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DISCURSO
DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2004 DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ANTE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Washington, D.C. 15 de abril de 2005
Señor Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, distinguidos representantes de los Estados miembros y observadores de la Organización, señoras y señores:
Como Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión”), me complace presentar su Informe Anual 2004 a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Están junto a mí hoy nuestro Secretario Ejecutivo y personal profesional de la Secretaría.
El informe que hoy presentamos a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos fue aprobado por la Comisión en su 122º período ordinario de sesiones, celebrado en febrero y marzo de este año, y fue preparado de acuerdo con las directrices de la resolución AG/RES. 331 (VIII-O/78) de la Asamblea General y en cumplimiento del Artículo 57 del Reglamento de la CIDH. Este informe refleja las actividades generales de la Comisión bajo la presidencia del Dr. Jose Zalaquett. Complementaré la presentación de este informe con una exposición en powerpoint que incluye detalles sobre el sistema de peticiones individuales y la situación financiera de la Comisión.
Dentro de un clima de logros y desafíos en la protección de los derechos humanos, la Comisión siguió representando en 2004 un foro importante para la defensa de la democracia y el fomento de los derechos humanos en el hemisferio. En 2004, la Comisión siguió reflexionando sobre las formas de fortalecer el sistema interamericano como mecanismo efectivo para contrarrestar los crecientes desafíos y necesidades de la región en esta esfera. La Comisión reconoce que existen nuevos obstáculos que enfrentar, el principal de los cuales es la observancia del régimen de derecho por los Estados y la efectiva protección de los derechos económicos, sociales y culturales.
Situación de derechos humanos de 2004
En 2004, se registraron avances positivos en esferas clave de la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho. Entre los logros más importantes cabe señalar el lanzamiento de un programa nacional amplio para abordar las preocupaciones de derechos humanos en México a nivel de política pública; la aprobación de reformas constitucionales para erradicar la impunidad en las violaciones de los derechos humanos en Brasil y la organización de un referéndum en Venezuela, pese a las condiciones de polarización política extrema.
Entre las tendencias promisorias de 2004 cabe señalar los constantes esfuerzos por contener la impunidad ante graves violaciones de los derechos humanos cometidas en las décadas anteriores. Los aspectos más sobresalientes fueron el procesamiento del ex dictador Augusto Pinochet, en Chile, por las atrocidades cometidas durante la dictadura militar, y la publicación de un informe en profundidad que abarca los incidentes de prisión política y tortura durante dicha dictadura; la eliminación de varios obstáculos jurídicos que impedían el procesamiento judicial en casos de “desapariciones” y otras violaciones de derechos humanos en Argentina; la creación de una Comisión de la Verdad en Paraguay; los reconocimientos de responsabilidad internacional por graves violaciones de los derechos humanos por parte de Guatemala y Perú en casos pendientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la firma de una solución amistosa amplia en casos de desaparición forzada que ocurrieron durante la guerra civil en Honduras. También se registró una serie de acontecimientos jurídicos importantes, como la reafirmación en Estados Unidos del derecho a la revisión judicial cuando los ciudadanos o personas clasificados como combatientes enemigos son arrestados por acusaciones de terrorismo y la posibilidad de reabrir las investigaciones penales en base a decisiones de organizaciones internacionales.
Sin embargo, estos hechos positivos se produjeron en un contexto en que predominan crisis políticas, económicas y sociales en varios países, que amenazan al Estado de derecho y al proceso de fortalecimiento de la democracia en el hemisferio. El deterioro de las condiciones económicas y sociales en varios países ha provocado manifestaciones populares masivas que a menudo dieron lugar a un excesivo uso de la fuerza por parte de la policía y, en muchos casos, intensificaron la inestabilidad política. Haití entró en una grave crisis institucional en medio de una violencia política creciente, en tanto se siguieron deteriorando las condiciones económicas. En Ecuador, la remoción y destitución de una serie de magistrados de la Suprema Corte, de jueces del Tribunal Constitucional y del Supremo Tribunal Electoral plantean hondas preocupaciones por el funcionamiento efectivo de instituciones que son clave para el Estado de derecho y el respeto al principio de la separación e independencia de poderes. La corrupción, que sigue siendo un fenómeno regional, continúa impidiendo la construcción de sociedades democráticas y transparentes. Además, la gran mayoría de los Estados no han abordado las causas y consecuencias producidas por la exclusión social y la discriminación por razones étnicas, de clase, raciales y de género. En el mismo sentido, la Comisión observa que las altas tasas de pobreza y la desigualdad generalizada que prevalecen en la región siguen limitando el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, y afectando negativamente la observancia de muchos derechos civiles y políticos.
