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INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante su 84º período de sesiones, celebrado en octubre de 1993, aprobó, de conformidad con el artículo 62 de su Reglamento, el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador. Dicho informe fue remitido al Gobierno de El Salvador el 18 de octubre de 1993.
El 18 de enero
de 1994 el Gobierno de El Salvador remitió sus observaciones, las
cuales fueron cuidadosamente analizadas por la Comisión en su 85º
período de sesiones, incorporándolas a dicho informe, en la medida en
que la Comisión lo consideró pertinente.
I.
ANTECEDENTES. PANORAMA DE LA SITUACION ACTUAL
1.
El Salvador: de la
confrontación bélica a la búsqueda de la paz. La posición de la CIDH
durante el conflicto armado
Al repasar las
apreciaciones, recomendaciones y observaciones formuladas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 1979 hasta 1992 con
respecto a El Salvador, se evidencia la presencia constante de varios
elementos que, incluso independientemente del conflicto armado, han
persistido en la realidad de ese país, y hoy se encuentran en la base
misma de la nueva y difícil etapa de reconciliación y reconstrucción
nacional. Es reiterativo, asimismo, el llamado formulado por la
Comisión hacia una solución negociada y pacífica del conflicto
interno, solución que finalmente llegó a El Salvador y frente a cuya
consolidación tiene su
esperanza y confianza la comunidad internacional en general, y el pueblo
salvadoreño en particular.
Los problemas
esenciales del poder judicial y su falta de recursos, en el más amplio
sentido de la expresión, unidos, en ocasiones, a la falta de voluntad
política para fortalecer esa rama de la administración; junto con un
notable desequilibrio en las condiciones de vida de la población,
manifestado en la carencia de los servicios básicos necesarios para
satisfacer las necesidades mínimas de un alto porcentaje de los
habitantes del país, han sido reseñados año tras año por la
Comisión, y se han formulado recomendaciones tendientes a obtener una
mejoría en estos aspectos, en la esperanza de que su efecto
contribuiría a propiciar, en general, la vigencia de los derechos y
garantías fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, de la cual El Salvador es un Estado parte, en virtud
de su ratificación. A continuación
se presenta una síntesis que hace un repaso de las principales
apreciaciones emitidas por la Comisión durante el conflicto, sin
detenerse en las circunstancias propias que caracterizaron la violencia
armada y el desarrollo mismo de la guerra en El Salvador, sino centrando
su atención en aquellos aspectos que aún hoy, deben ser una prioridad
y un reto para las generaciones que se encuentran trabajando por la
reconstrucción de su país.
En efecto, en
su Informe correspondiente
a 1979-1980, la Comisión, refiriéndose a la violencia generalizada en
el país, señaló que "ve con extremada preocupación la
realización de tales hechos y así se lo ha informado al Gobierno
salvadoreño en diversas comunicaciones sin que, hasta ahora, haya
recibido satisfactorias respuestas y, lo que es más grave, sin que sepa
que las autoridades del Gobierno, incluidas la Fiscalía General de la
República y el Poder Judicial, se encuentran investigando con la
celeridad que las circunstancias requiere, la comisión de tales
asesinatos".
Al formular
recomendaciones al Estado, manifestó la
CIDH que se debería adoptar "una acción organizada
tendiente a superar la violencia actualmente existente, la que, entre
otras medidas, podría incluir las siguientes: (...) 2) Una
investigación exhaustiva y rápida respecto de los varios casos de
homicidios en los que se han denunciado como instigadores o autores a
personas que han pertenecido o pertenecen a organismos de seguridad y
sancionar con todo el rigor de la ley a los que surjan como
responsables".
Por su parte,
en el Informe 1980-1981, destacaba la Comisión la "cantidad
verdaderamente alarmante" de ejecuciones ilegales en El Salvador,
"cometidas directamente por las fuerzas de seguridad que actúan
impunemente al margen de la ley, como asimismo por grupos paramilitares
que obran con la aquiescencia o consentimiento tácito de los
gobiernos". Y agregó
que, por regla general, "tal aquiescencia ha significado que las
autoridades gubernamentales no proceden a una adecuada y eficaz
investigación de la autoría de tales crímenes".
