...CONTINUACIÓN
203.
Sobre las labores conjuntas de las Fuerzas Armadas peruanas y las
denominadas rondas campesinas, el Relator Especial sobre Ejecuciones
Sumarias o Extrajudiciales de las Naciones Unidas, expresó:
Los
informes y denuncias recibidos por el Relator Especial en 1994 indican que
en el Perú se siguen produciendo violaciones del derecho a la vida. Como
en años anteriores, esos informes mencionan muertes provocadas por el
abuso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y miembros de las
rondas campesinas, grupos campesinos de autodefensa que cooperan con las
fuerzas de seguridad. En muchos de esos casos, las víctimas son
campesinos, presuntos miembros o simpatizantes de los grupos alzados en
armas.
[47]
204.
Conforme al análisis precedente la Comisión concluye que el
Estado fue quien legalmente creó las ronda civiles, les suministró
armas, las subordinó operacional y funcionalmente al respectivo Comando
Político Militar, y esos grupos de autodefensa realizaron labores
conjuntas y coordinadas con el ente militar en la lucha contra los grupos
disidentes; en consecuencia, ellos actuaban con la venia y licencia
estatal como agentes vinculados al Estado y sus prácticas violatorias de
los derechos humanos fueron permitidas y toleradas por el Estado peruano.
205.
Previamente, la Comisión trató el tema de las organizaciones
civiles armadas de autodefensa civil, previstas por la ley y que cooperan
con las fuerzas de seguridad de un Estado, cuando analizó la situación
de los Derechos Humanos en Colombia. Al respecto, la CIDH analizó las
consecuencias de la participación por las Cooperativas de Vigilancia y
Seguridad Privada, conocidas como CONVIVIR, para la violencia y el
conflicto armado que vive ese país, expresando:
En
todo caso, la Comisión ha verificado que en ciertas áreas del país las
CONVIVIR participan en operaciones de inteligencia y contrainsurgencia del
Ejército y que, según se expresara con anterioridad en este mismo
Capítulo del Informe, en ocasiones se han visto involucradas en actos de
violencia. Estos elementos demuestran que en términos prácticos, la
naturaleza de las tareas llevadas a cabo por las CONVIVIR que operan en
áreas de conflicto, coloca a sus miembros en un rol que se identifica con
el de agentes estatales, en términos de la responsabilidad internacional
del Estado.
[48]
206.
La Comisión en el mismo informe, sección sexta, recomendó al
Estado colombiano desmontar los servicios de Cooperativas de Vigilancia y
Seguridad Privada, CONVIVIR, aspecto que reiteró en el Informe Anual de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999.
207.
Después del anterior análisis, la Comisión concluye que son
ciertos los mencionados hechos relevantes denunciados en las 25
peticiones, respecto a la ejecución extrajudicial y desaparición
forzada, cometidas por agentes del Estado peruano, de las siguientes
ciento diecinueve (119) personas: Luis Miguel Pasache Vidal (Caso 10.247);
Walter Wilfredo Valer Munaylla (Caso 10.472); Nilton Adelmo Loli Mauricio,
Saturnino Serrate García y Esaú Daniel Moreno Cotrina (Caso 10.805);
Javier Alberto Ipanaque Marcelo, Guillermo Salinas Conde, Fidel Romero
Conde, Uriol Tafur Ayala, Víctor Manuel Briceño García y Eusebio
Aniceto Garay (Caso 10.878); Juan Hualla Choquehuanca, Francisco Atamari
Mamani, Feliciano Turpo Valeriano y Roberto Quispe Mamani (Caso 10.913);
Guillermo Marín Arenas, Gerardo Chaico, Cirila de Chaico y su hijo de
cinco años, la hermana de Cirila de Chaico y su hijo de dos años, y seis
personas no identificadas (Caso 10.947); Teodoro Lorenzo Alvarado Castillo
(Caso 10.994), Raúl Antero Cajacuri Roca (Caso 11.035); Adrián Medina
Puma (Caso 11.051); Rafael Ventocilla Rojas, Marino Ventocilla Rojas,
Alejandro Ventocilla Castillo, Simón Ventocilla Castillo, Paulino
Ventocilla Castillo y Rubén Ventocilla León (Caso 11.057); Ricardo
Salazar Ruiz (Caso 11.065); Amadeo Inca Ñaupa (o Amadeo Arcanaupa),
Luciano Huamán García, Antonio Janampa Aucassi, Constantina García
Gutiérrez, Marciano (o Mariano) Janampa García, Agripina Aucassi
Espilico, Maura Huamán Paucar, Demetrio Huamán León, Víctor Rojas
Huamán (o Víctor Huamán Paucar), Mauro Huamán Paucar, Narciso Huamán
Paucar y Melecio Chonta Huamán (Caso 11.088); Pascual Chipana Huauya,
Pelagia Chipana Condori, Paulina Vásquez Esquivel, Donato Pablo, Juan
Cacñahuaray, Jovita Cahuana, Pelayo Capizo y Pelagia Pillaca (Caso
11.161); Jessica Rosa Chávez Ruiz, Pedro Javier Cruz Guzmán y Héctor
Rodríguez Rodríguez (Caso 11.292); Moisés Carvajal Quispe (Caso
11.680), Luis Alberto Sangama Panaifo y Lucio Escobal Fretel (Caso
10.564), Arturo Torres Quispe (Caso 10.744); Percy Borja Gaspar, Angel
Zanabria Ubaldo, Gumercindo Ubaldo Zanabria, Apolonio Lazo Rodas, Hermilio
Borja Ríos, Fredy Gaspar Ríos, José Muñoz Huallpa, Ernesto Salomé
Bravo, Jesús Pumahuali Salomé y César Sánchez Castro (Caso 11.040);
Máximo Muñoz Solís, Levi Vivas Espinal, Alejandro Vera Suasnabar, Edgar
Nestares Justo, Javier Yañac Solano, Richard Lozano Cáceres, Oscar
Cirino Baldeón Chacón, Luis Alberto Ramírez Hinostroza, Teófilo Julio
Lazo Chucos, César Teobaldo Vílchez Simeón, José Fierro Miche y Elías
Uchupe Huamán (Caso 11.126); Edith Galván Montero (Caso 11.132); Esteban
Romero León, Moisés Poma Ordónez y Yolanda Lauri Arias (Caso 11.179);
Víctor Tineo Sandoval, Guillermina Quispe de Tineo, Eulogio Demetrio
Bohorquez Tineo, Ivan Roberto Tineo Rodríguez y Elías Bohorquez Tineo
(Caso 10.431); Concepción Ccacya Barrientos, Maximiliana Sotaya, Donato
Morán, Emiliana Puga y Fortunato Venegas (Caso 10.523); Flaviano Sáens
Chuquivilca, Edgar Chaguayo Quispe, Miriam Lidia Navarro Concha, Miguel
Angel Cieza Galván, Socimo Curasma Sulla, Justiniano Fredy Vicente
Rivera, Augusto Galindo Peña, Juana Ñahui Vilcas, Luis Aníbal Naupari
Toralva, Alejandro Tunque Lizama, Eugenio Curasma Sulla, María Sánchez
Retamozo, Edwin Ramos Calderón, Gladys Espinoza León, Fernando Sáenz
Munarris, Hugo Puente Vega, Peter David Cosme Ureta (Caso 11.064); y
Camilo Nuñez Quispe y Teófilo Nuñez Quispe (Caso 11.200). Dichas
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas formaron parte de la
política estatal y sistemática de ejecuciones extrajudiciales y
desaparición forzada de personas, perpetradas por parte de agentes del
Estado o personas vinculadas a él y toleradas por el Estado, bajo un
marco de impunidad absoluta, que fue amparada por el Estado, tanto en los
hechos como en el derecho, con la expedición y aplicación de las Leyes
de Amnistía.
E.
Consideraciones de derecho
El
derecho a la vida
208.
El artículo 4(1) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos declara que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida…Nadie
puede ser privado de la vida arbitrariamente”. La protección del
derecho a la vida tiene una doble connotación: por un lado, nadie puede
ser privado arbitrariamente de la vida, y por otro lado, conforme al
artículo 1(1) eiusdem exige que
los Estados adopten las medidas necesarias para garantizar a toda persona
sujeta a su jurisdicción la inviolabilidad de la vida y el derecho a no
ser privado arbitrariamente de ella.
209.
El artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y el artículo 3 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos establecen que "todo ser humano tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". En Perú, la
Constitución de 1979 garantizó el derecho a la vida y la Constitución
de 1993 consagró el mismo derecho. El artículo 2 de la Constitución
peruana de 1993 reza: "Toda persona tiene derecho: (1) A la vida, a
su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto
le favorece".
210.
De otra parte, el artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra
establece normas mínimas, como derecho internacional consuetudinario,
aplicables automáticamente a todos los grupos involucrados en un
conflicto armado interno. Dicho artículo 3 común, sección 1, reza:
En
caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja
en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las
Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las
siguientes disposiciones:
1)
Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos
los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las
personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por
cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con
humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la
raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la
fortuna, o cualquier otro criterio análogo.
A
este respecto, se prohiben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe
a las personas arriba mencionadas:
a)
los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el
homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la
tortura y los suplicios; …..
c)
los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos
humillantes y degradantes;
d)
las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal
legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como
indispensables por los pueblos civilizados.
211.
Entonces, tanto el Estado como las partes en conflicto asumen
automáticamente las obligaciones legales fijadas en el artículo 3
común, que garantiza el
respeto y trato humano a las personas que no participan, o ya no lo hacen,
en las hostilidades.
212.
No obstante el anterior marco legal, en los 25 casos objeto de este
informe la Comisión encuentra que el Estado peruano, a través de sus
agentes y personas vinculadas a él, afectó el derecho a la vida en dos
formas: mediante ejecuciones sumarias y mediante la desaparición forzada
de personas.
213.
En el caso 11.064, respecto a la víctima, Flaviano Sáens
Chuquivilca, detenido y desaparecido el 6 de junio de 1992, existen
suficientes elementos para concluir que fue detenido de manera ilegal y
arbitraria por efectivos del Ejército; porque, aun cuando las autoridades
certifiquen su liberación, la aseveración de la hermana de la víctima
sobre su desaparecimiento y Percy Jaramillo Sáenz, primo de la víctima
quien lo vio con vida en la misma unidad militar donde estaban retenidos,
e inferir presuntivamente su fallecimiento,
[49]
en consideración a que han transcurrido 8 años desde su
detención y posterior desaparecimiento. De igual manera, teniendo en
cuenta que han transcurrido más de 7 años desde las detenciones de
Camilo Nuñez Quispe (Caso 11.200), Miguel Angel Cieza Galván y Augusto
Galindo Peña (Caso 11.064), y que han transcurrido entre 8 y 16 años
desde las detenciones y desaparecimiento de los ciudadanos peruanos
Concepción Ccacya Barrientos (Caso 10.523), Ivan Roberto Tineo
Rodríguez, Elías Bohorquez Tineo (Caso 10.431), Luis Alberto Sangama
Panaifo, Lucio Escobal Fretel (Caso 10.564)), Máximo Muñoz Solís, Levi
Vivas Espinal, Alejandro Vera Suasnabar, Edgar Nestares Justo, Javier
Yañac Solano, Richard Lozano Cáceres, Oscar Cirino Baldeón Chacón,
Luis Alberto Ramírez Hinostroza, Teófilo Julio Lazo Chucos, César
Teobaldo Vílchez Simeón, José Fierro Miche, Elías Uchupe Huamán (Caso
11.126), Edith Galván Montero (Caso 11.132), Arturo Torres Quispe (Caso
10.744), Percy Borja Gaspar, Angel Zanabria Ubaldo, Gumercindo Ubaldo
Zanabria, Apolonio Lazo Rodas, Hermilio Borja Ríos, Fredy Gaspar Ríos,
José Muñoz Huallpa, Ernesto Salomé Bravo, Jesús Pumahuali Salomé,
César Sánchez (Caso 11.040), Esteban Romero León, Moisés Poma Ordónez
y Yolanda Lauri Arias (Caso 11.179), la Comisión infiere presuntivamente
el fallecimiento de estas 36 víctimas.
214.
Los hechos denunciados también demuestran que el Estado no
protegió a 84 víctimas contra las ejecuciones sumarias consumadas por
sus agentes, algunas de forma inmediata sin mediar captura previa, como en
el caso de Luis Miguel Pasache Vidal (Caso 10.247), Walter Wilfredo Valer
Munaylla (Caso 10.472), Maximiliana Sotaya, Donato Morán, Emilia Puga,
Fortunato Venegas (Caso 10.523), Nilton Adelmo Loli Mauricio, Saturnino
Serrate García, Esaú Daniel Moreno
Cotrina (Caso 10.805), Javier Alberto Ipanaque Marcelo, Guillermo Salinas
Conde, Fidel Romero Conde, Uriol Tafur Ayala, Víctor Manuel Briceño
García, Eusebio Aniceto Garay (Caso 10.878), Guillermo Marín Arenas,
Gerardo Chaico, Cirila de Chaico y su hijo de cinco años, la hermana de
Cirila de Chaico y su hijo de dos años, seis personas no identificadas
(Caso 10.947), Héctor Riveros Izarra, Edgar Chaguayo Quispe, Miriam Lidia
Navarro Concha, Socimo Curasma Sulla, Justiniano Fredy Vicente Rivera,
Juana Ñahui Vilcas, Luis Aníbal Naupari Toralva, Alejandro Tunque
Lizama, Eugenio Curasma Sulla, María Sánchez Retamozo, Edwin Ramos
Calderón, Gladys Espinoza León, Fernando Sáenz Munarris, Hugo Puente
Vega, Peter David Cosme Ureta (Caso
11.064), Ricardo Salazar Ruiz (Caso 11.065), Amadeo Inca Ñaupa (o Amadeo
Arcanaupa), Luciano Huamán García, Antonio Janampa Aucassi, Constantina
García Gutiérrez, Marciano (o Mariano) Janampa García, Agripina Aucassi
Espilico, Maura Huamán Paucar, Demetrio Huamán León, Víctor Rojas
Huamán (o Víctor Huamán Paucar), Mauro Huamán Paucar, Narciso Huamán
Paucar y Melecio Chonta Huamán (Caso 11.088), Pascual Chipana Huauya,
Pelagia Chipana Condori, Paulina Vásquez Esquivel, Donato Pablo, Juan
Cacñahuaray, Jovita Cahuana, Pelayo Capizo, Pelagia Pillaca (Caso
11.161), y otras, horas o días después de su captura, como en el caso de
Víctor Tineo Sandoval, Guillermina Quispe y Eulogio Demetrio Bohorquez
Tineo (Caso 10.431), Juan Hualla Choquehuanca, Francisco Atamari Mamani,
Feliciano Turpo Valeriano, Roberto Quispe Mamani (Caso 10.913), Teodoro
Lorenzo Alvarado Castillo (Caso 10.994), Raúl Antero Cajacuri Roca (Caso
11.035), Adrián Medina Puma (Caso 11.051), Rafael Ventocilla Rojas,
Marino Ventocilla Rojas, Alejandro Ventocilla Castillo, Simón Ventocilla
Castillo, Paulino Ventocilla Castillo, Rubén Ventocilla León (Caso
11.057), Ricardo Salazar Ruiz (Caso 11.065), Jessica Rosa Chávez Ruiz,
Pedro Javier Cruz Guzmán, Héctor Rodríguez Rodríguez (Caso 11.292),
Camilo Núñez Quispe y Teófilo Núñez Quispe (Caso 11.200), Moisés
Carvajal Quispe (Caso 11.680).
215.
La Comisión concluye, con base en los hechos denunciados y
establecidos en estos casos,
que agentes del Estado peruano privaron de la vida a las mencionadas
personas, y que el Estado no protegió a estas víctimas contra las
ejecuciones arbitrarias o desapariciones forzadas consumadas por sus
agentes. Por un lado, no adoptó las medidas requeridas para prevenir esa práctica. De otro lado, tampoco tomó las
medidas necesarias para acabar con la práctica ya iniciada y así
controlar las acciones de sus agentes, y finalmente no sancionó a los
autores de esas violaciones. Por lo tanto, la Comisión concluye que el
Estado violó, en perjuicio de las víctimas en los casos objeto de este
informe, el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la
Convención Americana.
El
derecho a la libertad personal
216.
De conformidad con el artículo 7(1) de la Convención Americana,
toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. A su
vez, el artículo 7(2) de la Convención Americana dispone que "nadie
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los
Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas", y el
numeral tercero de dicho artículo añade que "nadie puede ser
sometido a detención o encarcelamiento arbitrario". Entonces, para
que la privación de la libertad sea legítima, debe ser ordenada y
ejecutada por autoridad competente, por hechos previamente establecidos en
la ley y de acuerdo con los presupuestos procesales fijados por el derecho
interno y por la Convención Americana.
