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CAPITULO III LA POBLACION GUATEMALTECA
MAYA-QUICHE[30] Y SUS DERECHOS HUMANOS
El Presidente Serrano en la inauguración de la Cumbre de Presidentes en
Guadalajara, México, julio de 1991, sostuvo: Represento
a la cuna de la cultura Maya-Quiché ...
represento al país más indiano de América, 60% de nuestra población, que es
de casi 10 millones de personas desciende de esa civilización milenaria, y el
resto somos el producto del mestizaje, del flujo y reflujo de dos culturas que
se entrelazaron y que se proyectan al mundo de manera singular.
Un país donde la violencia no pudo avasallar la dignidad del aborigen.
Su cultura aún subsiste con todo vigor, preservando sus valores, su
lengua y sus costumbres, imprimiéndole a la sociedad entera el digno sello
particular del pueblo Maya-Quiché.[31]
El Embajador Bernardo Neumann, Presidente de la Comisión Presidencial
COPREDEH, sostuvo que: ...
estamos conscientes de la urgente necesidad de tomar todo tipo de acciones y
medidas que permitan preservar sus culturas milenarias, garantizar el respeto a
sus tradiciones y costumbres, y hacerlos partícipes de los beneficios del
progreso social, sin discriminaciones ni prejuicios.
Los pueblos indígenas del mundo han sido secularmente marginados y
olvidados en sus justas aspiraciones... [32]
La lectura del capítulo sobre los derechos económico-sociales de este
informe ejemplifica en profundidad las condiciones de vida de la población de
menores ingresos de Guatemala, constituida masivamente por la población
guatemalteca Maya-Quiché. Cuando
se indica que 77% de la población está debajo de la línea de pobreza, ello
implica que la casi totalidad de los guatemaltecos Maya-Quiché están en esa
situación, y lo mismo cabe decir respecto a su situación de servicios de
educación, salud, analfabetismo, servicios sanitarios, empleo, situación de la
mujer y de los niños.
Según datos oficiales[33] la
población guatemalteca Maya-Quiché se estimó en 1990 en 4.4 millones de
personas, equivalente al 48% de la población total. Cerca de 3 millones de habitantes se comunican dentro de su
respectivo grupo poblacional hablando 29% en Quiché, 25% en Kakchiquel, el 14%
en kekchi, el 8% en Mam, y el restante 24% está representado por comunidades
que utilizan lenguas como el Pocomchi, Pocomam, Tzutuhil, Chortí, Canjobal,
Aguateco y Maya entre otras.
En seis departamentos de Guatemala, nueve de cada diez habitantes no
habla español (80% al 95% de la población es Monolingue-Maya en los
departamentos de Alta Verapaz,
Solola, Totonicapan, San Marcos, Quiché y Huehuetenango).
Estas regiones se caracterizan al igual que otras donde la población es
predominantemente Maya-Quiché, por su escasa infraestructura socioeconómica y
mínima prestación por el Estado de servicios básicos para la población.[34]
Voceros gubernamentales han señalado que[35] es
innegable que entre la población indígena hay grandes grupos que viven en la
pobreza y abandono y que han sido históricamente objeto de explotación económica.
Igualmente, esos grupos han estado conspicuamente ausentes de posiciones
de liderazgo y de los beneficios del proceso de desarrollo.[36]
LA CONSTITUCIÓN Y LAS POBLACIONES ETNICAS EN GUATEMALA
La Constitución actual en vigencia desde 1986 define en su Art. 66: Guatemala
está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas
de ascendencia maya. El Estado
reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas
de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres,
idiomas y dialectos".
Con respecto a su identidad cultural dice el Art. 58: Se
reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural
de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres".
Sin embargo muchas acciones del Estado guatemalteco reflejan aún un
estereotipo discriminatorio cultural, entre ellas el sistema educativo en donde
la historia, la nomenclatura geográfica, el idioma de enseñanza, y aún los
valores éticos desprecian o ignoran los utilizados por la mayoría de la
población, socavando su integridad cultural y su derecho a la dignidad.
El presidente Serrano anunció al respecto, en enero de 1993, que se había
terminado el mapa sociolingüístico para reforzar la educación bilingüe con
programas ambiciosos que empezarían este año.
LA DISCRIMINACIÓN Y LA POBLACIÓN GUATEMALTECA MAYA-QUICHE
El Pacto de San José señala que todos los ciudadanos deben gozar de los
derechos políticos y oportunidades en condiciones generales de igualdad y el
Estado debe respetarlos y garantizar su libre y pleno ejercicio sin *discriminación
alguna[37]37].
La realidad --que el Gobierno reconoce explícitamente-- muestra que los
indígenas de Guatemala no pueden ejercer los mismos derechos ni tienen las
mismas oportunidades que la población ladina o de origen europeo.
