Ofíciese a la Corte de Apelaciones de Santiago, expresándole que esta Corte Suprema reafirma sus facultades que el Artículo 307 del Código de Procedimiento Penal confiere a los Tribunales para pedir los datos e informes que considere necesarios en la tramitación de los recursos de amparo,, pero dada la situación en que se encuentra el país resulta conveniente usar la vía administrativa propuesta por el Supremo Gobierno para obtener aquéllos informes.

72.          Posteriormente, el 22 de junio de 1976, el pleno de la Corte Suprema envió el siguiente oficio a las Cortes de Apelaciones:

Se ha recibido en este Tribunal el Oficio Nº 57, del 14 del presente mes, emanado del Sr. Ministro de Justicia, por el que comunica la petición del señor Ministro del Interior en el sentido de que en lo sucesivo no se oficie a la Dirección de Inteligencia Nacional requiriendo informaciones de recursos de amparo u otras que inciden en causas relativas a esas materias.

73.     El acuerdo entre la autoridad política y la Corte Suprema estableció un privilegio o fuero de hecho en favor de un organismo que ha sido reiteradamente señalado como responsable de gravísimas violaciones de los derechos humanos.

74.     El actual Director de la CNI, General Humberto Gordon Rubio continuó con las mismas prácticas, como lo muestra –entre muchos otros—el oficio dirigido al Presidente de la Corte de Apelaciones del Departamento Presidente Aguirre Cerda el 1º de agosto de 1980.

1. Mediante el oficio señalado en la referencia, V.S.I. ha consultado a esta Central Nacional de Informaciones si BERNARDO ANTONIO REYNALDOS QUINTEROS, en cuyo favor se dedujo recurso de amparo Rol Nº 143-80, se encuentra detenido.

2. Sobre el particular, es preciso informar que de acuerdo a disposiciones precisas del Ministerio del Interior a este organismo n le corresponde dar respuesta a tales materias. 

En consecuencia, esta consulta, como las que se efectúen a futuro, deben ser formuladas directamente al Sr. Ministro del Interior, quien cuenta con toda la información para dar una adecuada respuesta.  General Humberto Gordon Rubio, Director de la CNI.

75.     En el recurso de amparo Rol 132, interpuesto en 1981 en favor del abogado Raimundo Valenzuela de la Fuente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la Secretaría del Tribunal estampó en el expediente lo siguiente:  “CERTIFICO:  que respecto al informe solicitado en forma telefónica, éste no fue posible porque en oportunidades anteriores el Abogado Asesor de la CNI ha informado que sólo se hace por oficio y a través del Ministerio del Interior”.

76.     Esta práctica de no informar a las Cortes fue continuada por la CNI, sucesora legal de la DINA.  Un ejemplo de esto, entre muchos, es el Oficio B-7 20550, del 14 de junio de 1979, dirigido por el Director de la CNI al Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, que se transcribe a continuación:

1. Por el Oficio señalado en la referencia, usted ha consultado a esta Central Nacional de Informaciones par que emita un pronunciamiento en relación al recurso de amparo rol 441-79 deducido en favor del ciudadano José Nazario Valderrama, quien habría sido detenido el lunes 28 de mayo por personal de civil. 

2. Por circular del 25 de mayo de 1978, el señor Ministro del Interior reiteró las instrucciones relativas a la entrega de información por parte de la CNI a los Tribunales de Justicia. 

3. Toda la información que se requiera de la CNI debe ser solicitada a través del Ministerio del Interior, prohibiéndose expresamente a este organismo proporcionar directamente a los Tribunales de Justicia cualquier información, salvo que el requerimiento haya sido canalizado a través de esta Secretaría de Estado. 

4. Por la razón antes consignada, esta Central Nacional de Informaciones no podrá dar respuesta al Oficio de la referencia, situación que pongo en conocimiento de usted con el objeto que solicite la información por intermedio del Ministerio del Interior.

77.     Así, al plazo que demora el oficio de la CNI denegando la información, debe agregarse el plazo que se toma el Ministro del Interior para evacuar el informe solicitado por el Tribunal.

78.     En 1979 pueden señalarse, a título ilustrativo, los siguientes casos:

79.     Como puede advertirse, la demora de esta Secretaría de Estado es absolutamente incompatible con la naturaleza del recurso.

80.     Debe señalarse, además, que las informaciones proporcionadas por el Ministerio del Interior suelen ser incompletas o contradictorias, lo que hace necesario la petición de nuevos informes.  Con todas estas sugestivas dilaciones, lo habitual es que el amparado ya haya sido puesto en libertad o que se hayan subsanado las irregularidades del arresto.  En ambos casos el resultado es el mismo:  las Cortes rechazan el recurso.

81.     En lo que se refiere al cumplimiento del plazo de 24 horas por parte de las Cortes de Apelaciones, cabe señalar que ya en Agosto de 1974, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile realizó una presentación a la Corte Suprema pidiendo la pronta tramitación y fallo de una serie de recursos de amparo.  El máximo tribunal pidió informes a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que, el 20 de agosto, respondió que la mayor o menor prontitud del fallo depende de la rapidez de las autoridades para evacuar los informes pedidos y que la demora de los fallos, en consecuencia, no es imputable a la Corte.  El 23 de agosto, y con el mérito de tal informe, la Corte Suprema ordenó el archivo de los antecedentes.

82.     Si bien es cierto, como se vio, que la autoridad administrativa demora la evacuación de los informes, no es menos cierto que las cortes están facultadas para prescindir de esos informes.  Un caso dramático de la negligencia de las Cortes es el de Federico Renato Alvarez Santibañez, quien, como se señaló en la sección precedente de este Capítulo, fue detenido por Carabineros en la madrugada del 15 de agosto de 1979 y puesto a la disposición de la CNI el mismo día.  El 16 de agosto de 1979 y puesto a la disposición de la CNI el mismo día.  El 16 de agosto sus familiares interpusieron recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 695-79) y solicitaron al Fiscal Militar de turno que se constituyera en las dependencias de la CNI, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 317 del Código de Procedimiento Penal.  El mismo día, siguiendo la práctica habitual, el Fiscal se comunicó con la asesoría jurídica de la CNI, que informó que Alvarez Santibañez se encontraba detenido por orden del Director de ese organismo en un lugar que no se podía informar por razones de seguridad.  El 17 de agosto, en el expediente de amparo, se pide a la Corte que se comunique telefónicamente y de inmediato con el Fiscal Militar, para que éste transmitiera lo comunicado por la CNI, que dejaba en evidencia, al menos dos ilegalidades mayores:  el amparado había sido arrestado en virtud de una orden de autoridad incompetente y se encontraba privado de libertad en un lugar inhábil.  En vez de dar lugar a la petición, la Corte se limita a pedir informe al Ministerio del Interior.  Es evidente que la Corte debería haber accedido a lo solicitado, acogiendo el recurso, dadas las irregularidades del arresto.

