Informe Anual 1994

Por consiguiente, la Comisión da curso a peticiones sobre casos individualizados, realiza estudios de país sobre pautas nacionales de respeto o violación de los derechos humanos y estudios especiales sobre problemas generalizados. Este Informe Anual refleja todas esas dimensiones del trabajo de la Comisión, además de los cometidos especiales encomendados por la Asamblea a la Comisión. Conforme a la resolución AG/RES. 331 (VIII-0/78) y al artículo 63 de sus Normas de Procedimiento, el Informe Anual 1993 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consta de cinco capítulos, a los cuales quisiera referirme brevemente.

- En el primer capítulo la Comisión expone las bases jurídicas y el historial de su labor. Esta mañana me he referido a algunas de ellas.

- En el segundo capítulo la Comisión resume sus numerosas y variadas actividades del año. La labor que cumplió la Comisión el año pasado incluyó, por supuesto, sus dos períodos ordinarios de sesiones y una reunión extraordinaria celebrada en Mar del Plata, Argentina, y, como lo informé a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, visitas a Guatemala, Haití y Perú. Desde que comparecí ante la Comisión en el mes de abril, la Comisión llevó a cabo otra reunión extraordinaria, en Washington, volvió a visitar Haití y también cumplió una visita a Las Bahamas. Volveré a referirme a la crisis, aguda y generalizada, que se registra en Haití en cuanto a los derechos humanos --tema del informe especial que tienen ante ustedes-- y a las dificultades especiales con que tropezó la Comisión en ese país, tanto durante su estada en el lugar como en el trabajo de examen desde la Sede. Salvo en el caso de Haití, ninguna de las visitas podría haberse cumplido sin la cooperación y asistencia de los gobiernos, cada uno de los cuales accedió al deseo de la Comisión de llevar a cabo esas visitas a sus respectivos territorios y ayudó en distintas formas. Deseo también manifestar mi especial agradecimiento al Gobierno de la Argentina por su ayuda para que la reunión extraordinaria realizada en Mar del Plata resultara provechosa.

El capítulo dos también provee información actualizada acerca de los casos contenciosos que la Comisión ventiló ante la Corte durante el año, relacionados con Colombia, Perú y Suriname, respectivamente. En todos ellos, al margen de sus méritos y de su carácter litigioso, la Comisión felicita a los Gobiernos en cuestión por haber participado de manera libre y voluntaria en esos procedimientos judiciales. La sentencia es una de las formas mejores y más justas que conoce nuestra civilización para obtener comprobaciones fácticas, determinar responsabilidades y hacer justicia en casos individuales; todas ellas constituyen funciones básicas del sistema de derechos humanos en las Américas. La aceptación de la jurisdicción de la Corte y la participación en esos litigios demuestran, en forma que esperamos que sea ejemplar, cómo los gobiernos democráticos y civilizados pueden tratar y resolver controversias relacionadas con los derechos humanos de sus ciudadanos.

Durante el período bajo estudio, la Comisión también intervino en dos casos situados en la jurisdicción consultiva de la Corte. Uno, planteado por Argentina y Uruguay, se refiere a cuestiones relacionadas con la jurisdicción y competencia de la Comisión y con los procedimientos que deben seguirse al amparo de la Convención Americana. La opinión de la Corte, que la Comisión estudió y debatió cuidadosamente, y que ha redundado en beneficio de los estudios preparados y presentados a varios gobiernos, ha sido incorporada a los procedimientos de la Comisión. En particular, como dije, la opinión consultiva 13 refinó los criterios y procedimientos conforme a los cuales la Comisión ha de someter casos a la Corte. La otra solicitud de una opinión consultiva, en este caso formulada por la propia Comisión, plantea a la Corte dos cuestiones, a saber: el efecto jurídico de las leyes nacionales que infringen abiertamente la Convención y la responsabilidad individual de los agentes gubernamentales que ponen en práctica esas leyes nacionales. La Corte aún no emitió su opinión a este respecto.

Debido en parte a la Opinión Consultiva 13 y en parte al número creciente de adhesiones a la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana, la labor de la Comisión ante la Corte está cobrando mayor significado, tanto para los casos individuales como para el sistema de derechos humanos en general. A medida que la Corte dicta sentencia en cada uno de esos casos, la acumulación de jurisprudencia puede ayudar a establecer un cuerpo de derecho internacional sobre derechos humanos cuidadosamente considerado y regionalmente responsable.

Señor Presidente, el capítulo tres, titulado "Informe sobre casos individuales", es, holgadamente, el más extenso del Informe y así debe ser porque los derechos humanos son, esencialmente, los derechos de los individuos. Durante el año bajo estudio la Comisión abrió 107 casos individuales, lo que llevó a 635 el número de estos casos en trámite. Centenares más fueron planteados pero no satisficieron las exigencias de la Convención en la materia y fueron desestimados. Como indiqué a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente, el capítulo tres consta de 350 páginas. Comprende 23 informes que abarcan 37 casos numerados y 65 víctimas identificadas, con denuncias contra 10 países diferentes. En las páginas 29 a 31 de las versiones en español e inglés del Informe aparece un resumen tabulado de esos informes.

Señor Presidente, mis colegas y yo hemos trabajado en muchos de esos casos durante años. Los resúmenes del Informe Anual no pueden transmitir los detalles de esas tragedias en la forma en que hemos llegado a conocerlos nosotros. Constituye una maravillosa prueba del compromiso de la OEA con los derechos humanos el hecho de que las conclusiones jurídicas acerca de esas tragedias individuales lleguen directamente a esta Asamblea y no se hundan en una obscuridad definitiva. Esperamos que, como resultado del estudio de este distinguido órgano, las recomendaciones de los informes se pongan en práctica rápidamente. Un Estado del hemisferio --Colombia-- trabaja activamente en la revisión de sus leyes de manera que las recomendaciones de la Comisión acerca de casos individuales puedan entrar en vigor rápidamente a escala nacional; la Comisión ha trabajado con las autoridades en esta importante transformación, que esperamos sea emulada ampliamente. Lamento decir que, en muchos países, las recomendaciones relacionadas con numerosos casos individuales de años anteriores aún no han sido aplicadas.

