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CAPÍTULO II DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS
1. Como se hizo referencia en informes anteriores de la Comisión, hace más de 25 años aparecieron por primera vez en Guatemala las organizaciones denominadas "Mano" (Movimiento Anticomunista Nacional Organizado), "Mano Blanca", "Ojo por Ojo", el "Escuadrón de la Muerte", la "Nueva Organización Anticomunista", y otras organizaciones paramilitares que sin ninguna vinculación aparente con las autoridades gubernamentales guatemaltecas, iniciaron una campaña antisubversiva paralela, coincidente y a veces simultánea a la de las fuerzas de seguridad gubernamentales, que implicaba también la eliminación de toda clase de oposición política, empleando los mismos métodos de terror y de violencia utilizados por la guerrilla y la subversión. 2. Este proceso de convulsión interna generó en Guatemala una espiral de violencia que ascendió dramáticamente, manteniéndose siempre latente durante estos años con períodos de mayor o menor intensidad. Durante este período, la CIDH recibió muchas denuncias sobre violación a los derechos humanos que atribuían a tales grupos paramilitares la autoría de amenazas de muerte, palizas, secuestros, atentados, torturas y asesinatos. Las víctimas fueron prácticamente todos los sectores de la sociedad guatemalteca, pero principalmente los dirigentes de las organizaciones políticas de oposición, los sindicalistas, los profesores y estudiantes universitarios, los trabajadores, los maestros, el campesinado y los religiosos. 3. Dentro de este proceso de violencia indiscriminada se produjeron también muchísimos casos de desapariciones de personas. Sin embargo, el fenómeno de los "desaparecidos", resultado de haber incorporado como parte de la estrategia contrainsurgente el sistema de secuestrar y eliminar masivamente personas sin dejar rastro de su paradero, se percibe con nitidez en Guatemala sólo aproximadamente desde hace unos 10 años. Progresivamente, por la falta de investigación y sanción a sus autores y por el evidente apoyo que venían recibiendo para la realización de sus operativos, fue quedando cada vez más en claro la vinculación de estos grupos paramilitares con las Fuerzas de Seguridad del Gobierno de Guatemala. 4. Ya en su Primer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala de 1981, la CIDH se percataba de la presencia del fenómeno con las siguientes características:
5. En su Segundo Informe Especial del año 1983, la CIDH también hizo referencia al problema de las desapariciones. Si bien es evidente que durante la administración del General Efraín Ríos Montt disminuyeron y casi llegaron a ser controladas las actividades de los grupos paramilitares denominados escuadrones de la muerte y como consecuencia también las desapariciones, principalmente en la Capital de Guatemala, concluido su Gobierno el fenómeno reapareció. En el capítulo denominado "Consideraciones Finales", inmediatamente después de la asunción al poder del General Oscar Humberto Mejía Víctores, el informe expresaba: Por otra parte la Comisión ha recibido y ve con profunda preocupación informaciones recientes según las cuales la violencia en las áreas rurales se ha mantenido, el éxodo de la población campesina guatemalteca hacia el Estado mexicano de Chiapas ha continuado, especialmente del área de San Marcos, y de que en los centros urbanos la violencia tiende a incrementarse y hay signos de reaparición de los funestos escuadrones de la muerte. 6. En su último Informe a la Asamblea General, correspondiente a 1983-1984, período en que la práctica de las desapariciones se intensifica notoriamente, la Comisión transcribió, entre otros testimonios sobre este particular, parte de la carta de renuncia al cargo de Coordinador de la Comisión Pro Paz del Rector de la Universidad de San Carlos, donde se expresaba: Con pena tenemos que manifestar que si no se toman medidas enérgicas para contrarrestar los múltiples secuestros o desapariciones que a diario se registran en el territorio nacional, afectando a miembros de la Comunidad Universitaria, así como también a los diversos sectores sociales, entre ellos, los trabajadores, campesinos, empresarios, profesionales, etc., el proceso de violencia degenerará en la creación de lo que sociológicamente se conoce como "estado de terror", similar al que ya imperó en forma alarmante durante pasados regímenes.
7. Antes de la visita in loco a Guatemala en mayo de 1985, la Comisión recibió muchas nuevas denuncias indicativas de que el proceso de la desaparición de personas se había agravado, todas las cuales fueron tramitadas de acuerdo con las disposiciones reglamentarias correspondientes a los casos individuales y transmitidas al Gobierno de Guatemala, en sus partes pertinentes, para los efectos de solicitar se suministrase la información respectiva. 8. Durante la visita in loco la Comisión Especial de la CIDH recibió los testimonios directos de los familiares de cientos de desaparecidos, escuchó a los testigos presenciales de algunos de los secuestros y capturas, se entrevistó con los miembros del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), recibió otras nuevas denuncias, tuvo conocimiento de secuestros y de desapariciones de personas que tuvieron lugar, precisamente, durante su presencia en Guatemala, investigó directamente a los organismos acusados como partícipes de tales hechos, se entrevistó, como ya se ha dicho, con toda clase de autoridades y personalidades públicas y privadas que pudieran proporcionar información valiosa sobre este problema, y realizó gestiones personales de toda clase tendientes a determinar el paradero de los que pudiesen estar con vida, a lograr la eliminación de tan abyecta práctica, a que se investigase a los autores de las mismas y se considerase y tratase la grave situación de los desaparecidos de una manera especial por parte de las más altas autoridades públicas del país. 9. Concluida la visita in loco, la CIDH, en su última entrevista, hizo entrega personal al General Oscar Humberto Mejía Víctores de las recomendaciones preliminares donde se le ratificaba la preocupación de la Comisión por este problema, reiterándole las recomendaciones de que las mismas fueran especial y preferentemente investigadas y sancionadas, proponiéndole para tal fin, a) la designación de un Magistrado Judicial Ad-hoc de reconocida idoneidad e independencia para que con el apoyo de todas las autoridades públicas del país diera cumplimiento a tal cometido y b) que se investigase de modo especial al Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT), organismo sindicado en forma coincidente y reiterada por su participación en tales desapariciones de personas.
10. Dada la gravedad del problema la Comisión considera necesario presentar un análisis de este fenómeno por la forma como afecta familiar, social, moral y jurídicamente al pueblo de Guatemala. 11. La desaparición forzada de personas no es, por desgracia, una novedad dentro del espectro de las violaciones a los derechos humanos en el continente y precisamente por su extrema gravedad ha sido contemplada y condenada por la propia Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos como un "Delito de Lesa Humanidad". Sin embargo, si bien en cada país donde se presenta este fenómeno, el mismo reviste características propias, parece existir un común denominador que tipifica y caracteriza dicha práctica. 12. Desde luego hay que distinguir en la desaparición de personas, las que ocurren esporádicamente y son ejecutadas por delincuentes comunes o por grupos políticos extremistas, que generalmente son investigadas y muchas veces esclarecidas, de las que se practican sistemáticamente y en forma masiva que, por el contrario, casi nunca son investigadas así como tampoco esclarecidas. 13. Del análisis de las informaciones que obran en poder de la Comisión, nombres, fechas, datos, edades, sexos, profesiones o actividades de las víctimas, características comunes de los atentados y diferentes estudios sobre el problema, no es posible precisar el número exacto de personas desaparecidas, cuya cifra dentro de la administración del General Oscar Humberto Mejía Víctores se señala que supera el millar de personas, queda de manifiesto la existencia de una situación de extrema gravedad que amerita una especial consideración de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
D. LAS DESAPARICIONES EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 14. Testimonios de personas que se encontraban en la situación de desaparecidos y de alguna manera lograron escapar de las manos de las autoridades guatemaltecas, sumados a las declaraciones de los testigos presenciales de muchos de los actos de secuestro y de capturas en domicilios, centros de trabajo y en lugares públicos, permiten conocer la metodología empleada por los comandos operativos especiales encargados de estas misiones. 15. Elementos característicos coincidentes permiten distinguir las siguientes etapas:
16. Cuando tiene lugar en el domicilio de la víctima, el operativo no es llevado a cabo por una sola persona sino por grupos de 4 a 12 individuos que portan armas cortas y largas como fusiles y ametralladoras, a veces van uniformados pero generalmente actúan vestidos de civil, en muchas oportunidades se identifican como personal del DIT (Departamento de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional), del BROE (Brigada de Operaciones Especiales), o como miembros del Ejército de Guatemala. Se presentan generalmente en autos o camionetas con vidrios polarizados similares a los que emplean las fuerzas de seguridad, catean todo el domicilio, amedrentan a los ocupantes y al llevarse a la víctima muchas veces saquean la vivienda. Otras veces, cuando la víctima es capturada en la vía pública o en su trabajo, ingresan después a su domicilio sin violentar la entrada usando sus propias llaves procediendo a hacer la rebusca de sus objetos personales como si hubiesen sido informados por ésta sobre el lugar donde se encuentran. En ocasiones actúan con el apoyo de piquetes de soldados y otras fuerzas adicionales y unidades móviles y hasta rodean la manzana donde está ubicada la vivienda. Los allanamientos a los domicilios son generalmente nocturnos, precisamente cuando la ciudad se encuentra sujeta a la más estricta vigilancia policial. Los atacantes actúan sin temor a ser interrumpidos, sorprendidos o arrestados por las fuerzas policiales que, de hecho, nunca han obstaculizado, interceptado o detenido tales capturas o secuestros. Cuando los vecinos o testigos recurren personalmente o por teléfono a la policía, ésta se niega a intervenir aduciendo que se trata de un operativo militar coordinado. 17. Las capturas en la vía pública son todavía más espectaculares y se llevan a cabo con mayor despliegue de personal operativo vestido de civil o uniformado, siempre fuertemente armado. Los secuestradores proceden con la mayor agresividad amenazando con sus armas a todos los testigos, transeúntes, vendedores, acompañantes de la víctima, vecinos, etc., y a viva fuerza a aprehender e introducir, si es necesario a rastras y a golpes, a la víctima –hombre o mujer—dentro del vehículo que han llevado para tal efecto. Ni los gritos y forcejeo de la víctima, ni las protestas de los testigos presenciales, ni los disparos que a veces se efectúan, ni el natural alboroto callejero que un suceso de tal naturaleza y magnitud ocasionan, despierta el más mínimo efecto en la policía de la localidad, la que ni siquiera registrará en sus libros de acontecimientos policiales dicho suceso como un hecho policial. 18. En lo que se refiere a la víctima, cuando la captura se lleva a cabo en su domicilio, ésta es generalmente desconocida para los que intervienen en los operativos, quienes usualmente, al irrumpir con violencia en las viviendas, preguntan a los ocupantes por el paradero de ella proporcionando sus nombres y apellidos. Si encuentran dificultad para determinar el paradero de la persona buscada, proceden a golpear a los que se encuentran en la casa sin tener en cuenta su sexo o edad, y si la persona no se encuentra permanecen esperándola hasta que llegue, luego de lo cual ésta es detenida y conducida a los vehículos de los secuestradores siempre a golpes y amarrada. Cuando la captura tiene lugar en la vía pública la identidad de la víctima es casi siempre conocida por los secuestradores. Una vez dentro de la camioneta o automóvil la persona secuestrada es colocada bruscamente contra el piso, algunas veces vendada, y luego es conducida a un lugar desconocido bajo maltratos y amenazas.
