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RESOLUCIÓN
No. 38/81 ANTECEDENTES: 1.
En comunicación de 6 de junio de 1979, se denunció a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente: La
Embotelladora de la Coca Cola localizada en la ciudad de Guatemala, ha
tenido una historia de violencia contra la actividad sindical, pero una
extremada escalada de la represión en los recientes meses, incluyendo el
asesinato de dirigentes sindicales, ha atraído la atención de las agencias
internacionales dedicadas a los derechos humanos. Fuentes sindicales citan
la violencia como un esfuerzo coordinado por la Gerencia de la planta y su
dueño norteamericano, John Clinton Trotter, para destruir la organización
sindical. Cronología
de la escalada de la violencia en la Embotelladora octubre 1978 - abril
1979. El
16 de octubre de 1978, Israel Márquez, Secretario General del Sindicato fue
ametrallado cuando manejaba de regreso a su hogar. El ataque del que
sobrevivió milagrosamente, dejó las ventanillas de su automóvil
completamente destruidas. En el informe sobre este ataque, en "El
Imparcial", se cite a fuentes sindicales, refiriendo que una discusión
había tenido lugar en la Embotelladora más temprano ese mismo día, entre
dirigentes del sindicato y la Gerencia. Según la Federación Sindical (CNT),
''los trabajadores fueron prevenidos sobre lo que podría pasarles". De
acuerdo a fuentes sindicales, subsiguientemente al atentado contra Márquez,
se llevaron a cabo una serie de reuniones en el Hotel Dorado Americano. Por
lo menos en una ocasión a finales de noviembre, John Trotter y un grupo de
gerentes de la planta se reunieron con el Coronel Germán Chupina, a quien
se describe en una declaración sindical como a "uno de los principales
ejecutores de la represión en Guatemala". Unos cuantos trabajadores
presentes en dicho mitin informaron al sindicato que se había llegado a una
decisión por la Gerencia de la Embotelladora y el Jefe de la policía, en
cuanto a que el sindicato sería destruido dentro de 6 meses. En
noviembre de 1978 la Gerencia de la Embotelladora publicó anuncios en la
prensa local en un esfuerzo para reclutar a asistentes de personal y
guardias de seguridad. En los anuncios se relacionaba requerirse experiencia
en cuerpos de seguridad y en defensa personal como pre-requisitos para los
trabajos. Como resultado, tres tenientes y cantidad de guardias armados
patrullan ahora la planta, desplegando en forma prominente sus armas. Los
tres tenientes del ejército son Juan Francisco Rodas (quien ha trabajado en
las bases militares de Río Hondo), Edgar Gudiel Castro y Julio García. Según
el "Nuevo Diario" de 25 de enero de 1979, estos tres militares
desempeñan ahora los cargos de jefes del personal, de operación del almacén
y de la Seguridad. El
12 de diciembre de 1978, Pedro Quevedo, Secretario Financiero del Sindicato,
fue asesinado. Fue balaceado cuando estaba sentado en un camión de la compañía,
dentro de su ruta de distribución. Informes periodísticos, como el
publicado en "El Imparcial", el 13 de diciembre de 1978,
detallaban que había recibido ocho perforaciones en la garganta y cuatro en
la cara. Quevedo había estado encarcelado en tres distintas oportunidades
por actividades sindicales. En su discurso, en la Reunión Anual de la
Embotelladora Coca Cola, Márquez dijo que 8 días antes del asesinato, él
se encontraba presente en una reunión cuando John Trotter amenazó con
mandar a matar a Quevedo. Ocho miembros de la policía militar arribaron a
la planta temprano en la mañana del 1 de diciembre. Quevedo fue asesinado
alrededor de las 12:30 de la tarde. Aunque era costumbre tener a dos
oficiales policías militares patrullando la planta por la noche, la
presencia militar en la fábrica durante horas de la mañana era algo
extremadamente raro. Después que se supo la noticia del asesinato en la
planta, los trabajadores se enfrentaron a la policía diciéndoles: "Esto
es por lo que ustedes vinieron a la planta esta mañana. Ustedes sabían que
Quevedo iba a ser asesinado". La Policía replicó diciéndoles que
ellos habían venido a la Embotelladora por rumores de una intentona de robo.
