Haiti 1994 - Capitulo III

98. Como se recordará la campaña electoral se inició oficialmente el 7 de noviembre de 1990, en un clima de calma bajo la vigilancia reforzada del ejército, pero ésta fue alterada el 6 de diciembre por un atentado con explosivos que causó siete muertos y cincuenta y dos heridos entre los partidarios del candidato presidencial del Frente Nacional para el Cambio y la Democracia (FNCD), durante un mitín electoral en Petionville. El candidato Jean Bertrand Aristide acusó del atentado a la Unión por la Reconciliación Nacional y pidió la detención de su dirigente Roger Lafontant, quien en días anteriores había anunciado una conspiración internacional con asesinatos y actos de terrorismo político y también en ocasiones anteriores había lanzado amenazas públicamente contra el sector democrático.

99. Las elecciones generales se llevaron a cabo en forma pacífica, con la presencia de observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos y CARICOM, Organización de las Naciones Unidas (ONUVEH), así como la presencia de representantes de organizaciones no gubernamentales del Centro Carter, Internacional Socialista y de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL). Los observadores declararon haber percibido algunas irregularidades de poca importancia, debido a la desorganización o a la falta de medios del Consejo Electoral, pero manifestaron que las elecciones habían sido libres y democráticas.

100. El 23 de diciembre, el Consejo Electoral proclamó oficialmente a Jean Bertrand Aristide Presidente de Haití, al obtener la mayoría absoluta de los votos. El ex-sacerdote Jean Bertrand Aristide ganó con el 67.39% de los votos depositados en los comicios del 16 de diciembre, que contaron con la participación del 75% del electorado.

101. Faltando un mes para la transmisión del poder al Presidente electo, un intento de golpe de Estado se produjo durante las primeras horas del 7 de enero. El dirigente neoduvalierista, Roger Lafontant apoyado por un sector del ejército obligó a renunciar a la Presidenta Provisional Dra. Ertha Pascal Trouillot y se autoproclamó Presidente de la nación por la radio nacional, anunciando que se "había asociado a las Fuerzas Armadas y a la Policía para asumir el poder en defensa de los intereses de la patria común, con el objetivo de guiarla por los caminos de la verdadera democracia" y "revelar a todo el mundo los errores y rotundo fracaso del comunismo internacional".

102. El intento de golpe había sido precedido por una nutrida balacera en la zona de la sede de la Presidencia y del cuartel Dessalines, colindante al Palacio. Los Tontons-Macoutes circulaban en vehículos blindados efectuando disparos para intimidar a la población, quien en respuesta se lanzó inmediatamente a la calle y comenzó a levantar barricadas con neumáticos incendiados, en diversos barrios de la ciudad, para impedir la circulación de la ex-milicia duvalierista y exigir que se respetara el resultado de las elecciones.

103. El Jefe de las Fuerzas Armadas, General Abrahams puso fin al golpe de Estado encabezado por Lafontant para evitar la llegada al poder de Aristide. Lafontant y 15 seguidores, tanto militares como civiles fueron conducidos al Cuartel General de las Fuerzas Armadas, para ser presentados más tarde ante la justicia.

104. La comunidad internacional repudió el intento de usurpación del poder en Haití. El mismo día 7 de enero de 1991, el Consejo Permanente de la OEA fue convocado de urgencia para discutir la situación de Haití y resolvió respaldar el Gobierno Provisional de la Presidenta Ertha Pascal Trouillot y apoyar al proceso democrático en el que resultó Presidente electo el Sr. Jean-Bertrand Aristide por manifiesta voluntad del pueblo.[84]

105. Aproximadamente 75 personas perdieron la vida en Puerto Príncipe y más de 150 resultaron heridas durante la violencia del día 7 de enero. La mayoría de las víctimas, Tonton-Macoutes o vinculadas a Lafontant murieron al ser atacadas por la muchedumbre. El Gobierno de Haití decretó el toque de queda con motivo de los ataques continuados contra personas que se les consideraba vinculadas a los sucesos del día 7 de enero. Por su parte, Jean Bertrand Aristide hizo un llamado a la disciplina a sus partidarios y al pueblo en general, para que retornara la calma al país, lamentando la violencia de que habían sido objeto las sedes religiosas.

106. A pesar del clima de violencia e intimidación que prevalecía en el país, suscitado por rumores de una nueva tentativa de golpe de Estado por parte de los neoduvalieristas, el 7 de febrero de 1991, se llevó a cabo la transmisión del poder al nuevo Presidente, Jean Bertrand Aristide.

107. En esa oportunidad, la Comisión manifestó su satisfacción por la culminación de cuatro años del proceso de democratización que concretó la entrega del poder a un gobierno civil a través de los comicios celebrados el 16 de diciembre de 1990, que reflejaron de manera auténtica la voluntad popular. Asimismo, la Comisión señaló que los esfuerzos emprendidos por el Gobierno Provisional y las Fuerzas Armadas fueron decisivos para el desarrollo de ellos, en condiciones de seguridad que permitieron a todas las fuerzas políticas y a la población haitiana en general de expresarse y actuar con toda libertad durante el proceso electoral. La Comisión manifestó también que la presencia de observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos y de Naciones Unidas había contribuído a crear un clima de mayor confianza en la población haitiana y puso de manifiesto el interés de la comunidad internacional en el resultado democrático y pacífico de las elecciones.

108. Las elecciones presidenciales del 16 de diciembre de 1990 marcaron una nueva etapa dentro del espectro político de Haití. La toma de posesión del Presidente Jean Bertrand Aristide significó la esperanza del pueblo haitiano que deseaba una democracia basada en la participación política y la justicia social y económica.

109. Durante su Gobierno, el Presidente Aristide tuvo que hacer frente a diversos problemas y presiones como las provenientes de los sectores conservadores, duvalieristas, políticos y militares, que percibían grandes cambios y reformas sociales que pondrían en peligro sus intereses.

110. Al iniciar su mandato, el Presidente Aristide se comprometió a adoptar medidas concretas para garantizar el respeto de los derechos humanos. Así, uno de los primeros pasos de su Gobierno fue el de solicitar al Comandante de las Fuerzas Armadas, General Abrahams, el retiro de seis Generales y un Coronel del Ejército y su reemplazo por algunos de los coroneles que supervisaron las elecciones presidenciales. El Coronel Raoul Cédras, quien dirigió el Comité de Seguridad Electoral, fue ascendido a Mayor General y algunos meses más tarde fue nombrado Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Presidente Aristide solicitó la transferencia de un grupo de oficiales, que tenían un conocido registro de abusos a los derechos humanos, a remotas localidades del país y concedió ascensos a oficiales y soldados que habían sido objeto de abusos durante el régimen del General Prosper Avril. Estos actos no fueron bien recibidos por las Fuerzas Armadas.

111. Otra de las primeras decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno del Presidente Aristide fue la de prohibir la salida del país a varios funcionarios del Gobierno anterior. Una de esas personas fue la señora Ertha Pascal Trouillot, ex-Presidenta Provisional, a quien relacionaban con el intento de golpe de Estado del 7 de enero de 1991.

112. Durante los dos primeros meses de Gobierno del Presidente Aristide la violencia continuó y se presentaron varios casos de "justicia popular". Uno de ellos tuvo lugar el 19 de marzo, en Montrouis, región de la Artibonite, cuando dos policías mataron al jóven Phanos Mérantus (14 años de edad), por negarse a darles la cantidad de 150 dólares. Al enterarse de este acto, la gente de la localidad se dirigió al puesto policial, donde se encontraban los dos policías y les dieron muerte, mediante el suplicio del "Père Lebrun", que consiste en colocar un neumático en el cuello de la víctima y prenderle fuego.