Análogamente, en 2004, el delito y la inseguridad ciudadana adquirieron proporciones alarmantes en varios países. En muchos de ellos, la inseguridad generada por las altas tasas de delincuencia y la creciente desigualdad llevaron a los gobiernos y al público en general a manifestar una mayor tolerancia por los métodos de represión usados por la policía. En este contexto, la tortura y el uso excesivo de la fuerza son instrumentos comúnmente utilizados por las fuerzas de seguridad de numerosos países de la región.
Habida cuenta de esta realidad y este contexto, es necesario que la Comisión reflexione sobre cómo responder más efectivamente a los problemas mencionados. Este proceso de reflexión ya fue iniciado, y continuó en 2004, impulsado por un período extraordinario de sesiones celebrado en México, que contó con la presencia de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de importantes representantes de organismos gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil de la región. La Comisión quiere agradecer especialmente al Gobierno de México por la invitación para celebrar este período extraordinario de sesiones. El proceso estuvo orientado por ciertas premisas básicas, entre ellas, la necesidad de crear un consenso en torno al fortalecimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos a través de un enfoque participativo que incluya a todos y cada uno de los actores asociados al sistema y el fortalecimiento de mecanismos efectivos, dentro de la Comisión, como las relatorías temáticas. Además, la Comisión entiende que este proceso de reflexión debe incluir un análisis de su función promocional y política en el futuro y definir cómo responder a las situaciones de graves violaciones de los derechos humanos en forma rápida y efectiva.
Asimismo, este ejercicio de reflexión debe conducir a superar uno de los problemas endémicos y urgentes que afecta seriamente a la Comisión: las limitaciones presupuestarias. A lo largo de los años, la Comisión Interamericana ha asumido con responsabilidad los diversos mandatos que le asignaran la Asamblea General y la Cumbre de las Américas, en los que se reconocen y reafirman su legitimidad y su importante función para los Estados. Existe una necesidad urgente de definir medidas que permitan incrementar el financiamiento y los recursos para que la Comisión siga cumpliendo su mandato y las tareas que se le asignaron.
Por último, la Comisión considera que, a efectos de garantizar la realización plena de sus mandatos y funciones en forma efectiva y cabal, debe tener una independencia total y una autonomía suficiente en materia administrativa, financiera y política, indispensable para una organización internacional.
Estructura y resumen del Informe Anual 2004
El Informe Anual se divide en tres volúmenes, los dos primeros de los cuales se relacionan con la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el tercero contiene el informe del Relator Especial de la Comisión para la Libertad de Expresión.
Siguiendo la práctica iniciada en 1999, el Capítulo I del Informe Anual 2004 está dedicado a una evaluación de la situación de derechos humanos del Hemisferio y de los principales obstáculos al ejercicio de tales derechos. Al iniciar mi exposición, resalté varias de las cuestiones abordadas por la Comisión en el Capítulo I de su Informe Anual.
En el Capítulo II, se ofrece una breve introducción a los orígenes y fundamentos legales de la Comisión y se describen las principales actividades que realizó durante el año. A este respecto, el Capítulo resalta las actividades de los dos períodos ordinarios y un período extraordinario de sesiones de la Comisión. Como dije, en el interregno entre los períodos ordinarios de sesiones de la Comisión Interamericana, se celebró un período de sesiones conjunto con jueces de la Corte Interamericana y con personal de su Secretaría, en Ciudad de México, en el curso de su 120º período extraordinario de sesiones. En la ocasión, se abordaron una serie de cuestiones de interés para ambos órganos, que referían en particular a la consideración de mecanismos para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, un proceso de reflexión que la Comisión ha continuado y que cuenta con la participación de otros actores del hemisferio.
En el Capítulo II, también se describen las visitas in situ y especiales y las actividades de promoción y de otra índole emprendidas por la Comisión en el año, así como sus actividades relacionadas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el curso del período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, en junio de 2004, en Quito, Ecuador.
