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ADMISIBILIDAD
1.
La queja satisface los requisitos formales de admisibilidad
prescritos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
Reglamento de la Comisión. De
conformidad con el artículo 47.b de la Convención, la Comisión es
competente para examinar este caso porque alude a hechos que tienden a
establecer una violación de los derechos humanos consagrados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
2.
De conformidad con los requisitos prescritos en los artículos 46.c y
47.d, respectivamente, de la Convención, la materia de la petición o
comunicación no está pendiente de otro procedimiento de arreglo
internacional, ni es duplicación de una petición anterior examinada ya por
la Comisión. El Gobierno ha
indicado en su comunicación del 4 de diciembre de 1990 que este asunto había
sido elevado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para
su estudio. La Comisión
Interamericana respondió en su oportunidad que en virtud de que el mandato
de la Comisión de las Naciones Unidas abarcaba situaciones generales de los
derechos humanos, su consideración no la inhibía del trámite del caso en
el presente infor
3.
La petición original fue presentada el 29 de agosto de 1988.
Conforme a la documentación remitida por el Gobierno, el 29 de
octubre de 1985 se había iniciado un juicio penal militar para investigar
las circunstancias de la muerte de Manuel Bolaños.
La investigación permanecía abierta en el momento en que se remitió
la petición. De conformidad
con lo que prescribe el artículo 46.1.b de la Convención, la petición fue
presentada a tiempo.
4.
De conformidad con el artículo 46 de la Convención Americana,
debieron haberse interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna.
La información ante la Comisión demuestra que los peticionarios
intentaron invocar tales recursos de jurisdicción interna y obtener la
información necesaria para interponer y agotar plenamente los mismos.
Los reclamantes presentaron las peticiones de habeas corpus
ante las autoridades municipales de Esmeraldas, y fueron denegadas.
La información recibida por la Comisión indica que dichas
peticiones fueron remitidas después de que Manuel Bolaños falleciera en
custodia y mientras presuntamente se estaba llevando a cabo una investigación
sobre las circunstancias de su muerte. Sin embargo, las peticiones fueron denegadas y, según se
alega, una de ellas fue objeto de un retardo de un año.
5.
En lo que respecta al rechazo de las peticiones, cabe recordar que en
el párrafo 67 de la sentencia del 29 de julio de 1988 de Velásquez Rodríguez,
se hace referencia a que "el mero hecho de que un recurso no produzca
un resultado favorable para el peticionario no demuestra de por sí la
inexistencia o el agotamiento de todos los recursos de jurisdicción interna".
En este caso, según los propios datos del Gobierno, Manuel Bolaños
había fallecido el 16 de octubre de 1985 mientras estaba bajo la custodia
de agentes estatales. Los
documentos que forman parte del expediente del juicio penal militar indican
que el Tercer Comisario de Policía de Esmeraldas participó en la inspección
oficial del lugar del deceso el 23 de octubre de 1985.
Además, el 6 de noviembre de 1985, en vista de que se había
iniciado el juicio penal militar, el Comisario remitió al Juez Penal
Militar Herrera los documentos originales donde se habían registrado todas
las medidas adoptadas bajo su autoridad en relación con la muerte del señor
Bolaños. Esto indica que el
recurso de habeas corpus, normalmente el más eficiente para
localizar y determinar la situación de una persona presuntamente detenida
por las autoridades, resultó ser funcionalmente inoperante en este caso.
En cuanto al presunto retardo de aproximadamente un año descrito por
los peticionarios en la tramitación de uno de dichos recursos, esto indica
nuevamente que los recursos de la jurisdicción interna pertinentes a este
caso no resultaron apropiados y no fueron eficaces.
6.
El requisito de agotar los recursos de la jurisdicción interna da al
Estado aludido la oportunidad de resolver una situación antes de invocar
los recursos complementarios del sistema interamericano de derechos humanos.
Los recursos que normalmente son eficientes para localizar o
determinar la situación de un detenido fueron, en este caso, ineficaces y
sujetos a retardo injustificado. Por
consiguiente, la Comisión interpreta que los recursos de jurisdicción
interna fueron suficientemente invocados en este caso y que, de conformidad
con lo que prescribe el artículo 46.2, no es aplicable el requisito de que
se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna.
