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CAPÍTULO
III ACTUACIONES
EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 1.
Con autoridades del Gobierno Constitucional
El jueves 3 de junio el Presidente de la Comisión, el Secretario
Ejecutivo y un funcionario de la Secretaría de la Comisión se trasladaron
al Edificio Copello, en la Capital dominicana, y se entrevistaron con el
Coronel Francisco Caamaño, Presidente del Gobierno Constitucional.
El Coronel Caamaño recibió a la Comisión acompañado del Dr. Héctor
Aristy, Ministro de la Presidencia, Dr. Jottín Cury, Ministro de Relaciones
Exteriores, y otras autoridades de dicho Gobierno.
El Presidente de la Comisión se refirió a la misión que se proponía
cumplir, señalando que esperaba contar con la colaboración de las
autoridades del Gobierno Constitucional.
El Coronel Caamaño expresó su satisfacción por la presencia de la
Comisión y ofreció proporcionar a la misma las facilidades necesarias para
el cumplimiento de su misión. Expresó
que la Comisión tendría amplia libertad para visitar la llamada Ciudad
Nueva, y entrar en cárceles o lugares de detención donde hubiera presos
políticos y conversar libremente con los mismos.
El Dr. Cury hizo entrega al Presidente de la Comisión de un
documento que contenía una relación de las violaciones de los derechos
humanos cometidas por las autoridades del denominado Gobierno de
Reconstrucción Nacional.
Posteriormente, la Comisión volvió a entrevistarse con el Coronel
Caamaño y otros miembros de su Gabinete, así como con el alcalde de Ciudad
Nueva, Sr. Víctor Peguero, y con los jefes militares encargados de las
prisiones.
2.
Con autoridades del Gobierno de Reconstrucción Nacional
La Comisión se entrevistó el propio día 3 de junio con el
Presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional, General Antonio Imbert
Barrera, quien estuvo acompañado por el Dr. Horacio Vicioso Soto,
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, y otros miembros de su
Gabinete.
El Presidente de la Comisión explicó la tarea que pensaba
desarrollar el organismo en la República Dominicana e hizo referencia a la
labor que este organismo había desempeñado en ese país desde el año
1961. Ofreció proporcionarle todas las facilidades que fueran
necesarias para el desempeño de su labor y señaló que la Comisión tendría
completa libertad para viajar por el país, entrar en cárceles y lugares de
detención, hablar con cuantas autoridades, individuos o presos políticos
estuvieran bajo su jurisdicción, sin restricciones de ninguna clase.
En fechas subsiguientes la Comisión volvió a entrevistarse con el
General Imbert, para tratar nuevos asuntos relacionados con las tareas de la
entidad, así como con el Ministro Vicioso, el Procurador General de la República
y otras autoridades de ese Gobierno. 3.
Con el Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos
El día 2 de junio, a su llegada a la Capital dominicana, el
Presidente de la Comisión se entrevistó, en primer lugar, con el
Secretario General de la OEA, Dr. José A. Mora.
El Profesor Manuel Bianchi expresó al Secretario General la
complacencia de la Comisión por el llamado que había hecho para que esta
entidad se hiciera presente en la República Dominicana para atender los
numerosos casos que se habían presentado respecto de violaciones de los
derechos humanos.
El Secretario General de la Organización, después de referirse a la
actuación que había venido desempeñando la Comisión en la República
Dominicana desde el año de 1961, hizo del conocimiento del Presidente de la
Comisión diversas denuncias que se habían recibido respecto de graves y
reiteradas violaciones de los derechos humanos, las cuales habían
determinado que considerara indispensable y urgente la presencia de la
Comisión en Santo Domingo.
En fechas posteriores, el Presidente de la Comisión así como los
Representantes de la misma visitaron al Sr. Secretario General de la OEA
para hacer de su conocimiento las actividades emprendidas por la Comisión y
para transmitirle informaciones dirigidas a la Comisión respecto de
problemas que competían a la Secretaría General. 4.
Con la Comisión Ad Hoc de la Décima Reunión de Consulta
El Presidente de la Comisión y los demás Miembros que representaron
a este organismo en la República Dominicana, celebraron diversas
entrevistas con los Embajadores Ellsworth Bunker, Clairmont Dueñas e Ilmar
Penna Marinho, integrantes de la Comisión Ad Hoc de la Décima Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, para tratar de aquellos
casos en que se hacían planteamientos o se formulaban solicitudes sobre
asuntos que correspondían a la competencia de la citada Comisión.
La Comisión Ad Hoc, por su parte, transmitió diversas denuncias y
documentación relativas a violaciones de derechos humanos, con la solicitud
de que éstas fueran tramitadas por la Comisión.
5.
Con el Jefe de la Fuerza Interamericana de Paz
El Presidente de la Comisión visitó al Comandante en Jefe de la
Fuerza Interamericana de Paz, General Hugo Panasco Alvim en su Cuartel
General de Santo Domingo, el 13 de junio de 1965, con el objeto de hacer de
su conocimiento la tarea que desarrollaba este organismo en territorio
dominicano y de solicitarle la colaboración de la Fuerza Interamericana de
Paz para el mejor logro de sus objetivos.
