CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.        El importante avance de la democracia experimentado en la región en las últimas décadas ha determinado un cambio en la naturaleza de las labores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del carácter de sus relaciones con los Estados del hemisferio. Hoy día, el movimiento (o proceso) continental hacia una democracia --acorde con las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre-- ha avanzado hasta el punto en que las dictaduras configuran una anomalía y son estigmatizadas como una patología política. Consideramos sin embargo que los problemas de derechos humanos no terminan cuando un gobierno se torna democrático. Abusos policiales, violaciones a las garantías del debido proceso, restricciones indebidas de la libertad de expresión, carencia de independencia, imparcialidad e ineficiencia en los poderes judiciales, entre otros, continúan constituyendo problemas estructurales en la región que no se han superado con el advenimiento de regímenes democráticos. Las elecciones periódicas y la expansión de los regímenes democráticos no han  logrado  una institucionalidad y cultura democrática suficientes para darle estabilidad y cohesión a nuestras sociedades, obstaculizando el imperio de la ley, afectando la vigencia de los derechos fundamentales de los habitantes y generando un clima apto para la ocurrencia de crisis sociales con impacto político-institucional.

2.        Durante los últimos años la región ha sido testigo de graves tensiones institucionales en diversos países por la recurrencia de intentos de golpes de Estado, y quiebres constitucionales. Esta situación continúa postergando el logro de la estabilidad necesaria para hacer posible un sostenido desarrollo político, social, económico y cultural de la región.  La Comisión ha venido observando con preocupación un progresivo deterioro del Estado de Derecho,  tendencia que no se ha revertido en el año 2003. En esta oportunidad, la CIDH hace nuevamente un llamado a los Estados miembros a que incrementen sus esfuerzos para la consolidación del Estado de Derecho, evitando retrocesos que afecten la legitimidad y la legalidad de las instituciones.  

          3.       En la región continuaron ocurriendo violaciones a derechos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad personal como consecuencia, tanto de abusos de autoridad como de tolerancia por parte de agentes del Estado.  La situación se agrava por el retraso y/o ineficacia en el juzgamiento de estas violaciones. La impunidad constituye uno de los principales obstáculos para la vigencia efectiva del Estado de Derecho. La gobernabilidad democrática depende de la adopción impostergable de medidas para mejorar la administración de justicia. Al mismo tiempo, la Comisión desea resaltar que durante el año 2003 se han producido avances significativos en la lucha contra la impunidad en los Estados miembros de la Organización, incluyendo la derogación de las leyes de amnistía en un Estado, la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en otro, así como decisiones judiciales dadas por altos tribunales que entre otras materias permitieron la extradición de una persona acusada de cometer graves crímenes internacionales a un país diferente de aquel en el que se habrían cometidos tales crímenes,  así como la decisión permitiendo la reapertura de procesos penales para dar cumplimiento a recomendaciones y sentencias de los órganos del sistema.

4.       A pesar de estos signos alentadores y esfuerzos realizados, el año 2003 no ha visto un mejoramiento sustancial en el  funcionamiento de la justicia que se ve seriamente afectado por deficiencias de tipo estructural, tales como presupuesto inadecuado, la imposibilidad de acceso de las personas de escasos recursos o que los defensores oficiales no se encuentran, en condiciones de ejercer sus funciones con eficacia.  La falta de estabilidad de los jueces en varios países y las remociones de magistrados sin respetar garantías mínimas del debido proceso constituyeron serios ataques a la independencia del Poder Judicial en varios países. A esto se suma el incremento de amenazas contra jueces, fiscales y testigos que se produjeron en varios Estados acompañadas de insuficientes medidas de protección adoptadas por el Estado en respuesta a tales amenazas.

5.       La situación económica y social de la región no experimentó mejorías destacables en el último año para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. No hay posibilidad de fortalecer la gobernabilidad democrática si no hay una política que propicie el pleno reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, el crecimiento económico, la reducción de las brechas sociales y el ejercicio pleno de la ciudadanía por todas y todos los habitantes de la región (artículos 11, 12 y 13 de la Carta Democrática Interamericana, Convención Americana, Preámbulo y Pacto de San Salvador, Preámbulo). Solamente asegurando el éxito en el combate contra la exclusión social se logrará alcanzar el objetivo central de la democracia, a saber,  el pleno desarrollo del potencial humano y la incorporación de los aportes de todos y cada uno de los habitantes al progreso colectivo. La puesta en marcha de estrategias de inclusión social indisolublemente unidas a la promoción, protección y respeto de los derechos humanos debe ser la prioridad fundamental para los Estados.  Los Estados deben brindar especial protección y estimular el desarrollo de quienes se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, en particular, los niños,  los pueblos indígenas, los miembros de comunidades afrodescendientes en ciertas regiones y los trabajadores migratorios y sus familias, mediante la creación o fortalecimiento de los mecanismos legales e institucionales destinados a combatir la discriminación. Asimismo, promover activamente la no discriminación, la equidad y protección de los derechos humanos de las mujeres

          6.       En reiteradas oportunidades la CIDH ha indicado que las personas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y las organizaciones a las que muchas de ellas se encuentran afiliadas cumplen un papel crucial tanto en el litigio de casos vinculados a la vigencia de los derechos humanos, así  como en los procesos de control de las instituciones democráticas por parte de la sociedad civil.  En el año que concluye lamentablemente los actos de amedrentamiento, desapariciones, atentados y asesinatos perpetrados contra personas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos continuaron produciéndose. Los Estados miembros tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad personal y la libertad de expresión y asociación de quienes trabajan por el respeto de los derechos fundamentales.

