COMUNICADO DE PRENSA

Nº 38/05

LA RELATORÍA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LA CIDH REALIZA UNA VISITA A COLOMBIA EN CONJUNTO CON LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADOS DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Meléndez, llevará a cabo una visita a Colombia en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La visita se realizará por invitación del Gobierno de Colombia con el objetivo de observar la situación de derechos humanos en centros de detención en dicho país.

La observación se inicia el domingo 13 de noviembre de 2005 con una visita al centro penitenciario El Buen Pastor de Santafe de Bogotá, que alberga a más de 1000 mujeres.

El lunes 14 de noviembre se visitará el centro penitenciario Palo Gordo ubicado en el municipio Girón, Santander, donde se encuentran privados de la libertad miembros  de grupos armados al margen de la ley, en particular de autodefensas y de la guerrilla. La CIDH ha decretado medidas cautelares a favor de personas recluidas en dicho centro.

Durante los días martes 15 y miércoles 16 de noviembre se visitarán el Centro Penitenciario de Vista Hermosa en Cali, así como comisarías policiales de dicha ciudad.

En el marco de la visita, el Relator Meléndez sostendrá reuniones con altas autoridades del Estado de Colombia, así como organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, durante su estadía en Colombia el Relator Meléndez participará en las Jornadas Académicas sobre la Prisión en Colombia organizadas por la Oficina del Alto Comisionado y la Universidad Nacional de Colombia, que tendrán lugar del 9 al 11 de noviembre en Santafe de Bogotá.

Washington D.C., 8 de noviembre de 2005

COMUNICADO DE PRENSA

Nº 33/05

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR LAS PERSONAS MUERTAS Y HERIDAS EN LA CÁRCEL DE MAGDALENA (ARGENTINA)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la muerte por asfixia de 32 personas, en la madrugada del domingo 16 de octubre, en la Penitenciaria de Magdalena. En la semana anterior a los hechos, se había presentado un habeas corpus colectivo por los presos del penal de Magdalena, teniendo en cuenta el deplorable estado de las instalaciones.

Respecto de la situación carcelaria en Argentina, la Comisión ha recibido información según la cual las condiciones de detención en algunas penitenciarias son críticas. Problemas como la sobrepoblación, déficit en la atención sanitaria, graves deterioros e insuficiencia de infraestructura, déficit en la alimentación, la persistencia de prácticas de malos tratos, han sido identificados como factores generadores de violaciones de derechos humanos en los centros de detención argentinos. En particular, la violencia existente en varios centros de detención ha causado muertes y graves afectaciones a la integridad física y psicológica de los internos.

En el entendido de que el Estado es el garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al Estado argentino a tomar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad en el sistema carcelario, así como en los demás centros de detención del país. En particular, el Estado debe garantizar que se investigue y revele la verdad sobre lo ocurrido y que sancione a los responsables, a fin de evitar que tales hechos de violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro.

Washington D.C., 19 de octubre de 2005

COMUNICADO DE PRENSA

N° 32/05

EL RELATOR ESPECIAL SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EXPRESA PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR SUCESOS VIOLENTOS REGISTRADOS EN DIFERENTES CENTROS PENITENCIARIOS GUATEMALTECOS

El Relator Especial sobre derechos de las personas privadas de la libertad, Dr. Florentín Meléndez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por los sucesos violentos registrados el 15 de agosto de 2005, de manera casi simultánea en cuatro centros de detención en Guatemala. El Relator Especial expresó sus condolencias a los familiares de los jóvenes detenidos que perdieron la vida en dichos hechos.

          Según la información pública, en la Comisaría 31 de la Policía Nacional Civil de Escuintla, como en la Granja de Rehabilitación Pavón, en la Granja Canadá y en el Centro Preventivo de Mazatenango, se registraron enfrentamientos violentos entre grupos de “pandilleros”, conocidos como “maras”, que habrían dejado como saldo más de 30 muertos y de 80 heridos. Conforme la información de prensa, los pandilleros utilizaron granadas de fragmentación, armas de fuego y machetes durante los motines.