El Gobierno no ha impugnado la admisibilidad de este caso sobre la
base de que no han sido agotados los recursos de la jurisdicción interna.
7.
En octubre de 1994, la Comisión se puso a disposición de las partes
a efectos de facilitar una solución amistosa de este caso, en conformidad
con el artículo 48.f de la Convención Americana.
La carta de la Comisión del 12 de octubre de 1994 dirigida al
Gobierno especificaba un período de 30 días para este proceso.
La nota posterior de la Comisión, de 23 de noviembre de 1994,
recordaba que el Gobierno había indicado su disposición favorable a una
solución amistosa de este caso en las conversaciones mantenidas en ocasión
de la visita de la Comisión a Ecuador.
Sin embargo, la Comisión observó que se requeriría la notificación
escrita de las medidas específicas adoptadas a este respecto en forma
inmediata --en un plazo de diez días-- a efectos de que la Comisión
considerase que el proceso de solución amistosa continuaba abierto.
El Gobierno respondió con una nota fechada el 26 de diciembre de
1994 en la que declaraba brevemente que el Ministerio de Relaciones
Exteriores estaba procurando una solución rápida y definitiva del caso, y
se había comunicado a tales efectos con la policía y las autoridades
judiciales. No se ha recibido
ninguna otra información. Dado
que el Gobierno declinó durante varios meses sugerir cualquier medida específica
para resolver amistosamente este caso, la Comisión no tiene otra
alternativa que considerar que el proceso de solución amistosa ha caducado
por inacción.
CUESTIONES DE FONDO
Artículo 7
8.
El artículo 7 de la Convención Americana establece en la parte
pertinente que:
1.
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas
y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas
de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
....
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante
un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales...
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un
juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la
legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad...
....
En este caso se ha demostrado que efectivos de la Armada ecuatoriana
entraron a la casa de la hermana del señor Bolaños, se lo llevaron bajo
custodia y lo transportaron a la base naval de Balao, donde permaneció
hasta su deceso. Al parecer, no
se presentaron órdenes de allanamiento o de arresto.
Las declaraciones de los peticionarios indican que en el momento en
que se llevaron a los hombres de la casa, el propósito alegado de la
detención era verificar sus documentos de identidad.
9.
El artículo 19 (17) (g) de la Constitución ecuatoriana establece en
la parte pertinente que:
Nadie
será privado de su libertad sino en virtud de orden escrita de autoridad
competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas
por la ley, salvo delito flagrante...
En el Código de Procedimiento Penal del Ecuador se incluyen
estipulaciones específicas en relación con la detención.
De los artículos pertinentes, el 172 se refiere a la detención
preventiva por orden judicial. El
artículo 174 autoriza la aprehensión en el caso de un delito flagrante (definido
en el artículo 175 como un delito cometido en presencia de una persona o
personas, o descubierto inmediatamente después de haber sido cometido, si
el autor es aprehendido portando armas, instrumentos o documentos relativos
al delito que se acaba de cometer). El
artículo 176 prescribe que nadie podrá ser aprehendido salvo por agentes
autorizados por la ley. La
aprehensión por parte de otras personas sólo está autorizada:
en el momento en que esté por cometerse un delito; en el caso de un
fugitivo bajo sentencia o sujeto a una orden de detención; en el caso de
una persona acusada, enjuiciada o sentenciada que haya escapad
La persona aprehendida en esas circunstancias deberá entregarse
inmediatamente a un agente de la policía nacional, la policía judicial, o
en su caso, al Teniente Político.
10.
En este caso, parece evidente a la luz de lo remitido por los
peticionarios y el Gobierno que no se había emitido una orden judicial para
el arresto o la detención de Manuel Bolaños.
La información contenida en el expediente enviado por el Gobierno
indica repetidas veces que el señor Bolaños fue aprehendido y detenido en
relación con una investigación que estaban llevando a cabo las autoridades
navales sobre el asesinato del oficial Arturo Sotomayor acaecido el 12 de
octubre. El señor Bolaños fue
detenido varios días después, en casa de su hermana.
