CAPÍTULO VIII

DERECHOS LABORALES

A. Consideraciones Generales

1. La Constitución de Argentina reconoce el derecho al trabajo y el derecho de asociarse con fines útiles; y garantiza en sus diversas formas los derechos laborales, asegurando al trabajador condiciones dignas y equitativas, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital móvil, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, y organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Asimismo, el régimen constitucional argentino garantiza a los gremios la concertación de convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, y el derecho de huelga, estableciendo que los representantes gremiales gozan de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad en el empleo. De acuerdo con las normas fundamentales, el Estado otorga los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable, que conlleva el seguro social obligatorio y otros beneficios sobre la materia.¹

2. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, consagra los derechos al trabajo y a una justa remuneración, al descanso y su aprovechamiento, a la seguridad social, así como los derechos de reunión y de asociación.²

B. Restricción de los derechos sindicales y gremiales

1. En el Acta para el Proceso de Reorganización Nacional de 24 de marzo de 1976, como una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno, se procedió a la suspensión de las actividades gremiales de los trabajadores, empresarios y profesionales. Ese mismo día, mediante Comunicado N° 5, se hizo del conocimiento público la intervención militar de la Confederación General del Trabajo y de la Confederación General Económica, congelándoseles sus fondos y suspendiéndoseles el fuero sindical.³

Las decisiones citadas contradicen objetivos básicos fijados por el propio Gobierno, como son el de "obtener el bienestar general a través del trabajo fecundo, con igualdad de oportunidades y un adecuado sentido de justicia social"; y "relación armónica entre el Estado, el capital y el trabajo, con fortalecido desenvolvimiento de las estructuras empresariales y sindicales, ajustadas a sus fines específicos".⁴

2. Entre las medidas tomadas por el Gobierno que han afectado a organizaciones sindicales y gremiales, y que han restringido sus derechos constitucionalmente reconocidos, figuran las siguientes:

i) Suspensión por decreto de la actividad gremial de las entidades de trabajadores, empresarios y profesionales, y la prohibición en todo el territorio nacional de las actividades de la entidad denominada "62 Organizaciones";

ii) La suspensión, a nivel nacional, del derecho de huelga y de toda otra medida de fuerza, paro, interrupción o disminución del trabajo o su desempeño en condiciones que afecten la producción por parte de los trabajadores, empresarios y de sus respectivas organizaciones, con el establecimiento de sanciones y procedimientos de aplicación, remitidos al aparato normativo de Seguridad Nacional;

iii) La disolución y declaración de ilegalidad de varias organizaciones de carácter sindical, retirándoseles la personería jurídica, clausurándoseles sus cuentas bancarias e incorporándose al patrimonio del Estado sus bienes y acciones;

iv) El otorgamiento al Poder Ejecutivo Nacional de la atribución de suspender la realización de métodos de acción directa, por parte de empleadores y trabajadores, tales como el "lock out", interrupción o disminución del trabajo, y el establecimiento de penas de cárcel de hasta diez años, así como la pérdida, por parte de los trabajadores, de remuneraciones, pudiendo ser suspendidos sin indemnización o declarándose sin efecto sus contratos individuales de trabajo cuando fueren puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, con amparo o sin amparo del fuero sindical.⁵

3. En el Acta Institucional para considerar la conducta de personas responsables de lesionar los supremos intereses de la nación, se precisan, entre otras, como causales, la inobservancia de los principios morales básicos o negligencia grave en el ejercicio de funciones gremiales, atribuyéndose la Junta Militar la facultad de determinar y de señalar a los que han acreditado este tipo de conducta de concepción genérica, así como de aplicarles, entre otras sanciones, la de la pérdida de sus derechos gremiales.⁶

C. La situación sindical

1. Preocupa a la Comisión que desde hace varios años, pero especialmente a partir del 24 de marzo de 1976, dirigentes sindicales han sido apresados en centros industriales del país sin orden judicial, detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o han desaparecido.⁷

Por otra parte, las principales entidades obreras han sido intervenidas, como es el caso de la Confederación General del Trabajo. Aunque se ha permitido la existencia de la Comisión Nacional de Trabajadores, que agrupa a unos 50 gremios y de la Comisión de los 25 Gremios, integrada por igual número de entidades, éstas no han gozado de una plena libertad. Cuando esta última, por primera vez desde el pronunciamiento militar de 1976, convocó en el mes de abril de 1979 a un paro laboral de 24 horas en protesta por la política económica y salarial del Gobierno, las autoridades prohibieron la medida e hicieron arrestar a los dirigentes de la referida Comisión. Así sucedió también después de la "Jornada de Protesta" de mayo de 1979.

2. Con los procedimientos que han quedado señalados, el Gobierno ha desconocido, además, las obligaciones aceptadas por el Estado argentino, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, de reconocer y mantener determinadas medidas de protección y para beneficio de los trabajadores en general y de grupos especiales en particular, mereciendo indicarse, por la importancia que tienen sus disposiciones, el desconocimiento que se ha hecho de los Convenios 87 y 98 de la OIT.

3. Varias instituciones internacionales, entre ellas el Comité Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, han efectuado investigaciones de las que resulta evidente la represión de los sectores gremiales y sus actividades, y la promulgación de un conjunto de disposiciones que debilitan el amplio sistema de protección a los trabajadores existente en la Argentina al producirse el pronunciamiento militar, en perjuicio de los derechos y beneficios que tenían adquiridos conforme a la Constitución Nacional y la legislación vigente entonces.

4. Durante la observación in loco la Comisión recibió el testimonio de los señores Alfredo Bravo, Eduardo Jozami, Carlos Enrique Correa Gutiérrez, Diego Sebastián Ibañez y Alberto Piccinnini, estos últimos en los centros de reclusión en donde se les tiene detenidos, y el del señor Lorenzo Miguel en su casa de habitación, en la que guardaba el arresto domiciliario a que fue sometido. Todos ellos corroboraron los informes recibidos sobre las circunstancias de su detención y las actividades que cada uno desempeñaba en el gremio o sindicato a que pertenecían.

5. La Comisión recibió, asimismo, a los directivos de la asociación denominada Conducción Única de Trabajadores Argentinos (CUTA), que precisamente en ese mismo mes de la visita acordaron fundar, fusionándose, la Comisión Nacional de Trabajadores y la Comisión de los 25 Gremios, para el cumplimiento de sus fines sindicales. La Comisión pudo constatar entonces que el movimiento gremial argentino conserva su tradicional vigor, no obstante las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno, y que la clase trabajadora siente gran preocupación por la política económica adoptada por los gobernantes, que consideran que hace recaer sobre ella, perjudicando desde luego sus intereses, el mayor peso de los sacrificios que se demandan a la Nación para sacarla de su difícil situación.

6. El 7 de noviembre de 1979, el Gobierno argentino promulgó la Ley N° 22.105 sobre "Asociaciones Gremiales de Trabajadores", la cual establece un nuevo ordenamiento legal sobre la materia, y fue objeto de oposición por sectores laborales del país. Dicha Ley regula los aspectos siguientes: el derecho de agremiación; la organización y representación de las asociaciones; las asambleas o congresos; los derechos y obligaciones de las asociaciones gremiales de trabajadores; las asociaciones gremiales con personería gremial; las federaciones; el patrimonio; los derechos gremiales y laborales; las prácticas desleales; la autoridad de obligación; y las disposiciones generales y transitorias.

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