INTRODUCCIÓN

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado con especial atención el estado de los derechos humanos en Haití prácticamente desde el inicio de sus labores. La negativa situación de tales derechos durante el régimen de François Duvalier (1957 a 1971) y luego de su hijo Jean Claude (1971 a 1986), condujeron a la Comisión a elaborar un Informe Especial en el año 1979, después de haber realizado una visita in loco, y a incluir las secciones correspondientes en sus informes anuales. Durante los casi treinta años de régimen de los Duvalier se fue generando una compleja estructura legal y política cuyos efectos sobre la vigencia de los derechos humanos se hacen sentir hasta el presente.

2. En el año 1986, pocas semanas antes de abandonar Haití, Jean Claude Duvalier había invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a realizar una visita a ese país, la cual no llegó a concretarse. El 29 de julio de 1986, el Consejo Nacional de Gobierno, que había sucedido a Duvalier, cursó una nueva invitación a la Comisión Interamericana para que observara la situación de los derechos humanos en Haití, visita que realizó la Comisión en pleno del 20 al 23 de enero de 1987.

3. Teniendo en cuenta que en ese momento se encontraba en marcha un proceso de democratización que incluía la elaboración de una nueva Constitución y la celebración de elecciones libres y pluralistas en Haití, contempladas para noviembre de 1987, la Comisión Interamericana expresó sus preocupaciones en materia de derechos humanos al Gobierno haitiano por medio de una comunicación al Ministro de Relaciones Exteriores, en la cual solicitó se concedieran las facilidades necesarias para continuar observando la evolución de los derechos humanos en ese período.

4. Señalaba en esa oportunidad la Comisión Interamericana que, junto con advertir positivos avances en materia de libertad de expresión y de asociación, concitaban la preocupación de la CIDH la precaria situación del derecho a la libertad personal y al debido proceso, así como las detenidas. También manifestaba la Comisión que era necesario frenar el empleo de la violencia por parte de las fuerzas del orden que había llevado a serios abusos en materia de integridad personal. Especial mención merecían las desapariciones de dos ciudadanos haitianos que constituían un antecedente de la mayor gravedad y la expulsión del país del un político opositor que la Comisión pedía que fuera dejada sin efecto.

5. Luego de la anulación de las elecciones del 29 de noviembre de 1987 y de los trágicos eventos que ocurrieron en esa fecha en Haití, la Comisión consideró la situación y en su comunicado de prensa del 25 de marzo de 1988, la Comisión Interamericana anunció su decisión de preparar un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en Haití y expresó su esperanza de que el Gobierno le permitiera llevar a cabo una visita in loco con tal fin. El 26 de abril siguiente, el Gobierno del Presidente Manigat invitó a la Comisión a realizar una observación in situ.

6. Luego de un período de fuetes tensiones, el Gobierno del Presidente Manigat fue derrocado y el General Nanphy asumió el poder el 20 de junio de 1988. Frente al desarrollo de los acontecimientos, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se reunió el 29 de junio de 1988 a fin de considerar la situación en Haití y adoptó una resolución en la cual, entre otros asuntos, solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que examine el estado de éstos en ese país a fin de presentar un informe al próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General. En la misma resolución, el Consejo Permanente reafirmó "la plena vigencia de todos los prinicipios de la Carta… los que requieren el ejercicio efectivo de la democracia representativa… y la plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona humana".

7. Previas la gestiones del caso, una Comisión Especial de la CIDH realizó una visita in loco a Haití ente el 29 de agosto y el 2 de septiembre de 1988. Resultado de tal visita fue el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Haití, aprobado por la Comisión el 7 de septiembre de 1988, en el cual se aborda de manera extensa toda la problemática de los derechos humanos, incluyendo los antecedentes del régimen de los Duvalier y cuyos efectos la Comisión considera que aún se hacen sentir en Haití. En dicho Informe Especial se analizan en detalle tanto la evolución histórica como el marco jurídico –en especial el referido a la Constitución de 1987—y la situación de los diversos derechos humanos afectados por la situación de Haití.