El General Panasco Alvim se interesó vivamente en el trabajo de la
Comisión y ofreció su irrestricta cooperación a la misma.
Posteriormente se entrevistó con el citado General el Representante
de la Comisión, Dr. Carlos Alberto Dunshee de Abranches y reiteró la
conveniencia de obtener su más estrecha colaboración para el más adecuado
cumplimiento de los fines de la Comisión.
El Presidente de la Comisión se entrevistó en diversas
oportunidades con el Nuncio Apostólico de Santo Domingo, Monseñor Emmanuel
Clarizio, de quien solicitó la cooperación para los trabajos de este
organismo. El prelado manifestó al Prof. Bianchi su más decidido interés
en la obra de la Comisión y puso a disposición de ésta cuantas
informaciones tuvo a su alcance en el campo de los derechos humanos.
El señor Nuncio colaboró estrechamente con la Comisión en la
solución de varios problemas que afectaban la libertad y la seguridad de
ciudadanos dominicanos. 7.
Relaciones con el Representante del Secretario General de las
Naciones Unidas
La Comisión recibió en varias oportunidades la visita del Dr. José
A. Mayobre, representante del Secretario General de las Naciones Unidas y
del General Indar Jit Rykttie, asesor militar del organismo mundial.
El 2 de junio de 1965, el General Rykttie visitó al Presidente de la
Comisión para informarle, en ausencia del titular de la representación de
Naciones Unidas Dr. Mayobre, que las Naciones Unidas vería con la mayor
simpatía que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fuera el único
órgano encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en la República
Dominicana. Expresó a este
respecto que la representación de la Secretaría General de Naciones Unidas
en la República Dominicana pondría a disposición de la Comisión todas
las denuncias que había recibido respecto de violaciones de los derechos
humanos. Estas expresiones del
asesor militar de las Naciones Unidas fueron ratificadas, en diversas
oportunidades, por el propio representante del Secretario General, Dr.
Mayobre, quien en varias ocasiones solicitó también la actuación de la
Comisión para el esclarecimiento de varias denuncias.
De acuerdo con ese compromiso, representantes de las Naciones Unidas
entregaron a la Comisión, el día 3 de junio de 1965, las denuncias y
quejas sobre violaciones de derechos humanos que habían recibido, así como
otros antecedentes relacionados con la situación de tales derechos.
Por su parte, la Comisión Interamericana permitió, en determinados
casos, que representantes del organismo mundial la acompañaran en sus
viajes al interior del país, o en el examen de hechos denunciados, tales
como, por ejemplo, en el caso de la Hacienda Haras, y en las visitas a la
Isla Beata y a la Base Naval Las Calderas. B.
Denuncias, comunicaciones, quejas y solicitudes presentadas a la Comisión
Desde su llegada a la República Dominicana, la Comisión recibió
gran número de denuncias, unas por escrito y otras en forma verbal, sobre
hechos atentatorios contra los más elementales derechos de la persona
humana, consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre. Estas denuncias procedían tanto de los dos Gobiernos
establecidos en territorio dominicano, como de personas particulares,
gremios obreros, asociaciones profesionales y empleados afectados en sus
derechos.
El número de denuncias correspondientes a casos concretos de
personas encarceladas por motivos políticos había pasado de 1,500 al
momento de tomar posesión el Presidente Provisional Dr. Héctor García
Godoy.
El número de comunicaciones dirigidas a la Comisión para exponer
cuestiones graves, como desaparición y ejecución de personas, golpes y
torturas, había pasado de 200 en la misma fecha.
La Comisión registró más de 100 casos de daño, destrucción y
saqueo de las propiedades.
Asimismo se registró igual número de comunicaciones de carácter
general, en las que se incluían solicitudes de salvoconductos, visas
consulares y permisos especiales para salir o entrar al territorio
dominicano.
En todos los casos la Comisión procedió a estudiar las denuncias y
a tramitar las mismas de acuerdo con sus facultades, teniendo en cuenta las
circunstancias especiales que imperaban en el país y que afectaban la plena
vigencia de un régimen de derecho.
La Comisión advirtió, desde un comienzo, que las denuncias se referían
principalmente al derecho a la vida, al derecho a la libertad y la seguridad
de las personas, al derecho de protección contra el arresto arbitrario y al
derecho de inviolabilidad del domicilio.
Por consiguiente, la Comisión concentró sus esfuerzos en la
protección de los citados derechos, especialmente el derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de la persona.
A este respecto, la Comisión realizó las gestiones encaminadas a
impedir que se llevaran a cabo ejecuciones de personas arrestadas o presas y
a localizar a las personas desaparecidas.
En todos los casos en que se denunció la posibilidad de un
fusilamiento, la Comisión se comunicó inmediatamente con las autoridades
respectivas de uno u otro Gobierno.
