Haiti 1995 - Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

300. La exposición realizada sobre el desarrollo de la situación política y de derechos humanos en Haití durante el año de 1994 permite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluir y recomendar en los siguientes términos:

301. En primer lugar desea indicar que el agravamiento de la situación de los derechos humanos, durante los primeros ocho meses que cubre este informe (enero-agosto), tuvo un impacto devastador entre la población haitiana como resultado de la violencia ejercida por la dictadura militar.

302. Posteriormente, con el cambio operado en la situación política como resultado de la ocupación militar de ese país por la Fuerza Multinacional, de acuerdo con la Resolución 940 del Consejo de Seguridad de la ONU, que permitió la reinstalación en el poder del Presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide, la Comisión observa el inicio de cambios fundamentales, especialmente en relación a la situación de derechos humanos. La salida del régimen dictatorial puso fin al clima general de terror y violaciones que existían en Haití, se reanudó la actividad política en muchas zonas del país y existe una amplia libertad de los medios de prensa. Sin embargo, la Comisión está consciente de que subsisten graves problemas heredados del régimen militar que el Gobierno constitucional deberá afrontar, lo más pronto posible, para que éstos no pongan en peligro la naciente democracia.

303. La represión ejercida en forma sistemática durante el régimen de los militares trató de aniquilar todo tipo de actividad organizada, derecho de expresión, reunión y toda actividad de apoyo al régimen democrático. Los casos de detenciones arbitrarias, golpizas, allanamientos ilegales, confiscación de bienes e incendios, desapariciones forzadas y torturas se incrementaron en el año que cubre este informe, obligando a las víctimas y familiares a abandonar sus hogares y vivir en la clandestinidad, atropellándose además de ésta forma los derechos de los niños. El constante huir de la población quebrantó su capacidad de organizarse, debilitando así las estructuras políticas, sociales y económicas que pudiesen representar una amenaza contra el régimen ilegal de facto. Como consecuencia de la represión se violaron las garantías consagradas en los artículos 4, 5, 7, 8, 13, 15, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual la República de Haití es Parte desde 1977.

304. A principios de enero de 1994, el régimen militar aplicó nuevos métodos represivos, particularmente efectivos, para sembrar el terror en la población, incluyendo las violaciones sexuales cometidas contra las mujeres haitianas debido a su militancia o su asociación familiar con militantes en favor del retorno del Presidente Aristide. En el caso de Haití las violaciones sexuales fueron el resultado de una represión con fines políticos, la intención de los responsables fue de destruir cualquier movimiento democrático a través del terror creado por esa serie de crímenes sexuales. La Comisión considera que este tipo de violaciones sexuales constituye una forma de tortura según el artículo 5(2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

305. Las masacres cometidas contra poblaciones rurales, con la excusa de sofocar grupos rebeldes, y la aparición en las calles de Puerto Príncipe de cadáveres mutilados completamente desfigurados, también fueron utilizados como un instrumento de represión e intimidación política. La Comisión observó que el derecho a la vida contenido en el artículo 4 de la Convención Americana fue uno de los derechos más violados, llegando a un grado de crueldad extrema en donde poblaciones enteras eran rodeadas por los militares, asesinando indiscriminadamente a sus pobladores.

306. Actualmente, el proceso de desarme es uno de los problemas más graves que enfrenta el Gobierno constitucional de Haití y pone en peligro la estabilidad del nuevo régimen e impide el establecimiento de un estado de derecho. A este respecto, la Comisión considera que deben tomarse medidas concretas e inmediatas que permitan llevar a cabo un desarme total. A pesar de que la Fuerza Multilateral compró y confiscó alrededor de 19.000 armas, en algunas zonas del país las armas y el aparato de la dictadura que no ha podido ser reemplazado totalmente, siguen siendo la causa de la inseguridad y temor en la población, sobre todo en aquellas áreas en donde la Fuerza Multilateral no ha podido llegar.

307. La Comisión está consciente de las dificultades que representa un proceso de desarme completo, pero considera que el Gobierno haitiano junto con la Fuerza Multinacional deben redoblar sus esfuerzos y proseguir la búsqueda de armas ocultas que siguen en poder de jefes de sección, "attachés", "macoutes" o miembros del FRAPH y que les permite seguir promoviendo la violencia. Por otra parte, el Gobierno constitucional podría realizar un estricto programa de control sobre la posesión de armas, la cual está permitida bajo la Constitución pero exige declarar su tenencia ante la Policía. Con un nuevo registro se anularían los permisos existentes y sólo se aceptarían los expedidos por la nueva Policía.

308. La colaboración de las Fuerzas Armadas Haitianas con la Fuerza Multinacional ha creado, en algunos casos, un ambiente de desconfianza y recelo entre la población. Por ejemplo, el hecho de que las denuncias e información sobre posesión o escondites de armas proporcionada a la Fuerza Multinacional sea verificada a través de los militares haitianos pone en duda la eficacia del proceso de desarme. Asimismo, las detenciones efectuadas por la Fuerza Multinacional de conocidos "attachés" o "macoutes" que son entregados más tarde a la Policía, la que a su vez los pone en libertad, hace que prevalezca un estado de inseguridad y persista el fenómeno del "marronage".

