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DISCURSO PRESENTADO POR LUZ PATRICIA MEJÍA
GUERRERO,
11 DE NOVIEMBRE DE 2009
Sr. Presidente del Consejo Permanente, Luis Alfonso Hoyos.
Sr. Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza,
Sra. Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cecilia Medina,
Señores representantes de los Estados miembros, invitados e invitadas especiales, representantes de Organizaciones no Gubernamentales de derechos humanos, activistas y luchadores y luchadoras sociales, miembros de la academia, estudiantes, señoras y señores.
Esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente es una ocasión oportuna para hacer una remembranza de la historia del sistema interamericano de derechos humanos. Hace ya 60 años, los Estados aquí presentes marcaron un hito al firmar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, como un primer paso a nivel regional, en la construcción de nuestro sistema de protección de los derechos humanos.
Sin embargo, como lo ha demostrado la historia, las palabras no son suficientes y por ello era necesario crear un órgano que tuviese como mandato promover y proteger los derechos humanos de todos los habitantes de las Américas, para que su suerte no quedara totalmente dependiente de las vicisitudes de la violencia, de los abusos de poder y de las guerras civiles que azotaron con gran intensidad a muchos de nuestros países hace unas pocas décadas.
Es durante la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago de Chile en agosto de 1959, donde se destaca específicamente la relación entre violaciones de derechos humanos y el ejercicio de la democracia y estos factores en su relación con las tensiones políticas que se vivían para la época en el continente.
A partir de ello, se determina como necesaria la creación de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nace entonces de un consenso a favor de la protección internacional de los derechos humanos, y con el objetivo de promover su respeto, entendiéndose como tales, aquellos derechos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En razón de ello, en 1960, se aprobó el Primer Estatuto de la Comisión y se eligió a sus siete primeros miembros el 29 de junio del mismo año. Desde esa fecha a esta parte, múltiples modificaciones y reformas han tenido los instrumentos jurídicos que la han regulado, con el propósito de fortalecer sus competencias y atribuciones y con ello la protección y defensa de los derechos humanos de los pueblos del continente.
Este año, se han cumplido 61 años de la adopción de la Declaración Americana, 50 años de existencia de la CIDH, 40 años de la adopción de la Convención Americana, 31 años de su entrada en vigencia y 30 años de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchos años sumando la experiencia de dos órganos y de las bases propias de un Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que se crea y desarrolla con el objetivo de contribuir a consolidar en este Continente, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales, reconociendo que sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.
Un breve recorrido histórico de sus primeras actividades, los retos que ha enfrentado desde hace 50 años y los retos y dificultades que afrontamos hoy en día, nos permite poner en perspectiva las complejidades que supone el cumplimiento de nuestra labor.
Además de las dificultades propias que entrañaba la creación de un organismo de esta naturaleza en un mundo bipolar, donde las tensiones políticas derivadas de las mismas impactaban en las diferentes lecturas de cómo garantizar los derechos humanos, la Comisión también se enfrentó al poco tiempo de su entrada en funcionamiento, a regímenes de facto o autoritarios que cercenaron gravemente los derechos humanos llamados a defender.
El Primer Informe General presentado por la Comisión en 1970, nos ilustra alguna de las preocupaciones de la época y lo circular de nuestra historia reciente y quizás hasta de nuestro remoto pasado. En este primer Informe, la CIDH reflejaba su profunda preocupación con aspectos vinculados con actos de violencia que representaban graves “atentados contra los derechos esenciales del hombre”.
El informe llamaba a la adopción de medidas para proteger contra el terrorismo, el derecho a la vida, a la libertad personal, vulnerado con frecuentes secuestros y detenciones arbitrarias, y el derecho a la integridad, afectado con torturas y tratamientos crueles.
El Informe también destacaba la necesidad de tomar medidas apropiadas “para acelerar los procedimientos penales y obtener el juzgamiento de las personas acusadas sin dilaciones injustificadas y mejorar los sistemas penales, a fin de que las prisiones cumplan sus fines de readaptación y no se inflijan tratamientos inhumanos o degradantes a los detenidos”.
Por otra parte, destacaba la Comisión la “urgente necesidad” de intensificar las medidas para abolir la discriminación racial, “eliminando las causas económicas, sociales y culturales que la originan”; la tarea urgente de asegurar la plenitud del principio de igualdad de la mujer; y la eliminación de toda clase de restricciones a la libertad de investigación, opinión, expresión y difusión, sin perjuicio de un régimen jurídico de responsabilidad por los abusos.
Todas estas medidas serían ineficaces, señalaba el informe, “si no se dedica el máximo esfuerzo al logro de las metas básicas destinadas a acelerar el desarrollo económico y social”, dedicando todos los medios para que toda persona tenga acceso a la educación y para eliminar el analfabetismo; siendo también “de apremiante urgencia la aceleración de los procesos de reforma agraria inspirados en el Artículo 23 de la Declaración Americana, y el progreso de todas las medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, al vestido, la vivienda y la asistencia médica”.
Resulta sorprendente ver los paralelismos de la historia, este año durante la presentación de nuestro Informe Anual, señalábamos la importancia de que en el continente estuviésemos representados por gobiernos democráticos, al mismo tiempo que destacábamos la importancia de que en el continente cada vez más, la democracia participativa se fortaleciera a través de distintas manifestaciones que incluyen un importante avance en el constitucionalismo de los derechos humanos en la región.
Sin embargo, señalábamos también, que nuestra región seguía siendo el continente más inequitativo del mundo y que en ese contexto, aun cuando muchos de los países de la región han mejorado sustancialmente en indicadores sociales, el desempleo, la ocupación informal con incidencia directa en el acceso a la seguridad social, el acceso a la educación primaria y secundaria, siguen siendo realidades que afectan de manera desproporcionada a los sectores menos favorecidos, donde se encuentran especialmente los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los residentes rurales, con un impacto adicional en las mujeres.
