Anexo: A Declaración conjunta de las (8
de marzo de 2002) La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer,
sus causas y consecuencias y las Relatoras Especiales sobre los derechos de
la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos se reunieron por primera vez
el 28 de febrero y el 1º de marzo de 2002 en Montreal, en una reunión
organizada por Rights & Democracy. Las Relatoras Especiales formularon
la siguiente declaración conjunta: Recordando
que los derechos de la mujer son derechos humanos, nosotras, las Relatoras
Especiales, reafirmamos nuestra adhesión a las normas internacionales sobre
los derechos de la mujer que figuran en documentos como los siguientes: ·
la Declaración Universal de Derechos Humanos; ·
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; ·
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; ·
la Declaración sobre la eliminación de la discriminación
contra la mujer; ·
la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, y su Protocolo Facultativo; ·
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; ·
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su
Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; ·
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre; ·
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); ·
la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; y ·
la Declaración y Plan de Acción sobre los derechos
humanos aprobados en Grand Baie en 1999. Afirmamos
que esos instrumentos internacionales y regionales brindan una amplia
protección contra la violencia por motivos de sexo y la discriminación
contra la mujer. Exhortamos a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a
que ratifiquen los tratados pertinentes y velen por el cumplimiento de las
normas internacionales. Destacamos
que por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia
perpetrado por cualquier persona en el hogar, en la familia o en la
comunidad, así como los actos perpetrados o tolerados por el Estado,
incluso durante conflictos armados. La violencia contra la mujer es una
manifestación de discriminación basada en el sexo. Reafirmamos que el
derecho de toda mujer a no ser sometida a actos de violencia incluye el
derecho a no ser objeto de ese tipo de discriminación y el derecho a gozar
de igual protección ante la ley. Reconocemos
la diversidad entre las mujeres y el derecho que tienen las personas de una
comunidad así como otros miembros del grupo a disfrutar de su propia
cultura. Reconocemos las particularidades de las distintas regiones en
cuanto a la aplicación de los derechos de la mujer. Sin embargo, los
Estados no deben invocar ninguna costumbre, tradición o consideración
religiosa para eludir sus obligaciones con respecto a la eliminación de la
violencia y la discriminación contra la mujer. Todas las mujeres tienen
derecho a vivir en libertad y en condiciones de igualdad y dignidad. En
todos los países del mundo se cometen actos de violencia contra las mujeres
y las niñas. Ello ocurre en situaciones de paz y de conflicto. Sin embargo,
los órganos estatales y las entidades privadas no están obligados a rendir
cuenta de ello. Este clima de impunidad fomenta la persistencia de esas
violaciones de los derechos. Instamos a los Estados a que adopten medidas de
inmediato para poner fin a esa impunidad y hacer comparecer ante la justicia
a los autores de esos actos. Reiteramos
que las normas internacionales de derechos humanos protegen a las mujeres de
la violencia y la discriminación por parte de entidades privadas no
estatales. Los Estados tienen el deber de adoptar todas las medidas
necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer por parte de
cualquier persona, organización o empresa. Los Estados están obligados a
obrar con la diligencia debida para prevenir la violencia contra la mujer,
enjuiciar y sancionar a quienes cometan actos de esa índole, y a tomar
medidas para erradicar permanentemente la violencia contra la mujer en sus
sociedades. Si
bien la comunidad internacional y las comunidades regionales han elaborado
normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación
contra la mujer, muchos Estados aún no han adoptado las medidas necesarias
para incorporar esas normas en la legislación y las prácticas nacionales.
Instamos a los Estados a que adopten las medidas del caso para ajustar sus
leyes y prácticas a esas normas. Destacamos
el hecho de que las mujeres que son objeto de actos de violencia y
discriminación no suelen gozar de protección ni tener acceso a recursos
judiciales eficaces. Deben adoptarse estrategias que abarquen las reformas
legislativas y, en particular, las reformas del sistema de justicia penal.
