CAPITULO  I

 

LAS VISITAS DE INVESTIGACION IN LOCO DE LA CIDH A COLOMBIA

DE 1990 - 1992

 

 

          A.         VISITA DE LA COMISION ESPECIAL PREPARATORIA

                        DE DICIEMBRE DE 1990

 

           Con posterioridad a la visita in loco realizada durante el año 1980, la Comisión, que no tuvo oportunidad de regresar a Colombia ya que, como organismo internacional, para hacerlo requiere de invitación o de anuencia y no obtuvo ninguna de las dos hasta 1991, ha mantenido invariablemente una constante observación y preocupación sobre la evolución del problema de los derechos humanos en Colombia.

 

           Durante su 75o período de sesiones, el 13 de abril de 1989, el Gobierno de Colombia, bajo la administración del Presidente Barco, formuló invitación a la CIDH para realizar una visita al territorio colombiano, con el objeto de observar la situación general del país en materia de derechos humanos.  El 25 de abril de 1989, la Comisión, por medio de su Secretaría Ejecutiva, procedió a dar respuesta al Gobierno de Colombia, proponiendo como fecha oportuna para la observación in loco el mes de octubre de ese año.

 

           Posteriormente, el 10 de julio de 1989, el Gobierno colombiano manifestó a la CIDH su deseo de reiterar dicha invitación, señalando, sin embargo, que debido a varias circunstancias, tales como el desarrollo del proceso de paz con el Movimiento M-19, así como la iniciación de las sesiones del Congreso Nacional sobre el debate de la Reforma Constitucional, el Gobierno de Colombia deseaba someter a la consideración de la CIDH la posibilidad de que la visita se efectuara durante el primer trimestre de 1990.

 

           Esta comunicación fue puesta en consideración de la Comisión durante su 76o período de sesiones en el que se acordó aceptar el cambio de fecha y proponer al Gobierno de Colombia el mes de marzo de 1990 como fecha apropiada para la visita in loco.

 

           En respuesta a dicha proposición, el Gobierno de Colombia informó a la Comisión, el 15 de diciembre de 1989, que en el mes de marzo de 1990 se efectuarían las elecciones generales para cuerpos colegiados y en el mes de mayo las elecciones presidenciales, razones por las que estimaba conveniente considerar una fecha diferente.

 

           Esta comunicación fue también puesta a consideración de la Comisión durante su 77o período de sesiones en mayo de 1990, donde se acordó volver a discutir este tema en la próxima reunión de septiembre del mismo año, donde, teniéndose en cuenta el grave cuadro de violaciones a los derechos humanos que venían presentándose en dicho país y que, pese a mantenerse la invitación del Gobierno, ésta no se había logrado concretar por diversas circunstancias, se acordó:

 

                   Proponer al Gobierno de Colombia que la visita de observación se llevase a cabo durante el mes de marzo del año 1991 y que al final de la misma se preparase un informe especial.

 

                   Si el Gobierno no aceptaba la fecha sugerida ni fijaba de inmediato otra de carácter alternativo, la Secretaría debería, con todos los elementos con que contaba, elaborar un informe para ser considerado en el 79o período de sesiones de la Comisión el cual, una vez aprobado, se incorporaría al Informe Anual a la Asamblea General de la Organización.

 

          Reunida otra vez en su 78o período de sesiones, del 24 de septiembre al 5 de octubre de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta la invitación pendiente y no concretada por el Gobierno de Colombia para efectuar una visita in loco a dicho país, propuso pedir anuencia al Gobierno para enviar una misión especial previa y exploratoria compuesta por un miembro de la Comisión, acompañado de personal de la Secretaría Ejecutiva, a fin de tomar contacto directo con algunas autoridades gubernamentales y judiciales e instituciones no gubernamentales de derechos humanos de Colombia.

 

          Debidamente informado de tal decisión, el Gobierno colombiano manifestó que veía con beneplácito la visita de dicha misión especial previa de la CIDH fijada para la primera semana del mes de diciembre de 1990.  En efecto, durante los días 3 al 7 de diciembre de 1990 tuvo lugar la indicada visita in loco de la Comisión Especial Preparatoria de la CIDH compuesta por el Presidente de la Comisión, Dr. Leo Valladares Lanza, el Secretario Ejecutivo Adjunto, David Padilla y el abogado de la Secretaría encargado de los asuntos de Colombia, Manuel Velasco Clark, quien viajó unos días antes a dicho país con la finalidad de efectuar los preparativos previos de la referida visita.