19. La persona capturada es conducida a diferentes lugares de detención no oficiales, generalmente ubicados, según se indica, en establecimientos militares, sin ser informada de las razones de su detención, ni sobre el lugar donde se encuentra consignada. Queda totalmente incomunicada y al principio generalmente aislada de todo contacto con otras personas. Recibe muy mal trato y es constantemente golpeada y atemorizada con el aparente fin de quebrar su estado físico y emocional. A partir de su detención toma conciencia de que está totalmente desprovista de protección y de derechos. Sus más mínimas necesidades físicas apenas pueden ser satisfechas. En vista de las pésimas condiciones de los lugares de detención, la permanencia dentro de ellos resulta casi insoportable. A ello se agrega el trato hostil, injurioso y vejatorio al que se le somete durante todo momento. En algunos casos es trasladado sin previo aviso de un lugar de detención a otro.
20. Grupos de personas, a veces distintas, llevan a cabo el interrogatorio del detenido. Los malos tratos, las amenazas, los empellones y los frecuentes golpes constituyen siempre el marco dentro del cual se inician las indagatorias. Al parecer, en casi todos los casos, se pretende obtener mayor información de la que en realidad posee el interrogado. Aparte del conocimiento personal que puede poseer se le solicita la identificación de otras personas presumiblemente vinculadas a él y la naturaleza de sus actividades y conexiones. En ocasiones son extraídos de sus centros de detención para proceder a efectuar tales identificaciones en otros lugares de reclusión y otras veces son llevados a la calle con la finalidad de que, sin ser vistos desde las camionetas de vidrios polarizados, identifiquen a determinadas personas a la salida de sus centros de trabajo o de reunión.
21. Los malos tratos y las torturas forman parte del método de casi todos los interrogatorios y parecen ser aplicados en primer término con fines intimidatorios, de ablandamiento y de persuasión para obtener confesiones. Parte de dicha práctica consiste en mantener a los detenidos en sitios próximos a los lugares donde se tortura a otras personas para que escuchen los gritos, los golpes y se familiaricen con la naturaleza del tormento que les espera. 22. La tortura se lleva a cabo por personal que se turna. Los detenidos son mantenidos con esposas muy apretadas que generalmente producen heridas y gran dolor. Casi invariablemente, se trate de hombre o mujer, se le ordena desnudarse. Previo al inicio de la aplicación de la tortura, el detenido es objeto de amenazas verbales sobre el tratamiento que va a recibir donde se le asegura que nada podrá ocultar. 23. Las personas que van a ser sometidas a interrogatorio con tortura, usualmente son atados de los pies y colgados cabeza abajo a partir de lo cual se le empiezan a propinar, indiscriminadamente, violentos golpes con objetos que producen heridas por todo el cuerpo. El paso siguiente es la aplicación de choques eléctricos que se dirigen a las zonas más sensibles, muchas veces hasta que la intensidad del dolor provoca la pérdida de conocimiento del torturado, provocando al que recobra la razón intensa fiebre y sed.
24. Salvo casos muy excepcionales, quien es materia de acciones de secuestro o capturas especiales en Guatemala, está, desde el principio, condenado a muerte para mantener la estricta confidencialidad del sistema, la identidad de los que intervienen, los lugares de detención, los métodos de interrogatorio y de tortura y la naturaleza oficial de la organización. 25. Sobre esta etapa del proceso se conoce muy poco. Durante los regímenes anteriores muchas de las personas desaparecidas reaparecían después de cierto tiempo, gracias a la enorme presión de la opinión pública internacional, o mediante las gestiones de uno o más países ante las más altas autoridades gubernamentales, quienes, pese a que habían negado su participación en los secuestros desde el principio, o bien que se les mantuviese en situación de detenidos, terminaban poniéndolos en libertad. 26. Otras veces los desaparecidos reaparecían muertos presentando muestras de torturas como parte, según se dijo, de una campaña de amedrentamiento y de advertencia a la oposición política y a la subversión. Otros pocos desaparecidos reaparecieron liberados bajo amenaza de no revelar lo que habían sufrido ni visto, y sus testimonios no se pueden dar a conocer públicamente por haber sido confiados con carácter confidencial. 27. Pese a que la Comisión tiene la dolorosa convicción moral de que la mayor parte de los detenidos y secuestrados desaparecidos están muertos, existe la posibilidad de que algunos pudieran estar aún con vida y dicha esperanza se basa en el hecho de que han sido vistos vivos en centros de detención no oficiales, algún tiempo después de sus desapariciones, pese a que las autoridades gubernamentales habían negado, reiteradamente, tenerlos en su poder.
E. LAS DESAPARICIONES FUERA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 28. La Comisión ha considerado conveniente presentar separadamente el mecanismo de las detenciones, secuestros, tratamiento y desapariciones de personas que tienen lugar en el campo, debido a las distintas características que presentan en relación con los que ocurren en la ciudad de Guatemala tanto en su etapa inicial, así como en lo que concierne a los lugares de detención, a los interrogatorios y las torturas. En lo que concierne a las personas que intervienen en los operativos de captura, según informes que obran en poder de la CIDH, éstos serían llevados a cabo directamente por personal militar, presuntamente identificado como del Ejército de Guatemala, el cual, al parecer, actuaría en estrecha coordinación con integrantes de las Patrullas de Auto Defensa Civil y también de algunas autoridades municipales locales.
29. La mayor parte de los secuestros y detenciones de personas, ya sea de sus domicilios, en la vía pública o en sus centros de trabajo, generalmente ocurren durante el día. La persona detenida es igualmente llevada a golpes. Los familiares y demás testigos sufren toda clase de amenazas y en muchos casos también son castigados físicamente. Los vehículos que se emplean para conducir a los detenidos son generalmente identificados como vehículos militares u oficiales. El operativo militar casi siempre está compuesto por grupos de 4 a 12 personas, en la mayor parte de los casos vestidos de uniforme, aunque muchos otros de civil y usando capuchas para no ser identificados. En todos los operativos los atacantes se presentan fuertemente armados.
30. Casi invariablemente son identificados los Cuarteles del Ejército de las localidades como los lugares a donde se conducen a las personas detenidas fuera de la Ciudad de Guatemala. La persona queda aislada e incomunicada. En muy pocos casos se le permite recibir comida o abrigo del exterior. Tampoco goza de ninguna asistencia legal. El detenido puede advertir la naturaleza del lugar donde se encuentra por la disciplina y estilo castrense que lo rodea. La familia se entera también, casi inmediatamente después de la captura o secuestro, del lugar donde se encuentra la víctima pero en la mayoría de las ocasiones se le niega oficialmente que esté allí detenida. En adelante, la mayor parte de la información que la familia llega a conocer sobre el estado de su ser querido proviene de los datos que indirecta o subrepticiamente le proporcionan soldados u oficiales de menor graduación o miembros de las patrullas de autodefensa civil familiarmente relacionados. Si la esposa, padres, hijos o hermanos de la víctima acuden muy frecuentemente, se les indica que éste ha sido trasladado a otro lugar.
31. Los realizan casi siempre las mismas personas. En algunos casos el detenido puede reconocer a alguno de los que participan en sus interrogatorios. En lo demás, los interrogatorios son muy similares a los que se llevan a cabo en la capital.
32. Según testimonios reiterativos dados a conocer a la CIDH, aparte de los malos tratos y del procedimiento de ablandamiento intimidatorio inicial que se dispensa al detenido, la tortura que se aplica, en vez de la sofisticada picana eléctrica, consiste en golpearlo repetidamente y luego someterlo al procedimiento del HUECO, verdadero hoyo de regular profundidad, generalmente del tamaño y del ancho del cuerpo humano, en cuya cavidad se introduce a la víctima, cabeza abajo, con las manos amarradas atrás. En esta posición se le deja día tras día. Durante el castigo, muchas veces hasta la muerte, no se le proporciona ni comida ni agua. Aparte del dolor al cuerpo que dicha posición causa, constituyen elementos adicionales a la tortura, el sol durante el día y el natural proceso de deshidratación que la transpiración le produce, la sensación de asfixia por la falta de oxígeno, los dolores de cabeza que la presión sanguínea genera, la falta de agua, de comida, la oscuridad, la soledad, y en algunos casos el ser atacado por los gusanos y las hormigas.
33. Tienen casi las mismas modalidades y características que en la capital. En un momento determinado, sobre todo al ser notificada no oficialmente de su traslado a otro lugar de detención, la familia pierde por completo la comunicación que la mantenía enterada de la supervivencia de su ser querido, el cual pasa a engrosar el rol de los desaparecidos.
F. ALGUNOS CASOS DE DESAPARECIDOS 34. Con la finalidad de presentar de la manera más objetiva y ordenada posible la situación que genera la práctica de la desaparición forzada de personas, y sin pretender exponer el cuadro completo de los cientos de casos que obran en poder de la Comisión, a continuación se transcriben, agrupados por situaciones o modalidades que guardan alguna similitud, sólo algunos de ellos, los más representativos de una realidad más general, todos los cuales han sido conocidos, estudiados y tramitados por la Comisión y en relación con los cuales el Gobierno de Guatemala no ha proporcionado información que permita el esclarecimiento de los mismos.
35. Caso 9570. Haydee MÉNDEZ DE SANTIZO La CIDH recibió la siguiente denuncia:
Con fecha 4 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 36. Caso 9550. Manuel Ismael SALANIC CHIGUIL La CIDH recibió la denuncia a continuación:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 37. Caso 9547 César Geovanni CARIAS SOLARES y Herberth Orlando CARIAS SOLARES Se recibió en la CIDH la siguiente denuncia:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 38. Caso 9574 Rigoberto MORALES GARRIDO y Mainor Rigoberto MORALES CONTRERAS En relación a este caso la CIDH recibió la siguiente denuncia:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 39. Caso 9555 Carlos Guillermo RAMÍREZ GALVEZ El 6 de mayo de 1985, la CIDH recibió la siguiente denuncia:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 40. Caso 9569 Juan Lucas QUINA La CIDH recibió la siguiente denuncia:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 41. Caso 9560 Arnulfo Gabriel MORALES Se recibió la siguiente denuncia en la CIDH:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 42. Caso 9559 Jorge Hiram MURALLES GARCÍA Según la denuncia recibida por la CIDH:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 43. Caso 9563 Pedro Antonio POLANCO SAGASTUME Se recibió en la CIDH la denuncia siguiente:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular.
