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A. CONCLUSIONES 1. A la luz de los antecedentes y consideraciones generales precedentemente, la Comisi�n observa que en Suriname han ocurrido graves violaciones a importantes derechos humanos establecidos en la Declaraci�n Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Estas violaciones han afectado particularmente: 2. Al Derecho a la Vida, en virtud de las ejecuciones ilegales cometidas por agentes y autoridades del Gobierno. De un modo especial ha alarmado a la Comisi�n las ejecuciones que tuvieron lugar en el presidio de Fort Zeelandia la noche del 8 de diciembre de 1982, en el que fueron asesinados, sin ning�n tipo de proceso, quince prominentes ciudadanos surinameses. De acuerdo a las abrumadores evidencias de que dispone la Comisi�n, esas quince personas fueron brutalmente torturadas antes de ser ejecutadas y en su muerte participaron, directa y personalmente altas autoridades del Gobierno de Suriname. 3. Al Derecho de Justicia y Proceso Regular, al no existir una verdadera independencia del Poder Judicial, toda vez que al derogarse el Cap�tulo 1 de la Constituci�n de 1975 que establece la inamovilidad de los jueces, �stos pasaron ahora a ser nominados por el Centro Pol�tico. A lo anterior se agrega la inexistencia de un efectivo recurso de habeas corpus, resultado, a la vez, de la absoluta falta de jurisdicci�n del Poder Judicial para conocer las infracciones o delitos que comprometen la seguridad interior del Estado. La Comisi�n tambi�n observa, con relaci�n al derecho a la justicia y al proceso regular, que el clima de temor imperante en la profesi�n legal se ha traducido inter-alia en la imposibilidad de generar una nueva directiva del Colegio de Abogados y en la inexistencia de abogados dispuestos a defender detenidos pol�ticos, situaci�n �sta que equivale, en el hecho a la indefensi�n de los detenidos pol�ticos. 4. A la Libertad de Opini�n, Expresi�n y Difusi�n del Pensamiento, ya que no existe actualmente en Suriname ninguna libertad de prensa. En efecto, el �nico peri�dico que circula, as� como la radio y televisi�n existentes, se encuentran absolutamente censuradas oficialmente y, muchas veces, sus periodistas amenazados, Por otra parte, un nuevo atentado contra la libertad de opini�n resulta de la aprobaci�n por el Consejo de Ministros de un Decreto que prohibe la posesi�n, distribuci�n, comercio e importaci�n de toda obra que se considere contraria a la seguridad nacional o a las buenas costumbres. 5. A la Libertad de Asociaci�n, en raz�n de la prohibici�n que, en el hecho, existe para el funcionamiento de los partidos pol�ticos y para la libre organizaci�n sindical. Esta falta de libertad es tambi�n discriminatoria ya que, al parecer, solamente el Partido PALU, al que pertenecen destacados funcionarios del actual Gobierno, goza de la posibilidad de expresar sus opiniones sin ninguna restricci�n. 6. A los Derechos Pol�ticos, porque el intentado proceso de institucionalizaci�n a que el Gobierno ha hecho referencia en su Programa para el a�o 1983-1986 no garantiza, a pesar de lo establecido en la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se establecer� un sistema basado en el sufragio universal y secreto y en el derecho a participar en la conducci�n de los asuntos p�blicos de todos los habitantes de Suriname. La Comisi�n, asimismo, observa que la creaci�n de comit�s populares, milicias populares y otras formas similares de organizaci�n, mas que establecer nuevas formas de participaci�n, en la pr�ctica, se�alan un desarrollo dirigido a evitar que todos los ciudadanos de Suriname tomen parte en el gobierno del pa�s sin discriminaci�n. En raz�n de ello, la Comisi�n considera que el proceso de institucionalizaci�n que ser est� operando en la actualidad no ofrece opciones al pueblo de Suriname que le permita a �ste escoger libremente su futuro pol�tico. 7. Ante la magnitud y gravedad de las violaciones ocurridas, la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos insta al Gobierno de Suriname a introducir radicales rectificaciones tanto en la conducta que ha asumido como en las normas legales que ha promulgado, con el objeto de lograr el establecimiento de las instituciones democr�ticas, incluyendo dentro de ellas la independencia del Poder Judicial, as� como el respecto efectivo de derechos humanos fundamentales.
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