Acaso también convenga señalar que si bien en la mayoría de esos informes individuales se concluye que el Estado denunciado incurrió en violaciones de los derechos humanos, lejos está de ser este siempre el caso. Los dos extensos informes dedicados a la admisibilidad --uno de ellos confirmándola y otro considerando la petición inadmisible-- son ilustraciones más bien mundanas acerca del cuidado extremo con que la Comisión analiza los casos y de las exigencias jurisdiccionales y de procedimiento preliminares a que se ciñe su labor.

El cuarto capítulo del Informe de la Comisión trata la situación de los derechos humanos en Cuba, Guatemala, Nicaragua y Perú. Antes de examinar esos informes han de tenerse en cuenta varias consideraciones. Primero, como dije, la Comisión solicitó información a todos los Gobiernos mencionados, que son miembros de la OEA, antes de preparar esos informes. Segundo, éstos tienen por objeto actualizar informes especiales de país anteriores, de modo que, salvo por los antecedentes necesarios, están limitados al año que abarca el Informe Anual.

Con respecto a Cuba, la Comisión se concentró en la libertad personal, el derecho a la justicia y al debido proceso; los métodos generalizados de hostigamiento a los activistas de derechos humanos; la situación en las prisiones y la libertad de movimiento. La libre expresión y la disensión siguen sometidas a una represión constante. No hay debido proceso en los juicios de los críticos del Gobierno y lo peor es que esta práctica está consagrada por ley. Numerosas personas fueron procesadas y condenadas en Cuba durante 1993 en violación de su derecho a la libertad de expresión consagrado por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, entre ellos varios valientes vigilantes de la observancia de los derechos humanos. La Comisión señaló que para tratar con los activistas de los derechos humanos se recurre a métodos como el despido del empleo, imposición de multas, castigos corporales, encarcelamiento, internación en hospitales psiquiátricos y desapariciones forzadas. La situación de las prisiones en Cuba en general y, en particular, la suerte reservada a los prisioneros políticos en ese país, constituye motivo de especial preocupación. Las severas limitaciones y castigos impuestos para los viajes, especialmente a los cubanos que procuran irse a vivir al exterior, no han cambiado mayormente. La Comisión considera que:

la situación de los derechos humanos en Cuba ha sufrido escasos cambios con respecto a los años anteriores. Se mantienen las dos características que han originado la falta de vigencia de los derechos civiles y políticos: la concentración del poder en un reducido grupo de personas y la inexistencia de un estado de derecho, pues los individuos están privados de los recursos que los protejan contra las arbitrariedades que pueda cometer el Estado. (Pág. 404).

La Comisión seguirá observando la situación existente en Cuba.

Con respecto a Guatemala, señor Presidente, la Comisión actualiza su informe especial de junio de 1993. Debo mencionar inicialmente que desde la publicación de su Informe Anual, el Gobierno de Guatemala ha permitido a la Comisión llevar a cabo otra visita al país, en marzo de este año, y la ayudó activamente en ese aspecto. En esa ocasión, la Comisión visitó varias de las denominadas CPR o Comunidades de Poblaciones en Resistencia, en el Departamento de El Quiche y, posteriormente, mantuvo una prolongada y fructífera conversación con el Presidente Ramiro de León Carpio, en la que se trataron algunos de los aspectos tocados en el informe.

En general, el Gobierno de Guatemala ha tomado y sigue tomando medidas notables para mejorar la situación de los derechos humanos en el país --como la desmilitarización de la fuerza policial, el fortalecimiento de la oficina del veedor (ombudsman) de derechos humanos, y el caudal creciente de regreso y reasentamiento de refugiados y desplazados internos. No obstante, subsisten niveles alarmantes de inseguridad y violencia. Si bien ésta puede atribuirse en parte a la continua acción de subversivos agrupados bajo la bandera del URNG y como resultado de una enorme actividad criminal privada, todavía se consuman ejecuciones extrajudiciales que muestran todos los signos de la tradicional represión militar y paramilitar. Sus víctimas han sido estudiantes, profesores, dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, periodistas y dirigentes campesinos.

La Comisión sigue también sumamente preocupada por los indicadores socioeconómicos de Guatemala, que muestran que la abrumadora mayoría de la población vive apenas en estado de subsistencia, mientras la riqueza y las tierras continúan concentradas en manos de una minoría muy pequeña. No ha habido reforma de la política tributaria y la provisión de servicios públicos, especialmente de salud y educación, sigue enormemente descuidada mientras el país parece sumido en una crisis institucional. Pese a los esfuerzos, la reforma del sistema judicial sigue siendo un sueño que no se convierte en realidad y los llamados Comités Voluntarios de Defensa Civil, compuestos por centenares de campesinos armados, continúan actuando en el campo pese a las recomendaciones contrarias formuladas por la Comisión y otras organizaciones de derechos humanos.