En la Asamblea Legislativa de Guatemala los representantes indígenas son
poco más de un cinco por ciento del total y la proporción es prácticamente
nula, en los cargos de decisión del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, y de
los entes descentralizados del Estado.
Quienes retienen características identificatorias Mayas --lenguaje,
formas comunitarias, vestido, prácticas religiosas-- están no solamente excluídos
de posiciones de poder y prestigio en la nación, sino además son despreciados
por los políticos en general, sean ellos conservadores, liberales o marxistas.
Según un estudio sobre dicha situación, la política general del Estado
ha tenido como objetivo que trabajen y de ignorar sus tradiciones "retrógradas",
dejar que algunos de los más "civilizados" se vuelvan ladinos, y
brutalmente masacrar a quien implique un desafío a la dominación ladina o
criolla. La respuesta general de la población Maya --según
dicho estudio-- fue buscar ventajas económicas dondequiera que se abriera una
posibilidad, Mayanizar las importaciones "occidentales" y rechazar de
sus comunidades a los asimilados. Los
Mayas raramente desafían políticamente al poder del Estado, pero le ponen límites
a través de la diversificación económica y cultural.[38]
Desde la reinstauración del gobierno constitucional, los guatemaltecos
Maya-Quichés han ejercido con más amplitud sus derechos de asociación, reunión
y libre expresión, reforzando una serie de organizaciones destinadas a reforzar
su estructura interna, sus tradiciones y sus derechos en general, entre ellas:
Wakxaqib Batz, la Coordinación de Organizaciones Mayas Independientes (COMADI),
el Movimiento de Apoyo Mutuo (MOVAM), el Frente Indígena Nacional (FIN), el
Concejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG), la Coordinación Cakchiquel
para el Desarrollo Integral (COCADI), la Coordinación Maya "Majawil Q'ij",
la Academia de Lenguas Mayas, la Hermandad de Mayas Presbiterianos, la Pastoral
Indígena y otras. A ellas se
complementan aquellas más específicamente destinadas a enfrentar problemas
económicos y políticos, entre otras: el
Comité Unido Campesino (CUC), el Consejo Nacional de Viudas Guatemaltecas (CONAVIGUA),
el Comité Campesino del Altiplano (CCA), el Consejo Nacional de Personas
Desplazadas (CONDEG), el Consejo de Entidades Etnicas "Runujel Junam",
las Comunidades de Poblaciones en Resistencia en el Quiché y el Petén, Acción
Cristiana Guatemalteca y otras. Como
se menciona en otras partes de este informe y en los anteriores, muchas de estas
asociaciones y sus líderes sufren regularmente ataques y hostigamientos.
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS GUATEMALTECOS MAYA-QUICHE La
Constitución de la República dice en su Sección 3a relativa a las
tierras Indígenas que "las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas
o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria,
así como el patrimonio familiar y vivienda popular gozarán de protección
especial del Estado, de asistencia crediticia y técnica preferencial, que
garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes
una mejor calidad de la vida".
La población rural, que es del 62.5% y en su mayoría Maya-Quiché, está
dispersa en 19.000 pequeñas comunidades de menos de 2.000 habitantes[39] que
reciben menos del 6% del PBI. Los
campesinos minifundistas con 548 mil fincas de una superficie promedio de 1.77
manzana, recibieron 4% del crédito agrícola, mientras los propietarios de
grandes extensiones recibieron el 80%.
El caso de los campesinos de Cajolá --aparentemente resuelto según
información del Gobierno que se incluye más abajo-- muestra las dificultades
de hacer respetar las tierras comunales. Una
comunidad fue desalojada judicialmente en una disputa de tierras con un
propietario vecino, de tierras sobre las que poseían título y ocupación pacífica.
Después de muchas tentativas de obtener justicia en los tribunales, los
campesinos marcharon a la ciudad Capital donde acamparon pacíficamente en
protesta frente al Palacio de Gobierno de donde fueron expulsados en forma
violenta por las fuerzas de seguridad.
Los campesinos Maya-Quiché de Cajolá habían tratado de evitar el
desalojo a través del recurso de Amparo. Este
recurso, que fue otorgado por los Tribunales a los patronos cuando éstos
objetaron una resolución salarial del Ministerio de Trabajo, les fue negado a
los Maya-Quichés desalojados en este caso, como en otros de litigios de tierras
en San Jorge la Laguna, Sololá.