113. Tratando de buscar soluciones a los crímenes y violaciones de derechos humanos de los Gobiernos anteriores, el 25 de febrero de 1991, se formó una Comisión Especial que revisaría connotados casos, como los de las masacres de Jean Rabel, Danti y Labadie. Dicha Comisión estuvo integrada por los Ministros de Justicia, Asuntos Sociales, Agricultura y Planificación. Posteriormente, se formó una segunda Comisión que investigaría los abusos de derechos humanos entre los años 1986-1990. Esta vez, la Comisión Investigadora quedó integrada por personalidades independientes como el señor Necker Dessables, miembro de la Comisión de Justicia y Paz, Jean Claude Bajeux, Director del Centro Ecuménico para los Derechos Humanos, Lucien Pardo, político de la Artibonite y Patrick Henry y Georges Moises, miembros de organizaciones populares.

114. A mediados de marzo, el Gobierno del Presidente Aristide descubrió una conspiración promovida por algunos elementos duvalieristas. El 26 de marzo de 1991, Anthony Virginie Saint-Pierre, antiguo Ministro de Información del Gobierno del General Prosper Avril y el señor André Isidore Pongnon, antiguo Comandante de Fort Dimanche, fueron detenidos y acusados de conspirar contra la seguridad del Estado.

115. Entre las personas buscadas por la justicia se encontraban el General Williams Regalá, antiguo Ministro de Defensa durante el Gobierno de Namphy, acusado de organizar las masacres perpetradas durante las elecciones de 1987 y el ex-alcalde de Puerto Príncipe, Frank Romain, acusado de haber organizado la masacre de la Iglesia de San Juan Bosco en 1988.

116. Dentro de este contexto de detenciones, el 4 de abril de 1991 se libró una segunda orden de comparecencia a la doctora Ertha Pascal Trouillot para que declarase ante el Tribunal sobre su presunta complicidad en el intento de golpe de Estado del 7 de enero de 1991. La señora Trouillot permaneció una noche en prisión y posteriormente fue sometida al régimen de arresto domiciliario. El 10 de abril se suspendió dicho arresto.

117. La violencia y los abusos de autoridad cometidos en las áreas rurales de Haití llevaron al Gobierno del Presidente Aristide a tratar de eliminar el sistema de Jefes de Sección[85]. El 4 de abril de 1991 se anunció, mediante un comunicado de prensa, el licenciamiento de los Jefes de Sección y la transferencia de sus funciones de las Fuerzas Armadas al Ministerio de Justicia. Los Jefes de Sección entregaron sus armas al Ejército y se nombraron nuevos agentes rurales, quienes fueron instalados por los Jueces de Paz. A pesar de las buenas intenciones del Gobierno, en la práctica se presentaron varios problemas: si bien existía la decisión de suprimir el sistema de Jefes de Sección, no se habían creado las estructuras adecuadas para el procedimiento de selección de los nuevos agentes y en muchas localidades la población no llegó a ponerse de acuerdo sobre las personas que representarían el cargo, debido a la falta de capacitación y experiencia de parte de la misma población. Por una parte, los nuevos agentes rurales enfrentaron graves problemas al no contar con armas para combatir la delincuencia y ésta proliferó de tal manera que los delincuentes actuaban con total impunidad. Por otra parte, los militares seguían operando en las áreas rurales, obstaculizando la acción de la justicia.

118. Durante el mes de junio de 1991, se produjeron varias manifestaciones de organizaciones populares, tanto en la capital como en provincia, en protesta por las medidas adoptadas por el Primer Ministro, René Preval, sobre el alza de precios en los productos alimenticios

básicos. En este contexto de crisis económica se sumó el problema de las expulsiones colectivas de los haitianos que se encontraban trabajando en la República Dominicana.[86]

119. En medio de un ambiente de violencia y de descontento por la grave situación económica, las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento se deterioraron aún más. Según diversas declaraciones, este conflicto se originó cuando el Presidente Aristide, interpretando el art. 295 de la Constitución, nombró al Primer Ministro, René Preval, sin consultar al Parlamento. De acuerdo con el artículo 158 de la Constitución, el Primer Ministro debía presentarse ante el Parlamento con la finalidad de obtener un voto de confianza para su declaración de política general. El 14 de febrero de 1991, el Primer Ministro recibió la aprobación del Parlamento.

120. Posteriormente, según se señaló a la Comisión, en el mes de marzo se agravaron las tensiones entre el Ejecutivo y el Parlamento cuando el Presidente nombró los Jueces de la Corte de Casación sin informar de ello al Senado, quien en respuesta declaró los nombramientos nulos en base al artículo 175 de la Constitución. No obstante, los jueces ejercieron sus funciones hasta el mes de octubre. Más tarde, el Presidente Aristide llevó a cabo el nombramiento de Embajadores y miembros del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Contencioso Administrativo sin consultar, tampoco esta vez, al Senado.

121. La tensión política también se presentó entre los miembros del Frente Nacional para el Cambio y Democracia (FNCD), alianza de partidos que apoyó la candidatura de Aristide y miembros del Movimiento "Lavalas". Los dirigentes del FNCD criticaban los nombramientos de puestos claves dados a personas con poca experiencia política. Por su parte, los dirigentes del "Lavalas" acusaban al FNCD de querer ocupar cargos en el Gobierno y repartir posiciones administrativas entre sus partidarios. En realidad el origen del conflicto radicaba en la diferencia de criterios sobre la forma en que se concebía la democracia.

122. Durante los últimos días del mes de julio de 1991 se llevó a cabo el juicio en contra de Roger Lafontant y de sus cómplices, por el intento de golpe de Estado del 7 de enero de 1991. El Gobierno designó defensores de officio a los acusados, ya que la mayoría de los abogados entrevistados por los familiares de los acusados se negaban a defenderlos, por temor a las amenazas de "dechoukage" proferidas contra ellos. El señor Lafontant se negó a ser representado en el juicio por el defensor de officio. El juicio se desarrolló en un ambiente de tensión, ante las amenazas de la población reunida afuera del Tribunal que clamaba con aplicarles el "suplicio del Père Lebrun". Los procesados fueron sentenciados a cadena perpetua, aún cuando el Código Penal señala un máximo de 10 a 15 años para los delitos que atentan contra la seguridad del Estado. Sólo a uno de ellos se le concedió el recurso de apelación. Este proceso fue percibido por el pueblo como el fin del duvalierismo y el macoutismo en Haití.

123. A pesar de los problemas enfrentados por el Gobierno del Presidente Aristide, existía una voluntad de llevar a cabo reformas sociales y de ayudar a satisfacer las necesidades esenciales del pueblo haitiano. Por ejemplo se trató de reformar el poder judicial y el sistema penitenciario. Se envió al Congreso un proyecto de ley que establecía la separación entre las Fuerzas Armadas y la Policía, el cual desafortunadamente no prosperó. Se trató también de eliminar el sistema de Jefes de Sección. Se creó una Comisión de Derechos Humanos del Senado y una Comisión Especial para investigar las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la existencia de algunos problemas crónicos obstaculizaron el proceso de desarrollo de los derechos humanos, tales como la ineficacia de los recursos judiciales, la cual creaba un clima de inseguridad en la población y en algunos casos, esto constituía la razón de que algunas personas realizaran justicia por sí mismas; la dependencia de la Policía a las Fuerzas Armadas; el problema de tenencia de tierras, la existencia en la práctica de los Jefes de Sección, así como los agudos problemas económicos y los conflictos generados entre los distintos poderes del Estado.