44. Caso 9263 Jorge Mauricio GATICA PAZ y Jorge David CALVO DRAGO En la CIDH se recibió la siguiente denuncia:
Con fecha 2 de abril de 1984 se transmitió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia. Posteriormente se recibió en la CIDH una comunicación particular, fechada el 7 de mayo de 1984, en la que se informa sobre la liberación del señor Jorge David Calvo Drago el 3 de abril de ese año, no así la del señor Jorge Mauricio Gatica Paz, quien hasta la fecha continúa desaparecido. En notas del 14 de septiembre de 1984, 19 de febrero de 1985 y 1° de agosto del mismo año, la CIDH reiteró al Gobierno de Guatemala el pedido hecho en su primera comunicación, sin que a la fecha se haya obtenido informe alguno sobre el paradero de las personas en cuestión. 45. Caso 9567 Gustavo Adolfo CASTAÑÓN FUENTES La CIDH recibió la siguiente denuncia:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 46. Caso 9577 Jorge Mario ALBERTO GIRÓN La CIDH recibió la siguiente denuncia:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 47. Caso 9545 Jorge Alfonso VELÁSQUEZ SOTO La siguiente denuncia fue recibida por la CIDH:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 48. Caso 9591 Rosa Estela PÉREZ VILLASEÑOR La CIDH recibió la denuncia siguiente:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 49. Caso 9568 Eldin Janns CALDERÓN La CIDH recibió la siguiente denuncia:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 50. Caso 9564 Rafael Lisardo ZAMORA MEDA, César Felícito ZAMORA MEDA, Oscar Noé ZAMORA MEDA y Edwig Rogelio CU MÉRIDA Se denunció lo siguiente a la CIDH:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 51. Caso 9544 María Victoria LOCH PAVÓN e Isidro LOCH PAVÓN El 6 de mayo de 1985, la CIDH recibió la siguiente denuncia:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular.
52. Caso 9554 Rubén Amilcar FARFÁN En relación con este caso, la CIDH recibió la siguiente denuncia:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 53. Caso 9546 Juan Francisco YUMAN CHACÓN Se recibió en la CIDH la siguiente denuncia:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 54. Caso 9558 Lesvia Lucrecia GARCÍA ESCOBAR Se recibió la siguiente denuncia en la CIDH:
Con fecha 14 de junio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular.
G. TESTIMONIOS DE PERSONAS QUE ESTUVIERON DESAPARECIDAS 55. A continuación se transcribe uno de los testimonios que obran en poder de la CIDH y que corresponde a una de las personas que fueron secuestradas bajo el Gobierno del General Oscar Humberto Mejía Víctores, cuya captura fue negada por las fuerzas de seguridad, que se mantuvo en la condición de desaparecido y que logró escapar espectacularmente de manos de sus captores refugiándose en una Embajada en la ciudad de Guatemala donde logró introducirse muy mal herido, medio moribundo, después de haber sido alcanzado por varias ráfagas de ametralladora que le fueron disparadas mientras corría. 56. Caso 9303 Alvaro René SOSA RAMOS El 24 de junio de 1985 la CIDH recibió la siguiente comunicación:
Con fecha 23 de julio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular.
H. SECUESTROS LLEVADOS A CABO DURANTE LA VISITA IN LOCO 57. Por cierto que, como se ha dicho anteriormente, algunos de estos casos de desapariciones forzadas de personas también tuvieron lugar durante el desarrollo de la visita in loco de la Comisión Especial de la CIDH a Guatemala. En efecto, entre el 3 de mayo, en que empezó a llegar el personal de la Secretaría Ejecutiva y el 10 del mismo mes en que concluyó dicha visita, tuvieron lugar los siguientes casos de secuestros y desapariciones, sólo uno de los cuales concluyó con la final reaparición de la víctima. 58. Caso 9601 Oswaldo RODRÍGUEZ CABRERA
Con fecha 25 de julio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 59. Caso 9552 Jorge Humberto GRANADOS HERNÁNDEZ
Con fecha 25 de julio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, sin que hasta la fecha se haya recibido información alguna sobre el particular. 60. Caso 9602 Juan Carlos ALFARO ALVAREZ
Con fecha 25 de julio de 1985 se transcribió al Gobierno de Guatemala el tenor de la citada denuncia, la cual fue contestada el 12 de septiembre pasado. Seguidamente la respuesta enviada al señor Canciller de Guatemala con fecha 20 del mismo mes:
61. Durante la redacción del presente informe, la CIDH recibió una nueva denuncia sobre 52 nuevos casos de secuestros y desapariciones de personas ocurridos entre abril de 1984 y marzo de 1985 en el Departamento de Chimaltenango, en el área de Patzún, en las aldeas Chijchijlá, Xeatzan, Bajo, Popobaj, Chuquel, Saquyá, Chipiacul, Patzún y Mocolixot, la cual ha sido tramitada y puesta en conocimiento del Gobierno de Guatemala, como a continuación se indica, con mención del nombre del desaparecido, edad, lugar de la desaparición, fecha de la desaparición, nombre de viuda(o) y número de huérfanos, respectivamente, que deja la persona.
I.
AUSENCIA DE MEDIDAS LEGALES DE PROTECCIÓN FRENTE AL PROBLEMA 62. Es un hecho frecuente que cuando en un país se producen detenciones ilegales, secuestros y desapariciones de personas que no se investigan ni sancionan debidamente, al mismo tiempo el recurso de habeas corpus se convierta en un arma casi ineficaz para contrarrestarlos. Tal parece ser también el caso de Guatemala, donde desde hace ya varios años la acción de habeas corpus, única garantía jurídica que contempla el Estatuto Fundamental de Gobierno en defensa de la libertad, la seguridad y la vida de la persona humana, ha perdido toda eficacia y efectividad. En consideración a la multitud de denuncias recibidas sobre la inoperancia de dicho recurso legal, la Comisión se ha dirigido al Gobierno del General Oscar Humberto Mejía Víctores, en forma reiterada, como puede apreciarse a través de las comunicaciones cuyas partes pertinentes se transcriben a continuación. 63. Mediante oficio de fecha 28 de septiembre de 1984, la CIDH manifestó lo siguiente:
No habiéndose recibido respuesta sobre el particular, antes de la visita in loco se insistió sobre esta situación, y con fecha 17 de diciembre del mismo año, se envió la siguiente comunicación al Gobierno de Guatemala:
64. En su último informe a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 1983-1984, la Comisión señaló sobre este particular:
65. Dada la gravedad del problema, durante la visita in loco la Comisión trató con las autoridades guatemaltecas acerca del mismo, procurando encontrar en qué etapa del procedimiento se producía el bloqueo de éste, ya que el nuevo Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema había asegurado a los miembros, el día de la entrevista que sostuvieron en su despacho, que los jueces cumplían escrupulosamente con la ley que no bien instaurado un recurso de habeas corpus, el mismo seguía su curso sin dilación procediendo los jueces instruyentes a constituirse personalmente y de inmediato ante las autoridades de policía con el propósito de indagar sobre el paradero del detenido desaparecido, ingresando, en muchos casos, a los centros de detención oficiales para constara si efectivamente estaba o no detenida la persona materia del habeas corpus. El Licenciado Tomás Baudilio Navarro Batres había manifestado categóricamente a los miembros de la Comisión Especial de la CIDH que el habeas corpus tenía plena efectividad y eficacia en Guatemala. 66. Sin embargo, la Comisión no puede dejar de tener en cuenta el impresionante número de habeas corpus, de los cuales casi todos han sido declarados sin lugar, desamparando a cientos de personas en cuyo favor se interpusieron. Confrontando los resultados obtenidos por los recurrentes, tal clase de alusión a la efectividad y eficacia, resulta a todas luces no concordante con la realidad de los hechos. 67. En entrevista con el Director de la Policía Nacional y con el Jefe del DIT (Departamento de Investigaciones Técnicas), los miembros de la Comisión Especial preguntaron sobre la naturaleza de las investigaciones que se practican cuando el Poder Judicial se hace presente indagando sobre la detención o desaparición de una persona. En tal oportunidad fue informada, por los Jefes y Asesores principales que la atendieron, que la policía, ante el pedido o visita de un Juez que ha recibido un recurso de habeas corpus, se limita a chequear si el nombre de la persona se encuentra inscrito o no en el libro de ingresos de las oficinas centrales del DIT. Si el nombre aparece –no se citó un solo ejemplo—la persona deberá ser puesta de inmediato a disposición del Juez. Si el nombre no aparece –y al parecer nunca se localiza—el habeas corpus es improcedente y así se lo declara. Tal respuesta parece haber resultado ser la mejor y más sencilla explicación del porqué de la ineficacia e inefectividad de los habeas corpus en Guatemala. 68. El problema de la ineficacia de los recursos de habeas corpus tiene especial connotación en Guatemala. Confirma la dramática gravedad de este problema los cientos de recursos de habeas corpus que se citan a continuación, presentados en nombre de personas desaparecidas, todos los cuales fueron desestimados por el Poder Judicial de Guatemala dentro del período de Gobierno que corresponde a la administración del General Mejía Víctores.
RECURSOS DE EXHIBICIÓN PERSONAL PRESENTADOS ANTE LA CORTE
SUPREMA
Esta relación de recursos de habeas corpus desestimados, --en la que se indica con un asterisco el nombre de las personas contenidas en denuncias anteriores--, fue transcrita al Gobierno de Guatemala mediante oficio de la CIDH de fecha 3 de enero de 1985, habiéndosele reiterado el contenido del mismo mediante comunicación del 2 de abril del mismo año, para que informara sobre las razones de su falta de efectividad. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna sobre el particular.
OTROS RECURSOS DE EXHIBICIÓN PERSONAL PRESENTADOS ANTE
La relación de recursos de habeas corpus desestimados que se ha transcrito, fue también puesta en conocimiento del Gobierno de Guatemala mediante oficio de fecha 2 de abril de 1985, en el que se le pedía información sobre las razones de su ineficacia, sin haberse recibido respuesta alguna sobre el particular. Asimismo, la Comisión Especial de la CIDH, con motivo de su visita a Guatemala, hizo entrega personal de ambos listados –que no son todos sino sólo una parte de los cientos de recursos de habeas corpus desestimados por el poder judicial--, al Ministro de Gobernación y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país.