217.
Una detención es arbitraria e ilegal cuando es practicada al
margen de los motivos y formalidades que establece la ley, cuando se
ejecuta sin observar las normas exigidas por la ley y cuando se ha
incurrido en desviación de las facultades de detención, es decir, cuando
se practica para fines distintos a los previstos y requeridos por la ley.
La Comisión ha señalado también que la detención para fines
impropios es, en sí misma, un castigo o pena que constituye una forma de
pena sin proceso o pena extralegal
que vulnera la garantía del juicio previo.
218.
Es necesario tomar en cuenta el contexto existente en Perú, que
afectaba en general a la mayoría de los Departamentos en donde ocurrieron
las detenciones y desapariciones. Las
continuas incursiones de grupos armados habían provocado un estado de
permanente zozobra sobre la población.
Por tal motivo, se había declarado en diversos Departamentos el
estado de excepción, lo cual prima
facie encontraba justificación en la crisis enfrentada por el Estado
peruano para combatir el terrorismo.
En virtud de tal estado de emergencia, había quedado suspendido en
muchos Departamentos el artículo 2(20)(g)
[50]
de la Constitución de Perú de 1979, de manera que las
fuerzas militares estaban legalmente facultadas para detener a una persona
sin orden de juez competente y sin necesidad de que existiera situación
de flagrancia. Conforme al artículo 27(3) de la Convención Americana, un
Estado parte de la Convención debe informar a los demás Estados partes
de dicha Convención, por conducto del Secretario General de la OEA, de
haber suspendido derechos consagrados en tal instrumento, como uno de los
requisitos para que proceda la suspensión a la luz de tal Convención.
219.
No obstante la legitimidad prima
facie de esta medida, la facultad de detener no constituye una
facultad ilimitada para las fuerzas de seguridad, por medio de la cual
pueden proceder a detener arbitrariamente a los ciudadanos.
La suspensión de la orden judicial para detener a una persona no
implica que los funcionarios públicos quedan desvinculados de los
presupuestos legales necesarios para decretar legalmente tal medida, ni
que se anulen los controles jurisdiccionales sobre la forma en que se
llevan a cabo las detenciones.
220.
La suspensión de la garantía a la libertad personal, autorizada
por el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
nunca puede llegar a ser total. Existen principios subyacentes a toda
sociedad democrática que las fuerzas de seguridad deben observar para
formalizar una detención, aún bajo estado de emergencia.
Los presupuestos legales de una detención son obligaciones que las
autoridades estatales deben respetar, en cumplimiento del compromiso
internacional de proteger y respetar los derechos humanos, adquirido bajo
la Convención.
221.
En segundo lugar, con base en los principios anteriores, la
detención policial o militar, como medida cautelar, debe tener como
único propósito evitar la fuga de un sospechoso de un acto delictivo, y
asegurar así su comparecencia ante un juez competente, para que sea
juzgado dentro de un plazo razonable o, en su caso, puesto en libertad.
Ningún Estado puede imponer penas sin la garantía del juicio
previo.
[51]
En un Estado
constitucional y democrático de derecho, donde se respeta la separación
de poderes, toda pena establecida en la ley debe ser impuesta
judicialmente y tras haberse establecido la culpabilidad de una persona
dentro de un juicio justo con todas las garantías. La existencia de una
situación de emergencia no autoriza al Estado para desconocer la
presunción de inocencia, ni tampoco confiere a las fuerzas de seguridad
el ejercicio de un ius puniendi
arbitrario y sin límites.
222.
En este sentido, el artículo 7(5) de la Convención Americana
prescribe que "toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin
demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer
funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable o a ser puesta en libertad".
El numeral 6 de dicho artículo añade:
"Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir
ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora,
sobre la legalidad de su arresto o detención (...)".
La Comisión también ha señalado que toda persona privada de su
libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente
reconocidos y presentada sin demora, conforme a
su legislación interna, a la autoridad judicial competente.
En caso de que la autoridad incumpla esta obligación legal, el
Estado tiene la obligación de garantizar al detenido la posibilidad de
interponer un recurso judicial efectivo que permita el control judicial
sobre la legalidad de la detención.
223.
Aplicando las anteriores consideraciones a los casos bajo estudio,
la Comisión observa que en 20 de los 25 casos no existe información que
sugiera que alguna de las víctimas fue privada de su libertad respetando
los extremos antes explicados. Por el contrario, los hechos descritos
siguen el modus operandi de
muchas ejecuciones sumarias de ese período, incluyendo el hecho de que en
los casos 11.035, 11.057, 11.065, 11.200, 10.472 y 11.292, los cuerpos de
las víctimas mostraban señales de tortura.
224.
En los casos 10.431, 10.523, 10.564, 10.744, 10.913, 10.994,
11.035, 11.040, 11.057, 11.064, 11.065, 11.179, 11.200, 11.680, 10.247,
10.472, 10.805, 11.126, 11.132 y 11.292, se alega que las víctimas fueron
detenidas ilegalmente y arbitrariamente antes de ser ejecutadas o
desaparecidas. Y, en los casos 10.247, 10.431, 10.472, 10.523, 10.564,
10.805, 10.994, 11.035, 11.051, 11.057, 11.064, 10.744, 11.040, 11.126,
11.132, 11.179 y 11.200, también se informó que las autoridades
militares o de policía han negado sistemáticamente haber detenido las
víctimas.
225.
Pero también bajo la modalidad del secuestro de personas se
vulnera el derecho a la libertad, porque el secuestro de un ser humano es
en realidad una forma de privación ilegal de la libertad que además
viola el artículo 7 numeral (5) de la Convención Americana, relativo al
derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y numeral (6)
del mismo artículo, sobre el derecho a interponer los recursos adecuados
para controlar la legalidad de su arresto. Como corolario, la Comisión
concluye que el Estado es responsable por los actos de sus agentes al
privar ilegalmente de su libertad, en violación al artículo 7 de la
Convención Americana, a
Teodoro Lorenzo Alvarado Castillo (10.994), Raúl Antero Cajacuri Roca
(Caso 11.035), Rafael Ventocilla Rojas, Marino Ventocilla Rojas, Alejandro
Ventocilla Castillo, Simón Ventocilla Castillo, Paulino Ventocilla
Castillo, Rubén Ventocilla León (Caso 11.057), Flaviano Sáens
Chuquivilca, Edgar Chaguayo Quispe, Miriam Lidia Navarro Concha, Miguel
Angel Cieza Galván, Socimo Curasma Sulla, Justiniano Fredy Vicente
Rivera, Augusto Galindo Peña, Luis Aníbal Naupari Toralva, Alejandro
Tunque Lizama, Eugenio Curasma Sulla, María Sánchez Retamozo, Edwin
Ramos Calderón, Gladys Espinoza León, Fernando Sáenz Munarris, Hugo
Puente Vega, Peter David Cosme Ureta (Caso 11.064), Ricardo Salazar Ruiz
(Caso 11.065), Camilo Núñez Quispe, Teófilo Nuñez Quispe (Caso 1.200),
Moisés Carvajal Quispe (Caso 11.680), Luis Miguel Pasache Vidal (Caso
10.247), Walter Wilfredo Valer Munaylla (Caso 10.472), Nilton Adelmo Loli
Mauricio, Saturnino Serrate García, Esaú Daniel Moreno Cotrina (Caso
10.805), Jessica Rosa Chávez Ruiz, Pedro Javier Cruz Guzmán, Héctor
Rodríguez Rodríguez (Caso 11.292), Concepción Ccacya Barrientos (Caso
10.523), Ivan Roberto Tineo Rodríguez, Elías Bohorquez Tineo (Caso
10.431), Luis Alberto Sangama Panaifo, Lucio Escobal Fretel (Caso 10.564),
Máximo Muñoz Solís, Levi Vivas Espinal, Alejandro Vera Suasnabar, Edgar
Nestares Justo, Javier Yañac Solano, Richard Lozano Cáceres, Oscar
Cirino Baldeón Chacón, Luis Alberto Ramírez Hinostroza, Teófilo Julio
Lazo Chucos, César Teobaldo Vílchez Simeón, José Fierro Miche, Elías
Uchupe Huamán (Caso 11.126), Edith Galván Montero (Caso 11.132), Arturo
Torres Quispe (Caso 10.744), Percy Borja Gaspar, Angel Zanabria Ubaldo,
Gumercindo Ubaldo Zanabria, Apolonio Lazo Rodas, Hermilio Borja Ríos,
Fredy Gaspar Ríos, José Muñoz Huallpa, Ernesto Salomé Bravo, Jesús
Pumahuali Salomé, César Sánchez Castro (Caso 11.040), Esteban Romero
León, Moisés Poma Ordóñez y Yolanda
Lauri Arias (Caso 11.179), Víctor Tineo Sandoval, Guillermina
Quispe y Eulogio Demetrio Bohorquez Tineo (Caso 10.431), víctimas de
estos 20 casos, e impedirles el acceso a la protección judicial a través
del hábeas corpus.
