...continuación
D.
Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH
62. La Asamblea General de la OEA, mediante
su resolución AG/RES. 1828 (XXXI-O/01) sobre Evaluación del Funcionamiento
del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos
Humanos para su Perfeccionamiento y Fortalecimiento, invitó a la Comisión
y la Corte a continuar apoyando el proceso de fortalecimiento del sistema
interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, en
particular a que consideren la posibilidad de incluir en sus informes
anuales información referente al cumplimiento por parte de los Estados de
las recomendaciones, decisiones o sentencias que hayan sido emitidas en el
período examinado por ambos órganos. La Asamblea General analizará dicha
información (punto resolutivo 5).
63. La misma Resolución, en su punto
resolutivo 3, instó a los Estados miembros de la Organización a que
realicen sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (inciso c) y que otorguen el
tratamiento que corresponde a los informes anuales de la Corte y de la
Comisión, en el marco del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la
Organización a fin de hacer efectivo el deber de los Estados de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones que emanan de los instrumentos del
sistema (inciso d).
64. El Reglamento de la CIDH que entró en
vigencia el 1º de mayo de 2001, dispone en su artículo 46:
Seguimiento 1.
Una vez publicado un informe sobre solución amistosa o sobre el fondo en
los cuales haya formulado recomendaciones, la Comisión podrá tomar las
medidas de seguimiento que considere oportunas, tales como solicitar
información a las partes y celebrar audiencias, con el fin de verificar
el cumplimiento con los acuerdos de solución amistosa y recomendaciones.
2. La Comisión informará de la manera que considere pertinente sobre los
avances en el cumplimiento de dichos acuerdos y recomendaciones.
65. En cumplimiento de la Resolución AG/RES.
1828 (XXXI-O/01) y de conformidad con el artículo 46 de su
Reglamento, la CIDH solicitó información a los Estados acerca del
cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en los informes publicados
sobre casos individuales incluidos en su Informe Anual correspondiente al
año 2000. La Comisión también decidió incluir en su página
electrónica (www.cidh.org) copia de las respuestas de los Estados miembros
en los casos en que así lo hayan solicitado expresamente.
66. El cuadro que a continuación se incluye
refleja los niveles de cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. Las
cuatro categorías que se incluyen son las siguientes:
-
cumplimiento total (aquellos casos en que el Estado ha cumplido a
cabalidad con todas las recomendaciones formuladas por la CIDH)
-
cumplimiento parcial (aquellos casos en los que el Estado ha
cumplido parcialmente con las recomendaciones formuladas por la CIDH, ya
sea por haber dado cumplimiento solamente a alguna/s de las
recomendaciones o por haber cumplido de manera incompleta con todas las
recomendaciones)
-
no cumplimiento con información por parte del Estado (aquellos
casos en los cuales el Estado ha dado respuesta a la solicitud de
información sobre las recomendaciones, pero la CIDH considera que no ha
habido cumplimiento de las recomendaciones)
-
no cumplimiento sin información (aquellos casos en los cuales el
Estado no respondió a la solicitud de información y a criterio de la
CIDH no ha habido cumplimiento de sus recomendaciones)
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caso
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Cumplimiento
Total
|
Cumplimiento
Parcial
|
Incumplimiento
con Información del Estado
|
Incumplimiento
sin Información del Estado
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Informe
Nº 54/01 Maria da Penha, Caso 12.051 (Brasil)
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X
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|
Informe Nº
55/01 Aluisio Cavalcante Caso 11.826 y
otros, (Brasil)
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|
X
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|
Informe Nº 61/01 Samuel
Alfonso Catalán Lincoleo, Caso 11.771 (Chile)
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|
|
X
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|
Informe Nº 62/01 Masacre de
Ríofrío, Caso 11.654 (Colombia)
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|
X
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|
|
Informe Nº 63/01 Prada González
y Bolaño Castro, Caso 11.710 (Colombia)
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|
X
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|
|
Informe Nº 64/01 Leonel de
Jesús Isaza Echeverry, Caso 11.712 (Colombia)
|
|
|
X
|
X
|
|
Informe Nº 51/00
Rafael Ferrer-Mazorra y otros, Caso 9903 (Estados Unidos)
|
|
|
X
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|
|
Informe Nº 52/01 Juan Raúl
Garza, Caso 12.243 (Estados Unidos)
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|
|
X
|
|
|
Informe Nº 4/01 María
Eugenia Morales de Sierra, Caso 11.625 (Guatemala)
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|
|
X
|
|
|
Informe Nº 60/01 Ileana del
Rosario Solares Castillo y otros, Caso 9111 (Guatemala)
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|
|
X
|
|
|
Informe Nº 58/01 Oscar
Manuel Gramajo López, Caso 9207 (Guatemala)
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|
X
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|
|
Informe Nº 59/01 Remigio
Domingo Morales Caso 10.626 y otros, (Guatemala)
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X
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|
|
Informe
Nº 49/01 Leroy Lamey Caso 11.826 y otros, (Jamaica)
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X
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|
|
|
Informe Nº 50/01 Damion
Thomas, Caso 12.069 (Jamaica)
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|
X
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|
Informe Nº 53/01 Ana, Beatríz
y Celia Gónzalez Pérez, Caso 11.565 (México)
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X
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Informe Nº 111/00 Pedro
Pablo López González y otros, Caso 11.031 (Perú)
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X
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|
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Informe Nº 112/00 Yone Cruz
Ocalio, Caso 11.099 (Perú)
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X
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|
|
Informe
Nº 110/00 César Cabrejos Bernuy,
Caso
11.800 (Perú)
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|
|
|
X
|
CASO
12.051, Informe Nº 54/01, (Maria da Penha Maia Fernandes) (BRASIL)
67. En el informe 54/01 de 16 de abril de
2001, la CIDH formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:
1.