Es necesario capacitar a los encargados de la formulación de políticas, a
la policía, los jueces y los fiscales. Además, se debe proporcionar a las
víctimas asesoramiento jurídico, médico y psicológico, así como
servicios sociales adecuados. Los Estados deberían aprovechar el
sistema educativo y las campañas de sensibilización de la sociedad para
aplicar las normas internacionales a nivel nacional. En
vista de estas preocupaciones comunes, nos comprometemos a coordinar
nuestras actividades para desempeñar con mayor eficacia nuestra labor,
mediante: a) el intercambio de información, en particular sobre leyes y
casos, así como información relacionada con las misiones; b) el intercambio
de ideas y estrategias sobre la manera de hacer frente a los nuevos
problemas y a la violación de los derechos de la mujer; c) la armonización
de nuestras recomendaciones a los Estados; d) la comunicación periódica
con las organizaciones no gubernamentales regionales e internacionales, las
organizaciones femeninas y otros representantes de la sociedad civil para
quienes la promoción y la protección de los derechos humanos de la mujer
constituyen un objetivo fundamental. Nos comprometemos a intercambiar entre
nosotras información sobre los últimos acontecimientos. Sra. Marta Altolaguirre Sra. Radhika Coomaraswamy Sra.
Angela Melo ANEXO: B Nº 04/02 COMUNICADO DE
PRENSA LA RELATORA ESPECIAL DE LA CIDH CULMINA VISITA PARA
EVALUAR LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO
La Licenciada Marta Altolaguirre, Relatora Especial sobre los
Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
culminó el día de hoy una visita de dos días a Ciudad Juárez y al
Distrito Federal de México, a invitación del Gobierno de Presidente
Vicente Fox, y en atención a previas expresiones de preocupación por
diversos representantes de la sociedad civil.
La visita tuvo el propósito de evaluar la situación de los derechos
de la mujer en Ciudad Juárez. Durante
dicha visita, la Relatora Especial contó
con la asistencia de la doctora Elizabeth Abi-Mershed, Especialista
Principal de la CIDH. La Licenciada Altolaguirre, miembro de
la Comisión, fue nombrada Relatora Especial en 2000, y actualmente integra
la mesa directiva de dicho órgano como Vicepresidenta. De acuerdo con el mandato de la Relatoría, sus funciones son
las de proteger y promover un mayor respeto a los derechos de la mujer en el
Hemisferio. Analiza, en
especial, la medida en que las leyes y prácticas de los Estados miembros de
la OEA cumplen con las obligaciones de igualdad ante la ley y no
discriminación bajo los instrumentos aplicables.
Dichos instrumentos incluyen, en especial, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (“Convención Americana”), de la cual México es
parte desde 1981, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”),
que dicho Estado ratificó en 1995. La CIDH es un órgano principal de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), compuesto de siete miembros
elegidos a título personal por la Asamblea General de dicha organización.
La Comisión tiene el mandato de promover la observancia de los
derechos humanos en el Hemisferio conforme a los parámetros establecidos en
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Como parte de los compromisos asumidos, los Estados partes de la OEA
y de dicha Convención deben otorgar a la CIDH todas las facilidades
necesarias para llevar a cabo sus misiones de observación con plena
libertad, con el fin de dar cumplimiento a su mandato.
La visita de la Relatora Especial se realizará en el marco de la
competencia que establece la Convención Americana y el Reglamento de la
CIDH.
En el transcurso de estos dos días, la Relatora Especial cumplió
una intensa agenda que incluyó reuniones con autoridades federales, tales
como la Senadora Susana Stephenson Pérez, Presidenta de la Comisión de
Equidad y Género del Senado de la República, Diputada Federal Concepción
González Molina, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara
de Diputados, las Diputadas Silvia López Escoffié y Olga Haydee Juárez, y
las Senadoras Leticia Burgos y María del Carmen Ramírez García, también
integrantes de dichas Comisiones; el Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado; el Lic. David Rodríguez Torres, Diputado Federal
integrante de la Comisión Especial para Esclarecer los Homicidios de
Mujeres en Ciudad Juárez; Lic. Mariclaire Acosta Urquidi, Subsecretaria
para Derechos Humanos y Democracia y Lic. Patricia Olamendi, Subsecretaria
para Temas Globales, ambas de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Lic.
