CAPITULO IV

  DERECHO A LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL 

     En sus informes anteriores sobre los derechos humanos en Guatemala, la Comisión evidenció la permanente y en ciertos años masiva violación al derecho a la vida que se vivía en Guatemala.  Pese a la voluntad expresada por las autoridades de la administración del Presidente Serrano, y sus varias iniciativas y acciones para defenderla, lamentablemente las violaciones continúan si bien su número tiende a decrecer  .  No sólo agentes del Estado son responsables de muertes, amenazas y ataques a la integridad personal, sino que --y nuevamente pese al excepcional coraje y tenacidad de algunas autoridades y magistrados-- el sistema estatal de justicia y garantías ofrece sólo mínima satisfacción a la inseguridad existente.  

     Quiere expresamente hacer notar la Comisión que la acción agresiva de los grupos armados irregulares (en total unos 900 a 1000 guerrilleros)[47] que todavía actúan en algunas alejadas regiones del país[48] tampoco contribuyen a la obtención de la paz, y que más aún la actividad guerrillera remanente es usada como excusa por agentes del Estado que siguen llevando adelante prácticas violatorias de los derechos humanos escudándose en las necesidades de la confrontación. 

     Entiende sin embargo la Comisión a partir del análisis de la información en su poder y de las entrevistas realizadas, que la mayoría de las violaciones al derecho a la vida e integridad personal, no corresponden a consecuencia del enfrentamiento armado tradicional con grupos irregulares sino que emanan de otras no por eso menos preocupantes, formas de represión y violencia. 

     Dichas pautas de violación podrían sintetizarse en dos grandes grupos:  uno, el de las muertes y ataques personales que surgen de la acción ilegal de las patrullas de autodefensa (hoy llamadas Comités Voluntarios de Autodefensa Civil); [49] y otro de los ataques sistemáticos a líderes y activistas de asociaciones campesinas, sindicales, universitarias,  periodistas, y defensores de los derechos humanos, es decir, de grupos que por su propia naturaleza son independientes y críticos de muchas de las acciones gubernamentales. 

     Con respecto a esta segunda categoría, ha comprobado la Comisión y surge de la lectura de este informe, que contra cada uno de esos sectores existen campañas sistemáticas de amenazas, ataques, muerte de líderes y activistas, y hostigamiento en general, con el objetivo evidente de mantener un clima de temor y de auto-represión.  En muchos de esos casos la autoría es oculta aunque posible de inferir; en otras es abiertamente efectuada por agentes del Estado.  En muchos de estos últimos las autoridades, junto con las acusadores privados, han llevado adelante investigaciones y procesos, aunque los resultados son aún mínimos. Los casos en que se han logrado sentencias condenatorias de agentes de seguridad resaltan tanto por el coraje y persistencia de los magistrados, como por la excepción que significan  frente al número de violaciones impunes. 

     VIGENCIA DE ESTOS DERECHOS DURANTE 1992 

     Según el Informe del Procurador de los Derechos Humanos para 1992, publicado al iniciarse 1993 (en adelante el Informe del Procurador, 1992)[50] la denuncia de ejecuciones extrajudiciales se ha reducido con relación a 1991, aunque como bien dice el Lic. Ramiro de León Carpio. 

     los Derechos Humanos se respetan o no se respetan, y en el caso del derecho a la vida, con especial razón no pueden permitirse relativismos.  Es evidente que el problema continúa latente, a diferencia de que actualmente la muerte extrajudicial ya no se realiza en forma institucionalizada por determinados sectores, pero sí de manera selectiva, especialmente contra líderes de sectores representativos de la  población. 

     En 1992 se recibieron 387 denuncias de supuestas ejecuciones extrajudiciales, es decir 30% menos que en 1991.  De ellas 318 se reportan aún en proceso de investigación.  De las 69 ya analizadas y tipificadas, 48 ( o sea el 70%) fueron declaradas muertes extrajudiciales, de las cuales tres de cada cuatro como responsabilidad de agentes del Estado y el restante 25% responsabilidad de los grupos subversivos.[51]  Veintiuna fueron desestimadas por no tipificarse como muertes extrajudiciales. 

