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EL SALVADOR La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha continuado observando con gran preocupación la situación de los derechos humanos en El Salvador. Esta sección resume el resultado de esa observación en el período que va de septiembre de 1989 hasta abril de 1990, presentando la información correspondiente a fin de actualizar anteriores informes referidos a los graves problemas de derechos humanos que afectan a este país en el marco del conflicto armado que lo afecta. Tal como fuera mencionado por la Comisión en su anterior Informe Anual, dos tendencias contradictorias afectaron a la sociedad salvadoreña en los primeros diez meses del año 1989. Por una parte, la acentuación de los actos de violencia y el incremento de las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, la realización de conversaciones entre representantes del Gobierno de El Salvador con miembros de la dirección del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional con miras a lograr una solución negociada y política del conflicto. Señalaba la Comisión en ese Informe Anual su esperanza de que tal solución permitiera alcanzar la paz, condición fundamental para la vigencia de los derechos humanos. Fue así como entre los días 13 y 15 de septiembre de 1989, representantes del Gobierno de El Salvador y del FMLN iniciaron conversaciones en Ciudad de México, con el fin de discutir el cese de las hostilidades y acordar una agenda y calendario de próximas reuniones. Al final del encuentro se firmó y dio a conocer el Acuerdo de México, donde se definieron procedimientos, fechas y contenidos de una próxima reunión. La segunda ronda de negociaciones sobre el cese de las hostilidades, se llevó a cabo en San José de Costa Rica entre los días 16 y 17 de octubre de 1989. Al término de esta reunión se acordó celebrar una próxima rueda de conversaciones en la ciudad de Caracas, entre los días 20 y 21 de noviembre de 1989. Asimismo se acordó que los miembros que concurrieran a esta reunión, lo harían con facultades plenas para discutir y concertar acuerdos sobres los puntos contenidos en la agenda con el objeto de lograr avances significativos. Junto con estas acciones tendientes a lograr soluciones pacificas, se produjeron muy graves act6s de violencia indiscriminada. Fue así que el 31 de octubre de 1989, siendo alrededor de las 2.15 hs. de la madrugada, una poderosa bomba explotó en las oficinas del Comité de Madres de Desaparecidos y Presos Políticos de El Salvador, COMADRES, en San Salvador, causando serias heridas a cuatro personas, dos de las cuales eran niños. Testigos del hecho informaron haber visto a dos hombres uniformados corriendo en las adyacencias del citado edificio, momentos antes de producirse la explosión. Ese mismo día aproximadamente a las 12.30 hs., mientras numerosos sindicalistas y familiares se encontraban almorzando en el edificio de FENASTRAS, otra bomba de gran poder explotó en el interior de dicho edificio, provocando La muerte de diez personas y más de treinta y cinco heridos. Entre los muertos se encuentra Febe Elisabeth Velásquez, Secretaria General de FENASTRAS y otros importantes dirigentes. Diversas explicaciones se produjeron tratando de dar cuenta sobre los posibles autores de tan grave atentado. Así, se sostuvo que el mismo se habría producido cuando detonaron explosivos que se encontraban almacenados en el local de FENASTRAS, o que fue llevado a cabo por miembros del FMLN como acto de "autodepuración". Organismos de derechos humanos y la propia organización sindical han afirmado que el atentado no pudo haber ocurrido sin la participación, o al menos aquiescencia, de las fuerzas de seguridad salvadoreñas. La Comisión se encuentra tramitando un caso individual sobre este asunto, en el cual FENASTRAS ha solicitado que el Gobierno permita a la Comisión Interamericana hacer un seguimiento de la investigación respectiva. Debe señalarse que el atentado a FENASTRAS, según los sindicalistas, debe ser ubicado en el contexto de una fuerte escalada de violencia contra miembros de organizaciones sindicales, los cuales son considerados por sectores del gobierno como