La Comisión concluye su estudio sobre Guatemala con estas cinco recomendaciones:

primera, que se siga una política de estricto cumplimiento de las decisiones incluidas en la Declaración Oficial sobre Derechos Humanos, de octubre de 1993, como base para la conducta de todos los organismos y funcionarios del Estado;

segunda, procurar que todos los recursos de investigación y protección del Estado se utilicen para asegurar la vida, la libertad personal y la libertad de expresión de los dirigentes de las entidades de derechos sociales y de los grupos representativos de intereses sociales y políticos, así como de la prensa, a fin de restablecer un diálogo democrático entre los diferentes sectores;

tercera, instruir a las dependencias militares y de seguridad y a las patrullas civiles de autodefensa en cuanto a que deben respetar los derechos de libertad de asociación y de palabra del pueblo, y a que deben abstenerse de intimidar o atacar a las organizaciones que están al servicio de la población rural o que reclaman mejores condiciones de vida y el cumplimiento de la ley;

cuarto, poner término al arreglo que facilita el control militar sobre las acciones del Poder Ejecutivo por intermedio del Estado Mayor Presidencial, mediante la disolución de éste o la redefinición de sus funciones; y

quinta, recomendar a los miembros del Poder Legislativo que adopten las medidas necesarias para superar una suerte de parálisis institucional, de manera que puedan cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Con respecto a Nicaragua, la Comisión expresa su constante preocupación, principalmente frente a cuatro aspectos que guardan relación entre sí. La violencia contra la ciudadanía en las zonas urbanas y rurales por igual; la omisión en cuanto a la reforma y fortalecimiento del sistema judicial; el poder excesivo e inapropiado que conservan el alto comando del Ejército y sus tribunales militares; y el problema, aparentemente insoluble, de la restitución de la propiedad privada.

En cuanto al primero, son numerosos los casos en que tanto miembros desmovilizados del Ejército sandinista como de la resistencia, han rehusado deponer sus armas conforme a lo convenido y, en cambio, han emprendido acciones armadas que han llevado a la captura de rehenes y, en algunos casos, a la muerte de no combatientes. En lo que atañe a los tribunales, la impunidad para los crímenes políticos del pasado y más recientes sigue siendo la norma, según lo documentó la Comisión Tripartita de Nicaragua. Conforme a ésta, por ejemplo, de 28 homicidios de antiguos miembros de la resistencia, solamente cuatro fueron investigados adecuadamente (id., página 448). La Comisión Tripartita habla de la "compartimentación, politización y lentitud" de la justicia nicaragüense, todo lo cual ha precipitado la violación del derecho al debido proceso y la denegación de justicia.

La Comisión examina la amplia competencia de los tribunales militares nicaragüenses y el fracaso del Gobierno en cuanto a limitar su jurisdicción para colocarlos en una situación compatible con las disposiciones de la Convención Americana, de la cual Nicaragua es un Estado parte.

El artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad privada y el sistema jurídico nicaragüense acoge las normas internacionales como ley nacional. En la práctica, según los informes recibidos por la Comisión, las protecciones no rigen. Si bien algo se ha progresado en cuanto a la devolución de propiedades confiscadas ilícitamente por el Gobierno anterior o a la compensación por tales confiscaciones, a menudo este proceso es sumamente lento y engorroso. Aunque la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones dicta órdenes, la policía no las aplica en los casos de personas relacionadas con el Gobierno anterior (id., página 464).

El último estudio de país está dedicado al Perú. Como dije antes, la Comisión visitó el Perú durante 1993 para observar la situación de los derechos humanos en ese país; se describe el itinerario, el programa de trabajo y las visitas a las prisiones. Este estudio de país presta especial atención a la descripción de las actividades terroristas del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y de Sendero Luminoso, que han provocado sufrimientos indecibles entre campesinos, indígenas y habitantes de las urbes por igual. Al hacerlo, la Comisión expresa nuevamente su repudio ante el comportamiento violento de esos grupos y reconoce el derecho del Gobierno, e inclusive su obligación, de suprimirlos al amparo de la ley.

Al mismo tiempo, sin embargo, la Convención Americana requiere que la localización, arresto, proceso y castigo de los subversivos, como de cualquier sospechoso de un delito, se lleven a cabo dentro de los parámetros del debido proceso. La Comisión ha analizado cuidadosamente la legislación antiterrorista peruana y durante su visita procuró verificar cómo se aplica en realidad. En una serie de casos concretos, la Comisión verificó violaciones de los derechos a la vida, a la propiedad personal, al tratamiento humanitario y al debido proceso.

La Comisión reclama, asimismo, la derogación de la ley de pérdida de la ciudadanía peruana, que castiga a los sospechosos de deslealtad quitándoles su nacionalidad. El informe demuestra, asimismo, cómo a veces se ha utilizado la lucha contra la subversión para justificar la represión de los legítimos derechos a la disensión y a la libertad de expresión. Por último, la Comisión lamenta que el Perú haya alterado su Constitución a fin de ampliar la aplicación de la pena de muerte, contra lo que prescribe el artículo 4 de la Convención Americana.

En el capítulo cinco, titulado "Campos en los cuales han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos...", consagrados en la Convención y en la Declaración, la Comisión presenta ensayos tocantes a tres temas que son motivo de preocupación dominante. El primero es una relación actualizada de la situación de los derechos sociales, económicos y culturales en nuestros Estados miembros. El segundo trata la situación de las personas refugiadas, desplazadas y repatriadas en las Américas. El tercero se refiere a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que se llevó a cabo el año pasado en Viena, Austria, y sus consecuencias para el sistema interamericano de derechos humanos. Los tres ensayos constituyen respuestas concretas a los diversos mandatos aprobados por la Asamblea en años pasados. Cada ensayo contiene un recuento exhaustivo de las pertinentes normas legales internacionales humanitarias y de derechos humanos, así como datos estadísticos, demográficos y estadísticos relacionados con esos temas. Con todo lo que ellos dicen en cuanto al pasado, son aún más elocuentes en cuanto a la exposición de las pruebas que tenemos por delante. Las secciones dedicadas a los derechos económicos y sociales, así como a los refugiados, contienen recomendaciones concretas que merecen ser consideradas por este órgano y por las autoridades de gobiernos presentes hoy aquí.