Desde el año 2000 la CIDH ha expresado que las condiciones inhumanas y la falta de personal idóneo y capacitado, junto con la falta de supervisión, conducen a actos de violencia interna, protestas, huelgas y reiteradas fugas que generan un sentimiento de inseguridad cada vez mayor entre la ciudadanía. En relación con la situación de los detenidos asociados con las “maras” o “pandillas”, en la visita realizada en noviembre de 2004 por el Relator Especial sobre derechos de las personas privadas de la libertad a Guatemala, observó que se les da un trato caracterizado por el abandono, el hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada, de sanidad y de acceso a cuidados médicos y psicológicos, así como por la falta de supervisión judicial y de proyectos específicos dirigidos a su rehabilitación. En particular, llamó la atención del Relator la ausencia de una política penitenciaria para los jóvenes en conflicto con la ley.

El Relator Especial considera que los graves problemas estructurales que afectan el sistema penitenciario guatemalteco, aunado a las especialmente precarias condiciones en las que se encuentran recluidos los niños y adolescente en conflicto con la ley, así como a la falta de controles efectivos para evitar el ingreso de armas a los centros de detención constituyen factores determinantes de los sucesos violentos del 15 de agosto, que califica de extrema gravedad.

En el entendido de que el Estado es el garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, el Relator Especial insta al Estado guatemalteco a tomar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad en el sistema carcelario, así como en los demás centros de detención del país. En particular, el Estado debe asegurar el control de la fuerza y la disciplina en los centros de detención. Asimismo, debe evitar que tales hechos de violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro, mediante las investigaciones administrativas y judiciales correspondientes.

Washington D.C., 16 de agosto de 2005

COMUNICADO DE PRENSA

Nº 6/05

EL RELATOR ESPECIAL SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EXPRESA PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR SUCESOS VIOLENTOS EN LA CÁRCEL DE HIGUEY, REPÚBLICA DOMINICANA

El Relator Especial sobre derechos de las personas privadas de la libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por los sucesos violentos registrados el 6 y 7 de marzo de 2005 en la cárcel de Higüey, República Dominicana.

Conforme ha trascendido a la opinión pública, en la cárcel de Higüey se registró un enfrentamiento violento entre internos, que habría dejado como saldo más de 100 personas muertas y varias decenas de personas heridas.

La CIDH considera de extrema gravedad estos hechos, e insta al Estado dominicano a tomar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas recluidas en la cárcel Higüey, así como en los demás centros de detención del país. Las medidas deben estar dirigidas a evitar que tales hechos de conflicto, violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro.

Washington D.C., 7 de marzo de 2005

COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO

Nº 26/04

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y UNICEF EXPRESAN PREOCUPACION POR LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VINCULADOS A PANDILLAS O MARAS EN EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) finalizaron la visita conjunta  que realizaron a El Salvador, Guatemala y Honduras. La Delegación de la CIDH estuvo integrada por su Relator para la Niñez, Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro,[1] y por su Relator sobre Condiciones de Personas Privadas de Libertad, Comisionado Florentín Meléndez,[2] asistidos por personal de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana.  UNICEF estuvo representada por la Doctora María Jesús Conde, Asesora de Protección de la Infancia para América Latina y el Caribe. Los principales objetivos de la visita fueron recabar información sobre la situación de niños, niñas y adolescentes vinculados a los grupos conocidos como “maras” o “pandillas”; y conocer las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.

Al culminar su visita, la CIDH y UNICEF expresamos preocupación por la situación de los derechos humanos de miles de niños, niñas y adolescentes que forman o han formado parte de “maras” o “pandillas”. Al respecto, no desconocemos la situación de violencia e inseguridad que producen las “maras” o “pandillas”, y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de sus acciones. Al mismo tiempo, debemos resaltar que el derecho y la obligación de los Estados de velar por la seguridad pública no son incompatibles con el respeto por los derechos humanos. 

