DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DR. CLARE K. ROBERTS, ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, EN SU TRIGÉSIMO QUINTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL HEMISFERIO

Fort Lauderdale, Florida

5 de junio de 2005

          Sr. Presidente de la Asamblea General, Sr. Secretario General, Sr. Secretario General Adjunto, distinguidos Sres. representantes de Estados miembros y Observadores, damas y caballeros:

Como Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tengo el honor de dirigirme a ustedes para referirme a la situación de los derechos humanos en el Hemisferio.  Me acompaña el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Dr. Santiago Cantón. 

Desearía comenzar por felicitar al Secretario General recientemente electo, Dr. José Miguel Insulza, por haber asumido su cargo y le deseo pleno éxito en los próximos años en el cumplimiento de su mandato. 

El 15 de abril de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA su Informe Anual correspondiente a 2004, que también fue puesto a consideración de la Asamblea General. 

En su informe, la Comisión presentó una evaluación de la situación de los derechos humanos en el Hemisferio y de los principales desafíos que implica el ejercicio de esos derechos.  Al igual que en años anteriores, la reunión ordinaria de esta Asamblea General brinda a los Estados miembros una valiosa oportunidad para reflexionar sobre estos temas, que revisten suma importancia para todos nosotros.  A este respecto puedo informar, en nombre de la Comisión Interamericana, que la experiencia de los derechos humanos, con posterioridad a la Asamblea General de 2004, ha sido heterogénea, ya que ha habido logros importantes y graves dificultades.

Por una parte, a lo largo del pasado año hemos sido testigos de avances positivos en ámbitos esenciales para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho.  Entre ellos cabe mencionar el avance en los esfuerzos tendientes a hacer frente a la impunidad por graves violaciones de los derechos humanos cometidas en décadas anteriores.  En Chile tuvo lugar la publicación de un informe en profundidad referente a casos de privaciones de libertad y torturas por razones políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet.  Análogamente, en Argentina, se eliminaron diversos obstáculos jurídicos que habían dificultado los procesamientos judiciales por desapariciones y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, y en Paraguay se estableció una Comisión de Verdad y Justicia, para crear un historial del régimen de Stroessner y contribuir a los esfuerzos del Ministerio Público a este respecto.  Guatemala, Perú y Colombia reconocieron responsabilidades por graves violaciones de derechos humanos en casos que tiene ante sí la Corte Interamericana.  Otros avances significativos registrados en 2004 incluyen la puesta en marcha, en México, de un programa nacional general sobre derechos humanos; la aprobación, en Brasil, de reformas judiciales encaminadas a modernizar el sistema judicial y ampliar los mecanismos judiciales disponibles para combatir la impunidad por violaciones de derechos humanos, y la exitosa realización de un referéndum en Venezuela, pese a las condiciones de extrema polarización imperantes.  A esto se agrega la importante evolución jurídica que tuvo en 2004, que incluye la reafirmación, en los Estados Unidos, del derecho de gozar de recursos o procedimientos de revisión judicial en caso de detención de ciudadanos o personas clasificados como combatientes enemigos en el marco de la guerra contra el terrorismo, y la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que prohibió la pena de muerte en caso de homicidios cometidos por menores; el hecho de que en Jamaica se estén considerando reformas de leyes referentes a la aplicación de la pena de muerte, y la posibilidad, en Colombia, de reabrir investigaciones penales en virtud de decisiones de organismos internacionales, así como la confirmación judicial de la necesidad de cumplir medidas cautelares dispuestas por la Comisión. 

          No obstante, esos avances se han visto acompañados por graves riesgos y retrocesos en materia de protección de los derechos humanos, el Estado de derecho y la consolidación y el fortalecimiento de la democracia en el Hemisferio.  Esos obstáculos han surgido de un entorno caracterizado por el paulatino deterioro de las condiciones económicas y sociales en diversos países, la corrupción en las esferas pública y privada, el aumento del delito y la inseguridad ciudadana y la marginación de ciertos sectores de nuestras sociedades debido a la exclusión social y la discriminación.  Varias situaciones han preocupado especialmente a la Comisión.  En Bolivia, por ejemplo, una situación de inestabilidad social e institucional ha puesto en peligro el ejercicio de la gobernanza democrática.  La Comisión ha expresado preocupación ante el deterioro de la democracia, e insta a los Estados miembros a garantizar la continuación del proceso democrático y el pleno respeto de los derechos humanos conforme a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana.  En Ecuador, la remoción y destitución de algunos magistrados de la Corte Suprema, jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, y las manifestaciones masivas que condujeron a la renuncia del Presidente Gutiérrez, han suscitado profundas preocupaciones acerca del efectivo funcionamiento, en ese país, de instituciones esenciales para el Estado de derecho y el respeto del principio de separación e independencia de los poderes.