     Si esa proporción se mantiene para las que aún están siendo investigadas, la proyección mostraría que alrededor de doscientas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1992 serían atribuibles a agentes del Estado.[52] 

     En cuanto a desapariciones forzadas, el Informe del Procurador 1992 indica 99 denuncias, veintisiete de cuyas supuestas víctimas aparecieron, seis de ellas muertas y 21 vivas.  De las diez investigadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre las que se estableció responsabilidad cuatro eran atribuidas a agentes del Estado y seis a los grupos subversivos.[53] 

     Es interesante comparar estas cifras de desapariciones con las provistas a la Comisión por la Policía Nacional para 1991.  Ellas indican 1343 denuncias, 61% en la capital y el resto en los departamentos.  La Policía considera resueltos 1183 casos (el 88%) del total, en los cuales 70 personas aparecieron muertas y 1113 vivas.  Remarca la Comisión que las estadísticas policiales no indican las presuntas razones ni responsables de la "desaparición" sea en el caso de los aparecidos vivos ni de los muertos.[54] 

     El Procurador informa además para 1992, 175 denuncias sobre amenazas de muerte (las O.N.G. señalan 200 casos) y 149 de abusos de autoridad. 

     Señala el Lic. de León Carpio en su Informe que intervienen en la falta de respeto a la persona dos factores:  el conflicto armado interno y la violencia común.  Con respecto a esta última remarca: 

     Es evidente que las causas de esta violencia común tienen raíces socioeconómicas y que el control de la misma es una responsabilidad del Estado como garante de la seguridad ciudadana, pero las autoridades encargadas de dar seguridad a la población, no sólo han mostrado incapacidad para ejercer el debido control sobre la violencia común, sino que en muchos casos a través de las actitudes de las fuerzas de seguridad bajo su mando, lo que han dado a la población es mayor inseguridad. 

     Remarca la Comisión que de la lectura de los capítulos de este Informe, de su propios contactos durante la visita in loco  y de la documentación recogida, se confirma la afirmación del Procurador.  La Comisión presenta en distintos capítulos de este Informe casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, amenazas a la vida, y torturas que en muchos de los casos son atribuibles a agentes del Estado.  Tal como se indica en el capítulo de Medios de Protección, aún cuando se han logrado durante la Administración del Presidente Serrano llevar a proceso y condenar a algunos de los responsables, aún la norma sigue siendo la impunidad en casos en que están involucrados agentes del Estado. 

     VIOLACIONES CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

     La Asamblea General de la OEA ha reafirmado en diversas oportunidades la importancia que asigna al respeto y protección debida a los defensores de los derechos humanos por parte de los Estados.[55] 

     En Guatemala cientos de personas en su vida cotidiana y actividades normales tienen que salir y efectivamente salen en defensa de los derechos humanos, sean los propios, sean los de su grupo.  Muchos de ellos, incluyendo muchas autoridades del Estado, hacen de esa defensa una cruzada personal a riesgo de sus vidas.  La Comisión recibe en forma constante información sobre amenazas o violaciones contra muchos de ellos en Guatemala y ha puesto especial atención a su situación.  Durante los años 1991 y 1992, por lo menos cinco activistas de derechos humanos han sido asesinados. 

     Muchas de estas violaciones o atentados están documentadas en distintos capítulos de este informe.[56]  Allí se cubren acciones contra líderes sindicales, universitarios, periodistas y defensores de los" niños de la calle" asesinados, atacados, hostigados y amenazados. 

     Los casos que se mencionan a continuación de violaciones contra la vida e integridad de defensores de derechos humanos ejemplifican la seriedad de la situación.  En todos ellos la Comisión ha intervenido de acuerdo a sus atribuciones y mantiene una fluida comunicación con el Gobierno al respecto.  El señalamiento de casos no implica por parte de la Comisión un pronunciamiento definitivo sobre los casos individuales, sino que ilustran esta situación en base a datos que son del dominio público. 

     -   El 11 y 12 de noviembre de 1992, unos días después de la visita in loco practicada por la CIDH, el Presidente Jorge Serrano y el Ministro de Defensa Gral. García Samayoa hicieron serias acusaciones contra RONALD IVAN OCHAETA ARGUETA, Presidente de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, contra AMILCAR MENDEZ URIZAR, Presidente del Consejo de Comunidades Etnicas "Runujel Junam" (CERJ) y contra FACTOR MENDEZ ANTONELLI, Director del Centro de Investigación, Estudio y Promoción de los Derechos Humanos (CIEPRODH).  En dichas acusaciones las autoridades sostuvieron "que ellos eran instrumentos claros de grupos subversivos" y que su trabajo "responde definitivamente a una estrategia que la insurgencia ha sugerido por largo tiempo".  El abogado Ochaeta Argueta, del Arzobispado, fue acusado por el Presidente de "obstrucción de justicia". 