El
derecho a la integridad personal
226.
El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en sus párrafos 1 y 2, señala que "toda persona tiene derecho a que
se respete su integridad física, psíquica o moral" y que
"nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes…".
227.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
de las Naciones Unidas ha establecido que la desaparición forzada o
involuntaria de una persona es una violación particularmente odiosa de
los derechos humanos, y es:
sin
duda una forma de sufrimiento doblemente paralizante: para las víctimas,
recluidas sin saber qué suerte les espera, muchas veces torturadas y
siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la familia,
cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, que
esperan y cabilan en algunos casos durante años enteros, a veces sin
recibir información alguna. Las víctimas saben que sus familias
desconocen su paradero y que son escasas las posibilidades de que alguien
venga a ayudarlas. Al habérselas separado del ámbito protector de la ley
y al haber desaparecido de la sociedad, se encuentran de hecho, privadas
de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores. Si la muerte no es
el desenlace final y tarde o temprano, terminada la pesadilla, quedan
libres, las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las consecuencias
físicas y psicológicas de esta forma de deshumanización y de la
brutalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan.
[52]
228.
En 6 casos identificados con los números 11.035, 11.057, 11.065,
11.200, 10.472 y 11.292, el Estado nunca impugnó las descripciones de los
peticionarios sobre las marcas que mostraban los cadáveres ni las
denuncias de tortura. Tampoco presentó información o prueba que lo
desvirtúe o demuestre que esas denuncias fueron efectivamente
investigadas como lo exigen sus obligaciones de acuerdo con la Convención
Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura.
[53]
Y, a los detenidos-desparecidos Ivan Roberto Tineo Rodríguez,
Elías Bohorquez Tineo (Caso 10.431), Concepción Ccacya Barrientos (Caso
10.523), Luis Alberto Sangama Panaifo, Lucio Escobal Fretel (Caso 10.564),
Arturo Torres Quispe (Caso 10.744), Flaviano Sáens Chuquivilca, Miguel
Angel Cieza Galván y Augusto Galindo Peña (Caso 11.064), Máximo Muñoz
Solís, Levi Vivas Espinal, Alejandro Vera Suasnabar, Edgar Nestares
Justo, Javier Yañac Solano, Richard Lozano Cáceres, Oscar Cirino
Baldeón Chacón, Luis Alberto Ramírez Hinostroza, Teófilo Julio Lazo
Chucos, César Teobaldo Vílchez Simeón, José Fierro Miche, Elías
Uchupe Huamán (Caso 11.126), Camilo Nuñez Quispe (Caso 11.200), Edith
Galván Montero (Caso 11.132), Percy Borja Gaspar, Angel Zanabria Ubaldo,
Gumercindo Ubaldo Zanabria, Apolonio Lazo Rodas, Hermilio Borja Ríos,
Fredy Gaspar Ríos, José Muñoz Huallpa, Ernesto Salomé Bravo, Jesús
Pumahuali Salomé, César Sánchez Castro (Caso 11.040), Esteban Romero
León, Moisés Poma Ordóñez y Yolanda
Lauri Arias (Caso 11.179), se les impidió todo contacto con alguna
forma de ayuda o protección; ese aislamiento prolongado y clandestino es
considerado por la jurisprudencia internacional en materia de derechos
humanos como formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la
integridad psíquica y moral de la persona.
[54]
229.
En este orden de ideas, la Comisión llega a la convicción que el
Estado peruano ha violado el artículo 5 de la Convención en perjuicio de
Raúl Antero Cajacuri Roca, Rafael Ventocilla Rojas, Marino Ventocilla
Rojas, Alejandro Ventocilla Castillo, Simón Ventocilla Castillo, Paulino
Ventocilla Castillo, Rubén Ventocilla León, Ricardo Salazar Ruiz, Camilo
Núñez Quispe, Teófilo Nuñez Quispe, Walter Wilfredo Valer Munaylla,
Jessica Rosa Chávez Ruiz, Pedro Javier Cruz Guzmán, Héctor Rodríguez
Rodríguez, Flaviano Sáens Chuquivilca, Miguel Angel Cieza Galván,
Augusto Galindo Peña, Concepción Ccacya Barrientos, Ivan Roberto Tineo
Rodríguez, Elías Bohorquez Tineo, Luis Alberto Sangama Panaifo, Lucio
Escobal Fretel, Máximo Muñoz Solís, Levi Vivas Espinal, Alejandro Vera
Suasnabar, Edgar Nestares Justo, Javier Yañac Solano, Richard Lozano
Cáceres, Oscar Cirino Baldeón Chacón, Luis Alberto Ramírez Hinostroza,
Teófilo Julio Lazo Chucos, César Teobaldo Vílchez Simeón, José Fierro
Miche, Elías Uchupe Huamán, Edith Galván Montero, Arturo Torres Quispe,
Percy Borja Gaspar, Angel Zanabria Ubaldo, Gumercindo Ubaldo Zanabria,
Apolonio Lazo Rodas, Hermilio Borja Ríos, Fredy Gaspar Ríos, José
Muñoz Huallpa, Ernesto Salomé Bravo, Jesús Pumahuali Salomé, César
Sánchez Castro, Esteban Romero León, Moisés Poma Ordóñez y Yolanda
Lauri Arias.
Derecho
al reconocimiento de la personalidad jurídica
230.
El artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
señala que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica. Cuando Flaviano Sáens Chuquivilca, Camilo Nuñez
Quispe, Miguel Angel Cieza Galván, Augusto Galindo Peña, Concepción
Ccacya Barrientos, Ivan Roberto Tineo Rodríguez, Elías Bohorquez Tineo,
Luis Alberto Sangama Panaifo, Lucio Escobal Fretel, Máximo Muñoz Solís,
Levi Vivas Espinal, Alejandro Vera Suasnabar, Edgar Nestares Justo, Javier
Yañac Solano, Richard Lozano Cáceres, Oscar Cirino Baldeón Chacón,
Luis Alberto Ramírez Hinostroza, Teófilo Julio Lazo Chucos, César
Teobaldo Vílchez Simeón, José Fierro Miche, Elías Uchupe Huamán,
Edith Galván Montero, Arturo Torres Quispe, Percy Borja Gaspar, Angel
Zanabria Ubaldo, Gumercindo Ubaldo Zanabria, Apolonio Lazo Rodas, Hermilio
Borja Ríos, Fredy Gaspar Ríos, José Muñoz Huallpa, Ernesto Salomé
Bravo, Jesús Pumahuali Salomé, César Sánchez Castro, Esteban Romero
León, Moisés Poma Ordónez y Yolanda Lauri Arias fueron detenidos por
agentes del Estado o personas vinculadas a él y luego desaparecidos,
también fueron excluidos del orden jurídico e institucional del Estado
peruano. En este sentido, la desaparición forzada de personas significa
la negación de la propia existencia como ser humano revestido de
personalidad jurídica.
[55]
231.
Por tanto, la Comisión encuentra que Perú violó en perjuicio de
estas víctimas el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica,
consagrado en el artículo 3 de la Convención.
Derechos
del niño
232.
El artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establece que "todo niño tiene derecho a las medidas de protección
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la
sociedad y del Estado".
233.
De los 25 casos bajo estudio, 4 se refieren a violaciones cometidas
contra menores de edad. En el caso 10.744 se hace referencia a la
detención-desaparición del joven Arturo Torres Quispe, de 16 años de
edad, a manos de ronderos de la Defensa Civil de Duraznopata. En el caso
10.947 se denuncia la ejecución sumaria del niño de cinco años hijo de
Cirila de Chaico y del niño de dos años, hijo de la hermana de la
anterior, a manos de efectivos del Ejército que llegaron al caserío de
U.T.C, en donde, usando arma blanca y armas de fuego asesinaron en total
12 personas. El caso 11.040 relata la detención y desaparición por
miembros de las rondas civiles campesinas y personal del Ejército del
Perú de los jóvenes Percy Borja Gaspar, 14 años de edad, Angel Zanabria
Ubaldo, 16 años de edad, y Gumercindo Ubaldo Zanabria, 16 años de edad.