Muchos niños y niñas de los sectores más pobres de la población no tienen acceso a educación, alimentación, habitación, salud, seguridad personal, protección familiar y posibilidades de trabajo. Ante tal situación algunos optan por incorporarse a las “maras” o “pandillas” en busca de apoyo, protección y respeto. Luego de ingresar, tienden a vivir juntos en sus comunidades urbanas, con el objeto declarado de cuidarse y defenderse mutuamente, así como de defender el barrio en donde viven de “maras” o “pandillas” rivales. Muchos portan armas y se dedican a actividades delictivas, que incluyen homicidios, robos, hurtos y enfrentamientos armados con  otras “maras” o “pandillas”, que a menudo producen resultados fatales.

          Observamos que tanto la falta general de estadísticas confiables sobre la extensión del problema, como el manejo a menudo sesgado y mediático que recibe el tema de las “maras” o “pandillas”, generan en la opinión pública una situación de miedo y rechazo, que produce estigmatización social generalizada de todos los niños, niñas y adolescentes pobres, así como  discriminación, en un circulo vicioso que no contribuye a mejorar la situación.

Nuestras mayores preocupaciones respecto a la situación de los derechos humanos de los integrantes o ex integrantes de las “maras” o “pandillas” son las relacionadas con la pobreza extrema, asesinatos, violaciones a la integridad personal, detenciones arbitrarias, malos tratos, estigmatización y discriminación a que son sometidos.

Percibimos a la vez que la tendencia en las políticas públicas vigentes es la de abordar lo relativo a niños, niñas y adolescentes vinculados a “maras” o “pandillas” únicamente desde la perspectiva de la seguridad pública, a través de las instituciones represivas y sancionadoras de los Estados.

Al respecto, las políticas públicas en materia de derechos humanos de la niñez deben formularse con respeto de los principios generales de “protección integral” y del “interés superior del niño”. Estos principios deben inspirar todos los programas y servicios de educación, salud, protección, nutrición y bienestar de los niños y niñas tanto en la familia como en la comunidad. Las políticas estatales en la materia deben dirigirse a la satisfacción de necesidades fundamentales, a la creación de oportunidades de vida y al respeto a los derechos civiles y políticos, incluyendo el derecho a un juicio justo, a la defensa jurídica apropiada a lo largo del proceso y la aplicación de la privación de libertad como último recurso y para las infracciones más graves.

Un indicador muy importante del respeto a los derechos humanos es la manera en que la sociedad trata a los niños.  Una sociedad respetuosa de los derechos fundamentales provee libertad y dignidad a la niñez y crea condiciones en las que pueda desarrollar todas sus potencialidades.

En relación con las condiciones de detención observamos que a los detenidos asociados con las “maras” o “pandillas” se les da en general un trato caracterizado por el abandono, el hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada, de sanidad y de acceso a cuidados médicos y psicológicos, así como por la falta de supervisión judicial y de proyectos específicos dirigidos a su rehabilitación. Durante la visita, asimismo, pudimos verificar que las condiciones de detención en las que se encuentran dichos niños y jóvenes son inferiores a las del resto de la población penitenciaria y que, en particular, en los últimos meses se han registrado hechos graves de violencia y pérdida de vidas humanas. Manifestamos asimismo nuestra preocupación por las condiciones de detención de las personas adultas, que incluyen hacinamiento, falta de condiciones sanitarias adecuadas y falta de recursos humanos y presupuestarios suficientes. 

En los próximos meses se preparará un informe sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a “maras” o “pandillas” en los países visitados. La CIDH y UNICEF agradecen el alto grado de colaboración que ha recibido durante esta visita, tanto por parte de las autoridades de los Estados de El Salvador, Guatemala y Honduras, como por parte de los niños, niñas y adolescentes con quienes se entrevistó, las organizaciones de la sociedad civil y  de la comunidad académica. Agradecemos asimismo el apoyo recibido de las oficinas locales de la OEA y de UNICEF en los países visitados.