simpatizantes de las guerrillas o grupos de fachada del FMLN. Así, el 18 de septiembre de 1989, durante una manifestación organizada por FENASTRAS en protesta por numerosos arrestos de dirigentes sindicales, la Policía Nacional detuvo a 64 miembros pertenecientes a dicha unión de trabajadores, muchos de los cuales denunciaron haber sido torturados mientras permanecían detenidos. El atentado contra la sede de FENASTRAS fue invocado por la dirigencia del FMLN al anunciar que no concurría a la rueda de conversaciones fijadas para Caracas. El 11 de noviembre de 1989 el FMLN lanzó la ofensiva más importante en lo que va de la guerra para, entre otros aspectos, reforzar su capacidad negociadora; el Gobierno respondió con la fuerza militar y el día 12 de noviembre impuso el estado de sitio. En el marco de este conflicto, se produjeron actos de extrema gravedad que han tendido a acentuar sus negativos efectos y a complicar la solución pacifica y negociada del mismo. La grave situación planteada afectó la totalidad de derechos humanos, provocando un acentuado deterioro. La acción del FMLN se ejecutó a través de la toma de barrios densamente poblados de San Salvador y de otras ciudades, áreas contra las cuales el ejército realizó numerosos ataques aéreos, causando gran número de víctimas dentro de la población civil. Información proporcionada a la Comisión Interamericana da cuenta que, con ocasión de la respuesta a la ofensiva general del FMLN, las Fuerzas Armadas rehusaron a menudo dar el debido cuidado a personas heridas en combate, y que particularmente, el día 19 de noviembre fueron detenidos en Mejicanos cinco trabajadores sanitarios, cuatro de los cuales fueron liberados posteriormente; ocho personas gravemente heridas desaparecieron. Se informó, además, que el Gobierno rechazó una propuesta de tregua del CICR tendiente a permitir la evacuación de los heridos durante la primera semana de combate, aunque manifestó que no impediría la asistencia sanitaria. También se informó que durante la ofensiva se produjeron casos en que miembros del FMLN utilizaban a civiles como escudos y los obligaban a formar corredores; en otras ocasiones miembros del FMLN impidieron el libre movimiento de civiles, a los que incluso obligaron a construir barricadas. Por su parte, el Gobierno informo que el día 12 de noviembre de 1989 miembros pertenecientes al FMLN se apoderaron del Hospital Santa Teresa en la ciudad de Zacatecoluca, destruyendo mediante explosivos una planta del edificio y dando muerte a un soldado enfermo. Tanto la estrategia empleada por las fuerzas insurgentes como la forma de represión por, parte del Gobierno y de las Fuerzas Armadas merecieron serias criticas por sus efectos sobre la población civil. Así, en el Mensaje de los Obispos del Istmo Centroamericano del 30 de noviembre de 1989 se consideró que:
Los operativos militares se llevaron a cabo sobre barrios densamente poblados en el noroeste y noreste de San Salvador, cuyos habitantes huyeron en forma masiva hacia otras áreas de la ciudad. Los fuertes combates también se extendieron a regiones suburbanas del sudoeste, mientras que en el interior del país se escenificaron numerosos enfrentamientos armados en distintos departamentos. La Comisión ha recibido información sobre el posible empleo, por parte de la Fuerza Aérea, de bombas incendiarias en contra de la población civil. Las bajas entre los civiles llegaron a ser de tal gravedad, que el arzobispo de San Salvador lanzó un urgente llamado al ejército para que sea suspendido el bombardeo aéreo en zonas pobladas. La intensidad de los combates y las modalidades de los mismos implicaron una seria vulneración del derecho a la vida de muchos pobladores. El saldo de muertes durante los meses de noviembre y diciembre ascendió a dos mil cuatrocientas víctimas, según fuentes oficiales. En este contexto de extrema violencia se produjeron hechos especialmente graves, algunos de los cuales se presentan a continuación. En la madrugada del día 16 de noviembre, la opinión publica mundial fue conmovida por el asesinato de seis padres jesuitas, una cocinera y su hija de quince años de edad, en el centro pastoral Oscar Romero de la Universidad Central