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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PAOLO CAROZZA
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2007 DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ANTE EL COMITÉ DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Washington, D.C. 3 de abril de 2008
Sr. Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos,
distinguidos representantes de los Estados miembros y Observadores de la Organización,
señoras y señores:
Como Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me complace presentar el Informe Anual de la Comisión del año 2007 a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente. Están hoy conmigo el Secretario Ejecutivo y funcionarios de la Secretaría.
El informe que les presento hoy fue aprobado por la Comisión Interamericana, tras ser preparado de acuerdo con las pautas establecidas por la Asamblea General y de conformidad con el Artículo 57 del Reglamento de la Comisión. El informe refleja las actividades generales de la CIDH, primordialmente, bajo la presidencia del comisionado Florentín Meléndez.
Estructura y resumen del Informe Anual 2007
El Informe se divide en tres volúmenes: los dos primeros se refieren a la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el tercero contiene el informe del Relator Especial de la Comisión para la Libertad de Expresión.
Rol de la Comisión y la vitalidad del sistema
En tanto el Capítulo I del informe ha sido dedicado en los últimos años a una breve evaluación de la situación de derechos humanos del Hemisferio, la introducción de este año se aparta de esa práctica para reflejar el papel de la Comisión en el sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos es un mecanismo vital para fomentar el establecimiento de la justicia y el Estado de derecho en los países de este Hemisferio. El sistema respalda a los Estados miembros en sus avances cruciales en materia de derecho, política y práctica a nivel nacional. En realidad, cada vez comprobamos más que las instituciones nacionales emplean las normas internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia del sistema regional en sus decisiones, aplicando tales normas como referencia para evaluar y revisar su propia práctica a nivel interno.
Esa efectividad interna es muestra de la gran credibilidad de los órganos del sistema. Al incrementarse la legitimidad del sistema, enfrenta exigencias que crecen en número y complejidad. Las personas presentan un número cada vez mayor de peticiones ante la Comisión; la sociedad civil y los Estados solicitan más audiencias, sobre temas más diversos; la Comisión emprende iniciativas temáticas más amplias, y recibe mandatos adicionales de la Asamblea General.
Aunque estas mayores expectativas y responsabilidades son un claro signo del papel indispensable que desempeña la Comisión en la protección y promoción de los derechos humanos en el Hemisferio, también plantean un enorme desafío a todo el sistema, porque las actividades y los mandatos de la Comisión no pueden ser cumplidos sin recursos financieros y humanos suficientes. Esos recursos no han aumentado en proporción a la creciente importancia de la Comisión y de su papel en la región; en verdad, el presupuesto regular asignado a la Comisión por los Estados miembros ha permanecido constante e inclusive ha disminuido en términos reales, al menos, desde 1999. En consecuencia, existe ahora un gran y creciente desnivel entre los recursos necesarios para mantener un sistema de derechos humanos sano y la realidad de las actividades de la Comisión. Ello ha obligado a la Comisión a estirar al máximo sus recursos y crea una situación de competencia interna por los recursos entre sus diversas actividades –por ejemplo, esta situación crea tensión entre la rápida solución de los casos contenciosos y nuestras visitas, supervisión e informes sobre las condiciones generales de los Estados miembros o sobre aspectos temáticos de la región, ya que ambas partes de la labor de la Comisión deben recurrir a la misma fuente de fondos limitados.
Una consecuencia adicional de esta situación es que la Comisión ha tenido que procurar y emplear contribuciones especiales a su presupuesto de parte de Estados generosos y organizaciones privadas. En el 2007, más de la mitad de su presupuesto operativo provino de esas donaciones. Aunque claro está que la Comisión agradece ese apoyo, somos perfectamente conscientes de que coloca la labor de la Comisión en condiciones precarias e inciertas, porque no existe estabilidad ni garantía a largo plazo de la disponibilidad de esos recursos. En el 2007, los fondos regulares de la Comisión sólo bastaron para cubrir totalmente apenas uno de los cuatro períodos de sesiones. Además, el constante recurso a contribuciones especiales puede a largo plazo plantear preocupaciones sobre la absoluta independencia y autonomía de la Comisión en el establecimiento de sus propias prioridades y actividades de defensa de los derechos humanos.