Completar rápida y efectivamente el procesamiento penal del
responsable de la agresión y tentativa de homicidio en perjuicio de la
señora Maria da Penha Fernandes Maia.
2.
Llevar igualmente a cabo una investigación seria, imparcial y
exhaustiva para determinar la responsabilidad por irregularidades o
retardos injustificados que impidieron el procesamiento rápido y efectivo
del responsable; y tomar las medidas administrativas, legislativas y
judiciales correspondientes.
3.
Adoptar, sin perjuicio de las eventuales acciones contra el
responsable civil de la agresión, medidas necesarias para que el Estado
asigne a la víctima adecuada reparación simbólica y material por las
violaciones aquí establecidas, en particular su falla en ofrecer un
recurso rápido y efectivo; por mantener el caso en la impunidad por más
de quince años; y por evitar con ese retraso la posibilidad oportuna de
acción de reparación e indemnización civil.
4.
Continuar y profundizar el proceso de reformas que eviten la
tolerancia estatal y el tratamiento discriminatorio respecto a la
violencia doméstica contra las mujeres en Brasil. En particular la
Comisión recomienda:
a.
Medidas de capacitación y sensibilización de los funcionarios
judiciales y policiales especializados para que comprendan la importancia
de no tolerar la violencia doméstica;
b.
Simplificar los procedimientos judiciales penales a fin de que
puedan reducirse los tiempos procesales, sin afectar los derechos y
garantías de debido proceso;
c.
El establecimiento de formas alternativas a las judiciales,
rápidas y efectivas de solución de conflicto intrafamiliar, así
como de sensibilización respecto a su gravedad y las consecuencias
penales que genera;
d.
Multiplicar el número de delegaciones especiales de policía para
los derechos de la mujer y dotarlas con los recursos especiales necesarios
para la efectiva tramitación e investigación de todas las denuncias de
violencia doméstica, así como de recursos y apoyo al Ministerio Público
en la preparación de sus informes judiciales;
e.
Incluir en sus planes pedagógicos unidades curriculares destinadas
a la comprensión de la importancia del respeto a la mujer y a sus
derechos reconocidos en la Convención de Belém do Pará, así como al
manejo de los conflictos intrafamiliares,
f.
Informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del
plazo de sesenta días contados a partir de la transmisión del presente
Informe al Estado, con un informe de cumplimiento de estas recomendaciones
a los efectos previstos en el artículo 51(1) de la Convención Americana.
68.
El Estado brasileño informó a la Comisión respecto al proceso seguido
contra el responsable de la agresión y tentativa de homicidio a que se
refiere la recomendación Nº 1, supra. Informó igualmente que la
víctima no ha sido indemnizada. Mencionó asimismo iniciativas respecto a
los aspectos legislativos involucrados en las recomendaciones transcritas supra.
CASOS
11.286 (Aluísio Cavalcante y otro), 11.407 (Clarival Xavier Coutrim),
11.406 (Celso Bonfim de Lima), 11.416 (Marcos Almeida Ferreira), 11.413
(Delton Gomes Da Mota), 11.417 (Marcos de Assis Ruben), 11.412 (Wanderlei
Galati), y 11.415 (Carlos Eduardo Gomes Ribeiro), Informe Nº 55/01, (BRASIL)
69. En el informe 55/01 de 16 de abril de
2001, la CIDH formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:
1.
Que el Estado brasileño lleve a cabo una investigación seria,
imparcial y eficaz de los hechos y circunstancias en que se produjo la
muerte de Aluísio Cavalcanti, Clarival Xavier Coutrim, Delton Gomes da
Mota, Marcos de Assis Ruben, Wanderley Galati, y las agresiones y
tentativas de homicidio de Claudio Aparecido de Moraes, Celso Bonfim de
Lima y Marcos Almeida Ferreira y Carlos Eduardo Gomes Ribeiro, procese a
los responsables y los sancione debidamente.
