CHILE

En su pasado informe al decimonoveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización sobre la evolución de la situación de los derechos humanos en Chile, durante el periodo anual de observación de septiembre de 1988 a septiembre de 1989, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo referencia a la situación de mejoría que se había operado en la República de Chile en relación con la observancia de tales derechos, a partir de la realización del plebiscito del 5 de octubre de 1988, dentro del cual el electorado de ese país, ejerciendo el derecho de opción entre el SI, en apoyo del Gobierno o el NO, en favor de la oposición, sometidos a su. consulta, se pronunció' por el NO en un. porcentaje de 54.7%, dejando en favor del SI el 43.1%. Este triunfo de la oposición fue seguido de un, dilatado debate en referencia a ciertas reformas que deberían ser introducidas en la Constitución, lo que llevó a un nuevo plebis­cito que tuvo lugar el 30 de julio de 1989 y condujo, posteriormente, de conformidad a las disposiciones constitucionales, a la convocatoria de elecciones generales para Presidente de la República y parlamentarios.

Durante el periodo a que se refiere el presente informe, la Comisión ha continuado observando con el mayor interés la evolución del proceso chileno y considera que, hasta antes de producirse el cambio de gobierno, la situación de los derechos humanos mantuvo la misma situación de progreso relativo a que hizo referencia la CIDH en su pasado informe a la Asamblea General.

En lo referente a la situación de los derechos políticos, por haber correspondido el periodo a que se refiere el presente informe a una etapa de transición y cambio político de la mayor significación, en la cual la República de Chile ha dado fin al régimen militar y reinstaurado plenamente el sistema democrático, representativo y constitucional de gobierno, la Comisión considera necesario destacar este acontecimiento a través de la cita de algunos hechos importantes ocurridos dentro del desarrollo del proceso de cambio.

E1 12 de julio de 1989, el Partido Unión Democrática Independiente (UDI) presentó como candidato a la presidencia al Ing. Hernón Buchi Buc, quien había sido Ministro de Hacienda del General Augusto Pinochet. Dio también su apoyo a este candidato, al declinar en su favor el señor Sergio Onofre Jarpa, del Partido de Renovación Nacional (PARENA).

E1 mismo día fue proclamada, asimismo, la candidatura del empresario Francisco Javier Errázuriz y el 16 del mismo mes comenzó formalmente su campaña electoral el líder y candidato de la Democracia Cristiana señor Patricio Aylwin quien, como candidato opositor, contaba con el apoyo de la Concentración de Partidos por la Democracia (CPPD), coalición que agrupa a 17 partidos y movimientos de derecha, centro e izquierda moderada que rechazaban al Gobierno militar. la Concertación llegó a un acuerdo sobre un pacto electoral con una lista única de candidatos parlamentarios.

la tres tareas prioritarias que el candidato demócrata cristiano se comprometió a poner en práctica, si obtenía el triunfo en las elecciones, fueron: la democratización de las instituciones de la República luego de 16 años de régimen militar; hacer justicia en materia de derechos humanos; y llevar una política económica y social que, junto con promover el desarrollo, pusiera fin a las injusticias y desigualdades.

E1 4 de octubre de 1989, al cumplirse el primer año del prebiscito donde se rechazó la candidatura única del General Augusto Pinochet para un nuevo periodo presidencial de 8 años, se produjeron en la capital de Chile una decena de explosiones que causaron, entre otros daños, un apagón en varias ciudades. Tuvieron lugar, además, algunas manifestaciones contrarias al Gobierno militar y se instalaron barricadas para impedir el tránsito vehicular en algunos barrios populares. También, faltando dos semanas para las elecciones, se registraron varios atentados dinamiteros con motivo del cumpleaños del General Pinochet.