Los miembros de la Comisión Interamericana y representantes de sus relatorías temáticas realizaron una serie de visitas a lo largo del año. Por invitación de los Estados miembros interesados, la Comisión visitó Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. La Comisión también visitó Colombia, por invitación del Consejo Permanente de la OEA, para brindar servicios de asesoramiento a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). La Relatoría Especial para los Derechos de la Mujer visitó Guatemala, por invitación del Gobierno del Presidente Oscar Berger, oportunidad en que celebró reuniones con autoridades gubernamentales de alto nivel, organizaciones de la sociedad civil y el sector universitario, para recabar información sobre la situación de los derechos de la mujer y la violencia contra la mujer. Los Relatores sobre el Niño y los Derechos de los Detenidos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia realizaron una visita a El Salvador, Guatemala y Honduras, donde reunieron información sobre la situación de niños, niñas y adolescentes involucrados en las pandillas, que viven en condiciones de personas privadas de la libertad. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar el agradecimiento de la Comisión a los gobiernos de los correspondientes Estados por su cooperación en la consecución de los objetivos fijados durante las visitas de 2004.
En relación con algunas visitas realizadas antes y durante 2004, la Comisión publicó varios informes sobre la situación de los derechos humanos en algunos Estados miembros. El 18 de marzo de 2004, la Comisión divulgó su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela, en que se examinan las cuestiones de la administración de justicia, el papel de las fuerzas armadas y la policía, la situación de la libertad de expresión y las consecuencias de la polarización política en el país, tras el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y la restitución del Presidente Hugo Chávez, el 14 de abril de 2002. El 22 de marzo de 2004, la Comisión presentó su informe Justicia e Inclusión Social: Los Desafíos que Enfrenta la Democracia en Guatemala. En el informe se analiza la situación actual de la administración de justicia y el Estado de derecho en Guatemala y se formulan recomendaciones al Estado sobre aspectos tales como el acceso a la justicia, la seguridad de los ciudadanos, la situación actual de la libertad de expresión y la situación de los defensores de los derechos humanos, el pueblo indígena, la mujer y el niño. El 29 de diciembre de 2004, la Comisión publicó su Informe sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia, como complemento de la visita del Relator de la Comisión y el Secretario Ejecutivo, por invitación del Consejo Permanente, como se indicó antes.
Además, a lo largo del año, los miembros de la Comisión y de la Secretaría participaron en numerosas conferencias, seminarios y sesiones de capacitación sobre la protección internacional en derechos humanos y temas afines. El Relator de la Comisión para Haití visitó los siguientes países, en los que también participó en seminarios: Saint Kitts y Nevis, Jamaica, Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Haití y Trinidad y Tobago. La Relatoría Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas siguió asesorando al Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA encargado de preparar un proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y divulgó una recopilación de la publicación Jurisprudencia sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Interamericano. La Relatoría Especial para los Niños concluyó su programa de fortalecimiento, elaborado conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la celebración de once seminarios en varios países del hemisferio y la publicación de un texto titulado Los Derechos del Niño en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La Relatoría Especial sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias siguió participando activamente con el grupo de trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA responsable de elaborar un programa interamericano para la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes. El Relator Especial sobre Personas Detenidas participó en numerosas conferencias, incluido el Segundo Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, en Montreal, Canadá, en septiembre, y visitó numerosas prisiones de varios países de nuestro hemisferio.
Quiero hacer especial mención al curso interdisciplinario sobre el sistema interamericano de derechos humanos para funcionarios gubernamentales, en colaboración con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica. La Comisión quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a los Estados miembros y a los representantes que participaron en este ejercicio de capacitación. Continuaremos en este empeño con un curso de seguimiento para los Estados miembros del Caribe. Como ustedes saben, esta iniciativa se basa en nuestros seminarios de capacitación para miembros de las Misiones Permanentes, organizado por nuestra Secretaría, en Washington, DC.
A lo largo del año, la Comisión continuó también con la labor relacionada con la situación de los defensores de derechos humanos en la región. Con ocasión del Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2004, el Representante Especial del Secretario General de la ONU para los Defensores de los Derechos Humanos, el Relator Especial para los Defensores de los Derechos Humanos de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y el Secretario Ejecutivo de la Comisión emitieron una declaración encomiando a la Unión Europea por aprobar sus Directrices sobre los Defensores de los Derechos Humanos, como importante herramienta de protección de los activistas que fomentan los derechos humanos, con gran riesgo personal, y reconociendo los principales problemas que deben ser resueltos en torno a la protección de los defensores en todo el mundo. La Comisión también participó en numerosos intercambios con la sociedad civil y con los Estados y continuó adiestrando a unidades de defensores de los Estados miembros. Asimismo, reconoce la creación en Brasil de un grupo de trabajo para elaborar un programa nacional de protección de los defensores de los derechos humanos. La Comisión trabaja también estrechamente con las unidades de defensores del sistema africano.