Patricia Espinosa Torres, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres,
y Martha Laura Carranza, Secretaría Técnica del Inmujeres; Lic. Carlos
Vega Memije, Subprocurador de Procedimientos Penales “B” de la
Procuraduría General de la República, Dra. María de la Luz Lima Malvido,
Subprocuradora de Coordinación General y Desarrollo de la PGR, Lic. Eduardo
Ibarrola Nicolin, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internaciones de la
PGR, Dr. Miguel Oscar Aguilar Ruiz, Director General de Servicios Periciales
de la PGR, y Dr. Mario I. Alvarez Ledesma, Director General de Protección a
los Derechos Humanos de la PGR . La
Relatora Especial también se entrevistó con autoridades del Estado de
Chihuahua y de la Municipalidad de Ciudad Juárez, inter
alia, Lic. Jesús José Solís Silva, Procurador General de Justicia del
Estado, Lic. Lorenzo Aquino Miranda, Delegado de la PGR en Chihuahua, Lic.
Suly Ponce, Coordinadora Regional de la Zona Norte de la PGJE, Lic. Zulema
Bolivar, Fiscal Especial para la Investigación de Homicidios Contra Mujeres;
Lic. Sergio A. Martínez Garza, Secretario General de Gobierno del Estado de
Chihuahua; Lic. Oscar Francisco Yáñez Franco, Presidente, Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Lic. José
Luis Armendáriz, Secretario Técnico de la CEDH, Lic. Jaime Flores Castañeda,
Visitador Titular de Ciudad Juárez (CEDH); Lic. José Reyes
Ferriz, Presidente Municipal de Ciudad Juárez y varios funcionarios de la
Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Asimismo,
recibió información y testimonios de familiares de víctimas, y se
entrevistó con representantes de organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil a nivel local y
nacional, inclusive inter alia,
Casa Amiga Centro de Crisis, A.C., Red de No Violencia y Dignidad Humana,
Campaña “Alto a la Impunidad: Ni Una Muerte Más”,
Grupo Feminista Ocho de Marzo de Chihuahua, FEMAP, CIESAS, Círculo
de Estudios de Género, Asociación de Amigos y Personas Desaparecidos A.C.,
MILETNIA, Pastoral Obrera, Pastoral Juvenil Obrera, CETLAC, Comisión de
Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), Despacho Obrero,
Centro Mujeres, Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, Asociación
de Trabajadores Sociales, A.C., Consorcio para el Diálogo Parlamentario y
la Equidad, Centro Norte Americano para la Solidaridad Sindical
Internacional AFL-CIO, Milenio Feminista Convergencia Socialista, ELIGE Red
de Jóvenes para los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C., Mujeres
Trabajadores Unidas, A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
y Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana – Comisión de
Equidad y Género. La
Relatora Especial agradece al Gobernador de Chihuahua y al Presidente
Municipal de Ciudad Juárez y su equipo por las atenciones que tuviera
durante la visita. También
agradece la disposición del Gobierno del Presidente Fox para permitirle
realizar su trabajo y la voluntad mostrada para colaborar en la búsqueda de
soluciones a los problemas planteados, y especialmente a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, y la Subsecretaria Patricia Olamendi por su acompañamiento
en las entrevistas. Concretamente,
esa voluntad se ha reflejado en un acercamiento del Presidente Vicente Fox y
las autoridades pertinentes para atender las recomendaciones de la Comisión
Interamericana. Se puede
mencionar al respecto el caso reciente de la liberación del General
Gallardo, en respuesta a una recomendación emitida por la Comisión
Interamericana. Asimismo, desea
extender su agradecimiento a los representantes de la sociedad civil, y en
especial a las personas directamente afectadas por esta situación, por la
colaboración y la importante información que le suministraron durante esta
visita. La
Relatora Especial informará al plenario de la CIDH sobre la visita durante
su próximo período de sesiones, que se iniciará a fines del mes en curso.
