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GUATEMALA
1.
La Comisión ha elaborado dos informes especiales sobre la situación
de los derechos humanos en Guatemala. El primero (OEA/Ser.L/V/II.53 doc.21,
rev.2) fue aprobado por la Comisión el 13 de octubre de 1981, y se refiere
a la situación de los derechos humanos en ese país hasta esa fecha, y el
segundo (OEA/Ser.L/V/II.61 doc.47) fue aprobado por la Comisión el 5 de
octubre de 1983 y se refiere a la situación de tales derechos
exclusivamente a partir del 23 de marzo de 1982, fecha del golpe de estado
del que resultó Presidente el General Efraín Ríos Montt. Asimismo, la Comisión ha incluido dentro de los informes que
presenta anualmente a la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, reseñas generales sobre la evolución del problema de los
derechos humanos en dicho país.
2.
En lo que se refiere a los acontecimientos ocurridos en la víspera
al período que cubre el presente informe, el 8 de agosto de 1983, dentro de
un ambiente de malestar y de falta de confianza en los programas electorales
anunciados por el General Efraín Ríos Montt, tuvo lugar un golpe de estado
encabezado por el General Oscar Humberto Mejía Víctores, quien venía
desempeñándose como Ministro de Defensa.
El líder de dicho movimiento se comprometió a gobernar Guatemala de
conformidad con las normas contenidas en el Estatuto Fundamental de Gobierno
promulgado por el régimen anterior en abril de 1982, a poner en práctica
un programa de retorno al gobierno democrático y constitucional, a convocar
prontamente a elecciones, a dejar en suspenso los Tribunales de Fuero
Especial, a continuar con la guerra antisubversiva, y a cumplir con los
compromisos internacionales de Guatemala.
Asimismo, dispuso el inmediato levantamiento del Estado de Emergencia
que había estado vigente durante buena parte del gobierno del General Ríos
Montt.
3.
Pese a la proclama del nuevo Gobierno de observar los compromisos
internacionales asumidos por Guatemala y las normas contenidas en el
Estatuto Fundamental de Gobierno, la Comisión ha continuado recibiendo
denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos atribuidos a la
nueva administración del General Oscar Humberto Mejía Víctores, y lo que
es más lamentable, ha podido comprobar el reaparecimiento de los
escuadrones de la muerte, que llegaron a ser casi completamente controlados
bajo la administración del General Efraín Ríos Montt.
4.
En estrecha conexión con el fenómeno de la reanudación de las
actividades de los Escuadrones de la Muerte, toma contornos de fenómeno de
real gravedad dentro del Gobierno del General Mejía Víctores, el de las
desapariciones de personas en Guatemala.
Según informes serios que obran en poder de la Comisión, el número
de casos registrados por desaparecimiento de personas en Guatemala entre el
8 de agosto de 1983 y el 30 de abril de 1984 es de 635 casos, lo que arroja
un promedio de casi 80 personas desaparecidas en cada uno de esos 8 meses.
Como reacción a estos hechos, distintos grupos no gubernamentales de
derechos humanos han iniciado diversas campañas internacionales tendientes
a crear conciencia de tan grave situación y a ejercer presión para detener
esta práctica inhumana. Entre
otras, cabe citar la Campaña Mundial por la Vida, la Libertad de los
Desaparecidos Forzada e Involuntariamente, los Procesados Desaparecidos y
los Condenados por los Tribunales Especiales de Guatemala.
Asimismo, merece especial mención la labor que cumple en este campo
el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las
Naciones Unidas, cuya destacada labor, sin embargo, no ha tenido respuestas
satisfactorias del gobierno guatemalteco como se desprende de un informe
donde se da cuenta que de 1,382 casos tramitados, no se han recibido sino 12
respuestas del Gobierno de Guatemala y que tan sólo han logrado aclararse,
por las respuestas del Gobierno, 9 casos.