 

          a.       Aspectos tenidos en consideración durante la visita

                    de la Comisión Especial Preparatoria

 

           Superadas las dificultades para obtener la invitación del Gobierno de Colombia, la Comisión Especial Preparatoria conocía que el buen resultado de sus gestiones podía depender de los requerimientos que plantease al nuevo Gobierno colombiano respecto de la observancia de sus compromisos internacionales, para lograr medidas específicas en favor de los derechos humanos.  Se proponía, además, conocer la forma como las autoridades gubernativas tenían en mente poner en práctica acciones tendientes a mejorar la situación existente y conocer el criterio de las ONG's sobre este mismo particular, sobre la presente situación y la de los casos en trámite ante la CIDH.

 

           La situación colombiana reflejaba, en el momento de dicha visita previa, la existencia de numerosos agentes y fuentes de violencia que explicaban en gran parte la compleja crisis que afecta a dicho país y un problema de impunidad, originado en la inoperancia de su sistema judicial, lo que parecía obedecer también a la acción de los propios agentes de violencia que intimidan y amenazan a los miembros del poder judicial, a la carencia de recursos y de personal debidamente capacitado, a la ausencia de garantías para los magistrados y sus familias y a la falta de una reforma de fondo que permitiese, rápida y efectivamente, realizar investigaciones imparciales y sancionar a los responsables de los delitos.  Aparecían también como posibles fuentes de violación de los derechos humanos y de impunidad la existencia del fuero militar, a través del cual los propios agentes de seguridad del Estado evitaban que quienes participaran en actos violatorios fuesen procesados por la jurisdicción ordinaria.  Finalmente, la Comisión Especial deseaba compenetrarse con la existente legislación excepcional de estado de sitio, cada vez más amplia, cuya aplicación parecía ser el marco que daba origen y legitimaba en muchas ocasiones numerosos abusos.

 

           La visita de la Comisión Especial, además de efectuar un estudio de la realidad colombiana en materia de derechos humanos y de manifestar al Gobierno su seria preocupación por la situación existente, tenía en mente solicitar información y resultados prácticos de algunos casos que venían siendo tramitados ante la CIDH y, asimismo, complementar información algunas veces insuficiente en poder de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH en Washington.

 

           La Comisión Especial Preparatoria tuvo también en consideración la circunstancia especial que vivía en esos momentos Colombia de desarrollo de un proceso de reforma constitucional e instalación de una Asamblea Constituyente, con participación de diversos sectores de la sociedad, lo que podría permitir a la CIDH contribuir sobre aspectos sustanciales con el Gobierno del Presidente Gaviria, quien había manifestado reiteradamente su compromiso con la causa de los derechos humanos.

 

          b.       Actividades de la Comisión Especial Preparatoria de la CIDH

                    durante diciembre 1990

 

           Durante su visita a Colombia la delegación especial de la CIDH sostuvo un intenso programa que comprendió, entre otras cosas, entrevistas, audiencias y reuniones de trabajo con las principales autoridades públicas de Colombia, representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, representantes de peticionarios de casos individuales y denunciantes de casos ante la CIDH, representantes de diversos sectores de la sociedad colombiana, periodistas, sectores de la Iglesia vinculados con programas de protección y defensa de los derechos humanos y representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

 

           La Comisión Especial Preparatoria se entrevistó con las siguientes autoridades oficiales:

 

          Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Luis Fernando Jaramillo, a quien acompañaron sus asesores Guillermo Fernández de Soto y Clemencia Forero de Ucrós y el Subsecretario de Organismos Internacionales de la Cancillería, Dr. Luis Guillermo Grillo; Ministro de Justicia, Dr. Jaime Giraldo Angel; Consejeros Presidenciales para la Seguridad, Dr. Rafael Pardo Rueda; para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Dr. Jorge Orlando Melo y en ausencia del Dr. Jesús Bejarano, Consejero del Presidente para la Paz, la entrevista se llevó a cabo con el Dr. Carlos Eduardo Jaramillo, encargado temporal de dicha Consejería.  Asimismo, la Comisión Especial sostuvo entrevistas con el Director Nacional de Instrucción Criminal, Dr. Carlos Eduardo Mejía, a quien acompañaron sus principales colaboradores Dr. Víctor Enrique Navarro J., Subdirector Nacional de Policía Nacional; Dra. María Mercedes de Burgos, Asistente de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y la Dra. Luz María Grueso V., Jefe de la indicada Unidad Nacional de Derechos Humanos.  Igualmente con el Procurador General de la Nación, Dr. Alfonso Gómez Méndez; el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Dr. Jaime Córdoba T.; el Procurador Delegado para la Policía Nacional, Dra. Tahí Hernández de Barrios; el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, Dr. Plinio Moreno y con el Dr. Pablo González, Jefe de la Oficina de Investigaciones Especiales.