2.
Que dicha investigación incluya las posibles omisiones, negligencias y
obstrucciones de la justicia que hayan tenido como consecuencia la falta
de condena definitiva de los responsables, incluyendo las posibles
negligencias e incorrecciones del Ministerio Público y de los miembros
del Poder Judicial que puedan haber determinado la no-aplicación o
reducción del carácter de las condenas correspondientes.
3.
Que se tomen las medidas necesarias para concluir, con la mayor brevedad
posible y en la más absoluta legalidad, los procesos judiciales y
administrativos referentes a las personas involucradas en las violaciones
indicadas anteriormente.
4.
Que el Estado brasileño repare las consecuencias de las violaciones de
los derechos de las víctimas y sus familiares o a quienes tengan derecho,
por los daños sufridos mencionados en este informe.
5.
Que se tomen las medidas necesarias para abolir la
competencia de la Justicia Militar sobre delitos cometidos por policías
contra civiles, tal como lo proponía el proyecto original presentado
oportunamente para la revocación del literal f) del artículo 9 del
Código Penal Militar, y se apruebe en cambio el párrafo único allí
propuesto.[1]
6.
Que el Estado brasileño tome medidas para que se establezca un
sistema de supervisión externa e interna de la Policía Militar de Río
de Janeiro, independiente, imparcial y efectivo.
7.
Que el Estado brasileño presente a la Comisión dentro de los
sesenta días de transmisión del presente, un informe sobre cumplimiento
de recomendaciones con el objeto de aplicar lo dispuesto en el artículo
51(1) de la Convención Americana.
70.
El Gobierno brasileño no presentó información respecto al cumplimiento de
las mencionadas recomendaciones de la CIDH.
CASO
11.771, Informe Nº 61/01, Samuel Alfonso Catalán Lincoleo (CHILE)
71.
La CIDH aprobó el informe de referencia el 16 de abril de 2001. Con
base en las conclusiones del informe, se formularon las siguientes
recomendaciones al Estado Chileno:
1.
Establecer la responsabilidad por el asesinato de Samuel Alfonso Catalán
Lincoleo mediante un debido proceso judicial, a fin de que sean
efectivamente sancionados los culpables.
2.
Adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención
Americana, para lo cual deberá dejar sin efecto el Decreto-Ley Nº 2.191
de 1978.
3.
Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de la víctima
reciban una adecuada y oportuna reparación, que comprenda la plena
satisfacción por las violaciones de los derechos humanos aquí
establecidas, así como el pago de una justa indemnización compensatoria
por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño
moral.
72. Conforme a lo
dispuesto por el artículo 46(1) de su Reglamento,
la Comisión Interamericana dirigió una comunicación a ambas partes en el
caso el 27 de marzo de 2002 y les fijó un plazo de 15 días para que
suministraran información sobre el cumplimiento de las recomendaciones
mencionadas. El plazo expiró sin respuesta del Gobierno de Chile ni
de los peticionarios. La CIDH tampoco tiene información de otras
fuentes acerca de medidas de cumplimiento de las recomendaciones del Informe
61/01.
CASO
11.654, Informe Nº 62/01, Masacre Ríofrío (COLOMBIA)
73. El 6 de abril de 2001 la CIDH emitió el
Informe 62/01 sobre el caso 11654 relativo a la masacre de Riofrío.
En dicha oportunidad la Comisión emitió tres recomendaciones. En
primer término, la CIDH recomendó “realizar una investigación imparcial
y efectiva ante la jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar
a los responsables materiales e intelectuales”. A este respecto, el
Estado indicó que los procesos adelantados con relación al presente caso,
y cuya compatibilidad con la Convención Americana fuera considerada en el
informe, habían “seguido los lineamientos de la normatividad interna”
al ser adscriptos a la justicia penal militar que resolvió la causa en
forma definitiva. Los peticionarios han informado sin embargo que la
Fiscalía General de la Nación habría abierto una nueva investigación
sobre la base de nuevos testimonios, la cual se encontraría en estado
previo.
74. En segundo término, la CIDH recomendó
adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas sean
debidamente indemnizados. El Estado informó que se encontraba en proceso de
aplicar el mecanismo previsto en la Ley 288/96 con el fin de dar
cumplimiento a esta recomendación.
75. En tercer término, la CIDH recomendó
adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan
hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los
derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, así como
las medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina
desarrollada por la Corte Constitucional colombiana y por la propia
Comisión en la investigación y juzgamiento de casos similares por la
justicia penal ordinaria. A este respecto, el Estado se refirió a una
serie de objetivos, programas y estrategias para luchar contra los grupos
armados al margen de la ley y fortalecer la administración de justicia,
entre otras, incluyendo la reforma del Código Penal Militar. Estas
medidas de carácter general han sido y continuarán siendo evaluadas en el
capítulo IV de los Informes Anuales de la CIDH.