de América José Simeón Cañas en San Salvador. La Comisión había mantenido estrecho contacto personal con muchos de ellos por la importante tarea de promoción de los derechos humanos que realizaban y por los esfuerzos que realizaban en ese centro académico para encontrar fórmulas de solución pacifica al conflicto salvadoreño. Los jesuitas asesinados son el Rector de la Universidad, Ignacio Ellacuría; el Vicerector, Ignacio Martin-Baró; el Director del Centro de Derechos Humanos y fundador de Socorro Jurídico, Segundo Montes; y los padres Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López. Junto con ellos fueron asesinadas la empleada doméstica Julia Elba Ramos y su hija de quince años, Celina Marisette Ramos. La Comisión Interamericana ha abierto un caso el cual se encuentra sujeto al procedimiento correspondiente. Cabe señalar que el día 19 de enero de 1990, luego de un anuncio del Presidente Cristiani por televisión nacional en El Salvador, el Juez 4' en lo Penal ordenó el arresto provisional del coronel Alfredo Benavides Moreno, tres oficiales, tres suboficiales y dos soldados acusados del crimen. La Comisión no ha recibido aún ninguna respuesta del Gobierno sobre la solicitud de información que le fuera cursada, de manera urgente, al día siguiente de los asesinatos. También durante la ofensiva y según información proporcionada a la Comisión, el día 12 de noviembre de 1989, nueve jóvenes fueron ejecutados en el barrio La Unión, en la ciudad de Santa Ana. Fuentes del Ejército salvadoreño indicaron que todas las víctimas de este hecho eran miembros de las guerrillas muertos en combate. Sin embargo, parientes de estos nueve jóvenes, como así también testigos del hecho, señalaron que los nueve civiles se hallaban desarmados al momento de ser capturados y que miembros de la Guardia Nacional los acusaron de ser rebeldes, momentos antes de comenzar la ejecución. Según lo consignado por informes de prensa, una testigo de estos sucesos afirmó que grupos guerrilleros abandonaron el área momentos antes de que miembros pertenecientes a las Fuerzas Armadas llegaran al lugar, los cuales según lo consignado por esta misma fuente, tomaron venganza sobre algunos civiles que se encontraban en la zona en ese momento. El día 19 de noviembre se produjo otro hecho de características similares en una localidad ubicada al oeste de San Salvador, en el cual seis jóvenes fueron ejecutados en la localidad de Cuscatancingo. Testigos del hecho informaron a miembros de organismos humanitarios que personal de las Fuerzas Armadas alineó a estos jóvenes contra una pared y procedió a ejecutarlos. Un séptimo hombre que se encontraba en las inmediaciones del lugar fue también ejecutado. Cabe mencionar que la tarea de identificación de las víctimas ha sido sumamente difícil, debido a que miembros del Ejército procedieron a crear los cuerpos con el fin de evitar posibles epidemias. Por su parte, fuentes pertenecientes al ejército salvadoreño sostuvieron que las víctimas de Santa Ana y Cuscatancingo eran miembros pertenecientes a las guerrillas, los cuales de acuerdo a lo informado por el ejército, fueron muertos en combate. La implantación del estado de sitio en el marco de la aguda violencia registrada, afectó considerablemente el derecho a la libertad personal de numerosos individuos que fueron arrestados; especiales repercusiones tuvieron las detenciones de miembros de diferentes iglesias y de organismos humanitarios, muchos de los cuales recibieron amenazas y otros se vieron obligados a abandonar el país. El día 16 de noviembre de 1989, doce miembros de la Iglesia Luterana fueron detenidos y puestos bajo custodia de la Guardia Nacional. Todos ellos fueron liberados al día siguiente, con la condición de que debían abandonar inmediatamente el país. El día 17 de noviembre en horas de la mañana, tropas de la Guardia Nacional rodearon la Iglesia Luterana situada en la zona de San Miguelito. El comandante de la tropa indicó tener órdenes superiores de arrestar a cualquier extranjero que se encontrara en la zona, como así también tener órdenes de detener al Padre Gómez. De acuerdo con lo informado por fuentes periodísticas, en la mañana del día 19 de diciembre