En conclusión, la Comisión ha cumplido todos los mandatos que le asignaran la Asamblea General y la Cumbre de las Américas. Sin embargo, muchas de las actividades fueron desempeñadas por la Comisión merced a contribuciones voluntarias y a fuentes externas de financiamiento, debido al constante déficit de su presupuesto regular. Al respecto, una vez más, deseamos subrayar la necesidad de que los Estados miembros cumplan su compromiso de aumentar el presupuesto regular de la Comisión para que pueda seguir desempeñando sus crecientes responsabilidades y mandatos.
El Capítulo III, el más voluminoso del Informe, contiene las decisiones de la Comisión sobre denuncias de violaciones de los derechos humanos en los Estados miembros de la Organización. El Capítulo también incluye las estadísticas pertinentes respecto de la labor de la Comisión, resúmenes de las medidas cautelares adoptadas o ampliadas por la Comisión en 2004 y un panorama general del seguimiento de las recomendaciones de la Comisión en torno a las decisiones publicadas desde 2001.
En el período objeto de análisis, la Comisión publicó un total de 65 informes, incluidos 45 de declaración de admisibilidad de peticiones, nueve de declaración de inadmisibilidad de peticiones, tres de solución amistosa y cuatro sobre méritos. En el mismo período, la Comisión concedió un total de 37 medidas cautelares conforme al Artículo 25 de su Reglamento para prevenir un daño irreparable a personas. También durante 2004, la Comisión recibió un total de 1.329 denuncias individuales e inició el trámite de 160 de las mismas, lo que arroja un total de 1021 casos y peticiones individuales en trámite por la Comisión en 2004. Además, la Comisión refirió un total de 12 casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo ello fue posible merced a los denodados esfuerzos de un pequeño número de funcionarios de la Secretaría Ejecutiva y de los miembros de la Comisión. Estas circunstancias imponen una presión considerable a la Secretaría Ejecutiva, que trata de manejar esta creciente carga de casos y, al mismo tiempo, los crecientes mandatos de la Comisión en otras áreas, con un presupuesto que ha permanecido constante e inclusive ha disminuido en términos reales.
La fortaleza del sistema interamericano de derechos humanos depende del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión, de las decisiones de la Corte y de las medidas de protección de urgencia. Como se ilustra en el gráfico de la Parte D del Capítulo III, varios Estados han cumplido con las mismas total o parcialmente. Al mismo tiempo, existen numerosos casos pendientes en que los Estados afectados aún no han implementado plenamente las recomendaciones formuladas. Al respecto, es importante reiterar el requisito de que los Estados miembros hagan todo lo posible por cumplir de buena fe las recomendaciones de la Comisión.
El Capítulo IV del Informe Anual 2004 contiene un análisis de la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba y Haití. Como indiqué antes, la información del Informe Anual refiere sólo a eventos del año calendario 2004. Sin embargo, desde diciembre de ese año, se produjeron hechos nuevos e importantes en relación con los países que se examinan en el Capítulo IV, algunos de los cuales señalaré en mis comentarios de hoy. Además, en el Capítulo V, la Comisión evalúa las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones que ha formulado en el informe Justicia e Inclusión Social: los Desafíos de la Democracia en Guatemala y el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela, ambos publicados en 2003.
En cuanto a Colombia, la Comisión reconoce los esfuerzos del Estado para poner fin a la violencia generada por el conflicto armado, como objetivo de importancia fundamental para la paz, la estabilidad y la gobernabilidad, compartido por el gobierno y la sociedad civil. Sin embargo, la Comisión debe reiterar su preocupación respecto del impacto del conflicto armado en la población civil y, en particular, en los grupos vulnerables, como los indígenas, los afrodescendientes y los desplazados, así como respecto de los ataques y amenazas contra los defensores de los derechos humanos y los dirigentes sociales y sindicales.
