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CAPÍTULO
XI
SITUACIÓN
DE LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
A.
ASPECTOS GENERALES
1.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos siempre ha concedido gran
importancia a la actividad que desarrollan en los países de América las
entidades de promoción y defensa de los derechos humanos.
Por ello, ha sido una política constante de la Comisión estimular la
creación de estas instituciones e impulsar sus labores, por considerar que
ellas pueden prestar un valioso servicio en la tarea de proteger y promover la
vigencia de los derechos humanos en el continente.
2.
En lo que atañe a Chile, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en su Informe Anual correspondiente a 1983-1984, expresaba:
Un
aspecto que es motivo de seria preocupación de la CIDH es el relativo a
diversas medidas y actitudes de altas autoridades gubernamentales en relación a
los organismos defensores de los derechos humanos.
La situación descrita a lo largo de este Informe ha incorporado a su
dinámica, como era previsible, a dichas instituciones.
Resulta imprescindible, a juicio de la Comisión, que ellas cuenten con
las facilidades de parte del Gobierno para el cumplimiento de sus delicadas
funciones. De allí que la Comisión requiera al Gobierno de Chile el máximo de
prudencia y ponderación en sus relaciones con los organismos defensores de los
derechos humanos y con las instituciones cuyas actividades tienen un contenido
humanitario.
3.
En Chile, en una importante medida, la labor de defensa de los derechos
esenciales de las personas ha sido posible debido a la actitud asumida por la
Iglesia Católica, la que ha adoptado las medidas necesarias para que esa labor
pueda desarrollarse dentro de su propia estructura.
4.
El primer organismo de esta naturaleza que surgió en Chile,
inmediatamente después del pronunciamiento militar, fue el Comité de
Cooperación para la Paz. Por
Decreto Arzobispal Nº 158-73, del 9 de octubre de 1973, el Cardenal Arzobispo
de Santiago, Raúl Silva Henríquez, creó una Comisión Especial de ayuda a los
necesitados, con el objeto de "atender a los chilenos que, a consecuencia
de los últimos acontecimientos políticos, se encuentren en grave necesidad
económica o personal". Se
señalaba, además, que dicha Comisión "procurará dar asistencia
jurídica, económica, técnica y espiritual". Asimismo,
el decreto arzobispal estableció que la Comisión debería establecer vínculos
con las instituciones de los demás credos religiosos para realizar en conjunto
una acción ecuménica en servicio de los perseguidos y damnificados por los
recientes acontecimientos.
5.
De ese modo nació el Comité de Cooperación para la Paz en Chile
(conocido también como Comité Pro Paz), organismo ecuménico, que se integró
por las iglesias Católica, Evangélica Luterana, Evangélica Metodista,
Ortodoxa, Pentecostal y la Comunidad Hebrea de Chile.
Sus primeros co-presidentes fueron el Obispo Católica, Auxiliar de
Santiago, Fernando Aristía Ruiz y el Obispo Luterano Helmut Frenz T. Como Secretario Ejecutivo fue designado el sacerdote jesuíta
Fernando Salas.
6.
Más tarde, al disolverse el Comité de Cooperación para la Paz en
Chile, por exigencias del Gobierno, el Cardenal Arzobispo de Santiago creó, en
enero de 1976, la Vicaría de la Solidaridad.
Este organismo es dependiente del Arzobispado de Santiago y hasta la
fecha ha venido desarrollando una trascendental labor en la defensa de los
derechos humanos.
7.
El 10 de diciembre de 1978 se fundó la Comisión Chilena de Derechos
Humanos. Evitando incurrir en
duplicaciones, la Comisión comenzó por utilizar documentos e informaciones de
la Vicaría de Solidaridad, a la vez que elaboraba sus propios archivos y
empezaba a publicar sus informes mensuales.
En corto plazo, la Comisión Chilena alcanzó identidad propia,
destacándose por la amplitud y pluralismo de su composición.
El Gobierno ha negado sistemáticamente reconocimiento legal a esa
entidad y en 1981 procedió a expulsar del país a su presidente y fundador, el
jurista Jaime Castillo.
8.
Junto a la importante labor que hoy cumplen en Chile en defensa de los
derechos humanos la Vicaría de Solidaridad y la Comisión Chilena de Derechos
Humanos, numerosas otras entidades han surgido con propósitos vinculados con la
defensa de derechos humanos.