En el Capítulo IV del Informe Anual, la Comisión mencionó a Cuba, Colombia y Haití como los países que han sido objeto de su especial atención.  En Cuba, aunque algunas personas fueron liberadas el año pasado tras haber sufrido detenciones arbitrarias, no ha variado significativamente la represión sistemática contra disidentes, defensores de derechos humanos y periodistas independientes.  Persisten las violaciones generalizadas de libertades públicas, especialmente en relación con el derecho a la participación política y a la libertad de expresión.  Con respecto a Colombia, la Comisión se ve obligada a reiterar su preocupación con respecto al impacto del conflicto armado interno en la población civil y, en especial, en sectores vulnerables, como los pueblos indígenas y los afrodescendientes y las comunidades desplazadas.  Preocupan especialmente a la Comisión los ataques y amenazas contra defensores de los derechos humanos.  Con respecto a la desmovilización de grupos paramilitares, este proceso se ha intensificado, pese a las denuncias sobre violación del cese de hostilidades acordado y a la falta de un marco jurídico apropiado que aclare las condiciones en que han de desmovilizarse los responsables de la comisión de delitos.  El respaldo de la comunidad internacional es un factor positivo para el proceso de desmovilización, pero debería volver a evaluarse, para tener la certeza de que los tres aspectos esenciales de la verdad, la justicia y las reparaciones para las víctimas del conflicto sean factores medulares de ese esfuerzo.  Haití ha seguido padeciendo una grave crisis política y económica bajo su gobierno de transición, y su sistema judicial sigue siendo críticamente débil e ineficaz.  Además, en los últimos meses se agravó la situación de violencia e inseguridad, pese a la presencia de una misión de estabilización armada de las Naciones Unidas.  A este respecto desearía mencionar que el viernes 3 de junio de 2005 la Comisión publicó sus observaciones preliminares sobre la visita que había realizado a Haití en abril de 2005.  En ellas se analizan esas y otras cuestiones apremiantes que tiene ante sí Haití en la actualidad. 

En virtud de lo expresado, la Comisión está participando en un proceso continuo de reflexión, en la esfera interna y con Gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas, sobre la manera en que el sistema interamericano de derechos humanos puede responder más eficazmente a los problemas hemisféricos en el contexto de la promoción y protección de los derechos humanos.  Tres temas son especialmente decisivos para el fortalecimiento y la eficacia futuros del sistema:  participación universal en instrumentos y mecanismos de derechos humanos; cumplimiento de las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericanas, y necesidad de un mayor volumen de financiamiento y recursos.

Con respecto al tema de una participación universalizada, la Comisión ha hecho hincapié sistemáticamente en la necesidad de que todos los Estados miembros participen plenamente en los instrumentos y procedimientos del sistema interamericano de derechos humanos ratificando la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos pertinentes.  Como ha señalado la Comisión en ocasiones anteriores, en un Hemisferio que avanza rápidamente hacia la integración comercial y económica, los derechos humanos no deben ir a la zaga.

Igualmente importante es el cumplimiento, por parte de los Estados miembros, de las decisiones de la Comisión y de la Corte.  Esta situación está lejos de ser satisfactoria y, en la medida en que no se corrija, seguirá afectando la realización del pleno potencial de un sistema de protección de los seres humanos creado por los propios Estados.  A este respecto la Comisión insta nuevamente a adoptar las medidas necesarias para que los Estados estén en condiciones de actuar como garantes colectivos del sistema.

          Una tercera cuestión esencial para la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos es el problema, endémico y urgente, de las limitaciones presupuestarias.  La Comisión, como lo señaló  en ocasiones anteriores, ha asumido responsablemente, a lo largo de los años, los diversos mandatos que le han encomendado la Asamblea General y las Cumbres de las Américas.  El hecho de que se le hayan encomendado esos mandatos reconoce y reafirma su legitimidad y el importante papel que cumple para los Estados.  No obstante, la capacidad de la Comisión de cumplir esa función en el futuro ha llegado a una crisis, y es urgente identificar medidas que den lugar a un aumento del financiamiento y los recursos, para que siga cumpliendo su mandato y las tareas que se le han asignado.  No podemos seguir operando a menos que se incremente el financiamiento.  De hecho, por ejemplo, el fondo regular de la Comisión carece de recursos suficientes como para que pueda convocarse el segundo período ordinario de sesiones del cuerpo, en 2005. 

Para finalizar, desearía expresar el agradecimiento de la Comisión al Secretario General Adjunto saliente, Luigi Einaudi,  por el respaldo esencial dispensado a la labor de la Comisión a lo largo de los años --y en especial por sus constantes esfuerzos encaminados a avanzar en la resolución de la difícil situación imperante en Haití-- y desearle salud y éxito tras la finalización de su período de prestación de servicios en la OEA. 

Señor Presidente:

Estamos atravesando un período crucial en nuestro querido Hemisferio.  Las grandes victorias logradas en la pasada década en cuanto a fortalecimiento del proceso democrático parecen haberse paralizado en muchos países, experimentándose retrocesos en otros; los conflictos internos siguen cobrando la vida de cientos de habitantes de nuestro Hemisferio; la discriminación sigue afectando a millones de indígenas y afrodescendientes; las mujeres –que constituyen más de la mitad de la población de nuestra región- son víctimas de violencia, y casi la mitad de la población del Hemisferio vive en la pobreza.  Esos desafíos, a los que se agregan la inestabilidad económica, la inseguridad suscitada por el delito, el terrorismo y los conflictos armados, y la destrucción causada por desastres naturales y provocados por el hombre, siguen dificultando la plena realización de los derechos humanos en nuestra región.  Sólo a través de un esfuerzo basado en la mutua colaboración superaremos esos retos. 

A este respecto deberíamos recordar los objetivos fundamentales en materia de derechos humanos para cuya defensa se creó la OEA.  Tal como lo proclamaron los Estados miembros en el Preámbulo de la Carta de la Organización, en 1948,

el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de […] derechos esenciales.

Los invito a trabajar con la Comisión Interamericana en el contexto de nuestra misión común de lograr que la población de nuestro Hemisferio goce de paz y prosperidad.

Gracias.