CAPITULO II

LOS DERECHOS POLITICOS

A. CONSIDERACIONES GENERALES

1. La Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece, en su Art�culo XX, el derecho de sufragio y de participaci�n en el gobierno en los siguientes t�rminos:

Art�culo XX. Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su pa�s, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que ser�n de voto secreto, genuinas, peri�dicas y libres.

2. Los derechos pol�ticos, tal como son considerados por la Declaraci�n, tienen dos aspectos claramente indentificables: el derecho al ejercicio directo del poder y el derecho a elegir a quienes deban ejercerlo. Ello supone una concepci�n amplia acerca de la democracia representativa que, como tal, descansa en la soberan�a del pueblo y en la cual las funciones a trav�s de las cuales se ejerce el poder son desempe�adas por personas escogidas en elecciones libres y "aut�nticas"1 La Declaraci�n Universal en su art�culo 21 y la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos en su art�culo 23 no agregan elementos sustanciales a los contenidos en la Declaraci�n Americana.

3. Es doctrina de la CIDH, por su parte, que el ejercicio del derecho a la participaci�n pol�tica implica "el derecho a organizar partidos y asociaciones pol�ticas, que a trav�s del debate libre y de la lucha ideol�gica pueden elevar el nivel social y las condiciones econ�micas de la colectividad, y excluye el monopolio del poder por un solo grupo o persona".2 Asimismo, ha considerado la Comisi�n que "los gobiernos tienen, frente a los derechos pol�ticos y al derecho a la participaci�n pol�tica, la obligaci�n de permitir y garantizar la organizaci�n de todos los partidos pol�ticos y otras asociaciones, a menos que �stas se constituyan para violar derechos humanos fundamentales; el debate libre de los principales temas del desarrollo socioecon�mico; la realizaci�n de elecciones generales, libres y con las garant�as necesarias para que sus resultados representen la voluntad popular".3

4. Cabe ahora tratar de discernir c�mo funciona en la pr�ctica el sistema institucional establecido en la Constituci�n. Para ello, se analizar�n las formas bajo las cuales se lleva a cabo la participaci�n popular; se presentar�n luego las modalidades de ejercicio del poder por parte del grupo dirigente y se finalizar� precisando los l�mites a la participaci�n pol�tica.

 B. LA PARTICIPACI�N Y EL EJERCICIO DEL PODER

1. La Participaci�n Popular

5. En la pr�ctica, el sistema pol�tico cubano promueve una amplia participaci�n pol�tica de los ciudadanos, la cual, sin embargo, es restringida a las cuestiones de car�cter local y, por tanto, de limitada competencia; la pol�tica sustantiva queda restringida a un grupo limitado, tal como se ver� m�s adelante. Cifras oficiales indican que en las elecciones locales el n�mero de votantes fue extraordinariamente elevado. En las �ltimas elecciones municipales (1981) unos 6 millones de personas votaron, o sea el equivalente al 97.2% de los inscritos. El n�mero de votantes fue tambi�n elevado, ascendiendo al 93.6%, en las elecciones eliminatorias llevadas a cabo una semana despu�s en los distritos donde hab�a varios candidatos y ninguno hab�a obtenido el 50% de los votos emitidos en la primera rueda.4

6. Asimismo existe el derecho de los ciudadanos a plantear quejas p�blicas sobre la calidad de los bienes o servicios. Las organizaciones de masas han llegado a incentivar estas cr�ticas "concretas". Se insta a los ciudadanos a presentar sus reclamos a las autoridades locales electas, quienes a su vez deben informar nuevamente a la comunidad los resultados de sus gestiones para resolver estos problemas. Estas asambleas de rendiciones de cuentas representan una caracter�stica importante del sistema pol�tico a partir de 1976. En la provincia de La Habana, por ejemplo, durante un per�odo de seis meses en 1981-82, hubo 1.407 asambleas de este tipo, donde se registraron 9.251 reclamos o sugerencias ante 833 delegados. El 60% de estos reclamos se resolvieron o recibieron respuesta dentro de esos seis meses, el 16% no tuvo soluci�n inmediata, el 7% se estaba gestionando y el 17% permanec�a pendiente en el tercer trimestre de 1982. En ese mismo per�odo, en todo el pa�s se presentaron 92.996 reclamos o sugerencias sobre bienes y servicios espec�ficos.5 Este es un buen resultado de la agilidad de reacci�n del gobierno local teniendo en cuenta las normas comparativas. De esta forma, los ciudadanos cuenta con mecanismos para responsabilizar a los titulares de los cargos p�blicos locales por la gesti�n de las instituciones gubernamentales, especialmente locales. As�, en 1979, el 40% de las autoridades electas en 1976 a nivel local no fueron reelectas.6