El caso 11.292 se refiere a la detención, tortura y ejecución
sumaria a manos de personal de la policía del Perú, de Jessica Rosa
Chávez Ruiz de 17 años (y dos jóvenes que la acompañaban),
argumentando los miembros de la policía que murió
en combate.
234.
La Convención Americana en el artículo 19 impone a los Estados,
la sociedad y la familia, ofrecer las medidas de protección requeridas en
su condición de menores. Los anteriores casos ilustran cómo el Estado
peruano no cumplió con las garantías establecidas en la Convención
Americana, permitiendo que varios niños fueron objeto de tortura y
ejecuciones sumarias.
El
derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales
235.
Conforme a las denuncias e información aportada por las partes, se
prueba que el Estado peruano no ha cumplido con su obligación de
investigar, identificar y sancionar a los responsables de los hechos e
indemnizar las víctimas.
236.
En la mayoría de los casos, la policía judicial y las autoridades
judiciales no identificaron a quienes perpetraron los delitos.
[56]
En los pocos casos en que los identificaron, no los sometieron
a juicio
[57]
y en otro no adelantaron investigación,
[58]
lo que se afirma porque hasta el momento el Estado no ha
informado que curse investigación penal alguna.
237.
Los peticionarios en todos los casos informaron que habían
denunciado la violación de los derechos humanos ante las autoridades
locales, pero en sólo cuatro de ellos se identificaron los presuntos
responsables, aun cuando posteriormente por circunstancias de derecho no
se emitieron sentencias condenatorias, y en los demás las actuaciones
fueron archivadas.
238.
El artículo 25(1) de la Convención Americana dispone que “[t]oda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención…”. Este artículo
25(1) incorpora el principio de la efectividad de los instrumentos o
medios procesales. No es suficiente que el ordenamiento jurídico del
Estado reconozca formalmente el recurso en cuestión, sino que es
necesario que desarrollen las posibilidades de un recurso efectivo y que
éste sea substanciado conforme a las reglas del debido proceso legal.
239.
El artículo 8(1) dispone:
Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación
de cualquier acusación penal … para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter. ….
240.
Por su parte, la Corte ha explicado la estrecha relación entre los
artículos 25, 8 y 1(1):
el
artículo 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención
Americana, obliga al Estado a garantizar a toda persona el acceso a la
administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y
sencillo para lograr, entre otros resultados, que los responsables de las
violaciones de los derechos humanos sean juzgados y para obtener una
reparación por el daño sufrido. ….[E]l artículo 25 "constituye
uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino
del propio Estado de derecho en una sociedad democrática…". Dicho
artículo guarda relación directa con el artículo 8.1 … que consagra
el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías … para
la determinación de sus derechos de cualquier naturaleza.
[59]
241.
La Corte, en relación con la obligación asumida por el Estado ha
dicho que cuando un derecho o una libertad protegidos ha sido infringido,
"[e]l Estado está en el deber jurídico ... de investigar seriamente
con los medios a su alcance ... a fin de identificar a los responsables,
de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una
adecuada reparación". Por eso, la Corte enfatiza que "la
investigación debe emprenderse con seriedad y no como una simple
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener sentido y
debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como
una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa
...de...familiares... sin que la autoridad pública busque efectivamente
la verdad".
[60]
242.
La Comisión en otros casos ha dicho que los "principios
relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones
extralegales, arbitrarias o sumarias", adoptados por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas mediante la Resolución
1989/65, explican lo requerido en casos de muertes sospechosas.
[61]
Al respecto, la investigación debe tener por objeto
determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, la persona
responsable y el procedimiento o práctica que pudiera haberla provocado.
Asimismo, se debe realizar una autopsia adecuada, recopilar y analizar
todas las pruebas materiales y documentales, y recoger las declaraciones
de los testigos. La investigación debe distinguir entre la muerte por
causas naturales, la muerte por accidente, el suicidio y el homicidio.
243.
Debido a la falta de una investigación efectiva y la resultante
ausencia de los fundamentos necesarios para juzgar estos casos, a lo que
se suman otras deficiencias en la administración de estos procesos, como
la demora, la Comisión concluye que los familiares de las víctimas no
gozaron de las garantías necesarias del debido proceso en la
determinación de sus derechos. Ahora, de acuerdo con las garantías
interrelacionadas establecidas en los artículos 25, 8 y 1(1) de la
Convención Americana, el Estado tiene el deber de combatir la impunidad
"por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad
propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y
la total indefensión de las víctimas y sus familiares".
[62]
En consecuencia, el Estado es responsable de que estas
violaciones hayan permanecido cubiertas por un manto de impunidad, y es
responsable por la violación, en perjuicio de las víctimas, de los
derechos y garantías establecidos en los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana.
Obligación
del Estado de respetar y garantizar los derechos individuales
244.
En los casos materia del informe, el Estado peruano no ha cumplido
con su obligación bajo el artículo 1(1) de la Convención Americana de
“respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción”, por haber conculcado los derechos humanos contemplados
en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 19 y 25 de la Convención.
245.
La primera obligación de los Estados, emergente del artículo 1(1)
de la Convención, es la de respetar los derechos y libertades de todos
los individuos dentro de su jurisdicción. En relación con esta
obligación, la Corte ha expresado que “es un principio de derecho
internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes ...[y]
por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los limites de su
competencia o en violación del derecho interno”. Igualmente, establece
que “es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos
por la Convención cumplida por un acto del poder público o de personas
que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter
oficial”.
[63]
246.
La segunda obligación prevista en el artículo 1(1) es la de
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Convención. Al respecto, los Estados partes tienen el
deber “de organizar el aparato gubernamental y, en general, todas las
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia ...
deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos
reconocidos por la Convención”.
[64]
247.
El Estado, frente a supuestos casos de ejecución extrajudicial y
desaparición forzada de personas, tiene el deber de esclarecer el hecho,
e identificar y sancionar a los responsables. En los casos analizados en
este informe, esas obligaciones esenciales no se han cumplido, más aún
cuando ha quedado demostrado que el mismo Estado utilizó su estructura
para implementar una práctica de ejecuciones extrajudiciales y de
desapariciones forzadas de personas durante el período antes mencionado.
Por lo tanto, la Comisión concluye que el Estado ha violado el artículo
1(1) de la Convención porque no garantizó el ejercicio de los derechos y
garantías de las víctimas identificadas en los casos incluidos en este
informe.
VII.
ACTUACIONES POSTERIORES AL INFORME N°
82/00
248.
La Comisión aprobó el Informe N0 82/00 (artículo 50)
sobre el presente caso el 5 de octubre de 2000, durante su 108o
período de sesiones. Dicho
Informe, con las recomendaciones de la Comisión, se transmitió al Estado
peruano el 18 de octubre de 2000, a quien se concedieron dos meses para
que cumpliera con las recomendaciones, contados a partir de la fecha de
envío del Informe. En fecha 25 de enero de 2001, el Estado envió una
comunicación a la CIDH, y señaló que el actual Gobierno está tomando
una serie de medidas a fin de construir una nación en la que se respeten
los derechos humanos, para lo cual está adoptando las medidas necesarias
para atender todas las violaciones de los derechos humanos que no han
recibido plena y debida atención, incluidos, entre otros, el asesinato,
la tortura, la desaparición forzada, el desplazamiento interno y el uso
de métodos terroristas. Asimismo, el Estado agregó lo siguiente:
B)
El Poder Ejecutivo está proyectando la creación de un mecanismo
dirigido a propiciar la implementación de las recomendaciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual se materializará en
los próximos días.
C)
Asimismo, el Estado ya ha adoptado algunas medidas como la
Resolución Suprema N° 281-2000-Jus, de fecha 4 de diciembre de 2000,
mediante la cual se crea la Comisión de Estudio y Revisión de la
Legislación emitida desde el 5 de abril de 1992.
La misma que estará conformada por el Ministro de Justicia, quien
la presidirá, un representante del Ministerio de Educación, un
representante del Ministerio de la Presidencia, un representante de la
Defensoría del Pueblo y dos juristas de reconocido prestigio moral y
académico. Su principal
función es elaborar un informe con las propuestas de modificación legal
que sean necesarias para adecuar la legislación a la Constitución y a
los instrumentos internacionales de derechos humanos.
