CAP�TULO
VII DERECHO
DE REUNI�N Y ASOCIACI�N
1.
La Comisi�n ha recibido una serie de denuncias que distinguen claramente
tres per�odos: noviembre � diciembre de 1974; noviembre � diciembre de
1975; y abril � mayo de 1976; en los cuales parece haberse efectuado, con
mayor vigor, una serie de detenciones, allanamientos, intervenciones y clausuras,
dirigidas en particular contra instituciones religiosas, organizaciones
gremiales y sus miembros. Posteriormente,
nuevas denuncias recibidas en la Comisi�n han se�alado otros hechos de esta
naturaleza ocurridos en los meses de julio y diciembre de 1977.
2.
La primera fase �-noviembre-diciembre de 1974�seg�n las denuncias,
estuvo dirigida contra las Ligas Agrarias, cooperativas de orientaci�n
cristiana cuyo prop�sito, se dice, era el de instruir a los campesinos acerca
de sus derechos y deberes en la sociedad y organizarlos de manera que pudiesen
hacer valer efectivamente estos derechos. Se
inform� que la mayor�a de sus dirigentes fueron detenidos, varios han
desaparecido y algunos fueron muertos. El
8 de febrero de 1976, seg�n varias denuncias, se orden� la destrucci�n de la
comunidad campesina de Jeju�. Se
inform� acerca de la supuesta detenci�n de los padres Bordelon y Maciel �-este
�ltimo se dice fue herido de bala en la pierna--, del se�or Cahalan, as� como
de dos religiosos franceses. Seg�n
las denuncias, las fuerzas militares que efectuaron estas detenciones estaban
comandadas por el Coronel Grau, quien, de acuerdo a las �ltimas informaciones
recibidas por la Comisi�n, es director del penal de Emboscada.
Quince campesinos, agregan los reclamantes, tambi�n fueron detenidos, el
pueblo cercado, y no se les permiti� a los campesinos levantar sus cosechas,
hasta que �stas se perdieron. Se
alega que el padre Bordelon y el se�or Cahalan pasaron dos d�as en la c�rcel
sin que se les diera la menor explicaci�n, y que los campesinos estuvieron
detenidos aproximadamente 3 meses.
3.
La segunda ola de represi�n, de acuerdo a las comunicaciones recibidas,
se inici� en noviembre de 1975 y continu� hasta principios del a�o 1976. A
continuaci�n enumeramos los hechos denunciados: i. En noviembre de 1975 se clausur�
el Instituto Popular Juan XXIII, el cual dirig�a el sindicalista Luis Alfonso
Resck. Este Instituto pertenec�a
al movimiento de los trabajadores, ya que hab�a sido creado por la Central
Cristiana de Trabajadores (CCT); ii. A principios de diciembre de
1975, el proyecto Marand� �-una instituci�n creada con el objeto de
organizar los diferentes grupos de ind�genas paraguayos, ense�arles sus
derechos y c�mo hacerlos valer� fue intervenido, allanado su local, detenidos
sus dirigentes y torturados algunos de ellos;2 iii. El 13 de enero de 1976, por
Decreto 20.088, el Poder Ejecutivo declar� intervenido el Colegio Cristo Rey.
4.
Las denuncias recibidas por la Comisi�n, de hechos ocurridos en los
meses de abril-mayo de 1976, pueden resumirse as�:
i. Persecuci�n de los dirigentes
gremiales, Emigdio Colman N��ez, Secretario General de la Central Nacional de
Trabajadores Urbanos � CNTU, Oscar Vicente Rodas, Marcos Acosta, y otros;
ii. Allanamiento del Seminario
Metropolitano en Azara y Kubitscheck, el 5 de abril, y detenci�n e incomunicaci�n
del padre Ignacio Parra, Director de la Pastoral Juvenil de la Arquidi�cesis;
iii. El 8 de abril se realiza un
allanamiento del Colegio Cristo Rey, en horas en que los ni�os y j�venes
estaban por ingresar a clases; as� como de la casa de los Padres Jesuitas y
apresamiento del padre Jos� Miguel Munarriz;
iv. El allanamiento de la Misi�n de
Amistad y de su proyecto Promuri (Promoci�n Urbana, Rural e Ind�gena, un
programa de orientaci�n social y de ayuda a los campesinos), y la detenci�n y
expulsi�n de varios de sus integrantes, el 10 de abril;
v. Allanamiento del Colegio Mar�a
Auxiliadora, del Seminario Diocesano y del Instituto de Desarrollo Rural (IDER)
de la Di�cesis, ubicados en el pueblo de Villarrica;
vi. El 29 de abril es allanada la
casa parroquial de San Antonio y hecho preso el padre Francisco Romero, quien es
incomunicado en el Departamento de Investigaciones;
vii. El 1� de mayo es detenido el
padre Isidro Figueredo, p�rroco de Ypan�;
viii. Allanamiento el 2 de mayo del
Colegio agron�mico �Carlos Pfanel, en Santa Mar�a (Coronel Oviedo) y la
detenci�n de profesores e instructores;
ix. El Padre Jos� Ortega, p�rroco
de Santa Rosa, Misiones, fue introducido en una camioneta policial y trasladado
a Clorinda (Argentina), donde fue abandonado sin ninguna explicaci�n;
x. El 6 de mayo sale del Paraguay el
padre Bartolom� Meli� por deseos de las autoridades nacionales.