J. ACTITUDES FRENTE AL PROBLEMA DE LOS DESAPARECIDOS 69. Tal como la Comisión lo ha señalado reiteradamente, la cuestión de los desaparecidos constituye el más grave de todos los problemas que, en materia de derechos humanos, confronta Guatemala, por lo que resulta importante destacar la actitud de los sectores sociales que han resultado directamente afectados, las reacciones de los organismos públicos que tienen la obligación de atender su solución, y la de los organismos sindicados como responsables de los mismos.
70. Los familiares de las personas desaparecidas han venido efectuando esfuerzos y gestiones de toda índole con la finalidad de ubicar el paradero de sus seres queridos y de obtener el retorno con vida de todos y cada uno de ellos. Cada cual ha venido efectuando trámites y diligencias en la medida de sus capacidades y posibilidades en lo político, lo administrativo, lo policial, y lo judicial. En multitud de oportunidades se ha presentado ante la Comisión el sentir de este clamor bajo el lema "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos". 71. No existía en Guatemala una organización de madres o de familiares de desaparecidos y los primeros comités que se organizaron fueron desintegrados uno tras otro por las anteriores administraciones, hasta el 4 de junio de 1984 en que aparece el denominado "GAM" o "Grupo de Apoyo Mutuo por el Aparecimiento con Vida de Nuestros Hijos, Esposos, Padres y Hermanos", agrupación constituida al amparo del derecho de "libre asociación". A los 12 meses de fundado, el "GAM" estaba integrado por 640 familias con 538 casos de personas detenidas desaparecidas entre los años 1980 a 1985 entre quienes figuran: hombres de 18 a 40 años, generalmente obreros, estudiantes, sindicalistas y profesionales; mujeres de 18 a 35 años, generalmente madres de familia, en estado de gravidez, dedicadas al hogar, campesinas, estudiantes, trabajadoras; y, niños de 6 a 16 años principalmente campesinos y estudiantes de primaria y media. 72. Después de la toma pacífica del local del Congreso Nacional, los miembros del GAM han sido recibidos en varias oportunidades por el Jefe de Estado y algunos Ministros de su Gabinete, quienes han escuchado sus quejas por falta de atención a sus denuncias. Se les han pedido pruebas y evidencias de los abusos, detenciones ilegales, secuestros, torturas y demás actos cometidos contra sus seres queridos y –según han expresado a la CIDH—a sabiendas de que estaban entregando evidencias que los comprometían personal y directamente, con riesgo de su propia seguridad, han dado los nombres, apellidos, descripción y características de los oficiales y demás personas implicadas en tales hechos, datos que, según han explicado, llegaron a su conocimiento por haber sido revelados secretamente por oficiales amigos o familiares que habían visto con vida a los secuestros en sus lugares secretos de reclusión.
73. Ante tanta evidencia hecha pública, el Gobierno del General Oscar Humberto Mejía Víctores dispuso la creación de una Comisión de muy alto nivel para recibir todas las denuncias, testimonios y manifestaciones presentados. Dicha Comisión fue integrada por representantes de tres sectores: el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y el Procurador General de la República. Quedó denominada como la "Comisión Tripartita". Como dicha Comisión se negó a recibir al GAM en su conjunto limitándose a tratar con dos miembros de la junta directiva y pasado el tiempo, como no proporcionaba ninguna información sobre el desarrollo de sus investigaciones, los miembros del GAM, el viernes de cada semana, empezaron a pararse en las puertas de las oficinas del Ministerio Público solicitando los resultados. En sus entrevistas con las autoridades públicas de Guatemala, la Comisión Especial de la CIDH pudo apreciar las siguientes actitudes oficiales ante el problema: 74. El Ministro de Gobernación expresó su preocupación por la situación de los desaparecidos y manifestó que se había dispuesto la formación de un expediente sobre la situación de tales personas y que en cuanto se tenía conocimiento de un hecho de tal naturaleza, aunque sólo fuese por un aviso periodístico, su despacho iniciaba un expediente investigatorio sobre el particular. Dijo que no había asedio contra el GAM y más bien se quejó por lo que calificó como falta de colaboración de dicho grupo en las investigaciones dispuestas por el Gobierno, asegurando que el GAM había sido instrumentado por la subversión, la cual había también atentado contra el mismo grupo, aclarando que el Gobierno nunca los había amenazado. Informó también que la Comisión Tripartita formada por el Vice-Ministro de Defensa, el Ministro de Gobernación y el Procurador General de la Nación, para la investigación de los casos de las desapariciones de los familiares del GAM, había concluido sus labores y que el informe correspondiente había sido elevado al Jefe de Estado a quien la Comisión Especial de la CIDH podría tal vez solicitar un ejemplar del mismo. 75. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Tomás Baudilio Navarro Batres, en relación con la autoridad que el Poder Judicial ejerce sobre el DIT (Departamento de Investigaciones Técnicas), expresó que no existía propiamente una policía judicial y que para tal efecto el Poder Judicial contaba con el apoyo de la División de Investigaciones Técnicas de la Policía Nacional. Sobre la inoperancia de los recursos de habeas corpus presentados por el "GAM" y por muchos otros cientos de personas que no pertenecen a dicha entidad, el Presidente de la Corte Suprema rechazó tal concepto manifestando que el habeas corpus tiene plena efectividad y eficacia y que los jueces admitían y tramitaban todos los recursos de habeas corpus que recibían constituyéndose, personalmente en cada uno de los casos, ante las autoridades de policía con el propósito de indagar sobre el paradero de los presuntos desaparecidos, procediendo a continuación a dar cuenta de los resultados de sus pesquisas. Se quejó de la campaña promovida desde la República de México por un grupo de derechos humanos –la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, cuyas actividades no se permiten en este país—que, según expresó a los Miembros de la Comisión Especial, habían inundado al Organismo Judicial con cientos de recursos de habeas corpus por presuntas desapariciones de personas. 76. El Procurador General de la Nación y Jefe del Ministerio Público, Licenciado Hugo Pellecer Robles se manifestó muy escéptico sobre la desaparición de personas, atribuyéndolas a maniobras para desacreditar al Gobierno, expresando que los que desaparecen lo hacen exprofesamente para pasar a la clandestinidad. Hizo entrega a la Comisión Especial del informe elaborado por la Comisión Tripartita designada por el Jefe de Estado a solicitud del Grupo de Apoyo Mutuo "GAM", para investigar los secuestros, asesinatos y desapariciones de sus familiares. Manifestó que el GAM no había aportado mayores pruebas ni dado colaboración para las investigaciones. Hizo una extensa explicación sobre la metodología de las indagaciones verificadas por dicha Comisión Tripartita, leyendo casi todo el documento, inclusive las conclusiones y recomendaciones a las que había llegado la aludida Comisión. 77. El doctor Abel Girón, Jefe del Servicio Médico Forense del Organismo Judicial, manifestó que la violencia en la capital había disminuido considerablemente. Sobre el caso particular de la señora María del Rosario Godoy de Cuevas, la que fue esposa del hijo del ex-Rector de la Universidad de San Carlos (desaparecido hace dos años aproximadamente), así como sus acompañantes fallecidos en el "accidente" automovilístico ocurrido en el kilómetro 19 a Villa Canales a las 19:30 horas del día 14 de abril, el doctor Girón manifestó que al practicarse la autopsia encontró que los tripulantes presentaban lesiones en cara, tórax y miembros inferiores, lo que le conduce a establecer muerte por desbarrancamiento. Dijo también que resultaba imposible determinar si el carro fue empujado al barranco. Sobre el señor Héctor Orlando Gómez, negó que el cadáver hubiese sido encontrado con señales de tortura, como lo denunciaron sus familiares, y que las únicas marcas encontradas en el cuerpo fueron de atadura en manos y tobillos. Negó el que le hubiera sido cortada la lengua, y que el médico forense del lugar donde le fue practicada la autopsia, determinó muerte por fractura de cráneo provocada posiblemente por golpes con objetos pesados como palos o piedras. Al respecto dijo que algunos médicos legistas, sobre todo los que se encuentran en zonas rurales, no conocen los síntomas de la transformación cadavérica, es por ello que usualmente la confunden con señales de tortura. Al preguntársele si había practicado autopsias a personas que presentaran signos de tortura, negó tal hecho manifestando que en caso de existir estos cadáveres con señales de haber sido torturados, lo más posible era que fueran a cementerios clandestinos, aunque aclaró que no conoce ninguno de éstos. En cuanto a muertes por arma de fuego, observó que no es posible investigar los crímenes por medio del calibre utilizado, pues en la mayoría de los casos, este calibre es 45, que es el que emplea el ejército, pero también tiene conocimiento que la guerrilla roba armas al mismo ejército, por lo que no podría saber si fue uno u otro quien cometió los asesinatos. A continuación, el médico forense hizo entrega a la Comisión Especial de documentos estadísticos para determinar la disminución de violencia en la ciudad de Guatemala, los cuales se reproducen a continuación:
78. En lo que se refiere a la actitud de los organismos sindicados como responsables del problema de las desapariciones, el "GAM" ha informado que en su entrevista con el Jefe del DIT, a quien le entregaron para su investigación, con la mayor confidencia, los números de las placas de varios de los carros oficiales, muchos de ellos de su propia dependencia, personalmente identificados por testigos presenciales que los vieron en el momento en que se llevaban a cabo muchos de los secuestros de sus familiares, dicho oficial, según se informa, desestimando de entrada tal evidencia y sin mayor deseo de tomarla en cuenta, les manifestó que ello no era prueba suficiente porque las placas se cambiaban. 79. La Comisión Especial de la CIDH, en sus entrevistas con las entidades policiales, se reunió con el Director de la Policía Nacional y con el Jefe del DIT (Departamento de Investigaciones Técnicas), quienes le manifestaron lo siguiente: 80. El Director General de la Policía Nacional de Guatemala, Coronel Héctor Bol de la Cruz, hizo una exposición sobre las actividades que cumple la Policía Nacional en resguardo del orden y la seguridad pública. Respondiendo a una pregunta de los Miembros de la Comisión Especial sobre la forma como el personal de dicho cuerpo policial está instruido para proteger y salvaguardar los derechos humanos de la población, el Director de la Policía Nacional y el Lic. Mario Vicente Orellana Rosal, vocero de esa dependencia, hicieron una amplia exposición sobre las instrucciones y directrices que ese organismo había circulado a los jefes de los cuerpos de policía en toda la República en relación con el respeto y observancia de los derechos humanos. Seguidamente, el Director hizo entrega al Presidente de la Comisión Especial, de una carpeta de 133 páginas conteniendo las directrices impartidas a los cuerpos policiales sobre la materia. 