El registro para la inscripción de candidaturas presidenciales y de representantes al Congreso se cerr6 el 11 de agosto de 1989.Después de una campaña electoral de casi 5 meses, el 14 de diciembre de 1989, tuvieron lugar las elecciones generales, las primeras en los últimos 19 años, en las que participaron, finalmente, tres candidatos que postulaban a la presidencia y 530 aspirantes para los 158 escaãos del Congreso Nacional: 38 senadores y 120 diputados. De un total de 7'552,537 electores inscritos y de 6'641,507 escrutados, equivalente al 93 por ciento del electorado, el resultado del recuento oficial de votos válidos del sufragio, sin contabilizar los votos en blanco y nulos, fue el siguiente: Patricio Aylwin 3'577,669 votos con el 55.2 por ciento; Hernón Buchi 1'901.668 votos con el 29.4 por ciento; y Francisco Javier Errázuriz 998,783 votos con el 15.4 por ciento.

No obstante el triunfo lectoral del señor Patricio Aylwin, que le confería mayoría electoral en ambas cámaras, no contará con mayoría en la cámara de senadores en consideración a que a los 38 senadores electos ha habido que agregar, de acuerdo con la nueva Constitución, el número de 8 senadores más nombrados por el Presidente General Pinochet, quien al mismo tiempo también será senador vitalicio, lo que puede darle más bien la posibilidad de controlar el Senado que, en Chile, goza de mayores poderes que la Cámara de Diputados. Otra realidad que el nuevo Gobierno democrático y constitucional deberá confrontar es que el General Augusto Pinochet no se retira sino que seguirá ejerciendo las funciones de Comandante en Jefe del Ejército de Chile.

Con posterioridad a estos hechos, la Junta Militar de Gobierno, que ejerce en Chile el Poder Legislativo desde 1953, aprobó con fecha 11 de enero, una nueva ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas y de la de Carabineros y una ley reservada, aprobó la disolución de la Central Nacional de Informaciones (CNI) o policía política secreta. Dichas leyes, según ha trascendido, habrían sido aprobadas tras lograrse un acuerdo entre el régimen militar y los representantes del Presidente electo Patricio Aylwin.

El 18 de enero del presente año, el Tribunal Constitucional, compuesto por siete miembros designados por el Gobierno militar, fijó como fecha para que el nuevo Presidente asumiera su cargo el día 11 de marzo en vez del día 14 como lo establecía la Constitución, según la cual, debe de ser 90 días después de la elección; ratificó en sus cargos a los senadores designados por el General Pinochet y dispuso que se incorporaran conjuntamente con los elegidos por voto popular, contra la opinión de la oposición que consideraba que la facultad de nombrar senadores a que se refiere la Constitución no facultaba al presente régimen del General Pinochet para poderlo hacer; y asimismo, dispuso que la facultad de la Cámara de Diputados para fiscalizar los actos de los funcionarios públicos sólo regiría para aquellos que se cometan después del 11 de marzo, con lo cual privó a dicha Cámara de Representantes de las facultades para investigar los actos cometidos por el régimen militar. Después de estas leyes, se formularon criticas por los gobernantes civiles electos que asumirían próximamente, acerca de lo que se denominó "oleada de leyes y decretos" aprobados apresuradamente y a última hora por el régimen del General Pinochet.

En aplicación de la ley de amnistía decretada por el régimen militar, los tribunales militares clausuraron, sin aplicar sanción alguna, los procesos que se seguían para aclarar la situación de más de 130 detenidos desaparecidos.

Inmediatamente después de asumir el Gobierno, el Presidente Aylwin tuvo que confrontar algunos hechos de violencia que tuvieron lugar. Entre otros, la huelga de hambre que inició un grupo de presos políticos exi­giendo su liberación en el plazo de tres meses. AI iniciarse el presente Gobierno existían casi 500 presos políticos enjuiciados por el régimen militar, de los cuales el Presidente Aylwin había indultado a 43 casi inmediatamente después de asumir el Gobierno. Frente a este hecho de fuerza, el Presidente Aylwin expresó que no aceptaba que se le pretendiesen imponer plazos. El problema tomó mayores proporciones cuando posteriormente se supo que casi medio centenar de presos políticos consignados en diferentes lugares del país se encontraban en huelga de hambre exigiendo del Gobierno su inmediata libertad, sin exclusiones ni diferenciaciones, entre presos de conciencia y acusados por hechos de sangre.