Señor Presidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye su Informe Anual de 1993 con una serie de dieciséis recomendaciones concretas. Algunas de ellas reiteran las formuladas en años anteriores y se refieren, principalmente, a la ratificación de diversos tratados interamericanos de derechos humanos o a la adhesión a ellos. Otras atañen a materias muy vastas, como los derechos económicos, sociales y culturales. Otras subrayan la necesidad de mejorar nuestro sistema mediante una mejor capacitación de los funcionarios de gobierno para tratar los asuntos de competencia de la Comisión Interamericana. La Comisión también recomendará la pronta ratificación de la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, que se encuentra en proceso de adopción. Otro conjunto de recomendaciones se refiere a las necesidades prácticas de la Comisión y de su Secretaría.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para extenderme acerca de una de ellas en particular. Las exigencias impuestas a la Comisión se multiplican. El número de peticiones ha aumentado considerablemente, al igual que los cometidos especiales encomendados por la Asamblea. Ha aumentado enormemente el número de visitas que cumple la Comisión. Hace diez años era común que la Comisión realizara solamente una o dos visitas por año, mientras que ahora el promedio es de cuatro visitas anuales. Esto significa mucho tiempo de trabajo de abogados, organización de agendas, concertación de entrevistas y preparación de documentos de antecedentes, sin mencionar el creciente caudal de trabajo de seguimiento. La Comisión somete ahora muchos más casos a la Corte. Otros aspectos, como los derechos económicos y sociales, cobran más importancia. Todo eso se refleja en el número y la extensión de nuestras publicaciones. Durante el período 1982-1983 la Comisión publicó aproximadamente 310 páginas y este año publicará más de 1.600 páginas. Sin embargo, el personal profesional y no profesional de la Comisión no ha aumentado, sino todo lo contrario. Hace diez años la Comisión tenía doce abogados y ahora tiene diez. Ha habido una reducción aún más pronunciada del personal administrativo y del espacio en el cual trabaja la Comisión. Esta necesita cuatro abogados más y una ampliación adecuada del personal administrativo y los equipos. Ahora concurrimos a la Asamblea General con esta solicitud.

Señor Presidente, con esto concluyen mis comentarios generales acerca del Informe Anual de la Comisión de 1993. Ahora, con su permiso, me referiré a los tres informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, El Salvador y Haití, respectivamente.

Los delegados recordarán que la Comisión fue invitada a visitar Colombia en 1990. Tras una visita preliminar ese año, se llevó a cabo una investigación en el terreno en mayo de 1992. El informe especial de país que se trata fue, en parte, el resultado de esas visitas.

Durante el proceso de preparación del informe la Comisión visitó la capital, Santafé de Bogotá, así como las ciudades de Medellín y Barrancabermeja, en el departamento de Santander, en el Magdalena medio. Además, entrevistó a centenares de funcionarios del gobierno, eclesiásticos, académicos, juristas, sindicalistas, periodistas, trabajadores por los derechos humanos y ciudadanos comunes.

La Comisión señala que en Colombia se ha establecido un conjunto de mecanismos novedosos y promisorios con objeto de hacer frente a un historial de violaciones persistentes, masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Son ellos la creación de la Oficina del Defensor del Pueblo, el Asesor Presidencial de Derechos Humanos, el establecimiento de redes computarizadas sobre derechos humanos en todos los ministerios competentes y una estrecha relación de trabajo entre algunos sectores del Gobierno y las principales organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que funcionan en el país. El Gobierno actúa diligentemente para ratificar el Protocolo 2 Adicional a las Convenciones de Ginebra y, como dije, prepara leyes encaminadas a poner en vigor los informes individuales de la Comisión.

No obstante, la Comisión observa con preocupación, y documenta minuciosamente, una serie de problemas persistentes, comenzando con la alarmante violencia que caracteriza a la sociedad colombiana, la incapacidad de los tribunales para hacer frente al problema y el historial de decisiones con respecto a los derechos a la vida, a la libertad personal, el tratamiento humano y a la formación de sindicatos.

La Comisión es plenamente consciente del daño causado por los grupos armados irregulares, sin importar que se caractericen a sí mismos como revolucionarios, traficantes de drogas, bandas paramilitares, secuestradores, extorsionistas, asesinos a sueldo o delincuentes comunes. No cabe duda de que en Colombia los elementos que actúan fuera de la ley son numerosos y diversos, se encuentran descentralizados y armados, y son peligrosos. La Comisión ve también con simpatía y admiración los esfuerzos extraordinarios hechos por los gobiernos colombianos del pasado y el presente para pacificar a esos grupos.

Al mismo tiempo, en Colombia se reconoce universalmente, y así lo ratifica la Comisión en su informe, que un porcentaje sustancial de los abusos contra los derechos humanos es perpetrado por funcionarios del Gobierno, en su mayoría militares y policías, que en gran medida actúan impunemente.

La Comisión continuará informando acerca de la situación en Colombia e insta firmemente al Gobierno a poner en práctica las recomendaciones que formuló al término de su informe.

Desde 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado todos los años acerca de la situación de los derechos humanos en El Salvador. Durante la terrible guerra civil librada en ese país la Comisión verificó e informó detalladamente, año tras año, la tétrica letanía de violaciones perpetradas a lo largo de la penosa experiencia salvadoreña por ambos bandos del conflicto, pero principalmente por las fuerzas del Gobierno.

Felizmente, en El Salvador la guerra ha terminado y con esto ha disminuido radicalmente el número y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos. No obstante, la paz sigue siendo enturbiada periódicamente por asesinatos que exhiben todas las trazas de la actividad de los escuadrones de la muerte.

Para la Comisión resulta particularmente perturbadora la impunidad con que se han consumado esos atentados antes y después de la firma de los acuerdos de paz.

El informe especial de la Comisión reseña su trabajo en El Salvador a lo largo de los años y examina las negociaciones de paz y la labor de la Comisión de la Verdad a la luz de los deberes de El Salvador como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Seguidamente, tratando de establecer pautas, la Comisión brinda una serie de treinta informes sintéticos sobre denuncias concretas que le han sido presentadas en el transcurso de los años recientes. Todos esos casos, que guardan relación con los derechos a la vida y a la integridad física, presentan un saldo de múltiples víctimas. Uno de ellos, la masacre de Las Hojas, cobró las vidas de 74 personas, muertas a manos de las fuerzas armadas salvadoreñas. Es notable que ni un solo agente del Gobierno haya sido llamado a rendir cuentas por esas muertes sangrientas.