Los hechos, tal como están expuestos, indican que no se trató de un
caso en el que la aprehensión, sin previa orden judicial, fuera autorizada
por la ley. Es más, los
agentes que aprehendieron al señor Bolaños no estaban autorizados por la
ley a desempeñar esa función. La Comisión deduce de la información que le ha sido
remitida que la aprehensión y la detención de Manuel Bolaños se llevó a
cabo en contravención de los requisitos sustanciales y de procedimiento de
la Constitución ecuatoriana, y de las leyes establecidas al respecto.
11.
El artículo 7.6 de la Convención Americana prescribe que "Toda
persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su
arresto o detención..." El
artículo 19 (17) (i) de la Constitución ecuatoriana prescribe en la parte
pertinente que: "Toda persona que creyere estar ilegalmente privada de
su libertad podrá acogerse al habeas corpus.
Este derecho lo ejercerá por sí o por interpuesta persona, sin
necesidad de mandato escrito, ante el Alcalde o Presidente de Consejo bajo
cuya jurisdicción se encontrare...".
La Constitución exige que la autoridad municipal ordene de inmediato
la presentación del detenido y la orden que autoriza la privación de la
libertad. Además, los
encargados de los centros de detención están obligados por la Constitución
a cumplir con lo allí estipulado sin excusa alguna.
12.
El arresto y detención ilegal que tuvo lugar en este caso,
aparentemente sin orden judicial por agentes no autorizados por ley,
manteniendo al detenido en un lugar irregular, presuntamente impidió al
detenido el acceso a los medios y recursos legales para ejercer su derecho
por cuenta propia. El derecho a
peticionar que se determine la legalidad de la detención es la garantía
fundamental de los derechos constitucionales y humanos de todo detenido en
el caso en que haya sido privado de la libertad por el Estado.
Cabe destacar asimismo que, conforme a lo expuesto por los
peticionarios, hubo un prolongado retraso en la tramitación del habeas
corpus en este caso. El
Gobierno no ha suministrado información sobre las peticiones de habeas
corpus remitidas en este caso. La
Comisión observa que este presunto retraso en la tramitación de un recurso
de habeas corpus constituye una contravención de las leyes
nacionales y de lo que prescribe el artículo 7 de la Convención Americana.
Artículo 1
13.
El artículo 1 de la Convención Americana establece la obligación
de los Estados partes, primero de respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y, segundo, garantizar el libre y pleno ejercicio de
esos derechos a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
Esta última obligación que prescribe el artículo 1, específicamente:
implica
el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental
y... las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del
poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir,
investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la
Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del
derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos
por la violación de los derechos humanos.
(Velásquez Rodríguez,
párrafo 166).
14.
El expediente del caso remitido por el Gobierno contiene 83 páginas
de documentos relacionados con la investigación sumaria efectuada por el
Juzgado de Instrucción en el juicio penal militar 004/85 iniciado el 29 de
octubre de 1985 y terminado el 31 de mayo de 1989.
En la orden del Juez Penal Militar Romero por la que se inicia la
investigación sumaria se indica que el señor Bolaños falleció por causas
desconocidas mientras miembros del servicio de inteligencia se disponían a
interrogarlo. Se ordenó una
investigación para identificar a los autores y sus cómplices, dado que los
hechos constituían un delito punible en virtud del Código Penal Militar.
(Expediente, página 3). En
una carta del 18 de octubre de 1985, el Juez Romero había solicitado al
Tercer Comisario Nacional de la Policía de Esmeraldas que remitiese
información sobre todas las medidas practicadas por su oficina en relación
con el asunto. (Expediente, página 6).
En la respuesta, fechada el 6 de noviembre de 1985, se remitieron las
copias originales del acta que identifica el lugar del deceso, el acta que
registra que se retiró el cadáver, y el protocolo de la autopsia. (Expediente,
páginas 7-11).
15.
En una nota del 25 de febrero de 1986, el Juez Romero solicitó al
Director de Inteligencia Naval que proporcionase los nombres del personal
que participó en la investigación del caso Sotomayor bajo las órdenes del
oficial Fausto Morales. (Expediente,
página 12). En la respuesta,
con fecha 27 de febrero de 1985 y con el sello "CONFIDENCIAL",
figura la lista del personal naval enumerado a continuación, como
participantes de la investigación:
Fausto Morales V.