124. El 29 de septiembre de 1991, las Fuerzas Armadas de Haití depusieron mediante un golpe de Estado al Presidente democráticamente electo, Jean Bertrand Aristide. Después de un tiroteo en la casa del Presidente, éste buscó refugio en el Palacio Nacional junto con 150 soldados y policías que se mantuvieron leales a él. Sin embargo, las fuerzas leales fueron reducidas y el Jefe de la Guardia Presidencial resultó asesinado. El Presidente fue forzado a abandonar el Palacio Nacional y conducido a los cuarteles militares, donde se le obligó a dimitir. Posteriormente se le otorgó un salvoconducto para viajar a Venezuela, junto con algunos oficiales de su gobierno, gracias a la mediación de los embajadores de Francia, Estados Unidos y Venezuela acreditados en Haití.

125. Inmediatamente una Junta Militar, compuesta por el General Raoul Cédras, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas haitianas, Coronel Alix Sylva, Sub-Comandante en Jefe y el Coronel Henri Robert Marc Charles, antiguo militar asignado en Washington, declaró tener el control del Gobierno.

126. La población haitiana, al enterarse del golpe de Estado salió a las calles y en algunos sectores de Puerto Príncipe levantaron barricadas. Algunas organizaciones llamaron a huelgas generales y manifestaciones, pero los militares reprimieron violentamente las protestas callejeras con disparos indiscriminados, impidiendo así que la población organizara un levantamiento popular como había ocurrido anteriormente en el intento de golpe de Estado del 7 de enero de 1991. Diversas fuentes señalaron a la Comisión que centenares de personas habían resultado muertas y heridas en los enfrentamientos de los primeros días, especialmente en los barrios pobres de la capital.

127. La primera semana de octubre de 1991, el Parlamento haitiano nombró al magistrado Joseph Nerette, Decano del Tribunal de Casación, como Presidente Provisional en sustitución del depuesto Presidente Aristide. La votación se hizo en base al artículo 149 de la Constitución que prevee la posiblidad de que un miembro del Tribunal Supremo ocupe provisionalemente la Jefatura del Estado en caso de que ese puesto quede vacante. Dicha elección se llevó a cabo después de que un destacamento de soldados rodeara el Palacio Legislativo y disparara sobre el edificio.

128. El Presidente interino fue encargado de formar un nuevo Gobierno y de organizar elecciones en un plazo de 45 a 90 días. El fundador y director del Centro Haitiano de Derechos Humanos y de Libertades (CHADEL), señor Jean-Jacques Honorat fue designado Primer Ministro del Gobierno Provisional.

129. A lo largo de la crisis política en Haití, la Organización de los Estados Americanos y la Organizacion de las Naciones Unidas han jugado un papel muy importante tratando de propiciar negociaciones políticas entre los diversos sectores interesados, a fin de permitir el retorno de la democracia a la República de Haití.

130. Como se señalara anteriormente, el golpe militar que derrocara al Presidente Jean-Bertrand Aristide el 29 de septiembre de 1991 provocó el rechazo inmediato de la Organización de los Estados Americanos. El Consejo Permanente se reunió de urgencia el 30 de septiembre, expresando su más enérgica condena a tales hechos y exigiendo la restitución al poder del Presidente democráticamente electo. Asimismo, el Consejo deploró las pérdidas de vidas humanas y demandó el castigo de los reponsables, exigiendo un estricto acatamiento del derecho internacional.[87]

131. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación, mediante comunicado de prensa emitido el 1 de octubre de 1991, por los hechos producidos en Haití que provocaron la pérdida de un gran número de vidas humanas, señalando que el golpe ocurrido en Haití constituía una clara vulneración a los derechos políticos y de otros derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[88]

132. Ante la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Haití, el Secretario General, en uso de las atribuciones otorgadas a él a través de la Resolución 1080 y del "Compromiso de Santiago", convocó a una Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, la cual se llevó a cabo en Washington, el 2 de octubre de 1991 y aprobó la Resolución "Apoyo al Gobierno Democrático de Haití" (MRE/RES.1/91), mediante la cual decidió: "Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que, de acuerdo con la solicitud del Presidente Jean-Bertrand Aristide y de manera inmediata, adopte todas las medidas a su alcance para tutelar y defender los derechos humanos en Haíti e informe al respecto al Consejo Permanente de la Organización".

133. El 4 de octubre de 1991 una Delegación de la OEA dirigida por el Secretario General, Embajador Joâo Baena Soares y compuesta por seis Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros viajó a Puerto Príncipe con la finalidad de iniciar negociaciones para el retorno de la democracia en Haití. Los militares haitianos se rehusaron al diálogo y la misión regresó inmediatamente a Washington.

134. El 8 de octubre, la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores exhortó a los Estados miembros de la OEA al congelamiento de los activos del Estado haitiano y a la aplicación de un embargo comercial a Haití y creó una misión de carácter civil (OEA/DEMOC), para el restablecimiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas (MRE/RES.2/91). El 10 de diciembre de 1991, el Consejo Permanente de la OEA emitió la Resolución "Programa de Apoyo para la Promoción de la Democracia".[89]

135. El 9 de noviembre, la Misión Civil de la OEA presidida por el antiguo Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, señor Augusto Ramírez Ocampo, designado por el Secretario General de la OEA, inició las conversaciones que más tarde continuaron en Cartagena de Indias (del 21 al 23 de noviembre 1991), y en las que desafortunadamente no se llegó a ningún acuerdo.

136. Durante la segunda semana de diciembre de 1991, el Sr. Ramírez Ocampo visitó nuevamente Haití con la finalidad de reiniciar el proceso de negociaciones que se encontraba suspendido desde la reunión de Cartagena. En esa ocasión se mencionaron tres nombres de posibles candidatos a Primer Ministro: el Sr. Víctor Benoit, Secretario General del Comité Nacional del Congreso de los Movimientos Democráticos (KONAKOM), quien contaba con el apoyo del Presidente Aristide; el Sr. Marc Bazin, ex-candidato presidencial y dirigente del Movimiento de Instauración de la Democracia Haitiana (MIDH), y el Sr. René Théodore, Secretario General del Partido Comunista Haitiano (PUCH), actualmente integrante del Movimiento para la Reconstrucción Nacional (MRN). Los últimos días de diciembre, el Sr. Théodore aceptó ser candidato de consenso y a mediados de febrero, la Cámara de Diputados de Haití declaró públicamente su apoyo a la designación del señor René Théodore como Primer Ministro.

137. Tomando en consideración la Resolución MRE/RES.1/91 y las numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, la Comisión, como se señaló anteriormente, efectuó una visita de exploración a Haití, los días 5 al 7 de diciembre de 1991 y presentó la información obtenida ante el Consejo Permanente de la OEA el día 9 de enero de 1992[90]. Después de escuchar el Informe del Secretario General de la OEA, el 22 de enero, el Consejo Permanente aprobó la Resolución CP/RES 575 885/92, mediante la cual se estableció una Comisión Especial para observar el cumplimiento del embargo.

138. Considerando que existía un ambiente propicio para entablar negociaciones, la Organización de los Estados Americanos auspició una reunión en Washington para la segunda semana de enero de 1992, la cual no se llevó a efecto ante la falta de acuerdo de las partes negociadoras. Posteriormente, la OEA auspició una reunión entre los días 23 y 25 de febrero de 1992, con la finalidad de llegar a un compromiso que permitiera encontrar una solución política a la situación de Haití. En dicha reunión participaron el depuesto Presidente Aristide, quien estuvo acompañado del Sr. Evans Paul, Alcalde de Puerto Príncipe, el Sr. René Théodore y una delegación parlamentaria encabezada por los Presidentes de las dos Cámaras, el Senador Déjean Bélizaire y el Diputado Alexandre Médard.