En pocas palabras, el sistema regional de derechos humanos no puede seguir respondiendo a las crecientes exigencias de que es objeto sin una acción decidida de los Estados miembros para abordar esta grave escasez de recursos.
Actividades de la Comisión Interamericana en el 2007
El Capítulo II del Informe Anual contiene una breve introducción de los orígenes y fundamentos jurídicos de la Comisión y una descripción de las actividades primordiales desempeñadas en el 2007. Ese examen de las actividades –que incluye cuatro períodos de sesiones, la aprobación de 74 informes sobre casos individuales, 94 audiencias y 80 reuniones de trabajo, una serie de visitas de trabajo y temáticas, y audiencias ante la Corte Interamericana- refleja la amplitud y la diversidad de las exigencias de que es objeto la Comisión y la manera multifacética en que contribuye al fomento y protección de los derechos humanos en la región.
Aparte de los tres períodos de sesiones de la Comisión celebrados en su sede, la Comisión celebró un período extraordinario en Asunción, Paraguay, del 5 al 7 de septiembre de 2007, a invitación del Gobierno del Paraguay. La delegación celebró cuatro audiencias públicas, realizó actividades de promoción, visitó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, también conocido como el “Archivo del Terror”, de la época de la dictadura. En nombre de la Comisión, deseo reiterar nuestro agradecimiento al Gobierno del Paraguay por su apertura y apoyo, incluyendo el aporte financiero que hizo posible la realización del período extraordinario de sesiones, así como a la sociedad civil, por la cálida bienvenida y la colaboración que recibimos.
La Comisión atribuye gran importancia a la labor de otros organismos y entidades que actúan en el fomento regional e internacional de los derechos humanos. En varios períodos de sesiones, la Comisión tuvo oportunidad de fortalecer las relaciones con delegaciones de la Comisión Africana de Derechos Humanos, el Consejo Centroamericano de Derechos Humanos, una serie de relatores del sistema de Naciones Unidas y la secretaría que asiste a los relatores de la ONU y a los órganos de tratados, entre otros.
En su último período de sesiones del año, en octubre de 2007, la Comisión suscribió un acuerdo con la Universidad de Quebec, Montreal, Canadá, para establecer la Beca Brian Tittemore, que permitirá que un egresado de esa universidad estudie el sistema regional merced a una beca de trabajo en la sede de la Comisión. La beca fue creada en memoria de Brian Tittemore, un extraordinario abogado canadiense que trabajó en nuestra Secretaría hasta su muerte, en diciembre de 2006.
En cuanto a las visitas temáticas y de trabajo, la Comisión realizó una serie de visitas a Colombia en 2007. En enero, una delegación visitó Bogotá y Medellín en relación con la supervisión de la desmovilización de grupos armados ilegales. Otra delegación estuvo presente en abril, y el Relator sobre los Derechos de los Afrodescendientes visitó Colombia en mayo de 2007. También ese año, en el marco de los servicios de asesoramiento que la Comisión brinda a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz y seguimiento del proceso de desmovilización en Colombia, una delegación de la Secretaría Ejecutiva visitó ocho departamentos diferentes de ese país. La Comisión también ha supervisado de cerca el proceso de paz y justicia a través de la celebración de audiencias y otras actividades.
El Relator para Haití realizó una visita a ese país en abril de 2007, centrándose en la administración de justicia y los derechos de las mujeres. El Relator para las personas Privadas de Libertad visitó Haití en junio de 2007, a efectos de evaluar las condiciones de una serie de centros de detención.
El Relator de la Comisión para México visitó ese país en abril de 2007 a fin de reunirse con las autoridades y abordar la situación general de derechos humanos, habiendo regresado en agosto de 2007 para evaluar la situación de derechos humanos en Oaxaca.
El Relator para los Derechos de los Niños organizó dos reuniones de trabajo en Sao Paulo, Brasil, en agosto de 2007, como parte de la preparación de un informe sobre justicia juvenil en las Américas.