83.     El 20 de agosto, estando pendiente el informe del Ministerio, el amparado es puesto a disposición de la justicia militar.  En el recinto donde ésta funciona es visto por su esposa y por dos abogados que comprueban el lamentable estado físico de Alvarez Santibañez:  no se podía sostener de pie, tenía una herida en el cráneo, golpes en la cara y la mirada extraviada.  El Fiscal lo envía incomunicado a la Penitenciaría.  A las 23:55 horas de ese día el amparado es ingresado a la Asistencia Pública, conducido por el personal de Gendarmería.  El 21 de agosto a las 6:50 horas fallece el profesor Alvarez Santibañez, como consecuencia de las torturas sufridas en el cuartel de la CNI.  Si el Fiscal se hubiera constituido en dicho local, como era su obligación, y si la Corte hubiera fallado el recurso cuando debió hacer, tal vez est muerte se habría evitado.

84.     Un muestreo al azar de algunos de los recursos de amparo interpuestos en 1981 muestra la magnitud y el carácter sistemático de la demora de la Corte de Apelaciones de Santiago –que en est materia no es distinta a otras—para decidir:

85.     Otro aspecto que por su importancia debe ser puesto de manifiesto es que las Cortes no tienen limitación alguna en cuanto a los medios y diligencias de que pueden disponer para prestar protección al amparado y poner término al estado de ilegalidad.  Entre las diligencias expresamente señaladas por la ley, dos de ellas revisten la mayor relevancia:  ordenar que el detenido sea traído a la presencia del Tribunal y disponer  que uno de sus miembros se traslade al lugar en que se encuentre el afectado.  Estas diligencias, de acuerdo al espíritu de la ley y a la naturaleza del recurso, deben ser adoptadas de oficio.  Ello, sin embargo, no sólo ha sido así sin que las Cortes sistemáticamente han rechazado la práctica de esas diligencias pedidas insistentemente por los recurrentes, salvo algunas excepciones que se verán luego y que no alteran el comportamiento habitual de los tribunales.

86.     Se ha visto que las Cortes pueden prescindir de los informes solicitados, si éstos no se evacuan a tiempo o cuando las circunstancias del caso así lo exijan.  Lejos de adoptar esta medida, las Cortes incluso han ampliado los plazos para informar.  Así, por ejemplo, en el recurso de amparo interpuesto en favor de Hugo Eduardo Riveros, habían transcurrido 10 días sin que el Ministro del Interior ni el Director de la CNI hubieren dado respuesta a los oficios de la Corte de Apelaciones de Santiago.  En estas circunstancias la Corte otorgó de oficio un plazo adicional de 5 días al Ministro del Interior para informar.  Deducido un recurso de queja en contra de esta resolución, la Corte Suprema estimó ajustado a derecho el plazo suplementario concedido, declarando que los jueces que la dictaron no habían cometido falta ni abuso (Corte Suprema, rol 5037-80).

87.     Otro caso que muestra la negligencia de los tribunales en esta materia lo ilustra el recurso de amparo rol 448-79 de la Corte de Apelaciones de Santiago, en favor de cinco adultos y un menor.  El Tribunal accedió a pedir información telefónica a la CNI, encomendándose esta diligencia al Secretario, quien estampó en el expediente que había sido imposible comunicarse con la CNI por no aparecer el número de este organismo en la Guía de Teléfonos.

88.     A continuación se examinarán algunos casos excepcionales en que las Cortes han decretado diligencias tendientes a la protección del amparado y se mostrará el efecto que ellas han tenido.

89.     El 17 de marzo de 1982 la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó comparecencia del amparado Enzo Iván Riffo Navarrete.  Al día siguiente el Director de la CNI ofició al Presidente de la Corte, comunicándole que no es posible cumplir con lo ordenado porque el amparado se encuentra arrestado por decreto del Ministro del Interior.  Sobre la base de este oficio, el mismo 18 de marzo, la Corte rechaza el recurso, resolución que es posteriormente confirmada por la Corte Suprema.  Este desacato, al menos, sirvió para que el pleno de la Corte Suprema, el 28 de abril de 1982, enviara un oficio al Presidente de la República, pidiéndole que instruyera al Director de la CNI para que acatara la jurisdicción de los Tribunales.  El 30 de abril respondió el General Pinochet, dando seguridades que en adelante “se procederá con estricta sujeción a las disposiciones legales y constitucionales que rigen esta materia”.

90.     El 28 de marzo de 1982 la Corte de Apelaciones de Valparaíso había ordenado a la CNI poner a su disposición al amparado Juan Carlos Silva Martínez.  La CNI no acata la orden y el 3 de abril la Corte acoge el amparo, disponiendo que el Ministerio del Interior debe poner en libertad a Silva Martínez.  El 5 de abril, en vez de obedecer el decreto del Tribunal, el Ministerio del Interior apela del fallo y la Corte Suprema acoge la apelación.

91.     Pese a las seguridades dadas por el Jefe de Estado, la CNI sigue desconociendo las órdenes de los tribunales.  El 7 de marzo de 1984 fueron detenidas 24 personas en el Colegio Montessori, en Santiago.  La Corte, conociendo del correspondiente recurso de amparo, encomienda a un Ministro para que se constituye en el local de la CNI donde se encontraban detenidos los amparados.  El Ministro concurre al lugar acompañado de un Ministro de Fe, pero se le impide el acceso.

92.     En marzo de 1984 se presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago recurso de amparo en favor de Mónica Ríos Reveco y otras 22 personas.  La CNI tarda en responder por escrito y telefónicamente da respuesta evasivas.  Ante esta situación, la Corte dispone que uno de sus Ministros, el señor González, se constituya en la dependencia de la CNI ubicada en Borgoño 1470.  El 9 de marzo el Ministro comisionado se dirige al recinto de la CNI, donde se le impide la entrada.  Conociendo de este desacato, el Pleno de la Corte de Apelaciones acuerda poner los antecedentes en conocimiento de la Corte Suprema.  El 5v de abril, el Pleno de este último tribunal envía un oficio al General Pinochet, pidiéndole  que “se sirva adoptar las medidas que estime convenientes para poner fin a la resistencia que en los casos como el que se traga, la Central Nacional de Informaciones pudiere seguir oponiendo al cumplimiento de la función judicial”.

93.     El 3 de septiembre de 1984, la Corte de Apelaciones de Santiago ordena a la CNI que se permita al amparado Enrique Vidaurrazaga Manríquez recibir la visita de su madre.  Al día siguiente esta concurre y se le niega la entrada al recinto de Borgoño, comunicándosele que sólo el Director de la CNI podía autorizar las visitas.  El 10 de septiembre la Corte rechaza el recurso y ordena que los antecedentes pasen al Pleno (amparo rol 1.367-84).