 

           Asimismo, la Comisión Especial se entrevistó con el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Jorge Carreño Luengas.  En dicha entrevista estuvo también presente el Vicepresidente de la Corte Suprema.  Igualmente la Comisión Especial sostuvo una entrevista con el Presidente del Consejo de Estado, Dr. Reinaldo Arciniegas, en la que participaron varios miembros de esa corporación.

 

           La Comisión Especial sostuvo también una audiencia especial con el Ministro de la Defensa Nacional, General Oscar Botero Restrepo, en la que participaron el Mayor General José Roberto Ibáñez S., Secretario General del Ministerio, el Contralmirante Benjamín Gamarra, Jefe de Personal de las Fuerzas Militares y el Coronel Jorge Suárez M., del Departamento de Personal.

 

           Durante las tardes, la Comisión Especial sostuvo un intenso programa de entrevistas y reuniones de trabajo con diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Colombia, entre las cuales cabe citar:  Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia; Centro de Investigación de Educación Popular -CINEP-; Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos -ASFADDES-; Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos -CPPDH-; Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- y Asociación de Familiares de Desaparecidos del Palacio de Justicia; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz; Liga por los Derechos y la Liberación de los Pueblos Sección Colombia; Fundación Social CEDAVIDA; Coordinadora Nacional de Derechos Humanos  y  Damnificados  de  la  Guerra Sucia -CONADEHGS-; Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC-; Grupo Prensa Alternativa.  Asimismo sostuvo audiencias con algunos peticionarios de casos individuales que se cursan ante la CIDH; Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Jurisdiccional -ASONAL JUDICIAL-; Central Unitaria de Trabajadores -CUT-; Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-; Federación Colombiana de Educadores -FECODE-; Federación Nacional Unitaria Agropecuaria -FENSUAGRO-; Comité del Episcopado Colombiano por la Vida, por la Justicia y por la Paz; Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana; Comité de Derechos Humanos de la Provincia de García Rovira (Santander); y con un grupo de periodistas representativos de los diversos órganos informativos hablados, escritos y de televisión de la República de Colombia; Sindicato de Educadores de Santander -SES-; Grupo de Derechos Humanos que opera en las zonas de colonización y fronteras, que presentó  testimonios sobre la violencia en la zona selvática; Unión Patriótica; Partido Comunista; Frente Popular; Fundación para la Promoción de la Cultura  y  la Educación Popular de Bucaramanga -FUNPROCEP-; Grupo de Jueces "Carlos Valencia García" y con el Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos de Barrancabermeja -CREDHOS-;  Grupo de Abogados Defensores de Derechos Humanos y Presos Políticos; Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia; Delegación de Derechos Humanos del Putumayo y Delegación de Derechos Humanos del Valle y Cauca.  Asimismo la Comisión Especial de la CIDH tuvo una reunión de trabajo con la Delegación Regional del CICR, Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, en la que participaron el representante saliente de dicha entidad, señor Philippe Gaillard, y el nuevo representante de CICR en Colombia, señor Claude-Alain Zappella.

 

          c.          Fin de la visita de la Comisión Especial Previa

 

          Concluida la visita in loco, el Presidente de la CIDH y de la Comisión Especial Preparatoria Dr. Leo Valladares, hizo entrega al señor Presidente de la República Dr. César Gaviria Trujillo, a través del señor Canciller de Colombia, de una nota agradeciendo al Gobierno de Colombia las facilidades otorgadas en su visita a este país durante los días 4 al 7 de diciembre de 1990 y sin entrar a pronunciarse sobre el complejo y delicado estado de la situación de los derechos humanos en Colombia, recomendó al Gobierno de dicho país adoptar disposiciones de derecho interno para adecuar sus legislaciones a las normas de la Convención Americana.  

 

          B.            VISITA IN LOCO DE LA CIDH DE MAYO DE 1992

 

           La visita a Colombia de la Comisión Especial de la CIDH llevada a cabo durante la primera semana del mes de diciembre de 1990 tuvo, desde un primer momento, el carácter de visita "previa", preparatoria o exploratoria.  Por tal circunstancia, concluida dicha visita, la Comisión Especial recomendó al pleno de la CIDH en el informe que le presentó a su finalización, continuar con el seguimiento de la misma.