Pese al empeño de algunos dirigentes de las Autodefensas Unidas de Colombia por cesar las hostilidades y desmovilizarse en varias áreas del país, la violencia paramilitar contra civiles continúa. A este respecto, la Comisión debe subrayar que, por el momento, el proceso de desmovilización ha avanzado sin apoyo de un marco jurídico amplio que aclare las condiciones en que las personas responsables de violaciones de los derechos humanos se habrán de desmovilizar o su relación con el proceso de paz, por lo que recomienda la aprobación de un contexto jurídico amplio que establezca condiciones claras para la desmovilización de los grupos armados ilegales, de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado. Este marco jurídico debe prever la situación de quienes se sumaron a procesos de desmovilización individual y colectiva para aclarar su situación. Además, deben establecerse mecanismos auténticos de participación, en condiciones de seguridad, para las víctimas de los conflictos, a efectos de asegurar el acceso a la verdad y la justicia y a una reparación.
Con respecto a Cuba, la Comisión observa en 2004 hechos positivos de que informaron organismos internacionales especializados de derechos humanos, como la alta calidad del sistema de saneamiento, que ha incidido decisivamente en la reducción de la mortalidad infantil, y un aumento de la expectativa de vida de la población, las bajas tasas de analfabetismo y el alto porcentaje de mujeres empleadas en el sector público. Sin embargo, la Comisión sigue recibiendo información sobre la grave situación de derechos humanos que impera en el país, incluidas las penosas condiciones de los detenidos y la falta de respeto por derechos humanos clave como los relacionados con el trabajo, la libertad de asociación y expresión, la mujer, el movimiento y la residencia, la justicia y las protecciones del debido proceso.
Según información recibida por la Comisión en su 119º período ordinario de sesiones, las personas privadas de su libertad en Cuba están sometidas a condiciones abusivas y, en general, están confinadas en celdas superpobladas. Por otro lado, la Comisión recibió información en 2004 de 19 casos en que se violaron los derechos de los trabajadores y de los dirigentes de los trabajadores, en situaciones que van de actos agresivos por parte de la Policía Revolucionaria Nacional, al despido de dirigentes protegidos por el estatuto jurídicamente independiente de los sindicatos. La Comisión también fue informada de represión y de violaciones de derechos humanos contra mujeres consideradas disidentes u opositoras al gobierno. La Comisión también señala que el Estado cubano sigue negándose a reconocer los derechos de sus ciudadanos a salir y regresar al país y a divulgar todo tipo de información e ideas.
En el presente Informe Anual, la Comisión reitera su grave preocupación por la situación de derechos humanos de Haití. El año 2004 fue testigo de cambios extraordinarios en el panorama político del país, como el alejamiento del ex Presidente Jean Bertrand-Aristide, a fines de febrero, al que siguió un violento levantamiento, la instalación de un gobierno de transición, en marzo, y el arribo de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas, en junio. En 2004, las actividades de la Comisión en Haití estuvieron necesariamente influenciadas por estos importantes acontecimientos, incluida una visita del Relator de la Comisión para Haití, en septiembre, a efectos de reunirse con miembros del gobierno de transición y evaluar la situación de derechos humanos. En base a sus actividades de este año en relación con Haití, la Comisión sigue hondamente preocupada por la falta de protección y garantías de los derechos humanos básicos de la población, exacerbada por la alarmante situación de seguridad, la ausencia de una fuerza policial nacional suficientemente capacitada y dotada, la impunidad en torno a los abusos de los derechos humanos del pasado y la sistemática violación de los derechos de grupos vulnerables como los de las mujeres, los niños, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, y la violencia con motivaciones políticas. Obstáculos graves a la protección de los derechos humanos en Haití son los problemas sociales fundamentales que han plagado sistemáticamente al país, como la pobreza extrema, el elevado analfabetismo y la malnutrición.
En su visita de septiembre, la Comisión se sintió alentada por indicios de parte de funcionarios del gobierno de transición de que los derechos humanos eran parte central de su labor. Sin embargo, desde esa fecha, la Comisión ha presenciado un mayor deterioro de las condiciones del país, debido, sobre todo, a un aumento de la violencia de los grupos y bandas armadas, sumada al fracaso del gobierno, con asistencia internacional, para garantizar la seguridad de la población en todo el país. La Comisión seguirá supervisando la situación de Haití y ofreciendo su asistencia al gobierno y a su pueblo en el año próximo. La Comisión también exhorta a la comunidad internacional a seguir apoyando a Haití ante los numerosos obstáculos que enfrenta, en particular en el contexto de las elecciones previstas para fines de 2005.