CASO
11.710, Informe Nº 63/01, Carlos Manuel Prada González y Evelio Antonio
Bolaño Castro (COLOMBIA)
76.
El 6 de abril de 2001 la CIDH emitió el Informe 63/01 sobre el caso 11.710
relativo a la ejecución extrajudicial de Carlos Manuel Prada González y
Evelio Antonio Bolaño Castro. En dicha oportunidad la Comisión
emitió tres recomendaciones. En primer término, la CIDH recomendó
llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva en la
jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables
de la ejecución extrajudicial de Carlos Manuel Prada y Evelio Antonio
Bolaño Castro. El Estado indicó que la justicia penal militar había
proferido una resolución de segunda instancia absolviendo a los agentes del
Estado procesados por el fallecimiento de las víctimas y que por lo tanto
sería imposible adelantar un nuevo proceso penal ante la jurisdicción
ordinaria, a menos que se activara la competencia de la Corte Suprema
mediante una demanda de casación contra la mencionada decisión, la cual ha
sido interpuesta pero aun no ha sido admitida.
77. En segundo término, la CIDH recomendó
adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas
reciban adecuada y oportuna reparación por las violaciones establecidas en
el Informe. El Estado informó que se encontraba en proceso de aplicar
el mecanismo previsto en la Ley 288/96 con el fin de dar cumplimiento a esta
recomendación.
78.
En tercer lugar, la CIDH recomendó adoptar las medidas necesarias
para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte
Constitucional colombiana y la propia Comisión en materia de investigación
y juzgamiento de casos similares por la justicia penal ordinaria. A
este respecto, el Estado se refirió a la reforma del Código Penal Militar
y la adopción de una directiva presidencial dirigida al Ministerio de
Defensa. Estas medidas de carácter general han sido y continuarán
siendo evaluadas en el capítulo IV de los Informes Anuales de la CIDH.
CASO
11.712, Informe Nº 64/01, Leonel de Jesús Isaza Echeverry (COLOMBIA)
79.
El 6 de abril de 2001 la CIDH emitió el Informe 64/01 sobre el caso 11.712
relativo a la ejecución extrajudicial de Leonel de Jesús Isaza Echeverry y
otro. En dicha oportunidad la Comisión emitió tres recomendaciones.
En primer término, realizar una investigación imparcial y efectiva ante la
jurisdicción ordinaria con el fin de juzgar y sancionar a los responsables
por la ejecución extrajudicial del señor Leonel de Jesús Isaza Echeverry.
El Estado informó que el proceso continúa en etapa de instrucción ante la
jurisdicción penal militar.
80. En segundo término, recomendó adoptar
las medidas necesarias para reparar las consecuencias de las violaciones
cometidas en perjuicio de María Fredesvinda Echeverry y Lady Andrea Isaza
Pinzón, así como para indemnizar debidamente a los familiares de Leonel de
Jesús Isaza Echeverry. El Estado informó que se encontraba en
proceso de aplicar el mecanismo previsto en la Ley 288/96 con el fin de dar
cumplimiento a esta recomendación.
81. En tercer lugar recomendó adoptar las
medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos
similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos
fundamentales reconocidos en la Convención Americana, así como adoptar las
medidas necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada
por la Corte Constitucional colombiana y por la propia Comisión en la
investigación y juzgamiento de casos similares por la justicia penal
ordinaria. A este respecto, el Estado se refirió a la implementación
de programas de capacitación de las Fuerzas Armadas colombianas en materia
de derechos humanos y derecho internacional humanitario y a la reforma del
Código Penal Militar. El impacto de estas medidas de carácter
general han sido y continuará siendo evaluada en el capítulo IV de los
Informes Anuales de la CIDH.
CASO
9903, Informe Nº 51/01 Rafael Ferrer-Mazorra y otros (ESTADOS UNIDOS)
82.