139. Al final de dicha reunión, las partes negociadoras firmaron el Protocolo de Acuerdo de Washington, mediante el cual se comprometían a garantizar las libertades civiles y facilitar el libre funcionamiento de los partidos políticos y organizaciones civiles en Haití, dentro del marco de respeto de la Constitución haitiana.

140. Se reconoció la necesidad de restituir y asegurar el retorno del Presidente Jean Bertrand Aristide a sus funciones de Gobierno; elaborar y sancionar leyes que pondrían en práctica las instituciones previstas por la Constitución, tales como la Ley sobre las colectividades territoriales, la Ley de separación de la Policía de las Fuerzas Armadas y la Ley de funcionamiento de la oficina de protección del ciudadano. Asimismo, se acordó propiciar mediante leyes y reglamentos la aplicación de una política de paz social y de reactivación económica.

141. Igualmente las partes reconocieron la necesidad de proclamar una amnistía general, salvo para los delincuentes comunes, y de pedir a la OEA y a la comunidad internacional que aportasen una ayuda urgente y substancial al Gobierno de consenso nacional para reactivar la economía haitiana, promover el bienestar social, profesionalizar a las Fuerzas Armadas y a la Policía y fortalecer las instituciones democráticas. En esa reunión se firmó también el Protocolo de Acuerdo entre el Presidente Jean-Bertrand Aristide y el Primer Ministro designado René Théodore, quien se comprometía a crear las condiciones necesarias para el regreso del Presidente Aristide.

142. A pesar de que la comunidad internacional recibió muy bien los Protocolos de Washington, se presentaron problemas que obstaculizaron su aceptación en el Parlamento Haitiano. Días más tarde, el Presidente Aristide reiteró su oposición a la amnistía para los militares involucrados en el golpe de Estado e indicó que en los Acuerdos no se estipulaba una fecha exacta para su retorno.

143. Por otra parte, si bien los Protocolos representaron un gran esfuerzo para tratar de obtener una salida política a la situación de Haití, su realización en la práctica encontró varias dificultades. Primero el hecho de que los militares y las autoridades que ejercen el poder en Haití no participaran en dichos acuerdos, sugería desde un principio que no serían aceptados y que el ejército se opondría a cualquier tipo de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, ocurridos durante y después del golpe de Estado. Por otra parte, el Parlamento no pudo llegar a ratificar los acuerdos por falta de quórum en las Cámaras. Posteriormente, las autoridades que detentan el poder sometieron los Acuerdos de Washington a la Corte de Casación para que opinara sobre su legalidad, quien a su vez los declaró inconstitucionales y sin validez jurídica. Según se señaló, a la CIDH, la decisión parecía no corresponder a las atribuciones de la Corte.

144. Las autoridades que ejercen el poder en Haití desconocieron los Acuerdos de Washington y decidieron la creación de una Comisión Tripartita, la cual fue representada por el Primer Ministro, Sr. Jean-Jacques Honorat; el Parlamento estuvo representado por el Sr. Déjean Bélizaire, Presidente del Senado y el Sr. Alexandre Médard, Presidente de la Cámara de Diputados, y por primera vez, las Fuerzas Armadas estuvieron presentes, representándolas el General Raoul Cédras, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. En esa ocasión, se excluyó al Presidente Aristide y sus partidarios.

145. Las negociaciones culminaron el 8 de mayo de 1992, con el llamado Acuerdo Tripartito de la Villa d'Accueil, en el cual, como era de esperarse, se desconoció a Aristide como Presidente constitucional y se decidió la creación de un "gobierno de consenso", que tendría como objetivo negociar el levantamiento del embargo y reiniciar las negociaciones con la Organización de los Estados Americanos. Posteriormente, el Sr. Nérette, Presidente del Gobierno, dimitió de su cargo y el Sr. Marc Bazin fue designado Primer Ministro con la aprobación de los militares y una cuestionable mayoría senatorial. Tanto las negociaciones como la designación del Primer Ministro resultaban contrarias a las resoluciones emitidas por la Reunión Ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores (MRE/RES 2/91 y 3/92).

146. Con ocasión de la Asamblea General de la OEA, realizada en Nassau, Las Bahamas, del 18 al 22 de mayo de 1992, la Reunión Ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores emitió la Resolución sobre la "Restauración de la Democracia en Haití" (MRE/RES.3/92), mediante la cual reiteraba las resoluciones anteriores y se instaba a los Estados miembros a adoptar medidas adicionales para extender y profundizar la verificación del embargo comercial a Haití y ampliar la ayuda humanitaria dirigida a los sectores más empobrecidos de la población haitiana. Se exhortó también a los Estados miembros a no conceder o revocar, según el caso, las visas de ingreso en favor de los autores y partidarios del golpe de Estado y a congelar sus activos. Solicitaron nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continuara haciendo un permanente y estrecho seguimiento de la situación en Haití y mantuviera informada a esa Reunión Ad-hoc, a través del Consejo Permanente.

147. Ante el abandono de los Acuerdos de Washington y de los cambios producidos en el ámbito político en Haití, el Presidente Aristide inició un nuevo proceso de negociaciones y convocó a una reunión, que se celebró en Miami, del 26 al 29 de junio de 1992, la cual contó con la presencia de numerosos dirigentes políticos que apoyaban la restauración de la democracia en Haití. Al final de esa reunión se adoptó el documento "Por la Concordia Nacional", también conocido como la "Declaración de Florida", en donde se reafirmó la necesidad de lograr una solución política negociada, para lo cual se solicitó el apoyo al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y al Secretario General de las Naciones Unidas. En esa declaración se reiteró la solicitud que la OEA enviase una misión civil para reactivar el diálogo político en Haití.

148. Con la finalidad de buscar nuevas oportunidades y de crear condiciones para reiniciar las negociaciones políticas, la Organización de los Estados Americanos envió una misión a Haití, durante los días 18 al 21 de agosto de 1992, dirigida por el Secretario General, Sr. João Clemente Baena Soares e integrada por varios Embajadores, por el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Marco Tulio Bruni Celli y por representantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM), de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comunidad Económica Europea (CEE). La visita de esa Delegación constituyó en sí el primer paso para la posterior creación de la Misión Civil.

149. Las gestiones realizadas por esa misión permitieron auspiciar en la OEA, el 1º de septiembre, una nueva ronda de conversaciones entre el Padre Antoine Adrien, delegado del Presidente Aristide y el señor François Benoit, representando al Primer Ministro nombrado por las autoridades que ejercen el poder en Haití, Sr. Marc Bazin; en donde se aceptó el envío de una misión integrada por 18 personas, con el objetivo de contribuir a la reducción de la violencia en general y al respeto de los derechos humanos, cooperar con la distribución de la ayuda humanitaria y evaluar los progresos para la solución política de la crisis en Haití. La Misión Civil inició sus labores a mediados de septiembre de 1992.

150. A pesar de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cultos, había autorizado la llegada de los 18 observadores de la OEA, los cuales se distribuirían por departamentos geográficos, las autoridades de Puerto Príncipe indicaron a la delegación civil, tres meses más tarde, que su presencia "no tenía base legal" y que "se veían imposibilitados a garantizar su seguridad y su libertad de movimiento en el interior del país".

151. El Consejo Permanente de la OEA decidió, mediante Resolución del 10 de noviembre de 1992 (CP/RES. 594 (923/92), instar a los Estados miembros de las Naciones Unidas a renovar su apoyo, adoptando medidas en concordancia con las anteriores resoluciones dictadas por la OEA. Urgió asimismo, a los Estados miembros de la OEA y de la ONU a que aumentasen su ayuda humanitaria al pueblo haitiano y solicitó a las Naciones Unidas que participase en la Misión Civil de la OEA para facilitar una solución pacífica de la crisis.

