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COMUNICADO DE PRENSA
Nº 32/07
LA RELATORÍA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CONCLUYE SU VISITA A LA REPÚBLICA DE HAITÍ
El Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Comisionado Florentín Meléndez, realizó una visita a la República de Haití por invitación del gobierno de ese país del 17 al 20 de junio de 2007. La Comisión desea expresar su agradecimiento al Gobierno y pueblo haitianos por su cooperación, facilidades y hospitalidad durante el transcurso de la visita, así como a las organizaciones no gubernamentales haitianas y a las organizaciones internacionales por la información y la cooperación proporcionada.
La visita tuvo por objetivo recibir información y observar la situación de las personas privadas de libertad en determinados centros de detención de Port-au-Prince. La Relatoría de la CIDH se reunió con el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el Jefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Director del Departamento de Administración Penitenciaria y funcionarios penitenciarios, el Jefe de la Sección de Derechos Humanos de la MINUSTAH, representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y de organizaciones internacionales, y miembros de la sociedad civil haitiana que trabajan en temas relacionados con las personas privadas de libertad, migración y trata de personas. Asimismo, la Relatoría de la CIDH visitó la Penitenciaría Nacional, la Comisaría de Delmas, la Cárcel de Menores de Delmas y la Prisión de Mujeres de Pétion-Ville.
En primer lugar, la Relatoría de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas reitera que comprende que la situación de las personas privadas de libertad en Haití es producto de muchos años de inacción del Estado, y por lo tanto, valora los esfuerzos que realiza el actual gobierno, así como su reconocimiento de la problemática penitenciaria. En ese sentido, la Relatoría de la CIDH exhorta el Estado y la comunidad internacional a priorizar el tema de las prisiones y la necesidad de garantizar condiciones de vida dignas para las personas privadas de libertad.
A pesar de los esfuerzos existentes, la Relatoría de la CIDH observa con suma preocupación los persistentes altos números de personas en detención preventiva por periodos prolongados, que en muchos casos exceden las posibles condenas por los crímenes que se les imputan. Según las últimas estadísticas de la Dirección de Administración Penitenciaria, al mes de junio de 2007, el 84% de la población carcelaria haitiana no había sido juzgada ni acusada formalmente. Al respecto, hay que resaltar que en los casos observados por la Comisión en la ciudad de Port-au-Prince, el porcentaje de las personas presas sin condena llega a 98% en el caso de los niños privados de libertad en la Cárcel de Menores de Delmas; 95% en el caso de las mujeres privadas de libertad en la Prisión de Pétion-Ville; y 96% en el caso de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional.
La Relatoría de la CIDH también está particularmente preocupada por el creciente problema de superpoblación y hacinamiento. La Relatoría ha observado que la población carcelaria en 17 cárceles de Haití aumentó de 2.586 a 6.047 personas entre julio de 2005 y junio de 2007. Este escenario de superpoblación crea condiciones inhumanas que resultan en un grave peligro para la seguridad y la integridad física de las personas privadas de libertad y agrava la situación de inseguridad de la población en general.
Durante la visita, la Relatoría de la CIDH observó el estado de deterioro de las instalaciones visitadas, la absoluta precariedad de las condiciones sanitarias y de alojamiento, la falta de acceso a agua potable y atención médica. Específicamente, en la Comisaría policial de Delmas la Relatoría de la CIDH observó que mujeres, hombres y niños compartían las celdas, sin agua, comida o cualquier otro servicio básico. Aunque las celdas de esta Comisaría están diseñadas para detener a individuos por el período constitucional de 48 horas, algunas de las personas privadas de libertad llevaban allí varias semanas, sin haber sido presentadas ante un juez y sin saber qué cargos les eran imputados. El Relator de la CIDH también se mostró alarmado por la situación deplorable de la Penitenciaría Nacional, caracterizada por un hacinamiento sin precedentes, agravado por la antigüedad y la precariedad de la infraestructura y las condiciones sanitarias, la ausencia de agua potable y de atención médica apropiada, lo cual ha resultado incluso en frecuentes muertes de personas privadas de libertad en dicha penitenciaría.
La Relatoría de la CIDH enfatiza que las condiciones de detención anteriormente mencionadas afectan de manera especialmente grave a los niños privados de libertad. En su visita al Centro de Detención de Delmas, la delegación observó la presencia de niños de incluso seis años de edad guardando prisión. Al respecto, la Relatoría de la CIDH urge al gobierno haitiano a hacer efectivo el interés superior del niño garantizando que los niños en conflicto con la ley sean privados de libertad en centros de rehabilitación y no en establecimientos carcelarios, bajo el cuidado de personal especializado y con posibilidad de contacto familiar, y que su privación de libertad sea decidida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y en casos estrictamente excepcionales.
Algunas personas entrevistadas por la Relatoría de la CIDH indicaron haber sido objeto de arrestos en sus residencias, sin mandato judicial, u objeto de arrestos colectivos por personal militar, sin seguir los procedimientos básicos de un debido proceso legal y sin respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
La Relatoría de la CIDH expresa su profunda preocupación por el abandono del sistema de la justicia penal en su conjunto respecto a la situación de las personas privadas de libertad, que en su mayoría no tienen abogado ni conocen su situación jurídica, lo que efectivamente imposibilita su acceso a las garantías judiciales y a la protección judicial. En este sentido, la Relatoría de la CIDH destaca que dada la gravedad de las situaciones identificadas, es necesario tomar medidas inmediatas relacionadas con la supervisión judicial de la detención preventiva por períodos prolongados, y la revisión sobre la situación jurídica de las personas privadas de libertad, garantizando su derecho a la defensa y a las garantías judiciales; la adecuación y mejora de la infraestructura penitenciaria y tomando en cuenta la necesaria cooperación internacional; y la creación o definición de mecanismos de control de la legalidad de los arrestos.