     -   El señor AMILCAR MENDEZ fue procesado por supuestas actividades de apoyo guerrillero y fue emitida una orden de arresto contra él.  A su retorno de un viaje a los EE.UU. su arresto fue evitado gracias a la intervención de personalidades que lo acompañaban y miembros del cuerpo diplomático.  Luego de su presentación voluntaria al Juez y de varias horas de interrogatorio, fue dejado en libertad bajo caución juratoria.  Dicha decisión fue apelada por el Procurador General Edgar Tuna V., y siete nuevas acusaciones fueron introducidas contra él.  El caso del Sr. Méndez atrajo atención internacional ya que su organización había sido objeto de ataques en el pasado, y él mismo había sido amenazado y atacado en varias oportunidades, así como colegas suyos en la dirección del CERJ habían sido asesinados el año 1991, muertes por las que fueron procesados Jefes de las Patrullas Civiles.[57]  Dentro de ese clima amenazante, altas autoridades guatemaltecas habían criticado severamente que el señor Méndez concurriera a un seminario sobre la situación guatemalteca realizado en los Estados Unidos. 

     La Comisión ha sido informada que la campaña contra el CERJ continúa.  El portavoz del Ejército Yon Rivera señaló públicamente el 11 de enero que el CERJ ("Runujel Junam") trataba de desacreditar al Ejército al informar sobre el rechazo de campesinos a unirse a las patrullas voluntarias de autodefensa; sobre el particular 150 campesinos se presentaron ante el Gobernador del Quiché para sostener que no deseaban participar en las CVACs, y que por ello el Ejército los hostigaba.  Al mismo tiempo el Departamento de Información del Ejército (DIDE) informó que 27 comunidades cerca de Villa de Santo Tomás, en Chichicastenango, Quiché, habían organizado CVACs, señalando que se unieron "para disminuir en la práctica el trabajo político que los grupos de presión continúan contra el Ejército". 

     -   El 22 de noviembre de 1992, agentes de seguridad irrumpieron sin orden judicial en el local de CONAVIGUA (Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala) y confiscaron documentos relativos a denuncias por violaciones a los derechos humanos, inclusive de reclutamiento militar ilegal de jóvenes Maya-Quiché. 

     -     Durante los meses de octubre y principios de noviembre de 1992, el Ejército llevó a cabo un censo en doce pueblos Maya-Quichés de Totonicapan y dos de Chimaltenango para identificar a quienes simpatizaban con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, amenazando y hostigando posteriormente a los mismos. 

     -   El 31 de octubre de 1992  un guardián del Procurador Asistente de Derechos Humanos, el policía de Hacienda BENJAMIN GUZMAN HERNANDEZ, fue asesinado a tiros, así como dos guardias del Procurador General fueron heridos en un ataque en la Zona 1a. de la Capital.  El ataque ocurrió al día siguiente de que el Procurador señalara que el secuestro de Maritza Urrutia y la muerte de Myrna Mack estaban motivados políticamente, lo cual fue severamente rechazado públicamente por autoridades gubernamentales. 

     -   Los miembros del Grupo Apoyo Mutuo (GAM)  TERESA GUTIERREZ, MARIA TOJ, BACILIO CASTRO, MANUEL SIMAJ Y MACARIO MORENTE fueron amenazados de muerte en octubre de 1992 por Jefes de Patrullas de Defensa.  Amenazas similares fueron cumplidas en el pasado.  

   -     El 9 de octubre desconocidos rodearon y trataron de penetrar por la violencia en la sede central de CONAVIGUA, mientras se encontraba allí Rigoberta Menchú en una reunión. 

     -   El 12 de octubre a las 7:50 p.m. estalló una bomba en el local del GAM en la Ciudad de Guatemala, ocasionando heridas a JUANA CONTRERAS, de la Dirección del mismo y daños materiales.  Varios hombres armados visitaron el local poco antes y amenazaron a los ocupantes. 

     -   El 19 de octubre dos jóvenes líderes de la Coordinadora Maya Majaquil Q'Ij ("Nuevo Amanecer") CRISTINA y MATEA PAR, fueron atacadas en la vía pública y despojadas de sus ropas por desconocidos armados, quienes las increparon por su apoyo a Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. 

     -   El 31 de junio de 1992 se atentó criminalmente contra la integridad física del LIC. JOSÉ EDUARDO PINEDA VALENZUELA, jefe del Departamento de la Procuraduría de Derechos Humanos. 

     -   El 27 de diciembre explotó una bomba arrojada contra la oficina del Procurador de los Derechos Humanos en Chimaltenango. 

     -   El 10 de febrero de 1993 hombres armados, luego de atrapar a una empleada de AVANCSO, le manifestaron que de continuar Helen Mack, hermana de Myrna Mack, concurriendo a AVANCSO, asesinarían a la Directora de esa Organización.  Ambas han estado activas en llevar adelante la acusación judicial contra Jesús de Beteta, condenado posteriormente por dicho asesinato. 