7. Tambi�n es muy alta la participaci�n de las organizaciones populares patrocinadas oficialmente. A comienzos de la d�cada de los setenta, aproximadamente el 80% de la poblaci�n adulta integr� los Comit�s de Defensa de la Revoluci�n (CDR) y una proporci�n comparable de mujeres adultas form� parte de la Federaci�n de Mujeres Cubanas (FMC). Estas altas tasas de participaci�n podr�an indicar conformidad con las pol�ticas del Gobierno y del Partido. Sin embargo, es dif�cil evaluar cu�nto apoyo pol�tico representan en realidad para el r�gimen. En Cuba, la asociaci�n a las organizaciones populares --incluyendo las amplias agrupaciones sindicales y de campesinos-- es pr�cticamente un prerequisito para cualquier actividad de rutina, pues esta asociaci�n afecta la admisi�n a las universidades, las promociones, el acceso a cierto tipo de vacaciones o de actividades recreativas, y la obtenci�n de los productos no perecederos que exigen que un sindicato certifique que el comprador es un "trabajador avanzado". Esto es lo que hace dif�cil distinguir cu�ndo la decisi�n de asociarse a una organizaci�n popular responde al deseo de apoyar al r�gimen, y cu�ndo ella obedece a los beneficios materiales que se derivan de la misma y que de otro modo no se pueden obtener.

8. Dados los grandes incentivos pol�ticos y materiales derivados de integrar las organizaciones populares, el no pertenecer a ellas coloca a las personas en una situaci�n desfavorable. Esta puede ser la consecuencia de una decisi�n individual de no asociarse, a�n cuando ello conlleve un costo personal muy alto; sin embargo, es tambi�n probable que sea el resultado de una decisi�n de la organizaci�n popular de rechazar el ingreso. La proporci�n de la poblaci�n adulta que pertenece a los CDR o a la FMC ha permanecido constante durante una d�cada. Los nuevos miembros de cada una de estas organizaciones, en su mayor parte, son el resultado del crecimiento demogr�fico normal y no de otras tentativas de reclutamiento entre la poblaci�n adulta. Como lo explic� el Presidente Fidel Castro, la �nica raz�n de que no haya m�s miembros es que en los �ltimos a�os la organizaci�n ha tenido especial cuidado en la selecci�n de sus nuevos miembros. Los Estatutos de los CDR, ratificados en su Segundo Congreso celebrado en octubre de 1981, muestran el funcionamiento de los controles pol�ticos centralizados en materia de asociados. Si el CDR de una zona desea admitir alguna persona mayor de 18, solamente puede hacerlo con la aprobaci�n expresa del Secretario Ejecutivo del CDR del nivel inmediato superior. Las personas que no ingresan a estas organizaciones quedan realmente al margen de la vida pol�tica cubana. Tal vez por su propia elecci�n, pero ciertamente tambi�n como resultado de una pol�tica del gobierno.7

9. Es probable que quienes no son miembros de estas asociaciones est�n representados en forma desproporcionada entre los que eligen emigrar. Datos preliminares sugieren que la tasa de los que no pertenec�an a dichas organizaciones entre los que emigraron en 1980 a los Estados Unidos, fue dos veces m�s alta que la tasa de los miembros de toda la poblaci�n adulta de Cuba; en otros aspectos demogr�ficos la mayor�a de estos emigrantes eran representativos de la poblaci�n cubana y pertenec�an a la fuerza de trabajo.8

10. Aunque es alta la participaci�n en las organizaciones populares, �sta es una naturaleza predominantemente consultiva m�s que decisora. La labor principal de las organizaciones populares consiste en transmitir al pueblo los mensajes del Gobierno, socializar a los ciudadanos, ejecutar los servicios solicitados por el partido y el Gobierno y, m�s recientemente, transmitir las cr�ticas de orden pr�ctico de los ciudadanos, de conformidad con las nuevas pol�ticas municipales. El impacto que tienen las organizaciones populares sobre las decisiones que las afectan es probablemente el menor en el caso de los Comit�s de la Defensa de la Revoluci�n y el mayor en la Asociaci�n Nacional de Peque�os Agricultores (ANAP). La Federaci�n de Mujeres y la Confederaci�n del Trabajo se encuentran en una posici�n intermedia.9

11. Es dif�cil comprobar de manera fidedigna si los CDR han tenido participaci�n eficaz en el proceso de adopci�n de decisiones. Al contrario, parecen ser esencialmente un instrumento de control. Su principal tarea sigue siendo la "vigilancia" revolucionaria contra los enemigos del r�gimen, entre ellos los delincuentes comunes. Los CDR tienen otras tareas para el mejoramiento y el progreso vecinal; hacen participar a los ciudadanos en las actividades locales que son importantes para su existencia, pero el gobierno nacional los ha mantenido con �xito concentrados en el antiguo compromiso de la "vigilancia". Esta fue la raz�n fundamental para su fundaci�n y sigue siendo hoy su principal tarea. Entre 1977 y 1981 los comit�s enviaron un promedio de 123 informes diarios al Ministerio del Interior, en cumplimiento de su tarea principal.10