 

          a.          Fijación de fecha

 

           La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida en Washington durante su 81o Período de Sesiones entre el 3 y el 14 de febrero de 1992, estableció con el Gobierno de Colombia como fecha adecuada para realizar la visita de la Comisión Especial de la CIDH, el 4 al 8 de mayo de 1992, fecha ésta que fue aprobada por el Gobierno de Colombia mediante nota de 20 de febrero de dicho año.  El pleno de la Comisión, en conformidad con su Reglamento, designó como miembros de dicha Comisión Especial a los miembros doctores Oscar Luján Fappiano, Michael Reisman y Leo Valladares Lanza.

 

           Asimismo, conoció de la solicitud de reconsideración presentada por el Gobierno de Colombia en relación con los informes números 10.319, 10.454, 10.581 y también 10.235, aprobados por la Comisión en su 80o Período de Sesiones.  En tal oportunidad la Comisión, pronunciándose sobre tales informes, resolvió fusionar en un solo documento los informes sobre el caso 10.235 y publicarlos en su Informe Anual correspondiente al ejercicio de 1991 y, en relación con los informes de los casos 10.319, 10.454 y 10.581, escuchada la presentación efectuada por los abogados del Gobierno de Colombia y por el Embajador de dicho país, Dr. Julio Londoño Paredes, decidió dejar firmes los informes correspondientes a tales casos, hacer nuevas recomendaciones al Gobierno y darle un término para su cumplimiento, acordando que si se cumplían las recomendaciones formuladas por la Comisión, los informes no se publicarían.  Seguidamente, se encargó a los miembros de la Comisión Especial de la CIDH observar de cerca el cumplimiento de tales recomendaciones e informar a su vuelta al pleno de la Comisión para que ésta pudiese tener, aparte de la propia versión del Gobierno, el informe de sus miembros, a fin de poder tomar una determinación definitiva en el curso de su 82o Período de Sesiones en el mes de septiembre de 1992.

 

          b.          Actividades de la CIDH durante la visita in loco

 

           Con fecha 25 de abril de 1992 un funcionario de la Secretaría Ejecutiva viajó a Colombia con la finalidad de ultimar los preparativos para la visita in loco y el 3 de mayo llegaron los miembros de dicha Comisión Especial presidida por el Dr. Oscar Luján Fappiano, Primer Vicepresidente de la CIDH e integrada por los doctores Michael Reisman, Segundo Vicepresidente y Leo Valladares Lanza, quien había dirigido la visita de diciembre de 1990 cuando ejercía la Presidencia de la Comisión.  Los acompañaban el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CIDH, Dr. David Padilla, los abogados Manuel Velasco Clark, encargado de los asuntos de Colombia y Osvaldo Kreimer.  Asimismo, acompañaron a la Comisión Especial las señoras Gabriela Hageman y Nora Anderson.  La visita se desarrolló del lunes 4 al viernes 8 de mayo.

 

           Al iniciar su visita la Comisión Especial de la CIDH dio a conocer el siguiente comunicado de prensa a la opinión pública de Colombia:

 

 

         Santafé de Bogotá, 4 de mayo de 1992

 

          No 6/92          COMUNICADO DE PRENSA

 

                   Por invitación del Gobierno de Colombia, durante los días 4 al 8 de mayo próximo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realiza una visita de observación "in loco" en la República de Colombia.  Participan en la misma, el Dr. Oscar Luján Fappiano, Vicepresidente de la CIDH, quien preside la Comisión Especial y los miembros Dres. Michael Reisman y Leo Valladares Lanza.  Asimismo, del personal de la Secretaría Ejecutiva viajan el Dr. David Padilla, Secretario Ejecutivo Adjunto, el Dr. Manuel Velasco Clark, encargado de los asuntos de Colombia, el Dr. Osvaldo Kreimer y las funcionarias administrativas Sras. Gabriela Hageman y Nora Anderson.