En adición, Márquez destacó que varias horas antes del asesinato todos
los gerentes de la planta lucían extraordinariamente nerviosos". Citando
declaraciones de un sindicato, después de la muerte de Quevedo "había
comenzado una campaña de terror." Una lista de muertos del Ejército
Secreto Anticomunista. (uno de los Escuadrones de la Muerte derechistas)
incluía los nombres del Comité Ejecutivo del Sindicato completo y del
Consejo Asesor. Notas amenazadoras también se habían enviado a los
trabajadores a sus casas. La única fuente para obtener las direcciones
correctas de estos trabajadores era la oficina de la Embotelladora. Además
los trabajadores fueron forzados a firmar hojas de papel en blanco y
peticiones en contra del sindicato. Un
trabajador anónimo destacó varios de los atentados para acabar con el
sindicato, en "Noticias de Guatemala", en enero 22 de 1979. El
destacó que, desde la fundación del sindicato, Trotter había tratado de
destruir la Organización. Al momento de llevarse a cabo esta entrevista la
mayoría de los trabajadores de la Embotelladora permanecían aún dentro
del sindicato. Un vocero del sindicato destacó que, en los últimos 15 días,
6 de los 10 dirigentes del sindicato se habían retirado debido al
incremento de la represión y a las consiguientes peticiones de sus
familiares. Ellos fueron reemplazados inmediatamente. Al describir lo difícil
de la situación en que, por una parte, se había ofrecido mejores
posiciones y salarios a los trabajadores si los mismos denunciaban al
Sindicato, mientras que, por otra parte, si ellos se negaban, fueron
amenazados con ser despedidos o asesinados. El identificó por lo menos una
amenaza específica de muerte de parte del Teniente Rodas. El
15 de enero de 1979 varios vehículos con licencia de circulación
extranjeras (el tipo de vehículos usados en los asesinatos cometidos por
las organizaciones derechistas) patrullaban los terrenos de la planta. El 16
enero, los mismos vehículos retornaron con dos autobuses del Pelotón
Modelo de la Policía. De acuerdo a fuentes sindicales la Policía entró en
la planta para capturar a Márquez. Cuando Márquez llegó a la planta, en la mañana del 16 de enero, un grupo de policías trató de aprehenderlo,
pero él se les escapó y desapareció corriendo. Su escapada fue ayudada
por un amigo que se fue manejando detrás de él y lo montó en un pequeño
camión. Mientras los dos continuaban en su huida, la policía disparó
varias veces a la camioneta en que viajaban. El
19 de enero de 1979 aparecieron anuncios en los diarios locales denunciando
al dirigente de los trabajadores, Israel Márquez, como un pobrecillo líder
sindical y un falso representante de los intereses de los trabajadores. Se
alega que el anuncio fue mandado a publicar por un tal Víctor Godínez. Márquez
dijo que se habían publicado una serie de anuncios cuyo objetivo era
denigrar a su persona y que todos fueron pagados por la compañía. Los
anuncios fueron publicados por la misma agencia publicitaria contratada para
promover los refrescos de la Coca Cola. Desde el punto de vista de Márquez,
la finalidad de esta campaña de ataques era difamarlo, al punto de que,
cuando finalmente fuera asesinado, no hubiera lamentos públicos.
Entrevistas publicadas en "Noticias de Guatemala" del 22 de enero
de 1979, apoyan la apreciación de que la fe de los miembros del sindicato
en Márquez nunca falló y que todos los anuncios eran fraudulentos." El
22 de enero, el sindicato publicó en varios periódicos, a plana completa,
una carta abierta, citando el aviso pagado del día l9 como un fraude. En
adición, Víctor Godínez envió una declaración jurada a los periódicos,
de que él nunca había publicado tales anuncios ni autorizado que
apareciera su nombre en ninguna de dichas publicaciones. En esta carta
abierta también se detallaba la historia de la represión en contra del
sindicato. El
24 de enero de 1979, un hombre inocente, a quien por error se había
identificado como Israel Márquez, fue asesinado cuando abandonaba el hogar
de dicho líder sindical. Su esposa fue gravemente herida en el ataque
armado efectuado con ametralladoras. Manuel Antonio Moscoso Zaldaña,
de 27 años de edad y su esposa se habían casado durante el mes anterior. Márquez
le dijo al ICCR que el día de este asesinato, un grupo de 8 policías que