12. Los datos sobre la participaci�n laboral son m�s complejos. Se supone que las leyes de planeamiento y presupuesto deben discutirse entre los trabajadores de las empresas, para que puedan ejercer la funci�n principal del proletariado. En 1978, el 34% de todas las empresas no discuti� el plan de 1979 con los trabajadores y un 58% m�s de �stas present� los programas a las asambleas de trabajadores pero no se introdujo ning�n cambio al plan en base a las sugerencias realizadas. Solamente en un 8% de las empresas hubo alguna participaci�n obrera, al discutirse el plan e incorpor�rsele algunas sugerencias. A�n en esta minor�a, la modalidad de participaci�n se caracteriz� por el �nfasis otorgado al rol del gerente, de los dirigentes laborales y del Partido, as� como otros que ocupan cargos de jerarqu�a.

13. Al tratarse el plan para 1980 hubo algunos progresos. Alrededor de un 59% de las empresas realizaron asambleas e introdujeron ciertas modificaciones al plan de acuerdo a propuestas recibidas. Sin embargo, cuando se present� a la Asamblea Nacional el Plan para 1980, Jorge Riquet, miembro de la Secretar�a del Partido, logr� suprimir del proyecto de ley la referencia a la participaci�n anterior de los trabajadores en el plan, alegando que �sta no era cierta.11 En resumen, en el mejor de los casos, la participaci�n de los trabajadores es consultiva.

14. La mayor parte de la labor de las asambleas provinciales en los asuntos de importancia se caracteriza tambi�n por las consultas, m�s que por una participaci�n eficaz en la toma de decisiones. Si bien la legislaci�n presupuestaria dispone que las asambleas provinciales traten el proyecto de ley de presupuesto antes de ser sometido a la Asamblea Nacional, en la pr�ctica esto no ha sucedido en todo el transcurso de la d�cada de los setenta. En cambio, la ley de presupuesto ha sido tratada por los comit�s ejecutivos de las asambleas provinciales y no por las propias asambleas, y aunque hay informaciones de que recientemente se present� a las asambleas provinciales, el ejemplo de la Asamblea Nacional sugerir�a que es poco probable que el presupuesto haya sido discutido efectivamente.12

15. El grado de consulta y su posible impacto en el proceso de adopci�n de decisiones es mayor para una �lite nacional subalterna, a pesar de que se mantienen importantes restricciones. La Asamblea Nacional cubana, constituida en forma abrumadora por miembros del Partido Comunista, tiene un rol normativo muy limitado, aunque no de poca importancia.13 Ella se re�ne solamente cinco d�as al a�o y los diputados tienen empleos permanentes en otros lugares.14 La Asamblea Nacional cuenta con personal reducido que le permite tratar de manera expeditiva los asuntos que le conciernen durante los pocos d�as que se re�ne. La vida de los comit�s, aunque es algo m�s activa que en los primeros a�os, sigue a un ritmo moderado. Por ejemplo, los comit�s que tendr�an que llevar a cabo los trabajos encomendados por la Asamblea reunida en diciembre de 1981, a�n no se hab�an instalado tres meses despu�s.15

16. La Asamblea Nacional tiene un impacto poco notable en la pol�tica exterior, en la pol�tica militar o en la planificaci�n y en el presupuesto nacional. Estos asuntos se presentan a la Asamblea, pero las discusiones son rutinarias y superficiales. Las autoridades dirigentes nunca han sido derrotadas en una votaci�n de la Asamblea. El Consejo de Estado, que tiene una mayor�a que pertenece al Bur� del Partido Comunista, gobierna en representaci�n de la Asamblea cuando �sta no est� en per�odo de sesiones, es decir casi siempre. Gran parte del trabajo de la Asamblea Nacional se reduce a ratificar las leyes y decretos dictados por el Consejo de Estado, recibir informes y desempe�ar tareas protocolares.

17. No obstante, en la Asamblea Nacional se debaten en�rgicamente los temas que no son "alta pol�tica". A veces las autoridades han retirado leyes que han sido objeto de cr�ticas en�rgicas. La Asamblea ha tenido un impacto importante en materia de legislaci�n sobre protecci�n de zonas cenagosas y sobre el C�digo de Tr�nsito. Por supuesto, estos debates siguen teniendo lugar entre la �lite de la Asamblea Nacional, pero prueban que hay cierta discusi�n y desacuerdo entre los l�mites del grupo gobernante. Estos debates ilustran el rol de los otros dirigentes aparte de Fidel Castro, aunque proyectan tambi�n a �ste como el �rbitro supremo con autoridad para solucionar todos los conflictos. Los dirigentes que probablemente participan m�s son los integrantes de la direcci�n de pol�tica, de la Secretar�a, del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Como lo expresara la revista Bohemia en 1982, "no muchos diputados participaron en las discusiones de los temas m�s importantes".16

18. Este papel limitado pero de importancia de la Asamblea Nacional, exhibe una modalidad general de estratificaci�n pol�tica. Los dirigentes que est�n por debajo de las autoridades supremas, tienen una incidencia moderada en algunas decisiones, aunque las cuestiones fundamentales de la pol�tica del Estado y del Partido permanecen fuera del control eficaz a�n del Partido Comunista. Por debajo de este nivel, el impacto en el poder penetran en este sistema pol�tico que se mantiene basado en una extensa, aunque controlada participaci�n pol�tica.

