[1]  La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 4o, consagra el Derecho a la Vida, al establecer en su numeral 1, lo siguiente;  “Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.  Los restantes numerales de este Artículo se refieren a la pena de muerte.

[2]  Artículos 16 y 29 de la Constitución Política.

[3]  Nuevo Código Penal, Título XIII sobre título XIII sobre “Delitos contra la vida y la integridad personal”, que regula en cuatro Capítulos el homicidio, las lesiones personales, el aborto y el abandono de menores y de personas desvalidas, respectivamente, Artículos 323 al 348 inclusive.

[4]  Código de Justicia Penal Militar, Título VII sobre “Delitos  contra la vida y la integridad personal”, que regula en cinco Capítulos la clasificación, el homicidio, las lesiones personales, el duelo, y las disposiciones comunes a los Capítulos anteriores, respectivamente, Artículos del 193 al 215 inclusive.

[5]  Caso conjunto Nº 4667.

[6]  En el Boletín de Prensa fechado en Bogotá el 21 de septiembre de 1979, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en lo referente a la muerte del señor Armando Pabón Vega, se expresa lo siguiente:  “El día miércoles 19 del presente mes, a las 6:30 p.m., fue abaleado (5 impactos) en Apartadó el dirigente sindical Armando Pabón Vega, cuando salía del local del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, del cual era líder.  Contaba 30 años de edad y en el momento de ser asesinado se encontraba tramitando un pliego de peticiones de los trabajadores bananeros.  Pabón fue trasladado de urgencia a Medellín; murió a las 5:00 a.m. de hoy.  Sus restos están siendo velados en la sede de FEDETA; será sepultado el sábado a las 4:00 p.m.  El Comité Departamental de Antioquia por la Defensa de los Derechos Humanos, lo mismo que el Comité Nacional elevan su más vigorosa protesta por el crimen del cual fue víctima Armando Pabón Vega, militante comunista y querido líder sindical”.

[7]  En lo que respecta a las investigaciones seguidas para establecer las causas de la muerte del señor Darío Arango, el Gobierno de Colombia entregó ala Comisión una serie de documentos que incluyen el oficio No. 636 de 19 de octubre de 1979, dirigido al Juez 108 de Instrucción Penal Militar de Medellín por el Jefe del Instituto Seccional de Medicina Legal de dicha ciudad, dependiente del Ministerio de Justicia; y el dictamen de los médicos jefes del Hospital La Cruz de Puerto Berrío, de los que se deduce que el deceso del señor Arango no obedeció a causas violentas sino a un colapso cardiovascular.

[8]  La denuncia correspondiente a Luis Arsenio Ramírez, es de fecha 25 de abril de 1980 y figura conjuntamente con la de Hans Caycedo Amador, en el caso múltiple o colectivo No. 7348 correspondiente al M-19.  Esta denuncia fue transmitida al Gobierno colombiano con comunicación de la Comisión de 3 de noviembre de 1980.  La denuncia relativa a Fabio Vásquez Villalba, es de 25 de abril de 1980 y fue transmitida al Gobierno, como caso individual, en comunicación del 17 de noviembre de 1980.

[9]  Comunicaciones del Gobierno dirigidas a la Comisión, de 19 de enero de 1981 y de 6 de febrero de 1981.  Las partes pertinentes de la contestación del Gobierno fueron transmitidas a los reclamantes por la Comisión, de acuerdo con sus disposiciones reglamentarias.