La Comisión envió regularmente a ambos Gobiernos listas de personas
desaparecidas o de quienes, habiendo constancia de u arresto, se ignoraba su
paradero. Se pudo comprobar, a
este respecto, que en algunos centros de detención no se llevaban listas de
las personas detenidas o de las que habían sido puestas en libertad, lo que
impedía o dificultaba la búsqueda de la persona alegadamente desaparecida.
La Comisión recibió algunas denuncias de fusilamientos o de
inminente realización de los mismos, que resultaron evidentemente falsos. Tal ocurrió con la denuncia recibida el 12 de junio de 1965,
en la que se informaba a la Comisión que el General Pedro Santiago Rodríguez
Echavarría y cuatro oficiales que se encontraban presos en la Base de San
Isidro, corrían inminente peligro de ser ejecutados o que lo habían sido
ya.
En este caso la Comisión se hizo presente el propio día en la prisión
de San Isidro, comprobando la inexactitud de la denuncia, pues pudo
entrevistarse con los cinco oficiales.
Otro tanto sucedió con la denuncia dirigida a la Comisión el 28 de
junio de 1965, en la que se expresaba que 16 alistados de la Policía
Nacional habían sido ejecutados en la Fortaleza Ozama el día 19 de junio,
y que sus cuerpos habían sido quemados.
De la investigación llevada a cabo por el Representante de la Comisión,
Profesor Abranches, asistido de funcionarios de la Secretaría, se comprobó
que no se habían realizado las alegadas ejecuciones.
A principios del mes de agosto de 1965, la Comisión disponía de los
siguientes datos:
Desaparecidos
124
Enterrados en el Cementerio Obrero
Enterrados en el Cementerio Las Minas
El mayor número de reclamaciones o quejas recibidas se refirió a
violaciones del derecho a la libertad y a la seguridad de la persona. Se pedía a la Comisión que obtuviera la libertad de
personas encarceladas por razones políticas, pero sobre las cuales no
pesaba cargo concreto alguno. Se
le solicitaba también su intervención para evitar que los presos fueran
ejecutados al trasladarse de una prisión a otra, así como también para
que se mejorara el tratamiento dado a los mismos, se les permitiera ver a
sus familiares o se les cambiara de celda por razones de salud.
La labor de la Comisión, en cuanto a las denuncias por violación
del derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, consistió en
elevar a las autoridades de ambos Gobiernos las partes pertinentes de las
denuncias recibidas y en gestionar ante las mismas el esclarecimiento de los
puntos planteados en las mismas, al mismo tiempo que un Representante de la
Comisión, acompañado por funcionarios de la Secretaría, visitaba la cárcel
correspondiente para comprobar los hechos denunciados.
La Comisión realizó constantemente visitas a las cárceles
siguientes: Penitenciaría Nacional de La Victoria, Palacio de la Policía
Nacional, Base Aérea de San Isidro, Centro de Enseñanza de las Fuerzas
Armadas de San Isidro, Edificio de Transportación, Fortaleza Ozama, Escuela
Salomé Ureña, Palacio de los Tribunales, todas ubicadas en la Capital o en
los suburbios de la misma.
Las cárceles más importantes, que estuvieron bajo el control del
Gobierno de Reconstrucción Nacional, fueron la Penitenciaría Nacional de
La Victoria, ubicada a pocos kilómetros de la Capital, y el Palacio de la
Policía Nacional, en la propia ciudad de Santo Domingo, así como también
las cárceles existentes en ciertas bases militares, como la de San Isidro,
y en el llamado Edificio de Transportación, a donde eran conducidos los
detenidos antes de ser trasladados a una prisión permanente.
En el interior del país todas las cárceles estuvieron bajo la
autoridad del Gobierno de Reconstrucción Nacional.
En la zona bajo la jurisdicción del Gobierno Constitucional, debido
al hecho de ser muy reducido su territorio, había menos cárceles y en éstas
había un número mucho menor de presos.
La cárcel más importante era la Fortaleza Ozama, la única que
contaba con celdas propiamente dichas.
Existían otras cárceles improvisadas en la Escuela Salomé Ureña y
en el Palacio de Justicia o de los Tribunales.
La Comisión tuvo conocimiento de la supuesta existencia de cárceles
y campos de concentración en diversos lugares de una y otra zona
gubernamentales, pero no pudo constatar la existencia de esos sitios.
Asimismo se hizo saber a este organismo que existía una prisión política
en la base militar de Sans Souci, ubicada en una de las márgenes del Río
Ozama, en la desembocadura del mismo. Según
informaron a la Comisión las autoridades norteamericanas, encargadas de
dicha base, sólo había en ella un lugar de detención donde se recluía a
personas con fines de investigación.
Sólo en contadas ocasiones le fue vedada a la Comisión la entrada a
las prisiones. Una tuvo lugar
el 24 de junio de 1965 al presentarse en la Base de San Isidro el
Representante de la Comisión, y serle impedido visitar a los oficiales del
ejército encarcelados que se encontraban.