19. Estas consultas pol�ticas legitiman la autoridad de los gobernantes y mejoran la calidad del gobierno en sus detalles, pero no significan que de ellas puedan surgir modificaciones substanciales del actual sistema pol�tico. A�n as�, resulta positivo el alto nivel de participaci�n alcanzado en los asuntos cotidianos por amplios sectores de la poblaci�n. Esta tendencia a otorgar una mayor participaci�n controlada tuvo como resultado un experimento en materia de poder local, iniciado en 1974 en la provincia de Matanzas, el cual funcion� lo suficientemente bien como para extenderlo al resto del pa�s dos a�os m�s tarde; en esa oportunidad se llevaron a cabo elecciones en toda la naci�n para llenar cargos p�blicos. Sin embargo, debe tambi�n se�alarse que la discusi�n limitada a los c�rculos elitistas de las cuestiones fundamentales de pol�tica est� muy lejos de generar una activa oposici�n.

2. El Grupo en el Poder

20. El primer elemento que llama la atenci�n es el rol dominante en la vida pol�tica ejercido por el Presidente Fidel Castro. Si bien la Constituci�n cubana establece que el Presidente del Consejo de Estado y del Consejo Ministros es electo y puede ser reemplazado por la Asamblea Nacional, el papel pol�tico de Fidel Castro es tan abrumador que estos procedimientos constitucionales, en la realidad, carecen de sentido. Fidel Castro es quien gobierna Cuba; �l es la �nica persona viviente que se distingue por su nombre en la Constituci�n cubana y es reiteradamente nombrado en la parte introductora de los Estatutos del Partido Comunista. Por otra parte, es tratado con suma deferencia por los otros miembros del gobierno. El personifica la revoluci�n.

21. De hecho, hay una abierta contradicci�n entre la tesis constitucional sobre los �rganos colectivos y la vida real de los poderes del Estado. Aquella es que el poder se juega entre �rganos colectivos que proceden por opiniones de mayor�a, basada en la libertad irrestricta de expresi�n y que obtienen un amplio consenso, debido a la unidad fundamental en el ejercicio del poder.

22. De ah� que el �rgano sea mucho m�s importante que su Presidente. Antes fue dicho que el mismo Presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, Jefe del Gobierno no est� supeditado a los respectivos organismos, de tal modo que el Gobierno es, en verdad, no un Presidente de la Rep�blica, como en otras constituciones, sino el Consejo de Ministros.

23. En verdad, este principio se cumple s�lo respecto de la Asamblea Nacional, donde el Presidente no juega ning�n papel visible ni dentro de ella ni fuera. M�s no es as� en el Consejo de Estado y en el Consejo de Ministros. Ambas instituciones no aparecen ante el p�blico como los gobernantes. Tal desempe�o est� evidentemente en manos del Presidente de ambas entidades, quien, en todo momento, opera como Jefe de Gobierno y Secretario General del Partido Comunista. Ante el p�blico, no hay m�s autoridad que la que emana de ese dirigente. Nadie fuera o dentro de Cuba, atribuye autoridad, salvo coadyudante, a otros personeros o autoridades formales.

24. Asimismo, cabe notar que la Constituci�n prev� siempre organismos m�s reducidos que toman a su cargo de manera permanente las labores de los �rganos principales. La Asamblea Nacional tiene el Consejo de Estado, como �rgano ejecutivo y permanente. A su vez, las Asambleas Provinciales y Municipales designan un Comit� Ejecutivo (Art. 114); el Tribunal supremo posee un Consejo de Gabinete (Art. 124). El Consejo de Ministros tambi�n posee un Comit� Ejecutivo (Art. 95). Lo mismo ocurre en el Partido Comunista.

25. En esta forma, el poder que aparece ejercido por grandes corporaciones representativas del pueblo va, en las decisiones inmediatas, siendo entregado a grupos m�s reducidos, donde el Presidente del Consejo de Estado, Presidente del Consejo de Ministros, Presidente del Comit� Ejecutivo del Consejo de Ministros y Secretario General del Partido Comunista tiene un lugar predominante. Tal es la realidad vigente.