Carlos Albuja
Agustín Novillo L.
Segundo Castillo Ch.
Raúl Coello R.
Marco Pacheco P.
Vicente Alvarado
Gracián Villota M.
Luis Chacón R.
Jorge Guerrero C.
Manual Plua G.
y Guillermo Reyes M.
(Expediente, página 13). En
notas del 6 de marzo de 1986, 21 de abril de 1986 y 19 de junio de 1986, el
Juez Romero solicitó a Inteligencia Naval que hiciese comparecer a siete de
los nombrados para prestar declaración.
(Expediente, páginas 15, 23 y 25).
En dos ocasiones, el Director de Inteligencia Naval respondió que el
personal nombrado estaba en una misión y que se presentaría unos días más
tarde. (Expediente, páginas
21, 24). En una comunicación
del 22 de abril de 1986, el Director indicó que dos de los agentes se
presentarían ese día; no obstante, al 4 de julio de 1986, los documentos
registran que ninguna de las siete personas se había presentad
(Expediente, páginas 24, 26).
16.
El 8 de julio de 1986 se remitieron las declaraciones de los
Comandantes Gracián Villota M., y Luis Chacón Romero, Carlos Albuja ,
Segundo Castillo Ch., Fausto Morales V., Vicente Alvarado, Marco Pacheco F.,
y Gustavo Proano Garaicoa. El
expediente contiene además una copia de un informe de fecha 29 de octubre
de 1985, redactado por el oficial Chacón Romero, en relación con la
investigación del caso Sotomayor. Tras
nuevas solicitudes del juez, el 14 de julio de 1986, Guillermo Reyes M., y
Baltar Enrique Prias prestaron declaración.
17.
Pese a que el juez había solicitado explícitamente que se
presentasen Agustín Novillo L., y Raúl Coello R., en el expediente no hay
indicio alguno de que se hayan presentado.
Según el expediente, tampoco suministraron información Jorge
Guerrero C., ni Manuel Plua G., en relación con su participación en la
investigación del caso Sotomayor.
18.
El 16 de abril de 1986, el Director de Inteligencia Naval remitió al
Juez Penal Militar la lista de nombres de las personas detenidas el 16 de
octubre de 1985 en la operación de Esmeraldas:
Fredy Rubing García Carreño
José Delgado Bone
Jimmy Moreno Nazareno
Enrique Torres García
Agapito Granja Castillo
José Caicedo Medina
Miguel Gabriel Mosquera
Betancourt
Víctor León Acosta Caicedo
Manuel Adolfo Loave Satizábal
Onesio Segundo Mera Salas
Juan Klever Mora Begne
Oscar Aníbal Becerra Rojas
Guber Mina Achillie
En septiembre de 1987 se determinó que se debía localizar a estas
personas para que prestasen declaración.
Se solicitó a Inteligencia Naval que las hiciese presentes, aunque
en la solicitud se omitió uno de los nombres:
Guber Mina Achillie.
19.
En virtud de la solicitud del Juez Penal Militar, el 28 de octubre de
1987 el Teniente Albuja Obregón remitió copias de las declaraciones
tomadas a los detenidos en relación con la investigación del caso
Sotomayor. Sólo figuran ocho
declaraciones en el expediente. De
las personas nombradas en la lista de Inteligencia Naval, el expediente
contiene las declaraciones de José Delgado Bone, Jimmy Moreno Nazareno,
Enrique Torres García, Agapito Granja Castillo y Juan Klever Mora Begne.
Las otras tres declaraciones son las de los detenidos Willyam Antonio
España Ordoñez, Nicasio Bonifacio Angulo Jama y Telmo Fernando Montaño
García. Solamente en dos declaraciones figura la fecha en que fue tomada
(16 de octubre de 1985).
20.
El expediente registra que al 10 de diciembre de 1987, no se había
llevado a ninguno de los detenidos a declarar en relación con la
investigación de la muerte de Manuel Bolaños.
21.