94.     En octubre de 1984, en el recurso de amparo rol 513-84, de la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre Cerda, el Tribunal comisionó a uno de sus miembros para que se constituya en un domicilio particular donde estaban privados de libertad los amparados.  El Ministro concurrió al lugar acompañado de la Secretaría y el Relator del Tribunal.  Por un largo período el personal armado que custodiaba la casa –y que se negó a identificarse—impidió al Ministro el acceso a la casa, mostrando una actitud prepotente y exhibiendo innecesariamente sus armas ante el magistrado.  El 24 de octubre de 1984 el pleno de la Corte de Apelaciones decidió enviar los antecedentes del caso a la Corte Suprema.  El 2 de noviembre, el pleno de la Corte Suprema ordenó oficiar al Presidente de la República, dándole cuenta de los hechos.

95.     Pueden señalarse también tres casos en que las diligencias ordenadas por los tribunales han podido cumplirse cabalmente.  El primero es la constitución, el 25 de junio de 1984, del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago don Ricardo Gálvez en la Dirección General de Investigaciones para conocer las condiciones en que se encontraba el amparado Leopoldo Ortega Ramírez.  El segundo es la constitución de un Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción en un recinto de la CNI, donde comprueba que los amparados no están allí (recurso rol 5655, interpuesto en favor de Enrique Vidaurrazaga Martínez y María Soledad Aranguiz Ruz).  El tercer caso se relaciona también con Enrique Vidaurrazaga, detenido en Concepción, quien es luego trasladado a Santiago y recluido en dependencias de la CNI.  Su madre interpone recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 1.367-84) y solicita que un Ministro se constituya en el lugar de detención.  El Tribunal accede y comisiona al Ministro don Luis Correa, quien se constituye en el recinto de la CNI el 1º de septiembre, entrevistándose con el amparado y comprobando su lamentable estado físico.

96.     Otro aspecto que debe ser puesto de manifiesto es que prácticamente en todos los recursos de amparo en favor de los arrestados por orden de la autoridad, se ha denunciado la comisión de una serie de delitos previos, contemporáneos o posteriores al arresto:  allanamiento ilegal, detención en lugares secretos, incomunicación, tortura, secuestro, etc.  Las Cortes, sin embargo, han sido renuentes en general, para investigar tan graves irregularidades y no se han pronunciado sobre ellas.  A veces, por el contrario, han llegado a justificarlas como ha sido el caso de la sentencia del 3 de diciembre de 1981 de la Corte Suprema que confirmó un fallo de la Corte de Apelaciones sosteniendo que, invocándose la existencia de un acto terrorista, no es exigible la garantía de publicidad del lugar del arresto.

97.     Una importante innovación introducida durante el proceso que se inicia el 11 de septiembre de 1973 fue el recurso de amparo preventivo, el cual fue establecido para poner término a cualquier privación, perturbación o amenaza a la libertad y seguridad individuales (excluido el arresto ilegal, materia del recurso de amparo propiamente dicho).  Este recurso fue en un comienzo bastante ineficaz, como lo muestran algunos casos.

98.     El 7 de noviembre de 1980 Felipe Arellano y Marcela Espinoza interpusieron recursos de amparo preventivo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago (rol 914-80), denunciando que eran perseguidos por agentes de seguridad para ser detenidos.  La Corte pidió informes al Ministro del Interior, quien negó el hecho denunciado.  Con el mérito de este informe el recurso fue rechazado.  Pocos días más tarde los servicios de seguridad dieron a conocer a la prensa que Felipe Arellano y Marcela Espinoza eran miembros del MIR y que se habían realizado amplios operativos para detenerlos.  Ante esta situación sólo cabe dos opciones:  o el Ministro del Interior ocultó la verdad a los tribunales de justicia o ignoraba las actividades de los servicios de seguridad que dependen de él.  Interpuesto un segundo recurso de amparo preventivo, el Ministro reconoció finalmente la existencia de un decreto de arresto, el que debe cumplirse en las “dependencias de la CNI”, es decir, en una cárcel secreta.  Los amparados, ante la falta de amparo, pidieron asilo en una embajada.

99.     El 14 de marzo de 1980 compareció ante la Corte de Apelaciones de Santiago el profesor Oscar Salazar Jahnsen, denunciando los ostensibles seguimiento de que era objeto, expresando sus temores de ser arrestado ilegalmente y pidiendo que se le otorgue una adecuada protección.  Solicitado el respectivo informe al Ministro del Interior, éste responde que “en esta Secretaría de Estado no existen antecedentes de esta persona” (Oficio reservado 873, de 18 de marzo).  El 3 de abril del Ministro amplía la información, agregando que las jefaturas de la Zona Metropolitana y de Inteligencia de Carabineros informaron que se “ha podido concluir que el referido Salazar Janhsen no tiene antecedentes que lo afecten”.  Seis días más tarde la Corte rechaza el recurso y el 28 de abril el profesor Salazar es muerto en un “operativo de seguridad”.  Sobre este hecho los medios de comunicación informaron:

de acuerdo a las versiones entregadas a la prensa, el hecho fue la consecuencia del seguimiento que durante varios días se hacía a Oscar Salazar.  Funcionarios de seguridad lo siguieron ayer desde el centro y en la calle Lo Cañas lo conminaron a que se entregara.  No se especificó por qué el arresto no se hizo antes.[10]

100.    El diario El Cronista, perteneciente al Gobierno, da cuenta igualmente, que Salazar venía siendo seguido por efectivos de seguridad, calificando a la víctima de “extremista”, “mirista”, “terrorista” e imputándole participación en el homicidio de un carabinero (30 de abril de 1980).  En el comunicado oficial de la CNI, en fin, se habla de Salazar como de “un individuo sospechoso que era objeto de seguimiento” y se agrega una serie de datos sobre éste:  filiación, nombre político, etc.  El Ministro del Interior, entonces, ignoraba lo que hasta la prensa sabía.

101.    Entre 1980 y 1981 Lisandro Sandoval Torres interpuso en cuatro ocasiones recurso de amparo preventivo ante la Corte de Apelaciones de Concepción; en cada oportunidad el recurso fue rechazado, por haber negado la autoridad los hechos denunciados.  El 17 de agosto de 1981 Sandoval fue muerto por un comando de la CNI en un supuesto enfrentamiento.

