[1]   La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8, sobre Garantías Judiciales, establece lo siguiente:  “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.  3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.  4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.  5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.  Asimismo, el artículo 9 de la Convención, sobre Principio de Legalidad y de Retroactividad, establece lo siguiente: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

[2]   El artículo 27 de la Constitución prescribe lo siguiente:  “La anterior disposición no obsta para que puedan castigar, sin juicio previo, en los casos y dentro de los precisos términos que señala la ley: 1º) Los funcionarios que ejercen autoridad o jurisdicción, los cuales podrán penar con multas o arrestos a cualquiera que los injurie o les falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo; 2º) Los jefes militares, los cuales podrán imponer penas in continenti, para contener una insubordinación o motín militar o para mantener el orden hallándose en frente del enemigo; 3º) los capitanes de buque, que tienen, no estando en puerto, la misma facultad para reprimir delitos cometidos a bordo”.

[3]   Artículos del 1º al 5º, inclusive, del Proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación.  Con fecha 17 de septiembre de 1980, se promulgó la Ley Nº 22, “por la cual se dictan disposiciones tendientes a normalizar la pronta y eficaz administración de Justicia”.

[4]   El diario “El Tiempo” de Bogotá, en su edición del 10 de enero de 1981, publicó declaraciones formuladas en Medellín, el día anterior, por el Presidente del Consejo de Estado, doctor Jaime Betancur Cuartas, en las que se refiere al poder judicial, en el sentido, según dicha información, de “que en Colombia no existe un estado de derecho y que, por el contrario, se ha consolidado una dictadura constitucional”.  “Hay una dictadura porque los poderes están concentrados unos en la rama ejecutiva y otros en la rama legislativa”.  Este alto funcionario del Estado, de acuerdo con dicha información de prensa, manifestó además “que es indispensable que se entregue el diez por ciento del presupuesto nacional a la rama judicial”, agregando que “sin dinero, no será posible que se ponga en práctica la reforma de la justicia”.  “Insistió –según el periódico mencionado—en que el Estado atienda las necesidades de la administración de justicia y provea a esta área del poder público de los elementos materiales que requiere para realizar plenamente las funciones que le ha encomendado la Constitución nacional”.

