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CAP�TULO VII

DERECHO DE REUNI�N Y ASOCIACI�N  

          Declaraci�n Americana. Art�culo XXI.  Toda persona tiene el derecho de reunirse pac�ficamente con otras, en manifestaci�n p�blica o en asamblea transitoria, en relaci�n con sus intereses comunes de cualquier �ndole.

 

    Art�culo XXII.  Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses leg�timos de orden pol�tico, econ�mico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden.1

 

          1.          La Comisi�n ha recibido una serie de denuncias que distinguen claramente tres per�odos: noviembre � diciembre de 1974; noviembre � diciembre de 1975; y abril � mayo de 1976; en los cuales parece haberse efectuado, con mayor vigor, una serie de detenciones, allanamientos, intervenciones y clausuras, dirigidas en particular contra instituciones religiosas, organizaciones gremiales y sus miembros.  Posteriormente, nuevas denuncias recibidas en la Comisi�n han se�alado otros hechos de esta naturaleza ocurridos en los meses de julio y diciembre de 1977.    

 

          2.          La primera fase �-noviembre-diciembre de 1974�seg�n las denuncias, estuvo dirigida contra las Ligas Agrarias, cooperativas de orientaci�n cristiana cuyo prop�sito, se dice, era el de instruir a los campesinos acerca de sus derechos y deberes en la sociedad y organizarlos de manera que pudiesen hacer valer efectivamente estos derechos.  Se inform� que la mayor�a de sus dirigentes fueron detenidos, varios han desaparecido y algunos fueron muertos.  El 8 de febrero de 1976, seg�n varias denuncias, se orden� la destrucci�n de la comunidad campesina de Jeju�.  Se inform� acerca de la supuesta detenci�n de los padres Bordelon y Maciel �-este �ltimo se dice fue herido de bala en la pierna--, del se�or Cahalan, as� como de dos religiosos franceses.  Seg�n las denuncias, las fuerzas militares que efectuaron estas detenciones estaban comandadas por el Coronel Grau, quien, de acuerdo a las �ltimas informaciones recibidas por la Comisi�n, es director del penal de Emboscada.  Quince campesinos, agregan los reclamantes, tambi�n fueron detenidos, el pueblo cercado, y no se les permiti� a los campesinos levantar sus cosechas, hasta que �stas se perdieron.  Se alega que el padre Bordelon y el se�or Cahalan pasaron dos d�as en la c�rcel sin que se les diera la menor explicaci�n, y que los campesinos estuvieron detenidos aproximadamente 3 meses.    

 

          3.          La segunda ola de represi�n, de acuerdo a las comunicaciones recibidas, se inici� en noviembre de 1975 y continu� hasta principios del a�o 1976. A continuaci�n enumeramos los hechos denunciados:  

i. En noviembre de 1975 se clausur� el Instituto Popular Juan XXIII, el cual dirig�a el sindicalista Luis Alfonso Resck.  Este Instituto pertenec�a al movimiento de los trabajadores, ya que hab�a sido creado por la Central Cristiana de Trabajadores (CCT);

 

ii. A principios de diciembre de 1975, el proyecto Marand� �-una instituci�n creada con el objeto de organizar los diferentes grupos de ind�genas paraguayos, ense�arles sus derechos y c�mo hacerlos valer� fue intervenido, allanado su local, detenidos sus dirigentes y torturados algunos de ellos;2

 

iii. El 13 de enero de 1976, por Decreto 20.088, el Poder Ejecutivo declar� intervenido el Colegio Cristo Rey.    

 

          4.          Las denuncias recibidas por la Comisi�n, de hechos ocurridos en los meses de abril-mayo de 1976, pueden resumirse as�:    

 

         i. Persecuci�n de los dirigentes gremiales, Emigdio Colman N��ez, Secretario General de la Central Nacional de Trabajadores Urbanos � CNTU, Oscar Vicente Rodas, Marcos Acosta, y otros;

 

         ii. Allanamiento del Seminario Metropolitano en Azara y Kubitscheck, el 5 de abril, y detenci�n e incomunicaci�n del padre Ignacio Parra, Director de la Pastoral Juvenil de la Arquidi�cesis;

 

         iii. El 8 de abril se realiza un allanamiento del Colegio Cristo Rey, en horas en que los ni�os y j�venes estaban por ingresar a clases; as� como de la casa de los Padres Jesuitas y apresamiento del padre Jos� Miguel Munarriz;

 

         iv. El allanamiento de la Misi�n de Amistad y de su proyecto Promuri (Promoci�n Urbana, Rural e Ind�gena, un programa de orientaci�n social y de ayuda a los campesinos), y la detenci�n y expulsi�n de varios de sus integrantes, el 10 de abril;

 

         v. Allanamiento del Colegio Mar�a Auxiliadora, del Seminario Diocesano y del Instituto de Desarrollo Rural (IDER) de la Di�cesis, ubicados en el pueblo de Villarrica;

 

         vi. El 29 de abril es allanada la casa parroquial de San Antonio y hecho preso el padre Francisco Romero, quien es incomunicado en el Departamento de Investigaciones;

 

         vii. El 1� de mayo es detenido el padre Isidro Figueredo, p�rroco de Ypan�;

 

         viii. Allanamiento el 2 de mayo del Colegio agron�mico �Carlos Pfanel, en Santa Mar�a (Coronel Oviedo) y la detenci�n de profesores e instructores;

 

         ix. El Padre Jos� Ortega, p�rroco de Santa Rosa, Misiones, fue introducido en una camioneta policial y trasladado a Clorinda (Argentina), donde fue abandonado sin ninguna explicaci�n;

 

         x. El 6 de mayo sale del Paraguay el padre Bartolom� Meli� por deseos de las autoridades nacionales.