Otro hecho que sorprendió a la opinión pública fue el asalto que cometía un comando armado de las Fuerzas Rebeldes Populares Lautaro contra una sucursal del Banco del Estado en la ciudad de Santiago. Los asaltantes, cinco hombres que portaban ametralladoras y revólveres, huyeron en un automóvil después de robar 10'000.000 de pesos, aproximadamente 33 mil dólares americanos.

Otro hecho grave que afectó al nuevo Gobierno ocurrió durante la tercera semana de marzo cuando el ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, en situación de retiro, General Gustavo Leigh, fue herido de 5 balazos en un atentado para asesinarlo cometido por dos individuos que ingresaron violentamente en sus oficinas de compra y venta de propiedades en Santiago. E1 ex oficial de 69 años recibió los tiros en la cara, el tórax y los brazos, los que le produjeron una explosión ocular, heridas en el pecho y fractura en los brazos. Posteriormente, se ha conocido el pronunciamiento de un dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) por el derrocamiento del Gobierno del Presidente Aylwin y por el desarrollo de la lucha armada. El Presidente Aylwin ha restado importan­cia a estas declaraciones y se ha pronunciado categóricamente, en forma reiterada, rechazando toda forma de violencia.

Algunas de las medidas adoptadas por el nuevo Gobierno de Chile orientadas al restablecimiento del sistema democrático en que los derechos humanos sean protegidos, tengan plena vigencia y los responsables de sus violaciones sean sancionados como corresponde, fueron dadas a conocer de inmediato a través del discurso del Jefe de Estado en el Estadio Nacional.

Debido a la situación que generó la huelga de presos políticos y la superpoblación penal que presentaba la realidad penitenciaria de Chile, el nuevo Gobierno estudió y presentó un proyecto de ley, para ser tratado con carácter de suma urgencia.

El 25 de abril la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de indulto general propuesto por el Gobierno, que podría llegar a beneficiar a casi tres mil personas de las casi 24 mil que existen en las cárceles chilenas. El indulto excluye a los condenados por secuestro, robo con violencia, homicidio simple, conducción de vehículos en estado de ebriedad y a los condenados por las leyes de Seguridad del Estado, Ley Antiterrorista y Ley de Control de Armas. La ley aprobada por mayoría, había sido sin embargo objetada por los representantes de los partidos de Renovación Nacional y Unión Democrática Independiente, quienes criticaban el hecho de que el indulto pudiera favorecer a los condenados por delitos de rapto, incesto, aborto e infanticidio.

Asimismo, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, se han conformado comisiones de derechos humanos las que se hallan en estos momentos avocadas a aclarar sus funciones, debatiéndose entre éstas, también, la función del Congreso de otorgar al Estado la capacidad para cumplir los propósitos que el orden internacional establece en materia de derechos humanos y al mismo tiempo, examinar la voluntad del ejecutivo de hacer efectivas estas exigencias. Uno de los documentos elaborados en la Cámara Alta define cinco funciones especificas del Congreso en la defensa de los derechos humanos: legislativa, fiscalizadora, democratizadora, mediadora y de control y promoción de los derechos humanos.

En cuanto al enfoque que el actual Gobierno de Chile ha conferido a los derechos económicos y sociales, resulta ilustrativo mencionar seguidamente, y de manera informal, algunos de los conceptos vertidos en la primera exposición del nuevo Embajador de dicho país ante las Naciones Unidas reclamando, en dicho foro multinacional, una idéntica proyección internacional de la política interna que viene practicando su país:

"Existe una justificada búsqueda de los grandes equilibrios macroeconómicos, porque sin ellos no hay desarrollo posible. No encontramos, sin embargo, la misma preocupación por lograr los grandes equilibrios sociales que son igualmente necesarios para dar estabilidad a nuestras sociedades. Es así como hoy se observa una creciente humanización de la política y una creciente deshumanización de la economía. La economía abierta se demostró más eficaz que la economía planificada para abordar la organización del proceso productivo, promover la creatividad empresarial y tecnológica e incrementar el comercio internacional, pero se encuentra con serios problemas para responder satisfactoriamente a las justas demandas sociales de nuestra época. La seguridad económica de algunos países no puede fundarse en la inseguridad de los demás. Necesitamos que el funcionamiento de la economía mundial responda crecientemente a una visión más humana en donde la antigua aspiración de una mayor justicia social internacional se haga progresivamente realidad".