9.
En el período cubierto por el presente Informe, los organismos de
defensa de los derechos humanos han padecido serios obstáculos y dificultades
para el cumplimiento de su importante labor.
A la exigencia en 1975 del Gobierno para que se disolviera el Comité Pro
Paz, deben agregarse el permanente hostigamiento de que han sido objeto los
principales dirigentes de esas entidades y diversos actos de amedrentamiento
dirigidos a esas entidades por parte de las autoridades del Estado.
Ello ha significado que la labor de estas instituciones haya tenido que
desarrollarse en un clima de inseguridad que la ha hecho difícil y aún
riesgosa.
B.
LA DISOLUCIÓN DEL COMITÉ PRO PAZ
10.
La tarea fundamental del Comité de Cooperación para la Paz estuvo
dirigida, en sus dos años de actividades, a la defensa jurídica de quienes
fueron sometidos a procesos judiciales, en particular, a los procesos ante los
Tribunales Militares de tiempo de guerra, así como de todos aquellos que fueron
arrestados por razones políticas, sin haber sido sometidos a proceso.
Por otro lado, el Comité Pro Paz desempeñó una importante acción en
la defensa jurídica de quienes perdieron su trabajo por razones políticas.
Igualmente, esa institución creó un servicio de asistencia médica
gratuita.
11.
El Comité Pro Paz prestó asesoría jurídica, entre octubre de 1973 y
diciembre de 1975 a un total de 6.994 casos de persecución política en
Santiago; 1.908 casos de persecución política en provincias; 6.411 casos de
despidos laborales por razones políticas; además, un total de 16.922 personas
se beneficiaron de la ayuda que recibieron a través del Programa Médico.
12.
En noviembre de 1975, el Gobierno junto con disponer la detención del
Jefe del Departamento Jurídico del Comité Pro Paz, señor José Zalaquett y de
uno de sus abogados, el señor Marcos Duffau, requirió la disolución del
propio Comité. Por medio de una
carta del 11 de noviembre de 1975, el General Augusto Pinochet se dirigió al
Cardenal Raúl Silva Henríquez, solicitando la disolución en los siguientes
términos:
Su
Eminencia Reverendísima
Don Raúl Silva Henríquez
Arzobispo de Santiago
PRESENTE
Eminencia:
He
querido hacer llegar a V. E. la profunda preocupación que me causa una
campaña, que ha alcanzado niveles que no podría ignorar, y cuyo objetivo
evidente es el de producir la equivocada impresión que existirían diferencias
entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y el Gobierno de Chile.
Esta
acción, desarrollada por los más diversos medios, ha sido impulsada por
terceros y sería un grave error para la armonía que debe existir entre la
Iglesia Católica y el Gobierno que presido, el permitir que estos sectores en
concomitancia con declarados enemigos de la Patria, continuaran e su nefasto
intento.
De fructificar estos hechos, muchos de ellos en forma artificial,
traería como resultado un doloroso efecto y el único perdedor sería
Chile.
De
lo anterior y tras un sereno análisis de los acontecimientos públicos y de sus
proyecciones tanto en el interior como en el exterior del país, nos lleva a
buscar las raíces de algunos de los acontecimientos, encontrándolas en el
Comité Pro-Paz.
Por
ello hemos considerado que el mencionado Organismo es un medio del cual se valen
los marxistas-leninistas para crear problemas que alteran la tranquilidad
ciudadana y la necesaria quietud, cuya mantención es mi deber principal de
gobernante.
Será,
pues, un positivo paso para evitar males mayores, el disolver el mencionado
Comité.
Frente
a esta situación, Eminencia, e invocando su buena comprensión, es que estimo
de toda conveniencia se adopten las medidas pertinentes a fin de que este
Organismo llegue a su término.
Lo
saluda con el afecto de siempre su invariable amigo que lo aprecia y distingue.
(fdo)
AUGUSTO PINOCHET UGARTE
General
de Ejército
Presidente
de la República
13.
La referida carta fue contestada por el Cardenal Raúl Silva Henríquez
en los siguientes términos:
Excelencia
He
recibido y considerado atentamente su comunicación de fecha 11 de noviembre,
referida a las actividades del Comité Pro-Paz y que plantea la conveniencia de
poner término a las mismas, en beneficio de la tranquilidad ciudadana.