 

          5.          El 12 de junio de 1976, la Conferencia Episcopal Paraguaya public� la citada carta pastoral.  Es oportuno transcribir los siguientes p�rrafos:  

         3. Los brotes de violencia y la respuesta de represi�n institucional y policial en curso, afectan profundamente no s�lo a nuestras Iglesias sino tambi�n a la Patria misma, ya que est�n en juego los bienes, el honor, la libertad y la vida misma de las personas. Afectan particularmente a la Iglesia en sus sentimientos cristianos heridos en su buen nombre mancillado, en su libertad amenazada y coartada.

 

Hechos Preocupantes

 

         4. Queremos enunciar con brevedad los hechos que configuran esta hora de prueba para los cristianos y para todos los buenos ciudadanos.  Ellos son:

 

         a) Indiscriminada represi�n y apresamiento de estudiantes y campesinos;

 

         ...

 

d) La Iglesia sufre por la intervenci�n de sus colegios, el allanamiento policial de sus casas de formaci�n sacerdotal, de sus instituciones apost�licas y colegios;

 

e) Se han apresado a sacerdotes, seminaristas, empleados de instituciones de la Iglesia a quienes se mantiene en total incomunicaci�n;

 

f) Numerosos sacerdotes de la Compa��a de Jes�s han sido echados del pa�s en forma arbitraria e indecorosa;

 

g) Entre los responsables de los actos de violencia se mencionan, sin prueba fehaciente a sacerdotes (religiosos y seculares, paraguayos y extranjeros), a cristianos laicos que de alguna manera han estado en contacto con instituciones o movimientos cat�licos, especialmente los juveniles;

 

         ...

 

  j) Se establece una limitaci�n inaceptable de toda actividad extraescolar en los mismos Colegios Cat�licos, incompatible con el derecho y la libertad de la Iglesia.  M�s a�n, se pretende limitar la misma libertad de reuni�n y de asociaci�n de los cat�licos para fines espec�ficos de catequesis y de formaci�n religiosa.

 

  ...

 

         14. Afirmamos que es imprescindible en nuestra patria la presencia cr�tica de la Iglesia en esta hora de grandes emprendimientos para preservar los valores humanos del desarrollo y para garantizar que el mismo se inserte en el contexto cristiano de la historia de la salvaci�n.  Entre estos valores humanos y cristianos del aut�ntico desarrollo revisten especial importancia el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana; la recta aplicaci�n de las normas legales que garantizan a las personas y a las instituciones contra cualquier arbitrariedad; y el verdadero di�logo y las m�s amplias garant�as del derecho de respuesta y de defensa de todos los que son perseguidos mientras ejercen su misi�n eclesial.

 

         15. De acuerdo con estas reflexiones y haci�ndonos voz de nuestros fieles, de los muchos que hoy sufren persecuci�n por causa de Cristo:

 

         1� Pedimos que cesen los procedimientos arbitrarios, los apresamientos masivos, la intimidaci�n a enteras poblaciones campesinas, el despojo de bienes de los inculpados, la prolongaci�n indefinida de la incomunicaci�n de los detenidos.

 

         2� Exigimos que, por consideraci�n a las leyes supremas del pa�s y al n�mero de los bautizados, se ponga t�rmino a la campa�a de difamaci�n de la Iglesia, que so pretexto de defenderla, llevan a cabo funcionarios y organismos oficiales contra sus obispos y sus presb�teros, sus ap�stoles laicos y sus instituciones.  En las actuales circunstancias se ha configurado ya una verdadera y clara persecuci�n a la Iglesia.

 

         3� Si hemos de creer en la palabra de nuestros gobernantes, deben asegurarse suficientes garant�as para que Pastores y fieles puedan desarrollar su misi�n apost�lica no s�lo en los actos de culto sino tambi�n en todo el �mbito de la vida familiar, social y ciudadana.

 

         16. Como Pastores leg�timos del pueblo creyente, reafirmamos la inalienable responsabilidad de la Iglesia en la promoci�n de las actividades que le son inherentes y renovamos nuestra decisi�n de llevarlas a la pr�ctica a costa de cualquier sacrificio.