Tegucigalpa, 4 de diciembre de 2004.

COMUNICADO DE PRENSA

Nº 16/04

LA CIDH EXPRESA PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR SUCESOS

VIOLENTOS EN EL PENAL LA ESPERANZA, EL SALVADOR

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por los sucesos violentos registrados el 18 de agosto de 2004 en el penal La Esperanza, San Salvador, El Salvador.

          Conforme a la información recibida por la CIDH, a partir de las 9:45 de la mañana en el penal La Esperanza, conocido como “Mariona”, se registró un enfrentamiento violento entre presos comunes y miembros de pandillas juveniles conocidas como “maras”, que habría dejado como saldo más de 30 personas muertas y alrededor de 23 personas heridas. La mayoría de las víctimas fallecieron por heridas causadas con armas corto punzantes y por esquirlas de grandas artesanales, según la información recogida por los medios de prensa.

          La CIDH considera de extrema gravedad estos hechos, e insta al Estado salvadoreño a tomar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas recluidas en el penal La Esperanza. Las medidas deben estar dirigidas a evitar que tales hechos de conflicto, violencia y pérdidas de vidas humanas se repitan en el futuro. Entre dichas medidas se considera de crucial importancia la revisión de la política penitenciaria en El Salvador y, en particular, la superación de los niveles de hacinamiento, para lo cual la CIDH ofrece al Estado salvadoreño su colaboración dentro de la esfera de su competencia.

Washington D.C., 19 de agosto de 2004

COMUNICADO DE PRENSA 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EXPRESA PREOCUPACIÓN POR SITUACIÓN EN LA CÁRCEL URSO BRANCO, EN BRASIL

Nº 13/04

          La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la situación en la Cárcel de Urso Branco, ubicada en la ciudad de Porto Velho, Estado de Rondonia, Brasil.

          Conforme se ha informado a la CIDH, en concordancia con las noticias difundidas por medios de comunicación, en los últimos días ha recrudecido la situación de extrema gravedad para los internos en la Cárcel de Urso Branco, al punto que al menos nueve personas de dicha cárcel han sido asesinadas por otros internos, algunos de ellos públicamente; se ha producido descuartizamiento de cadáveres y exhibición pública de pedazos de cadáveres; y aparentemente hay más de 160 personas en situación de rehenes en dicha cárcel, todo ello en el contexto de un motín que se habría allí producido.

          Al respecto, debe destacarse que debido a numerosas muertes producidas en circunstancias similares en el año 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a solicitud de la Comisión Interamericana, dictó medidas provisionales el 18 de junio de 2002 y requirió al Estado brasileño, entre otros aspectos, que “adopte todas las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas recluidas en la Cárcel de Urso Branco, siendo una de ellas el decomiso de las armas que se encuentren en poder de los internos”. Dichas medidas de protección fueron ordenadas tomando en cuenta un contexto de conflictos y violencia que se había producido en tal cárcel.

          Los internos asesinados y aquellas personas que hoy están en grave riesgo se encuentran comprendidos entre las personas protegidas por dichas medidas provisionales, que están plenamente vigentes en la actualidad. La Comisión Interamericana considera que los hechos ocurridos revelan que el Estado brasileño no ha cumplido debidamente con las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana con el fin de salvaguardar los derechos básicos de las personas en dicha cárcel.

          La Comisión Interamericana, que además tiene actualmente bajo conocimiento una petición relacionada con las condiciones de detención en la señalada cárcel, insta al Estado brasileño a cumplir debidamente con las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana; y a adoptar todas las medidas que sean necesarias tanto para solucionar de manera adecuada la situación actual en la Cárcel de Urso Branco como para evitar que se repitan tales hechos de conflicto, violencia y muertes en el futuro.

Washington D.C., 21 de abril de 2004