Debo
manifestar primero, francamente, mi parecer en el sentido de que el Comité
Pro-Paz ha estado desarrollando, en medio de circunstancias muy difíciles, una
tarea asistencial de clara arraigambre evangélica y enmarcada en la
legislación vigente. El que la pureza del servicio prestado haya podido
ocasionalmente empañarse por la interposición de elementos ajenos a su sentido
originario es un riesgo inherente a toda obra de bien, de que ninguna
institución puede infaliblemente exonerarse. Las
informaciones de que dispongo fundamentan, en mi caso, un juicio global sobre la
acción del Comité, muy diferente del que trasuntan las palabras de V. E., a
cuyo tenor el mencionado Organismo sería simplemente un medio utilizado por los
marxistas-leninistas para alterar la quietud del cuerpo social.
Es cierto --como lo expresé públicamente, al celebrar su segundo
aniversario (30.10.75)-- que en ésta, al igual que en toda obra humana, se dan
limitaciones e insuficiencias; pero se dan también, y en medida prevalente,
nobles y sinceros empeños, coronados por una fecundidad que sólo Dios conoce,
aunque hemos podido apreciar sus destellos.
De ahí que no me sea posible compartir el juicio de V. E.
Con
la misma franqueza debo, enseguida, expresar mi convicción de que la medida
preconizada por V. E., en el sentido de que procedamos a disolver el Comité,
acarreará con toda probabilidad --dentro y sobre todo fuera de Chile-- daños
sensiblemente mayores que los que pretende evitar.
Honestamente quisiera, en esto, equivocarme; pero las tendencias y
experiencias hasta ahora disponibles apuntan inequívocamente en esa dirección.
Si así resultare, no será nuestra la responsabilidad.
Las
Iglesias que concurrimos a la formación del Comité hemos, sin embargo,
analizado el planteamiento de V. E. con todo el respeto y profundidad que la
investidura del exponente y la gravedad del caso requieren.
Teniendo en cuenta que las mejores intenciones chocan, a veces, con
imágenes o prejuicios insuperables, y que la eficacia de una obra de
misericordia se resiente cuando genera --sin pretenderlo-- animadversiones
desproporcionadas al bien que procura, hemos acordado aceptar esta exigencia del
Supremo Gobierno --con la expresa reserva de que la labor caritativa y religiosa
desplegada hasta ahora por el Comité, en favor de quienes sufren diversas
formas de pobreza, continuará desarrollándose dentro de nuestras propias y
respectivas organizaciones eclesiales, y siempre en un marco de fraterna
colaboración ecuménica.
Tales
Iglesias entienden contribuir así, con no escaso sacrificio, al afianzamiento
de una relación positiva y de recíproca comprensión entre el Gobierno y los
distintos credos religiosos, relación que estiman de máxima importancia para
las tareas de desarrollo y paz que con urgencia enfrenta nuestra Nación.
Los
trámites de disolución del Comité, y el cumplimiento de las obligaciones de
allí resultantes, demandarán, para su ejecución, un tiempo razonable.
V. E. estará oportunamente informado sobre el particular. Por nuestra parte, confiamos en que la sociedad y el Gobierno
que la presenta, sabrán acoger con espíritu ecuánime y reconocido, a quienes
abnegadamente pretendieron servir, desde el Comité, los altos intereses de la
misericordia.
Finalmente
hago presente a V. E. que la pluralidad de Iglesias que conforman el Comité y
de organismos que colaboran a su mantenimiento, os obliga a comunicar a todos
ellos el contenido de las cartas en que se ha cristalizado esta decisión; de
tal manera que su tenor no podrá permanecer privado.
El
sacrificio que esta decisión importa nos permite esperar que, en tiempo no
lejano, le será restituida a la jurisdicción civil su plena competencia en las
materias hasta ahora objeto de la acción del Comité, con la consiguiente
creación de un ambiente de paz social en el país, y de una imagen
extraordinariamente positiva en el extranjero.
Saluda
a V. E. con sentimiento de particular estima su affmo. servidor,
(fdo)
+RAÚL
CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ
ARZOBISPO
DE SANTIAGO
14.
El Comité Pro-Paz cesó en sus actividades el 31 de diciembre de 1975.
C. EXPULSIONES, DETENCIONES SIN
DEBIDO PROCESO Y RELEGACIONES DE DIRIGENTES DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
15.