En septiembre, conjuntamente con el período especial de sesiones de la Comisión celebrado en Paraguay, el Relator para Paraguay y los Derechos de los Pueblos Indígenas celebró una serie de reuniones con funcionarios del Estado, organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas, así como reuniones de trabajo sobre peticiones y casos pendientes.
El Relator para los Derechos de la Mujer visitó Chile en septiembre de 2007 a efectos de recoger información sobre discriminación en la esfera familiar, el lugar de trabajo y la vida política, en preparación de un próximo informe.
Muchos otros Estados de la región también extendieron invitaciones a la Comisión para realizar visitas en 2007, que la Comisión no pudo materializar. La Comisión desea expresar su agradecimiento a todos los Estados miembros que invitaron a la Comisión a visitarlos, dado que tales visitas desempeñan un papel importante, al permitir que la Comisión supervise los derechos humanos en el Hemisferio. Esa libertad para la Comisión de visitar y observar la situación de derechos humanos ha sido históricamente una de las herramientas vitales para asegurar la eficacia de las normas interamericanas de derechos humanos, aún en los períodos más oscuros de represión del Hemisferio.
Al respecto, la Comisión sigue muy preocupada por las dificultades que ha enfrentado al tratar de visitar la República Bolivariana de Venezuela, que a lo largo de años ha declinado en forma reiterada las fechas fijadas para dicha visita. La imposibilidad de visitar un Estado miembro por falta de consentimiento del gobierno constituye un grave obstáculo a la implementación del mandato de la Comisión. En consecuencia, en su Informe Anual de 2007, la Comisión reitera su interés en realizar una visita al país en el futuro cercano, a fin de participar en la evolución y el fortalecimiento de los derechos humanos en Venezuela, como lo hace regularmente con los demás Estados miembros.
La Comisión también procuró autorización en 2007 para realizar una visita a la bahía de Guantánamo, Cuba, para supervisar las condiciones de detención allí de los cientos de ciudadanos de varios países que han sido detenidos por períodos prolongados. Aunque representantes del gobierno de Estados Unidos indicaron, que la Comisión sí podía visitar la base de Guantánamo, comunicaron que no se permitiría que la Comisión se comunicara libremente con los detenidos. La Comisión declinó realizar la visita con tales limitaciones. Por invitación del Gobierno de los Estados Unidos, la Comisión ha estado negociando los detalles de una visita a varios centros de detención de migrantes.
En el 2007, las diversas Relatorías de la CIDH continuaron sus actividades de apoyo a una serie de iniciativas temáticas y al sistema de casos individuales.
La Relatoría para los Derechos de los Pueblos Indígenas siguió asesorando al Presidente del grupo de trabajo encargado de preparar el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Comisión desea subrayar la importancia de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Asamblea General de la ONU, el 13 de septiembre de 2007. La Comisión alienta a los Estados miembros de la OEA a hacer los máximos esfuerzos por aprobar una declaración regional y considerar a la Declaración de la ONU una referencia importante para avanzar en sus deliberaciones.
En marzo de 2007, la Comisión emitió un informe preparado por el Relator para los Derechos de las Mujeres, titulado Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas. En el informe se analizan los principales obstáculos que enfrentan las mujeres que tratan de recurrir a la justicia, a garantías y protección contra actos de violencia, y ofrece una serie de recomendaciones para ayudar a los Estados a implementar medidas legales oportunas y efectivas para combatir esa violencia. En abril de 2007, en Bogotá, Colombia, el Relator presentó su informe sobre Las Mujeres víctimas de Violencia y la Discriminación derivadas del Conflicto Armado en Colombia. La Relatoría realizó actividades de seguimiento de ambos informes para fomentar la implementación de sus recomendaciones.
La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez siguió dando atención prioritaria en el 2007 a la justicia juvenil, a la situación de los niños en conflicto con la ley y a la cuestión específica de la participación de jóvenes en pandillas.
