- Denuncia de medidas excepcionales tomadas por el Gobierno en ocasión de la última tentativa (sic) de insurrección en Haití. 

         a) detención de los rebeldes

         b) detención de individuos sospechosos

         - Apelación a la justicia imparcial en favor

         a) de los culpables

         b) de los sospechosos, con beneficio de la ayuda judicial.

         Debo recordar que no podrían ser objeto de denuncia – en ningún momento ni circunstancias – las medidas excepcionales tomadas por el Gobierno para salvaguardar la soberanía nacional, la integridad territorial y la seguridad de los bienes y de las personas.

         Los actos de bandolerismo internacional perpetrados en el territorio nacional el 20 de mayo último constituyeron no sólo un atentado a estos derechos fundamentales sino que están lejos de compararse a una “tentativa de insurrección”, ya que se puede medir la importancia de una organización que con la complicidad o la tolerancia de poderes extranjeros ha llegado a ejecutar un verdadero plan de invasión, gracias al suministro de armas, municiones, material de campaña y bombarderos.

         Se trata en realidad de una tentativa de invasión del territorio haitiano por grupos de mercenarios pagados por la famosa “coalición haitiana internacional” mencionada por su Excelencia en varias de sus comunicaciones anteriores, que abrigaban la esperanza quimérica de que su acción temeraria encontrara resonancia favorable entre el pueblo haitiano.

         Esta tentativa de invasión iba por otra parte acompañada de un atentado a la vida del Jefe del Estado y de su familia y de asesinatos de autoridades haitianas, civiles indefensos en las calles de Puerto Príncipe y de Cabo Haitiano y campesinos culpables de no haber abrazado una causa criminal...

         ¿Cómo se debe calificar el comportamiento inhumano de los responsables de tales actos de barbarie?

         ¿Ante qué instancia internacional deberá llevarlos el Gobierno haitiano y qué comisión interamericana de juristas condenará públicamente estos crímenes horribles o exigirá que sus autores no los cometan?

         La queja del Gobierno de Haití ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en vista de una situación peligrosa capaz de amenazar la paz y la seguridad internacionales; el extenso informe de hechos acompañados del enorme inventario de los materiales de guerra; el interés, en tiempo oportuno, de la prensa mundial en los objetivos de estos actos de piratería, no sirven sino para caracterizar los actos que la “denuncia” define tan impropiamente y demasiado ingenuamente “tentativa de insurrección” y cuyo éxito era tan deseable al autor que no habría encontrado materia alguna de denuncia en los daños materiales y en el cortejo de víctimas inocentes de los bombardeos de Puerto Príncipe y de la ciudad del Cabo, actos todos catalogados como “crímenes de genocidio”.

         Cabe preguntarse ahora sobre las medidas excepcionales prescritas en tales circunstancias para evitar esas tentativas cuya repetición – alentadas por la lección del fracaso se revela más destructiva.

         Entre las medidas que se registran en el derecho a la defensa y protección de la vida de toda una población, consagradas a las obras constructivas de paz, está en primer lugar la detención de los rebeldes y sospechosos.

         Y todavía convendría rectificar el término y expresarlo como “la captura de los rebeldes”, pues éstos, cuyo papel y decisión no se niegan en la “denuncia”, al desembarcar en el aeropuerto de la ciudad del Cabo se desplegaron en líneas de batalla e hicieron algunas víctimas; disuadidos de sus primeros propósitos, se atrincheraron en los campos vecinos donde sembraron la desolación y la muerte y viéndose enfrentados por las fuerzas gubernamentales, emprendieron en verdaderas guerrillas cuyo propósito y resultados no son cosas que pueden escaparse a la seria atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los demás órganos de la OEA.

         De manera que estos “REBELDES” (como adquiere un tono particular la traducción “REBELDE” en la terminología española de la América Latina), fueron forzados a entregarse, capturados y llevados con escolta a la capital, donde después de algunos días fueron sometidos a juicio ante un tribunal militar, cuyas audiencias han dado pábulo a la crónica nacional e internacional.