El 11 de noviembre de 2001, los Estados Unidos entregaron a la Comisión su
respuesta al informe de ésta sobre los méritos del Caso 9903 (Rafael
Ferrer-Mazorra y otros (Estados Unidos), que fuera publicado como
Informe N° 51/01, del 4 de abril de 2001, en el Informe Anual de la
Comisión correspondiente a 2000. En su informe, la Comisión había
recomendado que el Estado examinara, lo antes posible, la situación de los
peticionarios que permanecieran bajo custodia del Estado, a fin de
establecer la legalidad de sus detenciones, de acuerdo con las normas
aplicables de la Declaración Americana, en especial, sus artículos I, II,
XVII, XVIII y XXV, conforme a lo expuesto en el análisis de la Comisión
consignado en el informe, y que examinara sus leyes, procedimientos y
prácticas, con objeto de asegurar que los extranjeros detenidos bajo
autoridad y control del Estado, incluidos los que se considerase “excluibles”
de conformidad con las leyes de inmigración del Estado, gozaran de la plena
protección de sus derechos consagrados en la Declaración Americana,
especialmente los que constituyen materia de los artículos I, II, XVII,
XVIII y XXV conforme a lo expuesto en el análisis de la Comisión
consignado en el informe. En su respuesta, los Estados Unidos objetaron la
publicación del informe final de la Comisión sin las observaciones de los
Estados Unidos y solicitaron que la Comisión retirase su informe o que
incluyera la respuesta de los Estados Unidos en su informe anual. El Estado
también manifestó su rechazo a la sustancia íntegra del informe de la
Comisión. Ésta transmitió la respuesta del Estado a los peticionarios el
3 de diciembre de 2001, con la solicitud de observaciones dentro de un plazo
de 30 días, pero no se recibió respuesta de los peticionarios. En cuanto a
la solicitud del Estado relativa a la publicación de su respuesta a la
Comisión, ésta ha decidido emplazarla en su sitio en la red, http://cidh.org
CASO
12.243, Informe Nº 52/01, Juan Raúl Garza (ESTADOS UNIDOS)
83. Mediante comunicaciones de fecha 22 de
enero de 2002, la Comisión solicitó a los Estados Unidos y a los
peticionarios que, dentro de un plazo de un mes, informaran acerca del
cumplimiento de las recomendaciones consignadas en el Informe No.
52/01 de la Comisión, de fecha 4 de abril de 2001 y publicadas en el
Informe Anual de la Comisión correspondiente a 2000. La Comisión había
recomendado, en su informe, que el Estado brindara al Sr. Garza una
reparación efectiva, incluida la conmutación de su condena y que examinara
sus leyes, procedimientos y prácticas, con objeto de asegurar que las
personas acusadas de delitos punibles con la pena de muerte fueran juzgadas
y, de ser halladas culpables, fueran sentenciadas contemplando sus derechos
consagrados en la Declaración Americana, especialmente los que constituyen
materia de los artículos I, XVIII y XXVI y, en particular, prohibiendo la
introducción de pruebas de delitos no imputados durante la etapa de
sentencia de los procesos. El Estado no respondió a la solicitud de
información cursada por la Comisión y los peticionarios lo hicieron
mediante carta que la Comisión recibió el 4 de febrero de 2002, en la cual
se indicaba que el Sr. Garza había sido ejecutado por el Estado el 19 de
junio de 2001 y que, hasta donde llegaba su conocimiento, el Estado no
había cumplido las recomendaciones de la Comisión.
CASO 11.625 Informe Nº 4/01, María Eugenia
Morales de Sierra (GUATEMALA)
84.
En el Informe Nº 4/01 de fecha 19 de enero de 2001, la
CIDH formuló al Estado guatemalteco las siguientes recomendaciones:
1.
Adecuar las disposiciones pertinentes del Código Civil para equilibrar el
reconocimiento jurídico de los deberes recíprocos de la mujer y del
hombre dentro del matrimonio, y adoptar las medidas legislativas y de otra
índole necesarias para reformar el artículo 317 del Código Civil, para
hacer congruente la legislación nacional con las normas de la Convención
Americana y dar efecto pleno a los derechos y libertades que la misma
garantiza a María Eugenia Morales de Sierra.
2.
Reparar e indemnizar adecuadamente a María Eugenia Morales de Sierra por
los daños ocasionados por las violaciones establecidas en el presente
Informe.
85.
En nota del 25 de febrero de 2002, el Estado informó a la Comisión, en
relación con la primera recomendación, que el 13 de marzo de 2001 la
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia
de Derechos Humanos (COPREDEH) presentó a la Secretaría General de la
República un anteproyecto de ley relacionado con la modificación del
artículo 317, inciso 4, del Decreto Ley 106 (Código Civil) para que
le diera traslado al Congreso de la República, con el objeto de subsanar
las deficiencias legislativas que la Comisión hace ver al Estado
guatemalteco en su informe Nº 04/01. Conforme a la respuesta del Estado, a
la fecha se está a la espera de que el Congreso conozca dicha iniciativa de
ley. Al respecto,
en comunicación del 11 de abril del presente año, los peticicionarios
indicaron a la CIDH que según información que les fuera suministrada por
la Dirección Legislativa del Congreso de Guatemala, hasta esa fecha no
había sido presentado por parte del Poder Ejecutivo ningún proyecto de ley
tendiente a la reforma del artículo 317 inc. 4 del Código Civil.
86. En cuanto a la segunda recomendación, el
Gobierno guatemalteco manifestó que a su criterio no es procedente ninguna
reparación porque a su juicio no existe un hecho concreto padecido por la
peticionaria que haya vulnerado sus derechos.
CASO 9111,
Informe Nº 60/01, Ileana del Rosario Solares Castillo y otros (GUATEMALA)
87.