En noviembre de 2007, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, actuando conjuntamente con el Ministerio de Justicia de Argentina y con la Oficina del Defensor Público de ese país, organizó el Seminario Latinoamericano sobre Mejores Prácticas Penitenciaras. El seminario fue celebrado en Buenos Aires, y contó con la asistencia de funcionarios gubernamentales y penitenciarios, así como de expertos y representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Como parte de su labor, la Relatoría sobre los Derechos de los Afrodescendientes y el contra la Discriminación Racial siguió brindando apoyo técnico al grupo de trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA que está preparando el proyecto de Convención Americana contra el Racismo y todas las formas de Discriminación.
Entre sus funciones, la Relatoría sobre los Trabajadores Migrantes brindó apoyo en el proceso de crear un Comité Especial sobre Asuntos Migratorios, creado por el Consejo Permanente de la OEA.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión preparó su informe de 2007 sobre la materia, que forma parte de este Informe Anual. Como lo dispuso la Comisión, el informe cubre temas y actividades a los que la Relatoría dio prioridad en el año, incluida la evaluación de la situación de la libertad de expresión en el Hemisferio.
En el 2007, la Comisión siguió beneficiándose del apoyo de su Unidad para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. La Comisión avanzó con otros estudios y actividades, como su Iniciativa sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en las Américas, destinada a asistir a los Estados en la tarea de mantener la seguridad ciudadana en un marco de debido respeto a los derechos y libertades individuales.
En diciembre, la Comisión publicó el informe titulado Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión entiende que el acceso a la justicia es un componente esencial para realizar los derechos económicos, sociales y culturales. En consecuencia, el informe explica las obligaciones de los Estados con respecto a cuatro aspectos básicos: 1) la obligación de eliminar los obstáculos económicos para asegurar el acceso a la justicia; 2) los componentes del debido proceso legal en los procedimientos administrativos relacionados con los derechos sociales; 3) los componentes del debido proceso legal en los procedimientos judiciales relacionados con los derechos sociales, y 4) los componentes de la protección judicial efectiva de los derechos sociales individuales y colectivos. El informe también ofrece un marco conceptual para la preparación de indicadores de progreso sobre esta materia.
Decisiones de la Comisión Interamericana (son respecto a peticiones, casos y medidas cautelares)
El Capítulo III contiene las decisiones de la Comisión sobre denuncias de violaciones de los derechos humanos en los Estados miembros de la Organización. Este Capítulo también incluye las estadísticas pertinentes sobre la labor de la Comisión, resúmenes de las medidas cautelares adoptadas o ampliadas por la Comisión en el 2007 y un panorama general del seguimiento de las recomendaciones de la Comisión en decisiones publicadas desde el 2000.
Durante el 2007, la Comisión aprobó 51 informes de admisibilidad, 14 informes de inadmisibilidad, 5 informes de solución amistosa y 13 informes preliminares sobre el fondo. Durante este año, la Comisión publicó 4 informes finales sobre el fondo, y sometió un total de 14 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante este período, la Comisión emitió un total de 40 solicitudes a los Estados Miembros para que adopten medidas cautelares urgentes con el fin de para prevenir daños irreparables a las personas.
Las estadísticas relacionadas con el sistema de casos demuestran que más y más personas recurren a la Comisión en busca de una respuesta eficiente y efectiva. El número de peticiones recibidas por la Comisión aumentó cada año desde 1999, y en el 2007, la Comisión recibió un número sin precedentes de denuncias, totalizando 1456. La Comisión aceptó 126 peticiones que satisfacían los requisitos mínimos para iniciar un caso, elevando el número total de peticiones individuales y casos en trámite a 1251.
Respondiendo al desafío de su gran y creciente acumulación de casos, la Comisión, con el apoyo de financiamiento externo, está implementando la primera etapa de un proceso amplio destinado a poner al día el trámite de peticiones individuales. Me complace informar que esta primera etapa, que se centra en la evaluación inicial de peticiones más antiguas, está cumpliendo con las referencias establecidas al iniciarse el proyecto. La Comisión está implementando cambios para que las etapas siguientes del sistema de peticiones reciban también una solución más puntual.