8. El 11 de septiembre de 1988 tiene lugar los trágicos sucesos de la Iglesia de San Juan Bosco, donde son muertos más de 12 feligreses, heridos más de ochenta e incendiado el templo. El 17 de septiembre siguiente asume el poder el General Prosper Avril quien adopta diversos compromisos, entre ellos restaurar la vigencia de la Constitución de 1987. Durante su régimen, sin embargo, comienza a deteriorarse nuevamente la situación de los derechos humanos. El 23 de febrero de 1990, frente a la agudización de las tensiones en Haití, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos fue convocado a fin de analizar la situación en ese país y adoptó la siguiente Resolución, que, por su relevancia,m se transcribe textualmente:

EL CONSEJO PERMANTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

RECORDANDO la resolución CP/RES. 441 (644/86) del 14 de febrero de 1986 mediante la cual la OEA afirma, con estricto apego al principio de no intervención, su disposición a cooperar con la República de Haití en el afianzamiento de la democracia representativa, principio establecido en la Carta de la Organización;

RECORDANDO también la resolución AG/RES. 824 /XVI-O/86) la cual autoriza el establecimiento del Fondo Interamericano de Asistencia Prioritaria a Haití;

REAFIRMANDO la resolución CP/RES. 489 (720/87) mediante la que expresa su convencimiento de que para que se reanude el proceso democrático en Haití es necesario que se adopten todas las medidas pertinentes para que el pueblo haitiano pueda expresar su voluntad a través de elecciones libres, sin presiones ni interferencias de ningún tipo;

TENIENDO PRESENTE la resolución (AG/RES. 1022 (XIX-O/89) mediante la cual se aprobó el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente a 1989;

ATENTO al Informe Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Haití (OEA/Ser. L/V/II.74, Doc. 9 rev. 1del 7 de septiembre de 1988) y el informe sobre la situación en Haití, incluído en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1988-1989 (AG/doc.2418/89); y

EN VISTA DE los eventos recientemente ocurridos en Haití y habiendo oído la declaración del Representante de Haití;

PREOCUPADO por el estado de los derechos humanos fundamentales del pueblo haitiano y las dificultades del proceso hacia el establecimiento de la democracia representativa en aquel país;

RESUELVE:

1.    Reiterar la declaración contenida en la resolución (AG/doc. 1022 (XIX.O/89) que dice "la democracia constituye la mejor garantía para la vigencia de los derechos humanos".

2.    Reafirmar su solidaridad con el pueblo de Haití y reiterar su confianza para que logre sus aspiraciones legítimas de paz, libertad y democracia, sin interferencias externas y en el pleno ejercicio de su derecho de autodeterminación.

3. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que continúe dando atención prioritaria a la situación de los derechos humanos en Haití y que, con el acuerdo de su Gobierno, se realice otra visita in situ y se informe al vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, previa consideración del Consejo Permanente, conforme al Artículo 90 f) de la Carta.

4. Recomendar al Secretario General la organización de una misión de observadores para asistir a la próxima elección a llevarse a cabo en Haití, si así la solicita al Gobierno de ese país.

5. Instar a la reactivación de cooperación con el Gobierno y el pueblo de Haití para desarrollar y consolidar la democracia representativa.

6. Solicitar al Secretario General continuar asistiendo a Haití a través del Fondo Interamericano de Asistencia Prioritaria a Haití, de acuerdo a los términos establecidos en la resolución AG/RES. 824 (XV/O/86).

9. El Presidente de la Comisión Interamericana, ante esta Resolución, instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que realizara las gestiones tendientes a lograr la concreción de la visita de observación solicitada. La acentuación de los conflictos en Haití impidieron que el Gobierno del General Avril concretara la invitación antes de ser sustituído por el Gobierno encabezado por la doctora Ertha Pascal-Trouillot, con quien se acordó que la visita de inspección se llevaría a cabo del 17 al 29 de abril de 1990.

10. Al terminar la visita de observación, la Comisión Especial emitió el comunicado de prensa siguiente:

Hoy llegó a su término la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en ejercicio de sus funciones y conforme a la resolución 537 adoptada el 23 de febrero de 19990 por el Consejo Permanente de la OEA, luego del deterioro de la situación de los derechos humanos en Haití. De acuerdo con los términos de dicha resolución, la Comisión debía examinar la situación de los derechos humanos en Haití y preparar un informe completo para su presentación a la Asamblea General de l OEA. La Comisión Especial estuvo integrada por las siguientes personalidades: señor Oliver H. Jackman, Presidente de la Comisión; señor Leo Valladares L., Vicepresidente de la Comisión, y señor Patrick L. Robinson, miembro de la Comisión; señor David J. Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto; señor Luis F. Jiménez y señora Bertha Santoscoy, especialistas en derechos humanos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión y señorita Gloria Sakamoto, Secretaria de la Comisión Especial.