5.
El 12 de junio de 1976, la Conferencia Episcopal Paraguaya public� la
citada carta pastoral. Es oportuno transcribir los siguientes p�rrafos:
3. Los brotes de violencia y la
respuesta de represi�n institucional y policial en curso, afectan profundamente
no s�lo a nuestras Iglesias sino tambi�n a la Patria misma, ya que est�n en
juego los bienes, el honor, la libertad y la vida misma de las personas. Afectan
particularmente a la Iglesia en sus sentimientos cristianos heridos en su buen
nombre mancillado, en su libertad amenazada y coartada. Hechos Preocupantes
4. Queremos enunciar con brevedad
los hechos que configuran esta hora de prueba para los cristianos y para todos
los buenos ciudadanos. Ellos son:
a) Indiscriminada represi�n y
apresamiento de estudiantes y campesinos;
... d) La Iglesia sufre por la
intervenci�n de sus colegios, el allanamiento policial de sus casas de formaci�n
sacerdotal, de sus instituciones apost�licas y colegios; e) Se han apresado a sacerdotes,
seminaristas, empleados de instituciones de la Iglesia a quienes se mantiene en
total incomunicaci�n; f) Numerosos sacerdotes de la Compa��a
de Jes�s han sido echados del pa�s en forma arbitraria e indecorosa; g) Entre los responsables de los
actos de violencia se mencionan, sin prueba fehaciente a sacerdotes (religiosos
y seculares, paraguayos y extranjeros), a cristianos laicos que de alguna manera
han estado en contacto con instituciones o movimientos cat�licos, especialmente
los juveniles;
...
j) Se establece una limitaci�n
inaceptable de toda actividad extraescolar en los mismos Colegios Cat�licos,
incompatible con el derecho y la libertad de la Iglesia.
M�s a�n, se pretende limitar la misma libertad de reuni�n y de
asociaci�n de los cat�licos para fines espec�ficos de catequesis y de formaci�n
religiosa.
...
14. Afirmamos que es imprescindible
en nuestra patria la presencia cr�tica de la Iglesia en esta hora de grandes
emprendimientos para preservar los valores humanos del desarrollo y para
garantizar que el mismo se inserte en el contexto cristiano de la historia de la
salvaci�n. Entre estos valores
humanos y cristianos del aut�ntico desarrollo revisten especial importancia el
respeto de los derechos fundamentales de la persona humana; la recta aplicaci�n
de las normas legales que garantizan a las personas y a las instituciones contra
cualquier arbitrariedad; y el verdadero di�logo y las m�s amplias garant�as
del derecho de respuesta y de defensa de todos los que son perseguidos mientras
ejercen su misi�n eclesial.
15. De acuerdo con estas reflexiones
y haci�ndonos voz de nuestros fieles, de los muchos que hoy sufren persecuci�n
por causa de Cristo:
1� Pedimos que cesen los procedimientos arbitrarios, los apresamientos
masivos, la intimidaci�n a enteras poblaciones campesinas, el despojo de bienes
de los inculpados, la prolongaci�n indefinida de la incomunicaci�n de los
detenidos.
2� Exigimos que, por consideraci�n a las leyes supremas del pa�s y al
n�mero de los bautizados, se ponga t�rmino a la campa�a de difamaci�n de la
Iglesia, que so pretexto de defenderla, llevan a cabo funcionarios y organismos
oficiales contra sus obispos y sus presb�teros, sus ap�stoles laicos y sus
instituciones. En las actuales
circunstancias se ha configurado ya una verdadera y clara persecuci�n a la
Iglesia.
3� Si hemos de creer en la palabra de nuestros gobernantes, deben
asegurarse suficientes garant�as para que Pastores y fieles puedan desarrollar
su misi�n apost�lica no s�lo en los actos de culto sino tambi�n en todo el
�mbito de la vida familiar, social y ciudadana.
16. Como Pastores leg�timos del
pueblo creyente, reafirmamos la inalienable responsabilidad de la Iglesia en la
promoci�n de las actividades que le son inherentes y renovamos nuestra decisi�n
de llevarlas a la pr�ctica a costa de cualquier sacrificio.
6.
De acuerdo a las denuncias recibidas en la Comisi�n, entre el 19 y 29 de
julio de 1977, fueron detenidos unos 20 intelectuales, entre ellos, el director,
los 5 miembros del consejo de redacci�n, la secretaria y algunos colaboradores
de la revista Criterio. Adem�s,
agregan los reclamantes, se detuvo a Jos� Carlos Rodr�guez, miembro del equipo
ejecutivo del Comit� de Iglesias, as� como a cuatro profesionales quienes han
apoyado la labor del Comit� de Iglesias, siendo ellos, Eduardo Arce, Oscar Rodr�guez,
Ursino Barrios y Juan F�lix Bogado. Trece
fueron puestos en libertad, seg�n las informaciones, y siete puestos a
disposici�n de la justicia, acusados de infringir la Ley 209.