La efectividad de la contribución de la Comisión a la promoción y protección de los derechos humanos en la región por la vía de su sistema de casos contenciosos depende, por supuesto, de la cooperación de los Estados miembros en la implementación de las recomendaciones de la Comisión. Este Informe Anual indica que algunos Estados han actuado así en grado significativo, pero que el nivel de cumplimiento general sigue siendo inaceptablemente bajo. Existen muchos casos en que los Estados afectados aún no han implementado plenamente las recomendaciones formuladas, por lo que la Comisión seguirá de cerca esos casos e informando al respecto.
Evolución de los derechos humanos en la región: la situación de Colombia, Cuba, Haití y Venezuela
El Capítulo IV del Informe Anual de 2007 contiene la síntesis de la Comisión sobre la situación de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA respecto de los cuales la Comisión ha concluido que la situación de derechos humanos amerita atención especial. En consecuencia, este capítulo informa sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití y Venezuela.
En su informe sobre la situación de Colombia, la Comisión subraya que el logro de una paz duradera requiere tomar medidas para garantizar la no reiteración de las violaciones de los derechos humanos y las burdas violaciones del derecho internacional humanitario. Con ese fin, las violaciones del pasado deben ser investigadas y deben ofrecerse reparaciones por las consecuencias de la violencia, usando mecanismos para establecer la verdad sobre lo ocurrido, administrar justicia e indemnizar a las víctimas del conflicto. El obstáculo particular en el 2007 ha sido lograr resultados concretos mediante el desmantelamiento de las estructuras paramilitares armadas e implementar el marco legal creado para procesar los delitos cometidos por las AUC. La CIDH sigue preocupada por el hecho de que algunos grupos están retomando las armas y se están formando nuevos grupos. La Comisión exhorta al Gobierno de Colombia a implementar mecanismos efectivos para asegurar que las estructuras de las AUC sean desmanteladas y sean desintegradas las pandillas de delincuentes.
En su informe, la Comisión manifiesta su inquietud por el precio que pagan por la violencia los ciudadanos civiles en Colombia, en particular de los sectores más vulnerables, como los indígenas, las comunidades afrocolombianas y los desplazados. Señala la atención del Estado por el creciente número de denuncias que alegan participación de agentes de la policía o de las fuerzas armadas en violaciones de los derechos humanos. La Comisión también continúa preocupada por la situación precaria de los defensores de derechos humanos y los líderes sociales, que a menudo enfrentan represalias en relación con su trabajo.
Con respecto a Cuba, la Comisión sigue recibiendo información sobre la situación de los derechos humanos de parte de organismos internacionales, de la sociedad civil y del Gobierno cubano, a través de la página oficial de Internet del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Durante el período del presente informe, la Comisión celebró audiencias en que recibió información sobre las condiciones que enfrentan los reclusos, sobre la situación de sindicalistas encarcelados y sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el informe de fondo del caso de Oscar Elías Biscet y otros (Caso 12.476).
La evaluación de la Comisión resalta preocupación con respecto al debido proceso y la independencia del poder judicial; las condiciones de detención en que se mantiene a los disidentes políticos y el acoso a los mismos; las restricciones a la libertad de expresión y el acoso a periodistas independientes, así como la situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos y los dirigentes sindicales. Aunque las sanciones económicas y comerciales impuestas contra el Gobierno de Cuba no constituyen justificación alguna para las restricciones que ese Gobierno aplica a estos derechos, la Comisión sí cree que las sanciones son obstáculos para la efectiva realización de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo cubano, por lo cual deberían ser levantadas.
Al informar sobre Haití, la Comisión observó una notable mejoría en comparación con años anteriores, específicamente con respecto a la reducción de la violencia con efecto de muerte y los secuestros a civiles. El informe de la Comisión reconoce una serie de iniciativas del Estado para enfrentar desafíos fundamentales a efectos de lograr una paz y una seguridad sostenibles. En particular, la Comisión observa un esfuerzo concertado del Estado, con apoyo de la comunidad internacional, para fortalecer las instituciones de la administración de justicia, como la introducción de una respuesta especializada al problema de la prolongada detención preventiva, medidas legislativas en el área de la independencia judicial y el refuerzo de la fuerza policial nacional.