En cuanto a Guatemala, en 2003, la Comisión preparó el informe titulado Justicia e Inclusión Social: Los Desafíos de la Democracia en Guatemala, tras su visita a ese Estado, en marzo de ese mismo año. En el informe, la Comisión formula sus observaciones, conclusiones y recomendaciones sobre la situación de derechos humanos en el país, en particular respecto de la administración de justicia y la seguridad ciudadana, y de la situación de los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y la libertad de expresión. En 2004, la Comisión observó y encomia una serie de gestos del Gobierno de Guatemala como ejemplos claros de la voluntad de implementar un temario efectivo de derechos humanos. Esos esfuerzos incluyen las declaraciones del Presidente Oscar Berger, con ocasión del aniversario de la presentación del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el 25 de febrero de 2004, en que, en nombre del Estado guatemalteco, pidió disculpas a las víctimas del conflicto armado interno y reconoció la responsabilidad internacional en los casos de la Matanza de Pan de Sánchez, la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen y la ejecución de Jorge Capio Nicolle, entre otros.
Con respecto a los progresos en la implementación de las recomendaciones formuladas al Estado en el informe de 2003, es importante resaltar los esfuerzos del Estado y del Poder Judicial en la modernización y los empeños de capacitación para combatir la impunidad ante los abusos actuales y pasados de los derechos humanos; en el diseño de un plan nacional de lucha contra la violencia y en el mejoramiento de la coordinación de los órganos de seguridad nacional; la creación de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala; las medidas para mejorar el marco jurídico e institucional a efectos de superar las formas históricas de discriminación y violencia contra la mujer, y el mejoramiento de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, entre otras. Al mismo tiempo, la Comisión observa que algunas áreas no han registrado progresos claros, como la falta de recursos personales, la infraestructura y el equipo necesario para desempeñar la tarea de prevención e investigación de delitos por parte de la Policía Civil Nacional; la falta de progreso en las investigaciones judiciales de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas durante el conflicto armado; la no investigación, procesamiento y sanción de los responsables de actos de violencia contra mujeres, pese al alarmante aumento de los homicidios, y los continuados ataques contra periodistas y un monopolio de hecho en la televisión, entre otras áreas que plantean preocupación.
El 29 de diciembre de 2003, la Comisión aprobó el Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela. En dicho informe, la Comisión se centró en las cuestiones vinculadas a la administración de justicia y los derechos humanos, la sociedad civil, la seguridad del Estado, el derecho a la vida y a un trato humano, la libertad de expresión y pensamiento y las libertades sindicales. La Comisión formuló una serie de recomendaciones encaminadas a ayudar al Estado en su obligación de asegurar el pleno ejercicio de los derechos y libertades protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos por las personas sometidas a su jurisdicción. El análisis del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana en su informe sobre Venezuela revela que el clima de violencia y de tirantez política y social disminuyó en 2004. La Comisión Interamericana reconoce los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil para encontrar canales de diálogo dentro del marco del respeto por el Estado de derecho y los derechos humanos. Además, la Comisión acoge con beneplácito la información brindada por el Estado sobre las iniciativas emprendidas con miras a diseñar e implementar un programa de seguridad pública que respete los parámetros para garantizar y proteger los derechos humanos.
No obstante ello, la Comisión sigue preocupada ante la posición adoptada por el Estado respecto de las recomendaciones de la Comisión y ante su tendencia a rechazar toda pregunta con el fundamento de que infringen su soberanía nacional. Además, entre los principales aspectos que limitan el ejercicio efectivo de los derechos humanos, corresponde señalar las constantes dudas sobre la independencia e imparcialidad de la justicia, la impunidad resultante de la inexistencia de una investigación seria y efectiva de las violaciones de los derechos humanos y la consiguiente falta de castigo de los responsables y de indemnización de las víctimas; la persistencia de la operación de una policía paralela en varios Estados del país y la aprobación de leyes o dictámenes judiciales que contravienen los parámetros del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La Comisión también expresa su profunda preocupación por el alto porcentaje de jueces y fiscales provisionales que han sido designados, situación que afecta gravemente el derecho a un sistema judicial adecuado. La Comisión reitera también su preocupación por la situación de riesgo y estigmatización que sufren los defensores de los derechos humanos en Venezuela y por el clima de hostilidad que padecen las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
En el informe de seguimiento, por tanto, se señala que, lamentablemente, muchas de las recomendaciones no han sido implementadas y se recuerda al Estado su obligación de cumplir de buena fe las disposiciones sobre derechos humanos. La Comisión ofrece su cooperación y asistencia al Estado venezolano, dentro de su ámbito de competencia, para fomentar las tareas de implementación de las recomendaciones.