152. Ante la persistencia de graves violaciones y el empeoramiento de los derechos humanos en Haití, y las repercusiones derivadas del aumento del número de haitianos que buscaban refugio en los Estados miembros vecinos, la Reunión Ad-hoc de Ministros de Relaciones Exteriores decidió, mediante Resolución del 13 de diciembre (MRE/RES.4/92), reiterar sus resoluciones anteriores y encargar al Presidente de la Reunión y al Secretario General de la OEA para que en estrecha cooperación con el Secretario General de las Naciones Unidas, realizaran esfuerzos adicionales con todos los sectores haitianos a fin de facilitar el diálogo político entre ellos, encaminado a lograr el restablecimiento de la institucionalidad democrática en Haití; dichos esfuerzos tendrían como meta inicial la obtención de un incremento substancial de la presencia civil de la OEA. Asimismo, dio un mandato al Secretario General de la OEA para que en contacto con el Secretario General de la ONU se viera la posibilidad y conveniencia de llevar la situación haitiana al conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para lograr la aplicación universal del embargo comercial recomendado por la OEA. En esa resolución, también encomendó al Presidente de la Reunión y al Secretario General de la OEA que: "cooperen en las gestiones del Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta las graves y persistentes violaciones a los derechos humanos en Haití, y ante la negativa de las actuales autoridades, para que la Comisión pueda efectuar una visita in loco a la mayor brevedad posible."

153. Desde el comienzo de la crisis haitiana, las Naciones Unidas habían condenado el golpe de Estado y reconocido como gobierno legítimo, el del Presidente Aristide. La cooperación entre la OEA y la ONU condujo al fortalecimiento de la Misión Civil y en el mes de diciembre, el Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Boutros-Ghali, designó como su Enviado Especial al antiguo Canciller argentino, Sr. Dante Caputo, quien efectuó inmediatamente una visita exploratoria a Haití, en la búsqueda de una solución a la crisis de ese país. El 13 de enero de 1993, el Secretario General de la OEA, señor Baena Soares anunció ante el Consejo Permanente, la designación del Sr. Caputo como su representante personal.

154. A fines de enero, se complicaron los esfuerzos del representante de la ONU-OEA, por llegar a un acuerdo sobre la aceptación de una Misión Civil (400 observadores), ante el rechazo del señor Marc Bazin, sobre las modalidades de la misión, quien declaró que su Gobierno, el Ejército y el Parlamento habían aceptado el envío de la misión y la búsqueda de una solución negociada de la crisis haitiana, pero en su opinión esa solución representaba "el riesgo de una tutela internacional".

155. En los primeros días de febrero de 1993 se llegó a un acuerdo entre las autoridades y el Enviado Especial del Secretario General de la OEA, que permitió el despliegue de la Misión Civil de la OEA-ONU en Haití, cuyo mandato prioritario sería el de ayudar a garantizar el respeto a los derechos humanos, creando así un clima propicio para lograr una solución política para el restablecimiento de la constitucionalidad democrática en ese país. De acuerdo con la evolución de los acontecimientos, la Misión Civil buscaría también colaborar en el fortalecimiento y modernización institucional, particularmente en lo que se refiere a la reforma del sistema judicial, la profesionalización de las Fuerzas Armadas, la creación de una fuerza de policía especializada, y en el reinicio de la cooperación técnica internacional, de conformidad con lo estipulado en las resoluciones adoptadas por la Reunión Ad Hoc de Ministros de Relaciones Exteriores.

156. La dirección de la Misión OEA-ONU fue encargada al Embajador Colin Granderson, quien cuenta con la colaboración de un equipo de expertos en el campo de los derechos humanos bajo la dirección del Sr. Ian Martin, antiguo Secretario General de Amnistía Internacional. El número de observadores de la Misión Civil fue ampliada, por parte de ambas organizaciones, y a fines de marzo se encontraban instalados grupos de observadores en los nueve Departamentos de Haití.

157. Durante los primeros tres meses de 1993, el Enviado Especial, Sr. Dante Caputo realizó varios viajes a Haití y se entrevistó con las autoridades que ejercen el poder en ese país, con el General Raoul Cédras, con representantes de la Iglesia y con la Comisión Presidencial. A fines de marzo Caputo habló de un plazo de seis meses para fijar el retorno del Presidente Aristide; ante eso, los militares endurecieron su posición y el Primer Ministro Bazin acusó a la OEA y a la ONU de intervencionismo. Caputo inició nuevas gestiones y en el mes de mayo hizo públicas las bases de su plan que consistiría en el despliegue de una fuerza multinacional de policía, supeditada al acuerdo de todas las partes y a una decisión del Consejo de Seguridad, la cual debería llevarse a cabo antes del retorno de Aristide al país. Otro punto del plan consistía en la designación de un nuevo Primer Ministro, designado por Aristide y ratificado por el Parlamento. Asimismo el plan comprendía el tema de las amnistías y garantías para los militares. A eso se agregaba un programa de ayuda financiera de mil millones de dólares, escalonado en cinco años, según los programas que serían preparados por la Misión de Expertos del Banco Mundial, BID, FMI y PNUD.

158. Durante los tres meses siguientes las autoridades que detentan el poder en Haití no mostraron voluntad de llegar a un arreglo sobre la crisis política. El 23 de junio, el Sr. Caputo indicó que si no había un diálogo con los representantes del gobierno democrático se aplicarían las sanciones establecidas en artículo VIII de la Carta de las Naciones Unidas. Ese mismo día entró en vigor el embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Res. 841). Mediante esa resolución se prohibió el envío de petróleo y armas al mismo tiempo que se congelaron los bienes en el extranjero de aquellos que apoyaban a quienes detentan el poder en Haití. La presión del Consejo de Seguridad situó a las autoridades que ejercen el poder ante una carencia total de productos energéticos y produjo la negociación al más alto nivel, aunque indirecta, entre el Presidente Aristide y el Jefe de las Fuerzas Armadas, General Raoul Cédras, en la Isla del Gobernador situada en la bahía de Nueva York.

159. El 3 de julio de 1993, el Presidente de Haití Jean-Bertrand Aristide y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas haitianas, General Raoul Cédras firmaron el Acuerdo de Governors Island en Nueva York. En dicho acuerdo, las partes acordaron adoptar las medidas necesarias a fin de resolver la crisis haitiana y en ese sentido se comprometieron a alcanzar una solución por medio del diálogo político, la consolidación de las instituciones democráticas, la separación de los poderes del Estado, la libertad de acción para los partidos políticos y la reinstalación del Presidente Aristide en sus legítimas funciones, creando así las condiciones para su retorno el 30 de octubre de 1993.

160. Otros de los puntos importantes en el acuerdo fueron: permitir un activo papel del Parlamento aprobando leyes que permitieran asegurar la transición; el nombramiento de un nuevo Primer Ministro por parte del Presidente Aristide; la promulgación de una ley relativa a la amnistía; la suspensión del embargo; el retiro anticipado del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; una continuada acción de la comunidad internacional a los efectos de reconstruir la economía; la creación de una nueva fuerza policial, la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la verificación de dichos compromisos por parte de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.[91]

161. Uno de los pasos iniciales para la implementación del acuerdo de Governors Island era el diálogo político entre los representantes de los partidos políticos haitianos, a efectos de lograr un compromiso que facilitara la transición hacia la institucionalidad democrática. Dicho diálogo se inició el 13 de julio de 1993 en Nueva York y participaron en representación del Presidente Aristide los miembros de la Comisión Presidencial: Padre Antoine Adrien, los señores Fred Joseph, Jean Moliere, Chavanne Jean Baptiste, Wesner Emmanuel, Micha Gaillard y la Sra. Georgette Omero. Los partidos políticos que estuvieron representados fueron los siguientes: FNCD, PANPRA y Grupo Socialista, Alianza para la Cohesión Parlamentaria y el Bloque Constitucionalista. El Parlamento contó con la representación de los Presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores vinculados con los militares: Sr. Antoine Joseph y el Sr. Thomas Dupiton; los Presidentes constitucionales de la Cámara de Diputados, Sr. Alexandre Medard y de la Cámara de Senadores, Sr. Firmin Jean Louis.