Sólo después de numerosas viscisitudes se logró una solución
negociada, tras meses de espera en campamentos precarios donde varias epidemias
provocaron la muerte de doce niños, tragedia que atrajo la atención nacional e
internacional. Respecto a dicha
solución informa el Gobierno a la Comisión en nota del 29 de diciembre de
1992, que dice: Después
de varios meses de negociaciones
entre el Gobierno de Guatemala y las familias indígenas de Cajolá, se llegó a
un acuerdo ayer por la tarde. El
Gobierno de Guatemala compró 35[40] caballerías de tierra localizadas en el departamento de Retalheu (costa
sur-este) a un costo de Q. 17.5 Millones y está listo a iniciar el traslado de
los campesinos, mañana diciembre 23, en las primeras horas de la mañana.
Además de la tierra, las familias tendrán otros incentivos como la
construcción de un centro urbano, la delimitación de su propiedad, ayuda
humanitaria antes de la primera cosecha y asistencia técnica por un período de
tres años. La tierra será
financiada por el término de 10 años. En julio de este año estas 500 familias vinieron de Cajolá,
fueron ubicadas temporalmente en un edificio antiguo perteneciente a la
Universidad de San Carlos, (Universidad Estatal) donde estuvieron viviendo en
condiciones precarias.
La Comisión ve con satisfacción que esta situación particular haya
sido resuelta, y confía que el Gobierno tomará las medidas necesarias para que
los preceptos constitucionales guatemaltecos al respecto, que profundizan los
reconocidos en la Convención Americana, sean respetados, y los derechos de
propiedad de todo tipo de los guatemaltecos Maya-Quiché sean respetados íntegramente.
Llama también la atención sobre la necesidad de que los miembros del
Poder Judicial actúen en forma no discriminatoria contra los mismos, y les
otorguen, con la prontitud necesaria, todas las garantías legales que
correspondan.
Preocupa a la Comisión la falta de respeto de las fuerzas de
seguridad al derecho de propiedad tanto inmobiliaria, semovientes y bienes de
todo tipo de los guatemaltecos Maya-Quiché, tal como se describe en
distintos capítulos de este informe.[41]
Desde el punto de vista de los derechos humanos en tanto propiedad de una
persona, un pequeño plantío de maíz merece el mismo respeto que una cuenta
bancaria o una fábrica moderna; la posesión pacífica de un documento de
identidad por un campesino es tan importante como el respeto a los papeles
privados de un estudio jurídico, y sólo pueden ser revisados o confiscados por
orden de autoridad competente. La
comprensión de estos criterios por parte de todos los agentes del Estado, y la
sanción de quienes los violen, debe ser responsabilidad ineludible y urgente de
todo Gobierno democrático.
EL CONFLICTO ARMADO Y LAS POBLACIONES GUATEMALTECAS MAYA-QUICHE
Al analizar hoy la situación de los derechos humanos de los
guatemaltecos maya-quiché, prácticamente la mayoría de la población, la
Comisión considera importante llamar la atención sobre la continuación de
situaciones que siguen afectando sus derechos humanos, algunas de las cuales no
surgen del conflicto armado, sino que son parte de una realidad de siglos de
discriminación que la sociedad guatemalteca no ha podido superar,[42] y
que han sido un obstáculo a su consolidación y desarrollo como nación, país
y Estado.
En distintos capítulos de este informe se analizan violaciones de
distinto tipo de los derechos humanos. Algunas
se relacionan con situaciones derivadas del conflicto interno y la militarización
del país, como las referidas al reclutamiento militar irregular, los Comités
de Autodefensa, los refugiados, desplazados y comunidades "en resistencia". En otros se refieren a situaciones de discriminación política,
o a las condiciones socio-económicas y culturales. En la mayoría de los casos estas violaciones tienen como víctimas
a guatemaltecos Maya-Quiché, y en la mayoría de los casos ocurren en áreas
predominantemente Maya-Quiché.
La Comisión está convencida que no es posible justificar las
violaciones de los derechos humanos tratando de sindicar a la población Maya-Quiché
guatemalteca como enemiga del Estado o cómplice de los grupos armados
irregulares.[43]
En base a la información y observación realizada, la Comisión comparte
la opinión de un observador internacional, según el cual: la
población indígena de Guatemala está agotada de soportar la guerra.
El celo del ejército y de las guerrillas por una victoria militar final
va directamente en contra del sentimiento más prevaleciente en las comunidades
indígenas. El precio que los indígenas
han pagado hasta ahora es enorme, y el costo de la reconstrucción será
sobrecogedor. Cómo serán
reincorporados en la vida de las aldeas decenas de miles de indígenas
desarraigados? Dónde se encontrará
el financiamiento para la reconstrucción?
Quién determinará los derechos inmobiliarios de los retornados donde la
tierra es escasa y muchas comunidades están divididas sobre los derechos de los
campesinos que eligieron uno u otro lado en la lucha, o huyeron?