Además, el informe especial cita otros 37 casos, también con numerosas víctimas, con respecto a los cuales el Gobierno nunca dio explicaciones satisfactorias. La falta de investigación de estos casos y de castigo para sus responsables ha llevado inevitablemente a la Comisión a concluir que El Salvador es responsable por tales violaciones. La justicia exige que los Estados parte de la Convención honren sus compromisos con sus ciudadanos. La Comisión ha dejado constancia formal de que las amnistías que privan a las víctimas y a sus familiares de una reparación, son incompatibles con las obligaciones de la Convención.

Recientemente El Salvador celebró elecciones generales. La Comisión Interamericana felicita al pueblo y al Gobierno de ese país por la forma pacífica y democrática en que se llevaron a cabo los comicios. Si bien la Comisión continuará observando la situación de los derechos humanos en el país, está convencida de que El Salvador ha retornado a la senda de la democracia, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos.

Señor Presidente, quisiera ceder la palabra a mi colega, el doctor Patrick Robinson, quien presentará el informe sobre Haití, después de lo cual concluiré con unas breves palabras.

Debo finalizar, señor Presidente, con la nota sombría que representa Haití y las consecuencias más importantes que conlleva para nuestra labor. La situación de los derechos humanos en Haití es, en una palabra, terrible, y a pesar de las reiteradas condenas y programas internacionales, ha empeorado.

Frente a este horror, la Comisión solamente puede hacer aquello para lo que fue creada: rendir testimonio e informarles a ustedes. Los observadores internacionales aún presentes en Puerto Príncipe --los de la OEA son ahora muchos más que los de la ONU-- han resultado simplemente magníficos. Debemos estar orgullosos de ellos. Pero la persistente tragedia de Haití apunta a aumentar las limitaciones de todos los regímenes internacionales de derechos humanos. La influencia disuasiva de la Comisión y de los observadores internacionales sobre los militares haitianos depende de la creencia de éstos de que los destinatarios de los informes harán algo más que enviar observadores y pedir nuevos informes. Mi experiencia personal en Haití me induce a creer que los militares no creen que nuestros informes acerca de sus prácticas abominables provocarán una acción internacional efectiva. Por eso es que ignoran todas las críticas y recomendaciones internacionales. Y, si ellos demuestran que pueden desdeñarlos sin sufrir una condena efectiva, ¿no harán otros lo mismo?

Ustedes crearon la Comisión y a lo largo de los años, han sido ustedes y sus predecesores quienes la defendieron constantemente, siguiendo cuidadosamente sus labores, estudiando sus informes anuales y los informes periódicos especiales sobre la situación de los derechos humanos en nuestro hemisferio, debatiendo, evaluando y criticando su gestión en sesiones plenarias y en comisión general, formulando recomendaciones y respondiendo a sus comunicaciones. A ustedes remitimos nuestras recomendaciones y nuestras solicitudes. Para decirlo sencillamente, dependemos de ustedes. La eficacia del sistema de derechos humanos de nuestro hemisferio depende de ustedes.

En ese sistema de derechos humanos, a la Comisión Interamericana se le ha asignado, nada más, una voz. Mediante la aplicación de las normas que los órganos políticos han dictado y utilizando un riguroso método jurídico, la Comisión puede determinar los hechos y relacionarlos con la ley. Puede comunicar los resultados a la Asamblea, a los pueblos de nuestro hemisferio y al mundo entero, pero es solamente una voz. Una voz debe ser escuchada y debe actuarse en consecuencia. No puede ser una voz, que como dijo el profeta Isaías, "clama en el desierto". En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, me honro en presentar a esta distinguida Asamblea de los Estados de nuestro hemisferio el informe sobre nuestro trabajo de este año, nuestra voz, señor Presidente y distinguidos delegados. Por favor: no dejen que sea una voz que clama en el desierto.

Belém do Para, 7 de junio de 1994

INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ANTE LA REUNION AD HOC DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES SOBRE HAITI

Señor Presidente, distinguidos Ministros,

Secretario General, Secretario General Adjunto

Delegados, señoras y señores:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha asignado prioridad a Haití en sus trabajos, desde el golpe militar del 29 de septiembre de 1991. Luego que los militares desoyeran varias solicitudes de autorización para visitar Haití a fin de llevar a cabo una investigación in situ, el 19 de julio de 1993 el Presidente Aristide solicitó a la Comisión que visitara el país y el Ministro de Relaciones Exteriores del régimen de facto comunicó que permitiría a la Comisión llevar a cabo su investigación. Entre el 23 y el 27 de agosto de 1993 cuatro miembros de la Comisión visitaron el país, donde se entrevistaron con una amplia variedad de haitianos, incluidos militares, visitaron tres prisiones y mantuvieron entrevistas en la Meseta Central, así como en Gonaives y St. Marc. La Comisión encontró un pueblo aterrorizado por los militares y por los elementos irregulares, llamados "attachés" o "zenglendos", que actuaban con apoyo tácito de los militares, un pueblo que clamaba por el retorno de su Presidente elegido pero que, especialmente en el interior, sentía tanto miedo a las represalias de las fuerzas militares y paramilitares, que muchos insistieron en reunirse con nosotros en forma clandestina. Los resultados de esta visita y de nuestras investigaciones posteriores figuraron en un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en Haití, que fue presentado a la Asamblea General y será comentado cuando se presente el Informe Anual esta semana.