[5]  Entre las conclusiones aprobadas por la Convención aludida, figuran las siguientes: A) RELACIONADO CON LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LOS CÓDIGOS:  1) Pedimos una mayor divulgación y conocimiento de los proyectos de Código de Procedimiento Penal y de Fiscalía General de la Nación.  2) Exigimos oportunidad para participar en la formación de esos proyectos.  3) Solicitamos la promoción de foros sobre esos temas en todo el país.  4) Exigimos que las decisiones sobre detención y libertad de las personas, que son eminentemente jurisdiccionales, las mantenga la Rama Jurisdiccional.  5) Exigimos un Estatuto unificado de Carrera Judicial para la Rama Jurisdiccional, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, a la mayor brevedad.  6) Solicitamos se elimine el veto proyectado en el plan para la Fiscalía General de la Nación, contra funcionarios que hayan sido sancionados.  Sólo lo aceptamos para casos de inmoralidad o malos manejos.  7) Exigimos incorporación automática de los Jueces de Instrucción Criminal a la Fiscalía General de la Nación, y de sus empleados.  8) Sugerimos como muy conveniente se programe la vigencia del Código de Procedimiento Penal, al tiempo con la Fiscalía.  9) Denunciamos que el Decreto y Ley sobre la Emergencia Judicial, no acertó en aplicar el remedio, pues la congestión de procesos se presenta es en el Sumario y no en la Causa; además el Decreto Reglamentario es inconstitucional.  Las fallas que se presenten, no pueden, pues, atribuirse a la Rama.  10) Exigimos la continuación de los actuales funcionarios en sus cargos después de vencido el período y hasta la vigencia de la Carrera Judicial, en la cual deben quedar automáticamente inscritos.  Los concursos se efectuarán para futuras vacantes.  11) Las listas que elabora el Consejo Superior de la Judicatura deberán enviarse para la provisión de todos los juzgados donde se presenten vacantes, y no una sola lista para cada juzgado.  12) Los actuales fiscales deberán quedar incorporados automáticamente a la Procuraduría General de la Nación.  B) RELACIONADO CON LA SEGURIDAD DE LOS JUECES: 13) El ejecutivo debe ante todo atacar las características de una sociedad de estamentos atomizados, carente de instrucción y calificación laboral, privada de medios sanos de esparcimiento, atemorizada por la fuerza pública, y que, en busca de una vida holgada, ha sido educada con una formación individualista, competitiva, donde el triunfo del más fuerte y el más agresivo es expresión de la filosofía empresarial imperante, que busca enriquecimiento a cualquier precio.  14) Debe comprender también el gobierno que la palabra seguridad no es un término para jugar al armamentismo ni para incrementar la represión, sino una prerrogativa absoluta para reconocer y proteger, escamoteada a los colombianos cada vez con más osadía y que se sintetiza en una cara y desconocida expresión: LOS DERECHOS HUMANOS.  15) Causas inmediatas de la inseguridad de los jueces son: a) La inseguridad social de la comunidad por el incumplimiento del Art. 16 de la Constitución.  b) Incontrolado auge de la economía subterránea.  c) Sistemática violación de los derechos humanos.  d) Inseguridad económica.  e) Indiferencia del Ejecutivo y el Legislativo frente a la Rama Jurisdiccional.  f) Campaña irresponsable de algunos medios de comunicación, que desacreditan sin fundamento a la Rama.  16) Rechazamos la entrega de la investigación del narcotráfico a la Justicia Penal Militar, y reclamamos la recuperación de la competencia constitucional de la Justicia Ordinaria.  18) Exigimos objetividad y mesura a los medios de comunicación en los eventos relacionados con hechos que puedan contribuir al desprestigio sin fundamento, de la Rama Judicial.  19) No aceptamos armamento ni la creación de un cuerpo especial para la protección de los jueces.  20) Exigimos la concentración de las oficinas judiciales para facilitar su vigilancia, y protección especial para diligencias procesales, y para los funcionarios que la soliciten.  21) Solicitamos suspender las visitas de cárcel hasta la vigencia del futuro procedimiento penal.  22) Solicitamos un seguro por muerte equivalente a tres años de sueldo en favor de los deudos del juez muerto en ejercicio de sus funciones y por razón de ellas.  Así mismo un seguro por invalidez en forma de pensión vitalicia equivalente al ciento por ciento (100%) del sueldo más alto devengado en el último año. 23) Exigimos depuración de los cuerpos de seguridad, e inviolabilidad de los despachos judiciales.  24) Exigimos absoluto respecto por los derechos humanos.  C) RELACIONADO CON LA JUSTICIA ORDINARIA Y LA JUSTICIA PENAL MILITAR:  25) Exigimos reivindicación de la altísima misión de la justicia ordinaria para administración íntegramente, y para garantizar la libertad y la seguridad individuales.  26) Rechazamos por inconveniente e inconstitucional la atribución de competencia a la Justicia Penal Militar para el juzgamiento de civiles.  D) RELACIONADO CON LA AMNISTÍA:  27) Declaramos que la Rama Jurisdiccional es la única que por conservar aún limpias sus manos, puede decidir cuáles conductas constituyen delitos políticos, y cuáles delitos conexos con la rebelión, la sedición y la asonada, con base en nuestros conocimientos, nuestra honestidad, y nuestra imparcialidad.  Reafirmamos que la Rama Jurisdiccional es garantía de paz para el país.  28) Exigimos respeto por la dignidad humana, por el debido proceso, por el derecho de defensa y rechazamos cualquier procedimiento que atente contra los anteriores postulados.  E) RELACIONADO CON LA AUTONOMÍA:  29) Reafirmamos la plena autonomía de la Rama Jurisdiccional frente al Ejecutivo y al Legislativo, con rechazo de cualquier procedimiento que tienda a desvertebrar o a debilitar tal autonomía”.

[6]   Algunos de los antecedentes legales en que se ha otorgado competencia a la justicia penal militar para conocer de determinados delitos, entre ellos contra la existencia y seguridad del Estado, y contra el régimen constitucional, son los siguientes: a) Decreto Nº 1290 de 21 de mayo de 1965 en el Gobierno del Presidente Guillermo León Valencia; Decreto Nº 593 de 21 de abril de 1970, en el Gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo; c) Decreto Nº 254 del 27 de febrero de 1971, en el Gobierno del Presidente Misael Pastrana Borrero; y d) Decretos Nros. 1142 de 23 de junio de 1975, 250 de 26 de junio del mismo año, y 2260 de 24 de octubre de 1976, en el Gobierno del Presidente Alfonso López Michelsen.

[7]   En la Sentencia de 13 de agosto de 1979, la Corte expresó, refiriéndose a los Tribunales Militares, además, lo siguiente:  “El decreto en estudio no crea organismos ad hoc, ni cambia el origen ni la composición de los existentes.  Simplemente, faculta a ciertas autoridades el ejercicio simultáneo de las atribuciones que ordinariamente les compete con las que les son adscritas transitoriamente, según la autorización constitucional del artículo 61”.

[8]   Artículos 566, 567, 568, 591, 597 y 598 del Código de Justicia Penal Militar.