Concluyó a
este respecto la Comisión señalando que "un poder judicial
independiente, con suficientes recursos y atribuciones para sancionar
los abusos de las autoridades y de los ciudadanos debe ser uno de los
elementos básicos para que el derecho a la vida recupere el valor que
ha perdido".
Avanzando en el
tiempo, señaló la Comisión en su siguiente Informe, correspondiente
al período 1981-1982,
que el derecho a la vida continuaba "siendo el más
lesionado". Refiriéndose
a sus anteriores recomendaciones "tendientes a investigar y
sancionar a los responsables de las pérdidas de vidas de miles de
personas que han perecido de manera atroz en los últimos años, la
Comisión no ha recibido informes concretos del Gobierno de El Salvador
sobre este particular". "Hasta
el momento --destacó-- resulta evidente que no hay sanción penal para
una buena parte de los autores de tan horrendos crímenes".
Al comentar la
importancia de respetar las organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos, como elemento que puede coadyuvar a superar la
violencia, la Comisión
expresó que "ve con preocupación que la situación de esas
entidades no ha mejorado, ya que muchos de sus miembros han tenido que
buscar refugio en otros países, y los locales donde funcionaban tales
organizaciones, allanado y saqueado por fuerzas de seguridad...".
Con
preocupación señaló la CIDH en su Informe 1982-1983, "la
continuación del clima de violencia que continúa viviendo El Salvador
donde han proseguido las ejecuciones ilegales y desapariciones de
personas. Como señaló en
informes anteriores tales actos, la mayoría de las veces han sido
cometidos por fuerzas de seguridad que actúan impunemente al margen de
la ley, como asimismo por grupos paramilitares que ante la ausencia de
una eficaz y adecuada investigación de los crímenes pareciera que
obran con el consentimiento tácito del Gobierno.
Al plantear la
situación de conflicto interno, reiteró la Comisión su recomendación
acerca de la necesidad de encontrar una solución política que
involucre a todos los sectores; que se fije sobre la base de ese acuerdo
una fecha para elecciones generales a las cuales tengan acceso todos los
grupos políticos con las garantías necesarias para que sus resultados
representen la voluntad popular.
En el Informe
1983-1984, al señalar con satisfacción la elección de un Presidente
civil, expresó que "si bien resulta muy difícil establecer
prioridades en materia de derechos humanos, puede sin embargo señalarse
que en la situación actualmente imperante en El Salvador parecería
imprescindible lograr, de inmediato, un efectivo control de las Fuerzas
de Seguridad por parte de las nuevas autoridades, así como otorgar una
efectiva autonomía y autoridad al Poder Judicial, dotando a sus
integrantes de las garantías imprescindibles para que lleven a cabo sus
importantes funciones. La
evaluación de la forma en que esos cometidos vayan siendo planteados y
ejecutados, permitirá emitir un juicio fundado sobre las efectivas
posibilidades de lograr una efectiva vigencia de los derechos humanos en
El Salvador".
Y agregaba la
CIDH que "un punto al cual la Comisión desea referirse de manera
particular, es el relativo a los caracteres que debe reunir la
superación de la violencia que agita a El Salvador.
Diversos sectores independientes y asociaciones cívicas de este
país y numerosas entidades y personalidades de toda la región,
coinciden en señalar que a través del diálogo y dentro del marco
jurídico de la Nación, se debe llegar a una fórmula política,
pacífica y global del problema en su conjunto".
Al formular al
nuevo Gobierno sus recomendaciones manifestó la Comisión que
"Resulta indispensable se lleven adelante las investigaciones
tendientes a sancionar a los responsables de las gravísimas violaciones
a los derechos humanos cometidas durante las administraciones
precedentes;"
Y agregó que
"f) Deberían continuarse los esfuerzos tendientes a lograr,
mediante el diálogo y la voluntad de paz, una solución política
integral de la crisis salvadoreña y regional.
En este cometido, deberían explorarse fórmulas que ofrezcan
perspectivas de poner fin al derramamiento de sangre en dicho país, ya
que las opciones armadas implican prolongar indefinidamente una
situación que propicia las graves y generalizadas violaciones a los
derechos fundamentales que han caracterizado la historia reciente de El
Salvador".
