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DISCURSO
PRONUNCIADO POR EL SEÑOR JUAN E. MÉNDEZ, MIEMBRO
DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ANTE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD HEMISFÉRICA Washington
D.C., 4
de marzo de 2003 Señor
Presidente, señores Vicepresidentes y Miembros de la Comisión de Seguridad
Hemisférica.
Agradezco la oportunidad de dirigir la palabra a esta reunión de la
Comisión de Seguridad Hemisférica en nombre de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
No cabe duda de que la búsqueda de métodos eficaces para garantizar
la seguridad de la población de nuestra región es un asunto que reviste
urgencia para la Organización de los Estados Americanos y para la comunidad
mundial en general. Dominan en los medios de comunicación los debates sobre
la oportunidad y la necesidad de medidas para proteger a las poblaciones del
terrorismo, las armas de destrucción masiva y otros peligros modernos y
graves que amenazan la seguridad. Estos acontecimientos también han tenido
un serio efecto en las prioridades y los recursos de los gobiernos de las Américas,
al igual que en las funciones y los mandatos de los órganos y las
instituciones de esta Organización, incluidos la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y esta Comisión.
Me gustaría dedicar el tiempo que compartiré hoy con ustedes
a dos propósitos. En primer lugar, querría destacar la importancia
del sistema interamericano de derechos humanos para la cuestión de la
seguridad hemisférica y las tareas de esta Comisión. En segundo lugar me
gustaría dar algunos ejemplos de áreas en las que debe darse consideración
a normas, principios y protecciones del sistema de derechos humanos de la
región al desarrollar y ejecutar estrategias de seguridad hemisférica.
Entre los fines fundamentales de la Organización de los Estados
Americanos figura la obligación contenida en el artículo 2(a) de la Carta
de la OEA: «fortalecer la paz y la seguridad del continente». Desde que la
Asamblea General de la OEA de 1995 la creara, la Comisión de Seguridad
Hemisférica ha desempeñado un papel estelar en el cumplimiento de ese fin
al auspiciar la cooperación entre los Estados miembros de la Organización
en una amplia gama de iniciativas relacionadas con la paz y la seguridad del
Hemisferio, que van desde la colaboración para combatir el crimen
organizado y el terrorismo hasta la coordinación de políticas y doctrinas
de defensa y el desarrollo de estrategias para la cimentación de la
confianza y la seguridad. La Conferencia Especial sobre Seguridad, de la que
el Gobierno de México será anfitrión en mayo del corriente año, será un
foro crucial para diseñar la forma en que la Organización enfocará la
seguridad hemisférica en el nuevo siglo.
Uno de los documentos que tendrá un papel definitorio en el trabajo
de la Conferencia Especial, y más allá de ella, es la «Declaración de
Bridgetown» adoptada por los ministros de relaciones exteriores y los jefes
de delegaciones reunidos en Bridgetown, Barbados, durante el trigésimo
segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General celebrada en
junio del año pasado. Esta Declaración, que lleva por título «Enfoque
Multidimensional de la Seguridad Hemisférica», reconoce que muchas de las
nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos inherentes a la seguridad hemisférica
son de carácter transnacional y pueden requerir tanto de una adecuada
cooperación hemisférica como de respuestas multifacéticas por parte de
diferentes organizaciones nacionales e instituciones existentes en el
sistema interamericano. La Declaración también establece concretamente que
la seguridad del Hemisferio implica factores políticos, económicos,
sociales, sanitarios y ambientales. Así, el enfoque multidimensional de la
seguridad hemisférica articulado por la Declaración reconoce la
pertinencia de cuestiones íntimamente relacionadas con la protección de
derechos humanos fundamentales y, asimismo, con el trabajo de las
instituciones de derechos humanos de la Organización.
En este contexto, el sistema interamericano de derechos humanos se ha
convertido en el guardián del cumplimiento y la protección de una amplia
gama de derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales,
incluidos los enumerados en la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este último
instrumento, por ejemplo, obliga a los Estados miembros a adoptar las
medidas necesarias para lograr de forma progresiva y acorde con sus
legislaciones internas el pleno cumplimiento de derechos tales como el
derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano y el derecho al trabajo, y
concede a la Comisión el poder de formular las observaciones y las
recomendaciones que estime pertinentes en relación con la condición de los
derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el protocolo con
relación a alguno o a todos los Estados Partes. En consecuencia, es
evidente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión
de Seguridad Hemisférica comparten el objetivo común de proteger los
derechos fundamentales de la población del Hemisferio ante cualquier
amenaza.
La importancia del sistema interamericano de derechos humanos para
garantizar la seguridad hemisférica también queda ilustrada en
determinadas áreas del trabajo de la Comisión. El ejemplo más reciente en
este sentido se relaciona con la amenaza del terrorismo. Como sabrán los
miembros de esta Comisión, en diciembre del año pasado la CIDH publicó su
informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, en el cual procuraba ayudar a
los Estados miembros a adoptar leyes y reglamentaciones antiterroristas que
concordaran con sus obligaciones establecidas por el derecho internacional.
Como parte de su análisis, la Comisión señaló de forma inequívoca que
los gobiernos de las Américas están obligados a tomar las necesarias
medidas de prevención del terrorismo y otras formas de violencia y
garantizar la seguridad de sus poblaciones. A la vez, la Comisión declaró
que los Estados están siempre sometidos a sus obligaciones internacionales
en materia de derechos humanos, derechos que están sujetos sólo a
suspensiones o restricciones que el derecho internacional permite en forma
específica cuando la vida de la nación se ve amenazada. En este sentido,
la Comisión rechazó de manera categórica toda noción de que el derecho
internacional sea irrelevante o inaplicable a la campaña contra el
terrorismo iniciada después del 11 de septiembre.