81. En relación con las quejas por abuso de autoridad que los miembros de la Comisión Especial le expresaron haber recibido contra la Policía Nacional, el Director General respondió manifestando que era política de su administración el mantener una permanente vigilancia y depuración del personal de dicho cuerpo, como consecuencia de lo cual, expresó, muchos oficiales y agentes de la Policía Nacional de Guatemala habían sido destituidos de sus cargos y se encontraban detenidos y consignados a los Tribunales de Justicia. Hizo entrega, al respecto, de un listado correspondiente a los años de 1984 y 1985 conteniendo los nombres de 141 agentes y oficiales de la Policía Nacional destituidos o procesados, con indicación del delito atribuible a cada uno de los mismos y la fecha de detención y consignación de la persona sancionada. 82. El Jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT), Teniente Coronel Gustavo Méndez López, con quien la Comisión Especial trató acerca de las múltiples denuncias que la CIDH ha recibido atribuyendo al referido cuerpo policial la autoría de los secuestros y capturas ilegales que han venido ocurriendo en los últimos años en Guatemala, como resultado de las cuales cientos de personas han pasado a engrosar el número de desaparecidos. El Teniente Coronel Méndez López rechazó los cargos y las acusaciones que se formulan contra la Jefatura a su cargo, expresando que su Departamento no es responsable de ninguno de los actos que se le atribuyen, negando enfáticamente que en Guatemala existan escuadrones de la muerte y aclarando asimismo, que el Departamento de Investigaciones Técnicas no hacía las veces de Policía de Seguridad del Estado y que su misión se limitaba a cumplir instrucciones de las autoridades judiciales en relación con el requerimiento de personas solicitadas por la justicia. 83. Preguntado por la Comisión Especial de la CIDH sobre las circunstancias casi siempre coincidentes de que las operaciones de secuestro y detenciones ilegales de personas se llevan a cabo por personal vestido de civil –como actúa siempre el personal del DIT--, de noche, precisamente cuando la ciudad se encuentra sujeta a la más estricta vigilancia policial, por grupos de personas que no se identifican pero que para ingresar a las casas se presentan como miembros del DIT, que usan vehículos oficiales con vidrios polarizados como los que pertenecen al DIT, los que en muchas oportunidades han sido identificados en efecto como vehículos del DIT, que actúan sin temor a ser interrumpidos o detenidos por miembros de las fuerzas policiales, que de hecho nunca han sido detenidos ni interceptados ni obstaculizados por autoridad policial ni militar alguna, que emplean además de revólveres, ametralladoras, y en relación con cuyos actos no se promueven investigaciones ni se ejerce sanción contra los responsables, circunstancias éstas que hacen presumir a los familiares de las víctimas que los mismos son cometidos precisamente por miembros del Departamento de Investigaciones Técnicas a su cargo, el Teniente Coronel Méndez López se limitó a rechazar la responsabilidad del cuerpo policial a su cargo. Manifestó que las fuerzas de izquierda son las que cometen los actos de violencia y que la mayoría de los desaparecidos se encuentran en Nicaragua o en algún otro país bajo otros nombres y en la clandestinidad, o bien se van de braceros a trabar a otros países.
84. Desde el punto de vista de sus gestiones para llamar la atención y para ser escuchado al más alto nivel, los familiares de los desaparecidos han obtenido efectos extraordinarios, pero en lo que se refiere a la liberación o aparición con vida de éstos, sus gestiones no han tenido éxito alguno. 85. Varios meses después de su conformación, la Comisión Tripartita dio a conocer al Jefe del Estado el resultado de sus investigaciones, cuyo tenor es el siguiente: La Comisión Tripartita en su esfuerzo por lograr resultados positivos, efectuó la investigación a nivel nacional; para ello se emitieron las órdenes correspondientes a nivel de todas las fuerzas de seguridad del Estado y se solicitó la colaboración de autoridades de orden civil: 1. Comandos Militares de todas las Zonas de la República; 2. Agentes Auxiliares de la Sección de Fiscalía del Ministerio Público de la capital y de cada uno de los Departamentos de la República; 3. Dirección General de la Policía Nacional, comprendiendo los Cuerpos Policíacos de la Capital, Jefaturas y Comandancias Departamentales de la República; 4. Dirección General de Migración y Delegaciones de todo el territorio nacional; 5. Penales (-Cárceles de Detención Preventiva; Granjas Modelo de Rehabilitación PAVON, Fraijanes, Guatemala, CANTEL, Quetzaltenango y CANADA, Escuintla; Centro de Orientación Femenino, C.O.F.; Prisión de Mujeres Santa Teresa; Centro de Rehabilitación Departamental de Puerto Barrios y Presidios Departamentales de Guastoya, El Progreso, Chimaltenango, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Cobán, Alta Verapaz, San Marcos, Jalapa, Chiquimula, Huehuetenango, Cuilapa, Santa Rosa, Sololá, Jutiapa, San Benito Petén, Zacapa, Mazatenango, Suchitepéquez, Totonicapán, Rehalhuleu y Santa Cruz del Quiché-); Dirección General de la Guardia de Hacienda, comprendiendo los Resguardos Hacendarios de la República; y Gobernaciones Departamentales de la República: Con instrucciones precisas de ilustrar debidamente a los Alcaldes, Vicealcaldes y Alcaldes Auxiliares de las cabeceras departamentales y municipios de todo el país, para que se procediera por todos los medios posibles a la investigación de cada uno de los casos que se relatan en la nómina respectiva, cuya fotocopia se adjuntó para establecer el paradero de los denominados "desaparecidos". Se solicitó desde el inicio del trabajo de la Comisión, la colaboración de los interesados y específicamente de las representantes del Grupo de Apoyo Mutuo, para que aportara todos los datos posibles a la realización de la investigación de los diferentes casos; pero, lamentablemente los datos proporcionados por los interesados en el documento que calificaron de "prueba" no fueron suficientes para realizar una efectiva investigación de la situación de los denominados "desaparecidos", en la que era necesario recibir las declaraciones de las personas señaladas como testigos, para tener mejores elementos de comprobación. La falta de cooperación directa de los interesados no permitió el agotamiento de dicha investigación. CONCLUSIONES: 1. De las investigaciones realizadas se estableció que, las personas que aparecen en los listados proporcionados por el "Grupo de Apoyo Mutuo", no se encuentran detenidas en ningún Centro Penal ni cárceles de detención preventiva de la República; 2. Durante las investigaciones efectuadas se dieron casos y circunstancias que pusieron de manifiesto su complejidad, tales como: a) la consignación de personas a los Tribunales de Justicia, en fecha posterior a la proporcionada como la de su desaparición (folios 20, 21, y 22 del Informe del Ministerio de Gobernación); y b) la declaración de una persona que operó en la clandestinidad de que sus fotografías y de otras personas, habían sido publicadas en la prensa como desaparecidos o secuestrados, ignorando la verdad sus familiares. Declaración que fue dada ante los medios de comunicación; 3. Que las investigaciones deben tenerse como no agotadas, pues entre otros aspectos, aun no se ha podido obtener un listado de los guatemaltecos que han emigrado a la República de México a efecto de establecer si entre ellos se encuentra alguna de las personas que aparecen en la nómina de "desaparecidos", en situación de sujetos de asentamiento; 4. Que a solicitud de interesados y en cumplimiento de la ley, el Ministerio Público promovió acción penal ante los Juzgados de Primera Instancia y de Paz del Ramo Penal del Departamento de Petén, esta capital, Quetzaltenango y Zacapa, con base en denuncias de plagio o secuestros e intervino en procesos ya iniciados (actuaciones y casos relacionados con la investigación que aparece en los informes); 5. Que durante las investigaciones realizadas en los Departamentos de la República, no se recibieron denuncias sobre la existencia de lugares de detención distintos a los Centros Penales, legalmente constituidos para detenciones preventivas y cumplimiento de condenas; y en un caso denunciado en la Capital, no se pudo localizar la casa particular a que se refieren los interesados por haberse proporcionado una dirección incompleta (folio 2 de Documentos Incorporados). PREÁMBULO DE LAS RECOMENDACIONES: Esta Comisión, realizó todo lo que concernía a una investigación oficial a nivel nacional y agotó todos los medios y recursos posibles. El volumen del material que contiene este informe es un exponente del esfuerzo personal de cada uno de los Miembros de la Comisión y puede considerarse como el principio de una investigación más profunda del problema de los desaparecidos, el que está interesado en resolver el actual Gobierno de la República. Siendo ésta una tarea totalmente inédita, requiere la conformación de una Comisión que cuente con tiempo suficiente y mayor número de personas, para desarrollar sus actividades dentro del marco de una metodología de amplia colaboración, no sólo de las Instituciones del Estado, sino que también de las personas interesadas. RECOMENDACIONES: 1. Que se prosiga la investigación tendiente a establecer el paradero de las personas desaparecidas, integrándose para el efecto una Comisión específica que pueda contar para su actuación con el apoyo de las instituciones del Estado; 2. Que en la nueva Comisión que se integre se excluya a Instituciones o Funcionarios Gubernamentales, que se conforme por elementos parlamentarios, profesionales, entidades privadas y religiosas, pudiéndose considerar asimismo las sugerencias que la respecto hicieran las personas interesadas, con lo cual se estima que la Comisión lograría mayor coordinación en la prosecución de la investigación, realización de sus fines y una mayor cooperación de los familiares de los desaparecidos, cooperación con la cual no contó esta Comisión Tripartita; 3. Que los interesados le proporcionen a la Comisión que se conforme, los elementos de comprobación que le permita agotar sus investigaciones dentro del marco de una amplia colaboración; 4. Que la Sección de Fiscalía del Ministerio Público, promueva la investigación en los casos denunciados; que reciba nuevas denuncias y todas aquellas declaraciones que permitan encausar una adecuada pesquisa; y, 5. Que todos los casos denunciados quedan abiertos para que, tanto el Estado por medio de los órganos competentes como los directamente interesados, puedan hacer las gestiones que se estimen pertinentes. 86. Sobre el particular, los familiares de los desaparecidos han expresado públicamente su frustración, decepción y desacuerdo con el resultado del informe de la Comisión Tripartita gubernamental que niega la existencia de cárceles secretas, que rechaza el que los desaparecidos estén detenidos por las fuerzas de seguridad, y que alega falta de información sobre los guatemaltecos que han emigrado a México para establecer si dentro de ellos se encuentran las personas desaparecidas, reiterando su convencimiento de que sus seres queridos están en Guatemala detenidos en algún lugar del país, prometiendo continuar en su lucha hasta que sus familiares reaparezcan sanos y salvos y han rechazado con indignación tal informe, manifestando que han sido nuevamente víctimas de encubrimiento, engaño y falsedad, y desmintiendo la acusación de no haber prestado colaboración, afirman haber dado toda clase de detalles confidenciales como nombres de los secuestradores, lugares de detención, identificación de los vehículos y descripciones muy detalladas de cada uno de los casos.