La otra prohibición ocurrió el 26 del propio mes, al intentar el
propio Representante de la Comisión visitar a los presos políticos
encarcelados en San Francisco de Macorís, con motivo de la revuelta
ocurrida en esa localidad un día antes.
Con ese motivo el Representante de la Comisión, Dr. Abranches,
dirigió al Gobierno de Reconstrucción Nacional una Nota de protesta el 26
de junio de 1965.1
El 3 de julio de 1965 también le fue impedido al Presidente de la
Comisión llevar a cabo sus funciones en la propia ciudad de San Francisco
de Macorís, al evadir el jefe militar de aquella ciudad la entrevista
solicitada por el Profesor Bianchi, quien acudió acompañado por el Dr.
Sandifer, Miembro de la Comisión, y un funcionario de la Secretaría.
Con fecha del mismo día, el Presidente de la Comisión se dirigió
al Gobierno de Reconstrucción Nacional para exponerle la situación y
expresar su protesta.2
En uno y en otro caso el Gobierno de Reconstrucción Nacional dio
explicaciones sobre los motivos que determinaron que las autoridades
impidieran la visita. Dicho
Gobierno reafirmó su intención de permitir las visitas sin restricciones,
pero siempre que se diese aviso previo a las autoridades correspondientes.
La Comisión dedicó especial atención al caso de los menores de
edad que guardaban prisión, tanto en cárceles de la Capital como en el
interior del país. Entre las gestiones realizadas por este organismo merece
citarse la comunicación dirigida al Gobierno de Reconstrucción Nacional
por la Representante de la Comisión, Lcda. Angela Acuña de Chacón, cuyo
texto dice en parte lo siguiente:
...La Comisión desea, además, pedir a los señores Miembros de la
Junta Depuradora que examinen con especial cuidado los casos en que los
detenidos sean menores de edad y consideren que, de acuerdo con las
doctrinas del derecho penal moderno y los principios generales del derecho,
comúnmente aceptados por las naciones civilizadas, la responsabilidad
exigible a un menor de edad no puede ser la misma que se exigiría a un
mayor de edad. Sería el caso
de que en lo referente a los menores de edad la Junta Depuradora tuviera a
bien considerar dicha circunstancia de la minoría de edad como un atenuante
de la responsabilidad del detenido, si la hubiere, y en todo caso, si el
menor fuere condenado, sería conveniente que la Junta ordenara su traslado
a un establecimiento correccional para menores de edad.3
Designación
de un Oficial de Enlace
Como consecuencia de éstas y otras dificultades, y a sugerencia de
la Comisión, el Gobierno de Reconstrucción Nacional designó al Coronel
abogado Dr. Rafael Emilio Saldaña, miembro del Ejército Nacional, oficial
de enlace entre las Fuerzas Armadas del referido Gobierno y la Comisión. El nombramiento del Coronel Saldaña permitió a este
organismo interamericano acelerar los trámites, gestiones y solicitudes de
información ante las autoridades del citado Gobierno y facilitó la
comunicación entre ambos, especialmente en casos de urgencia en que se
trataba de la vida de algún prisionero o arrestado.
Gestiones
ante el Procurador General de la República
Numerosas actuaciones de la Comisión, con referencia al derecho a la
libertad y a la seguridad personal del individuo, fueron realizadas por
intermedio del Procurador General de la República, especialmente en lo que
atañe a traslados de presos políticos no militares, a régimen de visitas
y a aspectos de la legislación penal o procesal aplicables.
Aunque no pudieron contarse cifras exactas en cuanto al número de
presos políticos en las cárceles dominicanas desde el comienzo de la
crisis hasta la instalación del Gobierno Provisional, la Comisión estima
que pasaban de 4,000 en los primeros días del mes de junio, reduciéndose
paulatinamente su número a medida que progresaba la labor de la Comisión.
A principios del mes de agosto de 1965 el número de presos políticos
recluidos en las principales cárceles del país era, aproximadamente, el
siguiente:
Gobierno de
Reconstrucción Nacional
Penitenciaría La Victoria:
Civiles
350
Policía Nacional:
50
San Isidro
80
Se incluyen en esta última cifra las cárceles de: San Francisco de
Macorís, San Cristóbal, Azua, Santiago Rodríguez, Baní, Las Calderas,
Bonao, Dajabón, El Ceibo, Fortaleza de Mao, Fortaleza de Sabana Grande de
Boyá, Policía de La Romana, Puerto Plata, Samaná, Salcedo e Isla Beata.
Fortaleza Ozama:
Civiles
30
Labor
de la Junta Depuradora del Gobierno de Reconstrucción Nacional
El 27 de mayo de 1965 comenzó sus trabajos la Junta Depuradora
designada por el Gobierno de Reconstrucción Nacional, con el fin de conocer
de los casos que motivaban la prisión de numerosas personas, a raíz de los
acontecimientos que tuvieron lugar en la República Dominicana el 24 de
abril de 1965. Las autoridades
del citado Gobierno facilitaron a la Comisión las listas de las personas
que eran puestas en libertad por disposición de la Junta.