se encontraba patrullando la planta desde el día del asesinato de Quevedo
fue reforzado al punto de integrar un cuerpo de 20 hombres que arribaron con
ametralladoras. Como ocurrió el día de los asesinatos previos, este
destacamento arribó a la planta varias horas antes de que se consumara el
crimen. El
30 de enero de 1979, Israel Márquez y su esposa con un hijo de 10 meses, se
asilaron en la Embajada de Venezuela. La familia permaneció en la Embajada
por espacio de un mes aproximadamente antes de viajar a Costa Rica. El
13 de marzo de 1979, Sonia Olivia, una dirigente sindical de la
planta ACRICASA fue capturada e interrogada 12 horas por la "Policía
Judicial" o el Escuadrón de detectives. De acuerdo a la abogado de la
Federación Sindical C.N.T. Yolanda de Aguilar, Sonia Olivia fue informada
por la policía de que ellos iban a matar a Manuel López Balán, el nuevo
Secretario General del Sindicato de la Coca Cola. El
19 de marzo de 1979, "Noticias de Guatemala" reportó que el
teniente Juan Rodas había continuado con sus prevenciones a los
trabajadores para que éstos abandonasen el sindicato. El
30 de marzo de 1979, se llevó a cabo una intentona de secuestro de la
abogado de la C.N.T. Yolanda de Aguilar. Cuando logró escapar de sus
secuestradores introduciéndose en un establecimiento abarrotado de gente,
se le previno, "tú estas segura ahora pero sabes que más tarde o más
temprano te vamos a agarrar". El
5 de abril de 1979, Manuel López Balán, de 28 años de edad, quien
había reemplazado a Israel Márquez como Secretarlo General del Sindicato,
fue asesinado. Como la muerte de Quevedo, el asesinato se llevó a cabo
mientras se encontraba cubriendo su ruta de distribución. Lo abatieron con
un tubo de hierro y luego le cortaron la garganta de oreja a oreja. De
acuerdo al "Nuevo Diario" (abril 6 de 1979) cuando otro trabajador
vino en auxilio de Balán, uno de los asesinos le dio una paliza y le dijo,
"Yo no quiero matarte...es a él a quien quiero", señalando a Balán.
Como en el caso de la muerte de Quevedo los dos asesinos, según se reportó,
siguieron al camión de la compañía en motocicletas. El cuerpo de Balán
mostraba 17 heridas. Israel
Márques dijo que Manuel Balán había sido arrollado por un hombre en una
motocicleta, poco después de asumir su cargo como Secretario General del
Sindicato. Su pierna se fracturó en el accidente. Debido a la naturaleza de
esta herida, Balán estuvo ausente del trabajo por espacio de un mes. El fue
asesinado al segundo día de haberse reintegrado al trabajo. Balán, como Márquez,
habían recibido numerosas amenazas de muerte en los últimos pocos meses.
En enero de 1979, a Balán le dijeron en una reunión en la Oficina del
Gerente Alfonso Riego que: "Si él deseaba salvar su vida, todavía
estaba a tiempo de salirse del sindicato". El
7 de abril de 1979 el padre de Manuel López Balán fue arrestado por 20
policías uniformados, según apareció reportado en los diarios de
Guatemala. El
18 de abril, dos de los tres abogados laborales de la Federación sindical
C.N.T fueron secuestrados en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala. De
acuerdo a los informes periodísticos publicados en "La Nación",
el 19 de abril, no fueron arrestados por miembros o agentes de la policía
regular. Dos
semanas después del asesinato de Balán, Marlon Mendizabal, de 22 años de
edad, asumió el cargo como nuevo Secretario General del Sindicato de la
Embotelladora. El fue víctima inmediatamente de prevenciones y amenazas por
parte de la Gerencia de la planta. De acuerdo a fuentes sindicales se le
mostró a él una lista con los nombres de sus parientes más cercanos y sus
respectivas direcciones y de que subsiguientemente fue tentado con la
siguiente proposición: "No seas tonto, renuncia a tu cargo. No te das
cuenta de que tenemos los nombres de todos tus seres queridos... recuerda
que la tortura es algo extraordinariamente penoso... conoces los distintos
tipos de tortura... existe este método, y este otro, etc..." Este
hostigamiento verbal fue seguido de su encarcelamiento por la policía, el día
30 de abril de 1979. 2.
La Comisión, en nota del 18 de junio de 1979, transmitió al
Gobierno de Guatemala las partes pertinentes de la denuncia solicitándole
que suministrase la información correspondiente.
3.