D)
A través de la Resolución Suprema N° 304-2000-Jus, de 9 de
diciembre del presente año, el Estado peruano establece un Grupo de
Trabajo Interinstitucional encargado de elaborar propuestas legislativas y
administrativas necesarias para el establecimiento de una Comisión de la
Verdad, conformado por el Ministro de Justicia o su representante, quien
la presidirá, el Defensor del Pueblo, el Ministro de Defensa o su
representante, el Ministro del Interior o su representante, la Ministra de
Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano o su representante, la
Conferencia Episcopal Peruana y el Concilio Nacional Evangélico del
Perú. Siendo sus principales
funciones presentar un Informe y Recomendaciones para el establecimiento
de la Comisión de la Verdad, que desarrolle una propuesta integral de
atención de las violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, esta Comisión de la Verdad, establecerá fórmulas que
permitan esclarecer los hechos, diseñar mecanismos de justicia,
establecer una política de reparaciones y sugerir el marco bajo el cual
se asegure que los hechos ocurridos en el país no se repitan jamás.
E)
El Ministerio de Justicia ha remitido a la Fiscalía de la Nación,
copia del Informe Confidencial N° 82/00, solicitándole que a la brevedad
posible, emita un informe sobre las investigaciones y el estado actual de
todas las denuncias contenidas en el mismo.
CONCLUSIONES
De
lo anteriormente expuesto se desprende que el Estado peruano está tomando
nota de las recomendaciones establecidas en el Informe N° 82/00.
La Comisión mencionada en el ítem 2D) propondrá la derogación o
modificación de las normas contrarias a la Constitución Política y a
los instrumentos internacionales referentes a la protección de los
derechos humanos, entre ellos, las Leyes N° 26479 y N° 26492.
La Comisión de la Verdad tendrá como objetivo principal el
establecimiento de fórmulas para el oportuno esclarecimiento de los
hechos violatorios a los derechos humanos y sugerir la política de
reparación.
249.
Mediante comunicación entregada personalmente a la CIDH por el
señor Ministro de Justicia del Perú, Dr. Diego García-Sayán, en acto
ante el pleno de la CIDH celebrado el 22 de febrero de 2001, en el marco
del 110° período ordinario de sesiones de la Comisión, se señaló que
“frente a la esencia de las recomendaciones referidas a este grupo de
casos (…) 1) el Estado peruano reconoce su responsabilidad por las
violaciones a los derechos humanos que hayan sido constatadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus informes finales. 2)
Este reconocimiento de responsabilidad implica que el Estado peruano
adoptará las medidas legales y administrativas necesarias para prevenir
la comisión de nuevos hechos como los ocurridos, así como para hacer
todos los esfuerzos necesarios para individualizar a los responsables. 3)
Teniendo en cuenta la complejidad del contexto en el cual se produjeron
estas violaciones, el gobierno ha constituido un grupo de trabajo,
integrado por diversos sectores del Poder Ejecutivo, la Defensoría del
Pueblo, las iglesias y los organismos de derechos humanos, que está
encargado de preparar los proyectos legislativos y de otro carácter que
se consideren necesarios para el establecimiento de una Comisión de la
Verdad. Esta Comisión tendrá la función de desarrollar una propuesta
integral de atención a las violaciones a los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario, establecer fórmulas que atiendan el
debido establecimiento de los hechos, diseñar mecanismos de justicia y
establecer una política de reparaciones a favor de las víctimas. 4) Las
Leyes 26479 y 26492, conforme a las disposiciones constitucionales
vigentes, no pueden impedir a los jueces ejercer sus funciones con
relación a las denuncias penales que se puedan interponer. 5) El Gobierno
diseñará una política de atención integral a las reparaciones que
estará dirigida a que las víctimas de violaciones a los derechos humanos
tengan la oportunidad de acceder gratuitamente a programas sociales y
educativos. (…) Estas argumentaciones también resultan aplicables a los
casos en los cuales la Comisión ha emitido un Informe confidencial, de
conformidad con el artículo 50 de la Convención”.
250.
En tal ocasión la CIDH emitió un comunicado de prensa conjunto
con la Misión Permanente de Perú ante la OEA, en donde se señaló lo
siguiente:
La
Comisión Interamericana reiteró su reconocimiento por las auspiciosas
acciones que viene realizando el Gobierno de transición liderado por el
respetado Presidente de Perú, doctor Valentín Paniagua; por los
reconocidos integrantes de su gabinete; y por el Honorable Congreso de la
República del Perú, relacionadas con la redefinición y fortalecimiento
de las instituciones fundamentales del Estado. La CIDH agregó que el
presente acto se enmarca dentro de tal conjunto de acciones altamente
positivas que ha tomado el actual Gobierno peruano, y complementa otras
medidas igualmente importantes que han sido adoptadas, tales como la
normalización de la situación de Perú respecto a la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reciente
suscripción por Perú de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas, y el cumplimiento de recomendaciones y
medidas cautelares formuladas por la Comisión Interamericana.
La
CIDH hizo alto aprecio y recibió de manera positiva la iniciativa del
Gobierno peruano cuyo objeto es ofrecer soluciones a un importante número
de casos, que incluye los siguientes (…)
d)
Casos con recomendaciones formuladas por la Comisión en informes
adoptados de conformidad con el artículo 50 de la Convención: Este
literal comprende 26 casos que se emitieron recientemente y que aún no
han sido publicados. Respecto a estos casos el Estado se ha comprometido
igualmente a buscar soluciones integrales a las violaciones a los derechos
humanos determinadas por la CIDH en dichos informes.
[65]
251. Conforme a lo
establecido en el artículo 51(1) de la Convención, lo que la Comisión
debe determinar en esta etapa del procedimiento es si el Estado solucionó
o no el asunto. Al respecto, y aún cuando a la presente fecha las
recomendaciones de la CIDH no han sido cumplidas, la Comisión observa
positivamente las diversas acciones que ha iniciado el Estado peruano, a
través de su nuevo Gobierno, hacia el cumplimiento de las recomendaciones
formuladas por la CIDH en el presente informe. La Comisión Interamericana
espera que el Estado peruano acredite a la brevedad haber dado
cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el informe N° 82/00 y
ratificadas en el presente informe.
VIII.
CONCLUSIONES
252.