26. Desde el punto de vista pol�tico y jur�dico, lo anterior es muy importante, ya que otros sistemas descansan abiertamente en la figura del Jefe, dentro del supuesto de que �l asume la totalidad del poder por una delegaci�n aut�ntica del pueblo que se siente encarnado en su autoridad. El problema que esta realidad suscita es c�mo ha podido suceder que los cr�ticos m�s ac�rrimos de ese poder personalista, que se trazan la tarea de sustituirlo por una nueva organizaci�n de plena participaci�n popular, ofrezcan, en las exterioridades determinantes de su sistema, todas las caracter�sticas del Jefe absoluto.

27. El segundo elemento a considerar es que el sistema pol�tico cubano no es simplemente un gobierno unipersonal. Tambi�n los otros miembros de los principales �rganos del Estado y del Partido ejecutan papeles principales en la Cuba contempor�nea, y cabe destacar que se han producido muy pocos cambios en la composici�n de estos mandos superiores. Por ejemplo, solamente cuatro de los diecis�is miembros del Bur� Pol�tico del Partido Comunista no ten�an ya, a mediados de la d�cada de los sesenta, una posici�n importante dentro del gobierno (t�picamente la de ministro, que era el cargo superior en ese momento). De las cuatro excepciones, tres eran miembros del Partido Comunista anterior a la revoluci�n, el cual todav�a no hab�a entrado formalmente en la coalici�n del Gobierno, pero que ya en 1961 ocupaban cargos de mucha responsabilidad, tal como lo vienen haciendo desde entonces. Siete altos ejecutivos del Consejo de Estado han sido altos dirigentes gubernamentales desde 1961. Solamente a partir de 1965 se a�adieron dos "nuevos" miembros entre los catorce del Comit� Ejecutivo del Consejo de Ministros. Como se desprende de lo se�alado, el equipo gobernante de Cuba se ha mantenido pr�cticamente sin cambios durante dos d�cadas.

28. Asimismo, es extraordinaria la superposici�n entre las estables �lites que controlan a estas instituciones pol�ticas claves. Once de los diecis�is integrantes del Bur� Pol�tico tambi�n son miembros del Consejo de Ministros con l�nea de responsabilidad directa; catorce de los miembros del Bur� Pol�tico del Partido pertenec�an al Consejo de Estado donde constitu�an mayor�a. De los catorce integrantes del Comit� Ejecutivo del Consejo de Ministros ocho pertenecen al Bur� Pol�tico y todos son integrantes del Comit� Central del Partido. Un total combinado de veintid�s personas ocupan el Bur� Pol�tico del Partido, los cargos ejecutivos m�s altos del Consejo de Estado y del Comit� Ejecutivo del Consejo de Ministros.

29. En resumen, un n�mero sumamente reducido de personas ha estado ininterrumpidamente en el poder por muchos a�os, ocupando todos los cargos pol�ticos de m�s importancia del Partido, del Estado y de las instituciones gubernamentales. Por lo tanto, no existe una verdadera autonom�a pol�tica u oposici�n entre estas tres instituciones dirigentes cumbres, ni les es posible a ninguno de estos cuerpos evitar las medidas arbitrarias adoptadas por otro de ellos, porque est�n integrados por las mismas personas.

30. Un grado de continuidad comparable puede observarse en el nivel siguiente del gobierno. Por ejemplo, el 84% de los miembros del Comit� Central en 1965 fue reelecto para los mismos cargos en 1980. En general, los miembros del Comit� Central que fallecieron o fueron dados de baja se sustituyeron por el mismo tipo de personas: hombres blancos, nacidos alrededor de 1930, que tuvieron su actuaci�n en los a�os cincuenta en la lucha contra el Gobierno de Batista y formaban parte del movimiento "26 de Julio" dirigido por Fidel Castro, sirviendo fielmente al Gobierno revolucionario desde 1959. Sin embargo, alrededor de un quinto de los dirigentes se compone de gente de m�s edad, antiguos miembros del Partido Comunista anterior a la revoluci�n. La proporci�n de miembros no blancos en el Comit� Central se ha mantenido baja y constante: alrededor de un 10 o un 15%, aunque no menos de la cuarta parte de todos los cubanos no es de raza blanca. En 1980 las mujeres representaron el 12% de los miembros con plenos derechos del Comit� Central, duplicando su participaci�n anterior, aunque todav�a su n�mero es reducido.

31. Desde la derrota y encarcelamiento en 1968 de la llamada "microfacci�n" dentro del Partido Comunista cubano, dirigida por An�bal, en Cuba no ha habido una oposici�n eficaz al poder pol�tico. Aunque los procedimientos formales del Partido y del Estado te�ricamente permiten la rotaci�n del gobierno, en realidad esto no ha ocurrido y es sumamente dif�cil imaginarse que pueda suceder.