102.    La exposición presentada permite considerar que el Poder Judicial ha demostrado grave negligencia en la tramitación de los recursos que le han sido sometidos para salvaguardar la libertad personal, la integridad física y aún la vida de muchas personas opositoras del Gobierno.  Esta actitud ha favorecido, por omisión, las condenables prácticas del Gobierno, que tampoco han sido investigadas  con la decisión que exigen las graves denuncias que se desprenden de los recursos tramitados.  La Comisión debe señalar, sin embargo, que han existido casos aislados en los cuales la decidida actuación de los funcionarios judiciales ha permitido matizar el duro juicio que de otra forma abarcaría a la totalidad del Poder Judicial chileno en el período cubierto por el presente informe.

103.          Corresponde ahora analizar otros aspectos vinculados al derecho a la justicia y al proceso regular que han tenido particular impacto en el ejercicio de este derecho en el lapso que se inicia el 11 de septiembre de 1973.  Un elemento central de ese proceso ha sido la progresiva ampliación de la jurisdicción militar a fin de abarcar numerosas conductas antes sometidas a la jurisdicción ordinaria; el otro elemento lo constituyen las características que han asumido los procesos sustanciados antes los tribunales militares y la forma en que ellos se han pronunciado en algunos casos demostrativos sometidos a su conocimiento.  Ello constituye la materia de la sección que sigue, la cual se inicia con una presentación de las normas legales vigentes en materia de del derecho al debido proceso.

          D.          EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y LA JURISDICCIÓN MILITAR EN CHILE

          a.          Aspectos Legales

104.    El Artículo 11 de la Constitución de 1925 prescribía que nadie puede ser condenado si no es juzgado legalmente y en virtud de una ley promulgada antes del hecho sobre el que recae el juicio; el Artículo 12, por su parte, establecía que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se halle establecido por esta con anterioridad al hecho que motiva la causa.

105.    La Constitución de 1980 consagra el derecho al debido proceso en el Artículo 19, inciso 3º en los siguientes términos:

Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida.  Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este derecho se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos. 

La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. 

Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta. 

Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado.  Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un racional y justo procedimiento. 

La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. 

Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. 

Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.

106.    Como puede advertirse, la formulación contenida en este artículo perfecciona significativamente el enunciado de la Constitución de 1925.  Así, reconoce de manera específica el derecho a contar con la adecuada asistencia legal por parte del acusado y garantiza de manera amplia y comprensiva el ejercicio de las funciones del abogado defensor.  También la presunción de inocencia recibe reconocimiento explícito a nivel constitucional, así como el principio de aplicación de la ley más favorable, la exigencia de la precisa tipificación legal de las conductas punibles y la necesaria irretroactividad de la ley penal.

          b.          Conductas sometidas a la Jurisdicción Militar

107.    La Comisión ha estimado pertinente abordar el tratamiento de las conductas que han sido sometidas a la jurisdicción militar partiendo de la consideración de instrumentos legales vigentes con anterioridad al pronunciamiento militar de 1973:  el Código de Justicia Militar, la Ley de Seguridad del Estado y la Ley sobre Control de Armas.  Se exponen luego las diversas disposiciones emanadas de la Junta de Gobierno que han modificado los instrumentos citados:  los Decretos Leyes Nº 5, Nº 559, Nº 640, Nº 3.425, Nº 3.627 y Nº 3.655; se incluyen después las nuevas disposiciones que han creado figuras delictuales sometidas a la jurisdicción de los tribunales militares:  los Decretos Leyes Nº 77, Nº 81, Nº 604 y Nº 1.009, así como la Ley Nº 18.314.  Se presenta por último la Ley Nº 18.342 que modifica los instrumentos legales preexistentes al 11 de septiembre de 1973 y crea nuevas figuras delictivas sometidas a la jurisdicción de los tribunales militares.

108.    Se ha señalado que, ya con anterioridad al pronunciamiento militar de 1973, el ámbito de la jurisdicción penal militar era particularmente amplio en Chile.  Tres razones se han invocado para explicar este fenómeno.  En primer lugar, que la tipificación de conductas delictuales realizada por el Código de Justicia Militar incluye delitos que pueden ser cometidos por civiles; en segundo término, que esa tipificación comprende delitos comunes cometidos por militares o empleados civiles que las Fuerzas Armadas, cuando concurren ciertas situaciones; por último, que el fuero militar se extiende por codelincuencia, por conexidad y por concurso de delitos a civiles.

109.    La amplia jurisdicción militar derivada de las disposiciones del Código de Justicia Militar se extendió aún más a través de instrumentos legales promulgados con anterioridad al pronunciamiento de 1973:  la Ley de Seguridad del Estado de 1958 y la Ley sobre el Control de Armas de 1972.  Ellas fueron modificadas parcialmente con posterioridad a 1973, por lo cual procede referirse a ellas en primer término.

110.    La Ley Nº 12.927 de 1958, Ley de Seguridad del Estado, entregaba a los tribunales militares de tiempo de paz el conocimiento de los delitos descritos en ella, cuando los mismos fueren perpetrados por militares o conjuntamente por militares y civiles.  Si los delitos fueran cometidos por civiles, entregaba su conocimiento a la Corte de Apelaciones respectiva.  Las figuras delictivas contempladas en esta Ley son las relacionadas con la soberanía nacional y la seguridad exterior del Estado, ampliando las disposiciones del Título I del Libro II del Código Penal y el Título II del Libro III del Código de Justicia Militar.

111.          También tipifica la Ley de Seguridad del Estado las conductas que atenten contra la seguridad interior del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título II del Libro II del Código Penal y otras leyes conexas.  Al respecto, sanciona esta ley a quienes inciten o induzcan a la subversión del orden público “o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno constituido”, a los que realicen iguales acciones en relación con las Fuerzas Armadas o Carabineros para que cometan actos de indisciplina o desobedezcan las órdenes de las autoridades legítimas.  También sanciona a quienes se reúnan para proponer el derrocamiento del Gobierno constituido o conspirar contra su estabilidad, al igual que quienes constituyan milicias privadas o a los “empleados públicos del orden militar o de Carabineros” que desobedecieren las órdenes impartidas por el Gobierno constituido.  Asimismo, tipifica como delito la propagación o fomento de doctrinas que tiendan “a destruir o alterar por la violencia el orden social o la forma republicana y democrática de Gobierno”, al igual que las conductas destinadas a propagar informaciones tendenciosas o falsas con el fin de atentar contra el régimen democrático y republicano, el orden constitucional o la seguridad del país.

112.    En lo referente al orden público, la Ley de Seguridad del Estado sanciona a quienes provocaren desórdenes o actos de violencia destinados a alterar la tranquilidad pública, a los que ultrajaren públicamente los símbolos patrios o a las autoridades constituidas, a los que incitaren a interrumpir o destruyeran los medios necesarios para prestar servicios públicos, a los que realizaren la apología o propaganda de doctrinas que propugnen el crimen o la violencia como medios para lograr reformas políticas, económicas o sociales y a los que realicen diversos actos vinculados con la posesión y transporte de armas.  Esta ley también contempla los delitos que atentan contra la normalidad de las actividades nacionales, incluyendo en esta categoría a las huelgas que afectaran a los servicios públicos y al “lockout” que tuviera ese mismo efecto.