 

          6.          De acuerdo a las denuncias recibidas en la Comisi�n, entre el 19 y 29 de julio de 1977, fueron detenidos unos 20 intelectuales, entre ellos, el director, los 5 miembros del consejo de redacci�n, la secretaria y algunos colaboradores de la revista Criterio.  Adem�s, agregan los reclamantes, se detuvo a Jos� Carlos Rodr�guez, miembro del equipo ejecutivo del Comit� de Iglesias, as� como a cuatro profesionales quienes han apoyado la labor del Comit� de Iglesias, siendo ellos, Eduardo Arce, Oscar Rodr�guez, Ursino Barrios y Juan F�lix Bogado.  Trece fueron puestos en libertad, seg�n las informaciones, y siete puestos a disposici�n de la justicia, acusados de infringir la Ley 209.  Con posterioridad a las declaraciones indagatorias, se inform� que Adolfo Ferreiro fue puesto en libertad y que los otros seis, Eduardo Arce, Juan F�lix Bogado, Jorge Canesse, Jos� N. Morinigo, Oscar Rodr�guez y Antonio Valenzuela Cand�a, fueron devueltos al penal de Emboscada. A trav�s de informaciones aparecidas en la prensa paraguaya correspondiente al mes de diciembre de 1977, la Comisi�n ha tomado conocimiento de que la primera etapa del juicio, el sumario, contra las citadas personas estaba por concluir, y que se esperaba que la pr�xima fase de proceso, el plenario, se iniciar�a despu�s del receso judicial correspondiente al mes de enero de 1978.    

 

          7.          Seg�n los denunciantes, estas detenciones se debieron, entre otras razones, al miedo del Gobierno del Paraguay a una reacci�n por parte de este grupo a la cuesti�n del cambio de 50 a 60 ciclos en el sistema el�ctrico paraguayo; al cierre de las oficinas del Partido Liberal ocurrida en esos d�as, y a la opini�n prevalente entre las autoridades, acerca de la necesidad de no demostrar debilidad ante la campa�a por parte de diferentes instituciones en favor de los derechos humanos en el Paraguay.    

 

          8.          Han llegado recientemente a la Comisi�n, varias comunicaciones en las cuales se denuncian numerosas detenciones y golpizas efectuadas por las autoridades paraguayas en Ypacara�, a mediados del mes de diciembre de 1977.   

 

          9.          De acuerdo a las informaciones, las detenciones en Ypacara� se realizaron debido a la reuni�n que conjuntamente patrocinaban la Confederaci�n Latino Americana de Trabajadores (CLAT), la Central Nacional de Trabajadores Urbanos (CNTU) y el Centro Paraguayo de Estudios Sociales (CEPES), con el aparente objeto de reorganizar las Ligas Agrarias, cuya destrucci�n se atribuye al Gobierno como resultado de la ola represiva de noviembre-diciembre de 1974, que se se�ala al principio de este Cap�tulo.  Entre las aproximadamente 20 personas detenidas en Ypacara�, se encuentra, seg�n las denuncias, el dirigente obrero Emigdio Colman N��ez, quien se alega ha sido detenido y perseguido en varias oportunidades, como anteriormente se expresa en este Cap�tulo.3  Todos los detenidos, agregan los reclamantes, han sido puestos a disposici�n de la justicia, acusados de infringir la Ley 209; sin embargo, las fuentes anotan que �stos se encuentran recluidos en Emboscada.    

 

          10.          Por otra parte, la Comisi�n ha recibido denuncias que informan acerca del hostigamiento a que, como consecuencia, de sus actividades, se dice han sido objeto varias personas que activamente promueven la defensa de los derechos humanos en el Paraguay, tales como: la se�ora Carmen Casco de Lara Castro, diputada al Congreso Nacional por el Partido Liberal Radical y presidente de la Comisi�n de Defensa de los Derechos Humanos del Paraguay, y los integrantes de la reci�n formada Juventud Paraguaya por los Derechos Humanos.  

 

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1   Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos

Art�culo 15.

Se reconoce el derecho de reuni�n pac�fica y sin armas: El ejercicio de tal derecho s�lo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democr�tica, en inter�s de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden p�blicos, o para proteger la salud o la moral p�blicas o los derechos o libertades de los dem�s.

Art�culo 16.

1.            Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideol�gicos, religiosos, pol�ticos, econ�micos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra �ndole.

2.            El ejercicio de tal derecho s�lo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democr�tica, en inter�s de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden p�blicos, o para proteger la salud o la moral p�blicas o los derechos y libertades de los dem�s.

3.            Lo dispuesto en este art�culo no impide la imposici�n de restricciones legales, y a�n la privaci�n del ejercicio del derecho de asociaci�n, a los miembros de las fuerzas armadas y de la polic�a.

2   V�anse los Cap�tulos III y IV de este Informe, p�gs. 46 y 57 respectivamente.

3   Entre los otros detenidos, seg�n los reclamantes, tambi�n hay cuatro ex-presidentes de la Juventud Obrera Cat�lica (JOC), varios antiguos dirigentes de las Ligas Agrarias, as� como colaboradores de la Misi�n de Amistad, acerca de la cual ya se hab�a recibido una denuncia sobre el allanamiento de su local, en abril de 1976.