309. La Comisión observa con satisfacción que se están llevando a cabo los pasos necesarios para la formación de una nueva policía que estaría subordinada al poder civil del Ministerio de Justicia, así como los planes de crear una Academia de Policía como medio de capacitar a los integrantes de una fuerza policial independiente y eficaz. Sin embargo, es indispensable que el Gobierno haitiano aplique criterios de selección del personal de policía que aseguren que individuos que tengan récords de violaciones de derechos humanos no sean seleccionados. Sería importante, igualmente, que en esa selección se contase con la asesoría de la Misión Civil de la OEA/ONU, ya que posee una vasta información sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen dictatorial.

310. La Comisión está convencida que para lograr una verdadera protección de los derechos humanos de la población haitiana es necesario llevar a cabo, lo más pronto posible, una reforma substancial del sistema judicial que asegure que los perpetradores de los actos criminales sean sometidos a la justicia. Si bien ya se han iniciado planes y programas para reestructurar el poder judicial, existe una necesidad urgente de contar con programas de capacitación para establecer un sistema judicial provisional que tenga legitimidad y pueda hacer frente a los problemas actuales de la población.

311. El problema de la falta de un sistema judicial eficaz está estrechamente ligado con la ausencia de una institución de policía que pueda infundir confianza en la población, que haga cumplir la ley y mantenga el orden. A partir del golpe de Estado de 1991, el sistema judicial ha estado dominado por los militares quienes instalaron a la mayoría de jueces de paz, oficiales judiciales, incluyendo también personal administrativo y cuasi-judicial como son los jefes de sección. Muchos de ellos siguen operando pese ha haber estado involucrados en violaciones de derechos humanos. Esto ha influido gravemente en el ánimo de la gente que no se atreve a denunciar o dar su testimonio sobre hechos criminales por temor a encontrarse con oficiales que apoyaron la dictadura militar.

312. La Comisión considera que para llevar a cabo una verdadera reforma del sistema judicial es indispensable hacer énfasis en que las personas que integren el cuerpo judicial posean la competencia necesaria, carácter moral e imparcialidad. Es imprescindible que la comunidad internacional otorgue un fuerte apoyo a las autoridades constitucionales y provean de toda la asistencia necesaria en recursos humanos y materiales para lograr esta importante tarea. La Comisión celebra que países como los Estados Unidos, Francia y Canadá, al igual que la ONU y la OEA hayan demostrado su interés en ayudar a la reconstrucción de las instituciones jurídicas en Haití.

313. Con respecto a la situación de los centros de detención, la Comisión constató que el sistema carcelario heredado por el Gobierno constitucional se encuentra en crisis. Debería clausurarse la Penitenciaría Nacional, pues está muy por debajo de los niveles internacionales mínimos. El Gobierno podría invitar a expertos internacionales en sistemas carcelarios para transformar uno de los cuarteles militares en una prisión nacional modelo, ya que dichos campamentos no serán necesarios en vista de la proyectada reducción de las Fuerzas Armadas.

314. La Comisión celebra los planes del Gobierno democrático de transferir la jurisdicción de las prisiones de la competencia militar a la civil. Sin embargo, desea señalar que los problemas más urgentes del sistema carcelario deben abordarse de inmediato, como son: la insuficiente alimentación, la falta de atención médica y la ausencia de procesos judiciales de los prisioneros. La Comisión considera necesario el establecimiento de una comisión especial, que dependa del Ministerio de Justicia, para que examine de inmediato la situación de los reclusos. Se requerirá asistencia internacional, por lo cual la Comisión exhorta a la comunidad internacional a que brinde asistencia también en esta actividad.

315. La práctica institucionalizada de la violencia impune como resultado de la dominación de los militares sobre la administración de justicia, impidió que las víctimas de violaciones de derechos humanos pudiesen reivindicar sus garantías judiciales. La Comisión considera un deber ineludible del Gobierno constitucional de investigar y establecer responsabilidades sobre las violaciones a los derechos humanos sufridas por el pueblo haitiano durante los tres años de dictadura militar. La Comisión ve con satisfacción el reciente establecimiento de la Comisión de la Verdad y Justicia por el Gobierno haitiano y expresa su confianza en el trabajo rápido y eficiente que dicha institución desarrollará.

316. El restablecimiento del Gobierno constitucional en Haití y los programas de ayuda económica de parte de la comunidad internacional han creado un ambiente prometedor tanto dentro como fuera del país. En particular han surgido grandes expectativas entre la población haitiana la que por mucho tiempo ha sufrido todo tipo de carencias. La situación económica y social en Haití se caracteriza por el estancamiento económico y el desempleo en gran escala; la falta de servicios públicos básicos como agua, electricidad, aunado a la insalubridad y malnutrición que padecen la mayoría de haitianos resaltan el carácter apremiante a la realización de los programas de asistencia financiera y de cooperación técnica para el desarrollo del país. Desafortunadamente, el retardo de la ayuda financiera no ha permitido cubrir las necesidades que mejoren la vida diaria de los sectores más pobres del país, generando así sentimientos de frustración entre ellos. Es crucial que la capacidad económica del país se vea reforzada lo más pronto posible por la ayuda de la comunidad internacional.

317. De acuerdo con las funciones que le atribuyen la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión seguirá desarrollando sus actividades de protección y promoción de los derechos humanos en Haití y reitera su colaboración al Gobierno constitucional de la República de Haití.

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