El cúmulo de información recibida durante esta visita será
analizado por la Relatoría en detalle, con el propósito de elaborar un
informe con sus conclusiones sobre la situación de violencia contra la
mujer en Ciudad Juárez, para la consideración y aprobación del plenario
de la CIDH. Dicho informe, que
será puesto a consideración del Estado mexicano y hecho público en un
futuro próximo, ofrecerá una serie de recomendaciones destinadas a ayudar
al Estado a perfeccionar su cumplimiento con sus obligaciones
internacionales en la materia. La
Comisión Interamericana evaluará las medidas adoptadas para cumplir con
estas recomendaciones a través de un proceso de seguimiento. Sin
perjuicio de lo anterior, en el marco de la colaboración existente con el
Gobierno y con el objetivo de contribuir en la búsqueda de una mayor
protección de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, la Relatora
Especial desea manifestar unas reflexiones iniciales, en especial sobre la
preocupante situación de violencia contra la mujer en dicha localidad.
Desde noviembre de 2001, la Relatoría ha recibido una serie de
comunicaciones firmadas por más de trescientas organizaciones detallando
que desde 1993 hasta la fecha, más de doscientas mujeres han sido
asesinadas con una violencia brutal en dicha ciudad fronteriza, denunciando
la ineficacia de la administración de justicia, y solicitando que la
Relatoría realice una visita a México con el fin de constatar la situación
de violencia que viven las mujeres de esa ciudad.
En respuesta a la preocupación manifestada por la Relatora Especial
ante esta información, el Gobierno de México extendió la invitación a
realizar la visita in loco que
concluye en la fecha.
Durante la visita, la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Chihuahua presentó información sobre 268 homicidios de mujeres en Ciudad
Juárez desde enero de 1993 hasta enero de 2002.
En muchos casos, se trata de jóvenes mujeres, obreras de las
maquiladoras o estudiantes, algunas menores de edad, que fueron violadas,
estranguladas o acuchilladas, y cuyos cadáveres aparecieron abandonados en
las inmediaciones de la ciudad. La
PGJE informó que, en relación con estos casos, que clasifica como
homicidios múltiples, la vasta mayoría sigue bajo investigación sin
esclarecimiento. También
informó que de las 4.154 desapariciones denunciadas durante el mismo período,
la vasta mayoría habían sido resueltas a través de la localización de la
persona, mientras que por lo menos 257 quedan pendientes.
Aunque otras fuentes cuestionan dichas cifras y los criterios que la
PGJE aplica para clasificar los crímenes, lo que queda absolutamente claro
es la gravedad de la situación y el alto grado de impunidad.
Como
se explica en una carta presentada a la Relatora Especial durante la visita,
“Desde 1993 las mujeres que viven en Ciudad Juárez tienen miedo.
Miedo de salir a la calle y recorrer la distancia del camino de su
casa a su trabajo. Miedo a las
10, a los 13, a los 15, a los 20 años, no importa si es niña o ya mujer...”.
Esta situación que se vive en Ciudad Juárez ha impactado a la
conciencia de la población; de hecho, la carta en referencia fue presentada
con cinco mil firmas. Además,
la Secretaría Ejecutiva, a través de la Dra. Abi-Mershed, recibió dos
peticiones relacionadas con víctimas específicas, y otras organizaciones
señalaron que van a presentar peticiones a la CIDH en el próximo futuro.
El impacto también se refleja en varias iniciativas impulsadas por
el sector estatal y orientadas hacia el esclarecimiento de los asesinatos de
mujeres en Ciudad Juárez. Complace
a la Relatora Especial la información que recibió sobre las actividades de
las Comisiones de Equidad y Género del Honorable Congreso de la República,
y la Comisión Especial de la Honorable Cámara de Diputados establecida en
noviembre de 2001 para esclarecer los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez.