El 24 de abril el Gobierno del Presidente Aylwin promulgó el decreto de creación de la "Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación", hecho que por su trascendencia y consecuencia con el momento histórico que vive el país, merece ser debidamente destacado transcribiendo, parcialmente, la explicación dada por el propio Jefe de Estado sobre los propósitos y fines que ella persigue. Haciendo referencia a su discurso al asumir la presidencia el 12 de marzo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, expresó:

"Dije entonces y ahora lo repito: la conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad respecto de los desaparecimientos de personas, de los crímenes horrendos y de otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. Debemos abordar este delicado asunto conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia; concretadas las responsabilidades personales que corresponda, llegará la hora del perdón.

"Agregué en esa ocasión: En este necesario ejercicio de justicia debemos evitar los riesgos de querer revivir otros tiempos, de reeditar las querellas del pasado y de engolfarnos indefinidamente en pesquisas, recriminaciones y cazas de brujas que nos desvíen de nuestros deberes con el porvenir. Considero mi deber evitar que el tiempo se nos vaya de entre las manos mirando hacia el pasado. La salud espiritual de Chile nos exige encontrar fórmulas para cumplir en plazo razonable estas tareas de saneamiento moral, de modo que más temprano que tarde, llegue el momento en que, reconciliados, todos miremos con confianza hacia el futuro y aunemos esfuerzos en la tarea que la Patria nos demanda.

"Para cumplir estas tareas de saneamiento moral, debemos abordar derechamente, a lo menos, tres materias que por su especial importancia son insoslayables.

a)     las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de las personas cometidos por motivos políticos;

b)        la situación de los exilados, y

c)        la situación de los llamados 'presos políticos'.

"Respecto de este último tema, aparte de los indultos que dispuse tan pronto asumí y de los que pueda disponer en el futuro en los casos particulares que crea de justicia, mi Gobierno ha presentado al Congreso Nacional un conjunto de proyectos de leyes sobre supresión de la pena de muerte y sobre reformas a la ley antiterrorista, a la ley de control de armas, a la ley de Seguridad Interior del Estado, y a los Códigos de Justicia Militar y de Procedimiento Penal que tienen por objeto corregir para el futuro los excesos de la legislación vigente sobre esas materias y cuya aprobación permitirá acelerar los procesos y alcanzar en breve plazo soluciones de justicia para quienes se encuentran actualmente procesados.

"En relación a estos proyectos, el Gobierno está abierto, como siempre, a considerar y acoger todas las observaciones y sugerencias que tiendan a perfeccionarlos, en la medida en que no se aparten de sus dos objetivos fundamentales. Primero: tipificar adecuadamente los delitos y regular con equidad las penas y los procedimientos judiciales, evitando excesos y discriminaciones injustas; y segundo: poner término a la prolongación indefinida de los juicios contra los actuales procesados, que a menudo han carecido de las garantías del debido proceso. Repugna a la moral y es escarnio a la justicia que se prolongue la prisión preventiva por largos años --a veces cinco o más-- para terminar con que se impone al procesado una pena menor o, como ha ocurrido en varios casos, se decreta su libertad por falta de méritos para inculparlo ....

"Queda el acuciador problema de las violaciones a los derechos humanos y otros hechos de violencia criminal que han. causado tantas víctimas y sufrimientos en los últimos años. Ellos constituyen una herida aún abierta en, el alma nacional, que no puede ser ignorada ni cicatrizará por ningún intento de olvidarla. Ellos dañaron gravemente nuestro histórico prestigio de nación respetuosa del derecho, que debemos vindicar ante la comunidad internacional. Cerrar los ojos ante lo ocurrido o ignorarlo como si nada hubiera pasado, sería prolongar indefinidamente una fuente constante de dolor, divisiones, odios y violencia en el seno de nuestra sociedad. Sólo el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia pueden crear el clima moral indispensable para la reconciliación y la paz.