Con base en el análisis precedente, la Comisión ratifica su
conclusión respecto a que el Estado del Perú es responsable de la
violación del derecho a la vida y a las garantías y la protección
judiciales consagrados en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención
Americana en perjuicio de:
Luis
Miguel Pasache Vidal (Caso 10.247), Walter Wilfredo Valer Munaylla (Caso
10.472), Nilton Adelmo Loli Mauricio, Saturnino Serrate García, Esaú
Daniel Moreno Cotrina (Caso
10.805), Javier Alberto Ipanaque Marcelo, Guillermo Salinas Conde,
Fidel Romero Conde, Uriol Tafur Ayala, Víctor Manuel Briceño
García y Eusebio Aniceto Garay (Caso 10.878), Juan Hualla Choquehuanca,
Francisco Atamari Mamani, Feliciano Turpo Valeriano y Roberto Quispe
Mamani (Caso 10.913), Guillermo Marín Arenas, Gerardo Chaico, Cirila de
Chaico y su hijo de cinco años, la hermana de Cirila de Chaico y su hijo
de dos años, seis personas no identificadas (Caso 10.947), Teodoro
Lorenzo Alvarado Castillo (Caso 10.994), Raúl Antero Cajacuri Roca (Caso
11.035), Adrián Medina Puma (Caso 11.051), Rafael Ventocilla Rojas,
Marino Ventocilla Rojas, Alejandro Ventocilla Castillo, Simón Ventocilla
Castillo, Paulino Ventocilla Castillo, Rubén Ventocilla León (Caso
11.057), Ricardo Salazar Ruiz (Caso 11.065), Amadeo Inca Ñaupa (o Amadeo
Arcanaupa), Luciano Huamán García, Antonio Janampa Aucassi, Constantina
García Gutiérrez, Marciano (o Mariano) Janampa García, Agripina Aucassi
Espilico, Maura Huamán Paucar, Demetrio Huamán León, Víctor Rojas
Huamán (o Víctor Huamán Paucar), Mauro Huamán Paucar, Narciso Huamán
Paucar y Melecio Chonta Huamán (Caso 11.088), Pascual Chipana Huauya,
Pelagia Chipana Condori, Paulina Vásquez Esquivel, Donato Pablo, Juan
Cacñahuaray, Jovita Cahuana, Pelayo Capizo, Pelagia Pillaca
(Caso 11.161), Jessica Rosa Chávez Ruiz, Pedro Javier Cruz
Guzmán, Héctor Rodríguez Rodríguez (Caso 11.292), Moisés Carvajal
Quispe (Caso 11.680), Luis Alberto Sangama Panaifo, Lucio Escobal Fretel
(Caso 10.564), Arturo Torres Quispe (Caso 10.744), Percy Borja Gaspar,
Angel Zanabria Ubaldo, Gumercindo Ubaldo Zanabria, Apolonio Lazo Rodas,
Hermilio Borja Ríos, Fredy Gaspar Ríos, José Muñoz Huallpa, Ernesto
Salomé Bravo, Jesús Pumahuali Salomé, César Sánchez Castro (Caso
11.040), Máximo Muñoz Solís, Levi Vivas Espinal, Alejandro Vera
Suasnabar, Edgar Nestares Justo, Javier Yañac Solano, Richard Lozano
Cáceres, Oscar Cirino Baldeón Chacón, Luis Alberto Ramírez Hinostroza,
Teófilo Julio Lazo Chucos, César Teobaldo Vílchez Simeón, José Fierro
Miche, Elías Uchupe Huamán (Caso 11.126), Edith Galván Montero (Caso
11.132), Esteban Romero León, Moisés Poma Ordónez, Yolanda
Lauri Arias (Caso 11.179), Víctor Tineo Sandoval, Guillermina
Quispe de Tineo, Eulogio Demetrio Bohorquez Tineo, Ivan Roberto Tineo
Rodríguez, Elías Bohorquez Tineo (Caso 10.431), Concepción Ccacya
Barrientos, Maximiliana Sotaya, Donato Morán, Emiliana Puga, Fortunato
Venegas (Caso 10.523), Flaviano Sáens Chuquivilca, Héctor Riveros
Izarra, Edgar Chaguayo Quispe, Miriam Lidia Navarro Concha, Miguel Angel
Cieza Galván, Socimo Curasma Sulla, Justiniano Fredy Vicente Rivera,
Augusto Galindo Peña, Juana Ñahui Vilcas, Luis Aníbal Naupari Toralva,
Alejandro Tunque Lizama, Eugenio Curasma Sulla, María Sánchez Retamozo,
Edwin Ramos Calderón, Gladys Espinoza León, Fernando Sáenz Munarris,
Hugo Puente Vega, Peter David Cosme Ureta
(Caso 11.064), Camilo Núñez Quispe y Teófilo Nuñez Quispe (Caso
11.200).
Asimismo, el Estado es responsable de la violación del derecho a
la libertad personal establecido en el artículo 7 de la Convención
Americana, en perjuicio de:
Teodoro
Lorenzo Alvarado Castillo (10.994), Raúl Antero Cajacuri Roca (11.035),
Adrián Medina Puma (11.051), Rafael Ventocilla Rojas, Marino Ventocilla
Rojas, Alejandro Ventocilla Castillo, Simón Ventocilla Castillo, Paulino
Ventocilla Castillo, Rubén Ventocilla León (11.057), Flaviano Sáens
Chuquivilca, Héctor Riveros Izarra, Edgar Chaguayo Quispe, Miriam Lidia
Navarro Concha, Miguel Angel Cieza Galván, Socimo Curasma Sulla,
Justiniano Fredy Vicente Rivera, Augusto Galindo Peña, Luis Aníbal
Naupari Toralva, Alejandro Tunque Lizama, Eugenio Curasma Sulla, María
Sánchez Retamozo, Edwin Ramos Calderón, Gladys Espinoza León, Fernando
Sáenz Munarris, Hugo Puente Vega, Peter David Cosme Ureta (11.064),
Ricardo Salazar Ruiz (11.065), Camilo Núñez Quispe, Teófilo Nuñez
Quispe (11.200), Moisés Carvajal Quispe (11.680), Luis Miguel Pasache
Vidal (10.247), Walter Wilfredo Valer Munaylla (10.472), Nilton Adelmo
Loli Mauricio, Saturnino Serrate García, Esaú Daniel Moreno Cotrina
(10.805), Jessica Rosa Chávez Ruiz, Pedro Javier Cruz Guzmán y Héctor
Rodríguez Rodríguez (11.292), Concepción Ccacya Barrientos (caso
10.523), Ivan Roberto Tineo Rodríguez, Elías Bohorquez Tineo (Caso
10.431), Luis Alberto Sangama Panaifo, Lucio Escobal Fretel (Caso 10.564),
Máximo Muñoz Solís, Levi Vivas Espinal, Alejandro Vera Suasnabar, Edgar
Nestares Justo, Javier Yañac Solano, Richard Lozano Cáceres, Oscar
Cirino Baldeón Chacón, Luis Alberto Ramírez Hinostroza, Teófilo Julio
Lazo Chucos, César Teobaldo Vílchez Simeón, José Fierro Miche, Elías
Uchupe Huamán (11.126), Edith Galván Montero (Caso 11.132), Arturo
Torres Quispe (Caso 10.744), Percy Borja Gaspar, Angel Zanabria Ubaldo,
Gumercindo Ubaldo Zanabria, Apolonio Lazo Rodas, Hermilio Borja Ríos,
Fredy Gaspar Ríos, José Muñoz Huallpa, Ernesto Salomé Bravo, Jesús
Pumahuali Salomé, César Sánchez Castro (Caso 11.040), Esteban Romero
León, Moisés Poma Ordóñez y Yolanda Lauri Arias (Caso 11.179), Víctor Tineo Sandoval,
Guillermina Quispe y Eulogio Demetrio Bohorquez Tineo (Caso 10.431).
También, el Estado es responsable de violar el derecho a la
integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención
Americana, y de su deber de prevenir y sancionar la tortura establecido en
los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Americana para Prevenir y
Sancionar la Tortura, en perjuicio de:
Raúl
Antero Cajacuri Roca (11.035), Rafael Ventocilla Rojas, Marino Ventocilla
Rojas, Alejandro Ventocilla Castillo, Simón Ventocilla Castillo, Paulino
Ventocilla Castillo, Rubén Ventocilla León (11.057), Ricardo Salazar
Ruiz (11.065), Camilo Núñez Quispe (11.200), Walter Wilfredo Valer
Munaylla (10.472), Jessica Rosa Chávez Ruiz, Pedro Javier Cruz Guzmán,
Héctor Rodríguez Rodríguez (11.292), Flaviano Sáens Chuquivilca,
Miguel Angel Cieza Galván y Augusto Galindo Peña (11.064) Concepción
Ccacya Barrientos (caso 10.523), Ivan Roberto Tineo Rodríguez, Elías
Bohorquez Tineo (Caso 10.431), Luis Alberto Sangama Panaifo, Lucio Escobal
Fretel (Caso 10.564), Máximo Muñoz Solís, Levi Vivas Espinal, Alejandro
Vera Suasnabar, Edgar Nestares Justo, Javier Yañac Solano, Richard Lozano
Cáceres, Oscar Cirino Baldeón Chacón, Luis Alberto Ramírez Hinostroza,
Teófilo Julio Lazo Chucos, César Teobaldo Vílchez Simeón, José Fierro
Miche, Elías Uchupe Huamán (11.126), Edith Galván Montero (Caso
11.132), Arturo Torres Quispe (Caso 10.744), Percy Borja Gaspar, Angel
Zanabria Ubaldo, Gumercindo Ubaldo Zanabria, Apolonio Lazo Rodas, Hermilio
Borja Ríos, Fredy Gaspar Ríos, José Muñoz Huallpa, Ernesto Salomé
Bravo, Jesús Pumahuali Salomé, César Sánchez Castro (Caso 11.040),
Esteban Romero León, Moisés Poma Ordóñez y Yolanda
Lauri Arias (Caso 11.179), Víctor Tineo Sandoval, Guillermina
Quispe y Eulogio Demetrio Bohorquez Tineo (Caso 10.431).