Sobre este particular, uno de los organismos de derechos humanos de
dicho país ha hecho llegar a la Comisión el siguiente comentario:
Es normal en nuestro país ver desfilar a los familiares de las víctimas
de desaparición o secuestro, en las morgues de los hospitales, en las
funerarias o en los cementerios, tratando de reconocer a su ser querido
entre cientos de muertos que aparecen en orillas de carreteras, en Barrancos
o en cementerios clandestinos. La detención-desaparición ha sido
practicada por las Fuerzas de Seguridad del Gobierno, en base a planes ya
establecidos, los que están fundamentados en estudios psicológicos,
antropológicos y culturales de la sociedad guatemalteca... dentro de un
plan global contrainsurgente.
5.
Dentro de este contexto de violencia y de irrespeto por los derechos
humanos fundamentales, se creó en Guatemala, con anuencia del Gobierno, la
“Comisión Pro-Paz”, con el objeto de investigar a fondo las acusaciones
relativas a casos de violación de los derechos humanos. Tal Comisión quedó
integrada por representantes de la Universidad, la Iglesia, la iniciativa
privada, los periodistas, el Ejército y el Gobierno, quedando encargado
Coordinador de la misma el Rector Magnífico de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, Dr. Eduardo Meyer Maldonado.
Poco tiempo, lamentablemente, pudo existir y laborar la “Comisión
Pro-Paz” la cual, según se informa, ante la imposibilidad de cumplir los
objetivos para los cuales había sido creada para realizar acciones
tendientes a detener los hechos violatorios de los derechos humanos y
libertades fundamentales, y debido al incremento del número de personas
desaparecidas, especialmente dentro de sus propias filas, como es el caso de
la Universidad de San Carlos, se vio forzada a disolverse.
Al presentar su renuncia al cargo de Coordinador de la Comisión
Pro-Paz, el Dr. Eduardo Meyer Maldonado, Rector de la Universidad de San
Carlos de Guatemala expresó, con fecha 22 de mayo del año en curso entre
otros conceptos, lo siguiente:
Con pena tenemos que manifestar que si no se toman medidas enérgicas
para contrarrestar los múltiples secuestros y desapariciones que a diario
se registran en el territorio nacional, afectando a miembros de la Comunidad
Universitaria, así como también a los diversos sectores sociales, entre
ellos, los trabajadores, campesinos, empresarios, profesionales, etc., el
proceso de violencia degenerará en la creación de lo que sociológicamente
se conoce como un “estado de terror”, similar al que ya imperó en forma
alarmante durante pasados regímenes.
... no podemos seguir frente a la Coordinación de esta Comisión,
pues la misma se convierte en un cargo meramente decorativo y poco práctico,
cuando cotidianamente continúan produciéndose casos de cadáveres tirados
en los caminos, así como de secuestros o desapariciones en general.
Además del Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
decidieron, igualmente, retirarse de la Comisión Pro-Paz, según se indica,
por inoperante y por falta de las mínimas garantías, el Arzobispo
Metropolitano Monseñor Próspero Penados del Barrio, el representante de
las Iglesias Evangélicas Pastor Virgilio Zapata y el representante de la
Asociación de Periodistas de Guatemala Sr. Gonzalo Marroquín.
6.
Preocupa, asimismo a la Comisión, en materia del derecho a la vida,
los nuevos hallazgos de cementerios clandestinos; las constantes denuncias
en relación con bombardeos de aldeas, especialmente en las zonas de San
Marcos, en Suchitepeque que tuvieron lugar entre marzo y abril de este año,
en Ixcan, en febrero pasado, entre otras; las quejas por la violación al
derecho humanitario contemplado en las Convenciones de Ginebra, en lo que se
refiere al maltrato, mutilaciones, torturas, tratos crueles y ejecución de
los combatientes que se entregan o caen presos y/o heridos; y los ataques a
las indefensas aldeas de refugio de guatemaltecos ubicadas en el Estado
mexicano de Chiapas, visitados por una subcomisión de la CIDH en enero de
1983, particularmente el que tuvo lugar el 30 de abril del presente año en
el campamento denominado “El Chupadero” que alberga a casi 3 mil
refugiados y como consecuencia del cual muchos quedaron heridos y perdieron
la vida 8 de ellos.