Poco después de que la Comisión saliera del país, el señor Antoine Izmery, uno de los testigos que prestó declaración ante nosotros, fue sacado de la iglesia donde asistía a misa y asesinado a plena luz del día. Se recibieron otros informes de incidentes pavorosos, como el asesinato del Ministro de Justicia, Guy Malary, notable por el grado de audacia puesto de manifiesto. Frente a los informes sobre el empeoramiento de la situación en materia de derechos humanos, en febrero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió llevar a cabo otra visita a Haití. Tres miembros de la Comisión, Patrick Robinson, John Donaldson y Claudio Grossman, acompañados por la doctora Edith Márquez Rodríguez, Secretaria Ejecutiva, la doctora Bertha Santoscoy, especialista en derechos humanos, la doctora Relida Eddie y la doctora Isabel Ricupero, cumplieron la visita entre el 16 y el 20 de mayo de 1994. Una semana después, tres miembros de la Comisión, Leo Valladares Lanza, John Donaldson y el que habla, acompañados también por la doctora Márquez, el doctor David Padilla y Relinda Eddie, visitaron las Bahamas por invitación del gobierno de ese país, para analizar algunos de los problemas provocados por la emigración haitiana hacia las Bahamas. De esta manera, la Comisión ha observado directamente y en un mes, dos dimensiones del problema haitiano de derechos humanos. En nombre de la Comisión, manifiesto mi agradecimiento por la oportunidad de exponerles nuestras conclusiones.

Comenzaré por la situación imperante en Haití.

Durante su permanencia en Haití, la delegación se reunió con el Primer Ministro, Robert Malval, en presencia de cuatro miembros del gabinete; el embajador Colin Granderson, Director de la Misión Civil Internacional OEA/ONU; el Nuncio Papal, monseñor Lorenzo Baldiserri; el Presidente de la Cámara de Diputados, Franz Robert Mondé; y el Presidente del Senado, Firmin Jean Louis. La delegación solicitó, asimismo, entrevistas con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Haití, General Raoul Cedrás, y miembros del Estado Mayor, y con el Jefe de Policía, teniente coronel Joseph Michel François, pero no obtuvo respuesta al respecto.

La Comisión se reunió también con el coordinador de la anterior Comisión Presidencial, padre Antoine Adrien; con representantes de organizaciones no gubernamentales --organizaciones populares y grupos de derechos humanos-- y dirigentes de varios partidos políticos, a fin de interiorizarse acerca de la situación existente en el país en cuanto a los derechos humanos. Se entrevistó, asimismo, con representantes de la prensa oral y escrita, que informaron acerca de la situación en materia de libertad de expresión. La delegación de la CIDH también se reunió con representantes de la industria y de las iglesias.

La delegación no visitó, porque no fue autorizada para hacerlo, el Centro Penitenciario de Puerto Príncipe. Por consiguiente, le fue imposible determinar directamente la condición de las prisiones y la situación de los prisioneros con respecto al proceso judicial. Tampoco pudieron los miembros de la Comisión visitar el interior del país como lo habían hecho nueve meses antes, cuando habían verificado que la situación era considerablemente peor que en Puerto Príncipe. Inclusive en la capital la población se hallaba aterrorizada y fue mucho más difícil llevar a cabo entrevistas, pero la Comisión pudo hacerlo clandestinamente. Las personas así entrevistadas describieron una realidad desgarradora. El cambio principal que se percibe en Haití es que la situación es peor.

Señor Presidente, Ministros y Delegados, la Comisión posee información detallada y fidedigna acerca de numerosas violaciones del derecho a la vida que han tenido lugar durante los pasados cuatro meses, especialmente ejecuciones y desapariciones. La documentación recibida permite señalar los nombres y las circunstancias correspondientes a 133 casos de ejecución extrajudicial ocurridos entre febrero y mayo de este año. Se han denunciado más de 210 crímenes de esta clase.

La Comisión ha recibido, también, información acerca de la aparición de cuerpos gravemente mutilados y posee confirmación directa de un caso así. La información señala, asimismo, que estos actos tienen por objeto aterrorizar a la población.

Ni siquiera se honran principios mínimos de decencia, ni se respeta a los muertos. Ante la escena trágica de cadáveres humanos devorados por animales, el Primer Ministro Malval ha tratado de obtener la asistencia de organizaciones internacionales para retirar los cuerpos, habida cuenta de la indiferencia de quienes están en el poder.

La Comisión también recibió numerosos informes sobre detenciones arbitrarias, acompañadas generalmente por torturas y palizas brutales propinadas por agentes de las Fuerzas Armadas de Haití y de grupos paramilitares, especialmente miembros del Frente Revolucionario por el Avance y el Progreso en Haití (FRAPH), concertados con las Fuerzas Armadas y la Policía. Los miembros de la Comisión hablaron personalmente con víctimas de las torturas y se interiorizaron acerca de las circunstancias en que éstas fueron perpetradas. La Comisión recibió documentación acerca de 55 casos de secuestro político y desaparición durante febrero y marzo de este año. Desde entonces, han sido liberadas veinte personas y once fueron halladas muertas. Hasta la fecha no se dispone de información sobre la suerte corrida por los otros 24 desaparecidos.

La Comisión recibió prueba concluyente de que en Puerto Príncipe grupos armados paramilitares han llevado a cabo incursiones en distintos barrios, especialmente Cité Soleil, Sarthe, Carrefou y Fonds Tamara, entre otros, asesinando y robando a los residentes que, en su mayoría, apoyan el regreso del Presidente Jean-Bertrand Aristide.

Informes recibidos por la Comisión señalan un aumento del número y la brutalidad de las violaciones de los derechos humanos consumadas por las Fuerzas Armadas, el FRAPH y otros grupos paramilitares o "attachés" trabajando en concierto con los militares en el interior del país. La Comisión también recibió testimonios que prueban en forma concluyente la responsabilidad del Ejército en las masacres de grupos indefensos de la población en Raboteau, Gonaives, departamento de Artibonite, el pasado 22 de marzo. En esa oportunidad fueron ejecutados entre 15 y 20 residentes. Información recibida por la Comisión lleva, asimismo, a concluir que el Ejército atacó grupos indefensos de pobladores de los departamentos del centro (Saut d'Eau) y del norte del país (Borgne).