Cómo se podrá hacer una rendición de cuentas de los muertos y
desaparecidos? En la mejor de las
circunstancias, tomará generaciones para cicatrizar las heridas que la guerra
ha infligido a la sociedad indígena guatemalteca.... Y cuántos más jóvenes indígenas tendrán que morir en
esta lucha en que las tropas de ambos lados son en su mayoría indígena?[44]
Al analizar en 1985 la forma cruel en que las medidas de
contrainsurgencia adoptadas por el Gobierno de Guatemala afectaban los derechos
humanos de las poblaciones indígenas, la Comisión señaló: Dentro
de una perspectiva histórica del problema, la CIDH no desconoce también que
quien llevó la guerra al territorio indígena, se escondió y protegió en sus
aldeas, comprometió la neutralidad de sus pobladores y los involucró en el
conflicto, fue la guerrilla.
Los indígenas no generaron la guerrilla y en general no compartieron ni
su estrategia ni su visión del mundo. La
insurgencia guerrillera de la década de los ochenta, tuvo un nivel de liderazgo
claramente distintivo, en que la mayoría eran ladinos de clase media o media-alta,
que tenían mínima experiencia con la cultura y población Maya-Quiché[45].
El tema central para ellos era una cuestión de clase, no de etnicidad.
En palabras de un líder guatemalteco-maya: No
tenemos aspiraciones de tomar el poder estatal o crear una cultura separada.
No estamos peleando por nuestra cultura, pues ya la tenemos.
Lo que queremos son nuestros derechos: el derecho a la paz, el derecho a
definir nuestro propio camino al desarrollo, el derecho de educar nuestros niños
en nuestro propio lenguaje y tradiciones, y el derecho a representarnos a
nosotros mismos y a nuestra cultura.[46]
En sus observaciones a este capítulo recibidas el 12 de Mayo de 1993, el
Gobierno señala entre otros aspectos: En este
capítulo al analizar la Comisión el conflicto armado y la población
guatemalteca Maya-Quiché, lo hace con bastante acierto, sin embargo, es
necesario señalar que debe tenerse cuidado en el uso del término "discriminación"
para que no pueda interpretarse como una política del Gobierno. No debe tampoco la Comisión afirmar que el país esta
militarizado, lo que implicaría que el Gobierno Civil no tiene el control
efectivo del Gobierno, incluyendo el de las Fuerzas de Seguridad, lo cual no es
cierto, como tampoco lo es que se considere a la población Maya-Quiché como
enemiga del Estado y colaboradora o cómplice de los grupos armados irregulares. [ Índice | Anterior | Próximo ]
[30]
Las culturas autóctonas de Guatemala son en su gran mayoría Maya, y la
cultura Quiché es la más extensa de ellas, existiendo otros 22 grupos
linguísticos Mayas. Con la
denominación Guatemalteco Maya-Quiché la CIDH se refiere a todos ellos.
Existen además comunidades Garifunas de población menor, en áreas
cercanas al Mar Caribe.
[31] Discurso del Presidente de Guatemala en la primera Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado, Guadalajara, México, 18 de julio de
1991. En "Panorama
Centroamericano" Serie Documentos 5/91 INCEP. Guatemala, 1991.
[32] Declaración ante la Conferencia Regional de Derechos Humanos,
San José de Costa Rica, 19 de enero de 1993.
[33] Segeplan: "Plan
de Acción de Desarrollo Social 1992-1996 y 1997-2000".
Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica.
Guatemala, febrero 1992.
[37] Art. 1.1 de la Convención: "Obligación de respetar los
derechos". Los
Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, idioma, religión, opiniones políticas o
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social. Art.
23 de la Convención: "Derechos Políticos" 1. Todos los
ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De
participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegidos en
elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de
los electores y c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a
las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el
ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso
anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia,
idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez
competente, en proceso penal.
[41] Ver especialmente Capítulos sobre Comunidades de Población
en Resistencia; y sobre Refugiados y Desplazados.
[42] Corresponde reiterar por su vigencia el comienzo de la Carta
Pastoral de la Conferencia Episcopal (1984) que la Comisión menciona en su
informe sobre Guatemala de 1985: "Descendientes
de los inmortales Mayas, nuestra población indígena merece de todo respeto
y admiración. Desafortunadamente,
no los tiene desde hace varios siglos, desde el tiempo de la conquista.
Antes bien, la completa estructura socio-económica de Guatemala ha
descansado sobre la base de subyugar y empobrecer a la población indígena".
[43] El Ministro Gral. José Domingo García admitió en San José
de Costa Rica en una reunión organizada por el I.I.D.H. que se seguían
violando los derechos humanos en Guatemala debido al enfrentamiento armado
que existe en el país. AFP.
Mayo 27-1992. |