Según datos recientemente llegados a la Comisión, la violencia habría
registrado el mayor número de asesinatos políticos durante el pasado mes
de agosto y en uno de sus primeros acuerdos la recientemente instalada
Asamblea Constituyente había aprobado, por unanimidad, una resolución
atribuyendo a las fuerzas policiales el asesinato del hijo de un diputado
demócrata cristiano cuyo cadáver fue hallado el día 17 de agosto.
7.
Considera la Comisión, asimismo, indispensable ocuparse de la
situación por la que ha venido atravesando la Universidad San Carlos de
Guatemala. Es un hecho bien conocido que los estudiantes, profesores y
trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala han venido siendo
víctimas de violación a los derechos humanos por parte de los tres últimos
gobiernos guatemaltecos.
Al asumir el Gobierno el General Oscar Humberto Mejía Víctores la
situación no mejora para la Universidad de Guatemala, y las víctimas
incluyen, nuevamente, a estudiantes, catedráticos y personal administrativo. A continuación, una relación parcial hecha llegar a la
Comisión de las personas pertenecientes a dicha Universidad cuya desaparición
o asesinato han tenido lugar a partir del momento en que asumió la
responsabilidad del Gobierno el General Mejía Víctores:
Dr. Gustavo Adolfo Meza Soberanis, 26 años, médico-cirujano,
desapareció el 7 de septiembre de 1983. Al día siguiente también su
hermana;
Mayra Hanneth Meza Soberanis, 23 años, estudiante de psicología,
desapareció el 8 de septiembre de 1983;
Marco Antonio Quiñonez Flores, 33 años, estudiante de derecho,
raptado el 8 de septiembre de 1983;
Luis René Juárez, Director del Instituto América, desapareció el
9 de septiembre de 1983;
Dr. Benjamín Rolando Orantes Zelada, veterinario. Encontrado
muerto el 12 de noviembre de 1983;
Leonel Carrillo, Decano de la Escuela de Ciencias Químicas y
Farmacia y ex-Rector de la Universidad, asesinado de bala el 25 de noviembre
de 1983;
Sergio Vinicio Samayoa Morales, 29 años, estudiante de ingeniería,
herido por oficiales no identificados el 1º de febrero de 1984 e internado
en el Hospital Roosevelt de la ciudad de Guatemala y esa misma noche raptado
por 10 hombres armados de la unidad de cuidados intensivos, hallado muerto
el 6 de febrero en una carretera de la ciudad. Miembro también de toda una
familia secuestrada;
Natael Isaias Fuentes Monzón, 26 años, estudiante de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, desaparecido los primeros días de febrero
de 1984;
Alfredo Fernando Aguilar, 25 años, estudiante de periodismo de la
Escuela de Ciencias de la Comunicación, desaparecido el 3 de febrero de
1984;
Jorge David Calvo Drago, de 29 años, estudiante de Ciencias Políticas
y miembro de la Asociación de Estudiantes. Su padre Jorge Roberto Calvo
Barajas también fue secuestrado. Ambos se encuentran desaparecidos;
Víctor Hugo Quintanilla, abogado. Su esposa también ha desaparecido;
Alma Livia Samayoa, dentista, secuestrada el 19 de febrero de 1984.
Había sido miembro del Consejo Superior de Gobierno de la Universidad;
Sergio Saul Linares Morales, 31 años, ingeniero civil, profesor de
la Facultad de Ingeniería, secuestrado el 23 de febrero de 1984. Había
sido miembro del Consejo Superior de Gobierno de la Universidad. A los dos días
su casa fue cateada por miembros de las Fuerzas Armadas, quienes se llevaron
sus propiedades personales;
Luis Rodríguez Fernandes, estudiante de Ciencias Económicas,
secuestrado del Hospital Roosevelt de la ciudad de Guatemala donde había
sido llevado 6 días antes por herida de bala.
A los hechos aludidos se suman muchos otros más que podrían tener
como explicación, según se informa, el que la Universidad de San Carlos de
Guatemala ha sido considerada por parte de las autoridades gubernamentales
guatemaltecas, desde hace mucho, como el centro ideológico de la subversión
del país, y en consecuencia como el foco de mayor interés y atención de
la acción contrainsurgente.
8.