El Estado tiene la obligación de investigar toda situación que
entrañe una violación de los derechos humanos consagrados en la Convención. Si el aparato estatal actúa en forma tal que la violación
no es castigada y no se restablece con prontitud el pleno goce de esos
derechos de la víctima, no ha cumplido con su obligación de garantizar el
libre y pleno ejercicio de esos derechos a las personas que están bajo su
jurisdicción.
(Caso Velásquez
Rodríguez, párrafo 176). El
hecho de que una investigación no produzca un resultado particular no es
determinante, sino que deberá emprenderse una investigación seriamente
para que sea eficiente. (Véase
id, párrafo 176).
22.
La información remitida por el Gobierno demuestra claramente que
Manuel Bolaños fue aprehendido por agentes estatales que actuaron cobijados
bajo el manto de supuesta autoridad pública.
La aprehensión de ciudadanos no es una acción que tenga cabida
dentro de las funciones autorizadas de los miembros del cuerpo de Infantes
de Marina ni de la Armada de Ecuador. Al
parecer, además, la aprehensión no fue autorizada por orden judicial, como
lo exigen las leyes ecuatorianas. Estos
hechos de por sí, tal como fueron revelados en las peticiones elevadas ante
varias autoridades por los familiares y los peticionarios, debieron haber
sido suficientes para instigar una investigación por los órganos del Poder
Judicial.
23.
La información ante la Comisión indica que los órganos de los
Poderes Ejecutivo y Judicial no actuaron en este caso.
Si bien los familiares y los peticionarios acudieron a numerosas
autoridades de ambos poderes y presentaron recursos de habeas corpus
ante las autoridades locales y ante el Tribunal de Garantías
Constitucionales, cabe deducir de la información presentada a la Comisión
que ninguno de estos trámites dio lugar a investigación significativa
alguna.
24.
El hecho de que los familiares, pese a haber estado en contacto con
numerosas autoridades del Estado y de haber hecho varias peticiones de
información, nunca fueron notificados oficialmente de la muerte de Manuel
Bolaños, demuestra una grave deformidad en los sistemas ecuatorianos
designados para garantizar el respeto a los derechos de los habitantes del
país. Hasta la fecha, la
familia no ha podido enterrar debidamente el cadáver de Manuel Bolaños
porque no se le ha informado dónde se encuentran los restos. La Comisión llega a la conclusión de que los órganos
pertinentes del Gobierno de Ecuador no tomaron medidas eficaces para
garantizar el respeto a los derechos humanos en el caso que nos ocupa.
25.
Aún si las autoridades navales hubiesen estado investidas de la
facultad para realizar la investigación de la muerte del señor Bolaños,
dicha investigación no fue concebida de manera que pudiera ser eficaz.
El proceso se desvirtuó con retrasos que no se justifican en una
investigación de esta naturaleza. En
el expediente no se incluyen relatos contemporáneos de primera mano sobre
las circunstancias de la muerte. Los
informes contemporáneos de quienes estuvieron presentes en la escena del
hecho en el momento del deceso serían documentos de crucial importancia
para establecer las circunstancias exactas de la muerte.
Sin embargo, en el expediente no se encuentran estos valiosos
informes. No existe testimonio
de primera mano de ninguna de las personas que presenció la muerte del señor
Bolaños. No existe testimonio
de primera mano de ninguna persona en la que se indique el momento preciso
de la muerte. De hecho, no
existe información alguna en el expediente que indique conocimiento de
primera mano de las circunstancias de la muerte del señor Bolaños.
Los diez efectivos navales que prestaron las declaraciones que
figuran en el expediente se habían enterado de su muerte por alguien más. Sólo se le hicieron preguntas a tres de los declarantes
durante sus declaraciones.
26.
Se encontraron, además, faltas de congruencia aún en los hechos más
básicos. Por ejemplo, en su
informe del 29 de octubre de 1985, el Teniente Luis Chacón manifiesta que
la captura tuvo lugar el 17 de octubre de 1985, aunque en su declaración
afirma que ocurrió el 16 de octubre. (Expediente, páginas 28, 30).
El agente Reyes Mendoza también describe que la operación tuvo
lugar el 17 de octubre. (Expediente,
página 44). En otra instancia,
los agentes Pacheco y Proaño atestiguaron que alguien les informó que había
fallecido uno de los detenidos alrededor de las 7:00 a.m.