          7.       La Convención Americana, la Declaración de Principios de Libertad de Expresión así como la Carta Democrática Interamericana resaltan la importancia de la transparencia de las actividades gubernamentales y la libertad de expresión y de prensa como componentes fundamentales en el ejercicio de la democracia. A pesar de ello, los actos de hostigamiento, persecución, represalia e instigación a la violencia contra la prensa independiente, lejos de disminuir, han aumentado. El derecho a difundir ideas de interés público mediante la prensa merece la especial protección de la justicia y la falta de investigación efectiva de los crímenes cometidos contra periodistas y otros actos que pretenden restringir indirectamente la libertad de expresión generan temor de expresar críticas contra quienes detentan el poder o denunciar abusos e ilícitos, socavando las bases mismas de la democracia.

          8.       La existencia de luchas internas afectan seriamente a sociedades en la región y continúan verificándose graves violaciones al derecho internacional, además de serios problemas humanitarios, tales como los padecidos por los refugiados y desplazados internos. Existe la urgente necesidad de dar pleno cumplimiento al derecho internacional de los derechos humanos y observar las normas básicas del derecho internacional humanitario.  Toda vez que se verifique la comisión de crímenes internacionales, los Estados deben asegurar la vigencia del principio de responsabilidad penal individual en el orden internacional y su complemento, el principio de jurisdicción universal, con el fin de juzgar y sancionar a los responsables.

          9.       A continuación, la Comisión enumera las recomendaciones de carácter general que considera oportuno formular a los Estados del Hemisferio y espera que éstas sirvan como instrumento para el cumplimiento con los objetivos de lograr la plena vigencia del Estado de Derecho:

I.        Continuar con sus esfuerzos para consolidar el imperio de la ley y el Estado de Derecho a la luz de los estándares del sistema regional, evitando retrocesos que afecten la legitimidad y la legalidad de las instituciones.

II.       Adoptar las medidas necesarias para asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces, administrar justicia conforme a las normas del debido proceso y fortalecer sus sistemas judiciales de modo de asegurar la protección de la justicia para quienes se encuentran bajo su jurisdicción.

III.      Adoptar medidas en favor de la vigencia de los derechos sociales, económicos y culturales de los habitantes del hemisferio, tanto en forma individual como colectiva.

IV.      Colaborar en la consecución de las metas establecidas en los Planes de Acción de las Conferencias Mundiales celebradas en la última década en el marco de las Naciones Unidas tales como Tercer Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, Cumbre Mundial sobre la Alimentación, Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Cumbre Mundial en favor de la Infancia.

V.      Derogar las normas que permitan la discriminación y combatan de manera decidida estas prácticas.

VI.      Ratificar todos los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos.  En particular, urge a los diez Estados miembros que aun no lo han hecho a ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

VII.     Adoptar las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad personal y la libertad de expresión de los defensores de derechos humanos.

VIII.    Adecuar el marco normativo conforme al cual se ejerce la libertad de expresión en su territorio a la luz de los estándares de la Convención Americana y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión; a desterrar las restricciones indirectas y en particular el hostigamiento contra periodistas y otras personas que ejerzan su derecho a expresarse libremente, así como asegurar la protección de la justicia en la difusión de información y en la investigación y juzgamiento efectivos de crímenes contra profesionales de la información.

IX.      Adoptar medidas eficaces para proteger el derecho a la vida, la integridad física y la libertad de sus habitantes y garantizar que las violaciones cometidas sean investigadas y reparadas.

X.      Reforzar la integridad y eficacia del sistema interamericano de derechos humanos mediante el cumplimiento con la obligación de adaptar la legislación interna a los derechos consagrados en los instrumentos adoptados en el marco del sistema y su debida interpretación y aplicación por sus órganos, en particular por los tribunales, el cumplimiento con los compromisos internacionales y las decisiones y órdenes de la Comisión y de la Corte y la dotación de los recursos financieros necesarios. 

XI.      Asumir las obligaciones y abordar de manera urgente los desafíos plasmados en estas recomendaciones con el fin de garantizar los derechos humanos de los habitantes de la región y desarrollar las instituciones sobre las cuales descansan la paz, la prosperidad, y el funcionamiento exitoso de la democracia como forma de gobierno. 

La Comisión cumplirá el próximo año sus primeros cuarenta y cinco años de labor. En estos años, la CIDH ha acompañado a las sociedades de las Américas en su búsqueda de mejorar la situación de los derechos humanos de los habitantes de nuestro hemisferio y la consolidación de la democracia. Empero, el camino que queda por recorrer es aún amplio ya que aún no se ha logrado la estabilidad democrática necesaria que permita la plena vigencia de todos los derechos humanos, para todas y todos los habitantes de nuestra región.

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