87. El Grupo de Apoyo Mutuo, presidido por la señora Nineth Montenegro de García, esposa del desaparecido líder sindical Edgar Fernando García, organizó una reunión en la cual los familiares de las víctimas pudieron exponer verbalmente a la Comisión Especial las circunstancias en que se produjeron los secuestros y desapariciones de sus seres queridos, e hizo entrega de los 538 casos de personas desaparecidas presentados al Gobierno del General Oscar Humberto Mejía Víctores para su investigación, los que seguidamente fueron entregados a la Comisión Tripartita para el esclarecimiento de los mismos. Pese a tratarse de casos de secuestros y desapariciones, algunos de los cuales ocurrieron antes de la actual administración, sin pretender responsabilizarla por los hechos ocurridos antes de agosto de 1983, seguidamente se incluye la relación completa de los mismos por las concretas acusaciones de encubrimiento y de falta de investigación de tales casos que el GAM atribuye y reclama directamente al presente Gobierno.
Héctor Manuel Sánchez González (21 de junio); Juan Manuel Méndez Sánchez (12 de noviembre); Francisco Rolando de la Parra Méndez (12 de noviembre); Florentino Gómez López (21 de junio); Gustavo Adolfo Bejarano Oscal (24 de agosto); Moisés Ats Paredes (20 de diciembre); Faustino Similoj Lucas (11 de enero); Eleuterio Similoj (11 de enero); Manuel Morales Morales (16 de octubre); Juan Martín Patzán López (20 de mayo); Oscar Alvarez de León (27 de octubre); Rigoberto Simalaj Castro (27 de octubre); Santos Miguel Menchu Canastuj (2 de agosto); Antonio Salanic Xivir (9 de julio); Felipe Matías Vicente (16 de agosto); José Alfredo Ordóñez Vicente (16 de agosto); Florencia Xocop (21 de junio); Irma Candelaria Pérez Osorio (21 de junio); Florentino Cornell (21 de junio); Enrique Ceferino Quiej (14 de julio). AÑO DE 1981 Judith Marlene Gularte de Paz (5 de julio); Jack Ross Shelton (ciudadano estadounidense) (12 de julio); Jorge Isabel Morales Mata (14 de diciembre); Rolando Kaibil Alvarado (17 de diciembre); Martha Luz Solórzano (27 de diciembre); Rosalío Díaz Bermúdez (5 de octubre); Gustavo Rodas Alvarez (20 de junio); Domingo Ixcoy de León (17 de noviembre); Cristóbal de León (17 de noviembre); César Augusto Tejada Galván (9 de octubre); Gonzalo Ac (21 de octubre); Irwin René Arana Rojas (10 de junio); Clemente Ichaj Sajcabún (8 de abril); Salvador Coy Sotz (2 de febrero); Carlos Ches Curruchiche (8 de mayo); Francisco Simón Soquel (24 de agosto); Juan José Simón Sukuk (24 de agosto); Fidel Simón Sukuk (24 de agosto); Miguel Angel Salazar Cupir (25 de junio); Edgar Enrique Sáenz Calito (9 de junio); Natael Tejada Aquino (17 de abril); Agustín Chalí Curruchiche (1° de mayo); Zonia Romelia Calderón Herrera de Marttel (23 de julio); Eulalio Cumés Chuy (7 de febrero); César Augusto Paz Quiñónez (17 de noviembre); José Luis Toledo Navas (26 de diciembre); Enrique Juárez Chanox (9 de abril); Mario Rolando Aragón Cabrera (14 de febrero); Angel Eduardo Mogollón Mendoza (4 de noviembre); Raúl Calel Tzul (10 de enero); Ernesto Carín (10 de enero); Fernando Ordóñez Sut (10 de enero); Salvador Machán Siquinajay (15 de septiembre); Mario Rabinal Tucubal (28 de diciembre); Simón Mejía Lorenzo (29 de diciembre); Cruz Morales Paredes (10 de enero); Santiago Morales Bashak (12 de enero); Rodolfo Antonio Tot (29 de julio); José Tol Chabalán (28 de enero); Sebastián Tol Sut (28 de enero); Cristóbal Xajil Hernández (27 de diciembre); Tomasa Morales Sut (2 de noviembre); Gerónimo Pirir (15 de noviembre); Daniel Saquit Chutá (29 de noviembre); María Esperanza Machán Machán (27 de agosto); Ernesto Pichol Chamalé (4 de enero); Tomás Batzibal Ajquí (15 de agosto); Fidelio Velásquez Tucubal (28 de diciembre); Obispo Velásquez Gueguech (28 de diciembre); Adán Quiñónez (22 de febrero); Eladio Tucubal Salazar (28 de agosto); Angel Rodolfo González Arquí (28 de agosto); Santiago Quevedo Pineda (24 de septiembre); Alfonso Chan Jutust (21 de enero); Nicolás Aczoc Chocoy (29 de marzo); Jesús Tucubal Rabinal (28 de diciembre); Paulino Tucubal Ajc (28 de diciembre); Miguel Sopop Sotz (25 de marzo); Manuel Ajc Socop (6 de mayo); Manuel Suar Puec (6 de mayo); Jerónimo Sut Suy (28 de diciembre); Concepción Ajcabún Samuc (28 de septiembre); Mariano Culum Ajcabún (28 de septiembre); Pablo Culum Ajcabún (28 de septiembre); Jesús Lorenzo Culum Ajcabún (28 de septiembre); Francisco Rodolfo de León Barrios (12 de junio); Sebastián Morales Morales (15 de agosto); Jerónimo Morales Morales (25 de agosto); Diego Mejía Morales (15 de agosto); Mateo Morales Lares (15 de agosto); Salvador Morales Ventura (25 de agosto); Domingo Morales Ventura (25 de agosto); Manuel Morales Pichol (25 de agosto); Tomás Morales Morales (5 de diciembre); Salvador Lorenzo Xon (25 de agosto); Sebastián Ventura Tiniguar (14 de agosto); José Chom Morales (25 de agosto); 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José Morales Chon (25 de agosto); Tomás Mejía Xon (23 de enero); Francisco Morales Marto (15 de agosto); Tomás Morales Quino (15 de agosto); Tomás Pedro Leal Juracán (15 de agosto); Tomás Morales Morales (20 de noviembre); Tomás Mejía Lorenzo (15 de agosto); Tomás Morales Macario (15 de agosto); Jacobo Curuchiche Caná (7 de febrero); Calixto González Bala (7 de febrero); Manuel Quino Tol (13 de diciembre); Vicente Xol Calel (13 de diciembre); Tomás Tecun Calel (13 de diciembre); Manuel Tiam Morales (13 de diciembre); Clemente de Jesús Hernández (15 de junio); Domingo Morales Mejía (15 de agosto); Tomás Morales Mejía (15 de agosto); Claudio Martín (13 de octubre); Jorge García Guerra (3 de mayo); Petronio Chay Orozco (28 de mayo); Santiago Pérez de la Cruz (10 de abril); Julia Martínez Choner (15 de octubre); Marcos Chivir Quic (25 de noviembre); Catarino Gonon Chay (4 de mayo); Nicolasa Quier Quier (18 de octubre); José Luis Salvador (25 de noviembre); Manuel Zapeta Morales (15 de agosto); Bernabé Salvador Ajquij (25 de noviembre); Mateo Chicoj Ventura (13 de diciembre); Inocente Sis (30 de diciembre); Juan Sirin Cali (5 de marzo). AÑO DE 1982 Oscar Rolando Rivas Martínez (16 de febrero); Edgar Eduardo Fajardo Paredes (16 de septiembre); José Luis Mayorga Molina (16 de septiembre); Marco Antonio Caxaj Rodríguez (29 de diciembre); Edy Aracely Guzmán Gómez (29 de diciembre); Axel Roberto Campos Díaz (29 de diciembre); Juan de la Cruz (19 de agosto); Domingo de la Cruz (19 de agosto); Julio Poc Xicay (14 de febrero); Roberto Loch (14 de febrero); Esteban Ajuchán (14 de febrero); Pedro Curruchiche Chex (11 de enero); Celso Curruchiche Chex (11 de enero); Carlos Alfredo López Chamalé (28 de enero); José Luis Chapas (16 de abril); René Arnoldo Gómez Calito (16 de julio); Maximiliano Cumes Simón (6 de enero); Tomás Cutsal Xocop (5 de enero); Guadalupe Cali Misa (15 de noviembre); Oscar Martín Murga Sosa (15 de septiembre); Valeriano Tawal Machán (30 de enero); Isabel Roque Chutá (2 de abril); Emilio Roquel Tuyuc (10 de enero); Gabriel Roquel Tuyuc (10 de enero); Marco Antonio Escobar (17 de agosto); José Raúl Marroquín Barrios (13 de julio); Julio Antonio Pérez Salas (9 de octubre); Ramiro Izaguirre (17 de agosto); José María González de León (12 de agosto); Felipe González Estupe (12 de agosto); César González Estupe (12 de agosto); Salvador Suruy Pérez (13 de agosto); Obidio Suruy Pérez (13 de agosto); Valeriano Tagual Machán (30 de enero); José Felipe Pérez Guzmán (13 de agosto); Alberto Rodríguez (13 de agosto); Filiberto González Aguilar (12 de agosto); Román López Cruz (13 de agosto); Ermenegildo López Estupe (13 de agosto); Manuel Augusto Estupe (13 de agosto); Antonio Guzmán Alvarez (13 de agosto); Isaías Chical Simón Pú (10 de enero); Leonel Ovando Pérez (17 de agosto); Fulgencio Martínez López (12 de agosto); Antonio Calel Apén (10 de enero); Avelino Choxij Chalí (10 de enero); Isaías Chicol Simón (10 de enero); Rodolfo López Chen (25 de enero); Manuel Fermín Reyes Melgar (27 de noviembre); Gabriel Coc Bala (28 de septiembre); Augusto Ixcacó Xicay (11 de octubre); Buenaventura Ixcacó Xicay (10 de octubre); Francisco Ambrosio Paredes (8 de noviembre); Tomás Ajbal Toj (14 de octubre); Trinidad Ajpop (28 de enero); Micaela Sarz Sitabí (7 de enero); Juan Pérez Sánchez (21 de marzo); José Antonio Rodríguez Chávez (18 de febrero); José Inés Reginal Chan (15 de enero); Rafael Salazar Ixcacoj (10 de octubre); Cornelio Ixcacoj Ats (10 de octubre); Tomasa Ixcacoj Ats (14 de agosto); María Regina Estrada Martínez (14 de agosto); Rufino Morales Paredes (7 de septiembre); Marcelino Paredes Morales (7 de septiembre); Florentina Warcas Batisbal (4 de marzo); Isabela Warcas Ambrosio (4 de marzo); Macedonio Colaj Elías (2 de julio); Abraham Cumes Chalí (10 de agosto); Juam Xum Ixcol (26 de abril); Juan Guascas Tol (3 de junio); Pedro Batzibal Ajquí (29 de agosto); Antonio Esquit García (5 de agosto); Felipe Boc Salazar (5 de agosto); Juan Pérez Sánchez (21 de marzo); Margarito Squit Chutá (18 de