Por último, la Relatoría de la CIDH reafirma el compromiso expresado por el Presidente de la Comisión Florentín Meléndez durante la visita con miras a hacer el seguimiento de situación en Haití, y su interés en emprender mayores esfuerzos, en conjunto con la comunidad internacional, a fin de contribuir con el fortalecimiento de las instituciones democráticas haitianas, en particular en materia de asesoramiento técnico en derechos humanos.
Port-au-Prince, 21 de junio de 2007
COMUNICADO DE PRENSA
Nº 31/07
La Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad realiza una visita a la república de haití
Por invitación del Gobierno de Haití, el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Sr. Florentin Meléndez efectuará una visita a la República de Haití del 17 al 20 de junio de 2007 a fin de verificar y recibir información sobre la situación de derechos humanos en dicho país, y en particular para observar la situación de las personas privadas de libertad en determinados centros de detención de Port-au-Prince. El tema ha sido objeto de estudio de la CIDH en su Informe “Haití: ¿Justicia frustrada o estado de derecho? Desafíos para Haití y la comunidad internacional” y la visita pretende hacer seguimiento de las recomendaciones de la CIDH en lo que se refiere a las personas privadas de libertad.
La Delegación de la CIDH estará compuesta por el Presidente de la Comisión y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Dr. Florentín Meléndez, y personal de la Secretaría Ejecutiva. En el marco de la visita, la Comisión sostendrá reuniones con altas autoridades del Estado, representantes de la sociedad civil, incluyendo organizaciones nogubernamentales nacionales e internacionales, así como representantes de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).
El Relator sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad realizará una conferencia de promoción sobre el sistema interamericano de derechos humanos y la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Este evento tendrá lugar en el Hotel Montana, el 18 de junio, a las 2pm. El 20 de junio, la Comisión realizará un seminario destinado a autoridades gubernamentales y sociedad civil sobre la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Durante la visita, la CIDH recibirá peticiones de individuos que aleguen que sus derechos humanos, o los de terceras personas, han sido violados. Las peticiones deberán ser presentadas por escrito a la Oficina Nacional de la OEA, que está localizada en la Calle François, 4, Musseau, Por-au-Prince, Haití, desde las 9am hasta las 3pm, entre el lunes 18 de junio y el miércoles 20 de junio. Un modelo de formulario está disponible en la Oficina Nacional de la OEA o en la página web de la Comisión (http://www.cidh.org/french.htm)
La Comisión agradece la cooperación y las facilidades que han brindado el Gobierno de Haití, las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, y las organizaciones internacionales, incluso la Misión Especial de la OEA, en la preparación de esta visita.
Washington, D.C., 15 de junio de 2007
COMUNICADO DE PRENSA
Nº 2/07
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EXPRESA PREOCUPACIÓN POR MUERTES VIOLENTAS EN UN PENAL DE EL SALVADOR
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por nuevos hechos violentos registrados el 5 de enero 2007 en el Centro Penal de Apanteos en Santa Ana, El Salvador, que causaron la muerte de 21 reclusos en el penal.
Conforme a informaciones recibidas por la CIDH, en la tarde del viernes 5 de enero, se habría producido un motín por parte de un grupo de internos, dando inicio a serios hechos de violencia que causaron la muerte de 21 reclusos.
La CIDH se ha referido con anterioridad a la situación carcelaria en El Salvador y ha sostenido que es necesario que el Estado adopte todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de las personas recluidas en las cárceles, incluyendo una solución a los altos niveles de hacinamiento. En este sentido, la CIDH reitera que las obligaciones estatales en materia de derechos humanos comprenden la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para solucionar de manera adecuada la situación carcelaria actual, y para evitar que se repitan tales hechos de conflicto, violencia y muertes.
Washington D.C., 9 de enero de 2007
COMUNICADO DE PRENSA
Nº 1/07
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LOS HECHOS VIOLENTOS REGISTRADOS EN LAS CÁRCELES DE VENEZUELA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por nuevos hechos violentos registrados en los primeros días del año 2007 en cárceles venezolanas.
En la madrugada del día 2 de enero de 2007 producto de una disputa violenta entre diversas facciones de reclusos en la cárcel de Uribana, situada 250 kilómetros al oeste de Caracas, murieron por lo menos 16 personas y 13 resultaron heridas. El miércoles 3 de enero, seis reclusos murieron en una riña en la cárcel de Guanare, después de que fueron trasladados desde el penal de Uribana en Lara. Según la información de prensa, los internos utilizaron armas de fuego y armas blancas.
La Comisión ha seguido con preocupación la situación de inseguridad y violencia en las cárceles venezolanas. En diciembre de 2005 y marzo de 2006 la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para proteger la vida e integridad de personas privadas de libertad en dos establecimientos carcelarios y sostuvo audiencias temáticas durante sus períodos de sesiones.
El derecho internacional exige al Estado garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia. En vista de la gravedad de la situación, la Comisión Interamericana recuerda al Estado venezolano su obligación de tomar todas las medidas a su alcance para garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de la libertad. En particular, el Estado debe asegurar el control de la fuerza y la disciplina en los centros de detención, así como del ingreso y porte de armas.
La Comisión urge al Estado a consolidar los esfuerzos para reformar el sistema carcelario a la vez de recordar que es deber del Estado prevenir e investigar en forma exhaustiva estos hechos y juzgar y sancionar a los responsables.
Washington D.C., 5 de enero de 2007
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