La primera de estas listas corresponde al 27 de mayo, y así
sucesivamente hasta el 15 de julio de 1965.
A partir de esta última fecha quedó paralizada la actividad del
referido cuerpo depurador.
Después de algunas gestiones de la Comisión y gracias a la
cooperación del Coronel Saldaña, la Junta Depuradora fue nuevamente
establecida con fecha 27 de julio de 1965, e integrada por los siguientes
miembros: Coronel Rafael Oswaldo Leger Báez, del Ejército Nacional;
Teniente Coronel Rolando Hache Rodríguez, de la Fuerza Aérea; Teniente
Coronel Eurípides de León Calcaño, de la Policía Nacional; Capitán de
Corbeta Oscar E. Miguel Jacobo, de la Marina de Guerra, y Mayor Abogado José
A. Rodríguez Alba, del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas.
Según las instrucciones fijadas a la Junta Depuradora por el
Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Comodoro Rivera Caminero, aquélla
“deberá reunirse todos los días en la Penitenciaría Nacional de La
Victoria”, y “disponer la libertad de aquellas personas sobre las cuales
no haya cargo alguno”.
El 28 de julio reanudó sus tareas la Junta Depuradora, logrando
ponerse en libertad entre 15 y 30 personas diariamente, y en algunos casos
hasta 40.
De conformidad con el criterio oficial, el procedimiento de la Junta
no era precisamente de carácter judicial, sino más bien de carácter
sumario para acelerar la liberación de aquellas personas sobre quienes no
pesaban cargos substanciales. Los que no eran puestos en libertad debían
ser sometidos a juicio ordinario, pasando los civiles a tribunales civiles y
los militares a tribunales militares.
Según informaron a la Comisión las autoridades de la Penitenciaría
de La Victoria, hasta el 14 de agosto, habían sido puestos en libertad,
como resultado de la labor de la Junta, 2,189 presos políticos.
Los prisioneros, según dichas autoridades, tenían permiso para
designar letrados defensores si así lo deseaban.
La Junta Depuradora terminó sus trabajos el 31 de agosto de 1965, y
elevó un informe al Secretario de las Fuerzas Armadas en el que manifestó
que se habían puesto en libertad 2,481 reclusos “involucrados en hechos
ocurridos el día 24 de abril, y subsiguientes, del año en curso, a quienes
se les encontró pruebas para ser sometidos a la acción de la justicia
ordinaria, pero por las instrucciones del Superior Gobierno y la
magnanimidad de la Junta fueron puestos en libertad”.
Gestiones
de la Comisión en favor de los últimos presos políticos
Con fecha 27 de agosto de 1965 el Representante de la Comisión, Dr.
Abranches, había exhortado a los dos Presidentes de los Gobiernos en pugna,
a que pusieran en libertad a todos los presos políticos que quedaban.
El 31 de agosto el Presidente Caamaño notificó a la Comisión que
ese mismo día, a las 4 de la tarde, serían entregados a este organismo
todos los presos militares de su zona e invitaba a la Comisión a que fuera
a recibir dichos prisioneros. Conforme con esta disposición, fueron
entregados al Representante de este organismo interamericano 108 miembros de
la Policía Nacional en el patio de la Fortaleza Ozama, 16 de ellos
oficiales y 92 clases y rasos. Todos
se encontraban limpios y bien vestidos sin que constatara ninguna lesión física
en sus cuerpos. El traslado de estos libertados se hizo en ómnibus de la
Fuerza Interamericana de Paz, firmando el Representante de la Comisión un
documento de recibo de los prisioneros. Uno de los prisioneros determinó
permanecer en la Zona Constitucional.
El 1º de septiembre, mediante gestiones de la Comisión ante el
Comodoro Rivera Caminero, y ante el General Herman Despradel, Jefes de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, respectivamente, del Gobierno de
Reconstrucción Nacional, se obtuvo la promesa de libertad al día siguiente
a los oficiales presos, y posteriormente a los soldados y clases.
Esta promesa fue cumplida a las 3 de la tarde del 2 de septiembre en
la Penitenciaría La Victoria, con respecto a los oficiales, que en número
de diez fueron entregados al Representante de la Comisión, Dr. Abranches.
El día 3 de septiembre, en horas de la mañana, fueron entregados a
la Comisión 51 clases y soldados rasos del Ejército Nacional y 4 marinos,
hombres-ranas, firmándose al efecto el documento de recibo correspondiente
en la propia Penitenciaría La Victoria.
La Comisión tuvo conocimiento que el propio día 2 de septiembre
fueron puestos en libertad 18 marinos presos en la Isla Beata, los cuales
habían sido visitados en el mes de agosto por la Comisión. C.