[10]  Sobre este caso, obra en poder de la Comisión el concepto emitido, con fecha 22 de julio de 1980, por el Auditor Principal de Guerra, dirigido al Comandante de la Tercera Brigada con sede en Cali, en el que se lee lo siguiente:  “De la probanza recogida en autos tenemos que el día veintitres de febrero del presente año, en las instalaciones del Batallón Pichincha, el particular JORGE MARCOS ZAMBRANO TORRES falleció a causa de ‘anoxia severa de etiología en estudio’, y según diagnóstico más probable como causa de su muerte fue la ‘asfixia por sumersión en el agua con privación de oxígeno y anexia severa cuya resultante puede ser el edema pulmonar observado’, según dictamen médico-legal, y esa muerte sucedió cuando JORGE MARCOS ZAMBRANO se hallaba bajo la responsabilidad directa del señor Subteniente NORBERTO PLATA SANCHEZ y del Sargento Viceprimero JOSE RODRIGO HERNANDEZ GRANADOS, quienes lo interrogaban en ese momento.  La conducta de los incriminados PLATA SANCHEZ y HERNANDEZ GRANADOS, se halla descrita en el Libro Segundo, Título VII, Capítulo II, del Código de Justicia Penal Militar, razón por la cual existe mérito suficiente para que, por el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales que establece el Capítulo II, Título VI, Libro Cuarto del Código en referencia, se determine su responsabilidad penal en el presente caso”.  Con fecha 23 de julio de 1980, el Comandante de la Tercera Brigada emitió la Resolución No. 073 decidiendo convocar en la Guarnición de Cali un Consejo de Guerra Verbal para que juzgue de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código de Justicia Penal Militar, a los militares sindicados.  Por otra parte, obra en poder de la Comisión la Resolución de 16 de agosto de 1980, del Presidente del Consejo de Guerra Verbal, en la que se expresa lo siguiente:  “Declarar, claramente contrario a la evidencia de los hechos el veredicto del Jurado emitido en el presente Consejo de Guerra Verbal”.  En el texto de los Resultandos de la Resolución señalada, se expresa que “… la Presidencia concluye que el veredicto absolutorio contraría la evidencia del proceso, es decir, las pruebas puestas de manifiesto en el expediente capaces de formar una convicción de certeza; y que por lo mismo así debe declararse”; y se consignan, además, entre otros aspectos, los siguientes:  “Teniendo en cuenta todo lo anterior, tenemos entonces, suficientemente comprobados los siguientes indicios:  Indicio de presencia, puesto que los sindicados estuvieron hasta el último momento en el lugar de los hechos en donde el particular JORGE MARCOS ZAMBRANO cayó exhausto.  Indicio de manifestaciones anteriores:  como es la de haberle manifestado al sindicado de que lo iban a llevar a remonta, sabiendo perfectamente el conocimiento de carácter general y notorio que hay sobre la remonta.  Esta es la denominada amenaza verbal.  Indicio de entendimiento.  Puesto que los sindicados establecen en sus indagatorias y en la diligencia de reconstrucción de los hechos el pleno acuerdo de voluntades de llevar al detenido a la remonta.  Sin embargo, el sindicado HERNANDEZ JOSE RODRIGO en su indagatoria afirma en forma categórica que ellos no pensaban ni se habían puesto de acuerdo en llevar al detenido a la remonta y después establecen en la reconstrucción que si hubo acuerdo pero con la sola intención de asustarlo en forma sicológica, estableciéndose de esta manera el indicio de mala justificación.  Indicio de las manifestaciones posteriores:  como son el ocultamiento del nombre de la víctima, el establecimiento de la procedencia del mismo, las afirmaciones circunstancias y hechas ante el agente en el hospital departamental - sección urgencias que no correspondía a la verdad.  Indicio de huellas materiales:  como es, la de que las vestiduras del occiso JORGE MARCOS ZAMBRANO estaban mojadas, como lo establece el agente que recibió el cuerpo sin vida y así lo anota perfectamente en su declaración.  A la laceración superficial que presentaba el occiso en su rodilla de la pierna izquierda; el extenso hematoma que presentaba el cadáver de JORGE MARCOS ZAMBRANO en el cuero cabelludo de la región frontal de la cabeza.  Indicio del móvil:  que no es otro que la situación de intimidación que se pretendía con el hecho de llevarlo a la remonta a la iniciativa propia de los sindicados y hacerlo como medio eficaz de producir efectos emocionales y perder el auto-control y así obtener resultados positivos.  Indicio de la capacidad intelectual o de oportunidad personal:  esto es la capacidad y las disposiciones físicas requeridas para la acción por parte de los sindicados, como es la de estar dos personas contra una y estar armados enla realización de los interrogatorios.  Los cuales conjugados con lo afirmado por el testigo CAMILO RESTREPO, compañero de detención de JORGE MARCOS ZAMBRANO en cuanto a lo manifestado por él respecto a los interrogatorios hechos en una piscina y a sumersión en la misma y al intento de ahogamiento; al dictamen médico legal respecto que descarta un infarto y a la causa de la muerte se llega necesariamente a la conclusión que hay verdadera intención de responsabilidad penal en los hechos para los sindicados; puesto que las circunstancias de los hechos y los indicios enumerados anteriormente son precisos y concordantes”.

[11]  En el caso Nº 7348, abierto por la Comisión y que corresponde a un caso colectivo múltiple referente al M-19, figura la denuncia de 23 de abril de 1980, relativa al señor Camilo Restrepo Valencia, la que fue transmitida al Gobierno colombiano el 3 de noviembre de 1980.  En la parte final de dicha denuncia se afirma lo siguiente:  “Un compañero (Zambrano) fue detenido al mismo tiempo y torturado, fue asesinado durante su detención”.

[12]  Con fecha 29 de mayo de 1979, y en consideración a los antecedentes referidos, el Procurador General de la Nación se dirigió al Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, en relación a este caso, en los siguientes términos:  “Con la presente le estoy enviando el expediente que contiene las diligencias de averiguación hechas por la Policía Judicial en relación con la muerte del estudiante HERNANDO RUBIO ALFONSO, con el objeto de que se sirva entregarlas al Juez del conocimiento para los efectos del caso y de ejercer una especial vigilancia sobre la marcha de dicho proceso”.

