ultimadas en condiciones sospechosas y
se ha acusado de tales muertes a elementos que se supone pertenecen a las
Fuerzas Armadas.
Asimismo se han presentado reclamaciones sobre ataques a propiedades
de los reclamantes, los que se llevan a cabo, por lo general, en horas de la
noche, por turbas armadas de ametralladoras y bombas o por personal militar
o al mando de individuos de uniforme.
De ser ciertas tales graves informaciones, se estarían violando los
Artículos 15, 16, 20, 21 y 22 del Acto Institucional de la República, que
corresponden a los Artículos I y XXV de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre que consagran, respectivamente, los derechos a
la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, y el
derecho de protección contra la detención arbitraria.
La Comisión cree de su deber recordar al Gobierno Provisional de la
República, por el alto intermedio de Vuestra Excelencia, lo dispuesto en el
Artículo 13 del mencionado Acto Institucional que a la letra dice: El
Gobierno Provisional se compromete por el presente Acto Institucional a
respetar y hacer que se respeten los derechos humanos y las libertades públicas
fundamentales, enunciados en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre de la Organización de los Estados Americanos y en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Comisión se permite solicitar del Gobierno Provisional de la República
que adopte, en el plazo más breve posible, todas las medidas que considere
oportunas para garantizar a los ciudadanos el ejercicio efectivo de los
derechos consagrados en la segunda parte del ya citado Acto Institucional y
se proceda a ordenar a las autoridades competentes que lleven a cabo las
investigaciones necesarias para dejar sentadas las responsabilidades penales
correspondientes. Esperamos
del Gobierno Provisional que se sirva remitirnos la información obtenida
con el objeto de ponerla en conocimiento de la Comisión. Hago
propicia la ocasión para reiterar a Vuestra Excelencia el testimonio de
nuestra consideración más distinguida. Lcda.
Angela Acuña de Chacón Representante
de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos
Por el Secretario Ejecutivo, Dr.
Alvaro Gómez Secretario E.
Actos de violencia entre militares, agresión a estudiantes y
asesinato de policías
Durante los meses de diciembre de 1965 y enero de 1966 tuvieron lugar
varios desórdenes y agitaciones callejeras que incrementaron en cierta
medida las violaciones de los derechos humanos.
Por otra parte, los acontecimientos del Hotel Matus, próximo a
Santiago de los Caballeros, donde perdieron la vida algunos militares
dominicanos, crearon un clima de tensión que repercutió desfavorablemente
en la observancia de dichos derechos.
En fecha 9 de febrero los estudiantes de la Capital realizaron una
manifestación frente al Palacio Nacional.
La Comisión fue informada en horas de la mañana de ese día, que
los estudiantes habían sido ametrallados por la policía, resultando varios
muertos y heridos entre aquéllos. Posteriormente la Comisión recibió varias denuncias de
familiares de estudiantes que habían sido víctimas de los disparos.
No obstante la rápida tramitación de estas denuncias, la Comisión
no tuvo conocimiento de que se llevara a cabo ninguna depuración de
responsabilidades en este caso.
La violencia empleada contra los estudiantes trajo como consecuencia
una serie de actos de represalia que causaron la muerte de varios agentes de
la policía, uno de los cuales fue quemado por la turba en la calle Padre
Billini, frente al Liceo Salomé Ureña.
La Comisión dejó constancia de su repudio de tales hechos y solicitó
de las autoridades y del pueblo dominicanos la cooperación indispensable
para lograr el debido respeto a los derechos de la persona humana. F.
Obstáculos
al esfuerzo del Gobierno Provisional
No obstante la buena disposición del Gobierno Provisional para hacer
respetar los derechos humanos existían determinados factores que le impedían
investigar las denuncias que la Comisión le transmitía.
Entre esos factores se destacaban los siguientes:
a)
Resistencia de algunas autoridades militares y dificultades de orden
político,
b)
Falta de personal especializado y de medios técnicos y científicos
para realizar con eficacia las investigaciones de los casos denunciados.
Con la designación de un nuevo Jefe de la Policía Nacional, el 10
de febrero de 1966, se restauró considerablemente el respeto a la autoridad
y cesaron en forma notable los atentados y otros actos de violencia. G.
Asilo a perseguidos políticos
La Comisión recibió solicitudes, tanto de personas particulares
como de autoridades del Gobierno Provisional o miembros de la Comisión Ad
Hoc, en el sentido de conceder asilo a personas perseguidas por razones políticas.
No obstante que la Comisión, en todos los casos en que se le solicitó
asilo, dejó clara constancia de que no tenía ni las facultades ni los
medios para concederlo, en circunstancias excepcionales y por principios
humanitarios, hizo arreglos para facilitar alojamiento provisional a
personas que, en vísperas de abandonar el territorio dominicano y con toda
su documentación válida, fueron objeto de graves amenazas contra su vida. H.
Reclamos por daño a la propiedad
La Comisión continuó recibiendo denuncias y reclamos por daños a
la propiedad, a consecuencia de los sucesos ocurridos en el país desde que
comenzó el movimiento revolucionario de abril de 1965.
En fecha 12 de enero de 1966 hizo entrega de los mismos al
funcionario designado por la Secretaría General de la Organización, para
atender dichas solicitudes. I.
Garantías a militares constitucionalistas
El Gobierno Provisional invitó al Presidente de la Comisión, con
fecha 10 de enero de 1966, a que conjuntamente con los miembros de la Comisión
Ad Hoc, el Decano del Cuerpo Diplomático acreditado en Santo Domingo y el
Representante de las Naciones Unidas, aportaron sus buenos oficios para
garantizar la salida urgente del país de los militares constitucionalistas
nombrados para cargos diplomáticos, y la integración sin dificultades, a
las Fuerzas Armadas regulares, del principal grupo de la Brigada Mixta
General Gregorio Luperón, alojado en el Campamento “27 de Febrero”.
El Presidente de la Comisión participó en varias reuniones con los
demás representantes citados, para contribuir al logro de los objetivos
propuestos.
Posteriormente, la Comisión Ad Hoc, en uso de sus atribuciones,
adoptó una serie de medidas para garantizar la vida del personal militar
destacado en el referido campamento, encargándose a la Fuerza
Interamericana de Paz de proteger la integridad física de dicho personal. |