El Gobierno y los servicios policiales y de seguridad no han vuelto a
adoptar medidas directas contra los organismos defensores de derechos humanos
como tales, luego de la disolución del Comité Pro-Paz; en cambio, sí lo han
hecho contra sus dirigentes, quienes muchas veces han debido sufrir expulsiones
del país y prohibiciones de ingreso, detenciones sin cargos o debido proceso y
relegaciones decretadas administrativamente.
A juicio de la Comisión, estas medidas constituyen en la práctica, un
entorpecimiento ilegítimo a la acción que tales organismos desarrollan y
contribuyen a crear un estado de indefensión en las personas.
a.
Expulsiones del País y Prohibiciones de Ingreso
16.
En el mes de octubre de 1974, el Ministerio del Interior prohibió el
ingreso al país y revocó el permiso de permanencia definitiva al Obispo
Evangélico Luterano Helmut Frenz, quien en esa época se desempeñaba como
Co-presidente del Comité de Cooperación para la Paz en Chile.
17.
Como se señaló en el capítulo sobre el derecho de residencia y
tránsito, el 12 de abril de 1976, fue expulsado del país el abogado José
Zalaquett Daher, Jefe del Departamento Jurídico del Comité de Cooperación
para la Paz en Chile. Desde ese
entonces, se le ha prohibido indefinidamente su ingreso al territorio chileno. Esta medida se adoptó luego de encarcelarlo, durante tres
meses, en el Campamento de Tres Alamos.
18.
El 6 de agosto de 1976, tal como se expresó igualmente en el capítulo
sobre el derecho de residencia y tránsito, el Gobierno de Chile expulsó del
país a los abogados Jaime Castillo y Eugenio Velasco que se habían destacado
por su defensa de los derechos humanos y quienes, con motivo de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos celebrada en Santiago,
hicieron llegar a la OEA importantes antecedentes sobre la situación de los
derechos humanos en Chile. Ambos
profesionales se desempeñaban también como colaboradores de la Vicaría de la
Solidaridad del Arzobispado de Santiago. El
Gobierno de Chile acusó a los señores Castillo y Velasco de representar un
peligro para la seguridad del Estado, sin especificar los elementos que
respaldaban tal juicio.
19.
El señor Jaime Castillo, a quien se le autorizó el regreso a Chile en
1978 y que posteriormente fue designado Presidente de la Comisión Chilena de
Derechos Humanos, fue nuevamente expulsado del país el 11 de agosto de 1981
habiéndose posteriormente autorizado su regreso.
20.
En octubre de 1984, la medida de prohibición de ingreso al país fue
adoptada, una vez más, contra un alto personero de las organizaciones de
derechos humanos al impedirle regresar a Chile al Vicario de la Solidaridad del
Arzobispado de Santiago, Monseñor Ignacio Gutiérrez.
21.
El 27 de diciembre de 1984 fue expulsado el sacerdote Denis O'Mara,
dirigente del Movimiento Contra la Tortura "Sebastián Acevedo",
aduciéndose como motivo de ello el que ese sacerdote repartió a las salidas de
misa tarjetas de Navidad con una leyenda contra la tortura.
b.
Detenciones y Arrestos sin Debido Proceso
22.
Durante el período cubierto por este Informe, han sido numerosos los
arrestos practicados por orden del Gobierno contra personas vinculadas
directamente a la tarea de defensa de los derechos humanos.
23.
En noviembre de 1975 el Gobierno arrestó dos abogados del Comité de
Cooperación para la Paz en Chile, y los recluyó en el Campo de Detenidos Tres
Alamos. Ellos fueron José
Zalaquett, ya mencionado anteriormente, y Marcos Daffau encargado de la defensa
de los detenidos por el Gobierno en virtud del estado de sitio.
A ninguno de ellos se les formularon cargos judiciales, y permanecieron
tres meses recluidos en calidad de prisioneros del Gobierno.
Como ya se expresara, José Zalaquett fue expulsado del país e impedido
de retornar hasta el día de hoy. Marcos
Daffau fue dejado en libertad. La
detención de estos dos prominentes abogados del citado organismo tuvo lugar
pocos días antes que el General Pinochet requiriera al Cardenal Silva
Henríquez la disolución del Comité de Cooperación para la Paz en Chile.
24.