113.    El Decreto Ley Nº 5, del 22 de septiembre de 1973, como ya fuera señalado en el Capítulo II de este Informe, interpretó el Artículo 418 del Código de Justicia Militar haciendo equivaler el estado de sitio declarado por conmoción interna al “estado o tiempo de guerra”.  También agregó un último inciso al Artículo 26 de esta Ley Nº 12.927, en virtud del cual se entrega el conocimiento de los principales delitos en ella contemplados a los tribunales de tiempo de guerra cuando éste exista, independientemente de la calidad de civil o militar de los inculpados o responsables.  El mismo decreto ley aumentó, para el tiempo de guerra, las penas establecidas en esta ley.

114.    Con posterioridad, el Decreto Ley Nº 559 del 12 de julio de 1974 modificó una vez más la Ley de Seguridad del Estado incluyendo nuevas figuras penales.  Así, el nuevo Artículo 5º a sanciona a los que atenten contra la vida o integridad física de las personas con el propósito de alterar el orden institucional o la seguridad pública.  Al Artículo 6º se le agregaron los incisos c, d y e que establecen que cometen delito contra el orden público los que destruyan, paralicen o interrumpan instalaciones  o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos y de ciertas actividades económicas importantes; los que destruyan o impidan el acceso a puentes, calles y caminos; y los que envenenen aguas o alimentos destinados al consumo público.

115.    La Ley Nº 17.798 de 1972, sobre Control de Armas, establece que los delitos contemplados en ella serán de conocimiento de los tribunales militares de tiempo de paz (Título II, Libro II del Código de Justicia Militar).  Esta ley somete al control del Ministerio de Defensa todas las armas de fuego, sea cual fuere su calibre, las municiones, los explosivos, las substancias químicas que determine su Reglamento y todas las instalaciones destinadas a la fabricación, almacenamiento o depósito de esos elementos.  Asimismo, establece las penalidades que correspondan a quienes infrinjan sus disposiciones y la jurisdicción, competencia y procedimiento aplicables en los casos por ella contemplados.

116.    Una primera modificación de la Ley de control de armas es introducida por el ya mencionado Decreto Ley Nº 5 del 22 de septiembre de 1973, con el objeto de elevar las penalidades establecidas por ella.  Adicionalmente, este Decreto Ley permite la jurisdicción militar de tiempo de guerra, como ya fuera señalado.

117.    El Decreto Ley Nº 2.156 del 25 de abril de 1978 introduce nuevos cambios en esta ley, en este caso, con el objeto de establecer circunstancias eximentes de responsabilidad penal respecto a las figuras contempladas en ella.  En efecto, los Artículos 9 y 11 //que sancionan a quienes posean las armas u otros elementos regulados por esta ley sin la inscripción requerida o que porten armas de fuego sin el permiso correspondiente—resultaron modificados a fin de establecer pena de multa si de las circunstancias o antecedentes del proceso resultare que los acusados no emplearían las armas para atacar a las Fuerzas Armadas o para alterar el orden público; si esos antecedentes demostraran la conducta “irreprochable” del inculpado, el tribunal podrá sobreseerlo o dictar sentencia absolutoria.  Como puede advertirse, la nueva disposición permite a toda una categoría de personas poseer o portar armas sin los controles legales correspondientes.

118.    En lo referente a las disposiciones emanadas de la Junta de Gobierno a fin de crear nuevas figuras delictivas, cabe referirse, en primer término, al Decreto Ley Nº 77 de 1973 sobre receso político que disuelve y prohibe la existencia de ciertos partidos políticos.  La infracción a esta prohibición, en tiempo de guerra, corresponde a los tribunales militares propios a este tiempo.  Son competentes los tribunales militares de tiempo de paz si el delito se comete conjuntamente por civiles y militares.

119.    El Decreto Ley Nº 81 de 1973, sobre ingreso clandestino, sanciona a las personas que desobedezcan el llamamiento público que les haga el gobierno por razones de seguridad del Estado y a los que ingresen clandestinamente al país.  La pena contemplada para este último y nuevo delito es de presidio mayor en su grado máximo (15 años y un día a 20 años) a muerte.  El conocimiento de este delito es entregado a los tribunales militares.

120.    El Decreto Ley Nº 604 de 1974, sobre prohibición de ingreso al territorio nacional, impide a una amplia categoría de personas, chilenas y extranjeras, el ingreso al país.  Los transgresores serán sancionados con la pena de presidio mayor en su grado máximo.  El conocimiento del delito tipificado por este decreto corresponde a los tribunales militares.

121.    El Decreto Ley Nº 640 del 10 de septiembre de 1974  que sistematiza las disposiciones sobre regímenes de emergencia –modificado posteriormente por el Decreto Ley 1.009 de 1975—señala que en los casos en que se declare estado de sitio por situación de guerra interna o externa o por conmoción interior en grado de defensa interna, entrarán en funcionamiento los tribunales militares de tiempo de guerra.  Cuando el estado de sitio es declarado en grado de seguridad interior o de simple conmoción, funcionarán los tribunales militares de tiempo de paz.  Pero aún en este caso los tribunales militares de tiempo de guerra conocerán de los delitos contemplados en los Artículos 4º y 5º a, 5º b y 6º letras c y d de la Ley de Seguridad del Estado, aludidos más arriba.

122.    El Decreto Ley Nº 1.009 de 1975, en su Artículo 4º, entrega el conocimiento de los delitos en él tipificados a los Tribunales Militares.  El Artículo 2º, por su parte, crea las siguientes figuras delictuales:

El que conduzca o transmita órdenes, instrucciones, informaciones o comunicaciones que preparen la perpetración de un delito contra la seguridad del Estado, sufrirá la pena de presidio, relegación o extrañamiento menores en cualquiera de sus grados. 

Se presumirá autor de este delito a quien porte documentos cifrados o en clave y no dé explicaciones satisfactorias acerca de su contenido u origen. 

Durante la vigencia de regímenes de emergencia el tribunal correspondiente podrá aumentar la pena  en uno o dos grados. 

Si con arreglo a las normas generales, el hecho de que se trata mereciere mayor pena, se aplicarán tales normas preferentemente.

123.    El Artículo 3, además, sanciona con las mismas penas a los que alberguen, oculten o faciliten la fuga de una persona, a sabiendas de que elude la acción de la justicia o de la autoridad, cuando ella se basa en razones de seguridad del Estado.