         Hechos de esta envergadura traen infaliblemente su secuela de complicidad, colaboración y clandestinidad.  Este es el caso que atañe a los sospechosos.

         ¿Cómo se puede permitir que éstos, a menos que no se les señale como tales, continúen disfrutando serenamente de su fácil libertad que les depara la oportunidad y la iniciativa de preparar nuevos actos de piratería?

         El Gobierno haitiano no cumpliría con su papel civilizador, su función, sus deberes ni con sus obligaciones respecto de la nación y pueblo haitianos si, imbuido de sus responsabilidades, no recurre a las medidas excepcionales que prescribe la ley y exigen las circunstancias.

         Parece que el procedimiento de encuesta o los métodos de investigación que esclarecen la trama de esta invasión serían muy injustamente estériles, o que el testimonio de los rebeldes no llevaría en sí la revelación de ciertas circunstancias, o no evocarían ciertas conexiones de hechos en los que precisamente se encuentran inmiscuidos los sospechosos cuya detención permanece como una de las condiciones de garantía de la verdad.

         Que la “denuncia” quiera reprochar al Gobierno “la detención de numerosos individuos sospechosos de tibieza para con el régimen así como de parientes y amigos de los miembros de la oposición que viven en el extranjero sin cargo legal alguno”; esta denuncia se complace en una apreciación puramente subjetiva descartando a priori todo cargo legal, apreciación poco apta para satisfacer una encuesta y menos aún una justicia imparcial.

         Los aludidos parientes y amigos, por cuanto su abnegación, participación y adhesión a los actos de los miembros de la oposición que se hallan en el extranjero podrían hacerlos sospechosos, no han sido todos objeto de las medidas excepcionales.

         Si el Gobierno haitiano ha procedido a la aprehensión de algunos, lo ha hecho por necesidad de investigación y para obtener elementos materiales e intencionales necesarios para establecer la verdad.

         Efectivamente todas esas personas, cuya participación directa o indirecta en los actos de piratería del 20 de mayo de 1968 no se ha evidenciado por los hechos ni por la declaración de los cautivos o testigos, han sido excarcelados y gozan de plena libertad.  Aunque su detención provisional podía prolongarse en beneficio de la instancia, el Presidente Vitalicio los ha favorecido haciendo uso de un derecho de clemencia.

         ¿Cómo se puede en estas condiciones denunciar la justicia haitiana, en un momento en que el tribunal militar por su propio prestigio se empeña en agotar todas las vías del procedimiento?

         ¿Para no ser imparcial, debía esta justicia dictar su veredicto en base de empirismo o capricho, como si se tratara de un desenlace previsto en las obras de ficción de los dramaturgos o novelistas modernos?

         ¿Para no ser imparcial, debía esta justicia atropellar todo criterio, renunciar a la interpretación de los hechos, destruir el principio fundamental de toda justicia “nulla poena sine lege” y juzgar de la misma manera a rebeldes y sospechosos, autores y cómplices, culpables y no culpables?

         ¿No puede ser imparcial sino con “la sola presencia de instituciones autorizadas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas?

         A este respecto el Gobierno haitiano cree útil rechazar esta denuncia por considerarla atentatoria contra las instituciones nacionales, cuyo papel y función tienden a garantizar los derechos soberanos de la nación haitiana y los de sus ciudadanos.

         El Gobierno haitiano quedará, además, agradecido de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga saber a su autor la inaceptabilidad de su denuncia.

         Aprovecho la oportunidad, Señor Presidente de la Comisión, para reiterarle las seguridades de mi alta consideración.

         René Chalmers

         Secretario de Estado de Asuntos Exteriores

             de la República de Haití

II. Derecho a la nacionalidad; derecho de propiedad

          A. Articulado de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre24

Artículo XIX.  Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela.

Artículo XXIII.  Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.