Igualmente,
el Estado es responsable de la violación del derecho al reconocimiento de
la personalidad jurídica consagrado en el artículo 3 de la Convención,
en perjuicio de:
Flaviano
Sáens Chuquivilca, Miguel Angel Cieza Galván y Augusto Galindo Peña
(Caso 11.064) y Camilo Nuñez Quispe (11.200) Concepción Ccacya
Barrientos (caso 10.523), Ivan Roberto Tineo Rodríguez, Elías Bohorquez
Tineo (Caso 10.431), Luis Alberto Sangama Panaifo, Lucio Escobal Fretel
(Caso 10.564), Máximo Muñoz Solís, Levi Vivas Espinal, Alejandro Vera
Suasnabar, Edgar Nestares Justo, Javier Yañac Solano, Richard Lozano
Cáceres, Oscar Cirino Baldeón Chacón, Luis Alberto Ramírez Hinostroza,
Teófilo Julio Lazo Chucos, César Teobaldo Vílchez Simeón, José Fierro
Miche, Elías Uchupe Huamán (11.126), Edith Galván Montero (Caso
11.132), Arturo Torres Quispe (Caso 10.744), Percy Borja Gaspar, Angel
Zanabria Ubaldo, Gumercindo Ubaldo Zanabria, Apolonio Lazo Rodas, Hermilio
Borja Ríos, Fredy Gaspar Ríos, José Muñoz Huallpa, Ernesto Salomé
Bravo, Jesús Pumahuali Salomé, César Sánchez Castro (Caso 11.040),
Esteban Romero León, Moisés Poma Ordóñez y Yolanda Lauri Arias (Caso
11.179).
Además, el Estado es responsable de la violación de los derechos
del niño establecidos en el artículo 19 de la Convención Americana en
perjuicio de:
El
joven Arturo Torres Quispe, de 16 años de edad (10.744), el niño de
cinco años hijo de Cirila de Chaico y el niño de dos años hijo de la
hermana de la anterior (10.947), los jóvenes Percy Borja Gaspar, 14 años
de edad, Angel Zanabria Ubaldo, 16 años de edad, y Gumercindo Ubaldo
Zanabria, 16 años de edad (11.040) y Jessica Rosa Chávez Ruiz, de 17
años (11.292).
En
consecuencia, el Estado es responsable del incumplimiento de la
obligación que le impone el artículo 1(1) de respetar y garantizar los
derechos consagrados en la Convención con respecto a todas las víctimas
arriba nombradas.
IX.
RECOMENDACIONES
253.
Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente
informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera al Estado
de Perú las siguientes recomendaciones:
1.
Dejar sin efecto toda decisión judicial, medida interna,
legislativa o de otra naturaleza, que tienda a impedir la investigación,
procesamiento y sanción de los responsables de las ejecuciones sumarias y
desaparición de las víctimas relacionadas en el párrafo 259. En tal
virtud, el Estado también debe dejar sin efecto las Leyes No. 26479 y
26492.
2.
Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva
para determinar las circunstancias de las ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones forzadas de las víctimas y para sancionar a los
responsables de acuerdo con la legislación peruana.
3.
Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las
víctimas reciban una adecuada y oportuna indemnización, por las
violaciones aquí establecidas.
4.
Adherir a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas.
X.
PUBLICACIÓN
254.
El 9 de marzo de 2001, la Comisión transmitió el informe 24/01
--cuyo texto es el que antecede-- al Estado peruano y a los peticionarios,
de conformidad con lo establecido en el artículo 51(2) de la Convención,
y le otorgó un plazo adicional al Estado para el cumplimiento de las
recomendaciones precedentes.
255.
Mediante comunicación de fecha 18 de abril de 2001, complementada
por comunicación de fecha 25 de mayo de 2001, el Estado peruano efectuó,
entre otras, las siguientes consideraciones:
(…)
Los mencionados casos –Caso N° 10.247 y otros– sobre ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas, serán revisados
por una Comisión de la Verdad, propuesta al Presidente de la República
por el Grupo de Trabajo Interinstitucional creado mediante Resolución
Suprema N° 281-2000-JUS. Esta Comisión de la Verdad se fundamenta en la
necesidad de conocer lo que realmente sucedió en nuestro país, y así
poder comprender las causas y factores que posibilitaron que se llegara a
tal situación de violación de los derechos humanos, y de esta manera,
iniciar consciente y voluntariamente la reinstitucionalización
democrática del Perú y la reconciliación nacional.
(…)
Los
hechos sobre los cuales actuará la Comisión de la Verdad, se
circunscriben a los que se cometieron básicamente entre mayo de 1980 y 31
de diciembre de 2000; vinculados a las violaciones de derechos humanos en
el Perú –entre ellos la acumulación de casos materia del Informe N°
24/01 sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de
personas– tanto por acciones imputables a grupos terroristas, como los
derivados de la acción estatal.
La
Comisión elaborará propuestas de reparación integral y de
dignificación a las víctimas de las graves violaciones a los derechos
fundamentales y sus familiares. Con
ello, coincide con la tercera Recomendación de la CIDH respecto a la
indemnización para los familiares de las víctimas.
La idea es que se procure un tratamiento integral a esta dimensión
de las referidas violaciones a los derechos humanos.
(…)
En
ese sentido, el Estado peruano considera que una primera medida por
adoptarse para abordar la segunda Recomendación contenida en el Informe
N° 24/01 consiste en la derivación de los casos comprendidos en éste a
la futura Comisión de la Verdad.
Asi
mismo, la Defensoría del Pueblo emprendió una Investigación Defensorial
sobre la Desaparición Forzada de personas en el Perú que ha abarcado el
período 1980-1996. Es decir, comprende el lapso de tiempo en el cual se
produjeron los hechos materia del Informe No. 24/01. (…)
Esta investigación es otra señal adicional del esfuerzo del
Estado peruano por atender las Recomendaciones de la Comisión
(…)
Respecto
a la cuarta recomendación de la CIDH, el Perú ha suscrito la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas con fecha 8 de
enero de 2001 y la ratificación del instrumento por el Congreso de la
República se encuentra en trámite.
(…)
Finalmente,
el Poder Ejecutivo ha cursado comunicaciones a los Ministerios de Defensa
e Interior, así como al Poder Judicial y al Ministerio Público,
trasladando el Informe N° 24/01 para que adopten las medidas pertinentes
de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales.
CONCLUSIONES
Sin
perjuicio de las medidas que puedan seguir adoptándose en las próximas
semanas, el Estado peruano remite esta información a partir de la cual
reitera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su firme
compromiso por considerar las recomendaciones contenidas en el Informe N°
24/01. En especial, el Estado peruano entiende que viene dando
cumplimiento a las recomendaciones 2, 3 y 4 del referido Informe.
256. La Comisión
Interamericana valora las expresiones del Estado peruano respecto a las
acciones iniciadas hacia el cumplimiento de las recomendaciones de la
CIDH. De conformidad con lo
dispuesto en los artículos 51(3) de la Convención Americana y 45(3) de
su Reglamento, la Comisión decide reiterar las conclusiones y
recomendaciones contenidas en los capítulos VIII y IX supra;
hacer público el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la
Asamblea General de la OEA. La Comisión, en cumplimiento de su mandato y
de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de su Reglamento,
continuará evaluando las medidas adoptadas por el Estado peruano respecto
a las recomendaciones formuladas, hasta que éstas hayan sido cumplidas.
Al respecto, la Comisión Interamericana solicita al Estado le proporcione
trimestralmente información sobre los avances en el cumplimiento de tales
recomendaciones.
Dado
y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en la ciudad de Washington, D.C., a los 11 días del mes de octubre de
2001. Firmado por Claudio
Grossman, Presidente; Juan Méndez, Primer Vicepresidente; Marta
Altolaguirre, Segunda Vicepresidenta; Comisionados: Hélio Bicudo, Robert
K. Goldman, Peter Laurie y Julio Prado Vallejo.
[
Indice | Anterior ]
[50]
Conforme al cual: Toda persona tiene derecho: ... 20.
A la libertad y seguridad personales.
En consecuencia: ... g) Nadie puede ser detenido sino por
mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales
en flagrante delito....
[51]
La Comisión ha establecido que:
El fundamento que respalda esta garantía es que ninguna persona
puede ser objeto de sanción sin juicio previo, que incluye la
presentación de cargos, la oportunidad de defenderse y la sentencia.
Todas estas etapas deben cumplirse dentro de un plazo razonable. Este límite de tiempo tiene como objetivo proteger al
acusado en lo que se refiere a su derecho básico de libertad personal,
así como su seguridad personal frente a la posibilidad de que sea
objeto de un riesgo de procedimiento injustificado.
CIDH, Informe Nº 2/96, párr. 76. (Caso 11.245, Argentina),
publicado en Informe Anual 1995.