En relación con la situación de la Justicia y de la ineficacia de
los recursos de habeas corpus, conviene recordar que en su Informe
sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala (1983), la Comisión
sindicaba al sistema judicial de dicho país como responsable de los
defectos en la administración de justicia e indicaba que el régimen
transitorio que establecía el Estatuto Fundamental de Gobierno lejos de
mejorar las condiciones establecidas por la derogada Constitución de 1965,
había convertido al Organismo Judicial en una entidad todavía más
dependiente, subordinada y sumisa, y en lo atinente a la falta de protección
y defensa de los derechos humanos fundamentales, responsabilizaba a dicho
Organismo por no cumplir ni hacer cumplir lo consignado en el ordenamiento
jurídico, lo que había derivado en una actitud de descrédito y de mayor
desconfianza hacia las actuaciones del Poder Judicial.
Sobre este particular, como quiera que quien más ardorosamente
defendía la tesis contraria y pretendía justificar la falta de
aplicabilidad de los recursos de habeas corpus, era el entonces
Presidente de dicho Organismo, Licenciado Ricardo Sagastume Vidaurre, hoy
separado de su cargo al haber caído en desgracia frente a las autoridades
del nuevo Gobierno, resulta interesante destacar lo que ahora expresa:
Al ser destituido de su cargo –según el Jefe de Estado General Mejía
Víctores: “Para agilizar la aplicación de la Justicia”—en el mismo
acto de entrega del cargo, y frente al mismo General Mejía Víctores a
quien se dirigía en público, al hacer alusión al tema el Licenciado
Ricardo Sagastume Vidaurre expuso lo siguiente:
Con el pasar del tiempo, fue necesario en el campo de distintas
actividades relacionadas íntimamente con la administración de justicia,
poner en relieve abusos cometidos contra los habitantes de la República y
contra las autoridades judiciales. La
mayor parte de esos abusos provenían, y desafortunadamente aún provienen,
de elementos vinculados con las autoridades de policía y círculos
militares. Abusos tales como la pretensión de hacer participar a los
empleados de los Tribunales en las patrullas de autodefensa civil, presión
a la que siempre me opuse y que se denegó por usted; hasta encarcelar a
personas sin previa orden de autoridad judicial competente, en violación a
la garantía fundamental actualmente en vigor.
Lo dicho por el ex-Presidente del Organismo Judicial y de la Corte
Suprema de Justicia pone en evidencia un hecho originalmente negado: los
Recursos de habeas corpus fueron ineficaces durante el Gobierno del
General Efraín Ríos Montt, bajo el Estado de Emergencia o fuera de él y,
según su testimonio público, lo siguen siendo hoy en día bajo el Gobierno
del General Oscar Humberto Mejía Víctores.
Asimismo, el nuevo Presidente de la Corte Suprema, Lic. Baudilio
Navarro Batras declaró el 31 de agosto pasado que las autoridades militares
continuaban obstruyendo los recursos de habeas corpus, acusando también
a funcionarios judiciales de negligencia en la tramitación de tales
recursos.
Manifestaciones de fuentes fidedignas explican la razón por la cual
los casi mil Recursos de habeas corpus presentados por la Comisión
de Derechos Humanos de Guatemala, con sede en la República de México, con
motivo de los desaparecimientos de personas bajo el actual Gobierno, han
sido casi en su totalidad declarados sin efecto, y asimismo, pone de
manifiesto la carencia de defensa contra la arbitrariedad en la que viven en
la actualidad los ciudadanos guatemaltecos.
9.
En cuanto a los Tribunales de Fuero Especial, cuya disolución
dispuesta por el actual Gobierno al inicio de su gestión fue recibida con
beneplácito por la Comisión, pero en relación con cuyos viciados actos
judiciales la Comisión había solicitado se revisaran sus ilegales procesos
y sentencias, cabe mencionar, con satisfacción, la reciente expedición del
Decreto Ley 74/84, mediante el cual se dispone el indulto de todas las
personas condenadas con sentencia firme por tales Tribunales y que se
encontraban purgando las penas que les habían sido impuestas.
Preocupa, en cambio, a la Comisión, el que mediante el aludido
Decreto se hayan convalidado tan viciados procesos obligándose a los
indultados al pago de las reparaciones civiles derivadas de las sentencias,
en vez de ordenarse el pago a ellos por los daños y perjuicios derivados de
la aplicación de una pena carcelaria indebida, y en el caso de los
fusilados, de una condena a muerte sin las garantías de un debido proceso.