124.    El Decreto Ley Nº 1.775, publicado en el Diario Oficial del 20 de mayo de 1977 modificó los Artículos 6 y 158 del Código de Procedimiento Penal, estableciendo que el examen y registro de recintos militares o policiales deberá cumplirse por medio de tribunales militares de la jurisdicción correspondiente.

125.    A ello se agregan nuevas modalidades de asignación de competencia a los tribunales militares, especialmente cuando el Fiscal Militar tipifica como delito militar una conducta determinada, lo cual es suficiente para sustituir al juez natural.[11]  También se debe observar que se han restablecido los tribunales militares de tiempo de guerra, que funcionan en períodos de paz sin los presupuestos de hecho esenciales propios de aquel tiempo, a saber:  (a) existencia del estado o tiempo de guerra, ya sea que la guerra haya sido oficialmente declarada o cuando de hecho existiere o se hubiere decretado la movilización para la misma (Artículo 418 del Código de Justicia Militar); y (b) nombramiento de un General en Jefe del Ejército que deba operar contra el enemigo extranjero o contra fuerzas rebeldes organizadas (Artículo 73 del mismo cuerpo legal).

126.    La Ley 18.314, que determina las conductas territoristas y fija su penalidad, publicada en el Diario Oficial del 17 de mayo de 1984, remite a la Ley sobre Seguridad del Estado en lo referente a la jurisdicción de los tribunales competentes:  La Corte de Apelaciones respectiva cuando el delito sea cometido por civiles y los tribunales militares de tiempo de paz cuando sea perpetrado por civiles y militares.  Según esta ley, caen dentro de sus previsiones los que atenten contra la vida o integridad física del Presidente de la República, su cónyuge, ascendientes o descendientes y, en general, contra cualquier funcionario civil o militar del Estado, así como contra las autoridades eclesiásticas y las personas protegidas internacionalmente, sus cónyuges, descendientes o ascendientes cuando corresponda.

127.    Según esta Ley Nº 18.314, también cometen delito terrorista los que, en la comisión de un delito, empleen los elementos incluidos en las disposiciones de la Ley sobre Control de Armas y los que atenten contra aeronaves.  Asimismo, la ley considera conducta terrorista el secuestro con miras a imponer exigencias a la autoridad, contemplado en el Artículo 5 b de la Ley de Seguridad del Estado; la colocación de bombas; los atentados contra vías de comunicación, diques o instalaciones o elementos destinados a la prestación de servicios públicos; el envenenamiento de productos destinados al consumo de la población; los atentados contra medios de transporte con fines revolucionarios o subversivos; y el envío de cartas o encomiendas explosivas.

128.          También considera esta ley delito terrorista la asociación u organización para cometer alguno de los delitos previstos en ella; la incitación pública a la comisión de alguno de ellos; el impartir o recibir instrucción o enseñanza con estos fines; y la apología del terrorismo, de un acto terrorista o de quien “aparezca” participando en él.  También tipifica esta ley como delito terrorista la amenaza seria de cometer alguno de los delitos contemplados en ella y la provocación maliciosa de conmoción o grave temor en la población a través de informaciones sobre la preparación o ejecución de actos terroristas.

129.    La Ley Nº 18.342, del 26 de septiembre de 1984, modificó el Código de Justicia Militar, la Ley de Seguridad del Estado y la Ley sobre Control de Armas, ampliando nuevamente la jurisdicción de los tribunales militares.  Esta Ley también creó nuevas figuras delictuales.

130.    El Artículo 1, inciso 1º de la misma amplió el Artículo 5, inciso 1º del Código de Justicia Militar, que dispone que las causas por “delitos militares” son de conocimiento de la jurisdicción militar.  Para estos efectos, la citada disposición del Código señala que por “delitos militares” debe entenderse aquellos “contemplados en este Código o en leyes especiales que someten el conocimiento de sus infracciones a los Tribunales Militares”.  En virtud del agregado introducido por la Ley Nº 18.342, deben comprenderse también entre las “causas por delitos militares”, las que “se refieren a conductas terroristas cuando el afectado fuere un miembro de las Fuerzas Armadas o Carabineros”.

131.    El inciso 2º del Artículo 1 de la ley examinada notificó también el Artículo 5, inciso 3º del Código de Justicia Militar, que dispone que los tribunales militares conocerán “las causas por delitos comunes cometidos por militares” en determinadas circunstancias:

durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto del servicio militar, o con ocasión de él, en los cuarteles, campamentos, vivaques, fortalezas, obras militares, almacenes, oficinas, dependencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques, academias, escuelas, embarcaciones, arsenales, faros y demás establecimientos o dependencias de las Instituciones Armadas.

132.    La modificación introducida por la Ley Nº 18.342 agrega al conocimiento de los tribunales militares, las causas por delitos comunes cometidos por militares en “recintos militares o policiales”.  Especifica esta ley en su Artículo 1, inciso 34º, que “se entiende por recinto militar o policial todo espacio debidamente delimitado, vehículo, naves o aeronaves en que se ejerce sus funciones específicas una autoridad militar o policial”.

133.    El inciso 22º del Artículo 1º de la Ley 18.342 modificó asimismo el Artículo 208 del Código de Justicia Militar, que establece como causal eximente de responsabilidad penal para los miembros de las fuerzas armadas “el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir consigna recibidas”.  De acuerdo con la modificación, se agregan otras causales eximentes, que se encuentran establecidas para los funcionarios de Carabineros, y que son las siguientes:

hacer uso de sus armas en defensa propia o en la defensa inmediata de un extraño al cual, por razón de su cargo, deban prestar protección o auxilio; hacer uso de sus armas en contra del preso o detenido que huye y no obedezca a las intimaciones de detenerse; 

hacer uso de sus armas en contra de la persona o personas que desobedezcan o traten de desobedecer una orden judicial que dicho militar tenga orden de velas, y después de haberles intimado la obligación de respetarla.

134.    El inciso 23º del Artículo 1º de la Ley 18.342 establece una sanción penal especial para quienes atentaren en contra de un miembro de las Fuerzas Armadas, en su calidad de tal.  La pena militar es de 61 días a 3 años de presidio.  Esta sanción se aplica por la sola circunstancia del atentado, ya que ella procederá aun cuando no se causaran lesiones a la víctima.  El inciso 30º de este artículo, por su parte, tipifica el mismo delito en el evento que la víctima sea un carabinero, actuando en su calidad de tal, y establece la misma sanción.

135.    El inciso 24º del Artículo 1º de esta ley crea una nueva figura delictiva en resguardo de los miembros de las fuerzas armadas, al sancionar al que “amenazare, por escrito o por cualquier otro medio a las Fuerzas Armadas, a uno de sus miembros, unidades, reparticiones, armas, clases o cuerpos determinados”.  El inciso 31º del Artículo 1º de esta ley tipifica el mismo delito en el evento que la víctima sea una carabinero, o unidades o reparticiones de ese cuerpo.