[13]  El Gobierno entregó a la Comisión, a través de la Procuraduría General de la Nación y del Ministerio de Defensa, los siguientes documentos:  a) Comunicado del Comando Aéreo de Combate No. 1, de Puerto Salgar, de 5 de julio de 1979; b) Informe del Comandante del mismo Comando, de 11 de julio de 1979; c) Comunicado del Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana de 30 de julio de 1979; d) Informe sobre la investigación administrativa-disciplinaria, No. 290830R dirigida al Procurador Delegado de las Fuerzas Militares por el Abogado Visitador, de 29 de enero de 1980; e) Diligencia de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Armadas, de 29 de enero de 1980; f) Oficio No. 00270 del Procurador Delegado de Fuerzas Militares al Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana de 31 de enero de 1980; g) Comunicado del Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana del 7 de febrero de 1980; h) Relación de visitas especiales sobre el caso, enviada por el Procurador Delegado para las Fuerzas Armadas al Procurador General de la Nación en oficio No. 01050, de 30 de abril de 1980.  En el Comunicado del Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, de 30 de julio de 1979, se expresa lo siguiente:  “1o.  El precitado individuo fue capturado en la población de Mariquita Tolima, por su presunta vinculación a la red urbana de las FARC, siéndole decomisados armamento y municiones de distintos calibres que se encontraron en su residencia.  2o.  CARMELO FORERO estaba recluído en la mencionada Unidad, en sitio destinado para personal sindicado de violación de la ley penal, donde tanto él como otros retenidos, gozaban y gozan de todas las garantías legalmente establecidas.  3o.  El día 5 de los corrientes, el referido ciudadano trató de evadirse del sitio de reclusión, por dos veces consecutivas, motivo por el cual, el centinela procedió a requerirlo verbalmente para que desistiera de su propósito, recibiendo como respuesta una agresión física encaminada de apoderarse del arma de dotación, razón por la cual, el soldado se vio en la necesidad de hacer uso de la misma, hiriendo de muerte al agresor,  4o.  Ocurrido el deceso de JOSE VICENTE CAMELO FORERO, el Juez 46 de Instrucción Penal Militar avocó en forma inmediata la investigación correspondiente, practicando el levantamiento del cadáver, ordenando la necropsia respectiva y las demás diligencias del caso de conformidad a las normas de procedimiento penal.  5o.  Consecuente con lo expuesto anteriormente, este Comando informa que carecen de fundamento las versiones suministradas por algunos medios informativos, sobre la forma como sucedieron los hechos que determinaron la muerte de CAMELO FORERO, así como, también, las aseveraciones que se hacen sobre posibles torturas por parte del personal uniformado”.  En el Comunicado de la misma Comandancia de la Fuerza Aérea, de 7 de febrero de 1980, se expresa lo siguiente:  “Se recuerda que por la muerte del señor JOSE VICENTE CAMELO FORERO (q.e.p.d.) el Juez 46 de Instrucción Penal Militar, inmediatamente después de ocurridos los hechos, inició la correspondiente investigación penal, dentro de la cual aparece como sindicado el soldado JUAN JOSE MENDEZ CASTRO, a quien el Cabo Califica de ‘regalado’.  Se estableció que Méndez Castro pertenece al Primer Contingente de 1978, Contingente que solo será descuartelado en el mes de abril del presente año, luego no es verdad lo afirmado por el Suboficial”.