 

                   El Gobierno de Colombia al formular la invitación a la Comisión para efectuar esta visita "in loco", ha dado amplias seguridades que dispondrá de libertad irrestricta para visitar el país y poder entrevistar a todas las personas e instituciones que la Comisión estime necesarias.  Asimismo, ha ofrecido las garantías que las personas e instituciones que deseen comunicarse con la Comisión podrán hacerlo sin obstáculos de ninguna clase.  La Comisión Especial de la CIDH se alojará y tendrá oficinas en el Hotel Tequendama de la ciudad de Santafé de Bogotá.  Durante su permanencia en Colombia, la Comisión sostendrá entrevistas y audiencias con autoridades de los sectores gubernamental, legislativo, judicial, militar, religioso, laboral, indígena y campesino; así como con entidades y personas representativas de los diferentes grupos no gubernamentales de derechos humanos que han presentado denuncias sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y con representantes y familiares de las alegadas víctimas.  La Comisión Especial visitará igualmente algunas ciudades fuera de la capital de la República.

 

          Seguidamente un resumen, ordenado de acuerdo con el orden que tuvieron lugar las entrevistas, del programa cumplido por la Comisión Especial de la CIDH durante su visita a la República de Colombia en el mes de mayo de 1992:

 

          ENTREVISTAS CON FUNCIONARIOS ESTATALES:  Ministra de Relaciones Exteriores, Doctora Nohemí Sanín Posada de Rubio.  Concurrieron a dicha entrevista la Embajadora Dra. Clemencia Forero, Asesora de la Sra. Ministra; el Dr. Luis Guillermo Grillo, Director de la Oficina de Asuntos Multilaterales, y el Sr. Francisco Echeverry, funcionario de dicha oficina.  Consejero Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Dr. Jorge Orlando Melo.  Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Dr. Hernando Yepes Arcila.  Ministro de Defensa, Dr. Rafael Pardo Rueda.  Comandante General de las Fuerzas Militares, General Luis Eduardo Rocca Maichel.  Ministro de Justicia, Dr. Fernando Carrillo Flórez, audiencia cancelada por viaje intempestivo del Ministro a Europa.  Procurador General de la Nación (Ministerio Público), Dr. Carlos Gustavo Arrieta y Procuradores Delegados para la Defensa de los Derechos Humanos, Jaime Camacho Flórez (Encargado); de la Policía Nacional, señora Tahí Barrios Hernández, y para las Fuerzas Militares, César Uribe Botero.  Defensor del Pueblo, Dr. Jaime Córdoba Triviño.  Fiscal General de la Nación, Dr. Gustavo de Greiff.  Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Pedro Lafont Pianetta y Dr. Jiménez, Presidente de la Sala Laboral.  Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Dr. Fernando Brito Ruiz, Dr. Néstor Javier Arango,  Dr. Alberto Arango Avila, Secretario General; Dra. Maryluz Rubio, Asistentes derechos Humanos, Coronel Osvaldo Caraballo, Director de Protección, Coronel Manuel González Enríquez, Director de Investigaciones, Dr. José Elías Munévar, Inspector General, Dr. Carlos Cañizales Ovalle, Central Inteligencia.  Presidente del Consejo de Estado, Dr. Alvaro Lecompte y los señores Consejeros de la Sección Tercera de la Sala contencioso-administrativa.  Corte Constitucional, Dres. Jaime Sanín, Alejandro Martínez Caballero, Simón Rodríguez y Ciro Angarita.  Ministro de Gobierno, Dr. Humberto de la Calle Lombana.  Presidente del Congreso, Dr. Carlos Espinosa Faccio-Lince.  Consejeros para la Paz, la Política Social y la Seguridad, Dres. Horacio Serpa Uribe, Gilberto Echeverri Mejía y Ricardo Santamaría; Dr. Luis F. Londoño Nicholls, Programa Presidencial para la Reinserción (Presidencia de la República).  Luis Fernando Londoño (Programas de Reinserción) Tomás Concha (de incorporación a la vida civil y acuerdos).  Director de Instrucción Criminal, Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar, Dr. Pedro Alonso Arias Hernández, Dr.Raúl Rodríguez Zambrana, Dr. Dib Ali Salek Baquero. Dr. Armando Segovia Ortiz, Jefe Nacional de Seguridad Cuerpo Técnico de Policía Judicial; Dr. Francisco Sintura Vice-Fiscal General de la Nación.  Víctor Navarro, Sub-director; Sra. María Claudia Pulido, Coordinadora de Derechos Humanos de la DIC. y Excelentísimo señor César Gaviria Trujillo, Presidente de la República.

 

          Fuera de la Capital de la República, en Medellín (Antioquia): Procurador Provincial de Medellín, Dr. Iván Velásquez.  Procuradora Provincial, Dra. Blanca Gil de De Santi; Coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos, Nilsa Elena Good; Personero, Sergio Estarita Herrera.  Alcalde de Medellín, Dr. Luis Alfredo Ramos.  Gobernador del Departamento de Antioquia, Dr. Juan Gómez Martínez.  Consejera Presidencial para Medellín, Dra. María Emma Mejía. En la ciudad de Barrancabermeja (Santander):  Alcalde, Personero y Procurador Provincial de la ciudad.