septiembre); Víctor Squit Chutá (18 de septiembre); Lorenzo Equit Ajú (3 de octubre); Tereso Siquinajay Popol (18 de agosto); Julia Margarita Calel Tol (13 de mayo); José Velásquez Gueguech (17 de mayo); Manuel Gómez Escobar (18 de enero); Alberto Flores y Flores (17 de mayo); Rolando Flores Paredes (21 de julio); Santiago Tol Rabianal (28 de enero); Custodio Tol Aquil (28 de enero); Juan Conoz Tucubal (28 de enero); Tomasa Morales Ambrosio (29 de marzo); Manuel Morales Calel (29 de marzo); Diego Tol Lares (21 de enero); Abraham Cumés Chalí (10 de agosto); Martín Lares López (2 de abril); José Nabichoj Rachí (25 de abril); Nicolasa Chabajay Putzeys (19 de marzo); Antonio Sica y Pablo (11 de octubre); Diego Velásquez Osorio (28 de febrero); Jacinto Osorio Mendoza (27 de febrero); José Grave (13 de mayo); Fulgencio Martínez López (12 de agosto); Diego Pablo Cochey (28 de febrero); Tomás Sut Vocel (17 de enero); Celestino Xutuy Quijay (7 de septiembre); Rafael Xutuy Quijay (7 de septiembre); Víctor Manuel Guzmán Ríos (9 de enero); Angela Myriam del Cid Xim (12 de marzo); Roberto Quiej Osorio (27 de febrero); Jacinto Osorio Mendoza (17 de febrero); Domingo Hernández Balám (28 de septiembre); Tomás Morales Tien (20 de marzo); Tomás Morales Morales (23 de abril); Tomasa Morales Chicol (25 de agosto); Domingo Lorenzo Morales (5 de mayo); Tomás Mejía Xon (22 de febrero); Diego Calel Morales (5 de mayo); Francisco Morales Xon (30 de enero); Martín Morales Conós (17 de agosto); Salvador González Sut (29 de marzo); Isaías Chicol Simón (10 de enero); Serge Berten (ciudadano belga, sacerdote, 19 de enero); Juan Morales Calva (9 de mayo); Juan Mejía Morales (15 de agosto); Domingo Macario Morales (15 de agosto); Gaspar Mateo Ventura (22 de noviembre); José Chicoj Calel (25 de abril); Alicia García del Cid (7 de febrero); Benedicto Oroxon Ixtabahan (10 de noviembre); Pablo Hernández Ixtebalan (10 de noviembre); Rolando Licor (11 de noviembre); Luis Jocol (11 de noviembre); José Luis Salvador (1982); Bernabé Salvador (1982); José Xon Bantzay (19 de mayo); Tomás Macario Calel (25 de octubre); Manuel Xon Morales (21 de marzo); Domingo Morales Lastor (14 de julio); Miguel Xon Calel (11 de marzo); Manuel Xon Calel (11 de marzo); Domingo Lorenzo Morales (16 de enero); Cristobal Raymundo Martínez (14 de julio); Nasario Set Culajay (21 de julio); Timoteo Martín (2 de mayo); Francisco Chávez (17 de diciembre); Inocente Sis (30 de diciembre); Juan Sirian Cali (5 de marzo). AÑO DE 1983 Flor de María Calderón Rodas (5 de abril); Walter Ramiro Gramajo Maldonado (14 de abril); Miguel Angel Gramajo Gramajo (14 de abril); Jorge Alberto Herrarte (15 de mayo); Marco Tulio González Flores (16 de septiembre); Gustavo Adolfo Dávila Vaídez (21 de septiembre); Mario Rolando Pérez Canastú (22 de septiembre); César David Jiménez (22 de septiembre); Jorge José Chou Lambur (8 de octubre); Miguel Gómez (27 de noviembre); José Luis López Bran (27 de noviembre); Salvador Ramírez Gramajo (24 de noviembre); Rolando Arnulfo Zamora Santos (24 de agosto); Gustavo Adolfo Zamora Santos (24 de agosto); José Lisardo Zamora Santos (24 de agosto); Oscar Eduardo Barillas Barrientos (21 de diciembre); Miguel Angel Solón Solares (14 de noviembre); Luis Jesús López Monzón (15 de septiembre); Víctor Minas (26 de junio); Filadelfo Ruano López (29 de mayo); Miguel Angel Zamora (11 de junio); Gorgonio Popol Siguán (26 de septiembre); Ramiro Estrada López (24 de noviembre); Santiago Rivera Shulú (26 de mayo); Jorge Alberto Rosal Paz (12 de agosto); Raúl Morán Lucero (2 de mayo); Alicia Herminia Morán Lucero (2 de mayo); Oscar Leonel Velásquez Bautista (31 de octubre); Edgar Armando Espinoza Sandoval (23 de septiembre); Carlos Rodrigo Méndez (14 de abril); Rutilio Archila Valladares (13 de octubre); Eulolio Simón Gomar (29 de octubre); Pedro Basilio Rodas Santos (3 de junio); Armando de León (8 de julio); José Rodolfo Pérez (21 de septiembre); Tito Daniel Díaz Méndez (13 de enero); Juan de Dios Wilberto Cotí Ixcaragua (6 de enero); Walter López Ramírez (31 de mayo); Efraín Pablo López (25 de septiembre); Mario René Tzoc Xanté (20 de mayo); Esteban Bin Alvarez (29 de septiembre); Mauricio Isem (29 de septiembre); Alvaro Felipe Velásquez Lobo (28 de enero, salvadoreño); César Augusto Velásquez Lobo (28 de enero, salvadoreño); Francisco Pocon Socop (8 de mayo); Victoriano Gabriel Yaxón (8 de mayo); Pedro López Pocón (16 de julio); Leonso Quej (25 de enero); Simeón López Gaspar (20 de febrero); Jorge Alfonso Velásquez Soto (28 de noviembre) José Pop Mecía (4 de diciembre); Sebastián Morales Lares (18 de junio); Manuel Quino Tecún (28 de mayo); Manuel Quino Morales (28 de mayo); Manuel Quino Morales Mux (28 de mayo); Francisco Guerrero (26 de enero); Rodolfo López (26 de enero); Juan Choy Paz (22 de junio); Diego Coy Chojotan (22 de junio); Lorenzo Fabustino García Rodríguez (22 de junio); Marino Alejandro Vásquez López (19 de marzo); Otto Federico Ideal Choc (18 de enero); Matilde Col Choc (18 de enero); Leonardo Víctor Bamaca (1° de noviembre); Edelfino Israel Mirada Aguilar (19 de marzo); Esteban Martín Fuentes Gómez (19 de marzo); Gabriel Oxlaj Pérez (6 de febrero); Arnulfo Oxlaj Pérez (6 de febrero); Miguel Luis Oxlaj Pérez (6 de febrero); María Oxlaj Pérez (6 de febrero); Domingo Saquic Pérez (6 de febrero). AÑO DE 1984 Sergio Saúl Linares Morales (23 de febrero); Juan Carlos Morales Castillo (27 de abril); Carmen Morales de Morales (27 de abril); Geovanni Ortiz Vázquez (5 de abril); Osward Elieser Cruz Fuentes (6 de abril); Alejandro Hernández González (13 de mayo); Alfredo Fernando Aguilar Tzooc (3 de febrero); Octavio René Guzmán Castañeda (17 de enero); José Luis Villagrán Díaz (11 de febrero); Edgar Leonel Domínguez Izás (28 de mayo); Iván Estuardo Velásquez Mendoza (23 de mayo); Jorge Eduardo Aguilar Grijalva (23 de mayo); Julio Eduardo Sandoval Velásquez (22 de junio); Darío Inocente Roldán Gómez (3 de enero); José Arnaldo (3 de abril); Harol Rigel Soza Ríos (5 de febrero); José Ricardo Boror Bar (3 de enero); Ismael Recinos Mejía (5 de abril); César Augusto Herrera Castillo (5 de abril); Humberto Arenales Molina (8 de mayo); Edgar Gerardo Rivera Arévalo (23 de abril); Jorge Mauricio Rivera Arévalo (27 de enero); Mario Leonel López Barrios (21 de febrero); José Arnoldo Santizo Rosales (29 de febrero); José Alfredo Mazariegos Monroy (29 de febrero); Marco Tulio Vásquez (29 de junio); Gabriel Perén Misa (8 de mayo); Sotero Perén (8 de mayo); Eulogio Feliciano Juárez Velásquez (13 de julio); Francisco Javier Juárez Ramírez (13 de julio); Segundo Gómez López (27 de enero); Efraín Pedro Gómez Carreto (27 de enero); Edgar Orlando Ramazzini Herrera (13 de octubre, apareció asesinado el 4 de diciembre de 1984); Guillermo Barillas Valle (17 de septiembre); Domingo Po Tunay (17 de septiembre); Antonio Petzey Salquil (17 de septiembre); Sebastián Po Saquic (21 de mayo); José María Reginaldo López y López (19 de marzo); Juan Isaac Ochoa Salguero (19 de marzo); Mariano Cumatz (22 de marzo); José Luis Villagrán Díaz (11 de febrero); Sebastián Po Utz (21 de mayo); Andrés Gutiérrez García (2 de mayo); José Hernández Ixbabang (22 de marzo); Carlos Bosell Zapón Ajú (31 de marzo); Braulio Juárez (22 de febrero); Francisco Camilo Morales (21 de noviembre); Silverio Jojo Caché (31 de marzo); Dolores Sumú González (25 de octubre); Pablo de León Sumú (25 de octubre); Ervis Donis Lima (5 de abril); Edy Amílcar Mérida Peralta (7 de abril); Rudy Figueroa Muñoz (26 de octubre, apareció asesinado el 5 de diciembre de 1984); Simón López Gaspar (20 de febrero); Juan de Paz (20 de febrero); Mariano Godínez (20 de febrero); Armando Godínez (20 de febrero); Mario Reyna Barrios (20 de febrero); Paulo Velásquez (20 de febrero); Memerto Ramírez (20 de febrero); Catalina Godínez de Menchú (20 de febrero); Felipa Ramírez (20 de febrero); Marta López Morales (20 de febrero); Víctor Manuel Monroy González (6 de agosto); Juan Cuxé Tacatic (20 de mayo); Isabel Cuxé Tacatic (20 de mayo); Miguel Xiquín Malux (14 de julio); Juan Guadalupe Requena Morales (19 de febrero); Adan Barrios Villacinda (10 de marzo); Rolando Romeo Ordóñez Barrios (19 de febrero); Marta Clemencia López Barrios (19 de febrero); Francisco Javier López Morales (10 de marzo); Adela Villacinda (19 de febrero); Rodrigo Ordóñez (13 de junio); Roberto Alfredo Mejía Santos (20 de marzo); Concepción Sis (1° de agosto); Eusebio Sis (1° de agosto); Raúl Humberto Escobar Chavac (27 de abril); Marcelino Escobar Chavac (2 de abril); Alejandro Zepeda Barrayo (19 de septiembre); Sabino Sánchez (2 de agosto); Rogelio Rodrigo Vicente Tum (23 de marzo); Felipe Hernández Lux (23 de marzo); Braulio Juárez (12 de febrero). AÑO DE 1985 Santiago García (3 de enero); Samuel Chávez de León (10 de marzo); Angel Enrique Galindo García) 1° de febrero). 88. Como quiera que no todos los secuestros y desapariciones, contenidos en el anterior listado, tuvieron lugar dentro del período que corresponde a la administración del General Oscar Humberto Mejía Víctores, la Comisión ha solicitado al Gobierno de Guatemala, por nota de fecha 10 de julio del año en curso, una información sobre las indagaciones efectuadas en relación con las desapariciones de personas ocurridas durante las administraciones anteriores a la actual. La CIDH, con fecha 11 de septiembre de 1985 ha recibido como respuesta a dicha comunicación la siguiente nota del Gobierno de Guatemala:
89. En lo que se refiere al documento que contiene las conclusiones de la investigación gubernamental efectuada por la Comisión Tripartita, a la que se refiere la nota del Gobierno de Guatemala y que se encuentra insertado en el párrafo N° 99 del presente capítulo, la Comisión, que conoce la naturaleza de las pruebas presentadas, considera que efectivamente no se ha realizado una verdadera investigación, ya que si no todos, por lo menos algunos de los casos presentados podrían haber sido casi inmediatamente esclarecidos, sobre todo aquellos en los que se han presentado los nombres de los oficiales y los números de identificación de los vehículos empleados por éstos en los secuestros. Aun cuando la denuncia trata de casos concretos, el informe de la Comisión Tripartita se expresa en términos vagos, no habiendo logrado esclarecer siquiera al menos uno de la totalidad de casos sometidos a su investigación. Ello explica porqué la Comisión Especial, consciente de la superficialidad y ninguna utilidad del aludido informe, recomendó al Jefe de Estado encargar tal tarea a un magistrado ad-hoc de independencia y honorabilidad insospechables.
K. SITUACIÓN LEGAL DE LOS DESAPARECIDOS 90. A diferencia de lo que ocurría bajo anteriores administraciones en que generalmente los desaparecidos después de cierto tiempo reaparecían rehuyendo dar cuenta de lo que les había ocurrido durante el período de su ausencia, o aparecían muertos, muchas veces con impresionantes muestras de haber sido torturados antes de morir, dentro del período de tiempo que corresponde a la administración del General Mejía Víctores, si bien todavía se encuentran cadáveres de personas decapitadas y con signos evidentes de haber sido torturados antes de morir, en la generalidad de los casos las personas secuestradas por razones políticas nunca más vuelven a aparecer pasando a formar parte, con nombres y apellidos, desde ese momento, del grupo de los denominados "desaparecidos". 91. La situación legal de los desaparecidos como consecuencia de la violencia que ha vivido Guatemala durante los últimos años no se encuentra debidamente contemplada por la legislación de dicho país. Sin embargo, como consecuencia de las desapariciones, se producen frecuentemente múltiples situaciones conflictivas de carácter jurídico, entre ellas el que las víctimas caigan en una especie de "limbo jurídico", que implica, por ausencia del "corpus mortis", el que sus familiares ni siquiera tengan derecho a obtener un certificado oficial de defunción, con las complicaciones que esto trae consigo en lo relacionado al derecho de familia, de sucesión, de contratación, etc. y en lo que concierne a la administración de justicia, el que ésta quede entorpecida debido a que al Poder Judicial se le sustrae del objeto que prueba la existencia de la infracción penal para condenar a los responsables de la detención y ejecución extrajudicial.
92. Las actividades del "GAM" se vinieron desenvolviendo normalmente, pese a las constantes amenazas de muerte contra los miembros de su directiva, hasta que el 14 de marzo de 1985, en un acto oficial realizado en la base militar del Departamento de Jutiapa, transmitido por televisión, el Jefe de Estado General Oscar Humberto Mejía Víctores formuló ciertas declaraciones según las cuales el "GAM" estaba siendo manipulado por la subversión y por un grupo internacional y que, dentro de este contexto, gestionar la aparición con vida de los desaparecidos era un acto subversivo, que se adoptarían las medidas para contrarrestarlo y que en adelante no se le tolerarían más demostraciones. 93. Inmediatamente después de tales declaraciones, el "GAM" empezó a ser severamente hostilizado. Sus miembros empezaron a ser seguidos por agentes de Seguridad del Estado. Las amenazas de muerte por teléfono y por escrito contra sus dirigentes se intensificaron. La noche del 16 de marzo, miembros del DIT se apersonaron al domicilio de Angel Edulfo Reyes con la intención de capturarlo, lo que no lograron por no encontrarse presente en ese momento. Toda la plana ejecutiva del "GAM" se sintió acosada y perseguida. Dos semanas después de las declaraciones del Jefe de Estado se produjo la primera ejecución extrajudicial de uno de los miembros de la directiva del "GAM". El día 30 de marzo de 1985, HÉCTOR ORLANDO GÓMEZ CALITO (Caso CIDH No. 9521), panadero de profesión, fue secuestrado en plena vía pública, en la 3ra. Avenida y 20° calle de la zona 1° de la Capital, a la salida de una reunión del "GAM", cuando se disponía a subir a un autobús extraurbano que lo conduciría a Amatitlán, donde residía. A los dos días, atado de pies y manos, con señales de haber sido brutalmente apaleado, apareció su cadáver en el kilómetro 27 de la ruta al pacífico. Héctor Orlando Gómez era hermano de René Arnoldo Gómez, quien había sido igualmente secuestrado, según informes, por las fuerzas armadas de Guatemala en 1983. 94. Mientras esto ocurría, el resto de los líderes del "GAM" denunciaban que se había tendido prácticamente un cordón de control sobre sus personas y que hombres vestidos de civil, evidentemente armados, los seguían a todas partes, rondando sus viviendas y lugares de labor. 95. A los pocos días, el 4 de abril se denunció la desaparición de toda una familia perteneciente a la directiva del "GAM" que luego fue reportada desaparecida y posteriormente encontrada muerta en circunstancias muy extrañas. En efecto, a mediodía del jueves 4, víspera de Viernes Santo, la profesora MARÍA DEL ROSARIO GODOY ALDANA DE CUEVAS, acompañada de su hijo de 3 años, AUGUSTO RAFAEL CUEVAS GODOY, y de su hermano de 21 años, RENÉ GODOY ALDANA (Caso CIDH No. 9586), salieron juntos de su domicilio ubicado en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, en una camioneta, a comprar comida y abastecimientos al supermercado "Centro Comercial Montúfar", situado en la zona 9, con la finalidad de poder celebrar familiarmente dicho evento religioso. Al no regresar ni dar aviso de su situación, la familia denunció su desaparición al DIT. 96. Al día siguiente fueron encontrados los cadáveres de las tres personas en lo profundo de un barranco en el kilómetro 19 de la carretera que conduce a Villa Canales. El hecho fue calificado por la Policía Nacional como un accidente de tránsito. La familia no tiene explicación al hecho de que no regresasen a la casa después de haber efectuado las compras en el supermercado y se preguntan qué andaban haciendo por la carretera hacia Villa Canales a las 11:30 de la noche cuando, se dice, ocurrió el accidente. 97. Como resultado de esta campaña de violencia contra el "GAM", su directiva se ha visto reducida a la mínima expresión por las muertes antes mencionadas y porque algunos otros, aterrorizados por las continuas amenazas, asedio y persecución, han optado por huir al extranjero. La Comisión, durante el desarrollo de la visita in loco, en reiteradas oportunidades solicitó a las más altas autoridades políticas, militares y policiales de Guatemala, garantías y protección especiales para los miembros de la dirigencia del "GAM".
M. EL JUICIO DE LA IGLESIA CATÓLICA SOBRE LOS DESAPARECIDOS 98. En consideración al indudable conocimiento que sobre el problema de los desaparecidos tiene la Iglesia Católica y a la autoridad moral que sus opiniones tienen sobre el particular, resulta importante insertar en este capítulo el juicio crítico de su Santidad Juan Pablo II, sobre el problema de los secuestrados y desaparecidos en Guatemala. El Supremo Pontífice, muy impresionado por dicho fenómeno, en su carta pastoral, entre otros conceptos, expresa lo siguiente:
N. APRECIACIONES DE LA COMISIÓN 99. La Comisión no puede establecer una cifra precisa sobre el número de desaparecidos en Guatemala durante la administración del General Oscar Humberto Mejía Víctores, pero cualquiera que ésta sea, dado el corto tiempo de su gestión, su impresionante número pone de manifiesto la gravedad del problema y pese a la negativa de su Gobierno de reconocer la participación de sus Fuerzas Armadas en tales operativos cuya metodología es idéntica a la de los regímenes militares anteriores cuando se desempeñaba como Ministro de la Defensa, existen multitud de elementos de juicio que ponen de manifiesto su intervención y responsabilidad y lo que es peor, luego de haber estudiado cuidadosamente las respuestas del Gobierno, de no adoptar hasta ahora las medidas necesarias para evitarlos, ni de investigar y sancionar verdaderamente a los responsables.
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