de 1989, Juan Antonio Berti Quiñonez, co-director de la agencia social de la Iglesia Episcopal, junto a Francisco Paz, fueron arrestados por personal uniformado de la Guardia Nacional. E1 día 15 de noviembre de 1989 en horas de la mañana, fuerzas militares entraron en la parroquia de San Roque, amedrentando y maltratando a numerosos trabajadores y personas que se encontraban allí buscando refugio. Cuatro día s más tarde, tropas de la Guardia Nacional regresaron en busca del Padre Pedro Cortez, el cual no se encontraba en la parroquia en ese momento. La situación fue reportada como de gran tensión, y aproximadamente cincuenta personas fueron obligadas a salir de la parroquia. Por su parte, se indicó que miembros de la Guardia Nacional entraron en numerosos refugios, con el fin de obtener los nombres de todos aquellos que habían estado buscando protección en cada localidad. Según información proporcionada a la Comisión, estas amenazas, amedrentamientos y capturas de miembros de las diferentes iglesias, se han venido produciendo en forma sistemática, habiendo sido detenidas por lo menos cuarenta y dos personas por miembros de la Guardia Nacional y habiéndose allanado más de cincuenta locales por personal de la misma fuerza. Más de treinta trabajadores sociales, cuyas tareas se hallan vinculadas a instituciones eclesiales, se han. visto obligados a abandonar el país, como consecuencia de las acciones de las fuerzas de seguridad. Religiosos y sacerdotes se quejaron en numerosas oportunidades del duro trato que sufre la población civil en zonas conflictivas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas: allanamientos, amenazas, prohibiciones arbitrarias, control excesivo en la entrada de alimentos y material médico son prácticas que, según se ha informado a la Comisión, se repiten con gran frecuencia. Las condiciones generales en que se encuentra la población civil urbana y campesina en zonas conflictivas son, por tanto, sumamente duras y penosas. En materia de libertad personal, la Comisión Interamericana ha sido informada sobre incidentes en los cuales fuerzas de seguridad, al no encontrar ciertas personas a las cuales estaban buscando, procedieron a arrestar a sus familiares. Así, el día 30 de noviembre de 1989, nueve familiares de Jorge Alberto Amaya Ayala, miembro del sindicato STISS, fueron arrestados por personal de la Fuerza Aérea, en la localidad de Soyapango. También la Comisión ha sido informada que al menos once miembros del STISS fueron arrestados entre el 11 de noviembre y el 15 de diciembre de 1989. Siempre en materia del derecho a la libertad personal debe mencionarse que el día 19 de noviembre, el Hospital Primero de Mayo fue rodeado por fuerzas policiales, las cuales ingresaron posteriormente al citado centro asistencial en busca de determinadas personas, por espacio de cuatro horas aproximadamente. Ocho personas fueron arrestadas en dicho incidente, las cuales permanecieron detenidas hasta el 14 de diciembre. La agudización de la violencia, así como la suspensión de las garantías individuales bajo el estado de sitio, han determinado que se haya incrementado significativamente el número de personas privadas de su libertad. Según información inicialmente proporcionada a la Comisión, muchas de estas personas se encontraban actualmente alojadas juntamente con delincuentes comunes y en condiciones muy negativas. La Comisión no ha sido informada, sin embargo, de la evolución reciente de este problema y de las formas en que el Gobierno de El Salvador le está dando solución. Organizaciones no gubernamentales informaron también de un marcado incremento en casos de tortura a presos políticos por parte de sus interrogadores. Testimonios de personas que fueron detenidas y posteriormente liberadas, indican invariablemente un mismo esquema de procedimiento: prolongados interrogatorios con los ojos vendados y sin poder sentarse ni descansar, golpes y amenazas continuas, empleo de capuchas que impiden la respiración y provocan desmayo, aplicación de corriente eléctrica mediante pilas de agua, aplicación de drogas y ácidos varios, y, en muchas ocasiones violaciones y abusos sexuales a mujeres, e incluso a hombres, así