Con posterioridad a las declaraciones indagatorias, se inform� que
Adolfo Ferreiro fue puesto en libertad y que los otros seis, Eduardo Arce, Juan
F�lix Bogado, Jorge Canesse, Jos� N. Morinigo, Oscar Rodr�guez y Antonio
Valenzuela Cand�a, fueron devueltos al penal de Emboscada. A trav�s de
informaciones aparecidas en la prensa paraguaya correspondiente al mes de
diciembre de 1977, la Comisi�n ha tomado conocimiento de que la primera etapa
del juicio, el sumario, contra las citadas personas estaba por concluir, y que
se esperaba que la pr�xima fase de proceso, el plenario, se iniciar�a despu�s
del receso judicial correspondiente al mes de enero de 1978.
7.
Seg�n los denunciantes, estas detenciones se debieron, entre otras
razones, al miedo del Gobierno del Paraguay a una reacci�n por parte de este
grupo a la cuesti�n del cambio de 50 a 60 ciclos en el sistema el�ctrico
paraguayo; al cierre de las oficinas del Partido Liberal ocurrida en esos d�as,
y a la opini�n prevalente entre las autoridades, acerca de la necesidad de no
demostrar debilidad ante la campa�a por parte de diferentes instituciones en
favor de los derechos humanos en el Paraguay.
8.
Han llegado recientemente a la Comisi�n, varias comunicaciones en las
cuales se denuncian numerosas detenciones y golpizas efectuadas por las
autoridades paraguayas en Ypacara�, a mediados del mes de diciembre de 1977.
9.
De acuerdo a las informaciones, las detenciones en Ypacara� se
realizaron debido a la reuni�n que conjuntamente patrocinaban la Confederaci�n
Latino Americana de Trabajadores (CLAT), la Central Nacional de Trabajadores
Urbanos (CNTU) y el Centro Paraguayo de Estudios Sociales (CEPES), con el
aparente objeto de reorganizar las Ligas Agrarias, cuya destrucci�n se atribuye
al Gobierno como resultado de la ola represiva de noviembre-diciembre de 1974,
que se se�ala al principio de este Cap�tulo.
Entre las aproximadamente 20 personas detenidas en Ypacara�, se
encuentra, seg�n las denuncias, el dirigente obrero Emigdio Colman N��ez,
quien se alega ha sido detenido y perseguido en varias oportunidades, como
anteriormente se expresa en este Cap�tulo.3
Todos los detenidos, agregan los reclamantes, han sido puestos a
disposici�n de la justicia, acusados de infringir la Ley 209; sin embargo, las
fuentes anotan que �stos se encuentran recluidos en Emboscada.
10.
Por otra parte, la Comisi�n ha recibido denuncias que informan acerca
del hostigamiento a que, como consecuencia, de sus actividades, se dice han sido
objeto varias personas que activamente promueven la defensa de los derechos
humanos en el Paraguay, tales como: la se�ora Carmen Casco de Lara Castro,
diputada al Congreso Nacional por el Partido Liberal Radical y presidente de la
Comisi�n de Defensa de los Derechos Humanos del Paraguay, y los integrantes de
la reci�n formada Juventud Paraguaya por los Derechos Humanos.
[ �ndice | Anterior | Pr�ximo ] 1 Convenci�n
Americana sobre Derechos Humanos Art�culo 15. Se reconoce el derecho de reuni�n pac�fica y sin armas:
El ejercicio de tal derecho s�lo puede estar sujeto a las restricciones
previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democr�tica, en
inter�s de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden p�blicos, o
para proteger la salud o la moral p�blicas o los derechos o libertades de
los dem�s. Art�culo 16. 1.
Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines
ideol�gicos, religiosos, pol�ticos, econ�micos, laborales, sociales,
culturales, deportivos o de cualquier otra �ndole. 2.
El ejercicio de tal derecho s�lo puede estar sujeto a las
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad
democr�tica, en inter�s de la seguridad nacional, de la seguridad o del
orden p�blicos, o para proteger la salud o la moral p�blicas o los
derechos y libertades de los dem�s. 3.
Lo dispuesto en este art�culo no impide la imposici�n de
restricciones legales, y a�n la privaci�n del ejercicio del derecho de
asociaci�n, a los miembros de las fuerzas armadas y de la polic�a. 2 V�anse
los Cap�tulos III y IV de este Informe, p�gs. 46 y 57 respectivamente. 3 Entre los otros
detenidos, seg�n los reclamantes, tambi�n hay cuatro ex-presidentes de la
Juventud Obrera Cat�lica (JOC), varios antiguos dirigentes de las Ligas
Agrarias, as� como colaboradores de la Misi�n de Amistad, acerca de la
cual ya se hab�a recibido una denuncia sobre el allanamiento de su local,
en abril de 1976. |