162. El 16 de julio de 1993, después de intensas negociaciones, los representantes de las fuerzas políticas haitianas aprobaron el "Pacto de Nueva York"[92], mediante el cual se comprometieron a observar una tregua política de seis meses con la finalidad de garantizar un período de transición estable y pacífica. Entre los compromisos establecidos en dicho pacto figuran los siguientes: a) el hacer un llamado a las Fuerzas Armadas de Haití a respetar el Acuerdo de Governors Island; b) el de no obstaculizar los trabajos del Parlamento y con respecto a los parlamentarios electos en los controvertidos comicios del 18 de enero se convino en que se abstendrían voluntariamente de reunirse en el Parlamento hasta que se rindiera el veredicto de la institución constitucional que se designara para tratar el caso; c) a tomar las medidas necesarias para proteger el pleno respeto de los derechos humanos; d) a promover la reforma inmediata del sistema judicial; e) invitar al Presidente Aristide a designar el nuevo Primer Ministro y asegurar su ratificación lo más pronto posible; f) a votar bajo un procedimiento de urgencia las leyes relativas a la amnistía, la creación y el funcionamiento de la nueva fuerza de policía y la abolición de las fuerzas paramilitares.

163. Poco después de haber concluido el Pacto de Nueva York, el Presidente Aristide propuso el nombre del Sr. Robert Malval para el cargo de Primer Ministro. El Sr. Malval es un prominente hombre de negocios de 50 años, diplomado en ciencias políticas en Estados Unidos y Francia, y se le considera como un cercano consejero del Presidente Aristide. Durante la campaña electoral colaboró ampliamente y su vinculación con el sector privado de la economía le permitió organizar la "Cumbre Haitiana" que se celebró en Miami, del 22 al 23 de julio de 1993, mediante la cual se abrieron contactos con representantes del sector privado haitiano e inversionistas norteamericanos.

164. Después de siete semanas de haber sido suscrito el acuerdo de Governors Island y de numerosas discusiones sobre las condiciones establecidas en la Constitución de 1987 para el candidato a Primer Ministro, en particular su "origen haitiano", la Asamblea Nacional ratificó, el 25 de agosto de 1993, al Sr. Malval como Primer Ministro, quien inmediatamente presentó su declaración de política general ante ambas Cámaras, expresando su intención de permanecer en el cargo hasta el 15 de diciembre del mismo año, por razones esencialmente "personales y profesionales".

165. Casi simultáneamente a la ratificación del Primer Ministro por el Parlamento, la Organización de los Estados Americanos recomendó a sus Estados miembros el levantamiento de las sanciones impuestas el 8 de octubre de 1991 al Gobierno haitiano. Igualmente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó, el 27 de agosto, por unanimidad, la Resolución 841 que decreta la suspensión inmediata de las sanciones impuestas el 16 de junio de 1993, pero advirtió que las reimpondría si no se cumplía cabalmente con el acuerdo de Governors Island que prevé el retorno del Presidente Aristide. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó sobre la decisión de levantar la prohibición de entrada al país que había emitido en contra de 112 dirigentes y partidarios de quienes ejercen el poder en Haití.

166. El Sr. Malval viajó a Washington para prestar su juramento ante el Presidente Aristide, a quien el Gobierno de los Estados Unidos otorgó asilo político a principios de 1993. La ceremonia de investidura se celebró en la Embajada de Haití ante la Casa Blanca, el 30 de agosto de 1993. El mismo día, el Consejo Permanente de la OEA recibió en reunión extraordinaria al Primer Ministro Malval, quien expuso su compromiso de ayudar a restablecer la democracia en su país.

167. El Gabinete Ministerial del nuevo Gobierno quedó integrado por las siguientes personalidades:

Sra. Claudette Werleigh:            Asuntos Extranjeros y de Cultos
Sr. Hervé Denis:                       Información y Cultura
Sr. Berthony Berri:                    Asuntos Sociales
Sr. Louis Déjoie II:                    Comercio e Industria
General Jean Béliotte:                Defensa Nacional
Coronel René Prosper:                Interior
Sr. Jean-Marie Chérestal:           Planificación, Cooperación Externa y Función Pública
Sr. Agronome F. Severin:           Agricultura y Recursos Naturales y Desarrollo Rural
Sr. Guy-François Malary:            Justicia
Sr. Jean Moliere:                       Salud Pública y Población
Sr. Victor Benoit:                      Educación nacional, Juventud y Deportes
Sra. Marie-Michele Rey:             Finanzas y Asuntos Económicos
Sr. Rosemond Pradel:                 Trabajos Públicos, Transporte y Comunicaciones

168. Por otra parte, la Comisión Presidencial creada en julio de 1992 por el Presidente Aristide para llevar a cabo las negociaciones políticas fue disuelta el 31 de agosto, considerando que de acuerdo con la evolución de la situación política ésta no tenía razón de existir porque el Presidente Aristide contaba con el Primer Ministro.

169. En el campo de los derechos humanos en Haití, esos continuaron siendo violados sistemáticamente luego de la firma del Acuerdo de Governors Island. A pesar de las medidas tomadas por la comunidad internacional con respecto al levantamiento del embargo, la situación siguió degradándose y ésta se hizo crítica a partir del mes de septiembre de 1993. Los actos de violencia se dirigían a obstaculizar la instalación y funcionamiento del nuevo gobierno. Así el 8 de septiembre, el Alcalde Evans Paul reasumió su cargo en un ambiente de manifestaciones y amenazas de muerte. Al salir del Ayuntamiento el Ministro de Información, Hervé Denis y su guardaespalda fueron atacados y heridos por civiles armados ante la pasividad de los policías que se encontraban en el lugar. Los disturbios de ese día ocasionaron cinco muertes y quince personas heridas. Varios Ministros del nuevo Gobierno tuvieron que abandonar sus domicilios después de haber recibido amenazas de muerte. Algunos funcionarios recientemente nombrados no habían podido tomar control de sus oficinas. Inclusive, el Primer Ministro Malval atendía desde su residencia por motivos de seguridad. El recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos motivó la condena del Consejo Permanente de la OEA, mediante declaración del 8 de septiembre de 1993.

170. Al mismo tiempo que se producían esos disturbios, El Sr. Caputo llegó a Puerto Príncipe acompañado de 30 personas - que evaluarían la situación haitiana antes de que fuera enviada la misión técnica que profesionalizaría el Ejército y crearía una nueva policía separada de las Fuerzas Armadas- para iniciar una serie de reuniones con el Primer Ministro Malval y el General Cédras.

171. Una de las primeras decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno de Malval fue la suspensión de transmisiones de la radio y televisión estatales y prometió cambios profundos en todos los medios de comunicación gubernamentales, los cuales estaban siendo controlados por funcionarios leales de quienes detentan el poder en Haití. Esto provocó la ocupación de los locales de la Televisión y la Radio Nacional por hombres armados con el propósito de impedir que los nuevos directivos tomasen posesión de los medios públicos del Estado.

