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PALABRAS
DE MARTA ALTOLAGUIRRE
LARRAONDO, PRESIDENTA
DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
Santiago
de Chile, 10 de junio de 2003 Señora
Presidenta de la Asamblea General, Señor Secretario General de la OEA, señor
Secretario General Adjunto, distinguidos y distinguidas Representantes de
los Estados miembros de la Organización y Observadores, señores Jueces de
la Corte Interamericana, señoras y señores: Your
Excellencies, representatives of member states, ladies and gentlemen: It is
an honor to address this body on behalf of the Inter-American Commission.
Let me start by expressing the awareness of the IACHR to the
different situations and issues concerning English speaking member states
and specifically Caribbean countries. The IACHR is currently working on a
new strategy towards acquiring a deeper vision of the particular situation
of the Caribbean Region and towards strengthening its cooperation to achieve
the common goal of protecting human rights.
I will continue speaking in Spanish, my native
language. En
mi condición de Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, tengo el agrado de presentar el informe anual de la Comisión
correspondiente a 2002. Me
acompañan en esta oportunidad José Zalaquett, Primer Vicepresidente de la
Comisión, Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, Eduardo Bertoni, Relator
para la Libertad de Expresión, y personal profesional de la Secretaría. El
informe que ponemos en la fecha
a disposición de la Asamblea General fue aprobado por la CIDH durante su
117º período ordinario de sesiones, celebrado durante febrero y marzo de
este año. Este informe refleja las actividades generales de la Comisión
cumplidas durante la Presidencia del Dr. Juan Méndez. En
diciembre de 2002 la Comisión hizo público su “Informe sobre Terrorismo
y Derechos Humanos” en el cual presentó un estudio sobre la vigencia y el
respeto de los derechos fundamentales frente a las iniciativas
antiterroristas legítimamente adoptadas por los Estados miembros, basada en
su experiencia de más de cuatro décadas y los estándares del derecho
internacional. En su informe,
la Comisión articula varios principios fundamentales concernientes a la
relación necesaria entre el combate al terrorismo y la protección de los
derechos humanos en situaciones de excepción.
La
ansiedad generada tanto por la amenaza de la violencia terrorista como por
las expectativas de contrarrestarla no puede soslayar la atención
prioritaria a temas endémicos que aquejan a las sociedades de nuestro
hemisferio y en especial a sus sectores más vulnerables.
En este sentido, la Comisión observa con extrema preocupación la
debilidad de la institucionalidad democrática en varios países del
hemisferio. Las elecciones periódicas
no obstan para que muchas democracias de la región exhiban debilidades
institucionales. También
observa con preocupación que los límites al poder público determinados
por la propia normativa interna son en algunos casos burlados o ignorados,
provocándose así el resquebrajamiento del estado de derecho, y la pérdida
de credibilidad en el sistema político.
Afortunadamente, los Estados miembros de la OEA son hoy en día
consistentes en su rechazo colectivo a todo intento de ruptura
constitucional, en invocación de instrumentos tales como la Resolución
1080 y la Carta Democrática Interamericana.
La
corrupción, la pobreza, la exclusión y las brechas sociales, económicas,
étnicas y de género contribuyen
asimismo a la inestabilidad política.
Esta situación, que se ve agravada por la falta de acceso efectivo a
la justicia en gran parte del hemisferio, no sólo contribuye a perpetuar la
falta de eficacia y la impunidad que aqueja el funcionamiento de los
sistemas judiciales del hemisferio, sino que provoca la exclusión de los
ciudadanos de la administración de justicia tanto en su participación como
operadores, como en su actividad de sujetos activos. Esos factores coinciden
con la creciente sensación de inseguridad de la ciudadanía frente a la
violencia y la criminalidad crecientes y la tendencia a tomar
medidas de hecho. En
este contexto hemisférico, que refleja también realidades de orden global,
los mecanismos de protección de los derechos humanos continúan cumpliendo
una función fundamental. La
integridad y eficacia de la protección brindada a los habitantes del
hemisferio depende, primordialmente, de los esfuerzos de los Estados
miembros para alcanzar la
universalidad del sistema
mediante la ratificación de la Convención Americana y de los demás
instrumentos sobre derechos humanos, así como la aceptación de la
jurisdicción de la Corte; del cumplimiento con la obligación de adaptar su
legislación interna a sus obligaciones internacionales y su debida
interpretación y aplicación por los órganos del Estado, en particular el
poder judicial; y por último, del cumplimiento de los compromisos
internacionales y las recomendaciones y decisiones de la Comisión y de la
Corte.
