DISCURSO DE CLARE K. ROBERTS,

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

EN LA INAUGURACIÓN DEL 122º PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES

Jueves 24 de febrero de 2005

Washington, D.C.

Excelentísimo señor Embajador Manuel Cáceres, Presidente del Consejo Permanente de la OEA, Excelentísimo señor Embajador Luigi Einaudi, Secretario General Interino, distinguidos representantes de los Estados Miembros de la Organización y señores observadores.  Estimados colegas, señoras y señores:

Tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi calidad de Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ocasión de esta ceremonia de inauguración de nuestro 122º período ordinario de sesiones.  Es para mí un placer contar con la presencia de mis compañeros, Susana Villarán, Primera Vicepresidenta, Paulo Sérgio Pinheiro, Segundo Vicepresidente, José Zalaquett, nuestro último Presidente, y los Comisionados Evelio Fernández, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.  También contamos con la presencia del señor Santiago Cantón, Secretario Ejecutivo de la Comisión, y de los miembros del personal de la Secretaría Ejecutiva. 

          Tengo el honor de asumir la Presidencia de la Comisión, tras haber sido elegido por mis compañeros y miembros de la misma, durante este período de sesiones.  Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer referencia a la labor realizada por la Comisión durante el último año bajo la presidencia de mi predecesor José Zalaquett.  También deseo reconocer el excelente liderazgo de la Comisión durante un período difícil.

Quisiera empezar mencionando algunos avances importantes que hemos observado en la región con respecto a los derechos humanos: la presentación de un amplio programa nacional de derechos humanos en México; la aprobación de reformas constitucionales en Brasil tendientes a modernizar el sistema judicial y a ampliar los mecanismos judiciales disponibles para combatir la impunidad por violaciones de derechos humanos; la realización exitosa de un referendo en Venezuela, a pesar de las condiciones de extrema polarización; los esfuerzos emprendidos por Chile, Argentina y Paraguay para investigar y sancionar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos; el reconocimiento de responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto por parte de Guatemala como Perú en casos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos; la firma de un acuerdo de solución amistosa en casos de desaparición forzada que ocurrieron durante la guerra civil en Honduras; la reafirmación en los Estados Unidos del derecho de contar con un recurso o revisión judicial en casos de detención de ciudadanos o personas calificadas como combatientes enemigos en el marco de la guerra contra el terrorismo; la atención que se ha prestado en Jamaica a los cambios legislativos referentes a la aplicación de la pena de muerte; y en Colombia, la posibilidad de que se reabran las investigaciones criminales con base en las decisiones de órganos internacionales, así como la confirmación judicial de la necesidad de cumplir con las medidas cautelares emitidas por la Comisión. 

Al mismo tiempo, hay muchos desafíos pendientes en cuanto a la situación de los derechos humanos en la región, donde seguimos enfrentándonos a problemas desde hace mucho tiempo referentes a la impunidad en casos de violaciones de los derechos humanos (por ejemplo, en casos de tortura y  ejecuciones extrajudiciales); la detención arbitraria; el desarrollo insuficiente del poder judicial en la mayoría de los países de la región y, en algunos países, los ataques contra la independencia e imparcialidad del poder judicial; las condiciones de detención inhumanas en las prisiones; y una mentalidad represiva, a menudo respaldada por la opinión pública, que defiende la “mano dura” como un medio para combatir la creciente delincuencia en la región, sin atender debidamente las causas del problema. 

La región sigue estando afectada por crisis políticas, económicas y sociales en muchos países.  Estos problemas revelan la fragilidad institucional del estado de derecho y la precariedad del proceso de consolidación democrática en el Hemisferio.  En algunos casos, la respuesta policial a las demostraciones populares provocadas por las condiciones económicas y sociales ha estado caracterizada por un uso excesivo de la fuerza, polarizando aún más las divisiones políticas.   

          Por lo menos 221 millones de personas, es decir, el 44% de la población total de América Latina vive en la pobreza.  De estas, 97 millones viven en condiciones de extrema pobreza o indigencia.  En este sentido, América Latina sigue siendo la región con los peores indicadores en lo que concierne a la distribución de ingresos.  Esta situación económica, los elevados niveles de pobreza y las profundas desigualdades en la región constituyen obstáculos que impiden el goce eficaz de los derechos económicos, sociales y culturales, y tienen un impacto negativo en la eficacia de muchos derechos civiles y políticos. 

          Además, la delincuencia y la inseguridad ciudadana han alcanzado niveles alarmantes en varios países. La inseguridad generada por los altos niveles de delincuencia y la creciente desigualdad han provocado, en algunos casos, que se dependiera cada vez más de métodos policiales represivos.  En este contexto, el uso de la tortura y la fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad sigue siendo motivo de gran preocupación en varios países de la región.

          En este contexto de desafíos pendientes, el sistema interamericano de derechos humanos cuenta con las herramientas necesarias para colaborar con los Estados hacia el logro de sociedades caracterizadas por un respecto cada vez mayor de los derechos humanos y por la existencia de los sistemas de libertades que acompañan a la democracia.  Para esto, necesitamos apoyo político, independencia, autonomía y los recursos apropiados. 