Sin embargo, la Comisión subraya que la situación de Haití sigue siendo precaria. Las instituciones del Estado son frágiles, deficientes y requieren reformas estructurales y asistencia. Además, la situación social y económica de Haití sigue siendo sumamente frágil. La Comisión sigue muy preocupada por las deficiencias en la administración de justicia y la seguridad ciudadana, y por la capacidad del Estado para garantizar el acceso a servicios sociales básicos para la población. Dado el papel esencial del sistema judicial para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y la plena realización de la democracia y el régimen de derecho, la Comisión subraya la necesidad de que el Estado desarrolle más su capacidad para administrar justicia rápida y efectiva, con las debidas garantías judiciales, para asegurar el respeto por los derechos humanos en Haití.
Finalmente, con respecto a la situación de Venezuela, las preocupaciones principales que la Comisión determinó afectan el pleno ejercicio de los derechos humanos en el 2007 incluyen la transparencia e independencia de la administración de justicia; la existencia de limitaciones directas e indirectas a la libertad de expresión, como la penalización de la protesta social; el sistemático descrédito de las organizaciones no gubernamentales que critican al gobierno y de los defensores de derechos humanos; los crecientes problemas de seguridad de los ciudadanos, y las condiciones inhumanas de las personas privadas de libertad, así como la no investigación y solución de las muertes de reclusos debido a la violencia en las cárceles venezolanas.
Estado de la ratificación de los tratados de derechos humanos del sistema interamericano
Por último, en los anexos del Informe Anual se incluye información sobre el estado actual de las convenciones y protocolos sobre derechos humanos aprobados dentro del sistema interamericano, así como copias de comunicados de prensa de la Comisión, divulgados en el 2007, y discursos pronunciados en nombre de la Comisión.
La Comisión ha seguido subrayando lo importante que es que el sistema avance hacia la aceptación y aplicación universales de sus normas a través de la ratificación de sus diversos instrumentos regionales de derechos humanos, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, la Comisión toma nota con satisfacción de que en 2007 México ratificó el Protocolo a la Convención Americana para Abolir la Pena de Muerte, y que República Dominicana depositó su instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las personas con discapacidad.
La Comisión también reconoce en particular a los siete Estados que ya han ratificado todos los tratados regionales de derechos humanos: Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Panamá y Venezuela. Invitamos y alentamos a los demás Estados miembros a sumarse a éstos.
Conclusión
Sr. Presidente, Sres. Representantes, Observadores; estimados colegas; señoras y señores,
En nombre de la Comisión, quiero agradecer a los Estados miembros el apoyo que le han brindado en su empeño constante por cumplir fielmente su mandato.
De manera especial, la Comisión agradece a los gobiernos de los siguientes Estados miembros de la OEA por los aportes financieros a su labor en el 2007: Chile, Colombia, México, Paraguay, y Estados Unidos. También quisiera agradecer a los países Observadores que han apoyado las actividades de la Comisión: Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Corea, España y Suecia. La Comisión celebra y agradece las contribuciones del Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea la Universidad de Notre Dame y la fundación sueca Save the Children. Sus donaciones contribuyen de manera muy concreta al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos.
Quisiera expresar mi agradecimiento por el profesionalismo y la dedicación de nuestro Secretario Ejecutivo y al personal profesional y administrativo de la Secretaría, por su dedicación infatigable en pro de los derechos humanos. Los miembros de la Comisión están orgullosos de la labor profesional realizada por la Secretaría Ejecutiva, bajo el liderazgo del Dr. Canton, en circunstancias de mucha exigencia, por lo cual le brindamos nuestro sincero apoyo.
La Comisión siempre ha dado gran prioridad al mantenimiento de un diálogo abierto y sincero con los Estados miembros y con la sociedad civil sobre los mejores mecanismos para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos en el Hemisferio. Esperamos seguir esa relación ahora y en el futuro, en aras de nuestro deber común de defender la dignidad humana de cada persona de nuestro Hemisferio. |