Posteriormente, con fecha 7 de mayo de 1980 se recibió de los
reclamantes la información adicional siguiente:
El
día 14 de abril de 1980, a la 10 a.m., representantes del sindicato de
trabajadores de la Embotelladora Guatemalteca presentaron ante el juzgado de
trabajo una solicitud de discusión de un nuevo pacto colectivo, el anterior
habiendo vencido el día 2 de febrero de 1980. En conformidad con las leyes,
el juez de trabajo emitió en ese momento una resolución que, de acuerdo
con el derecho laboral, prohibe el despido de miembros del sindicato. A
las 3 p.m. del mismo día, 28 trabajadores, miembros del sindicato, y tres
miembros de la directiva fueron despedidos.
El
día 16 de abril los tres miembros de la directiva fueron reinstalados. Los
demás no han sido reinstalados. Todos ellos fueron amenazados de muerte por
el Teniente Juan Francisco Rodas, militar en servicio especial, quien actúa
como jefe de personal de la empresa, si no aceptaban el despido. El
día primero de mayo del presente, cuatro miembros del sindicato fueron
secuestrados: Arnulfo García, René Reyes, Ricardo García, y Manuel de Jesús
Gómez. Se encontraron los cadáveres de Arnulfo García, el cual mostraba
señas de tortura, y de René Reyes, los días 2 y 3 de mayo,
respectivamente. Los otros dos siguen desaparecidos. 4.
La información adicional fue transmitida por la Comisión al
Gobierno de Guatemala, en nota de 8 de mayo de 1980, en la que igualmente se
solicitó al Gobierno que suministrara la información que considerase
oportuna.
5.
En notas de 16 de diciembre de 1980 y de 20 de abril de 1981, la
Comisión se dirigió nuevamente al Gobierno guatemalteco, reiterándole sus
pedidos de información.
CONSIDERANDO:
1.
Que hasta la fecha el Gobierno de Guatemala no ha respondido a las
reiteradas solicitudes de información formuladas por la Comisión con
relación a este caso.
2.
Que el Artículo 39 del Reglamento establece lo siguiente: Artículo
39 1.
Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado
aludidos si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de conformidad con
el Artículo 31, párrafo 5, dicho Gobierno no suministrase la información
correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicción no
resultare una conclusión diversa. LA
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
RESUELVE:
1.
Con fundamento en el Artículo 39 del Reglamento, presumir verdaderos
los hechos denunciados en las comunicaciones de 6 de junio de 1979 y de 7 de
mayo de 1980, relativos a las amenazas, intimidaciones, atentados, actos de
violencia, y despidos ilegales, contra dirigentes y miembros del sindicato
de la Embotelladora Coca Cola y, específicamente, el ametrallamiento e
intento de asesinato, el 16 de octubre de 1978 contra el entonces Secretario
General del Sindicato, Sr. Israel Márquez y su posterior intento de
secuestro el 16 enero de 1979. Los asesinos de Pedro Quevedo, Secretario de
Finanzas, el 12 de diciembre de 1978 y el Sr. Manuel Moscoso Zaldaña el 16
de enero de 1979. El intento de secuestro de Yolanda Aguilar, abogada de la
C.N.T., el 30 de marzo de 1979. El asesinato del nuevo Secretario General
del Sindicato, Sr. Manuel López Balán el 5 de abril de 1979. Las amenazas
y posterior detención arbitraria y encarcelamiento, del substituto del Sr.
Balán como secretario General, Sr. Marlon Mendizabal y el secuestro, el 1
de mayo de 1980 de 4 miembros del sindicato: Ricardo García, Manuel de Jesús
Gómez, Arnulfo García y René Reyes, seguido del posterior asesinato de
estos últimos.
2.
Declarar que el Gobierno de Guatemala violó los Artículos 4 (Derecho
a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad
Personal), 8 (Garantías Judiciales), 15 (Derecho de Reunión), 16 (Libertad
de Asociación) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
1. Recomendar al Gobierno guatemalteco que investigue los hechos
denunciados y, en su caso, sancione a los responsables; y que se sirva
comunicar a la Comisión la decisión que adopte, dentro de un plazo máximo
de 60 días.
4.
Comunicar esta resolución
al Gobierno de Guatemala y a los denunciantes.
5.
Incluir esta Resolución en el Informe Anual de la Comisión a la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de conformidad
con el Artículo 18 inciso (f) del Estatuto y Artículo 59 inciso (g) del
Reglamento de la Comisión.
Nota:
El
Dr. Francisco Bertrand Galindo se excusó de conocer y decidir en este caso
y expresó que lo hacía por cuanto estaba radicado en Guatemala cuando se
dice que ocurrieron los hechos que lo motivan. |