          En cuanto al apoyo político, la Comisión cuenta con al apoyo constante y sostenido de la gran mayoría de los Estados Miembros.  Una señal de esto es el importante proceso de reflexión sobre el sistema que se ha estado realizando en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, así como las resoluciones de la Asamblea General con respecto al fortalecimiento del sistema.

          Con respecto a nuestra independencia y autonomía, la situación preocupante de hace unos meses atrás, en la que el entonces Secretario General emitió una orden ejecutiva que establecía una nueva estructura para la Secretaría General de la OEA que afectaba la independencia y autonomía de la Comisión, fue un asunto de conocimiento público. 

          Afortunadamente, el Secretario General Interino, el Embajador Luigi Einaudi, emitió una nueva Orden Ejecutiva que solucionó esa situación.  Quiero expresar nuestro agradecimiento al Embajador Einaudi, a los Estados Miembros y a los miembros de la sociedad civil por su apoyo a la Comisión en unos momentos delicados que pusieron a prueba su capacidad de cumplir con el importante mandato que le han encomendado los Estados Miembros de la OEA.   

El problema fundamental al que se enfrenta la Comisión guarda relación con sus recursos humanos y capacidad presupuestaria. Recibimos nuevas peticiones y nuevo mandatos constantemente.  El sistema de peticiones es un ejemplo muy concreto.  El número de peticiones presentadas ha aumentado a un ritmo constante, en 2003 la Comisión recibió 1080 peticiones, y en 2004 ese número aumentó a 1329.  Si se comparan las peticiones recibidas en 2000 con las recibidas en 2004, el número se ha doblado.  Sin embargo, en proporción inversa, contamos con menos personal y un presupuesto reducido.  La situación de crisis es tal que, por primera vez en la historia, la Comisión se vio obligada a tomar la decisión de cancelar su período ordinario de sesiones programado para octubre del año pasado.  El período de sesiones finalmente se celebró por medio de una asignación extraordinaria de recursos que se recibieron a última hora.  Actualmente, tenemos esas mismas limitaciones presupuestarias y no estamos seguros de si podremos llevar a cabo el segundo período ordinario de sesiones programado para otoño de este año.

La Comisión tiene, por supuesto, conocimiento de la crisis financiera a la que se enfrenta actualmente la OEA.  A su vez, el porcentaje del presupuesto regular de la OEA que se asigna a la Comisión es 3,8%.  Reiteramos respetuosamente nuestra solicitud de que se solucione rápidamente esta situación insostenible en la que se encuentra la Comisión.

Volviendo al tema fundamental del fortalecimiento del sistema regional de derechos humanos, quisiera reiterar la importancia de lograr la ratificación universal de los tratados regionales de derechos humanos.  Otra prioridad en este sentido es lograr un mayor cumplimiento de las decisiones de la Comisión y Corte Interamericanas.  Con respecto al cumplimiento de las decisiones de la Comisión y la Corte, es importante destacar que hemos observado mejoras importantes en este sentido.  La situación, sin embargo, esta lejos de ser la ideal, y aún es necesario que los Estados Miembros asuman plenamente su papel como garante colectivo del sistema.

Con respecto al fortalecimiento del sistema, también quisiera recordar que, como la mayoría de ustedes saben, la Comisión ha emprendido un proceso de reflexión sobre su papel institucional y las respuestas más eficaces a los desafíos actuales a los que nos enfrentamos para lograr una mayor protección y respeto de los derechos humanos de todo hombre, mujer y niño en la región.  Como parte de este proceso, compartiremos nuestras conclusiones con los Estados Miembros y representantes de la sociedad civil.

Me complace especialmente mencionar que los esfuerzos por crear una Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas Afrodesdencientes y contra la Discriminación Racial están empezando a dar fruto. 

Con respecto a este período ordinario de sesiones, la Comisión ha planeado un intenso programa de actividades.  Como es habitual, dedicaremos la mayor parte de nuestro trabajo al estudio y revisión de informes sobre peticiones individuales y casos relacionados con diferentes países del Hemisferio.  Los asuntos a considerar incluyen 30 informes sobre admisibilidad y 14 sobre el fondo.  Para la segunda semana de este período de sesiones de tres semanas, la Comisión ha organizado más de 40 audiencias sobre casos y peticiones individuales y sobre la situación de los derechos humanos en el Hemisferio, abarcando cuestiones generales o temas específicos relacionados con el mandato de la Comisión.  Además, la Comisión está actualmente finalizando su Informe Anual en el que da cuenta de la labor realizada durante 2004, así como la planificación de las actividades que se llevarán a cabo a lo largo de 2005.  Quisiera agregar que, además de los trabajos relacionados con nuestro período ordinario de sesiones, la Comisión también está trabajando en varios casos que la Corte Interamericana contemplara durante el período de sesiones que iniciará el 28 de febrero de 2005.

Quisiera expresar mi agradecimiento a todos ustedes por su constante apoyo a la Comisión y por su presencia en esta ocasión, y declarar oficialmente abierto este 122˚ período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.