172. Dentro de esa ola represiva tuvo lugar el asesinato del Sr. Antoine Izméry, amigo personal del Presidente Aristide y fundador del Comité Manos Juntas para el Estallido de la Verdad (KOMEVEB), que apoyaba el retorno de la democracia a Haití. El asesinato del Sr. Izméry fue cometido por civiles armados conocidos con el nombre de "attachés", el 11 de septiembre de 1993. Asimismo en los barrios de Canapé Vert, Delmas, Musseau y Carrefour se cometieron decenas de asesinatos. El clima de terror provocado por esos ataques instauró de hecho un toque de queda que empezaba a funcionar al anochecer. Otro hecho que aumentó el temor en la población fue el retorno de varios duvalieristas que residían en la República Dominicana: los ex-generales Henry Namphy y Prosper Avril, así como el ex-alcalde de Puerto Príncipe, Franck Romain, quien había sido acusado de dirigir los grupos de choque que llevaron a cabo la matanza en la Iglesia de San Juan Bosco en 1988.

173. A mediados de septiembre, a solicitud del Presidente Aristide, el Parlamento se reunió para votar sobre las leyes de separación del Ejército y la policía, de materia presupuestaria, de desmantelamiento de los grupos armados y las referidas a las colectividades locales. Sin embargo, dicha reunión fue suspendida por falta de quorum. Esa institución se encuentra paralizada debido a las medidas dilatorias de los diputados que están a favor de los militares y a la falta de seguridad que existe para los legisladores que apoyan al Presidente Aristide.

174. Como consecuencia del endurecimiento de la posición de los militares, el Presidente Aristide señaló que él favorecía la restauración del embargo si no había una disminución de la violencia y de los abusos de los derechos humanos, de los cuales acusaba al General Raoul Cédras y a Michael François, Jefe de la Policía de Puerto Príncipe. Al mismo tiempo que instaba al pueblo haitiano a utilizar la estrategia de la no violencia para que la paz volviera a Haití, a pesar de los que se oponían a la democracia.

175. El 23 de septiembre el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobó, mediante la Resolución 867, el envío de una misión a Haití (MINUHA) de 1300 hombres, de los cuales 560 serían supervisores de policía y un componente militar de 700 hombres que incluiría una unidad de ingeniería de construcción y 60 instructores militares, en su mayoría procedentes de los Estados Unidos. Los Gobiernos de Canadá y Francia aportarían 100 soldados cada uno; asimismo, se propuso que otros países como Venezuela, Argelia, Austria, Madagascar, Rusia, Senegal y Túnez aportasen efectivos militares. La MINUHA sería dirigida por el Enviado Especial, Sr. Dante Caputo. Se previó también que el Comisario responsable de la policía civil de la Misión viajara a Haití el 25 de septiembre y un contingente de 50 policías llegase el 7 de octubre. Su misión de policía consistiría en ayudar al Gobierno haitiano a crear una nueva fuerza policial separada de las Fuerzas Armadas, tal y como lo establecía la Constitución y de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo de Governors Island.

176. En declaraciones ante la prensa, el General Raoul Cédras señaló, en referencia a la resolución 867 del Consejo de Seguridad, que no aceptaría el envío de una fuerza extranjera de intervención encubierta como asistencia técnica y acusó a la comunidad internacional de violar el acuerdo de Governors Island por imponer sanciones al mismo tiempo que descuidaba poner en marcha la ayuda prometida para el desarrollo económico del país, lo cual era necesario para crear el clima de apaciguamiento deseado.

177. Mediante comunicado de prensa del 24 de septiembre, la Comisión condenó la violencia perpretada por los grupos armados irregulares que operaban ante la pasividad del Ejército y la Policía, poniendo en manifiesto una clara contravención de los acuerdos alcanzados el mes de julio de 1993, en la Isla de Governors y el Pacto de Nueva York. En el mismo comunicado, la Comisión expresó su preocupación por las amenazas de que había sido objeto el Sr. Dante Caputo, las cuales se percibían como otro intento más por desestabilizar el proceso de negociaciones políticas de Haití. La Comisión hizo un llamado a las Fuerzas Armadas de Haití para que procedieran a desarmar y desmantelar los grupos civiles armados[93].

178. La situación se tornó más crítica aún durante las primeras dos semanas del mes de octubre, cuando grupos de civiles auxiliares de las Fuerzas Armadas tomaron los medios de comunicación en Puerto Príncipe para proferir amenazas contra la Misión de Naciones Unidas en Haití (MINUHA), pidiendo la expulsión del Enviado Especial, Sr. Dante Caputo y la dimisión del Primer Ministro Malval. La huelga convocada por el FRAPH, el 7 de octubre, sembró el terror entre la población haitiana que se vio obligada a abandonar sus actividades y las calles; numerosos vendedores en diferentes mercados de Puerto Príncipe fueron atacados por civiles armados, dejando un saldo de dos personas heridas y una muerta. Según observadores políticos, esta huelga fue calificada como un "paro armado" y un "toque de queda". Durante las manifestaciones del FRAPH fue evidente la ausencia de las patrullas militares e inclusive algunos testigos señalaron haber visto soldados junto a civiles armados cuando obligaban a la gente a abandonar las calles.

179. Dentro de ese mismo contexto de provocación tuvieron lugar, el 11 de octubre, las manifestaciones de violencia organizadas por el llamado Frente para el Avance y el Progreso Haitiano (FRAPH) y por otros grupos paramilitares dirigidas a impedir el desembarco de la misión de asistencia técnica para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el acceso al muelle de Puerto Príncipe de los observadores de la Misión OEA-ONU y de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Durante esas manifestaciones se cometieron actos de vandalismo en contra de periodistas, de los vehículos de diplomáticos, produciéndose disparos al aire para atemorizar a la población.

180. Dichas manifestaciones contaron con la protección y ayuda de la policía, que inclusive reorganizó las vías de tránsito con la evidente finalidad de facilitar el paso a los manifestantes. En consecuencia, el barco no pudo atracar y el Gobierno de los Estados Unidos ordenó su retiro de las aguas territoriales haitianas; igualmente, Canadá ordenó la retirada de un destacamento de 50 miembros de la policía montada que había llegado a Haití el 7 de octubre.

181. Posteriormente se produjo otro acto que agravó aún más la situación; el asesinato del Ministro de Justicia Guy-François Malary junto con dos de sus guardias y su chofer, cometido por grupos paramilitares. Este atentado tuvo lugar en la víspera de la esperada renuncia del Jefe del Ejército, la cual se preveía para el 15 de octubre.

182. Ante esos acontecimientos el Consejo Permanente de la OEA expresó su preocupación mediante la Resolución Nº 967/93 del 12 de octubre. Igualmente, la Comisión emitió un comunicado de prensa al terminar su 84o período de sesiones (del 5 al 15 de octubre de 1993), señalando que aunque la ejecución del Acuerdo de Governors Island y del Pacto de Nueva York estaba siendo amenazada por la violencia y la represión ejercida por las Fuerzas Armadas, ellos seguían vigentes para la comunidad internacional, la cual podía tomar las medidas necesarias contra esos grupos que obstaculizaban el restablecimiento pleno de la democracia y de las garantías individuales de la población[94].

183. Dos días después de que se impidiera la entrada a Puerto Príncipe del buque "Harlan County", el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la Resolución 873, del 13 de octubre de 1993, restableció el embargo petrolero y de armas contra Haití y congeló los haberes financieros en el extranjero de las autoridades militares haitianas, considerando que no se habían cumplido los compromisos contraidos para restaurar la democracia en ese país. Dicho embargo fue seguido por un bloqueo naval, autorizado por el Consejo de Seguridad, después de que el jefe del ejército haitiano, General Raoul Cédras se negara a renunciar. Mediante la resolución 875, del 16 de octubre, el Consejo de Seguridad exhortó a todos los Estados a que, en el ámbito nacional o por conducto de organismos o mecanismos regionales, y en cooperación con el gobierno legítimo de Haití, adopten las medidas proporcionadas a las circunstancias del caso y que sean necesarias para garantizar el estricto cumplimiento de las disposiciones 841 y 873 relativas al suministro de petróleo o productos de petróleo o de armas y material conexo de todo tipo y, en particular, para detener todo tráfico marítimo hacia Haití en tanto resulte necesario a fin de inspeccionar y verificar la carga y su destino.