136.    El mismo inciso 24º eleva las penas establecidas para los delitos de ofensas o injurias, “de palabra, por escrito o cualquier otro medio a las Fuerzas Armadas, a uno de sus miembros, unidades, reparticiones, armas clases o cuerpos determinados”, de 1 a 60  días de prisión contemplada actualmente, a 61 días a 10 años de prisión, relegación o extrañamiento.  El inciso 31º del artículo, eleva en igual sentido las penas cuando se ofendiere o injuriare a Carabineros, a uno de sus miembros, unidades o reparticiones.[12]

137.    El Artículo 4 de la Ley 18.342 establece que cometen delito contra el orden público, sancionado por la Ley de Seguridad del Estado (Artículo 6, letra b), “los que ultrajaren públicamente al himno nacional”.[13]

138.    La exposición que antecede permite percibir una clara y sostenida tendencia de ampliación de la jurisdicción de los tribunales militares en Chile.  Esa jurisdicción, de por sí comprensiva en el período anterior al 11 de septiembre de 1973, ha ido cubriendo una extensa variedad de conductas, en especial cuando ellas se ejecutan bajo la vigencia del estado de sitio.  Este proceso ha erosionado progresivamente la jurisdicción de la justicia ordinaria y ha sido signado por una clara ambivalencia:  por una parte, ha incorporado a la jurisdicción militar un conjunto de conductas de carácter político ejecutadas por civiles –como el ingreso clandestino al país o las actividades vinculadas con el receso de los partidos políticos, por ejemplo—a través de la tipificación correspondiente o de la introducción de nuevas modalidades de asignación de competencia; por otra parte, ha transferido a la justicia militar el conocimiento de delitos comunes por el solo hecho de que ellos hayan sido ejecutados por militares o miembros de los servicios de seguridad o porque ellos hayan sido cometidos en recintos militares o policiales.  Esta ambivalencia no puede sino afectar negativamente la vigencia del derecho a la justicia, especialmente si se la confronta con las modificaciones introducidas en la composición de los tribunales militares y la forma en que estos han resuelto ciertos casos a ellos sometidos, lo cual es materia de las secciones siguientes.

          c.          La Composición de los Tribunales Militares

139.    La independencia de los tribunales y jueces del poder político es una de las condiciones fundamentales de la administración de justicia.  La inamovilidad de los mismos y su adecuada preparación profesional son requisitos que tienden a asegurar esa independencia y el correcto cumplimiento de las delicadas funciones que les son encomendadas.  La presencia de estos requerimientos queda de manifiesto en la composición de los tribunales, por lo cual ellos serán tenidos en cuenten la exposición que sigue.  La misma analizará por separado la integración de los tribunales militares de tiempo de paz y la de los tribunales militares de tiempo de guerra.

140.    El Código de Justicia Militar establece la estructura y composición de los tribunales militares en tiempo de paz en su Libro I Título II.  El Artículo 13 estipula que esta jurisdicción militar será ejercida por los juzgados de las correspondientes Fuerzas Armadas, los Fiscales y las Cortes Marciales y por la Corte Suprema.  El Artículo 16, por su parte, asigna la jurisdicción permanente al Comandante en Jefe de la Unidad militar correspondiente en el territorio a su mando.  Como puede advertirse, se trata de un oficial militar en servicio activo, subordinado jerárquicamente a sus autoridades y carente, por tanto, de la jerárquicamente a sus autoridades y carente, por tanto, de la independencia funcional imprescindible, máxime si se considera que los poderes ejecutivo, legislativo y constituyente se encuentran concentrados en los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.  En su calidad de oficial en servicio activo carece también de inamovilidad y, adicionalmente y por razones de su profesión, este oficial no posee la formación jurídica que es exigible a un juez.

141.    En lo que respecta a la Corte Marcial, encargada de conocer en segunda instancia de las apelaciones interpuestas, su integración fue modificada por el Decreto Ley Nº 1.769 del 30 de abril de 1977.  En el sistema anterior, este tribunal estaba compuesto por dos Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, un Auditor General del Ejército en retiro, un Auditor General de Carabineros en servicio activo o en retiro y un Auditor General de la Aviación en servicio activo o en retiro.  El Auditor General del Ejército y los dos Ministros de la Corte de Apelaciones gozaban de inamovilidad y constituían la mayoría de la Corte Marcial.

142.    El Decreto Ley mencionado modificó la integración de este tribunal, disponiendo que se compondría de los dos Ministros de la Corte de Apelaciones, de los Auditores Generales de la Fuerza Aérea y de Carabineros y de un Coronel de Justicia del Ejército, todos en servicio activo.  Con testa modificación, tres de los cinco integrantes de la Corte Marcial carecen de inamovilidad y se encuentran subordinados jerárquicamente a sus mandos militares.

143.    Estas limitaciones derivadas de la estructura y composición de los tribunales militares, sólo pueden ser jurídicamente justificadas por la naturaleza verdaderamente excepcional de las situaciones en que estos tribunales deben actuar; la intervención generalizada y prácticamente rutinaria de los tribunales militares de tiempo de paz en la consideración de una muy amplia categoría de conductas constituye, necesariamente, una extralimitación de los fines para los cuales ellos son contemplados.  Aún así, no sólo la existencia de situaciones excepcionales y limitadas en el tiempo y en el espacio justifican la intervención de estos tribunales; es necesario, además, que existen claras interrelaciones institucionales que permitan controlar tanto la elaboración normativa que tiende a asignarles jurisdicción, como el ejercicio de las potestades de las que se encuentran investidos.  Ninguna de estos elementos se encuentra presente en la realidad chilena actual y de allí que la vigencia del derecho a la justicia se vea seriamente menoscabada a través de la amplia participación que les cabe a estos tribunales militares de tiempo de paz.

144.          Respecto a los tribunales militares en tiempo de guerra, ellos son considerados en el Libro I Título III del Código de Justicia Militar.  En lo que interesa a este Informe, establece el Artículo 71 del Código mencionado que en tiempo de guerra la jurisdicción militar es ejercida por el General en Jefe, por los Fiscales, los Consejos de Guerra y los Auditores.  Según el Artículo 72º, por su parte, esa jurisdicción militar comprende “el territorio nacional declarado en estado de asamblea o de sitio, sea por ataque exterior o por conmoción interior”.

