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CAPITULO XII CONCLUSIONES En pocos
momentos de la vida republicana de Guatemala tantos individuos y sectores han
estado tan comprometidos por la defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo, la profundidad de los problemas
estructurales y las situaciones de privilegio que son causa y origen de las
violaciones hace que esa lucha sea difícil, aun para un Gobierno seriamente
envuelto en la restauración de la plena vigencia de los derechos humanos. El goce
de los derechos socioeconómicos y culturales está reservado a un pequeño
porcentaje de la población, mientras el resto sufre una de las peores
condiciones sociales de todas las Américas, con excepción de Haití.
La inversión en programas sociales es mínima en relación al tamaño de
los problemas. Guatemala
es un país de profundas diferencias de oportunidades en el goce de los derechos
humanos, donde la mayoría de la población y en especial los guatemaltecos
Maya-Quiché son discriminados en el goce de sus derechos, a través de
mecanismos de todo tipo, tanto por instituciones oficiales como privadas, sin
que el Estado garantice la igualdad de oportunidades. Por el
contrario, y pese a los preceptos constitucionales y pese al esfuerzo y coraje
de muchas autoridades y funcionarios, el Estado parece ser el principal ejecutor
y organizador de esta discriminación, sea por la acción o por la negligencia
de sus agentes e instituciones, especialmente pero no únicamente, las fuerzas
de seguridad. En la presente
administración se han impulsado algunas medidas que pueden comenzar a
solucionar dicha situación. Esa
sistemática violación de los derechos humanos se ejerce también contra
quienes desde la prensa, la acción sindical o universitaria, o desde
organizaciones Maya-Quiché, o de defensa de derechos humanos luchan por medios
legítimos para cambiar ese estado de cosas. Los
esfuerzos del Gobierno de la presente administración para restablecer la
vigencia de los derechos humanos han tenido algunos frutos como el procesamiento
de algunos miembros de rango menor de las fuerzas de seguridad acusados de
violaciones a los derechos humanos, y el relativamente pacífico retorno de
parte de los refugiados en México. Igualmente
en presentar algunos proyectos de ley al Congreso que terminarían con algunas
situaciones sistemáticas de violación como las relativas al servicio militar
obligatorio; y en tímidos inicios de programas socioeconómicos. Sin
embargo, la mayoría de esas leyes están trabadas por falta de acción
legislativa al respecto, y cuando son aprobadas su reglamentación o fallida
implementación traiciona sus objetivos iniciales de mejorar la situación de
derechos humanos. Los programas
socioeconómicos son de tan reducido porte que apenas hacen mella en la situación
de explotación y desamparo. La
impunidad de los oficiales y altos mandos violadores de vidas y derechos de todo
tipo se mantiene. El Poder
Judicial, a pesar de algunos fallos ejemplares, emitidos por jueces que
arriesgan su posición y aún la vida, y logrados pese a innumerables obstáculos,
continúa siendo una institución ineficaz para defender los derechos humanos.
La
militarización del país, que llega no sólo a las áreas rurales, sino también
al sistema político y aún de comunicaciones sociales, es un factor de temor crónico
para los habitantes y un obstáculo para el sistema democrático. En cada
uno de los capítulos de este informe la Comisión llega a conclusiones y ofrece
recomendaciones a ese respecto. La plena
vigencia de los derechos, libertades y garantías que surgen de la Carta de la
OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos e instrumentos
complementarios, a cuyo cumplimiento se ha comprometido Guatemala ante la
comunidad interamericana, es la base y el camino hacia la recuperación social,
económica y cultural del país. Y
lo es así porque esa recuperación sólo puede basarse en la dignidad de la
vida de cada guatemalteco y la dedicación total de cada agente del Estado para
lograrla, respetarla y defenderla. 22 de mayo de 1993. |