3. Los L�mites a la Participaci�n

32. Surge de lo expuesto anteriormente, que la participaci�n pol�tica es extremadamente reducida cuando se trata de la pol�tica sustantiva tanto nacional como internacional. Puede considerarse que esa limitaci�n es el resultado de la acci�n de diversos factores, y especialmente del requisito de adhesi�n ideol�gica, los requerimientos derivados de los mecanismos electorales y de la intolerancia del grupo en el poder hacia las formas de oposici�n pol�tica, dos de los cuales que ser�n analizados seguidamente.

a. La adhesi�n ideol�gica

33. La participaci�n pol�tica, especialmente en los asuntos sustantivos, exige una adhesi�n ideol�gica que puede ser calificada de dogm�tica. Esta exigencia encuentra su origen en los textos constitucionales e impregna la totalidad de la vida social cubana. La ideolog�a cumple aqu� tambi�n, tal como lo se�alaba Marx, un papel similar al del cemento en la construcci�n de un edificio: sirve para mantener unidos los diversos elementos que lo componen. Debido a su estrecha vinculaci�n con el tema de la libertad de opini�n, este aspecto ser� tratado en el Cap�tulo V de este informe; basta por ello dejar se�alada ahora su vinculaci�n con el ejercicio de los derechos pol�ticos.

b. Los mecanismos electorales

34. Otra limitaci�n significativa a la participaci�n pol�tica es la derivada de los mecanismos electorales que funcionan tanto a nivel municipal como provincial y nacional. En este �mbito puede observarse que, a medida que el r�gimen cubano se fue institucionalizando, el Gobierno comenz� una apertura del sistema pol�tico. El aludido experimento en materia de gobierno local de 1974 en Matanzas y las elecciones de 1976 en toda la naci�n para llenar los cargos p�blicos, poseen varias caracter�sticas que definen y limitan el impacto de este cambio.17

35. La elecci�n directa solamente est� prevista para llenar los cargos legislativos municipales. No existe voto directo para ning�n cargo ejecutivo ni legislativo que no sea a nivel municipal. Los ciudadanos no tienen derecho a presentar su candidatura por su propia voluntad y la autocandidatura es ilegal. Los candidatos deben ser proclamados en una asamblea por votaci�n a mano alzada y no pueden hacer su propia campa�a electoral. Solamente el Partido Comunista y las organizaciones de masas tienen derecho a distribuir propaganda u organizar reuniones electorales. Por lo tanto, los cr�ticos del gobierno no pueden intercambiar opiniones e informaci�n y no tienen el derecho de asociaci�n. El gobierno es el �nico que tiene derecho a publicar la biograf�a oficial de los candidatos, no pudiendo �stos suprimir ninguna informaci�n que el Gobierno desee divulgar. Este m�todo se presta a ser utilizado para desalentar a los candidatos que no son del agrado del gobierno y, para evitar humillaciones, muchos de ellos se han retirado de la competencia. Los miembros del Partido pueden tener una actuaci�n personal activa en las asambleas de candidaturas para garantizar que los candidatos favoritos est�n en las listas, aunque el Partido no apoya formalmente candidatos. El cambio m�s importante introducido por la legislaci�n electoral y que se ha seguido en la pr�ctica, ha sido el requisito de que no puede haber menos de dos candidatos para el mismo cargo en la asamblea municipal.

36. M�s all� del nivel municipal, las restricciones a la oposici�n contin�an siendo severas. Todos los delegados a las asambleas provinciales, los diputados de la Asamblea Nacional y los ejecutivos de los gobiernos municipales locales son electos por las asambleas locales. La lista de candidatos para estos cargos la prepara y presenta una comisi�n presidida por un miembro del Partido Comunista e integrada por representantes del Partido, de la Uni�n de Juventudes Comunistas y de las organizaciones de masas. El n�mero de candidatos es solamente un 25% m�s alto que el n�mero de cargos. Cabe se�alar que la proporci�n de miembros del Partido asciende en forma constante desde las asambleas municipales a la Asamblea Nacional: m�s del 90% de los miembros de esta �ltima son tambi�n miembros del Partido, a pesar de que s�lo un 7% del electorado est� afiliado a �l.18

37. Los delegados provinciales y los diputados nacionales no necesitan haber sido electos directamente como miembros de las asambleas municipales. Las comisiones de candidaturas, presididas por un miembro del Partido tienen la libertad de proponer el candidato que deseen. M�s de los dos quintos de los diputados de la Asamblea Nacional nunca estuvieron directamente frente a su electorado, lo cual puede tener como resultado aislarlos del control popular. La legislaci�n electoral tambi�n cuenta con disposiciones revocatorias que pueden emplearse para destituir f�cilmente a los delegados municipales electos.

c. La intolerancia a la oposici�n

38. Sin embargo, la intolerancia del grupo en el poder hacia toda forma de oposici�n pol�tica constituye la principal limitaci�n a la participaci�n. La base constitucional que legitima esta tendencia es el art�culo 61 de la Constituci�n que ya fuera analizado.