El 12 de mayo de 1976 fue detenido en su hogar el abogado de la Vicaría
de la Solidaridad, señor Hernán Montealegre, y llevado al Campamento Cuatro
Alamos, donde se le mantuvo en estricto estado de incomunicación durante 17
días.
El Gobierno de Chile, a través de una declaración de la Dirección de
Comunicación Social, acusó al abogado Montealegre de pertenecer al Partido
Comunista, de haber sido detenido en una casa buzón usada por ese partido, de
poseer documentos en los que se atacaba al Gobierno y de mantener contactos con
los servicios de inteligencia de Cuba. El
Arzobispado de Santiago, declaró el 15 de julio de 1976 que:
el
señor Hernán Montealegre es un distinguido jurista a quien la Iglesia
Católica le ha pedido su colaboración para prestar asistencia jurídica a los
más necesitados de ella. Ha
cumplido esa misión en forma sobresaliente, ajustada siempre a las normas de la
Iglesia y al ordenamiento legal vigente. La
Iglesia no conoce motivo alguno para cuestionar su autenticidad cristiana, y
sólo tiene palabras de reconocimiento por su testimonio profesional y humano.
25.
Más adelante refiriéndose a las acusaciones formuladas por el Gobierno,
la declaración del Arzobispado señalaba:
entre
los antecedentes que se alegan para justificar su arresto e inculpación,
sobresale un "informe" de la Vicaría de la Solidaridad a la Corte
Suprema, informe que --a tenor de la declaración oficial-- constituiría un
ataque contra el Gobierno de Chile, basado en invenciones y suposiciones.
Se acusa al señor Montealegre de tener dicho informe en su casa y de
haber dirigido el grupo de abogados que lo redactó.
El documento en referencia fue presentado al Presidente de la Corte
Suprema el 28 de febrero del año en curso, con la firma y bajo la
responsabilidad del Monseñor Enrique Alvear Urrutia, Obispo auxiliar de
Santiago, y subrogante entonces de la Vicaría de la Solidaridad.
Se trata de un ejercicio del derecho de petición consagrado en la Carta
Fundamental, mediante el cual se representan ante el supremo tribunal, una serie
de anomalías jurídicas, prolijamente documentadas, solicitando se arbitre
medidas para su corrección. El
documento tiene carácter público y cualquier persona puede solicitarlo a la
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia.
26.
Después de seis meses de encarcelamiento en el Campo de Tres Alamos, y
sin que se le hubiese formulado acusación judicial alguna que justificase tal
hecho, Hernán Montealegre fue liberado por el Gobierno en el mes de noviembre
de 1976, junto con el resto de los ocupantes de ese campo, con motivo de una
liberación masiva.
27.
El 10 de diciembre de 1981, agentes de la policía de seguridad del
Gobierno de Chile arrestaron a Germán Molina Valdivieso y a Pablo Fuenzalida
Zegers, dirigentes de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Las detenciones tuvieron lugar a la salida de la sede de ese organismo,
en Santiago, luego de participar en un acto de celebración del 33º Aniversario
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el tercer aniversario de
la creación de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
28.
Ambos dirigentes fueron recluidos en cárceles secretas de la Central
Nacional de Informaciones, donde permanecieron hasta el 14 de diciembre de ese
mismo año; en ese lugar, Pablo Fuenzalida denunció haber sido torturado, lo
que motivó la interposición de una denuncia ante los tribunales militares
contra los funcionarios de la CNI. El
14 de diciembre de 1981 fueron puestos a disposición de los tribunales
militares, acusados de cometer delitos contra le ley de Control de Armas; el 19
de diciembre, la Segunda Fiscalía Militar de Santiago decretó la libertad de
los detenidos, por no existir méritos en su contra. Frente a ello, el Gobierno acusó de inmediato a esos
dirigentes, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, de cometer delitos contra
la Seguridad del Estado y de violar las normas que prohiben toda la actividad
política. Permanecieron detenidos
116 días, y fueron condenados por violar el receso político.
c.
Relegaciones
29.
En diciembre de 1984, el Gobierno de Chile arrestó al Presidente de la
Comisión Chilena de Derechos Humanos en Arica, señor Juan Restelli, al Jefe de
Comunicaciones de ese organismo, señor Héctor Mérida y al Jefe del
Departamento Jurídico, señor Raúl Iturriaga.
Todos ellos fueron relegados posteriormente por orden del Gobierno.