En el Informe Nº 60/01 de fecha 4 de abril de 2001, la CIDH formuló al
Estado guatemalteco las siguientes recomendaciones:
a.
Desarrolle una imparcial y efectiva investigación de los hechos
denunciados que determine las circunstancias y destino de las señoritas
Ileana del Rosario Solares Castillo, María Ana López Rodríguez y Luz
Leticia Hernández, que se establezca la identidad de los responsables de
su desaparición y se les sancione conforme a las normas del debido
proceso legal.
b.
Adopte medidas de reparación plena de las violaciones constatadas, que
incluyen: medidas para localizar los restos de las señoritas Ileana del
Rosario Solares Castillo, María Ana López Rodríguez y Luz Leticia
Hernández; los arreglos necesarios para facilitar los deseos de su
familia con respecto al lugar de descanso final de sus restos; y una
reparación adecuada y oportuna para los familiares de la víctima.
88. En nota de 4 de abril de 2002, el Estado
Guatemalteco informó a la Comisión, respecto a la primera recomendación,
que el Gobierno había remitido al Ministerio Público un informe a fin de
que conduzca la respectiva investigación. Informó, asimismo, que el caso
había sido trasladado a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas
dependiente de COPREDEH. Dicha unidad ubicó a los familiares de la señora
Ileana del Rosario Solares y se sostuvieron dos reuniones con ellos en las
que se les comunicó la intención del Gobierno de cumplir con las
recomendaciones de la CIDH. Los familiares acordaron comunicarse con los
familiares de las otras víctimas a fin de buscar mecanismos de reparación
económica. En cuanto a la segunda recomendación, el Gobierno de Guatemala
manifestó su disposición de que el caso sea considerado dentro del
Programa Nacional de Reparaciones que deberá discutirse con la sociedad
civil. En consecuencia, el Gobierno se comprometió a remitir el caso a la
Secretaría de la Paz para el seguimiento correspondiente.
CASO 9207,
Informe Nº 58/01, Oscar Manuel Gramajo López (GUATEMALA)
89. En el informe Nº 58/01 de
fecha 4 de abril de 2001, la CIDH formuló al Estado
guatemalteco las siguientes recomendaciones:
a.
Desarrolle una imparcial y efectiva investigación de los hechos
denunciados que determine las circunstancias y destino del señor Oscar
Manuel Gramajo López, que se establezca la identidad de los responsables
de su desaparición y se les sancione conforme a las normas del debido
proceso legal.
b.
Adopte medidas de reparación plena de las violaciones constatadas, que
incluyen: medidas para localizar los restos del señor Oscar Manuel
Gramajo López; los arreglos necesarios para facilitar los deseos de su
familia con respecto al lugar de descanso final de sus restos; y una
reparación adecuada y oportuna para los familiares de la víctima.
90. En nota de 4 de abril de 2002, el Estado
guatemalteco informó a la Comisión, respecto a la primera recomendación,
que el Gobierno había remitido al Ministerio Público un informe a fin de
que conduzca la respectiva investigación. Informó, asimismo, que el caso
había sido adicionalmente trasladado a la Unidad de Búsqueda de Personas
Desaparecidas dependiente de COPREDEH. Dicha unidad inició la
averiguaciones respectivas para ubicar información sobre el caso y a los
familiares del señor Gramajo López. Con relación a la segunda
recomendación, el Gobierno de Guatemala manifestó su disposición de que
el caso sea considerado dentro del Programa Nacional de Reparaciones que
deberá discutirse con la sociedad civil. En consecuencia, el gobierno se
comprometió a remitir el caso a la Secretaría de la Paz para el
seguimiento correspondiente.
CASOS
10.626, 10.627, 11.198(A), 10.799, 10.751 y 10.901,
Informe Nº 59/01 Remigio
Domingo Morales y otros (GUATEMALA)
91.
En el Informe Nº 59/01 de 7 de abril de 2001, la CIDH
formuló al Estado guatemalteco las siguientes recomendaciones:
1.
Lleve a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para
determinar las circunstancias de las ejecuciones extrajudiciales y las
tentativas de ejecución extrajudicial de cada una de las víctimas, las
violaciones relacionadas y para sancionar a los responsables.
2.
Adopte las medidas necesarias para que los familiares de las víctimas de
ejecuciones extrajudiciales reciban una adecuada y oportuna reparación
por las violaciones aquí establecidas.
3.
Adopte las medidas necesarias para que las víctimas de las tentativas de
ejecución extrajudicial reciban una adecuada y oportuna reparación por
las violaciones aquí establecidas.
4.
Evite efectivamente el resurgimiento y reorganización de las Patrullas de
Autodefensa Civil.
5.