Durante su estadía en Haití, la Comisión Especial se reunió con la Presidenta de la Haití, señora Ertha Pascal Trouillot, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Justicia y el Consejo de Estado, así como con otros funcionarios del Gobierno.

La Comisión Especial también se reunió con representantes de organizaciones de derechos humanos y de partidos políticos a fin de recabar información sobre la situación política d ela democracia representativa. Se entrevistó con representantes de la prensa escrita y oral con el objeto de informarse sobre el estado de la libertad de expresión. Asimismo, la Comisión Especial sostuvo entrevistas con juristas haitianos y con representantes de sindicatos, del sector industrial, de la Cámara de Comercio, y de la Iglesia, así como con otras fuerzas vivas de la nación.

La Comisión Especial visitó Pont Sondé, St. Marc y Piatre y pudo observar los graves daños infligidos a esta última población e informarse sobre las violaciones de los derechos humanos en estas regiones. También escuchó a personas provenientes de diversos estratos sociales, de la cuales recibió quejas, comunicaciones e informaciones relativas al respeto a los derechos humanos.

Antes de su llegada, la Comisión Especial había hecho públicos los objetivos de su vista y anunciado su intención de recibir toda la información que se le quisiera brindar en cuanto al respeto y la promoción de los derechos humanos en este país. Recibió seguridades de las autoridades de que no se tomarían represalias contra las personas o grupos que hablaran con ella.

La Comisión Especial recibió varias declaraciones en las cuales observó diversos puntos comunes. En primer término, se hizo referencia a la necesidad de crear condiciones de seguridad para que la población pudiera ejercer sus derechos políticos durante el proceso electoral que se pondrá en marcha próximamente. Tales condiciones de seguridad comportan, según las declaraciones recibidas, dos elementos: el primero se refiere al respeto de los derechos humanos fundamentales --a saber, la libertad personal, el derecho de asociación y de reunión y el derecho a la libertad de expresión, entre otros.

El segundo elemento ligado a la seguridad se refiere a la necesidad de llevar a la justicia a las personas acusadas de haber cometido graves violaciones de derechos humanos, como las masacres del 29 de noviembre de 1987 y la de la Iglesia de San Juan Bosco del 11 de septiembre de 1988.

La Comisión Especial nota que existe consenso en sectores importantes de la sociedad haitiana en cuanto a que la ausencia de investigaciones serias, procesos judiciales y sanciones adecuadas de los responsables de brutales violaciones de los derechos humanos impediría a los candidatos realizar sus campañas electorales y engendraría un clima de desconfianza y temor en el electorado. Esta situación podría eventualmente causar una pobre participación electoral.

La Comisión Especial escuchó en varias oportunidades que era indispensable efectuar una separación de la Policía y las Fuerzas Armadas con miras a dar un carácter profesional a la policía y proporcionarle la formación necesaria para respetar los derechos humanos. La Comisión Especial escuchó con satisfacción el compromiso del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití de fortalecer el profesionalismo de éstas, de lograr que sean un complemento subordinado al poder civil, que se conviertan en una institución disciplinada del Ministerio de Justicia y que se constituyan en una garantía de la seguridad del proceso electoral.

La importante documentación recogida durante la visita será cuidadosamente analizada por la Comisión, la que en el curso de su próximo período de sesiones adoptará un informe definitivo con conclusiones y recomendaciones. La Comisión Especial ve con beneplácito la voluntad manifestada reiteradamente por las altas autoridades de llegar a un ejercicio efectivo de los derechos políticos y de reforzar la protección de los derechos humanos fundamentales.

La Comisión Especial reitera que el Estado haitiano, en tanto es Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la obligación no sólo de respetar dichos derechos sino también de garantizar su pleno y libre ejercicio. En este contexto, la Comisión Especial desea que el ejercicio de los derechos humanos durante la celebración de las próximas elecciones tenga lugar en condiciones de seguridad que permitan a todas las fuerzas políticas y a la población haitiana en general de expresarse y actuar con toda libertad, sin temor, a fin que el proceso de democratización en curso incorpore el acto electoral al cuadro más amplio del conjunto de derechos humanos, inclusive los derechos económicos, sociales y culturales, cuya observancia es elemento indispensable para satisfacer las legítimas aspiraciones del pueblo haitiano y para fortalecer el sistema democrático que, como lo ha afirmado tantas veces la Comisión, constituye la mejor garantía para la protección de los derechos humanos.