Estos arrestos tuvieron lugar el 23 de diciembre y los tres pasaron la
noche de Navidad camino a la relegación. En
la misma fecha, el Gobierno arrestó al Presidente de la Comisión Chilena de
Derechos Humanos de Iquique, abogado Germán Valenzuela; al Secretario
Ejecutivo, abogado Ernesto Montoya; y al abogado de la misma organización,
Samuel Rivas. Ellos también fueron relegados a distantes lugares.
30.
En el mes de agosto de 1985, el doctor Pedro Castillo, Presidente de la
Comisión Chilena contra la Tortura, fue relegado a la escasamente poblada isla
de Melinka, en el archipiélago de Los Chonos, en el sur de Chile.
D. AMENAZAS Y AMEDRENTAMIENTOS A
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y SUS DIRIGENTES
31.
En diversas oportunidades, funcionarios del Gobierno de Chile han
expresado severas críticas a la acción que desarrollan los organismos de
derechos humanos, atribuyéndoles intenciones políticas, e incluso complicidad
con actividades terroristas.
32.
Así, por ejemplo, el Director General del Servicio de Investigaciones,
General del Ejército Fernando Paredes Pizarro, en una conferencia sobre el
terrorismo pronunciada el 24 de agosto de 1982, en la Academia Diplomática
Andrés Bello del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se refirió a
los derechos humanos y a los organismos de defensa de tales derechos, incluyendo
en esa oportunidad conceptos como los que se transcriben a continuación:
La
Carta de los Derechos Humanos es usada abiertamente para proteger a los
extremistas y agentes subversivos, y a la vez, denigrar a estadistas e
instituciones tan respetables como el poder judicial. En
este juego de utilizar fundamentos jurídicos que son propios del mundo
occidental y democrático, los comunistas se han visto inesperada y eficazmente
ayudados por personas (para decirlo suave), tal vez bien intencionadas, pero
extraordinariamente ¡ingenuas!, tal como ocurre con algunos altos dignatarios
de respetables instituciones e incluso por líderes de algunos de los
principales países del mundo occidental.…
El
combate contra el terrorismo le presenta a Investigaciones y a la CNI,
innumerables y graves dificultades las que emanan principalmente de que los
terroristas poseen una notable preparación en materia de contra-inteligencia
… Además, como lo han demostrado los hechos, si se ven en dificultades,
cuentan con la protección de todos los sujetos que profesen la ideología
marxista, y tienen además la eficiente colaboración y ayuda que les
proporcionan algunos miembros de respetables instituciones religiosas a través
de ciertas vicarías denominadas de solidaridad, que disponen de abogados
marxistas para dar oportuna y gratuita asistencia jurídica a quienes son
procesados por terroristas o cómplices.
[12]
33.
El 17 de agosto de 1984, el General Pinochet, después de señalar que la
ola de violencia que se registra en Santiago y otros puntos del país nacía del
Partido Comunista, afirmó:
Sin
embargo, es difícil aplicar sanciones legales.
Cada vez que es detenido un terrorista, de inmediato aparecen los
abogados de la Vicaría de la Solidaridad, con los respectivos recursos de
amparo. Algunos de estos abogados
son reconocidamente comunistas.
34.
A raíz de las anteriores declaraciones, los abogados del Departamento
Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, presentaron en agosto de 1984 un
recurso de protección ante el Colegio de Abogados, expresando que:
Las
aseveraciones anteriormente referidas, dentro del contexto en que se formularon,
significan un rechazo y condena, de parte de quien ostenta actualmente el Poder
Ejecutivo, a la acción profesional de quienes nos desempeñamos como abogados
de la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago ... La amplia
divulgación, tanto en el país, como en el extranjero de los juicios
comentados, puede llevar a quien los lea a la convicción de su veracidad, e
inducir a cualquier persona convencida, a llegar al extremo de realizar un acto
que pudiere afectar nuestra integridad física o síquica.
Hacemos presente al H. Directorio que ya en oportunidades anteriores
algunos de nosotros hemos sido víctimas de amenazas, atentados y otros actos
ejecutados, sin lugar a dudas, dada nuestra condición de abogados defensores de
los derechos humanos.
35.
El Colegio de Abogados, en acuerdo adoptado el 27 de agosto de 1984,
declaró su apoyo a los abogados de la Vicaría de la Solidaridad en los
siguientes términos:
Frente
a las acusaciones de que frecuentemente son objeto los abogados que toman a su
cargo la defensa de personas acusadas de cualquier tipo de delitos, el Colegio
de la Orden se hace un deber en recordar a la ciudadanía los principios que
inspiran el orden jurídico y moral en esta materia.