[9]   Los artículos citados, del 1º al 6º del Estatuto de Seguridad, se refieren, entre otros, a los siguientes delitos: privación de libertad, secuestro de personas, muerte de personas, alzamiento en armas para derrocar al Gobierno, invasión o asalto de poblaciones, predios, haciendas, carreteras o vías públicas causando muertes, incendios o daños en los bienes, perturbaciones del orden público con alteración de las actividades sociales, provocación de incendios y en tales circunstancias se suprima la vida de personas, provocación de daños en bienes mediante utilización de bombas, detonantes, explosivos, y en tales circunstancias muerte de personas, obligar a otro a entregar, enviar, depositar, o poner a su disposición cosas, dinero o documentos capaces de producir efectos jurídicos, por medio de amenazas o violencia o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, y con el fin de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito.

[10]   En los Considerandos del Decreto Nº 536 de 14 de marzo de 1980, se expresa lo siguiente:  “Que mediante Decreto número 2131 de 1976 se declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional.  Que los decretos legislativos números 2260 del 24 de octubre de 1976 y 1923 de 6 de septiembre de 1978 adscribieron a la justicia penal militar, con el objeto de lograr una mayor celeridad en la administración de justicia, el conocimiento de varias infracciones penales respecto de conductas altamente perturbadoras del orden público.  Que en dichas normas se dispuso que los delitos de competencia de la justicia penal militar y los adscritos a ella, mientras subsista el Estado de Sitio, se investigarán y fallarán por el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales, salvo los delitos enumerados por el Artículo 590 del Código de Justicia Penal Militar.  Que han ocurrido hechos nuevos, de suma gravedad y de conocimiento general, determinantes de una perturbación mayor del orden público.  Que a juicio del Gobierno se hace necesario agilizar el procedimiento propio de los Consejos de Guerra Verbales, garantizando el derecho de defensa prescrito por el Artículo 26 de la Constitución, ya que el funcionamiento rápido y eficaz de dichos Consejos se encuentra estrechamente vinculado a la eliminación de las causas primarias y sobrevinientes de la turbación del orden público.  Que en los procedimientos de los Consejos de Guerra Verbales con investigación previa, la suma de sindicaciones da lugar a la formación de voluminosos expedientes, como ha venido ocurriendo, y que el requisito establecido en el Artículo 574 del Código de Justicia Penal Militar, tal como se encuentra consagrado, impide la pronta administración de justicia por el enorme tiempo que demanda su cumplimiento.  Que de acuerdo con la naturaleza del procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales, cuando existe investigación previa, el sindicado tiene oportunidad de conocer el proceso y de intervenir en él desde cuando rinde indagatoria, como de concurrir a la práctica de las pruebas, directamente o por intermedio de su apoderado”.

[11]   Ver literal c), numeral 1. De la letra C. del Capítulo II de este Informe.

[12]   El artículo 311 del Código de Justicia Penal Militar establece lo siguiente:  “Si un mismo agente comete a la vez delitos comunes y delitos sometidos a la jurisdicción penal militar, sin que entre ellos exista relación de conexidad, la autoridad militar conoce de los segundos y las autoridades comunes de los primeros.  En este caso, la autoridad que avoque el conocimiento debe remitir copia de lo conducente a la otra para proseguir el juicio”.  El artículo 577 del mismo Código establece lo siguiente:  “Si concluida la etapa investigativa aparecieren demostrados, a juicio del Presidente del Consejo, hechos que constituyen delitos de competencia de los Consejos de Guerra Verbales, distintos de los indicados en la Resolución de convocatoria, pero en conexidad con ellos se redactarán los cuestionarios respectivos.  Si los nuevos delitos no aparecen cometidos en conexidad, se ordenará compulsar copias de lo pertinente para que por quien corresponda se provea lo conducente”.

[13]   El Presidente del Consejo de Guerra Verbal en referencia es el Coronel Rafael Martín Prieto, y el Fiscal el Coronel Augusto Pradilla Giraldo, ambos abogados.

[14]   Las contestaciones del Gobierno precitadas, figuran en las comunicaciones dirigidas a la Comisión, Nº 01675 de 22 de agosto de 1980, y Nº 00144 de 19 de enero de 1981, referentes al Caso 7348.

[15]   El Presidente del Consejo de Guerra Verbal de Bogotá, relativo a las FARC, es el Coronel Otoniel Escobar Cifuentes, y el Fiscal el Coronel Farouk Yanine Díaz.