La Comisión recibió numerosos informes sobre la campaña de represión emprendida en Borgne, donde aparentemente se ha adoptado el incendio como estrategia de terror. En abril de 1994 los militares, junto con el FRAPH, llevaron a cabo operaciones en gran escala en Petit Borgne, Collete y Basin-Caiman, bajo pretexto de la búsqueda de elementos terroristas y armas ilegales. En el transcurso de esas incursiones muchos habitantes fueron despojados de sus pertenencias, vacunos y otros animales fueron muertos o robados y se destruyeron plantíos. Muchos agricultores fueron obligados a pagar "rescate" para evitar el saqueo. Hubo también casos en que ciertas personas fueron perseguidas y muertas. Además, varias mujeres fueron violadas y obligadas a revelar el escondite de personas que eran perseguidas.

Estos ataques tienen rasgos similares: constituyen verdaderas campañas militares, con asistencia del FRAPH y de otros grupos paramilitares, que rodean e incendian ciertos parajes bajo el pretexto de combatir a grupos subversivos, golpeando indiscriminadamente a los lugareños, incendiando, destruyendo y robando, para terminar practicando detenciones arbitrarias.

La Comisión observó, además, que la mayoría de las violaciones denunciadas se ciñe a un patrón sistemático de represión, indicador de un plan político para intimidar y aterrorizar al pueblo de Haití, especialmente a los sectores partidarios del Presidente Aristide que se han pronunciado en favor de la democracia en el país. Según la información recibida, las víctimas son secuestradas, se les obliga a introducirse en vehículos y se las lleva con los ojos vendados a lugares de detención clandestinos, donde son interrogadas y torturadas. Algunas han sido liberadas y otras han sucumbido como resultado de las severas palizas.

La Resolución 630 del Consejo Permanente solicitó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diera prioridad a la investigación de los crímenes de violación, abuso sexual y secuestro de niños, especialmente cuando se les usa como método de terror político.

En este sentido, la Comisión recibió informes sobre violaciones y abusos sexuales de las esposas y familiares de partidarios activos del Presidente Aristide y de un régimen democrático; esas mujeres son violadas por miembros de las Fuerzas Armadas, "attachés" e integrantes de la FRAPH cuando no logran detener a los hombres buscados. No solamente se viola a las mujeres en razón de su parentesco, sino también cuando ellas mismas se manifiestan partidarias del Presidente Aristide. De esta forma, el abuso sexual se utiliza como instrumento de represión y persecución política. Pese a la renuencia de las víctimas a denunciar estos crímenes, la Comisión recibió pruebas concluyentes de 21 violaciones ocurridas desde enero de 1994 hasta la fecha. Durante su visita, la Comisión se entrevistó personalmente con veinte víctimas de esta horrible práctica.

La Comisión también recibió el testimonio de familiares de un niño de cuatro años que fue secuestrado en marzo de 1994. En este caso se dijo que tres hombres armados buscaban al padre del menor, que es miembro de una organización política juvenil de Cité Soleil. Su esposa fue violada y los individuos secuestraron al niño cuando no pudieron localizar al padre. El niño apareció cuatro días más tarde, ileso, en una estación de radio.

Con respecto al derecho de reunión, la Comisión comprobó que su ejercicio le está vedado a quienes apoyan el retorno a la democracia. Cuando grupos de personas tratan de ejercerlo, se les arresta, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía les golpean brutalmente y se les acusa de organizar reuniones de apoyo al Presidente Jean-Bertrand Aristide. En un incidente ocurrido hace poco, fueron arrestados arbitrariamente veinte participantes en una reunión legal de instrucción, organizada por la diócesis de Hinche, en el departamento del centro, y acusados de terrorismo.

En cuanto al derecho a la libertad de expresión, las informaciones recibidas confirman las denuncias acerca de las restricciones impuestas a la prensa escrita y a la radio en Haití. Las limitaciones han llevado a la autocensura de la prensa, en perjuicio de sus funciones de mantener informado al público haitiano. La Comisión recibió testimonios acerca de actos de intimidación y represión de periodistas que ejercen su profesión.

Con respecto al problema de las personas desplazadas (maroons) la Comisión confirmó que dirigentes políticos y comunitarios y numerosos adversarios de las autoridades de facto se han visto obligados a vivir como fugitivos en su propio país, abandonando familia y hogar. La Comisión recibió información convincente de que el número de los desplazados aumenta a un ritmo alarmante.

La Comisión recibió denuncias de haitianos que regresaron a su país y han sido objeto de persecución y violación de su integridad física y moral. La Comisión abrirá causas en relación con esas denuncias.

Un rasgo común a los informes sobre estas violaciones es la absoluta ineficacia del poder judicial u otros mecanismos para impedir o castigar las violaciones de los derechos humanos que se registran en Haití. El resultado es la impunidad total de que gozan los culpables de estos atentados.

En cuanto al derecho a participar en el gobierno, consagrado en el artículo 23 de la Convención, la Comisión observa que el intento de instalar un "gobierno" sin el apoyo del voto popular e infringiendo la constitución haitiana, constituye una violación flagrante de los derechos políticos del pueblo de Haití.

La Comisión desea dejar constancia de la importancia, la seriedad y la objetividad del trabajo y los informes de la Misión Civil Internacional OEA/ONU, que pudo percibir durante su visita. La Comisión manifiesta su profunda preocupación ante los actos de intimidación y agresión registrados el 23 de marzo, a los que se vieron sometidos miembros de la misión en la región de Hinche (meseta central) por un grupo de manifestantes a las órdenes de miembros del FRAPH. La Comisión condena la actitud pasiva de las autoridades militares frente a estos hechos, que indican, una vez más, su complicidad con el FRAPH.