[14]   Con fecha 20 de abril de 1980, el apoderado de la viuda del señor José Vicente Camelo Forero, envió al Presidente de la República una carta –que aparece también firmada por ella--, en la que protesta por una confusión que el Gobernante Hiciera del nombre de aquélla, señalándola como madre del señor Alfredo Camelo Franco, sindicado y enjuiciado como coautor del asesinato del ex-Ministro Rafael Pardo Buelvas.  La confusión se produjo en la alocución que en el mes de abril de 1980 hiciera el Presidente colombiano con ocasión del problema planteado por la toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá y del Informe de Amnistía Internacional.  El Presidente Turbay Ayala reconoció el error y pidió disculpas por haber incurrido en el mismo, en carta de respuesta dirigida a la viuda del señor Camelo al día siguiente, en estos términos: “Señora Doña Elpidia Cáceres vda. De Camelo.  L.C.  Muy distinguida señora: Acuso recibo de su carta de abril 20 en la cual usted, con toda razón, protesta por la confusión en que incurrí al considerarla madre de Alfredo Camelo, coautor del asesinato del Ministro Pardo Buelvas.  La afirmación fue hecha en virtud de información que me fue suministrada por autoridades subalternas que, de buena fé, creyeron que existían entre usted y Alfredo Camelo los vínculos ya referidos.  Por mi parte, y como no fue mi intención molestarla ni utilizar estratégicamente su nombre, no tengo ningún inconveniente en decirle que me mortifica el involuntario error en que incurrí y en presentarle las más rendidas excusas. (f) Julio César Turbay”.  La carta del apoderado de la señora de Camelo para el Primer Mandatario expresa, entre otros, los siguientes conceptos: “Con inmensa atención, escuchamos su Alocución sobre el problema de la Embajada Dominicana, y sus enérgicos planteamientos a manera de respuesta oficial al 'Informe y Recomendaciones de Amnistía Internacional'.  No vamos a entrar en un análisis polemizante del contenido de sus afirmaciones, pero desde luego no podemos compartir en su integridad aunque las respetemos por provenir del Jefe del Estado.  Nos limitamos a manifestarle, Señor Presidente, que Ud. se halla inmensamente mal informado sobre algunos puntos y que seguramente por falta de tiempo, no pudo verificar antes de hablar, las falsas informaciones que le suministraron sus inmediatos asesores.  Nos referimos en concreto, a lo por Ud. dicho cuando mencionó y enumeró las personas y Entidades con las que se entrevistaron los señores Delegados de 'Amnistía Internacional', frases inequívocas cuya grabación magnetofónica poseemos y que fueron publicadas además, por todos los medios de comunicación del País.  Ud. Señor Presidente, dijo textualmente: '... CON LA SEÑORA ELPIDIA CÁCERES VIUDA DE CAMELO, MADRE DE ALFREDO CAMELO FRANCO, COAUTOR DEL ASESINATO DEL EX-MINISTRO RAFAEL PARDO BUELVAS...'.  La realidad, señor Presidente, y que desconocen sus inmediatos colaboradores, o conociéndola se la están ocultando a Ud. en forma dolosa, es la siguiente: la señora ELPIDIA CÁCERES VIUDA DE CAMELO y a quien Ud. se refirió en su alocución, no es la madre de ALFREDO CAMELO FRANCO; es la esposa de don JOSÉ VICENTE CAMELO, ganadero de Mariquita y quien fue asesinado en las instalaciones militares de Palanquero; doña Elpidia no tiene sino un hijo varón y se llama ENRIQUE CAMELO CÁCERES, quien es estudiante universitario y nunca ha trabajado en 'El Siglo' ni tiene que ver con la muerte del ex-ministro Pardo Buelvas.  Nosotros, es decir, doña Elpidia en su condición de viuda del occiso José Vicente Camelo, y yo como su Apoderado, nos entrevistamos con los señores Delegados de 'Amnistía Internacional', única y exclusivamente con el fin de informarlos detalladamente sobre el caso del señor CAMELO, es decir, sobre las torturas innegables de que fue víctima don JOSÉ VICENTE CAMELO después de ser capturado en su casa de habitación en Mariquita y trasladado a las instalaciones militares de la FAC en Palanquero, torturas que quedaron constatadas en la diligencia de exhumación del cadáver practicada por el Juez Instructor y el médico legista de Armero, así como la causa de la muerte que fue 'paro cardiorespiratorio ocasionado por dos disparos de fusil en la espalda'.  Así pues, nuestra entrevista con los señores de 'Amnistía Internacional', nada tuvo que ver con el señor CAMELO FRANCO ni con la muerte del ex-ministro Pardo Buelvas, sino con la muerte de don JOSÉ VICENTE CAMELO, investigación que lógicamente adelanta la Justicia Penal Militar, con resultados, hasta ahora, de positiva impunidad.  Por qué sus inmediatos colaboradores, señor Presidente, ocultan la verdadera identidad de doña Elpidia, y no le han informado sobre la investigación del asesinato de su esposo don José Vicente Camelo, en la que no ha habido ni un solo detenido?  Por qué cuando los presuntos sindicados dentro de una investigación tan importante como ésta, son militares en 'servicio activo', los Abogados civiles no podemos hacer nada, y se nos niega la constitución de Parte civil?  Por qué, este régimen de excepción impunitiva?  Con estos hechos y realidades, será equivocado y parcializado el 'Informe de Amnistía Internacional'?”

[15]   Informe del Inspector Jefe de la Policía Nacional, contenido en oficio Nº 0027 del 15 de enero de 1981, dirigido al Ministro de Defensa Nacional.

[16]   Artículo 2840 del Código de Justicia Penal Militar, que dice: “Para los efectos de este Código, los términos militar, o militares, se aplican a los miembros de las Fuerzas de la Policía, a excepción de lo dispuesto en el Capítulo IV, Título IV, Libro II”; y Decreto Nº 2347 de 1971, que en su artículo 8º establece: “Los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional que, con ocasión del servicio o por causa del mismo o de funciones inherentes a su cargo, cometan un delito, serán juzgados de acuerdo con las normas del Código de Justicia Penal Militar”.