Al presentar su
Informe a la Asamblea General, correspondiente a 1984-1985, señaló la
Comisión que "d) Resulta esencial que se efectúen las
investigaciones pendientes en relación con las violaciones a los
derechos humanos que se atribuyen a las fuerzas de seguridad de El
Salvador, puestas en conocimiento de dicho Gobierno por la CIDH, con la
finalidad de sancionar a los responsables".
Por su parte,
en el Informe 1986-1987, señaló la CIDH que "ha concedido
siempre especial importancia y alentado muy vivamente una solución
pacífica y negociada al conflicto entre el Gobierno de El Salvador y
las fuerzas insurreccionales que se le oponen.
De allí que la Comisión considere necesario señalar como un
hecho positivo que hayan surgido nuevas esperanzas de paz, mediante la
negociación y el diálogo a través del acuerdo logrado en la
República de Guatemala en la reciente reunión de Presidentes de los
países centroamericanos llevada a cabo entre los días 13 y 16 de
agosto del presente año".
Al resumir sus
apreciaciones sobre el período 1987-1988, señalaba la CIDH que "A
juicio de la Comisión, los aspectos en los que la inobservancia a los
derechos humanos han sido más graves son los que se refieren
especialmente al derecho a la vida, por el resurgimiento de la violencia
habida en el país. Pese a
los problemas antes señalados, la Comisión considera meritorio el
mantenimiento formal de todos los derechos y garantías
constitucionales, aunque éstos en la práctica han sido también
vulnerables".
Y reiteraba la
CIDH su ya tradicional llamado a las partes en el conflicto, así:
"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace nuevamente
una invocación tendiente a humanizar el conflicto armado, a dar
cumplimiento a las normas del derecho internacional humanitario
facilitando la evacuación de los heridos y mutilados de guerra, a
realizar toda clase de esfuerzos para eliminar las actividades de los
denominados escuadrones de la muerte, a reemprender el camino del
diálogo para buscar la paz y asimismo, tiene la esperanza de mantener
muy activa la cooperación y asistencia del Gobierno de El Salvador con
las tareas de la Comisión".
Posteriormente,
al reseñar ante la Asamblea lo más destacado de su Informe 1988-1989,
expresó la Comisión que "en relación con el diálogo entre todos
los sectores salvadoreños que ha venido reiteradamente propiciando en
los últimos años, tuvo la oportunidad de manifestar al Presidente
electo que el reinicio de tal diálogo, sin exclusiones, constituye a su
juicio el mejor camino para buscar la paz y la reconciliación entre los
salvadoreños, sin las cuales no puede haber una verdadera observancia
de los derechos humanos.
Y agregó que
"Frente a hechos (...) que afectan de una manera tan sensible la
vida humana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su
esperanza de que las conversaciones entre representantes del Gobierno de
El Salvador y del FMLN, iniciadas en Ciudad de México del 13 al 15 de
septiembre de 1989, y que deberán continuar en San José, Costa Rica el
16 y 17 de octubre próximo, puedan conducir a una solución política y
negociada del conflicto, tal como la Comisión lo ha venido
solicitando".
Refiriéndose a
otro de los temas en los cuales se centró la atención de la Comisión
durante la década del conflicto salvadoreño, señaló que "La
administración de justicia de El Salvador ha sido objeto de severas
críticas por su lentitud, su falta de independencia y su falta de
efectividad para proteger y defender los derechos de los ciudadanos
salvadoreños objeto de atropellos en contra de sus garantías
constitucionales. Asimismo,
la CIDH registra los lamentables precedentes judiciales relacionados con
múltiples asesinatos, casi ninguno de los cuales fue debidamente
investigado ni permitió que se sancionara a los responsables de los
mismos".
En relación
con este tema, y con otros derechos consagrados en la Convención,
expresó la CIDH, "en cuanto a las garantías de debido proceso, la
Comisión ha observado la falta de eficacia que para todos estos casos
de detención-incomunicación por períodos superiores a las 72 horas
permitidas por la Constitución y la ley no han funcionado las
garantías de protección judicial a que se refiere el artículo 25 de
la Convención Americana, para amparar a los ciudadanos contra los actos
gubernamentales que violen sus derechos fundamentales". (...)