La Comisión prosiguió su labor con relación a la situación de
grupos especialmente vulnerables, a través del trabajo de sus relatorías
especiales para los derechos de los niños, los pueblos indígenas, y los
trabajadores migratorios, los cuales aparecen reflejados en el capítulo VI
del presente informe anual. La
CIDH ha prestado también
especial atención a la situación de los afrodescendientes, tanto a través
de sus labores de promoción como de sus estudios de la situación general
de los derechos humanos en los Estados miembros, casos individuales y
medidas cautelares. Se ha
ampliado el ámbito de verificación de la situación de los derechos de la
mujer, particularmente aquellos aspectos relativos a la violencia que afecta
a millones de mujeres en el hemisferio.
Asimismo, la Relatoría Especial ha dedicado
esfuerzos para promover de manera activa la Convención de Belém do
Pará en el marco de los procedimientos ante el Sistema. La
Relatoría para la Libertad de Expresión ha continuado también con su
labor en materia de promoción y asesoramiento.
Dado que el tema central de esta Asamblea es la gobernabilidad democrática
y, en particular, la libertad de expresión, quisiera resaltar la
importancia de los debates sobre esta materia, teniendo en cuenta los claros
parámetros establecidos en los artículos
13 y 14 de la Convención Americana, así como en los principios de derecho
internacional en la materia.
No puedo dejar de llamar la atención sobre algunos números
importantes en el sistema de peticiones individuales que indican tanto la
gran credibilidad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
como el deterioro de la administración de justicia en varios países de la
región. Particularmente en el
año 2002, la CIDH recibió 1021 denuncias, cifra que representa un 40% más
en relación con el año anterior. Debo
aclarar que esta cifra no tiene en cuenta las 3635 denuncias relacionada con
las medidas bancarias adoptadas por el Gobierno argentino.
Esta circunstancia ha puesto una enorme presión en nuestra Secretaría
Ejecutiva, que ha logrado responder a esta situación de manera eficiente y,
de hecho, ha mantenido el número de peticiones en trámite dentro de sus
promedios históricos. Durante
el período que abarca este informe, la Comisión realizó dos visitas in
loco a Haití y una a Venezuela. Asimismo,
hace dos meses, la Comisión concluyó una visita in loco a Guatemala. Por otro lado, la Comisión ha seguido los
criterios expuestos en su Informe Anual de 1998 para identificar a los
Estados miembros cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecieran
atención especial. En este
sentido, en el Capítulo IV del informe del año 2002 se analiza la situación
de los derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití y Venezuela.
Con relación a Colombia, la Comisión se encuentra
seriamente preocupada por el impacto que la violencia generada por los
actores del conflicto armado interno continúa causando en el respeto de los
derechos humanos fundamentales de la población civil y, en particular, de
los sectores más vulnerables: las comunidades indígenas y
afro-colombianas, los desplazados y los defensores de derechos humanos y los
líderes sociales, las mujeres y los niños. En este contexto la Comisión
desea reiterar su llamado a las partes en el conflicto armado para que a
través de su estructura de mando y control, respeten, ejecuten y hagan
cumplir las normas que rigen las hostilidades, consagradas en el derecho
internacional humanitario, con especial énfasis en las normas que brindan
protección a los civiles. Con
relación a Cuba, la Comisión encuentra que el
Estado cubano persiste en su patrón represivo con relación a la
situación de los derechos humanos, particularmente los derechos civiles y
políticos. Toda persona que desea ejercer pacíficamente sus derechos a la
libertad de expresión, reunión y asociación en Cuba es reprimida sistemáticamente
por dicho Estado. La Comisión encuentra también que el Estado cubano no ha
implementado las reformas requeridas para hacer efectiva la vigencia de las
garantías judiciales y del derecho de los procesados a un tribunal
competente, independiente e imparcial. En este sentido, la Comisión no
puede dejar de señalar su preocupación por la persecución sistemática a
los disidentes políticos en los últimos meses, las graves condenas
impuestas a muchos de ellos y la ejecución de tres personas, luego de
procedimientos que no contaron con las garantías de un debido proceso y que
por tanto tuvieron el carácter de arbitrarios. La Comisión ha expresando
su preocupación, de manera consistente, por las violaciones de derechos
humanos en Cuba y formula sus mejores votos para que las decisiones de este
Foro incidan en la elaboración de una estrategia hemisférica dirigida a
garantizar el reconocimiento y goce de los derechos fundamentales a sus
habitantes. Con
relación a Haití, la Comisión expresa su preocupación por la profunda
debilidad estructural de la administración de justicia. Si bien el Estado
ha tomado algunas iniciativas para investigar y llevar a los tribunales a
aquellos que violaron los derechos humanos, la mayoría de los casos continúan
sin resolverse, en particular aquellos concernientes a los graves eventos de
diciembre de 2001. Con respecto a la seguridad ciudadana, la Comisión
reconoce los esfuerzos del Gobierno para capacitar a los futuros miembros de
las fuerzas de seguridad, pero continúa recibiendo informes de abusos
policiales en el país. De forma similar, la Comisión expresa su preocupación por
el éxito limitado de los esfuerzos para desarmar a la población.