Que se promuevan en Guatemala los principios establecidos en la “Declaración
sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones, de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales universalmente reconocidos" adoptada por
Naciones Unidas, y se tomen las medidas necesarias para que se respete la
libertad de expresión de quienes han asumido la tarea de trabajar por el
respeto de los derechos fundamentales, y para que se proteja su vida e
integridad personal.
92.
En audiencia realizada en fecha 4 de marzo de 2002, durante el 114° periodo
ordinario de sesiones de la CIDH, el Estado de Guatemala informó, respecto
a la primera recomendación, que el Gobierno había pedido al Ministerio
Público la reapertura y reorientación de la investigación. En
cuanto al resto de las recomendaciones formuladas por la CIDH, el Estado
informó que las mismas estaban en proceso, como parte de la nueva política
de derechos humanos adoptada por el Gobierno de Guatemala. Conforme a esa
nueva política, el Gobierno informó que presentó al Congreso un proyecto
de ley para la creación del Fondo de Reparaciones. En la referida audiencia,
el Estado se comprometió a informar puntualmente a la Comisión, dentro del
plazo de sesenta días, las medidas adoptadas en cada una de las
recomendaciones formuladas en el Informe 59/01. Por su parte, los
peticionarios informaron a la CIDH, en la referida audiencia, que el Estado
guatemalteco no había dado cumplimiento a ninguna de las recomendaciones.
CASOS
11.826, 11.843, 11.846 y 11.847, Informe Nº 49/01, Leroy Lamey, Kevin Mykoo,
Milton Montique y Dalton Daley (JAMAICA)
93. Mediante comunicaciones de fecha 22 de
enero de 2002, la Comisión solicitó al Estado de Jamaica y a los
peticionarios que, dentro del plazo de un mes, remitieran nueva información
acerca del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión consignadas
en el Informe No. 49/01 de la Comisión, de fecha 4 de abril de 2001 y
publicadas en el Informe Anual de la Comisión correspondiente a 2000. La
Comisión había recomendado, en su informe, que el Estado brindara a las
víctimas una reparación efectiva, incluida la conmutación de su condena a
la pena de muerte y una compensación, y que el Estado adoptara las medidas
legislativas o de otra índole que fuesen necesarias a fin de asegurar que
no se impusiera la pena de muerte violando los derechos y las libertades
garantizados por la Convención, incluidos sus artículos 4, 5 y 8, en
particular que no se condenara a muerte a persona alguna en virtud de una
ley de condena obligatoria a la pena de muerte; que se hiciera efectivo en
Jamaica el derecho a la solicitud de amnistía, el indulto o la
conmutación de la pena, consagrado en el Artículo 4(6) de la
Convención; al tratamiento humano de las víctimas, en especial respecto de
las condiciones de su detención, consagrado en los artículos 5(1) y 5(2)
de la Convención; el derecho a una audiencia imparcial, consagrado en el
Artículo 8(1) de la Convención y el derecho a la protección judicial al
amparo del Artículo 25 de la Convención, en relación con el recurso a las
mociones constitucionales. El Estado no respondió a la solicitud de
información cursada por la Comisión y los peticionarios lo hicieron
mediante cartas de fechas 15 y 18 de febrero de 2002, en las que indicaron
que el Estado había cumplido, efectivamente, con las dos primeras
recomendaciones de la Comisión, pero que no obraba en su conocimiento
indicación de que hubiera cumplido con las restantes.
CASO
12.069, Informe Nº 50/01, Damion Thomas (JAMAICA)
94.
Mediante comunicaciones de fecha 22 de enero de 2002, la Comisión solicitó
al Estado de Jamaica y a los peticionarios que, dentro del plazo de un mes,
remitieran nueva información acerca del cumplimiento de las recomendaciones
de la Comisión consignadas en el Informe No. 50/01 de la Comisión, de
fecha 4 de abril de 2001 y publicadas en el Informe Anual de la Comisión
correspondiente a 2000. En su informe, la Comisión había recomendado que
el Estado otorgara a la víctima una reparación efectiva, incluida una
compensación y que llevara a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales
de los hechos denunciados por los peticionarios, a fin de determinar las
responsabilidades de las violaciones y atribuirlas a sus cuentadantes y de
tomar las medidas de reparación apropiadas; que examinara sus prácticas y
procedimientos con objeto de asegurar que los funcionarios encargados de la
detención y supervisión de las personas encarceladas en Jamaica recibieran
instrucción apropiada acerca de las normas de tratamiento humano de dichas
personas, incluidas las restricciones para el uso de la fuerza contra ellas;
y que examinara sus prácticas y procedimientos a fin de asegurar que las
denuncias de los prisioneros sobre malos tratos por parte de los
funcionarios de prisiones y de otras condiciones de su detención, fueran
debidamente investigadas y resueltas. La solicitud de información formulada
por la Comisión no fue respondida por el Estado ni por los peticionarios.
CASO 11.565, Informe Nº
53/01, Ana, Beatriz y Celia González Pérez, (MÉXICO)
95.
