PRESENTACIÓN DE LA LIC. MARTA ALTOLAGUIRRE, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) ANTE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLITICOS  DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

 

Washington, D.C., 28 de febrero de 2003

 

 

Buenas tardes.  En nombre de la CIDH quiero saludar y felicitar a los representantes de los Estados aquí presentes por la atención prioritaria que han decidido prestar al tema de la prevención, el combate y la erradicación del racismo y de toda forma de discriminación e intolerancia, cumpliendo así con el mandato de la Asamblea General de la OEA celebrada en junio de 2002.  También quiero extender mi saludo al Relator Especial de la ONU sobre el Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, señor Doudou Diene.  Pese a la proximidad del 59o período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el señor Doudou Diene aceptó la invitación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer ante los Comisionados durante el 117º período ordinario de sesiones y hablar sobre su mandato, sus proyectos y su inquietud de contribuir a favor de una estrategia regional de lucha contra el racismo y la discriminación.

 

La CIDH celebra que los órganos políticos de la OEA hayan decidido atender el tema en especial, y hayan iniciado un debate de fondo para determinar los pasos a seguir en el sistema hemisférico.  Asimismo, la Comisión reconoce al Gobierno del Brasil por el liderazgo que viene asumiendo para impulsar iniciativas concretas en la OEA y manifiesta su deseo de estrechar cooperación desde el enfoque que le compete.  Reitera su voluntad de cooperación hacia ésta y otras iniciativas destinadas al progreso de los derechos humanos, en el marco de su mandato

 

La Declaración y el Programa de Acción de Durban, instrumentos aprobados en la III Conferencia Mundial contra el Racismo, así como otras decisiones surgidas de la Conferencia Regional Preparatoria celebrada en Santiago, reconocen las pronunciadas desigualdades, consecuencia del racismo y de la discriminación.  Es en ese contexto que la eliminación de tales conductas se convierte en elemento indispensable para hacer efectivos las garantías y derechos protegidos por el sistema universal y el sistema regional de protección de los derechos humanos.

 

La Comisión está consciente de que, pese a algunos esfuerzos de la comunidad internacional y de los gobiernos, el flagelo del racismo y de la discriminación racial sigue siendo fuente de violaciones de los derechos humanos.  Es evidente cómo la discriminación conlleva toda una serie de desventajas y situaciones de violencia, que para el caso del individuo puede concretarse en una tragedia personal, para un grupo puede tener el efecto de la marginación, y para una nación puede significar un impedimento para superar la probreza, al mismo tiempo que incide negativamente en la efectividad de las instituciones democráticas.

 

Concretamente, el racismo y la discriminación racial menoscaban el Estado de Derecho y entorpecen el proceso de desarrollo de los países del Hemisferio.  Por ello, reconocer su presencia y confrontar su origen, es una batalla que debe ser librada por todos los medios idóneos y es por eso que en el sistema regional deben adoptarse medidas prácticas, eficaces e innovadoras para la protección de los derechos humanos de quienes sufren de cualquiera de las formas de discriminación.  En este sentido, la Comisión desea expresar en este foro su convicción sobre la necesidad de crear un instrumento específico regional para combatir el racismo y todas formas de discriminación.

 

Durante la Conferencia Regional Preparatoria de la Conferencia Mundial, celebrada en Santiago de Chile, los gobiernos americanos avanzaron sustancialmente hacia el establecimiento de un marco conceptual que orientara la lucha contra la exclusión social y la discriminación.

 

De esa manera, reconocieron el carácter multirracial, pluriétnico, multicultural y multilingüístico de las Américas; sostuvieron que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las distintas formas conexas de intolerancia agravan la condición de pobreza, marginación y exclusión social de individuos, grupos y comunidades; reafirmaron el compromiso de proteger y fomentar los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, los inmigrantes, las mujeres y las personas pertenecientes a grupos vulnerables.  Finalmente, reconocieron que el racismo y la discriminación racial son un obstáculo para el desarrollo democrático y el Estado de Derecho en el Hemisferio.

 

En la misma Conferencia, los Estados partes respaldaron la necesidad de crear una Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y formas Conexas de Intolerancia para extender el alcance de los instrumentos existentes, incluidas las disposiciones sobre nuevas formas de manifestación del racismo que reflejen las particularidades del continente americano y establezca en su contenido un mecanismo regional de seguimiento.

 

Señor Presidente:  en este marco conceptual, deseo afirmar que  el combate al racismo, la discriminación y el impulso a la plena igualdad es fundamental para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

En los últimos años, la CIDH ha ido incorporando progresivamente el tratamiento puntual de este tipo de violaciones en su agenda, y ha ido analizando situaciones de esa naturaleza, tanto a nivel colectivo en ocasión de los informes de país como a nivel individual en el conocimiento de peticiones y casos.

 

Permítaseme expresar que, en el análisis de varios casos individuales, la Comisión ha manifestado que el principio de la no discriminación es uno de los puntales que debe sostener todo sistema democrático y el sustento fundamental de protección de la OEA.  En ese orden de ideas, la Comisión ha enfocado el tema de los derechos humanos de los afrodescendientes, los indígenas, los migrantes y otros grupos vulnerables.  De la misma forma, la Comisión ha señalado en sus informes que la falta de progreso, o peor aún, el retroceso en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, acentúa las desventajas que afectan a esos grupos acentuando la pobreza entre ellos.