La Comisión considera que ante la seriedad de la situación imperante en Haití, debe aumentar el número de observadores de la Misión Civil Internacional OEA/ONU, a fin de abarcar todo el territorio haitiano.

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INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

ANTE LA REUNION AD HOC DE MINISTROS DE

RELACIONES EXTERIORES SOBRE HAITI

Señor Presidente, distinguidos Ministros,

Secretario General, Secretario General Adjunto

Delegados, señoras y señores:

Comenzaré por la situación imperante en Haití.

La Comisión se reunió también con el coordinador de la anterior Comisión Presidencial, padre Antoine Adrien; con representantes de organizaciones no gubernamentales ‑-organizaciones populares y grupos de derechos humanos-‑ y dirigentes de varios partidos políticos, a fin de interiorizarse acerca de la situación existente en el país en cuanto a los derechos humanos. Se entrevistó, asimismo, con representantes de la prensa oral y escrita, que informaron acerca de la situación en materia de libertad de expresión. La delegación de la CIDH también se reunió con representantes de la industria y de las iglesias.

La Comisión recibió numerosos informes sobre la campaña de represión emprendida en Borgne, donde aparentemente se ha adoptado el incendio como estrategia de terror. En abril de 1994 los militares, junto con el FRAPH, llevaron a cabo operaciones en gran escala en Petit Borgne, Collete y Basin‑Caiman, bajo pretexto de la búsqueda de elementos terroristas y armas ilegales. En el transcurso de esas incursiones muchos habitantes fueron despojados de sus pertenencias, vacunos y otros animales fueron muertos o robados y se destruyeron plantíos. Muchos agricultores fueron obligados a pagar "rescate" para evitar el saqueo. Hubo también casos en que ciertas personas fueron perseguidas y muertas. Además, varias mujeres fueron violadas y obligadas a revelar el escondite de personas que eran perseguidas.

Con respecto al derecho de reunión, la Comisión comprobó que su ejercicio le está vedado a quienes apoyan el retorno a la democracia. Cuando grupos de personas tratan de ejercerlo, se les arresta, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía les golpean brutalmente y se les acusa de organizar reuniones de apoyo al Presidente Jean‑Bertrand Aristide. En un incidente ocurrido hace poco, fueron arrestados arbitrariamente veinte participantes en una reunión legal de instrucción, organizada por la diócesis de Hinche, en el departamento del centro, y acusados de terrorismo.

La situación y las perspectivas son sombrías y no es posible hacer caso omiso de las consecuencias más vastas de la tarea que estamos tratando de llevar a cabo. La situación de los derechos humanos en Haití es, en una palabra, espantosa. Es oprobiosa. Un régimen militar que usurpó el poder y expulsó al Presidente y al gobierno elegidos en comicios libres y limpios realizados bajo supervisión internacional, gobierna por medio de un terror brutal que, es cierto, encuentra ejemplos análogos en otras partes del mundo pero ninguno, hasta donde llega mi conocimiento, en nuestro hemisferio. Conforme a la Declaración de Santiago, los ministros de Relaciones Exteriores se reunieron y condenaron la quiebra del orden constitucional, pero a pesar de los diversos programas emprendidos a escala regional e internacional, la situación en Haití empeora.

En estas circunstancias sombrías, la huida se convierte en la estrategia de sobrevivencia más racional, de manera que no ha de sorprender que un gran número de hombres, mujeres y niños haitianos hayan huido y que muchos otros intenten hacerlo diariamente. Es difícil comprender que alguien opine que las personas que tomen este camino en esas circunstancias estén haciendo algo equivocado. Empero, la legitimidad de la práctica de impedir la huida y devolver sumariamente a los haitianos a su país ha sido cuestionada ante la Comisión y ésta ha admitido la petición respectiva como materia sub judice, por lo cual la Comisión se abstendrá de formular comentarios al respecto. Por otra parte, debe tomarse nota de la penuria de la creciente diáspora haitiana ‑-consecuencia directa del golpe militar y la represión que le siguió-‑ y de las repercusiones que tiene para la comunidad internacional.

Por invitación del Gobierno de Las Bahamas, la Comisión visitó ese país para examinar las condiciones y los problemas de los haitianos que han huido a las Bahamas. Este es un país con una población de algo menos de 260.000 personas. Aproximadamente 50.000 haitianos y, según algunos cálculos hasta 60.000, han buscado refugio allí. Aunque se describe a muchos de ellos como refugiados económicos, informes fidedignos originados en Las Bahamas indican que durante el período de siete meses que siguió a la elección del Presidente Aristide la afluencia de haitianos disminuyó, solamente para crecer radicalmente después del golpe.

Como cabría esperar, han surgido problemas y algunos de ellos son agudos; actualmente se encuentran a estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no es posible comentarlos en este momento, pero hay que señalar cierto aspecto: las autoridades de las Bahamas se han visto obligadas a poner a disposición de todos los haitianos servicios sociales básicos y los niños haitianos concurren hoy día a la escuela en pie de igualdad con los bahameses. Por consiguiente, las Bahamas están absorbiendo una cuota de la diáspora haitiana proporcionalmente más alta que la de cualquier otro país del hemisferio, y en el proceso ve sometidos su presupuesto y su infraestructura a une enorme presión. La Comisión considera que Las Bahamas tienen derecho a recibir asistencia de la comunidad internacional.

El problema existente en Las Bahamas y, si persiste la actual situación en Haití, muy posiblemente en otros países, constituye un síntoma, no el problema en sí. Todos los haitianos con quienes se entrevistó la Comisión desean regresar a su patria y generalmente vinculan esa posibilidad con el retorno del Presidente Aristide.

Señor Presidente, Ministros y Delegados, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les agradezco la atención prestada.

Belém do Pará, Brasil, 6 de junio de 1994

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