La posesión y el uso ilícito generalizado de armas de fuego y las
repetidas acciones violentas de ciertos grupos armados y organizaciones
populares es una amenaza constante a la seguridad de todos los haitianos.
Con respecto a la libertad de expresión, la Comisión lamenta
que se continúen registrando amenazas a los periodistas y que los crímenes
contra los mismos permanezcan impunes. Con
relación a Venezuela, la Comisión expresa su preocupación por el
deterioro de los derechos humanos que compromete seriamente la estabilidad
del Estado de Derecho. Durante la visita in
loco realizada en mayo de 2002 la CIDH observó que la falta de
independencia del Poder Judicial, las limitaciones a la libertad de expresión,
el grado extremo de polarización de la sociedad, el accionar de grupos de
exterminio, la poca credibilidad de las instituciones de control debido a la
incertidumbre sobre la constitucionalidad de su designación y la
parcialidad de sus actuaciones, la falta de coordinación entre las fuerzas
de seguridad, y la existencia de una impunidad estructural en el sistema de
justicia venezolano, representaban una clara debilidad de los pilares
fundamentales para la existencia del Estado de Derecho. Dada la gravedad de
la situación, la Comisión tenía previsto llevar a cabo una serie de
visitas de seguimiento, que hasta la fecha no se han podido realizar debido
a la falta de determinación de las fechas correspondientes por parte del
Estado venezolano, a pesar de la reiterada solicitud de la Comisión y de la
invitación que formulara el Presidente Chávez y el Vicepresidente Rangel
durante la visita in loco. La Comisión considera que su presencia en Venezuela
contribuiría a fortalecer la protección de los derechos humanos de todos
sus habitantes. Por
otra parte, el Capítulo V sigue la práctica de analizar el cumplimiento de
las recomendaciones formuladas por la Comisión, en uso de sus facultades
como órgano principal de la OEA en materia de derechos humanos.
En esta oportunidad, dicho capítulo contiene un informe de
seguimiento de las recomendaciones expuestas en el informe de la CIDH sobre
la situación de los derechos humanos en Guatemala. Señora Presidenta,
señores y señoras representantes, estimados colegas, compañeros
y compañeras de trabajo, señoras y señores: Antes
de concluir, debo expresar la profunda preocupación de la Comisión por su
situación presupuestaria. Sin perjuicio de reconocer
el incremento de fondos aprobado por la Organización durante el año
2002 que nos permitió continuar con el cumplimiento de nuestros mandatos
convencionales, estatutarios y aquellos surgidos de las Cumbres de las Américas,
debo indicar que estos fondos adicionales no han sido entregados en su
totalidad a la Comisión. Estamos conscientes de los ajustes presupuestarios
de la Organización, que según entendemos continuarán al menos durante el
próximo año. Estos recortes presupuestarios afectan y afectarán aún más
las tareas esenciales que la Comisión realiza para la protección y la
promoción de los derechos humanos en el hemisferio. Legítimamente varios
Estados han indicado la lentitud de la tramitación de nuestros casos. Es
verdad y procuramos mejorar con nuestra reforma reglamentaria y esfuerzos
adicionales de la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, sin mayores recursos
humanos y financieros es absolutamente imposible que la Comisión pueda
responder a las crecientes demandas de manera eficiente.
Las constantes expresiones de apoyo al sistema interamericano de
protección de los derechos humanos y la voluntad política de aportar
fondos para los órganos del sistema, expresada por las instancias mas altas
del sistema interamericano, tanto en el proceso de Cumbres, en este órgano,
como por el Consejo Permanente, no
se ha traducido en los hechos en un aumento que permita que el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos cumpla con los
mandatos convencionales y con los nuevos mandatos que periódicamente son
encomendados a la Comisión. Asimismo,
tanto la Comisión como la Corte hemos cumplido, como fue acordado,
realizando las reformas reglamentarias que permiten una mayor eficiencia en
el trabajo de los órganos del sistema.
Esperamos que los Estados efectivamente aporten los recursos que
puedan garantizar que los derechos humanos de los habitantes del hemisferio
cuenten con una protección internacional eficiente. La
búsqueda constante de mecanismos para consolidar las democracias crea
nuevas oportunidades para el compromiso de los Estados miembros con los órganos
del sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión y la Corte son,
conforme al propósito de los Estados miembros, medios para ayudar al
desarrollo de "un régimen de libertad personal y de justicia
social", que es el objetivo final consignado en el preámbulo de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con ello, la Comisión
renueva su compromiso de
trabajar con los Estados miembros en el cumplimiento de su mandato para
defender la dignidad humana mediante el ejercicio de su mandato en la
protección y la promoción de los derechos humanos. En nombre de la Comisión,
quiero expresar nuestra gratitud por el apoyo que los Estados miembros han
brindado a la Comisión para que ésta continúe honrando ese compromiso común
de velar por el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas de
nuestro hemisferio. Muchas gracias. |