Preocupa, asimismo, a la Comisión sobre este mismo particular, la
situación de los procesados no condenados, cuyo número sería de
aproximadamente 300 personas de cuyo paradero no se tiene conocimiento, así
como tampoco de la situación de sus procesos, pese a los innumerables
recursos que sus familiares han interpuesto ante el Organismo Judicial.
10.
El Derecho a la Libertad e Integridad Persona, ha continuado
igualmente, siendo uno de los más lesionados, pese a haberse derogado el
Estado de Emergencia al inicio mismo del Gobierno que encabeza el General
Mejía Víctores. No obstante tal medida, las detenciones ilegales se continúan
llevando a cabo diariamente, y para eludir la protección de los ciudadanos
que recurren a las acciones de habeas corpus, el gobierno actual
parece haber generalizado el expediente de declarar que no han sido
detenidas por las fuerzas gubernamentales ni aparecen recluidas en los
centros oficiales de reclusión, e incluso, según reiteradas denuncias, el
confinar a los detenidos en cárceles clandestinas, donde se les mantiene
incomunicados y sometidos a torturas y a interrogatorios policiales sin
garantías de adecuada defensa, o en lugares inadecuados y sobresaturados de
detenidos donde se hallan en condiciones que no se condicen con la dignidad
del ser humano.
Sobre el particular, la Comisión tiene conocimiento de que en la
Granja Penal de Pavón, construida para 800 reclusos habría más de 3,500
personas detenidas, la mayor parte de ellas por razones políticas.
Igualmente preocupa a la Comisión la puesta en práctica del
operativo policial denominado “Operativo Pulpo”, llevado a cabo por la
Policía Nacional tendiente a detener a personas presuntamente sospechosas
que no portan consigo documentos de identificación personal y como
resultado del cual se habrían detenido en pocos días a 2,264 personas en
abierta violación al derecho al libre tránsito por el territorio de su país.
Según declaraciones del propio Ministro del Interior, el número de
detenidos hasta diciembre de 1983 llegó a la suma de 6,134 hombres y 1,015
mujeres, arrestados sólo en la Capital de la República, desconociéndose
cifras de detenciones posteriores a dichas fechas.
11.
En relación con al situación de los Derechos Políticos, complace
sobre manera a la Comisión, el cumplimiento por parte del Gobierno de
Guatemala de su compromiso de efectuar elecciones y de realizar los
esfuerzos conducentes a encontrar una salida democrática para dicho país.
En efecto, el día 1º de julio pasado tuvo lugar el acto electoral
en el que se eligieron a los 88 miembros de la Asamblea Constituyente.
Participaron en el mismo más de mil candidatos de 17 Partidos Políticos y
concurrieron a depositar sus votos la cifra récord de 1,7 millones de
guatemaltecos, lo que significa el 70 por ciento de los 2,5 millones de
electores inscritos en los padrones electorales nacionales.
El hecho merece ser destacado especialmente, debido a las siguientes
consideraciones:
a. Tuvo lugar dentro de un
ambiente de la mayor libertad y de respeto de parte del Gobierno del General
Mejía Víctores;
b. La elección e instalación
de la Asamblea Constituyente es la primera etapa dentro del proceso de
consolidación de las instituciones democráticas en Guatemala, ya que tiene
como misión redactar una nueva Constitución, la cuarta en la historia del
país desde el año 1954.
c. Nunca antes en la historia
del país hubo tan masiva concurrencia a un evento electoral;
d. No se registraron hechos de
violencia ni de interferencia de parte de los grupos guerrilleros de
izquierda, lo cual puede ser un signo muy favorable y auspicioso para el
futuro gobierno; y
e. Ninguno de los candidatos o
de los partidos políticos participantes ha tachado el proceso electoral
como amañado, viciado o fraudulento.