     Continuaron durante este período los atentados y amenazas contra los miembros y educadores de "Casa Alianza" guardianes y defensores de los derechos humanos de los "niños de la calle", como se presenta en el Capítulo X. 

      Preocupa seriamente a la Comisión esta evidente campaña contra la vida e integridad de los defensores de los derechos humanos, algunos de ellos personalidades del Gobierno, que se ejemplifican anteriormente con casos en estos últimos meses, campaña cuya capacidad de atemorización se magnifica por las expresiones críticas a la defensa de los derechos humanos por parte de autoridades civiles y militares del Poder Ejecutivo. 

      Si existe una polarización válida en la Guatemala de hoy, es entre los que violan los derechos humanos y mantienen la impunidad de los violadores, y todos aquellos que luchan siempre con riesgo personal por su plena vigencia, así como por el castigo de los responsables.  Como se expresó anteriormente, la Comisión ve con satisfacción que más autoridades y agentes del Estado se ubican responsablemente en la segunda categoría.  Sin embargo, las ambivalencias, ocultamientos, debilidades y aún duplicidades y complicidades de muchos otros subsisten, imposibilitando la consecución de la paz general y las condiciones para el desarrollo de los ciudadanos y del país. 

     CEMENTERIOS CLANDESTINOS 

     Datos de distintas fuentes señalan que en el período 1960 a 1991, unos 45.000 guatemaltecos han "desaparecido" y otros 100.000 han sido muertos por fuerzas de seguridad o patrullas civiles.  Estos datos son aproximados y la Comisión no posee elementos para estimar su precisión.  Sin embargo, cifras oficiales reconocen la existencia en 1992 de aproximadamente 45.000 viudas y 150.000 huérfanos por hechos de la violencia, atribuibles a las fuerzas de seguridad y a acciones de grupos armados irregulares o "guerrilla".  Existe acuerdo de los distintos sectores en que un gran número de desaparecidos fueron muertos y sepultados ilegalmente. 

     La Comisión ha recibido distintas denuncias e información que ejemplifica estos casos y los presenta en su dimensión humana y no ya estadística:  En 1992 testimonios de vecinas de San José Pachoj  señalaron que en el amanecer del 14 de febrero de 1982 (hacía 10 años) una banda de patrulleros civiles se llevó a una docena de hombres acusándolos de simpatizar con la guerrilla, los ejecutaron y los tiraron en fosas comunes en un barranco.  Un vecino, ex-miembro de las patrullas, presente en la exhumación judicial realizada en 1992, confirmó su participación en el asesinato.  En el área de ese poblado, fuentes fidedignas para la Comisión señalan la existencia de decenas de  fosas comunes. 

     Especial mención merece para la Comisión la tarea del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), y del equipo que está entrenando en Guatemala al Equipo de Antropología Forense (EAFG).  Este equipo[58] ya está operando y es responsable de las exhumaciones en San José Pachoj, realizadas a solicitud y bajo supervisión del Juez de Paz local.  Desde el inicio de sus tareas en agosto de 1992, el EAFG ha realizado exhumaciones en dos lugares en el Departamento del Quiché, uno en San José Pachoj Lemoa, donde excavaron dos fosas y encontraron 12 restos, y el otro en Tunajá donde encontraron 19 restos en cinco fosas.Algunos de los cuerpos tienen incrustados cartuchos del tipo de los utilizados por las fuerzas militares que son distintos a los que usan las patrullas civiles[59] El GAM ha señalado que ha identificado 200 lugares donde existen cementerios clandestinos, y en cada lugar suele haber varias fosas comunes. 

     La Comisión debe mencionar con satisfacción que las autoridades del Quiché, incluyendo la Justicia de Paz y la Oficina de Medicina Forense de ese Departamento, han solicitado la colaboración del EAFG y apoyado su trabajo dentro del cumplimiento de sus funciones legales. 

     Dada la importancia de la tarea, la Comisión considera relevante que: 

     -   el mismo apoyo que otorgan las autoridades locales del Quiché a los antropólogos forenses, sea otorgado por las autoridades de los otros departamentos de Guatemala y por sus autoridades nacionales; 

     -   que les sea otorgado permiso para el traslado de los restos a la capital para su análisis en el laboratorio del EAFG, lo que simplificaría el trabajo. 

     -   las autoridades y funcionarios deben abstenerse de hacer declaraciones intimidatorias o que presionen negativamente este delicado trabajo, cuyo propósito es establecer la verdad sobre distintos aspectos de la violencia que azotó al país en años pasados, verdad sin la cual ninguna reconciliación es posible.

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