CONSIDERACIONES FINALES:

DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y PAZ EN COLOMBIA

 

1.  La Comisión desea, al concluir su Informe, reconocer una vez más los esfuerzos del Estado y de la sociedad [civil] para hacer frente a la realidad compleja y desafiante de un conflicto armado interno que ha afectado y afecta a la población civil desde hace casi cuarenta años. Se trata de una realidad que no puede desvincularse de la situación de los derechos humanos en Colombia. El diagnóstico realizado por la Comisión revela, sin embargo, que los esfuerzos realizados por el Estado en este contexto, no han tenido éxito en enfrentar con justicia y eficacia la situación de crisis y violencia que afecta gravemente y en forma continua y prolongada, los derechos más fundamentales de la población.

2.  La construcción de la paz se encuentra indisolublemente vinculada a la investigación, juzgamiento y reparación de las violaciones de los derechos humanos, particularmente aquéllas cometidas por los agentes del Estado mismo o por quienes cuentan con su apoyo o aquiescencia. La búsqueda de una paz verdadera debe fundarse en la vigencia de los derechos humanos. El imperio de la ley debe proveer las fórmulas para llegar a la verdad, juzgar a quienes infrinjan las normas vigentes y reparar a las víctimas. Para responder legítima y eficazmente a las violaciones a los derechos fundamentales la administración de justicia requiere de normas que se adecuen a las necesidades de la sociedad, y que se ajusten a principios generales tales como el derecho al acceso a la justicia, la imparcialidad del juzgador, la igualdad procesal de las partes, y la ejecutoriedad y efectividad de las decisiones de los tribunales.

3.  La Comisión no es ajena a las deficiencias estructurales y de larga duración que aquejan al Estado y, en particular, a la administración de justicia: la congestión procesal, la escasez de presupuesto y el desfase entre códigos y prácticas. La Comisión percibe también que el aparato estatal se ha visto afectado por el conflicto de modo tal que por momentos parece abdicar sus responsabilidades como garante de los derechos fundamentales de la población, particularmente en ciertas zonas del país donde no logra afincarse en forma permanente y efectiva. Esta situación, sin embargo, no puede validar los perversos niveles de impunidad que cada año frustran el juzgamiento diligente y efectivo de violaciones a los derechos más fundamentales. Estas deficiencias deben ser combatidas con la reconstrucción del sistema judicial, particularmente la justicia penal, de modo que las violaciones a la ley producto de la compleja situación de violencia puedan ser esclarecidas atendiendo a las normas del proceso regular y conforme a principios que satisfagan las expectativas de justicia de las víctimas y de la sociedad en general.

4.  La Comisión confía en que el Estado, junto a sus representandos, emprenderá la tarea de responder eficazmente con la justicia frente a la violencia y a la impunidad. Así lo exige la ley vigente, comenzando por la Constitución de 1991 –una de la más avanzadas de América Latina— y las obligaciones internacionales asumidas mediante los instrumentos del sistema interamericano.

5.  La aprobación y publicación de este Informe se produce en el contexto de un complejo proceso de negociación de paz, así como de reforma de la ley fundamental de Colombia. La Comisión hace votos para que los esfuerzos del Presidente Andrés Pastrana Arango para generar condiciones propicias para la solución del conflicto tengan éxito en lograr una verdadera reconciliación nacional y que a su vez ésta se vea acompañada de normas que fortalezcan, entre otras áreas, la administración de justicia. La Comisión es consciente de que estos esfuerzos se ven desafiados a diario por los combates entre las fuerzas militares y los grupos armados disidentes, los atentados de unos y otros contra la población civil no combatiente, la escalada del paramilitarismo la delincuencia común y el narcotráfico, el hostigamiento de los defensores de los derechos humanos y el desplazamiento forzado de miles de personas y familias.

6.  La Comisión se encuentra siempre dispuesta a contribuir, dentro del marco de su competencia y de los objetos y fines de la Convención Americana, al afianzamiento de la convivencia pacífica y democrática entre los colombianos. Sin embargo, le corresponde señalar que, si bien el conflicto armado interno y la crisis de los derechos humanos guardan estrecha relación y deben afrontarse de manera articulada, la preocupación por la búsqueda de la paz política no puede esgrimirse como excusa para aplazar o debilitar los esfuerzos en la lucha contra la impunidad. Ésta tiene por demás el efecto nocivo de alimentar la violencia y destruir la esencia de la justicia en un Estado Constitucional de Derecho El proceso emprendido para lograr la paz y la reconciliación en suelo colombiano requiere que las autoridades competentes y la sociedad civil dirijan sus esfuerzos hacia el logro de la justicia social mediante la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y la aplicación de la ley.

7.  La Comisión tiene la convicción de que el proceso de paz y convivencia debe descansar sobre la verdad, la justicia y la reparación. La superación de la violencia debe sustentarse en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, el juzgamiento de los responsables y su sanción conforme a la ley, y la reparación del daño causado a las víctimas. Sólo el arbitraje de la ley y la percepción de justicia compartida pueden romper el círculo vicioso de la impunidad, restablecer el orden público y garantizar la vigencia de reglas de juego político que permitan la libre promoción de valores en un contexto de tolerancia.

8.  La Comisión desea terminar este Informe expresando su deseo de que el pueblo colombiano concrete su anhelo de vivir en paz en el marco del respeto y la plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona humana.


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