Visitas a ciudades y localidades del interior
La Comisión realizó varias visitas a esta ciudad, una de las más
importantes del interior del país, con el propósito de examinar la situación
de los derechos humanos y de constatar en lo posible las denuncias
presentadas sobre hechos cometidos allí contra los derechos humanos.
La primera visita tuvo lugar el 5 de junio.
Se hizo un recorrido por la ciudad y se recibieron quejas del público
en el parque central de la ciudad. Algunos
ciudadanos expusieron a la Comisión que eran maltratados y perseguidos por
la policía y el ejército, que sus hogares habían sido allanados y ellos
arrestados varias veces sin causa justificada.
Se explicó a la Comisión que se ponían en libertad a algunos
presos al llegar la Comisión, pero que éstos eran arrestados luego de irse
la Comisión.
La Comisión visitó en esa oportunidad la Fortaleza Militar y
entrevistó allí a varios presos políticos.
Acompañó a la Comisión el Gobernador Civil de la provincia, quien
facilitó la tarea de la misma. En
esa prisión se obtuvo información de primera mano sobre las condiciones
carcelarias y los problemas de los reclusos.
La segunda visita tuvo lugar el 26 de junio, a raíz de las denuncias
recibidas con ocasión de un asalto armado que tuvo lugar en esa ciudad.
Estos acontecimientos provocaron varios muertos y heridos y el
arresto de numerosas personas. Las autoridades encargadas de la Fortaleza Militar no
permitieron esta vez la visita de la Comisión a las celdas ni se
entrevistaron con la Comisión. El Representante de la Comisión, Prof.
Abranches, se concretó a recorrer la ciudad y constatar, a la puerta del
Cementerio local, la existencia de varios cadáveres que se alegó fueron la
consecuencia del asalto armado. El
Prof. Abranches, elevó una protesta a la Secretaría de Relaciones
Exteriores del Gobierno de Reconstrucción Nacional, a la cual se hace
referencia en otra parte del Informe, por habérsele impedido visitar a los
presos recluidos en la Fortaleza Militar y en el Cuartel de Policía de esa
localidad.
El 28 de junio volvió la Comisión a San Francisco de Macorís, siéndole
permitida la entrada a ambos lugares de encarcelamiento.
Se informó al Representante de la Comisión que los presos habían
sido trasladados a la Capital, hallándose sólo un preso que estaba sujeto
a investigación.
La Comisión, en esta visita, entrevistó a varios familiares de los
presos políticos y de los arrestados con motivo del asalto armado del 25 de
junio. Se recibieron quejas adicionales por actos alegadamente violatorios
de los derechos humanos.
El 3 de julio la Comisión se trasladó nuevamente a la ciudad de San
Francisco de Macorís, pero le fue imposible al Presidente de la Comisión
entrevistarse con el Jefe Militar de la Plaza, no obstante las gestiones
realizadas por el Gobernador Civil de la provincia, Sr. Alfredo Cuais. Alegaron las autoridades militares que no podían recibir al
Representante de la Comisión a menos que éste mostrara una autorización
por escrito, firmada por el Jefe de las Fuerzas Armadas del Gobierno de
Reconstrucción Nacional.
El Presidente de la Comisión, según aparece en otra parte de este
informe, protestó ante el Gobierno de Reconstrucción Nacional por este
incidente.
El 22 de julio se hizo una nueva visita a la ciudad. En esta visita fue posible visitar las celdas de la Fortaleza
Militar y entrevistar a los jefes de la misma, quienes informaron que no había
allí ningún preso político. La
Comisión recibió a varios ciudadanos que expusieron verbalmente a la misma
algunas quejas y reclamaciones.
La Comisión visitó esta ciudad el 2 de julio, a instancias del
Gobierno de Reconstrucción Nacional, quien denunció ante el organismo que
había sido asaltado el cuartel de policía de Ramón Santana, localidad
comprendida en la jurisdicción de San Pedro de Macorís.
La Comisión, después de visitar el citado cuartel y tomar nota de
las circunstancias denunciadas, en el propio terreno, pasó a San Pedro de
Macorís donde pudo ver a los policías heridos y a las personas presas con
motivo de los citados acontecimientos.
Los heridos se encontraban en el Hospital Carl Theodore Georg,
habiendo sido trasladados a la Capital los cadáveres de dos policías
muertos en el citado asalto.
Asimismo la Comisión entrevistó a los señores Israel Caminero,
Miguel Angel Pichardo, Antonio Beato y Dr. Munir Kury quienes habían sido
arrestados con motivo de los acontecimientos de Ramón Santana.
El día 6 de julio la Comisión volvió a San Pedro de Macorís para
conocer del estado de los heridos y constatar en el terreno las denuncias
que se habían hecho sobre violaciones de derechos humanos como resultado de
los acontecimientos del 2 de julio. La
Comisión fue atendida por el Coronel Gilberto Fernández Medina y quedó
informada de que los señores Israel Caminero, Miguel Angel Pichardo,
Antonio Beato y el Dr. Munir Kury, habían sido trasladados a la cárcel de
la Policía Nacional en la Capital dominicana.