[16]   Entre los documentos mencionados, figura la Resolución de fecha 23 de mayo de 1980, de la Brigada de Institutos Militares, sobre la recusación del Presidente del Tribunal, la que en sus considerandos y parte resolutiva expresa lo siguiente:  “1. La Recusación tiene fundamento especialmente en las siguientes afirmaciones: 'La Presidencia dentro del estudio que realizó no consideró que había evidencia de torturas, por ese motivo no elevó denuncia alguna...' 'pero sí lógicamente un hecho es presentado para formalizar una coartada para eludir la Justicia no puede ser objeto de investigación'.  2. Las presuntas torturas denunciadas por procesados y algunos defensores, si bien es cierto que no son objeto del juzgamiento que se está llevando a cabo, es muy probable que sea materia de las argumentaciones de los señores defensores.  La opinión lanzada no puede considerarse que se refería al fondo del proceso pero sirve conjurar con prudencia las inquietudes de algunos señores abogados y de los procesados ya que los mismos creen según su actitud, que cualquier actuación por pequeña que sea es un asomo de parcialidad.  Dicha causal, como lo afirma MANZZINI, no sólo tiene la finalidad de prevenir decisiones injustas, sino también evitar situaciones embarazosas para el Juez y mantener la confianza de la sociedad en la administración de Justicia, eliminando causas que podrían dar lugar a críticas o malignidades, pues hasta las apariencias se deben cuidar cuando se trata de la Justicia.  Es evidente que el Señor Coronel CASTELLANOS PERILLA dentro de sus atribuciones no tiene la de ordenar la investigación por las supuestas torturas y que sí es un deber denunciarlas, están en la obligación los quejosos de hacerlo, dentro de los treinta días siguientes de haberlas conocido.  3. La presente cuestión incidental referente al buen curso del proceso y en aras a que no afecte la dinámica del mismo, debe tenerse en cuenta según CARNELUTTI, quien dijo: 'que la buena marcha del proceso es un medio de obtener una decisión justa.  La consecuencia a deducir parece que debe ser la de someter la solución de los incidentes a las mismas garantías que se establecen para la decisión de fondo'.  Al aplicar la ciencia de la justicia humana conviene advertir que ésta no puede ser infalible, ni inmediata y es por ésto que WERNER GOLDSCHMIDT sostiene 'que su intento de acercarse a la meta de la integridad la haría más falible y más lenta y sus esfuerzos de ser más rápida y exacta la hacen más fraccionada'; ahora bien, si de una parte hay necesidad de revestir más el derecho de la defensa, para que en el presente juicio no se comprometa en lo más mínimo su legitimidad, y de otra, conservar incólume la Institución de los Consejos Verbales de Guerra, se debe aceptar la Recusación, haciendo la salvedad de que contra la conducta del Presidente señor Coronel CASTELLANOS PERILLA, no se puede emitir un juicio desvalorativo, ya que se trató de una situación atípica, no exactamente prevista, pero que ante un conflicto entre la Justicia y la seguridad jurídica del proceso, se debe prevenir ésta para que siga imperando aquella.  4. Por último, al cotejarse el memorial elevado por algunos de los señores Defensores con la grabación y acta correspondiente a la sesión del 8 de mayo del año en curso, se infiere que no fueron citadas textualmente las palabras expresadas por el Presidente y al no corresponder su puntuación, parece que se hubieran expresado varias ideas cuando sólo se estaba dando una sola interpretación del artículo 12 del Código de Procedimiento Penal.  En consecuencia, para tutelar la integridad de la jurisdicción Penal Militar y la de sus Funcionarios, como también la ética en el ejercicio de la profesión de la abogacía, considera este Comando que debe compulsar copias de este incidente con destino al Consejo Superior de la Judicatura.  Sin otros elementos de juicio, el Comando de la Brigada de Institutos Militares, en su calidad de Juzgado de Primera Instancia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE: PRIMERO, Aceptar la Recusación propuesta contra el señor Coronel RUDDY CASTELANOS PERILLA, Presidente del Consejo Verbal de Guerra que actualmente juzga a presuntos miembros de la organización delictiva autodenominada “FUERZAS ARMADSAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA”, por parte de algunos defensores.  SEGUNDO. Nombrar un oficial superior que ha de reemplazarlo mediante Resolución motivada.  TERCERO. Enviar copias de la presente providencia para ante el Honorable Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de éste proveído”.  El 21 de mayo de 1980, los abogados defensores se dirigieron al Comandante de la Brigada de Institutos Militares, en relación a la recusación referida, en los siguientes términos: “Con profunda extrañeza los abogados defensores en el proceso verbal de guerra que juzga presuntos miembros de las FARC, nos enteramos, en la sesión de ayer, del texto completo de la Resolución 01, por la cual Ud. acepta la recusación que formulamos contra el Coronel Rudy Castellanos y en tal virtud ordena su remoción como Presidente del Consejo, pero simultáneamente, en forma contradictoria e inexplicable, pide abrir investigación contra los defensores que promovimos y ganamos el incidente, dizque por haber incurrido en presuntas faltas contra la ética profesional cuando acusamos al citado oficial.  Dice Ud. también que la conducta del Coronel se ajustó a los procedimientos legales vigentes y que los abogados hemos estado listos para 'aprovechar cualquier acontecer, cualquier actitud o cualquier pronunciamiento por parte de la autoridad judicial castrense o de su Ministerio Público, con miras a lograr sus pretensiones, olvidando a veces los sagrados principios que tutelan el ejercicio de la profesión del derecho'.  Afirma luego que es necesario defender el prestigio del ejército y salvaguardiar la institución de los Consejos de Guerra Verbales, proteger al Coronel de los abogados y acusaciones injustas, todo para concluir aceptando la recusación que formulamos, cambiando el Presidente.  Nó, Señor General: con las recusaciones no se juega.  