"Bien sabemos todos que el juzgamiento de cualquier hecho posiblemente delictuoso es tarea propia de los Tribunales de Justicia. Mí Gobierno tiene la firme decisión de prestar a esos Tribunales toda la cooperación que esté a su alcance para que puedan cumplir cabalmente su tarea de establecer las responsabilidades individuales que correspondan en cada caso sometido o que se someta a su conocimiento. Las características del procedimiento judicial, necesariamente circunscrito a la situación particular de cada proceso y con frecuencia demasiado demoroso, no permite razonablemente esperar que por el simple agotamiento de esa vía el país pueda lograr dentro de un plazo prudente un conocimiento global sobre la verdad de lo ocurrido.

"Por otra parte, es evidente que la demora en el esclarecimiento de la verdad es un factor de perturbación en la convivencia colectiva y conspira con el anhelo de reencuentro pacífico entre los chilenos. En estas circunstancias, se hace indispensable buscar un camino distinto, que sin entrar al juzgamiento particular de cada caso propio de la competencia exclusiva del Poder Judicial, permita a la sociedad chilena formarse un serio y fundado concepto colectivo sobre la verdad de lo acontecido en esta trascendental materia.

.Es deber de todo órgano del Estado respetar y promover los derechos naturales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por Chile que se encuentran vigentes. Ese deber pesa especialmente sobre el Presidente de la República, en cuanto encargado del Gobierno y la administración del Estado y responsable de promover el bien común de la sociedad nacional.

"En estas circunstancias, luego de escuchar las opiniones de los más importantes organismos vinculados con la defensa de los derechos humanos, de prestigiadas personalidades del ámbito jurídico y político nacional y de meditarlo muy seriamente en conciencia, he decidido constituir una 'Comisión de Verdad y Reconciliación' sobre el tema derechos humanos, integrada por personas de la más alta solvencia moral, que se avoque a la indispensable tarea de preparar un informe que, dentro de un plazo breve --entre seis y nueve meses-- establezca un cuadro lo más completo posible sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1978 y el 11 de marzo de 1990, sea en el país o en el extranjero, si estas últimas tienen relación con el Estado de Chile o con la vida política chilena.

"Para delimitar el trabajo de esta Comisión y permitirle cumplir su tarea en el lapso señalado, se entenderán por graves violaciones a los derechos humanos las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos. Será tarea de esta Comisión:

a)     Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias;

b)        Individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero;

c)     Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que crea de justicia, y

d)     Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio deban adoptarse para impedir o prevenir la comisión de hechos semejantes.

"En caso alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los tribunales de justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes pudiera caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento. Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que revistan caracteres de delito, los comunicará reservadamente y sin más trámite al tribunal que corresponda.

"Para el cumplimiento de su cometido La Comisión recibirá los antecedentes que los afectados le proporcionen, reunirá y evaluará toda La información que le proporcionen Las organizaciones de derechos humanos y practicará Las indagaciones y diligencias que sean convenientes para cerciorarse de La verdad. Las autoridades y servicios de La administración del Estado deberán prestarle, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, toda La colaboración que La Comisión les solicite.

"Las actuaciones de La Comisión se realizarán en forma reservada. No se trata de crear un foro público para ventilar acusaciones y avivar pasiones, sino una instancia seria y responsable para esclarecer La verdad y abrir camino a La reconciliación. La Comisión culminará al cumplimiento de su tarea presentando al Presidente de la República un informe público en el que, sobre la base de los antecedentes que reuna, exprese las conclusiones a que llegue según el recto criterio y conciencia de sus miembros .... Conocido su informe y teniendo en cuenta las sugerencias que la Comisión formule, los Poderes del Estado podrán adoptar, cada cual en el ámbito de su competencia, las medidas que la prudencia aconseje para el logro de la justicia y de la reconciliación."

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos desea manifestar su decidido apoyo a la medida adoptada por el Gobierno democrático de Chile y expresar sus votos para que las importantes funciones de que se ha investido a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación sean. cumplidas a plenitud y culminen con una mayor vigencia de los derechos humanos en Chile. La Comisión Interamericana debe también manifestar su satisfacción por el restablecimiento de la democracia representativa en Chile, fruto del empeño y convicción democrática de su pueblo, y ofrece su colaboración al nuevo Gobierno en todo lo que estime conveniente dentro del marco de las normas que rigen su acción.

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