 

Desde esta perspectiva de renovado interés en el combate a la discriminación racial, la Comisión expresa su apoyo al progreso normativo en materia de derechos humanos tendiente a ampliar el grado de protección reconocido internacionalmente y manifiesta su apoyo a la creación de una Convención de lucha contra la discriminación racial en el Sistema Interamericano, la que vendría a fortalecer la estrategia global y regional en esta materia.

 

La adopción en el sistema regional de instrumentos que reiteran o precisan normas contenidas en instrumentos internacionales del sistema universal no es un hecho nuevo.  La propia Convención Americana sobre Derechos Humanos fue aprobada 3 años después del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura sigue el mismo camino, y el Protocolo de San Salvador fue adoptado con posterioridad al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

 

De hecho, en el sistema internacional de protección de los derechos humanos es común la existencia de normas paralelas sobre el mismo tema, que se complementan.  Esas normas no se superponen, sino antes bien, reflejan ciertas particularidades de la región, fortalecen la protección de derechos y amplían los mecanismos de verificación, de acuerdo a los rasgos inherentes del sistema regional.

 

          La Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial fue creada hace más de 30 años y reflejó las preocupaciones de un momento histórico, cuando había especial preocupación por el apartheid.  En el momento actual se enfrentan nuevas formas, manifestaciones y expresiones de intolerancia, racismo y discriminación racial, que colocan en el tiempo la necesidad de una Convención regional para combatir en forma más eficaz estos nuevos matices de la discriminación, reflejando las particularidades del continente americano.

 

La Comisión también observa que en los Estados americanos existe una gran disparidad legislativa en cuanto a la tipificación de la discriminación racial y del racismo, como figura penal, así como en relación a los remedios y recursos para las víctimas de tales prácticas.  De esta forma, la Comisión entiende que el advenimiento de una Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y formas Conexas de Intolerancia serviría también como marco preferencial de los principios que deban guiar a los Estados miembros de la OEA para  adecuar su legislación nacional a los pricipios establecidos para protección contra la discriminación y el racismo, contribuyendo con ello a fomentar el respeto a los derechos humanos en las Américas.

 

El desarrollo normativo de este tema en el sistema regional significaría garantizar más y mejor los derechos ya reconocidos.  Los documentos de Santiago de Chile y de Durban deben servir como marco conceptual y legal para las deliberaciones futuras sobre una Convención y también es pertinente recomendar la consideración de la doctrina y jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte.

 

Como se dijo en pronunciamientos anteriores, si se tomara la decisión de crear una Convención en el ámbito regional sería imperativo que el instrumento incluyera la facultad de la Comisión para supervisar el cumplimiento de sus preceptos, en forma similar al contenido aprobado por la OEA en la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Desaparición Forzada y el Protocolo de San Salvador.  Es importante que el nuevo instrumento otorgue a las víctimas de discriminación racial el derecho de petición individual que concretamente consolida la capacidad procesal individual y amplía el marco de protección a los derechos especialmente protegidos.

 

Finalmente, es fundamental que el proceso de análisis del proyecto de Convención sea lo más abierto posible para contar con el beneficio de las distintas visiones, en particular, las originadas en las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las que cuentan con experiencia en la materia. La Comisión entiende que la voz de las víctimas principales de la discriminación racial en el Hemisferio debe ocupar un lugar importante.

 

Asimismo, es oportuno que los órganos de protección del sistema, la Comisión y la Corte Interamericana, sean escuchados, dada su experiencia en la definición y aplicación de normas de derechos humanos.  La Comisión, desde ya, se pone a disposición de ustedes para asistir a los gobiernos en el proceso de deliberaciones sobre una eventual convención.

 

En años recientes, los aportes de esta Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos han contribuido significativamente en el desarrollo de estrategias para impulsar temas de relevancia a las relaciones hemisféricas y la iniciativa que hoy se presenta en este foro puede constituir otra destacada contribución.

 

En el marco del compromiso común de erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, a fin de procurar mayor bienestar y promover sociedades tolerantes e incluyentes, la Comisión Interamericana entiende que la CAJP puede impulsar esta iniciativa por diversos mecanismos, uno de los cuales podría ser la creación de un grupo de trabajo sobre la situación de los afrodescendientes en el Hemisferio.  Este grupo de trabajo u otro mecanismo similar proporcionaría el espacio para discutir las mejores estrategias para combatir la discriminación racial y superar las secuelas de las que han sido víctimas los afrodescendientes en nuestra región, tal como lo han reconocido los gobiernos participantes en la Conferencia Regional en Santiago.  Cabe señalar que, a criterio de la Comisión, en dicho espacio será fundamental el aporte a ese grupo de trabajo de los países con población mayoritariamente afrodescendiente.  Su experiencia histórica podría ayudar a que se comprenda a cabalidad la situación y a identificar las mejores estrategias para la construcción de sociedades más respetuosas de la igualdad de todos los seres humanos.  La CIDH ofrece su asistencia técnica para trabajar con la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en cualquier instancia que se determine para atender de forma efectiva la situación de los afrodescendientes.

 

Para concluir, deseo reiterar el apoyo de la Comisión a los Estados miembros de la OEA en esta iniciativa destinada a mantener vivo el espíritu que guió los trabajos de Chile y a continuar el diálogo sobre una estrategia común para la erradicación del racismo y la discriminación racial en nuestro hemisferio.

 

Muchas gracias.