O nó teníamos razón alguna nosotros y ha debido entonces mantener Ud. al oficial en su cargo y respaldarlo como superior jerárquico o si se incurrió en las causales que invocamos y que establece claramente la ley (parcialidad manifiesta y prejuzgamiento) y era lo lógico hacer lo que se hizo, cambiar al Coronel Rudy Castellanos y aceptar la recusación formulada, porque teníamos toda la razón.  Pero lo que no puede Ud. es fallar favorablemente a nosotros en el incidente, sustituir al Coronel, pero decir que lo hace para protegerlo de críticas, malignidades o acusaciones injustas por parte de los abogados y tratar de coaccionarnos e impedir el libre ejercicio de nuestra profesión, acusándonos ante el Consejo Superior de la Judicatura, sólo por haber cumplido con nuestro deber. Insistimos, una vez más, que los problemas fundamentales de estos procesos son las torturas y la violación a los derechos humanos y de defensa, con pruebas de cargo obtenidas bajo coacción y violencia, que invalidan todo lo actuado y que desviaron la investigación de su cauce normal, sentando en el banquillo de los acusados a gentes inocentes, mientras el General Vega Uribe disfruta de un elevado cargo diplomático en Londres.  Pretender eludir todas estas anomalías jurídicas precisamente ha provocado situaciones como la recusación, la visita de la OEA y de Amnistía Internacional y ahora esta contradictoria Resolución suya, con la cual sólo se busca amedrentarnosy coartar, una vez más, el derecho de defensa, mientras, al mismo tiempo, se trata de exculpar la conducta violatoria de la Ley, por parte de un alto oficial del ejército, en ejercicio transitorio del sagrado cargo de Juez de la República.  Así no se puede servir al prestigio de las Fuerzas Armadas, a la causa de la justicia y a las instituciones democráticas que Uds. prometieron defender, y mucho menos 'salvaguardiar' los Consejos de Guerra Verbales, tan desacreditados, que hasta el mismo Dr. Alvaro Gómez Hurtado está pidiendo que se acaben ... Señor General: enfrentaremos las acusaciones que Ud. formula contra nosotros; pero usted sí que ha violado la Ley y la equidad y por eso iniciaremos las acciones legales del caso para que se investiguen y sancionen las infracciones que Ud. haya podido cometer al dictar tan absurda providencia, que en nada sirve para demostrar la imparcialidad de la Justicia Penal Militar, ante la cual seguiremos defendiendo, sin vacilación alguna, tal como prometimos hacerlo, cuando aceptamos bajo juramente el mandato de nuestros asistidos, a quienes están acusados en este proceso”.  Asimismo, el 27 de agosto de 1980, la Brigada de Institutos Militares tomó otra Resolución sobre otra recusación planteada contra el Presidente del Consejo de Guerra Verbal.  Entre otros aspectos, este documento contiene los siguientes: “VISTOS:  Entra el Comando de la Brigada de Institutos Militares en calidad de Juez de Primera Instancia, a resolver la recusación planteada contra el Coronel OTONIEL ESCOBAR CIFUENTES, Presidente del Consejo de Guerra Verbal convocado mediante Resolución Nº 196 del dos de noviembre de 1.979, la que sustenta el doctor HUMBERTO CRIALES DE LA ROSA, coadyuvado por los defensores CARLOS J. DUICA, ARTEMO DE J. ORREGO, HERMELINDA CASTELLANOS JUTINICO, JOSÉ MIGUEL ARIAS LONDOÑO, HERNÁN SUAREZ SANZ y HERNANDO REYES SANTOS”.  “c. En memorial suscrito por los referidos defensores, señalan como causales la manifiesta parcialidad contra la defensa, haberse convertido en contraparte de los mismos, e incurrir en prejuzgamiento sobre temas materia del proceso, invocando el articulo 401, ordinal 4º para plantear la recusación en los siguientes términos: (1) Hostigamiento para los defensores en el Consejo de Guerra y violación de jurisdicción, porque ha sancionado las faltas de algunos abogados enfrentando a éstos con sus poderdantes.  (2) Negar el uso de la palabra en la sesión del día veinticinco de los corrientes al abogado que pretendía interponer el recurso, haciendo imposible la actuación de la defensa.  (3) Por la violación clara de la ley manifiestan los signatarios que denunciaron al Presidente del Consejo ante el Honorable Tribunal Superior Militar.  (4) Relatan que el Presidente tiene la obligación de residir en la instalación militar hasta cuando se obtenga veredicto y el hecho de someterlos a jornadas exhaustivas de trabajo, contrariando el horario del que hizo uso el Fiscal y algunos defensores; sanciones para los Abogados sin que hubieran incurrido en desorden, sin tener competencia para sancionarlos pues el artículo 601 del C. de J. P. M. es para los militares, lo que se traduce en actos de parcialidad, llegando a convertir el Consejo de Guerra en algo privado, sentando el principio novedoso de que los autos son inmodificables e impugnables.  (5) No haberle dado trámite al artículo 417, que es una denegación de justicia que implica manifiesta imparcialidad en contra de la justicia y reiterando de que trata de influir en los presos para indisponerlos con sus Abogados.  Por último aducen como pruebas: -Copia de la demanda formulada ante el Honorable Tribunal Superior Militar.  –Copia del memorial presentado por los detenidos, y –La actuación correspondiente del Consejo de Guerra los días del mes de agosto”.  “RESUELVE:  PRIMERO:  Declarar infundados los planteamientos presentados por los doctores HUMBERTO CRIALES DE LA ROSA, HERMELINDA CASTELLANOS JUTINICO, JOSÉ MIGUEL ARIAS LONDOÑO, HERNANDO SUAREZ SANZ, ARTEMO DE J. ORREGO, HERNANDO REYES SANTOS Y CARLOS J. DUICA, para recusar al señor Coronel OTONIEL ESCOBAR CIFUENTES, Presidente del Consejo de Guerra Verbal, convocado por la Resolución 196 del 2 de noviembre de 1.979, de este Comando.  SEGUNDO: NO ACEPTAR la recusación propuesta por las consideraciones consignadas en la parte motiva de este proveído. TERCERO: DISPONER que el señor Coronel OTONIEL ESCOBAR CIFUENTES, continúe como Presidente del Consejo de Guerra Verbal, para el cual fue designado y posesionado.  CUARTO: ORDENAR que esta decisión se remita a la Presidencia del Consejo de Guerra Verbal, para los fines legales.  QUINTO: COMPULSAR copias auténticas de esta actuación para el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que conozca de las posibles faltas disciplinarias contra la lealtad debida a la administración de Justicia, en las que hubieran podido incurrir los defensores mencionados”.