 

          ENTREVISTAS CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DERECHOS HUMANOS:  Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana, Dr. Gustavo Gallón Giraldo, Director.  Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Dres. Alfredo Vásquez Carrizosa, Presidente del Comité y demás miembros.  Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, Dres. Eduardo Pizarro, Hernando Valencia y Alejandro Reyes.  Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, Dr. Juan Tokatlián, Director.  Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Francisco de Roux, S.J., Director, y de la Oficina de derechos humanos:  Ruth Bastidos Castro, María Eugenia Ramírez y Diego Pérez.  Comisión para la Superación de la Violencia, Dr. Alejandro Reyes.  Comisión semigubernamental producto de los acuerdos de paz entre el Ejército Popular de Liberación y el Movimiento Armado Quintín Lame con el Gobierno Nacional.  Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo":  Dr. Rafael Barrios Mendivil, Presidente, Eduardo Carreño Wilches, Alirio Uribe Muñoz, Daniel Medina González, Eduardo Umaña Mendoza.  Grupo de defensa legal.  Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Dr. Jaime Prieto - Grupo de defensa legal.  Grupo de abogados "SEMBRAR", Dra. Marta Pardo - Grupo de defensa legal.  Fundación Santillana.  Central Unitaria de Trabajadores (CUT).  Federación Colombiana de Educadores (FECODE). Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Línea Armenia (ANUC).  Partido Político Unión Patriótica y Asociación Colombiana de Asistencia Social (ASCODAS), Héctor Félix Rivera, Fiscal; Miguel Castañeda Agudelo, Subdirector de Educación; Orlando Pérez Rojas, Tesorero; Aladies Parfa Galeano, Fiscal; Saúl Cruz Rojas, Relaciones Públicas.  Reinsertados Alianza Democrática M-19.  Esperanza, Paz y Libertad (EPL), Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT), y Movimiento Indígena Quintín Lame.  Ramiro Orjuela Aguilar, Secretario General de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS),  Piedad Cifuentes Madrid.  Fundación para el desarrollo social, la democracia y la paz (Progresar).  Silvio Ruiz Grisales, Director Ejecutivo Cooperativa.  Esperanza Paz y Libertad (EPL), Aníbal Palacio Tamayo, Senador de la República Presidente (EPL) y Carlos Franco Echevarría Representante Nacional de EPL.  Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Jurisdiccional (ASONAL Judicial), Dr. Antonio Suárez, Presidente.  CEDAVIDA, Dra. Constanza Ardila Galvis.  Servicio Universitario Mundial (SUM), Dra. Blanca del Pilar Rueda Jiménez. (Programa de Derechos Humanos).  Asociación Nacional de Recicladores (Sindicato) José Daniel García Castaño y Carlos Arturo Alemán Chávez.  Partido Comunista Colombiano, Jaime Caycedo Turriago, Subsecretario General.  Asociación de Familiares de Desaparecidos del Palacio de Justicia, Dr. Enrique Rodríguez.  En la audiencia ratificaron su denuncia y pedido de intervención de la CIDH.  Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Línea Sincelejo.  Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Amanda Romero Medina y Carlos Alberto Ruiz.  Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos.  Sección Colombiana. Hernando Gómez Serrano, Presidente, Leopoldo Múnera, Vicepresidente.  Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla (VIDA), Presidente, Fernando Vargas, Asistente, Angel Escobar y Leonor Galvis:  participó también en esa reunión, Vicente Peña, del Diario La Prensa.  Conferencia Episcopal de Colombia por la Vida, la Justicia y la Paz, Comité Ejecutivo, Monseñor Guillermo Vega.  Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Interno  (CODHES).  Señor Jorge Enrique Rojas.  Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Señoras Gloria Gómez y Gloria Mancilla de Díaz.