39. Si bien es razonable la proscripci�n de los actos inconstitucionales, el texto radical de este art�culo limita a�n la simple libertad de expresi�n. Los discursos con cr�ticas a los objetivos del Estado socialista, aunque no est�n vinculados con otras acciones pueden ser prohibidos.

40. A�n los art�culos del Cap�tulo VI de la Constituci�n sobre los derechos, deberes y garant�as fundamentales limitan dr�sticamente los derechos pol�ticos formales necesarios en todo r�gimen democr�tico. El art�culo 52 reconoce la libertad de expresi�n y de prensa, pero solamente "conforme a los fines de la sociedad socialista". Por si quedara alguna duda, el art�culo estipula, adem�s, la condici�n de que "la ley regula el ejercicio de estas libertades". El art�culo 54 se�ala que las creencias religiosas no pueden ejercerse como fundamento para la oposici�n pol�tica al r�gimen porque es "ilegal y punible oponer la fe o la creencia religiosa a la Revoluci�n". La Constituci�n, por tanto, establece las bases jur�dicas para la censura, ya que es el Estado el que puede determinar si la expresi�n oral o escrita, el arte, las creencias religiosas o las acciones derivadas de �stas son contrarias a la revoluci�n. La Constituci�n consagra tambi�n las bases jur�dicas para que el Estado dirija todas las actividades en materia de arte, cultura o prensa. El mencionado art�culo 31 de los Estatutos del Partido Comunista es un claro indicador de los l�mites en que desarrollan su actividad a�n sus propios miembros.

41. De hecho, la pr�ctica pol�tica ha demostrado que el prejuicio contra la oposici�n p�blica es generalizado. Desde 1960, todos los medios de informaci�n han estado en manos del Gobierno. No existen medios legales para desafiar abiertamente las pol�ticas del Gobierno y del Partido o para competir en forma de grupo, movimiento u organizaci�n partidaria por el derecho a gobernar, substituir por medios pac�ficos al partido Comunista y sus dirigentes e idear pol�ticas nuevas y diferentes. Las principales cr�ticas expresadas en p�blica contra las pol�ticas gubernamentales, provienen de los propios integrantes de las altas esferas del gobierno. Sin embargo, es imposible lanzar una cr�tica abierta y organizada a la pol�tica del Gobierno y del Partido que haga que los l�deres m�ximos puedan ser susceptibles de asumir la responsabilidad, rendir cuentas y ser destituidos.

42. Se trata, por tanto, de un r�gimen marcadamente autoritario que ha empleado diversos m�todos --control de las informaciones y del quehacer cient�fico y cultural, encarcelamiento de opositores, migraciones masivas al exterior, etc.-- a fin de restringir y a�n de eliminar toda forma de oposici�n pol�tica. Si bien es cierto que el actual r�gimen ha sufrido todo tipo de presiones tanto internas como externas, lo cual lo autoriza a adoptar medidas excepcionales para su defensa, tambi�n es cierto que la erradicaci�n de cualquier tipo de oposici�n --a�n dentro del propio Partido Comunista-- indican claramente una intolerancia pol�tica que va m�s all� de los l�mites fijados por la leg�tima reacci�n del Estado originada en la necesidad de defenderse. Igualmente, considera la Comisi�n que los m�todos empleados han sido muchas veces ileg�timos y desproporcionados a la magnitud de las faltas cometidas, seg�n se ver� cuando se presente la situaci�n de los presos pol�ticos.

43. De acuerdo a lo se�alado, la Comisi�n encuentra que el sistema pol�tico cubano, en su estructura normativa, establece principios cuya vigencia podr�a llevar a una adecuada salvaguarda de los derechos humanos. Sin embargo, la inexistencia de la necesaria divisi�n de poderes determina que se produzca una marcada subordinaci�n al poder pol�tico del conjunto de las actividades de la sociedad cubana. Esta situaci�n es reforzada por el empleo en la Constituci�n, de t�rminos y conceptos extra�dos de doctrinas pol�tico-filos�ficas, los cuales resultan de poca utilidad para lograr una efectiva vigencia de los principios de objetividad y legalidad, imprescindibles garant�as contra la vulneraci�n de los derechos de los ciudadanos por parte del poder pol�tico.

44. La Comisi�n considera, igualmente, que el sistema pol�tico cubano otorga una preponderancia contraproducente al Partido Comunista, constituy�ndose, en los hechos, en una fuerza superior al Estado mismo e impidiendo la existencia de un sano pluralismo ideol�gico y partidario que es una de las bases del sistema democr�tico de gobierno. Es as� como los m�s importantes �rganos estatales son controlados por miembros del Partido Comunista que tambi�n intervienen de manera decisiva en la operaci�n de los mecanismos de selecci�n de los candidatos a ocupar los puestos de car�cter electivo. Todo esto impone una adhesi�n ideol�gica que puede calificarse de acr�tica y dogm�tica.