[17]             Este documento consigna en los considerandos y en la parte resolutiva, entre otros aspectos, lo siguiente: “Por todo lo anterior, la Sala considera y estima que el recurso de apelación en referencia estuvo bien denegado y, en consecuencia, al resolverse de plano así se declarará y se dispondrá que la actuación se envíe al inferior para que forme parte del expediente.  Obramos de conformidad con lo dispuesto en las normas legales citadas en el cuerpo de esta providencia en armonía con lo preceptuado en los artículos 438 y 439 del Código de Justicia Penal Militar y 203 y ss. del Código de Procedimiento Penal, y demás disposiciones concordantes.  En virtud de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR, en Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE: 1º DECLARAR que el recurso de apelación interpuesto por la doctora HERMELINDA CASTELLANOS J., contra las decisiones tomadas por el Presidente del Consejo de Guerra Verbal en relación con su mandante, la señora MARÍA HERMINIA QUINTERO, en el caso de autos, estuvo bien denegado y, en consecuencia al recurrir de hecho, no se le concede la apelación por no ser procedente, todo lo cual por las razones expuestas en la parte motivada de esta providencia.  2º DISPONER que las presentes diligencias se envíen al inferior en orden a los fines legales consiguientes, como se dejó expuesto igualmente en la parte motiva.  3º Líbrense las comunicaciones que sean del caso”.