 

          Fuera de la Capital de la República:  En la Ciudad de Medellín:  Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia, Dr. Jesús María Valle.  Curia Arquidiocesana de Medellín, Monseñor Héctor Fabio Henao.  Representante de la Curia Episcopal.  Instituto Popular de Capacitación, Dr. Pablo Emilio Angarita. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Oficina de Medellín, Sr. Jesús Puerta.  Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Antioquia.  Corporación Región, Sr. Carlos Iván Lopera.  Colegio de Abogados de Antioquia, Colegas (ASONAL Judicial) de Antioquia, Dr. Rubén Darío Pinilla.  En Barrancabermeja, Santander:  Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos de Barrancabermeja, (CREDHOS), Dr. Jorge Gómez Lizarazo.  Unión Sindical Obrera (USO), Trabajadores petroleros.  Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC).  Comunidad del Municipio de Yondó, Puerto Wilches.  Comunidad Franciscana Sector Nororiental de Barrancabermeja. Pastoral Social (Iglesia Católica).  Municipios Carmen, San Vicente, ANUC, Albergues Campesinos, Proyecto Jurídico Agrario. Obispo de Barrancabermeja, Monseñor Sarasti.  Pastoral Social y Organización Femenina Popular.  Comunidad del Municipio de Sabana de Torres.

 

           Audiencias especiales con familiares y representantes de víctimas cuyos casos se tramitan ante la Comisión.  Caso Olga Bernal (10.537).  Caso Irma Vera Peña (10.456).  Caso Valentín Basto Calderón (10.455).  Caso Luis Fernando Lalinde (9620).  Caso de desaparición colectiva de 1982 (10.235).   Caso Patricia Rivera (9477).  Caso Alirio Pedraza Becerra (10.581).  Caso Isidro Caballero Delgado (10.319).  Caso Martín Calderón Jurado (10.454). Federación Internacional de Periodistas y Círculo de Periodistas de Bogotá. Sr. Fabián Chacón y otros.  Institución FECOL (fotógrafos).  Rafael Baldovino.  Ruby Mora de Torres y Piedad Díaz K., esposas periodistas asesinados el 24 de abril de 1991.  Héctor Rolando CH., hermano de Julio Daniel Chaparro.  Guillermo Ala, Círculo Colombiano de Periodistas.  Hernando Chávez Carrera.  Círculo Colombiano de Reporteros Gráficos.

 

          El día miércoles, con la finalidad de extender su programa de actividades fuera de la ciudad capital, la Comisión Especial de la CIDH se dividió en 3 subcomisiones de trabajo.  La primera, denominada Subcomisión A, compuesta por los Dres. Fappiano, Velasco y Sra. Anderson, permaneció y cumplió un programa de actividades en Bogotá.  La segunda, denominada Subcomisión B, compuesta por los Dres. Leo Valladares, Osvaldo Kreimer y la Sra. Hageman, viajó a la ciudad de Medellín.  La tercera, denominada Subcomisión C, compuesta por los Dres. Michael Reisman y David Padilla, viajó a la ciudad de Barrancabermeja en el Departamento de Santander en el Magadalena Medio.

 

          Al finalizar su visita la Comisión Especial de la CIDH convocó a una Conferencia de Prensa en la que, además de responder las preguntas de los señores periodistas, se hizo entrega del siguiente Comunicado de Prensa:

 

 

No 7/92                                      Santafé de Bogotá, 8 de mayo de 1992

 

 

COMUNICADO DE PRENSA

 

          La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concluido en el día hoy, viernes 8 de mayo de 1992, la visita de observación "in loco" que, por invitación del Gobierno de Colombia, realizó desde el día 4 del presente mes.

 

                   Durante su permanencia en territorio colombiano, la Comisión ha sostenido entrevistas con el señor Presidente de la República, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del Congreso, Ministra de Relaciones Exteriores, Ministro de Gobierno, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ministro de Defensa Nacional, Comandante General de las Fuerzas Militares, Fiscal General de la Nación, Sub-Director de Instrucción Criminal, Jefe del DAS,  Presidente del Consejo de Estado, Presidente de la Corte Constitucional, Procurador General de la Nación, Procuradores Delegados para la Defensa de los Derechos Humanos, para la Policía Nacional, y para las Fuerzas Militares, Defensor del Pueblo, Consejeros Presidenciales para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, para la Paz, Asuntos de Seguridad y la Política Social.

 

                   Fuera de la capital de la República, la Comisión Especial de la CIDH se entrevistó en el Departamento de Santander, en la ciudad de Barrancabermeja, con el Alcalde, el Personero y el Procurador Provisional de dicha ciudad.  Igualmente, en su visita al Departamento de Antioquia, la Comisión Especial se entrevistó en Medellín con los Procuradores Departamental y Provincial, el Personero, el Alcalde de dicha ciudad, el Gobernador del Departamento de Antioquia y la Consejera Presidencial para Medellín.  Tanto en las ciudades de Barrancabermeja como de Medellín, la Comisión Especial instaló sendas oficinas para la recepción de denuncias y audiencias con los organismos no gubernamentales de derechos humanos.