45. A juicio de la Comisi�n, la existencia de organismos supremos de car�cter colegiado es un rasgo positivo del ordenamiento pol�tico cubano, ya que ello enfatiza los procedimientos de negociaci�n a fin de obtener el consenso necesario para una efectiva acci�n pol�tica; en principio, los �rganos colegiados constituyen una buena base para lograr una amplia participaci�n de la ciudadan�a en la pol�tica nacional. La pr�ctica, sin embargo, se�ala que los principales �rganos del Estado y del Partido Comunista son controlados por un grupo reducido, desde el comienzo mismo del actual proceso pol�tico cubano. En este grupo, se destaca de manera n�tida el rol ejercido por el Presidente Fidel Castro quien es el que efectivamente y en la �ltima instancia ejerce el poder en Cuba. Esta situaci�n ha sido lograda y se mantiene a trav�s del ejercicio de una marcada intolerancia hacia toda forma de oposici�n pol�tica, en cuya eliminaci�n a menudo han sido empleados m�todos ileg�timos o desproporcionados a la magnitud de la falta cometida. La Comisi�n reconoce, igualmente, que al actuar de esa forma, el Estado cubano ha respondido en muchas oportunidades a reales y graves amenazas tanto internas como externas.

46. La Comisi�n considera un elemento positivo del sistema pol�tico cubano, el alto grado de participaci�n de la poblaci�n en los asuntos de car�cter local y sectorial, as� como la progresiva ampliaci�n del car�cter electivo de los cargos de la administraci�n municipal. La Comisi�n espera que se creen las condiciones tanto internas como internacionales, a fin de lograr una efectiva y aut�ntica participaci�n de los ciudadanos de Cuba en las decisiones pol�ticas que los afectan, en un marco de libertad y pluralismo imprescindible para una efectiva vigencia de la totalidad de los derechos humanos.

[ �ndice |Anterior | Pr�ximo ]

1  Tal como puede advertirse, el ejercicio concreto de estos derechos pol�ticos se encuentra �ntimamente asociado con la pr�ctica de otros derechos fundamentales, como son, por ejemplo, el derecho de asociaci�n y el de libertad de expresi�n. Por razones metodol�gicas, sin embargo, se analiza la vigencia de estos derechos de manera independiente.

2  CIDH, Diez A�os … op. Cit., p�g. 332.

4  Bohemia 73, No. 42 (16 de octubre de 1981), p�g. 48 y No. 3 (23 de octubre de 1981), p�g. 50.

7  Granma, 31 de enero de 1981, p�g. 1; 23 de octubre de 1981, p�g. 4, 23 de enero de 1982, p�g. 2; Granma Weekly Review, 5 de octubre de 1980, p�g. 2; Bohemia 73, No. 44, (30 de octubre de 1981), p�gs. 48 y 52.

8  Robert L. Bach, Jennifer B. Bach y Timothy Triplett, "The Flotilla ‘Entrants’: Latest and Most Controversial, "Cuban Studies 11 No. 12 y 12 No. 1 (Julio 1981 – Enereo 1982): 29-48; y Gaston A. Fern�ndez, "Comment--The Flotilla Entrants: Are They Different?" ibid., p�gs. 49-54.

10  Granma, 23 de octubre de 1981, p�g. 4.

11  "C�mo marcha la implantaci�n del sistema de direcci�n y planificaci�n de la econom�a?" Bohemia 71, No. 27 (6 de julio de 1979), p�g. 36; Comisi�n Nacional de Implantaci�n, Sistema de Direcci�n y Planificaci�n de la Econom�a, Informe Central: Reuni�n Nacional (La Habana: julio de 1980), p�g. 48; Granma, 27 de diciembre de 1979, p�g. 4.

12  Granma, 4 de julio de 1980, p�g. 3.

13  Dom�ngues, Jorge, Cuba: Internal and International Affairs, (Beverly Hills: Sage Publications, 1982), p�gs. 33-38.

14  Para una discusi�n sobre las limitaciones de tiempo habituales en las labores de la Asamblea Nacional, ver Granma, 3 de julio de 1982, p�gs. 3-4.

16  Bohemia 74, No. 2 (8 de enero de 1982), p�g. 52.

17  Esta secci�n se basa en Granma del 21 de julio de 1976, p�g. 4; del 22 de julio de 1976, p�gs. 2-3; del 2 de septiembre de 1976, p�g. 1; del 30 de septiembre de 1976, p�g. 2; del 8 de noviembre de 1976, p�g. 31; del 3 de diciembre de 1976, p�g. 4; Granma Weekly Review, 22 de agosto de 1976, p�g. 4; y del 11 de julio de 1982.

18   Granma Weekly Review, 28 de diciembre de 1980, p�g. 12, para el n�mero de miembros del partido; datos preliminares del censo de 1981, en Granma Weekly Review, 8 de noviembre de 1981, p�g. 4.