[18]   Este documento, en lo relativo a la exposición de los hechos expresa, entre otros aspectos, los siguientes: “Como base para la iniciación de las presentes sumarias, se cuenta con las copias remitidas por la Presidencia del Consejo Verbal de Guerra, de las partes pertinentes del proceso adelantado por la Brigada de Institutos Militares contra presuntos miembros de las 'Farc', en razón de hechos sucedidos el 18 de enero de 1.979, cuando en el sitio corinto comprensión municipal de Yacopí fue asaltada una patrulla del ejército con resultado de varios militares muertos y algunos vehículos dinamitados.  En el curso de la investigación, apareció comprometido en tales hechos el particular Carlos Alberto Linares Pérez quien confesó su participación, para luego retractarse con el argumento de que durante los días 17, 18 y 19 de enero de 1.979 había permanecido en la ciudad de Bogotá, cuya presencia en esta ciudad les podía constar entre otros a los funcionarios de la Caja de Crédito Agrario Av. Colón.  En consecuencia por intermedio de sus apoderados Dr. Didier Martínez Molina inicialmente y luego Dr. Eduardo Delgadillo Bravo, solicitó la práctica de pruebas que ratificaran su postrer versión con el resultado de que el señor Director del Banco aludido por oficio de agosto 13 de 1.979, certificó al Juez 47 de Instrucción Penal Militar el pago del cheque Nº 0244602 girado contra la cuenta corriente Nº 03-10635-8 en favor de Luis Armando Ochoa por la suma de ciento veinte mil pesos, adicionando un punto no preguntado por el instructor y que textualmente dice: '4º) Para el pago del presente instrumento, el titular de la cuenta se hizo presente para confirmar dicho cheque en la fecha indicada y en las horas de la mañana', refiriéndose obviamente al procesado Linares Pérez. Esta certificación fue ratificada por el Sr. Fabio Augusto Aranguren durante su testimonio del 14 de agosto de 1.979 y corroborada el 27 del mismo mes y año por José Alvaro Rodríguez Linarez, cajero de la entidad crediticia”.  En los Considerandos, el documento mencionado consigna, entre otros aspectos, los siguientes:  “El hecho puesto en duda en las presentes diligencias consiste en la presencia de Carlos Alberto Linares Pérez durante el 18 de enero de 1.979 en la oficina bancaria aludida, y la consecuente veracidad o nó de lo declarado por José Alvaro Rodríguez Linares y Fabio Augusto Aranguren ante el Juzgado 47 de Instrucción Penal Militar, así como de la certificación expedida por Aranguren para el mismo Despacho”.  “Sin embargo al ampliar su injurada ante el Juez 4º de Instrucción Criminal (f. 247), ratifica como verdadera su primera versión, ya que el señor Linares sí había estado en el Banco y que las amenazas contra su integridad personal y la de su familia ocurrieron después de declarar en el Juzgado de Instrucción Penal Militar lo anterior, siéndole solicitada la retractación.  Textualmente informa: 'Quiero manifestar, que la verdadera declaración fue la que rendí ante el Juzgado Cuarenta y Siete de Instrucción Penal Militar, porque el cierto (sic) que el cliente llamado CARLOS A. LINARES, estuvo presente en la oficina, el día 18 de enero de 1.979, no me explico porque la Justicia Militar no quiere aceptar la verdad de esa declaración y me han coaccionado a declarar lo contrario, o sea, que el señor LINARES no estuvo en la oficina cuando es verdad que sí estuvo ese día 18 de enero de 1.979 en las horas de la mañana dando la orden del pago del cheque por ciento veinte mil pesos y que se encuentra la consignación firmada por el mismo cliente señor CARLOS A. LINARES...'. La coacción a que alude la hace consistir en que fue trasladado a las dependencias militares donde personas encapuchadas lo presionaban para que cambiara su versión pues de lo contrario le iría muy mal 'que si no lo mataban, que me echaban a la cárcel de 14 a 16 años'.  En cuanto al pago del cheque por la suma de ciento veinte mil pesos, asegura que se equivocó al decir ante el Juzgado 47 de Instrucción Penal Militar que había tenido que pedir una remesa de tesorería, porque lo que había ocurrido realmente era que habían completado dicha suma con dinero existente en la bóveda de la oficina”.  “Por su parte también el a-quo realizó un acertado estudio, llegando a concluir reunidos los requisitos para dictar la medida prevista en el art. 491 del C. de P.P. en favor de los sindicados como en efecto resolvió al proferir el Sobreseimiento Definitivo materia de consulta”.  “En concepto que antecede, la Fiscalía 14 del Tribunal considera que: 'Ciertamente cuando se profirió el auto de detención en contra de los sindicados FABIO AUGUSTO ARANGUREN, ALVARO RODRÍGUEZ LINARES y el abogado EDUARDO DELGADILLO BRAVO, existían elementos de juicio idóneos para tomar tal determinación, derivados de las contradicciones que surgían entre lo relatado por los dos primeros y las comunicaciones del señor Director de la Caja Agraria y el señor Gerente 'De la Rue', por cuanto éstas dejaban sin piso jurídico, el hecho notorio que alegaron de haber tenido que solicitar remesa de dinero para poder pagar el cheque de los $120.000,oo a OCHOA, además de las inculpaciones mutuas de los acusados.  Pero ahora tenemos que aceptar que la situación de estos sindicados ha variado totalmente, por cuanto la diligencia de Inspección Judicial practicada por el señor Funcionario de Instrucción a las dependencias de la Caja Agraria de la Avenida Colón, despejó la incógnita o duda que existía, si el señor CARLOS ALBERTO LINARES PEREZ sí había estado consignando dineros y autorizando el pago del referido cheque a favor de Ochoa, para la fecha del 18 de enero de 1.979.  