"También preocupa a la Comisión la falta de cumplimiento a las
normas sobre garantías judiciales, lo cual priva a los detenidos del
derecho a ser asistidos en el momento de su detención por un abogado
defensor, a conocer sobre los motivos de su detención, a no ser
obligado a declarar contra sí mismos y a disfrutar de todas las demás
garantías judiciales".
Uno de los
serios problemas que enfrentó la sociedad salvadoreña durante la
época del conflicto, y que la Comisión espera que hoy se haya
superado, en aras de la reconciliación y la consolidación de los
principios democráticos, fue registrado, con merecida preocupación por
la CIDH en el mismo Informe, 1988-1989: "La agudización de las
tensiones y de la violencia ha llevado a que los funcionarios del
Gobierno de El Salvador consideren a los sindicatos, cooperativas,
universidades, entidades de derechos humanos y demás organizaciones y
entidades similares, como "órganos de fachada",
"santuarios de la guerrilla o de la insurgencia" etc.,
acusando a estas entidades de haber sido penetradas por el FMLN para
manejarlas como instrumentos de la lucha armada.
Como consecuencia de esta situación, muchas de ellas han sido
objeto de asedio y de ataques por parte de las fuerzas de
seguridad".
Un año más
tarde, en su Informe 1989-1990, destacaba la CIDH que "La
agudización de la violencia, así como la suspensión de las garantías
individuales bajo el estado de sitio, han determinado que se haya
incrementado significativamente el número de personas privadas de su
libertad. Según
información inicialmente proporcionada a la Comisión, muchas de estas
personas se encontraban actualmente alojadas juntamente con delincuentes
comunes y en condiciones muy negativas.
La Comisión no ha sido informada, sin embargo, de la evolución
reciente de este problema y de las formas en que el Gobierno de El
Salvador le está dando solución. (...) Organizaciones no
gubernamentales informaron también de un marcado incremento en casos de
tortura a presos políticos por parte de sus interrogadores.
Volviendo sobre
el tema de la debilidad del poder judicial, en un momento de particular
violencia en el país, expresaba la CIDH a la Asamblea General, con
ocasión de la presentación de su Informe 1990-1991, que:
"En síntesis, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos estima que el período a que se contrae este informe anual
revela la persistencia de problemas que afectan gravemente la vigencia
de los derechos humanos en El Salvador. Tal es el caso de las acciones de los escuadrones de la
muerte y de las Fuerzas de Seguridad cuyas actividades generan graves
violaciones a los derechos humanos sin que exista de parte de las
autoridades y del sistema judicial salvadoreño la voluntad o los medios
para erradicar tan graves conductas.
La falta de avance de importantes investigaciones, como las
referidas al caso de los jesuitas asesinados el 16 de noviembre de 1989
y del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión respecto a
casos individuales, revelan la persistencia de obstáculos para que los
autores de tan graves violaciones a los derechos humanos sean
individualizados y sometidos a la justicia".
Otro aspecto
preocupante, directamente relacionado con el conflicto, que afectaba la
vigencia de derechos consagrados en la Convención Americana, fue
expresado en dicha ocasión por la CIDH, así: "También subsisten
los problemas vinculados a las negativas condiciones en que se
encuentran las personas detenidas por razones políticas, las cuales se
encuentran en una irregular situación procesal por la falta de
decisiones judiciales, en condiciones carcelarias indignas de la
condición humana y confundidos con presos comunes, todo lo cual
constituye una grave anormalidad en lo referido al derecho a la libertad
personal, así como al derecho a la justicia y al proceso regular
reconocidos por los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos".
Con la
esperanza de una solución cercana al conflicto armado, la Comisión
señaló, que "asimismo, que encuentra como un rasgo positivo que
se hayan mantenido las negociaciones que se realizan entre el Gobierno y
dirigentes del FMLN bajo los auspicios del Secretario General de
Naciones Unidas. La
Comisión espera que tales negociaciones puedan avanzar hasta el punto
en que se creen condiciones para lograr una mayor vigencia de los
derechos humanos, incluido el adecuado ejercicio de los derechos
políticos de manera tal que éstos puedan reflejar adecuadamente la
voluntad de la población salvadoreña y se constituyan en un aporte a
la paz y auténtica expresión de un régimen democrático de gobierno
que, tal como ha sido reiteradamente señalado, es la mejor garantía
para la vigencia de los derechos humanos".