Los resultados finales otorgaron al Partido Demócrata Cristiano de
Guatemala la mayor votación con 318,300 votos, esto es, el 15.59 por ciento
del electorado nacional participante, correspondiendo el segundo a Unión
del Centro Nacional con 269,448 votos, lo que significa el 13.20 por ciento
de la votación. A continuación, en orden decreciente, quedaron el
Movimiento de Liberación Nacional (12.02%), el Partido Revolucionario
(6.98%), el Partido de Renovación Nacional (6.35%), el Partido Democrático
Institucional (5.04%), el Partido Unificación Anticomunista (2.99%); y el
Frente de Unidad Revolucionaria (2.21%).
La Asamblea Nacional Constituyente fue instalada el día 1º de
agosto, eligiéndose como Presidente al señor Roberto Arpio Nicolle, de las
filas del Partido Demócrata Cristiano, que conjuntamente con el nuevo
Partido Unión del Centro Nacional y la coalición derechista del Movimiento
de Liberación Nacional y de la Central Auténtica Nacionalista,
compartieron los cargos directivos.
Es también conveniente destacar que en dicho acto inaugural el Jefe
de Estado General Oscar Humberto Mejía Víctores abogó por “Un gobierno
y esquema democrático a base de elecciones libres y puras, como producto de
la vocación del pueblo de Guatemala que busca la paz y la democracia”,
recordando asimismo, que la Asamblea Constituyente deberá redactar la Carta
Magna, y las leyes constitucionales de Amparo y habeas corpus. Igualmente, el General Mejía Víctores ha prometido que las
próximas elecciones serán libres, limpias y puras y que no habrá partido
oficial.
12.
Lo expuesto en el presente informe, conduce a la Comisión a formular
las siguientes conclusiones y recomendaciones:
a) El mayor problema que
confronta Guatemala en materia de derechos humanos es el que se refiere a
las constantes desapariciones de personas, la mayor parte de ellas
previamente víctimas de secuestros y de detenciones ilegales, atribuidos
tanto a las fuerzas de seguridad del Gobierno como también a los
escuadrones de la muerte. Tal situación merece la mayor atención del
Gobierno de Guatemala, no sólo por el clima de alarma, inseguridad y
extrema angustia que genera a su población, sino por la gravedad que tal
hecho implica, en relación con el cual la Asamblea General reunida en
Washington el año pasado se pronunció declarando la desaparición de
personas como un delito de lesa humanidad;
b) En estrecha vinculación con
el problema de los desaparecidos, que atañe directamente al Derecho a la
Vida, se encuentra también afectado el derecho a la Libertad e Integridad
Personal, ya que la etapa previa a la desaparición es la detención ilegal
de las personas, problema éste sobre el cual ya se ha pronunciado la Comisión,
en reiteradas oportunidades, exhortando al Gobierno de Guatemala a erradicar
definitivamente esta práctica ilegal en la que, en algunos casos como el
del Dr. Carlos Padilla Vidal descrito detalladamente en su anterior informe
sobre Guatemala, pudo comprobar personalmente la intervención directa de
las autoridades guatemaltecas;
c) La ineficacia de las
instituciones jurisdiccionales y de los medios legales contemplados para
proteger a la población de los abusos de las autoridades gubernamentales,
tales como el Recurso de habeas corpus, cuyo fortalecimiento fue
objeto de especial recomendación en los pasados informes de la Comisión,
se han puesto nuevamente en evidencia durante el presente período de gestión
gubernativa, por lo que se hace necesario enfatizar en esta necesidad de dar
al Poder Judicial la independencia y los medios adecuados para hacer
prevalecer el respeto a la ley y el imperio de la justicia;
d) Preocupa a la Comisión la
situación de más de 300 personas procesadas por los Tribunales de Fuero
Especial y que, por no haber sido condenadas no fueron beneficiadas con el
indulto especial concedido por el Decreto Ley 74/84, de cuyo paradero no se
tiene conocimiento así como tampoco de la situación de los procesos
incoados en su contra, por lo que solicita al Gobierno de Guatemala un
informe sobre el particular, a la brevedad posible;
e) Las elecciones políticas
realizadas bajo los auspicios del Gobierno de Guatemala constituyen
verdaderamente un primer paso hacia la democratización del país.
La Comisión confía en que ese proceso continuará desarrollándose
sin tropiezos. |