Al parecer, ambos observaron el cadáver muy poco después.
Ambos señalaron en sus declaraciones que el oficial Morales estaba
presente. Sin embargo, en la
declaración del oficial Morales, se asienta que alguien le notificó la
muerte a eso de las 7:00 a.m., cuando él se encontraba en otro sector de la
base, "distante" de donde se encontraban los detenidos.
En otra instancia, Inteligencia Naval suministró la lista de nombres
de los detenidos en la operación. Si
bien se indica claramente en otros registros que Manuel Bolaños fue
detenido en esa ocasión, su nombre no aparece en la lista.
Se le solicitó al Teniente Chacón que remitiera las declaraciones
tomadas a los detenidos en la operación.
De las ocho declaraciones enviadas, sólo cinco de los declarantes
figuran en la lista de Inteligencia Naval, pese a que los otros tres habían
sido detenidos en la misma operación.
La Comisión observa que las medidas adoptadas por el Estado para
investigar la muerte de Manuel Bolaños, tal como se refleja en la información
suministrada, no fueron concebidas o emprendidas de manera tal que pudieran
producir resultados concretos.
27.
La Comisión observa que, de la misma manera que el peso de la prueba
recae en la obligación del Estado de presentar al detenido y la orden que
justifica la detención en un caso de habeas corpus, cuando los
agentes de un Estado han participado en una detención ilegal tras la cual
muere uno de los detenidos, es responsabilidad del Estado demostrar las
circunstancias precisas de la muerte. La responsabilidad recae sobre el Gobierno, muy obviamente,
porque el Gobierno está en posesión del cadáver y de la información
pertinente.
28.
En el Caso Gangaram Panday, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos examinó la relación entre una detención ilegal y una presunta
violación del derecho a la vida. La
Corte afirmó que la prueba de la responsabilidad del Estado en virtud de la
Convención debe centrarse en determinar si la violación en cuestión
"se debe a que el Estado no cumplió con su obligación de respetar y
garantizar esos derechos, tal como lo prescribe el artículo 1(1) de la
Convención". (Caso
Gangaram Panday, supra, párrafo 62, citando el Caso Velásquez
Rodríguez, párrafo 173; Caso Godínez Cruz, párrafo 183).
En el Caso Panday, la Corte determinó que las circunstancias
hicieron imposible "fijar la responsabilidad del Estado en los términos
descritos, en virtud, entre otras razones, de que la Corte está
determinando una responsabilidad por detención ilegal por inferencia y no
porque haya sido demostrado que la detención fue, en efecto, ilegal o
arbitraria..." (Caso Gangaram Panday, supra, párrafo 62).
29.
En el presente caso la Comisión ha determinado que la detención de
Manuel Bolaños fue claramente ilegal.
Los actos de los agentes estatales fueron en sustancia y de
procedimiento incompatibles con las leyes ecuatorianas y con los requisitos
que establece la Convención Americana. La garantía de habeas corpus, normalmente el recurso
más efectivo para determinar la legalidad de la detención, localizar al
detenido y establecer su situación fue funcionalmente inoperante.
En tanto que la Corte llegó a la conclusión que en el Caso Gangaram
Panday no podía determinar la responsabilidad por inferencia a partir de
una inferencia, en el caso que nos ocupa se ha demostrado la presunción básica.
De hecho, los documentos remitidos por el Gobierno indican de manera
incontrovertible que la aprehensión y detención de Manuel Bolaños fueron
ilegales.
El
derecho a la vida y la garantía y el respeto de la misma por los Estados no
puede concebirse de manera restrictiva.
Ese derecho no implica meramente que ninguna persona podrá ser
privada de su vida... Exige también que los Estados tomen todas las medidas
apropiadas para protegerla y preservarla...
La protección internacional de los derechos humanos, en virtud del
artículo 4(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene una
dimensión preventiva, en la cual la obligación de actuar con debida
diligencia supone implicaciones más graves cuando se trata de detenciones
ilegales.
(Véase
Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, opinión disidente
de los Jueces Picado Sotela, Aguiar Aranguren y Cançado Trindade, párrafos
3, 4).
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