El 4 de abril de 2001, la
Comisión Interamericana aprobó el informe
N° 53/01
respecto al caso mencionado, en que formuló las siguientes recomendaciones:
1.
Investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción
penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad de todos los
autores de las violaciones de derechos humanos en perjuicio de Ana,
Beatriz y Celia González Pérez y Delia Pérez de González.
2.
Reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia González Pérez y a Delia
Pérez de González por las violaciones de los derechos humanos aquí
establecidas.
96. El Gobierno mexicano invitó a la CIDH a
celebrar varias reuniones sobre seguimiento de informes publicados,
incluyendo el de referencia, los días 3 y 4 de julio de 2001 en la Ciudad
de México. En la oportunidad, se firmó un acuerdo que contempla la
creación de un grupo mixto de trabajo para buscar las vías de trasladar el
caso a la justicia civil, y se presentó una propuesta de indemnización
para las víctimas. Se celebró igualmente una reunión de trabajo
sobre el tema el 14 de noviembre de 2001 durante el 113° período de sesiones, y nuevamente se celebró una audiencia de
seguimiento el 7 de marzo de 2002 durante el 114°
período ordinario de sesiones de la CIDH. Hasta la fecha no se ha
recibido información acerca de la realización de la investigación en los
términos en que fue formulada la primera recomendación arriba expuesta,
como tampoco se tiene conocimiento de que las víctimas hubieran sido
indemnizadas por las violaciones establecidas en el Informe 53/01.
CASO
11.031, Informe Nº 111/00, Pedro Pablo López González y otros (PERÚ)
97. En el informe 111/00 de 4 de
diciembre de 2000, la CIDH formuló al Estado peruano las siguientes
recomendaciones:
1.
Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para
determinar las circunstancias de la desaparición de los señores Pedro
Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León
Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto
Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More, y para
sancionar a los responsables con arreglo a la legislación peruana.
2.
Dejar sin efecto toda medida interna, legislativa o de otra naturaleza,
que tienda a impedir la investigación, el procesamiento y la sanción de
los responsables de la desaparición forzada de los señores Pedro Pablo
López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro León
Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto
Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More.
En tal virtud, el Estado debe dejar sin efecto las Leyes Nos. 26479 y
26492.
3.
Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de los señores
Pedro Pablo López González, Denis Atilio Castillo Chávez, Gilmer Ramiro
León Velásquez, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Roberto y Carlos Alberto
Barrientos Velásquez y Carlos Martín y Jorge Luis Tarazona More reciban
adecuada y oportuna reparación por las violaciones aquí establecidas.
98.
El Gobierno peruano respondió mediante nota de fecha 5 de marzo de 2002 que
había iniciado acciones respecto al cumplimiento de la referida
recomendación N° 1. Asimismo, con respecto al cumplimiento de las
mencionadas recomendaciones efectuadas por la CIDH, en conjunción con
recomendaciones efectuadas en otros aproximadamente 100 informes emitidos
por la CIDH desde 1987, que se refieren a violaciones a derechos humanos de
naturaleza similar, se está llevando a cabo un proceso de seguimiento que
involucra a la CIDH, al Estado peruano y a los peticionarios, a los efectos
relacionados con el cumplimiento de las recomendaciones.
CASO
11.099, Informe N° 112/00, Yone Cruz Ocalio (PERÚ)
99. En el informe 112/00 de 4 de
diciembre de 2000, la CIDH formuló al Estado peruano las siguientes
recomendaciones:
1.
Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para
determinar las circunstancias de la desaparición del señor Yone Cruz
Ocalio y para sancionar a los responsables con arreglo a la legislación
peruana.
2.
Dejar sin efecto toda medida interna, legislativa o de otra naturaleza,
que tienda a impedir la investigación, el procesamiento y la sanción de
los responsables de la desaparición forzada del señor Yone Cruz Ocalio.
En tal virtud, el Estado debe dejar sin efecto las Leyes Nos. 26479 y
26492.
3.
Adoptar las medidas necesarias para que los familiares del señor Yone
Cruz Ocalio reciban adecuada y oportuna reparación por las violaciones
aquí establecidas.
100.
El Gobierno peruano, mediante nota de fecha 26 de febrero de 2002, solicitó
una prórroga para poder terminar de elaborar un informe por medio del cual
remitirá la información requerida. Asimismo, con respecto al cumplimiento
de las mencionadas recomendaciones efectuadas por la CIDH, en conjunción
con recomendaciones efectuadas en otros aproximadamente 100 informes
emitidos por la CIDH desde 1987, que se refieren a violaciones a derechos
humanos de naturaleza similar, se está llevando a cabo un proceso de
seguimiento que involucra a la CIDH, al Estado peruano y a los peticionarios,
a los efectos relacionados con el cumplimiento de las recomendaciones.
continúa...
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