 

                   También la Comisión ha sostenido reuniones con representantes de diversas instituciones no gubernamentales de derechos humanos, de la Iglesia, del periodismo, humanitarias, laborales, sindicales, indígenas, campesinas, profesionales y otras, de todas las cuales recibió su importante aporte acerca de los hechos materia de la presente visita.

 

                   La Comisión se siente alentada y ve con satisfacción los desarrollos positivos que han ocurrido en el país.  El Gobierno, en todos los niveles, incluyendo la Presidencia, ha reconocido el carácter grave y amplio de muchos patrones de violaciones de los derechos humanos en Colombia.  Se han ordenado estudios para proveer informaciones factuales y se han creado programas muy prometedores.

 

                   La Comisión Especial ha notado en particular el establecimiento de la Defensoría del Pueblo y la creación de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura así como varias oficinas especializadas en los derechos humanos en distintos Ministerios del Gobierno.  También se han desarrollado nuevos procedimientos y éstos reflejan una mayor sensibilidad a la problemática de los derechos humanos de parte del Gobierno.

 

                   El Gobierno mismo reconoce que muchos de estos cambios sólo se han iniciado recientemente.  Si culminarán en una mejoría significante a la situación de los derechos humanos queda por verse.  Mientras tanto, como indican las cifras estadísticas tanto del Gobierno como de los organismos no gubernamentales, y como las autoridades han confirmado, la violencia en general y los homicidios siguen en niveles alarmantes.  En algunos de éstos los responsables son la guerrilla, los grupos paramilitares y los narcotraficantes, pero muchos son atribuíbles a agentes del Gobierno.  Los procesamientos y las condenas de los agentes del Gobierno responsables por dicha violencia siguen siendo muy reducidos, contribuyendo a esta imagen la ausencia de publicación de las sanciones impuestas en los asuntos resueltos.  Se ha destacado, asimismo, la lentitud con que se tramitan los procesos penales o disciplinarios correspondientes.

 

                   La Comisión Especial recibió testimonios y recogió evidencias considerables en las siguientes áreas generales:  a) alegaciones de violaciones de derechos humanos en situaciones de conflicto armado por grupos militarizados recientemente formados y también por grupos guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares, algunos de los cuales, se alega, actúan en colaboración o con la aquiescencia del Ejército; b) informes de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas; c) acusaciones de que agentes del Gobierno han hecho amenazas y cometido asesinatos de dirigentes sindicales, periodistas, profesionales y promotores de derechos humanos; d) alegaciones de violaciones al derecho del debido proceso y el uso de procedimientos cuestionables por los llamados Tribunales de Orden Público; e) informes por parte de diversos grupos de la llamada práctica de "limpieza social", o sea de homicidios de prostitutas, gamines, recicladores, vagabundos, mendigos y homosexuales y la práctica desconcertante de aplicar el estereotipo de "delincuente" a los varones adolescentes; f) informaciones sobre la reintegración exitosa de grupos de ex guerrilleros, pero al mismo tiempo se han recibido alegaciones que algunos compromisos contenidos en los acuerdos de paz todavía no se han cumplido; g) informaciones cuantiosas acerca de ciudadanos, mayormente campesinos, que al huir de las zonas conflictivas, se han convertido en personas desplazadas y refugiados internos, y h) solicitudes de urgente protección y asistencia a víctimas de actos de terrorismo.

 

                   La Comisión Especial no puede adelantar, de acuerdo con su Reglamento, ningún juicio ni opinión sustantiva en cuanto a los citados hechos materia de esta investigación.  Ella rendirá su informe al pleno de la Comisión que se reunirá en Washington durante el curso de su 82o período de sesiones en el mes de septiembre y, tomando en consideración la valiosa información recogida durante la observación "in loco", los documentos e informaciones que le han sido proporcionados, así como las otras fuentes de que dispone, tomará las decisiones que considere más convenientes de acuerdo con las facultades de que está investida.

 

                   La Comisión desea reconocer las facilidades que le brindó el Gobierno para el cumplimiento de su misión y agradece a las autoridades, a las personas que contribuyeron aportando sus valiosos testimonios, y a las distintas instituciones representativas de la comunidad colombiana entrevistadas, la cooperación, facilidades y hospitalidad que le brindaron.

 

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