Durante el año 2008, la CIDH recibió 1.279 peticiones, de las cuales el 62% estaban relacionadas con denuncias sobre violación del derecho a la justicia y a la protección judicial, eje principal de las preocupaciones planteadas durante el informe de 1970 y sus años posteriores.
A esta Comisión que cumple 50 años le corresponde entonces asumir además de estos desafíos, la defensa vigorosa de los derechos económicos, sociales y culturales, el análisis profundo de la responsabilidad no sólo estatal de estos derechos y desarrollar además una amplia gama de mecanismos que profundicen las luchas contra la discriminación y la exclusión social. Retos que como hemos señalado, siguen siendo los grandes desafíos del milenio.
Esta lectura, pone de manifiesto cuán arduo nos ha resultado a todos y a todas sostener, defender, y mantener los derechos ya alcanzados y seguir construyendo la senda de la dignidad humana.
Evidentemente, como hemos señalado, no todo han sido obstáculos, también han habido importantes avances en los objetivos planteados, la CIDH ha tenido un papel protagónico en la región, mediante sus visitas e informes temáticos sobre la situación de los derechos humanos en los países miembros de la Organización, así como en el trabajo de casos y en las actividades de las Relatorías.
En este transitar, la Comisión ha contribuido en muchos casos a la disminución de la impunidad y a la protección de sectores vulnerables de la región, así como también ha contribuido en el establecimiento de pautas y principios para el mejoramiento de los derechos civiles y políticos establecidos en la Convención y en la Declaración Americana, todo ello, en un marco de respeto por las garantías fundamentales de las personas y desde la perspectiva del papel esencial del Estado como principal garante de los derechos humanos.
Sólo revisando la historia críticamente podemos aprender de los errores cometidos. Bajo el clima de polarización global de los sesenta, setenta y ochenta, las dictaduras fueron abierta o encubiertamente toleradas, mientras se acordaba la persecución de las manifestaciones de descontento popular y las propuestas políticas centradas en demandas de mayor justicia social. En esos casos la Comisión jugó un rol fundamental denunciando lo ocurrido y dejando registros para la historia del continente de hechos que esperábamos no volver a revivir.
Sin embargo, como hemos señalado, este año justo en los mismos días en que cumplíamos 50 años, visitamos Honduras y constatamos la ruptura de la vigencia de la democracia lo cual planteamos en nuestro informe preliminar sobre los derechos humanos en este país luego del golpe de Estado. De nuevo volvimos a constatar no sólo que la historia es circular, sino la verdad histórica que arroja la práctica de la Comisión: solo mediante violaciones masivas a los derechos humanos se pueden sostener los regímenes que niegan la legítima participación popular.
En este escenario, la defensa de la democracia y la profundización de los mecanismos de participación popular se convierten en un imperativo mayor para el Sistema de Protección de Derechos Humanos y los Sistemas de Fortalecimiento Democráticos impulsados por la OEA y el resto de la comunidad internacional.
Estamos convencidos que a través de mecanismos de justicia inclusivos y de la participación política de los más pobres podrá avanzarse hacia el logro de la justicia social, que no es otra cosa que la otra cara de la democracia - pues no hay democracia donde persisten los índices más graves de desigualdad económica y la negación de los derechos sociales básicos a grandes sectores de población.
De ahí el valor histórico de la respuesta unitaria de la OEA, que ha validado de manera enérgica el compromiso hemisférico con los derechos humanos y la democracia, al condenar sin miramientos el golpe de Estado en Honduras, y al implementar medidas para asegurar el retorno al orden constitucional y democrático violentado.
Solo la solidez y continuidad de una actuación como ésta de concierto inequívoco de gobiernos y órganos hemisféricos en defensa de los valores de derechos humanos, justicia social y democracia que sustancian sus cartas respectivas, lograremos seguir avanzando eficazmente hacia la misión conjunta de asegurar sociedades efectivamente centradas en la lucha por la dignidad de todos y todas por igual – hombres y mujeres, niños y niñas, adultos mayores de todas las razas, nacionalidades y credos y frenar o intentar erradicar los oscuros nubarrones que pretenden empañar los importantes avances de estos 50 años.
Es nuestro desafío como comisionados, en este 50 aniversario de la Comisión, mantener ese rumbo desde el cumplimiento eficaz de nuestra misión, asegurando la progresiva apertura de los mecanismos de protección a nuestro alcance a todos los sectores y a todos los pueblos que conforman el hemisferio – y que luchan y participan, a diario, para conquistar las condiciones para ejercer su dignidad en igualdad y democracia.
Para terminar, quiero hacer una especial mención a las víctimas y agradecer a todos los que luchan por los derechos humanos la oportunidad de llenar de mayor contenido el significado propio de estas palabras. La dignidad y el coraje de los testimonios de vida de sobrevivientes y luchadores sociales, traen a estos salones el clamor de justicia de las víctimas – para no olvidar nunca, y para asegurar que todos aprendamos las terribles lecciones de la historia reciente de nuestros pueblos, para que NUNCA MÁS se repitan.
Igualmente, no quiero concluir este discurso sin reconocer el valioso aporte de los Comisionados Clare Roberts, Florentín Meléndez, Víctor Abramovich y Paolo Carozza, quienes a fines de este año culminan su mandato y darle asimismo la bienvenida a los Comisionados Electos Dinah Shelton, José de Jesús Orozco y Rodrigo Escobar Gil.
Muchas gracias |