Una tercera visita tuvo lugar el 1º de agosto de 1965, con el objeto
de conocer la situación de los presos políticos allí retenidos, respecto
de los cuales sus familiares habían expresado a la Comisión que iban a ser
trasladados a la Penitenciaría de La Victoria, solicitando de este
organismo sus buenos oficios para que dichos presos permanecieran en la
referida ciudad. En esta
oportunidad la Comisión volvió a ver a los cuatro detenidos que
originalmente había entrevistado, quienes habían sido trasladados de
regreso a San Pedro de Macorís.
La Comisión se trasladó a la ciudad de La Vega el 5 de junio, donde
recibió quejas y reclamaciones por alegados actos violatorios de los
derechos humanos. También visitó la Comisión la cárcel municipal, donde
se le informó que existían 133 presos políticos, pudiendo hablar
libremente con ellos el Presidente de la Comisión y los funcionarios de la
Secretaría que lo acompañaban. Se
tomó nota de las reclamaciones presentadas por los presos y se elevó a las
autoridades las peticiones formuladas por los mismos.
Atendió a la Comisión el Gobernador de la provincia, Sr. Ibo Riba,
el Gobernador de La Vega, señor Rafael Díaz y el Teniente Coronel Santiago
Rojo Molina, Jefe Militar de la plaza.
El 10 de junio visitó la Comisión la ciudad de Barahona. Fue recibida por las autoridades militares y policiales de la
localidad, quienes facilitaron al Presidente y funcionarios de Secretaría
que lo acompañaban, un recorrido por la cárcel municipal, donde se
entrevistaron varios presos políticos.
Algunos de éstos se quejaron ante la Comisión de estar acusados de
comunistas, sin haberse presentado cargos concretos que justificaran la
prisión. Las autoridades
informaron a la Comisión que el 14 de junio comenzarían los juicios de
estos prisioneros.
En esta visita la Comisión recibió el testimonio de dos estudiantes
haitianos, quienes expusieron cómo habían sido asesinados algunos de sus
compañeros en Ciudad Nueva, Santo Domingo, cuando se negaron a integrar el
comando encabezado por el dirigente haitiano Jean Baptiste, entre el 6 y 7
de mayo de 1965. Las autoridades de Barahona expresaron a la Comisión que
en esa fecha se encontraban presos 64 individuos, por causas políticas.
El 19 de julio volvió la Comisión a la ciudad de Barahona.
Se recorrió la cárcel municipal sin que fuesen hallados presos políticos
en la misma. Las autoridades
informaron a este organismo que todos habían sido trasladados al Centro de
Estudios de las Fuerzas Armadas en San Isidro.
En esta oportunidad la Comisión solicitó información sobre la
detención del ciudadano español Horacio Pérez González, poniéndole de
manifiesto el Mayor Marmolejos que ese señor había sido trasladado a San
Isidro.
La prisión municipal de Baní, ubicada en el Cuartel del Ejército
fue visitada por la Comisión el 18 de agosto, encontrándose en ella 8
presos políticos, muchos de los cuales habían sido encerrados
originalmente en el Palacio de la Policía, luego en La Victoria, y
posteriormente transferidos a Baní.
Estos prisioneros manifestaron al Representante de la Comisión su
temor de ser calificados como presos por delitos comunes, lo que impediría
que sus casos fueran examinados por la Junta Depuradora.
La Comisión inspeccionó las celdas, habiendo encontrado las mismas
en bastante mal estado, salvo aquella destinada a albergar a los presos políticos.
Atendió a la Comisión el Teniente Vitelio Céspedes Zayas, quien
dio plenas facilidades a la Comisión.
Este militar explicó a la Comisión que los presos políticos habían
sido transferidos a esa prisión por ruego de sus familiares.
El 6 de agosto la Comisión visitó la Isla Beata, para conocer la
situación de los presos políticos allí recluidos.
La Comisión permitió que la acompañara un representante de
Naciones Unidas y periodistas extranjeros.
En esta isla, donde existe un puesto naval que estaba bajo el mando
del Teniente Sebastián Escarramán Vázquez, se encontraban 18 prisioneros
políticos en estado de salud satisfactorio.
Muchos de ellos alegaron haber estado en las solitarias del Palacio
de la Policía de la Capital.
La Comisión constató que era difícil la comunicación de los
presos con sus familiares y recomendó a las autoridades competentes que
solucionaran este problema.
Esta ciudad fue visitada por la Comisión el 14 de junio. El Presidente y los funcionarios de Secretaría recorrieron
la prisión local y entrevistaron a varios presos políticos, muchos de
ellos recluidos por varias semanas sin habérsele acusado de delito o falta
alguna.
La Comisión recorrió algunas calles de la ciudad y habló con
varios ciudadanos y dirigentes locales.