El Capítulo V del Informe Anual 2004 de la Comisión contiene el Sexto Informe del Relator para los Trabajadores Migratorios y sus Familias, en el que se describen las principales actividades desarrolladas en esta esfera en 2004. Se analiza la jurisprudencia del sistema interamericano y las políticas y prácticas relacionadas con los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias.
Como en años anteriores, el Relator Especial para la Libertad de Expresión preparó un informe de 2004 sobre la materia, que constituye el Volumen III del Informe Anual. De acuerdo con el mandato de la Comisión, el informe abarca temas y actividades que fueron prioridades para la Relatoría durante el año, incluida una evaluación del estado de la libertad de expresión en el hemisferio, un resumen de la jurisprudencia sobre la libertad de expresión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la jurisprudencia interna de los Estados miembros, un informe sobre el acceso a la información en el hemisferio, un informe sobre el impacto de la concentración de la propiedad de los medios de comunicaciones, un informe sobre las expresiones de odio y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la cuestión de las “Leyes de desacato y la difamación penal”. También en 2004, la Oficina del Relator Especial publicó material y libros para promover la libertad de expresión en las Américas, como el libro titulado Acceso a la Información en las Américas, que contó con los auspicios de PRODECA y del Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo Internacional (OSDI).
Por último, los anexos al Informe Anual contienen información sobre la situación actual de las convenciones y los protocolos sobre derechos humanos aprobados dentro del sistema interamericano y copia de los comunicados de prensa divulgados por la Comisión en 2004, así como los discursos pronunciados en nombre de la Comisión.
Conclusión
Señor Presidente, señores representantes, estimados colegas, señoras y señores:
Para terminar, quisiera subrayar que el apoyo de los Estados miembros y su colaboración con la labor de la Comisión son cruciales para asegurar la verdadera efectividad del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En 2004, como en años anteriores, la Comisión ha presentado un informe amplio y pormenorizado de la situación de derechos humanos en el hemisferio. Sin embargo, las páginas de este informe carecen de consecuencias si no media el compromiso de parte de los Estados miembros y de los órganos políticos de nuestra Organización de abordar los problemas y dificultades identificados por la Comisión. Como esta lo ha recalcado en numerosas ocasiones, y como lo han reconocido los propios Estados miembros, el sistema interamericano de derechos humanos se encuentra ante una acuciante necesidad de recursos adicionales. La ausencia de un financiamiento adecuado para los mandatos asignados a la Comisión y a la Corte Interamericana pone en peligro a todo el sistema, por lo cual es imperativo que los gobiernos adopten medidas concretas para asegurar que se pongan a disposición de ambos órganos los recursos necesarios, para que puedan desempeñar sus tareas en forma eficaz e independiente. En la presente ocasión, quisiera agradecer a todos los países que, con sus contribuciones, hicieron posible el trabajo de la Comisión en 2004: Argentina, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, México, Finlandia, la Comisión Europea, Francia, Dinamarca, España y Suecia.
Por último, quisiera expresar mi reconocimiento al Secretario Ejecutivo, por su profesionalismo y dedicación, y al personal profesional y administrativo de la Secretaría, por su denodada labor en apoyo de los derechos humanos. Los miembros de la Comisión están orgullosos del trabajo profesional realizado por la Secretaría Ejecutiva, bajo el liderazgo del Dr. Cantón, en circunstancias extremadamente difíciles y dentro del máximo de su capacidad, por lo que le expresamos nuestro más cálido respaldo.
Asimismo, la Comisión también renueva hoy su compromiso de trabajar con los Estados miembros en el cumplimiento de su mandato de defender la dignidad humana a través de la protección y promoción de los derechos humanos. En nombre de la Comisión, deseo agradecer a los Estados miembros el apoyo que le han brindado en su constante empeño por dar cabal cumplimiento al compromiso común de velar por el ejercicio de los derechos humanos de cada persona de nuestro hemisferio.
Desearía, ahora, proyectar algunas diapositivas que ilustran algunos de los aspectos planteados hoy. |