también como amenazas de muerte a ellos o a sus familiares. Algunos pocos testigos declararon no haber sido maltratados, aunque dijeron que el interrogatorio resultaba duro y humillante. Las respuestas por parte de las autoridades competentes indicaron que los interrogatorios se realizaban utilizando modernos procedimientos científicos, incluyendo el uso de polígrafos o detectores de mentiras, pero que en todo caso todos estos eran métodos correctos. Información provista por estas mismas fuentes sostiene que el gobierno se ha visto afectado por campañas de descrédito impulsadas por el FMLN y algunas otras agrupaciones simpatizantes de tal organización. Sin embargo, funcionarios pertenecientes al Gobierno admitieron que durante los interrogatorios se procede a vendar los ojos de los detenidos con la finalidad de que no reconozcan posteriormente a las personas que efectúan los interrogatorios. Autoridades han reconocido que se podían dar casos de abusos aislados, pero que de ningún modo se trataba de una práctica institucionalizada. Por otra parte, la Comisión ha sido informada sobre requisas y allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad a locales de organizaciones sindicales y a partidos políticos, al igual que a algunas de las casas de los lideres de dichas organizaciones. Algunas instituciones tales como ASPS, CORDES, PADECOES, han sido víctimas de numerosos allanamientos. En algunas de estas búsquedas --como las ocurridas en las oficinas de COACES, COMADRES, CONAMUS, UNADES y UNTS-- fuerzas militares irrumpieron con violencia, provocando destrozos en las instalaciones, lo que en varias oportunidades les causó como resultado la imposibilidad de continuar con sus operaciones cotidianas. Este cuadro de inseguridad provocó que la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental (CDHES) se viese obligada a trasladar a la mayoría de sus miembros y de sus operaciones a Méjico. En lo referido a la libertad de expresión, debe mencionarse que el día 11 de noviembre de 1989 siendo las 11 pm. aproximadamente, unas tres horas después de que el FMLN iniciara su ofensiva, el Gobierno ordenó que todas las estaciones de radio y televisión se unieran a una cadena nacional. Con la imposición del estado de sitio al día siguiente, se produjo una severa censura a través de la obligada sintonía de la estación gubernamental, medidas que fueron paulatinamente levantadas. Cabe señalar que el día 22 de noviembre el noticiero "Al Día", emitido por canal 12, se vio obligado a clausurar su programa, explicando que no podía reportar objetiva e independientemente las noticias en las condiciones existentes, volviendo a transmitirse una semana después. Debe mencionarse también que el clima de violencia ha afectado también a los hombres de prensa, los cuales han sido objeto de numerosas capturas y amenazas, debiéndose lamentar la muerte de un reportero y varios atentados contra los vehículos y personas de otros hombres de prensa. Así, se han informado al menos un número de diez capturas de periodistas debidamente acreditados, mientras ejercían su profesión. El día 3 de diciembre pasado, la Policía Nacional detuvo a un camarógrafo español, Andrés Cabañas Díaz, cuando éste intentaba entrevistar a lisiados de guerra pertenecientes al FMLN, dentro de la Iglesia E1 Calvario, lugar donde se encontraban desde el 7 de noviembre de 1989. E1 periodista Eloy Guevara Paiz, salvadoreño, estudiante de periodismo de la Universidad Nacional y periodista de France Press y de una radio local, resultó muerto el 1 de diciembre en Soyapango, cuando se encontraba con un grupo de socorristas claramente identificados con bandera blanca y con otros periodistas. Fuentes eclesiásticas indicaron que durante un largo período no hubo acceso a una información confiable a raíz de la suspensión de las garantías individuales decretadas el 12 de noviembre, pidiendo al Gobierno ciertas condiciones que garanticen una prensa libre, objetiva e independiente, y que abra los espacios políticos para que las fuerzas sociales puedan expresarse con total libertad. Otro hecho que ha causado honda preocupación es la aprobación por la Asamblea Legislativa de la nueva ley de reformas