Dicha Comisión Especial ha realizado reuniones con los familiares de
las víctimas, las organizaciones no gubernamentales que trabajan con el
tema, las autoridades estatales, y representantes de las maquiladoras, con
el fin de dar seguimiento a las investigaciones, impulsar una verdadera
colaboración entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil y
ofrecer recomendaciones concretas relacionadas con la prevención de tales
crímenes. Asimismo, recibió
información del impulso dado por el Instituto Nacional de las Mujeres en la
integración de la Mesa Interinstitucional de Diálogo integrada por
representantes de diferentes instancias del Estado de Chihuahua y
representantes de la sociedad civil. Dicha
Mesa tendrá como fin el análisis y la prosecución de los casos de los
asesinatos, inclusive la revisión de los expedientes, para emitir
observaciones y recomendaciones para el mejor desarrollo de las
investigaciones. La Relatora
Especial valora iniciativas destinadas a detener estos crímenes, unir
esfuerzos y lograr el esclarecimiento respecto a las víctimas del pasado.
Mientras
que las iniciativas descritas ofrecen esperanzas, parece que otras
iniciativas impulsadas con el fin de buscar soluciones al problema no han
recibido el seguimiento necesario. En
especial, de acuerdo a la información disponible , el importante trabajo
realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 1998 con
el fin de evaluar las investigaciones de los asesinatos de mujeres y emitir
la recomendación 44/98 no ha tenido resultados concretos.
Asimismo, aunque el establecimiento de la Fiscalía Especial para la
Investigación de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez ha aportado nuevos
elementos importantes para la investigación, tampoco ha producido los
resultados deseados por la comunidad afectada. La
Convención de Belém do Pará expresa que “Toda mujer tiene derecho a una
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”
(Artículo 3). Violencia contra
la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar
en la casa, y en la comunidad y que sea perpetrado o tolerado por el Estado
(Artículo 2). Asimismo, dicha
Convención consagra para la mujer el derecho al ejercicio y protección de
todos los derechos fundamentales y genera diversas obligaciones para el
Estado, principalmente que debe actuar con la debida diligencia para
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (Artículo 7). No
obstante la gravedad de la situación y las medidas que se están
desarrollando, la respuesta estatal frente a estos crímenes sigue siendo
marcadamente deficiente. Como
expresaron varias autoridades estatales, la magnitud del problema no se
equipara con las medidas adoptadas. En
especial, tanto las autoridades pertinentes como los representantes de la
sociedad civil expresaron reiteradamente que la administración de justicia
en el Estado ha sido ineficaz para esclarecer estos crímenes, lo que ha
propiciado en consecuencia la impunidad y la inseguridad.
La impunidad existente desde 1993 sobre las graves violaciones a los
derechos humanos de las mujeres de Ciudad Juárez contribuye
significativamente a la perpetuación de la violencia contra la mujer. La
Relatora Especial ha observado una falta de confianza notable y generalizada
con respecto a la administración de justicia en el Estado de Chihuahua.
Por un lado, los familiares y sus representantes manifestaron
consistentemente que no cuentan con la información básica y la asistencia
que requieren en busca de justicia. Es
evidente que esta falta de información juega un rol muy importante en la
falta de confianza en el sistema de justicia.
En varias entrevistas, familiares de víctimas y miembros de la
sociedad civil manifestaron dudas sobre las bases de sustentación en las
sindicaciones de personas supuestamente culpables.
Además, en algunos casos específicos, los familiares manifestaron
que tienen mucha incertidumbre sobre la identidad verdadera del cadáver
identificado por las autoridades como el de su ser querido.