Una vez
alcanzados los históricos Acuerdos de Paz, destacó la CIDH, en su
Informe 1991, lo siguiente: "la Comisión desea reiterar su
satisfacción por los éxitos alcanzados en las negociaciones de paz, y
espera que la implementación de las medidas que conducirán
efectivamente a un fortalecimiento de las instituciones, en particular,
del poder judicial, determinen un real progreso en materia de defensa y
protección de los derechos fundamentales del pueblo salvadoreño".
Y en su último
Informe Anual, 1992-1993, la Comisión realizó una evaluación de los
aspectos esenciales que siguieron el principio del fin del
enfrentamiento armado. Entre otras cosas, se hizo énfasis en el hecho
de que: "La paz es, se
ha dicho tantas veces, mucho más que la ausencia de guerra.
El Salvador ha dado, con la firma de los Acuerdos de Chapultepec
y su implementación gradual, un primer gran paso hacia la paz, ha
superado el más urgente de los obstáculos: ha puesto fin al conflicto armado, que durante doce años
desangró al país. Hoy,
toda la sociedad salvadoreña es protagonista de su propio proceso de
recuperación institucional. Por
esta razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa
observando atentamente, en desarrollo de sus atribuciones, la evolución
de la situación, y promoverá "la
observancia y la defensa de los derechos humanos", función que le
asigna la Convención Americana".
Con esperanza,
la misma que inspira la elaboración del presente Informe Especial,
destacó la Comisión que "El Salvador ha iniciado, pues, el camino
hacia la consolidación de la paz, la reconciliación, el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática, y la
reconstrucción nacional. Esfuerzos
de todos los sectores, desde el Gobierno y el FMLN, antes enemigos,
ahora contendientes políticos, hasta el último de los salvadoreños,
están unidos en este propósito. Ahora
bien, su éxito supone, y nada nuevo se está afirmando al expresar
esto, el cumplimiento de los Acuerdos en una dimensión no simplemente
formal: implica un cambio
sustancial, y supone una mejoría de fondo --en el corto plazo--, y la
solución --a largo plazo--, de dos aspectos que están en el origen
mismo del conflicto".
Y centró su
atención en dos temas fundamentales: "En primer término, la
vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras
subsistan sectores de la población viviendo por debajo de los límites
de la dignidad de la persona humana, en condiciones de extrema pobreza,
se darán condiciones para que la situación degenere en un nuevo
conflicto. Un campesinado
desprotegido --sector mayoritario de la población--, sin tierras y sin
alternativas para un mejor futuro, unido a una cantidad de personas que
se reincorporan a la vida civil (tanto de la guerrilla como del
ejército), merece recibir atención prioritaria para la satisfacción
de las más elementales necesidades del ser humano.
Una vivienda digna, el derecho al trabajo, la educación y la
salud, deben constituir el objetivo fundamental de las políticas del
gobierno, y en este esfuerzo deben comprometerse, sin excepción, todos
los sectores del país. Ello
no será suficiente, sin embargo, sin el decidido apoyo de la comunidad
internacional, tanto bilateralmente como a través de la financiación
multilateral de proyectos para el desarrollo.(...)
(...) Ahora
bien, --concluyó la CIDH-- paralelamente confluye un segundo aspecto,
tan importante como el anterior en la consolidación de la paz.
En El Salvador no existe hoy en día, ni ha existido en el pasado
reciente, una administración de justicia eficiente, imparcial, e
independiente que constituya una garantía contra la impunidad y un
medio efectivo de disuasión frente a la delincuencia".
Sobre la base
de estas apreciaciones, producto de la observación atenta y cuidadosa
realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en
ejercicio de sus atribuciones, durante la última década en El
Salvador, se elabora el presente Informe, que cubre el período
comprendido entre la firma de los Acuerdos y la etapa previa a las
trascendentales elecciones de marzo de 1994. La síntesis brevemente
expuesta constituye, ciertamente, el marco de referencia que ha
delineado la realidad actual de El Salvador.
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