1º
La Constitución Política de 1980 consagra expresamente entre las
garantías esenciales de toda persona, su derecho a defensa jurídica,
señalando que ninguna autoridad o individuo podrá restringir o perturbar la
debida intervención del letrado si hubiere sido requerida (Artículo 19 Nº 3,
inc. 2º).
2º
El Código de Ética Profesional señala que la esencia del deber
profesional del abogado es defender con estricto apego a las normas jurídicas y
morales, los derechos de su cliente (Artículo 1º), debiendo servir a su
defendido con eficacia y empeño para que haga valer sus derechos (art.
25).
3º
El Código Orgánico de Tribunales se encarga, asimismo, de señalar que
los abogados son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad
de defender ante los Tribunales de Justicia los derechos de las partes
litigantes.
4º
Los principios constitucionales, éticos y legales señalados son fiel
reflejo de un derecho fundamental de todo ser humanos en los Estados Modernos,
cual es, tener derecho a asesoría y defensa letrada, cuando se le imputa --con
razón o sin ella-- la comisión de cualquier delito.
El abogado es el encargado de hacer valer ante el Tribunal las
circunstancias que, conforme a la ley, favorezcan a su cliente, sean
circunstancias eximentes de responsabilidad, atenuantes o de otra naturaleza.
Es la Justicia la que en definitiva debe decidir sobre la base de los
antecedentes que arroje la Investigación y el proceso.
5º
Estamos seguros que ningún ciudadano del país estaría conforme en
verse privado de asistencia legal,
si las circunstancias del destino lo enfrentaren a una acción penal en su
contra; por lo mismo, es necesario comprender que los abogados que asumen la
defensa de personas inculpadas de delitos, cumplen con un deber profesional, que
permite al inculpado ejercer su derecho de defensa jurídica y no se trata de
que el abogado apoye o solidarice con el delito.
6º
Los principios jurídicos y consideraciones anteriores
alcanzan, por cierto, a las situaciones que causan procesos de
connotación política. Con
relación a ello, concluimos que es inaceptable identificar la tarea profesional
de los letrados defensores con su adhesión al pensamiento o a la conducta de
sus defendidos.
36.
Las declaraciones de las más altas autoridades chilenas en contra de los
organismos de defensa de los derechos humanos, además de representar un serio
obstáculo a la meritoria labor que ellas cumplen, han generado un ambiente
hostil de parte de ciertos sectores en contra de tales organismos. En la práctica ello ha significado que sus dirigentes y
funcionarios deban desarrollar sus actividades en condiciones precarias y, a
veces, con riesgos para su propia seguridad.
Muchas de esas personas han sido objeto de graves amenazas personales,
otras, especialmente sacerdotes y laicos que colaboran con la Iglesia en tareas
vinculadas a la defensa de los derechos humanos, han sido objeto de secuestros y
agresiones;
algunas han sufrido atentados de bombas,
e incluso han sido asesinadas, como aconteció con el funcionario de la
Vicaría de la Solidaridad, señor José Manuel Parada Maluenda.
E.
CONCLUSIONES
37.
Surge de lo expuesto en este capítulo que, a través de todo el proceso
iniciado el 11 de septiembre de 1973, las autoridades chilenas han seguido una
sostenida pauta de conducta dirigida a obstaculizar y aun impedir las labores de
los organismos que se encargan de la defensa de los derechos humanos por
considerarlas políticamente motivadas. Esa
consideración por parte de las más altas autoridades, las ha conducido a
provocar la disolución del primer organismo que se fundara en Chile para la
protección de los derechos humanos. Con
posterioridad, toda la gama de recursos a disposición del Gobierno ha sido
empleada contra dirigentes de esos organismos:
expulsiones del país, detenciones sin proceso y relegaciones
administrativas. El ambiente de
hostilidad generado por el Gobierno ha facilitado acciones intimidatorias y
hasta terroristas por parte de grupos no identificados que comparten la
percepción fundamental de éste respecto a la actividad de esas instituciones;
prácticamente ninguna de esas acciones ha sido aclarada aún por el Gobierno.
Todo ello configura un cuadro que suscita una enfática condena por parte
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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