Las autoridades, que facilitaron a la Comisión el cumplimiento de su
cometido, informaron a ésta que con motivo de los acontecimientos del 14 de
junio se habían retenido a 32 personas, pero que serían puestas en
libertad en las próximas 48 horas. En
total había 164 presos políticos.
El propio 14 de junio la Comisión visitó la ciudad de Puerto Plata
y recorrió la cárcel local, donde se encontraban 4 presos políticos.
La Comisión tuvo plena libertad para realizar su misión.
El 8 de julio visitó la Comisión la ciudad de San Cristóbal,
siendo atendida por el señor José María Peña Cabral, ayudante del
Gobernador Civil. La Comisión
fue recibida en la cárcel por el Mayor Martínez Puello, y por el Alcalde
señor Elías Hasbún, además del Teniente Coronel Carlos Vinicio Félix,
Jefe Militar de la plaza. Las autoridades militares informaron a la Comisión
que en esa fecha se hallaban presas 183 personas por delitos comunes y 11
por delitos políticos.
La Comisión verificó la lista de presos políticos de sus archivos,
y conversó con cada uno de ellos ampliamente.
Éstos manifestaron a la Comisión que recibían buen trato, pero que
no se justificaba su prisión.
La Comisión visitó esta base el 12 de junio de 1965, y entrevistó
a 12 oficiales de la Marina de Guerra dominicana presos en el fondo de un
buque del tipo B-A, anclado en esa base naval.
Los prisioneros expusieron al Presidente de la Comisión, Dr.
Bianchi, que no se les había interrogado desde que fueron tomados presos,
hacía mes y medio. Agregaron que se les retenían sus haberes y que el
local donde se encontraban era totalmente inadecuado para prisión.
Las autoridades navales de Haina facilitaron la entrevista a la
Comisión aunque este organismo tuvo conocimiento, posteriormente, que los
jefes que autorizaron dicha entrevista fueron sometidos a pena disciplinaria.
La Comisión visitó esta base el 18 de agosto de 1965, encontrándose
en ella 32 presos políticos, todos pertenecientes a la Marina de Guerra.
Asimismo advirtió la Comisión buen estado de salud en los mismos,
buena alimentación y limpieza en todos los locales destinados a los presos.
El Capitán Rivera, Jefe de la Plaza, atendió a la Comisión y mostró
todas las dependencias de la base. Los
prisioneros fueron entrevistados por la Comisión y todos dijeron
encontrarse en buen estado y tener contacto con sus familiares.
El 3 de julio la Comisión visitó la ciudad de Azua, con el objeto
de averiguar el posible paradero del señor Arsenio Ortíz Ferrand, cuya
madre había denunciado su desaparición ante este organismo interamericano.
Atendió a la Comisión, en la Fortaleza Militar de Azua, el Teniente
Félix Abreu, en ausencia del Capitán César Augusto Díaz Tavares.
La Comisión se entrevistó posteriormente con el Capitán Díaz
Tavares, quien dio informes adicionales a la Comisión. Asimismo se informó
a la Comisión que todos los prisioneros capturados en los primeros días de
la revolución, habían sido trasladados a la Capital, y que en esos días
no se había llevado registro de los presos políticos, por lo cual faltaban
elementos de juicio para verificar la prisión del señor Ortíz Ferrand.
En esta visita acompañaron a la Comisión la señora madre de Ortíz
Ferrand y su esposa, la señora Dulce María Campos de Ortíz.
En la mañana del 23 de junio de 1965 la Comisión fue informada de
que el día anterior habían sido ejecutadas tres personas en Monte Plata:
el religioso canadiense Arturo McKinnon, de la Orden de Escarboro, y dos
policías.
En la tarde del propio día 23 la Comisión hizo una visita al
referido lugar, con el fin de tomar conocimiento de los hechos y de observar
la situación de los derechos humanos en esa localidad.
El Representante de la Comisión habló con las autoridades de Monte
Plata y éstas le informaron que habían comenzado las averiguaciones
correspondientes, para poner en claro los hechos ocurridos. Asimismo pudo
hablar el Representante de la Comisión con el Nuncio Apostólico y otras
personas que proporcionaron a este organismo algunos datos sobre los
homicidios que tuvieron lugar.
Los médicos Bianites Espinosa Acosta y Jorge Hasbún Roedán
examinaron el cadáver del sacerdote McKinnon a pedido del Representante de
la Comisión. Posteriormente entregaron a este organismo el certificado médico-legal
correspondiente al referido examen.
La Comisión asimismo recibió informaciones adicionales sobre los
sucesos referidos, de parte de Rafael Quezada y Víctor Alejandro Navarro,
que dijeron ser cuñados de uno de los policías cuyos cadáveres
aparecieron junto al del sacerdote McKinnon. La Comisión, además de solicitar de las autoridades las medidas conducentes al esclarecimiento de estos hechos de sangre, instó a las mismas a la observancia de los derechos humanos, especialmente al derecho a la vida. |