Como consta en dicha diligencia, se pudo apreciar el trámite regular que se dio tanto a la consignación como al pago del cheque por la suma de $120.000,oo.  Y como además de esta prueba, surgió otra de vital importancia, como fue la grafológica que complementó la evidencia de la presencia del citado LINARES PEREZ, fuerza es concluir que el oficio firmado por el director de la Agencia de la Caja Agraria, señor Fabio Augusto Aranguren, tachado de falso, perdía ese carácter de espúreo para darle paso a un hecho real.  Ahora bien, como de otra parte, las versiones encontradas de los sindicados ALVARO RODRIGUEZ LINARES y FABIO AUGUSTO ARANGUREN, tienen una explicación lógica, que son las torturas morales o sicológicas de que fueron víctimas estos ciudadanos, por parte de miembros de la Brigada de Institutos Militares, tal como se deduce de las manifestaciones de ARANGUREN, plenamente corroboradas por los involucrados CARLOS ALBERTO LINARES y MANUEL CASTILLO y las versiones de los profesionales que actuaban como defensores de aquéllos doctores JESÚS URREGO LÓPEZ y EDUARDO DELGADILLO, lógico y razonable es concluir que la prueba de cargo, perdió toda vigencia, frente a la testimonial y documental que se ha venido relacionando.  Pues, si hacemos un análisis amplio y objetivo de cuáles son esos elementos de juicio para formular la acusación, tenemos que llegar al resultado inequívoco, que están fundados en una presunción no de derecho, la cual fue totalmente eliminada por todas y cada una de las pruebas relacionadas en los apartes anteriores”.  “En verdad, considera la Sala que mucho se habría beneficiado la administración de justicia, si las comedidas peticiones del apoderado inicial de Carlos Alberto Linares Pérez, Dr. Didier Martínez se hubieran atendido oportunamente, por parte del Instructor, sin permitir el transcurso de un tiempo en el cual, lógico es pensar que las personas no retuvieran con exactitud lo ocurrido en el mes de enero de 1.979; y, también hubiera sido beneficioso que el Juez 47 de Instrucción Penal Militar, atendiendo el pedimento del Dr. Delgadillo Bravo, en vez de negar la práctica de Inspección Judicial, hubiese ordenado trasladarse a las oficinas de la Caja Agraria Av. Colón, donde iba a encontrar los documentos necesarios para establecer la veracidad de lo relatado por Linares Pérez, como en efecto ocurrió en este proceso”. “Lo que se afirme en contrario, no tiene respaldo probatorio alguno, cuando se negó por parte de los acusados la presencia de Linares Pérez en el Banco para el 18 de enero de 1.979, se les había privado de libertad y se les juzgaba como reos por el delito de rebelión, esta circunstancia por sí sola y apartando las torturas referidas en autos, lógicamente turbaba su sano raciocinio, de personas carentes de anotaciones delictivas en su prontuario del D.A.S. (f. 460) y vinculados desde un tiempo considerable a una entidad de la seriedad de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, pero si a ésto aunamos que todavía para abril 25 de 1.980 (f. 520) el cajero José Alvaro Rodríguez, quien confeccionó de su puño y letra la consignación que hizo Linares, este funcionario se altera visiblemente al recordar los vejámenes de que fue objeto por parte de los miembros de la justicia Militar, hasta el punto que rompe en llanto al tratar el tema, debemos llegar tal como lo hiciera por intermedio de sus agentes el Ministerio Público, y como lo hizo el a-quo en el auto estudiado a la conclusión de que si alguna vez Fabio A. Aranguren y José A. Rodríguez han faltado a la verdad, esto ocurrió cuando estaban presionados moral y sicológicamente y que su versión inicial ante el Juzgado 47 de Instrucción Penal Militar, se ajustó a la realidad de los acontecimientos, salvo el error en que incurrió el señor Aranguren, perfectamente explicable y susceptible de corroboración como sucedió al realizar la diligencia de inspección judicial negada por la justicia castrense”. Comparte en consecuencia la Sala el concepto de la Fiscalía 14 del Tribunal en el sentido de que se reúnen los presupuestos del art. 491, num. 2 del C. de P.P., para decretar en favor de los sindicados el Sobreseimiento de carácter definitivo y como ésto fuera lo resuelto por el a-quo en el auto que se consulta, se procederá a confirmarlo toda vez que se encuentra ajustado a derecho”.  Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, acogiendo el concepto del Ministerio Público, resolvió lo siguiente: “IMPARTIR CONFIRMACIÓN al sobreseimiento definitivo consultado”.

[19] Caso Nº 7375 correspondiente a las FARC.

[20]   Comunicaciones del Gobierno dirigidas a la Comisión el 15 de octubre de 1980 y el 22 de enero de 1981 en relación al caso Nº 7375.  El reclamante, dentro del trámite reglamentario de la Comisión, formuló observaciones a la contestación del Gobierno, en comunicación de 22 de diciembre del mismo año.  Las observaciones del reclamante, por referirse también al Derecho de Seguridad e Integridad Personal, figuran en el Capítulo IV del presente Informe.

[21]   La información del reclamante de 2 de febrero de 1981, fue transmitida por la Comisión al Gobierno colombiano en comunicación de 11 de febrero de 1981, siguiéndose el trámite reglamentario correspondiente.

[22]   En el Capítulo I del presente Informe, al analizarse la aplicación del Estatuto de Seguridad en relación con la del nuevo Código Penal, se hace referencia a este Consejo de Guerra Verbal.