Reiteradamente se mencionó la falta de consideración de algunas
autoridades hacia familiares que se acercaron para indagar sobre el estado
de las investigaciones. Asimismo, la Relatora Especial ha recibido varios informes al
efecto de que algunos familiares se sienten desprotegidos, y que por el
contrario, manifiestan que algunos funcionarios están desprestigiando a las
víctimas y a ellos mismos. De
acuerdo con estos informes, hay una tendencia a relacionar el delito con la
forma de vestirse o comportarse de la víctima, esencialmente culpándola en
vez de dirigir la atención al victimario.
Este tipo de tratamiento o respuesta refleja una discriminación
inaceptable para la CIDH. Adicionalmente,
la Relatora Especial fue informada que defensores de los derechos humanos,
miembros de ong’s que trabajan con los familiares de las víctimas
y periodistas, han recibido amenazas en relación con este trabajo.
La Relatora desea recordar que tales defensores tienen un papel
importante en la protección de los derechos humanos, y destacar la
importancia de que personas en una situación de riesgo tengan acceso a
medidas de protección.
También es importante mencionar el deber del Estado de tomar medidas
razonables para prevenir violaciones de los derechos humanos, tanto bajo la
Convención Americana sobre Derechos Humanos como bajo la Convención de Belém
do Pará. En las reuniones, los miembros de la sociedad civil y
las autoridades estatales coincidieron en señalar ciertas circunstancias o
características especiales de Ciudad Juárez, tales como el desarrollo
desmesurado debido a las maquiladoras y las oportunidades de empleo, la
presencia de otros migrantes esperando cruzar la frontera, la permeabilidad
de dicha frontera, y el crecimiento de la venta de droga
y la penetración del crimen organizado.
Asimismo, y tomando en cuenta las circunstancias de los asesinatos
bajo investigación, se mencionó reiteradamente la necesidad de mejorar las
medidas de seguridad y políticas públicas para garantizar la vida e
integridad personal de las mujeres juarenses, en relación, por ejemplo, al
alumbrado, el transporte público y elementos de seguridad pública.
Al respecto, el Presidente Municipal informó a la Relatora Especial
que en los últimos meses, tras una serie de reuniones con representantes de
la sociedad civil, se emprendieron acciones, inter
alia, para gestionar ante TELEMEX la instalación de una línea especial
para recibir denuncias de emergencia de mujeres en peligro por violencia
intrafamiliar, acoso en la calle, etc.; implementar un programa de control más
estricto para la contratación de choferes en el servicio de transporte público;
instalar más alumbrado; poner en marcha un nuevo programa de denuncia anónima
“Juntos contra la Delincuencia”; y trabajar con algunas maquiladoras con
el fin de adoptar medidas para que una mujer no queda sola en los camiones
que las transportan. La
Relatora espera recibir información sobre los resultados de éstas y otras
iniciativas en el próximo futuro.
En conclusión, la Relatora Especial desea reconocer los esfuerzos
del Gobierno mexicano y de la sociedad civil por buscar soluciones al
problema de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, los que apoya
plenamente, en especial en cuanto a la necesidad de unir esfuerzos entre
todos los niveles de Gobierno y la sociedad civil.
Como refleja la Convención de Belém do Pará, la violencia contra
la mujer no es un problema privado, sino fundamentalmente social y afecta a
todos los miembros de la sociedad civil.
Sin
embargo, dada la gravedad de la situación, la Relatora Especial no puede
sino expresar su decepción ante la lentitud de los avances registrados en
una situación que data desde 1993. Por
un lado, es fundamental esclarecer estos crímenes y castigar a los
culpables de acuerdo a derecho. Por
el otro, es igualmente importante adoptar políticas eficaces con el
presupuesto adecuado para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
La Relatora Especial reitera su disposición de continuar colaborando
con las autoridades y con la sociedad civil dentro del marco de los
instrumentos aplicables a fin de contribuir al fortalecimiento de los
mecanismos internos e internacionales para la protección de los derechos de
la mujer y en especial el derecho a una vida libre de violencia.
Finalmente, la Relatora Especial desea agradecer el interés de los
periodistas y los medios de comunicación por la cobertura de esta visita. México,
13 de febrero de 2002
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