al Código Penal, como así también al Código de Procedimientos en materia penal. la Asamblea Legislativa consideró que la coyuntura de caos y violencia que reina en el país justificaba la aprobación del proyecto que la Comisión Interamericana ha encontrado objetable a la luz de los compromisos internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos. E1 Presidente Cristiani y miembros de su administración defendieron la nueva legislación arguyendo que es un buen medio para actualizar el antiguo Código Penal y adaptarlo a la nueva Constitución nacional vigente desde 1983. Por su parte, críticos a esta reforma legislativa sostuvieron que ésta puede ser utilizada para encarcelar a periodistas que critiquen al Gobierno, o para evitar cualquier tipo de protesta pacifica por parte de la población, como así también para prohibir la publicación de filmaciones, reportes extranjeros o fotografías que puedan causar daño al orden público. Esta nueva Ley también impone penas que llegan hasta los veinte años de prisión para aquellos que participen en boicots de transporte. Según han manifestado organismos defensores de los derechos humanos, la letra y el espíritu de esta nueva ley representan una significativa restricción a los derechos y libertades individuales, y podría dar lugar a la supresión de todo tipo de expresión u opinión política contraria a la sustentada por el Gobierno. Otro hecho que causa gran preocupación a la Comisión Interamericana respecto a la nueva legislación es que aquellas personas que sean arrestadas bajo el imperio de ella se verán en grandes dificultades de poder tener una adecuada defensa en juicio. Abogados salvadoreños analizan con gran preocupación el hecho de asumir las defensas de aquellas personas acusadas por actos de terrorismo, ya que esto puede ser motivo para que ellos mismos sean procesados por el delito de apología de actos terroristas. También causa gran preocupación el hecho de que confesiones extrajudiciales puedan ser usadas como prueba en contra de aquellos que efectúen tales deposiciones, pues abre la posibilidad de que tales confesiones extrajudiciales sean obtenidas a través del uso de la fuerza o de tortura. Todas estas reformas van a impedir también en forma directa la tarea de documentación y control de violaciones a los derechos humanos en general. Todos aquellos que se encuentren relacionados a grupos humanitarios podrán ser enjuiciados por el solo hecho de obtener fotografías o testimonios de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno salvadoreño o por miembros de las fuerzas militares. La Comisión debe manifestar nuevamente su honda preocupación por la situación de los derechos humanos en El Salvador, la cual ha sufrido un marcado deterioro a raíz de la exacerbación del conflicto armado que afecta a ese país. Los recientes acontecimientos prueban de manera indudable la imposibilidad de alcanzar soluciones por la vía de la fuerza; por el contrario, estos hechos de violencia contribuyen a agudizar el conflicto y generan un circulo vicioso que redunda en nuevas y mayores violaciones a los derechos humanos, con grave sufrimiento para la población civil que se encuentra inerme entre las partes en conflicto. Las decisiones adoptadas por el Gobierno de El Salvador y la dirigencia del FMLN de reiniciar las conversaciones para poner fin al conflicto constituyen un paso positivo que la Comisión observará detenidamente con la esperanza de que culminen en la paz que el pueblo salvadoreño reclama. Después de doce años de guerra civil, y al cumplirse diez años del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, resulta doloroso comprobar que ciertas pautas referidas a la violación de los derechos humanos siguen teniendo vigencia. Los relativos avances logrados han sido seriamente puestos en cuestión por los recientes eventos y hacen más necesario que nunca, a juicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lograr una solución pacifica y negociada del conflicto, elemento fundamental de la cual debe ser el irrestricto respeto de los derechos humanos. La Comisión debe señalar que ha decidido comenzar a elaborar un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador. |