Al alcanzar estas conclusiones, la Comisión reconoció la relación
de interdependencia entre el mantenimiento de la seguridad del Estado y la
protección del estado de derecho y de los derechos humanos fundamentales.
Sin las necesarias garantías de seguridad contra el terrorismo y otras
amenazas a la población de la región, el estado de derecho y los derechos
humanos fundamentales no puede garantizarse efectivamente. Al mismo tiempo,
según la experiencia de la Comisión, cuando los Estados han sacrificado
los derechos humanos fundamentales en nombre de la lucha contra el
terrorismo, el estado de derecho y las libertades democráticas se erosionan
y, en última instancia, en lugar de limitarse los objetivos del terrorismo,
ellos se ven acrecentados. Así, el mantenimiento de la seguridad y la
protección de los derechos humanos son responsabilidades complementarias:
una no puede lograrse sin la otra.
La importancia de estos principios no se limita a contrarrestar las
amenazas de violencia terrorista, sino que más bien tiene que ver
claramente con otras iniciativas que recaen en el ámbito de consideración
de la Comisión de Seguridad Hemisférica. En los esfuerzos destinados a
aumentar la cooperación multilateral en campos tales como el de combatir el
crimen organizado, por ejemplo, puede aprovecharse a modo de guía la
inveterada jurisprudencia relativa al imperio de la ley y la administración
de justicia. El procesamiento de crímenes que socavan la seguridad y los
derechos humanos de una población es crucial para evitar la impunidad. De
la misma forma, la Comisión ha enfatizado el hecho de que los Estados
tienen el deber de utilizar todos los medios legales de que dispongan para
combatir esas situaciones, puesto que la impunidad ampara la repetición crónica
de las violaciones de los derechos humanos y constituye también uno de los
factores más importantes que contribuyen a la violencia criminal y social.
La Comisión también ha hecho hincapié en que la legislación
destinada a perseguir y castigar crímenes debe respetar los
principios de legalidad y de no retroactividad, y que los procedimientos
criminales deben estar sujetos al control judicial. Las fuerzas policiales,
que con mayor frecuencia se hallan en la primera línea de las acciones
destinadas a proteger a la población de la violencia criminal, deben estar
sujetas a un control eficaz y deben ser las beneficiarias de un
adiestramiento apropiado y constante. Los Estados tienen la obligación
particularmente estricta de asegurar que los agentes de la policía y otros
funcionarios responsables de custodiar temporal o definitivamente a personas
privadas de su libertad reciban instrucción sobre la prohibición del uso
de la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes
durante los interrogatorios, las detenciones o los arrestos. Y como la
Comisión observó en su Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, los métodos
de cooperación interestatal en la investigación, el procesamiento y el
castigo de crímenes internacionales, transnacionales o nacionales están
sujetos al debido proceso y a otras protecciones de los instrumentos de los
derechos humanos de la región. Entre estos métodos de cooperación se
cuentan la extradición de sospechosos para el procesamiento criminal, el
traslado interestatal de testigos y prisioneros en el contexto de
procedimientos criminales, y varios tipos de asistencia mutua en cuestiones
criminales.
De igual modo, las iniciativas hemisféricas para coordinar políticas
y doctrinas de defensa pueden ser ilustradas por la jurisprudencia de la
Comisión en lo que corresponde al adecuado papel de los militares y a lo
que ordena el derecho internacional respecto de las protecciones de los
derechos humanos. La Comisión ha advertido, por ejemplo, que la participación
militar en las investigaciones criminales puede poner en peligro los
derechos de los civiles y que toda intervención militar en el control de
los civiles debe estar sujeta a un estricto control y supervisión civil,
consistente con el estado de derecho. La Comisión también ha reconocido la
aplicación potencial de reglas del derecho internacional humanitario en
casos en que las amenazas a la seguridad de un Estado o región impliquen
una situación de conflicto armado, lo cual a su vez puede afectar la manera
en que se interpreten y pongan en efecto las disposiciones de los
instrumentos de derechos humanos.
La cimentación de la confianza y la seguridad es la tercera área en
la cual el sistema interamericano para la protección de los derechos
humanos puede desempeñar un papel constructivo. Tal como se observó en la
Declaración de Santiago de 1995, el respeto al derecho internacional y el
fiel cumplimiento de los tratados se cuentan entre los componentes
necesarios para desarrollar medidas que construyan confianza y seguridad.
Debe considerarse que las normas y los tratados internacionales de derechos
humanos desempeñan un papel de particular importancia en este sentido, ya
que tal como lo sugieren los propios términos de la Carta de la OEA, sólo
se puede lograr la verdadera seguridad y confianza en las poblaciones del
Hemisferio mediante la consolidación de un sistema de libertad individual y
justicia social basado en el respeto de
los derechos esenciales de la persona humana, y que inspire el
desarrollo económico, social y cultural y la erradicación de la pobreza. A
través de sus responsabilidades de supervisión del cumplimiento de los
instrumentos de derechos humanos de la región, la Comisión interamericana
refuerza el sentido de libertad y justicia de la población del Hemisferio
y, en consecuencia, fortalece la confianza y la seguridad del sistema en su
totalidad.
En estos inicios del siglo XXI, nuestro Hemisferio debe hacer frente
a nuevos y numerosos retos y
amenazas en cuanto hace a su seguridad, amenazas que deben ser entendidas en
términos económicos, ambientales y, lógicamente, humanos. Las iniciativas
emprendidas por intermedio de la Comisión de Seguridad Hemisférica son,
por tanto, cruciales para la prosperidad y el desarrollo futuros de nuestra
región. Me gustaría finalizar estas palabras expresando el apoyo de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos al trabajo de esta Comisión y
la esperanza de que el futuro nos depare otras oportunidades de dialogar.
Gracias.
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