184. En la misma resolución 875, el Consejo de Seguridad confirma su disposición de considerar la adopción de medidas complementarias que resulten necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de sus resoluciones. En la medianoche del lunes 18 de octubre las sanciones establecidas entraron en efecto. Seis naves de los Estados Unidos, junto con otros navíos de Cánada, Francia, Argentina, Gran Bretaña y Holanda patrullaban las aguas que rodean Haití impidiendo el acceso de los productos sancionados, a excepción de aquellos que constituyeran ayuda humanitaria. Tras el bloqueo naval, los observadores de la Misión Civil OEA-ONU fueron evacuados a la República Dominicana y el Gobierno dominicano dispuso una vigilancia a lo largo de su frontera con Haití.

185. Ante los acontecimientos, el General Raoul Cédras solicitó al Presidente Aristide que convocara al Parlamento haitiano para que ese aprobase, lo más rápido posible, una nueva ley de amnistía. Aristide había emitido, el 3 de octubre, un decreto de amnistía que comprendía las infracciones políticas cometidas desde el 29 de septiembre de 1991 al 3 de julio de 1993. Dicha amnistía no comprendía los delitos de derecho común, ni protegería de eventuales demandas judiciales civiles a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Haití durante los últimos 24 meses. El artículo 6 del Acuerdo de Governors Island dispone que, además de la amnistía presidencial, serían puestos en vigor los instrumentos que pudieran ser aprobados por el Parlamento sobre esa cuestión. Sin embargo, algunos observadores indicaron que durante las negociaciones de Governors Island se esperaba que Aristide, a pesar de las normas constitucionales, cooperaría para que el Parlamento haitiano otorgara una amnistía más amplia que incluyera los delitos comunes relacionados con motivos políticos.

186. Faltando una semana de la fecha prevista para su retorno, el Presidente Aristide enfrentaba no sólo la resistencia de los militares haitianos, sino también la oposición de algunos miembros del Congreso de los Estados Unidos, quienes se oponían a que Washington continuara ayudándolo. Sin embargo, tanto la administración del Presidente Clinton, así como el grupo de congresistas "Black Caucus" mantuvieron su apoyo al Presidente en exilio.

187. En la búsqueda de una solución que permitiera desbloquear la situación política, se formó un "Comité de crisis" compuesto por parlamentarios opuestos a Aristide, quienes propusieron que las Cámaras de Diputados y de Senadores se comprometieran a votar simultáneamente la ley de amnistía y la ley que crea y organiza las fuerzas de la policía nacional. Sin embargo, esta proposición no llegó a adoptarse dado que la mayoría de los parlamentarios que apoyaban a Aristide habían huido del país o se encontraban escondidos por temor a que se atentara contra sus vidas. Así en las tres ocasiones que se convocó a las Cámaras, éstas no pudieron reunirse por no alcanzar el quórum necesario.

188. El 27 de octubre se anunció la presentida postergación del retorno del Presidente Aristide a Haití. Ese mismo día, el Secretario General de la ONU indicó que el Primer Ministro Malval debía permanecer en su cargo, aunque el Presidente Aristide no regresara el 30 de octubre, tal y como lo estipulaba el Acuerdo de Governors Island.

189. Ante la imposibilidad de lograr el retorno a Haití del Presidente Aristide en la fecha estipulada, dada la absoluta falta de cooperación de los militares, el Primer Ministro Robert Malval viajó el 1º de diciembre a Washington para anunciar al Presidente Aristide su decisión de dimitir el 15 de diciembre. Posteriormente se informó que permanecería en el cargo hasta que se designara su substituto conforme a lo establecido en la Constitución haitiana. Malval anunció también la conveniencia de realizar una conferencia de reconciliación nacional en Haití, en donde podrían participar los representantes de todos los sectores políticos, cívicos y económicos del país. Sin embargo, dicha conferencia no se llevó a cabo, dado que el Presidente Aristide prefería que cualquier discusión se iniciara tomando como punto de partida el Acuerdo de Governors Island.

190. Ante el bloqueo de la situación política, los representantes de los cuatro "países amigos" de Haití: Francia, Estados Unidos, Cánada y Venezuela se reunieron en París, el 13 de diciembre, para analizar la forma de solucionar la crisis haitiana. Al cabo de esa reunión decidieron enviar una misión militar de alto rango a Haití para hablar con los militares haitianos, quienes se rehusaron a recibirla. Ante tal negativa, la delegación advirtió que el embargo militar y petrolero podría transformarse en un embargo total, si para el 15 de enero de 1994 no habían tomado medidas para ejecutar lo establecido en el Acuerdo de Governors Island.

191. Lejos de mejorar la situación, a fines de diciembre de 1993 ocurrió un nuevo acto de violencia que dejó sin hogares a cientos de haitianos. Más de 200 viviendas fueron quemadas en el barrio de Cité Soleil, provocando varias muertes y heridos de bala. El incidente fue atribuído a los miembros del FRAPH, quienes pretendieron vengar la muerte de Issa Paul, miembro de su partido y cuyo cuerpo se encontró calcinado con anterioridad al hecho.

192. Durante la primera sesión de la Asamblea Nacional, el 10 de enero de 1994, parlamentarios partidarios y opositores del depuesto Presidente Aristide se agredieron físicamente como consecuencia de la discusión de no permitir la participación de 13 senadores que habían sido elegidos en los impugnados comicios del 18 de enero de 1993. Ante el caos surgido, la mayoría de los legisladores optaron por abandonar la sala. El incidente representó un franco repudio al Pacto de Nueva York de parte de los parlamentarios elegidos en las controvertidas elecciones.

193. Del 14 al 16 de enero de 1994, una delegación de la CIDH asistió a la Conferencia de Miami, organizada por el Presidente Aristide para tratar en principio el problema de los refugiados haitianos (boat-people) y ampliada más tarde con el tema del retorno a la democracia en Haití. La conferencia culminó con un llamado del depuesto Presidente Aristide a la unidad del pueblo haitiano y una recomendación para que se iniciaran los trámites para el nombramiento de un nuevo Primer Ministro y un gobierno de concordia.

[84] Ver Resolución CP/RES. 555 (842/91).

[85] Para una descripción de los Jefes de Sección vea infra, pp. 69 y 71.

[86] Una Delegación de la CIDH efectuó una visita a Santo Domingo, con la finalidad de observar la situación de los trabajadores haitianos que estaban siendo expulsados del país y preparó un informe a ese respecto. Doc. OEA/Ser. L/V/11.81, doc. 6, rev. 1, del 14 de febrero de 1992, pp. 269-295.

[87] Ver Resoluciones 567 (870/91), y AG/RES. 1080 (XXI-0/91).

[88] Ver Informe Anual de la CIDH 1992, doc. OEA/Ser. L/V/11.81, doc. 6, rev. 1, del 14 de febrero de 1992, p. 364.

[89] Res. OEA/Ser.G, CP/RES. 572 (882/91).

[90] Ver Informe Anual de la CIDH de 1991, OEA/Ser.L.V-II.81, doc. 6, rev. 1, del 14 de febrero de 1992, pp. 225-247.

[91] Ver anexos, pp. 167-169.

[92] Ver anexos, pp. 170-173.

[93] Ver anexo, pp. 155-156.

[94] Ver anexo, pp. 153-154.