La Comisión Especial también tuvo oportunidad de recibir declaraciones de miembros del primer Consejo Electoral Provisional (CEP), elegidos a dicho cargo conforme a los términos de la Constitución de 1987 y reelegidos al Consejo luego de su destitución por el Gobierno de facto del General Henri Namphy. Declararon en términos muy enérgicos ante la Comisión Especial que la tarea de organizar y celebrar elecciones libres, justas y democráticas podría tornarse extremadamente difícil a menos que el Gobierno tome medidas constructivas e inmediatas para la seguridad del escrutinio y la de los miembros del propio Consejo, con miras a evitar la repetición de los desastrosos acontecimientos del 29 de noviembre de 1987.

La Comisión Especial también recibió la solicitud expresa de todos los sectores de que el proceso electoral, desde sus inicios a su término, sea objeto de observación por expertos internacionales.

La presencia de expertos internacionales inspirará mayor confianza a la población y fortalecerá la autoridad del Consejo Electoral.

Un tema surgió constantemente en el curso de las declaraciones formuladas a la Comisión Especial: se trata del papel de los grupos armados en Haití. Varios testigos destacaron los peligros inherentes a las actividades desarrolladas por los antiguos integrantes del personal militar y del resto de la milicia civil conocida por el nombre de "Tontons Macoutes", acusados de aterrorizar sistemáticamente a la población del país. Algunos de ellos están asociados en la mente del público a las atrocidades cometidas en diversas ocasiones desde la partida de Jean-Claude Duvalier en 1986, en particular la masacre del 29 de noviembre de 1987. Se trajo a la atención de la Comisión Especial que el desarme inmediato e integral de tales grupos debe constituir una urgente prioridad para el Gobierno provisional. Las personas que se presentaron ante la Comisión Especial destacaron que un clima tal impediría que los testigos declararan para presentar quejas acerca de esas acciones.

La Comisión Especial escuchó reiteradas veces las expresiones de religiosos y políticos de que una de las causas principales de la inseguridad en el país provenía de las actividades de los jefes de sección en las zonas rurales. Se cree que esos individuos, que son designados por las Fuerzas Armadas de las cuales forman parte, se exceden ampliamente en su autoridad como agentes de policía rural y son responsables de muchos actos arbitrarios que violan los derechos del ciudadano haitiano. Se ha dicho que la restructuración de ese sistema de reglamentación representaba una condición sine qua non para la protección de los derechos humanos de los habitantes de las regiones rurales y para asegurar que imperen las condiciones adecuadas para una campaña electoral sin restricciones y un escrutinio libre luego de las próximas elecciones.

Además, representantes de los medios de información han comunicado a la Comisión Especial sus temores de que la inseguridad actual podría poner en peligro la vida de los periodistas que desean cubrir de forma integral el proceso electoral.

La Comisión Especial deberá presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití, en el cual hará una relación de la visita in situ. La Comisión terminará el informe en el curso de su próximo período de sesiones, que comenzará el 7 de mayo de 1990 en su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. De acuerdo con la resolución 537, dicho informe será elevado al vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de l OEA el próximo mes de junio, de conformidad con el artículo 90 (f) de la Carta.

La Comisión Especial desea destacar la colaboración que se le brindó para el cumplimiento de su misión y agradece al Gobierno y al pueblo de Haití, así como a todos los órganos de información.

La Comisión continuará observando la evolución de la situación de los derechos humanos en Haití en oportunidad de las visitas que tendrán lugar en el futuro cercano.

Puerto Príncipe, 20 de abril de 1990

 

11. Como resultado de la observación realizada, la Comisión Especial elevó su informe al pleno de la Comisión que lo consideró durante su 77º Período de Sesiones, la cual aprobó el presente Informe. El mismo cubre los antecedentes del período del Gobierno del General Proper Avril e incluye los elementos observados durante la visita in loco realizada, elementos a partir de los cuales la Comisión extrae sus conclusiones y formula las recomendaciones que estima pertinentes