145.    Cabe recordar que la declaración del estado de sitio en caso de conmoción interior correspondía al Congreso según lo dispuesto por el Artículo 72, inciso 17º, párrafo segundo de la Constitución de 1925.[14]  Al haber sido disuelto el Congreso y haber asumido la Junta de Gobierno el ejercicio del Poder Legislativo, ella declaró el estado de sitio por situación de conmoción interior.  A fin de reafirmar la jurisdicción de los tribunales militares de tiempo de guerra, el Decreto Ley Nº 5 interpretó el Artículo 418 del Código de Justicia Militar haciendo equivaler el estado de sitio decretado al “estado o tiempo de guerra”.  Esta situación se mantuvo, como ya fuera señalado, hasta el 9 de septiembre de 1975.

146.    El Artículo 73 del Código mencionado, por su parte, establece el momento desde el cual entrarán en funciones los tribunales militares de tiempo de guerra:  cuando se nombre General en Jefe de un Ejército que deba operar “contra el enemigo extranjero o contra fuerzas rebeldes organizadas”.  A ese General en Jefe le corresponde el ejercicio pleno de la jurisdicción militar, en uso de la cual podrá “decretar el enjuiciamiento por los Fiscales de todos aquellos individuos a quienes estime responsable de delito; ordenar la formación de los Consejos de Guerra que deban juzgarlos; aprobar, revocar o modificar las sentencias que estos pronuncien, y decretar el cumplimiento de toda sentencia” (Artículo 74 del Código de Justicia Militar).  De acuerdo al Artículo 75 de ese cuerpo legal, modificado por el Decreto Ley Nº 51 del 2 de octubre de 1973, el General en Jefe podrá delegar esas funciones en los comandantes de las respectivas unidades militares.

147.    El Decreto Ley Nº 3 que declaró el estado de sitio dispuso que la Junta de Gobierno asumía la calidad de General en Jefe que operaría en la emergencia.  El Decreto Ley Nº 8, por su parte, delegó las facultades jurisdiccionales del General en Jefe en ,los comandantes de las unidades operativas señalados en el Decreto Ley Nº 4 que estableció el estado de emergencia en todo el país.

148.    El Artículo 81 del Código de Justicia Militar establece que corresponde a los Consejos de Guerra, en única instancia, conocer de todos los delitos que corresponda juzgar a la jurisdicción militar en tiempo de guerra.  Estos Consejos están integrados por un auditor y seis vocales –todos ellos militares en servicio activo—designados por el General en dictada sentencia por estos Consejos, la misma será remitida al General en Jefe o Comandante que lo hubiese convocado, según el caso, a fin de que la apruebe o modifique y luego le de cumplimiento tal como fuera expresado más arriba.

149.    Como puede advertirse, las serias limitaciones de que adolecen los tribunales militares de tiempo de paz, se ven acentuadas todavía más cuando se trata de tribunales de tiempo de guerra.  La falta de independencia de quienes ejercen la jurisdicción militar en este caso es es obvia y la carencia de inamovilidad o formación jurídica es completa.  La Corte Suprema de Justicia, por su parte, se declaró incompetente para conocer por vía de apelación en los fallos dictados por estos tribunales, tal como se expuso en este Capítulo.  El largo período durante el cual estuvieron en funcionamiento, sumado a las conductas sometidas a su jurisdicción por dispositivos emanados de la Junta de Gobierno, permiten comprender la grave vulneración al derecho a la justicia que resulta del ejercicio de la jurisdicción a ellos asignada.

          d.          La Ambivalencia de los Tribunales Militares

150.    La Comisión se refirió antes a la ambivalencia que ha signado el proceso a través del cual se ha ido extendiendo progresivamente la jurisdicción de los tribunales militares.  Según se manifestara, esa ambivalencia resulta, por una parte, de incorporar conductas de carácter político al ámbito jurisdiccional militar aunque ellas sean ejecutadas por civiles y someter a ella, por otra parte, delitos comunes que sean cometidos por personal de las fuerzas de seguridad o en recintos militares o policiales.  Este fenómeno ha traído como consecuencia un tratamiento diferenciado por parte de los Tribunales Militares según quien sea el agente que se encargan de juzgar.

151.    En lo que se refiere a los juicios seguidos ante esos tribunales contra civiles opositores al Gobierno, las diversas y manifiestas irregularidades en que ellos han incurrido en perjuicio de los acusados serán consideradas en el acápite siguiente de esta sección.  Procede, sí, referirse en este punto a las resoluciones de los tribunales militares cuando ellas han recaído en causas seguidas contra miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad.  Ante la imposibilidad de tratar de manera exhaustiva este asunto, la Comisión se limitará a reseñar algunos casos demostrativos.

152.    El caso “Lonquén”, por ejemplo, cuyos elementos generales fueron presentados e el Capítulo III de este Informe, involucró la detención y muerte de quince personas, ocurridas en el período inmediato posterior al pronunciamiento militar de 1973.  Fueron designados dos ministros en visita para investigar los hechos; el primero de ellos, en 1975, trasladó las actuaciones a los tribunales militares al haber sido informado que las víctimas habían sido trasladadas al Estadio Nacional y que el SENDET no había indicado si ellas llegaron a destino.  El segundo ministro en visita, designado en 1978, avanzó en las investigaciones hasta la identificación de los presuntos culpables y, por pertenecer ellos al cuerpo de Carabineros, remitió las actuaciones a la justicia militar.

153.    El 2 de julio de 1979, el Fiscal Militar dictó encargatorias de reos contra ocho carabineros por el delito de violencias innecesarias (Artículo 330 del Código de Justicia Militar).  Los familiares de las víctimas solicitaron al Fiscal que modificara la calificación efectuada, imputando a los ocho carabineros los delitos de homicidio calificado, secuestro y falsificación de instrumento público.  Los imputados, a su vez, solicitaron acogerse a la amnistía otorgada por Decreto Ley Nº 2.191 de 1978.  El Fiscal Militar concedió a los carabineros imputados la libertad bajo fianza y el Juez Militar de Santiago los sobreseyó definitivamente en aplicación de la amnistía concedida.

154.    El caso de dieciocho campesinos detenidos en la comuna de Mulchén, entre el 5 y el 7 de octubre de 1973, que fueron posteriormente muertos por su captores, constituye también un ejemplo demostrativo de las modalidades de actuación de los tribunales militares.  En relación con este caso, cabe señalar que en abril de 1980 la Corte de Apelaciones de Concepción designó un Ministro en Visita para que investigara los hechos.  El Ministro designado concluyó sus actuaciones en diciembre de ese año consignando que existían suficientes elementos de juicio como para dar por confirmada la existencia del hecho, en el cual habrían participado efectivos militares, carabineros y civiles.  El Ministro en Visita identificó plenamente como participantes en la comisión de los delitos de detención arbitraria, maltrato seguido de muerte de personas y allanamientos ilegales a tres miembros de Carabineros y señala también la participación de un sargento del Regimiento de Montaña de Los Angeles, así como de nueve civiles.  Indica también el Ministro: