DISCURSO DE PAOLO CAROZZA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

EN LA SESIÓN INAUGURAL DE SU

133º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

20 de octubre de 2008

Señor Presidente del Consejo Permanente, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, honorables representantes permanentes y observadores, señoras y señores, estimados colegas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su Secretaría:

          Es un honor dirigirme a ustedes en esta ceremonia inaugural de apertura de nuestro 133º Período Ordinario de Sesiones. Hoy están conmigo Luz Patricia Mejía, Primera Vicepresidenta de la Comisión; Felipe González, Segundo Vicepresidente, y miembros de la Comisión Víctor Abramovich, Florentín Meléndez, Paulo Sérgio Pinheiro y Clare Roberts. También nos acompañan Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y profesionales de la Secretaría Ejecutiva.

          El período de sesiones que acabamos de comenzar cuenta con un intenso programa de actividades. Como es habitual, buena parte de nuestro trabajo será dedicado a estudiar y considerar casos individuales de los diversos países del hemisferio, así como informes y documentos de carácter más general, en que se abordan las situaciones de derechos humanos de la región. A partir del miércoles, la Comisión celebrará 57 audiencias sobre casos y peticiones, y sobre varias situaciones acuciantes de derechos humanos, a la vez que presidirá un total de más de 57 reuniones de trabajo encaminadas primordialmente a facilitar soluciones amigables entre los Estados miembros y los peticionarios y a avanzar en la implementación de las recomendaciones de la Comisión a los Estados miembros en casos específicos. Además, en este período, consideraremos más de 50 proyectos de informes sobre casos individuales.

Geográficamente, nuestra labor en estas sesiones se relaciona con prácticamente todos los países del Hemisferio, lo que nos recuerda que ninguna nación debe dar por sentada la plena garantía de los derechos humanos de su pueblo y que debemos seguir siempre vigilantes contra el riesgo de violación de esos derechos. Los derechos humanos pueden ser violados y, a veces, es indudable a veces lo son, inclusive en lugares donde, en general, imperan la democracia y el Estado de derecho, o en lugares donde, afortunadamente, los peores abusos de antiguos regímenes criminales son cosas del pasado. En este sentido, el sistema interamericano de derechos humanos es socio activo de los gobiernos en la protección y garantía efectivas de los derechos humanos en todos los Estados miembros, y no simplemente un observador pasivo del régimen democrático.

En esencia, la gama de cuestiones de derechos humanos que examinará la Comisión en estas audiencias, casos e informes comprenderá una amplia diversidad de inquietudes. Muchas son específicas de las circunstancias y condiciones particulares de países miembros de la región. Sin embargo, ciertos temas surgen como un hilo que une a muchas partes del hemisferio. Por ejemplo, superar la impunidad y otorgar reparaciones por violaciones de los derechos humanos en el pasado, especialmente violaciones sistemáticas de los derechos a la vida y a la integridad física, sigue siendo un gran desafío en muchos de nuestros países. Además, la seguridad ciudadana es hoy precaria en buena parte de la región, amenazada tanto por fuerzas del Estado como por grupos que no estatales. Es especialmente inquietante que, ante la diversidad de modalidades de violencia, ciertos sectores dentro de la sociedad a menudo son excluidos de la protección efectiva del estado de derecho: las mujeres, los niños, los migrantes y los grupos minoritarios, por ejemplo. En tercer lugar, la falta de debido proceso, la incapacidad institucional de los sistemas judiciales y las amenazas a la independencia de los jueces y de otros actores de la administración de justicia, contribuye a hacer que el acceso a garantías judiciales efectivas de los derechos humanos sea uno de los problemas más generalizados y persistentes de las Américas. Finalmente, el reto de fortalecer la democracia representativa, que ha sido siempre uno de los pilares del sistema interamericano, genera numerosos problemas críticos para la libertad de expresión y asociación, para el derecho a la participación política, y torna evidente la necesidad de enfrentar el hecho de que vastos sectores de la población de la región permanecen sistemáticamente excluidos de la plena participación en la vida material y social de sus países.

Al enfrentar estos problemas, el papel de los defensores de los derechos humanos es indispensable, y es por ello importante resaltar que muchos de los casos, audiencias, informes y solicitudes de medidas cautelares actualmente ante la Comisión, surgen del acoso y la intimidación a los defensores de los derechos humanos o de restricciones legales irrazonables a su organización y actividad. Dichas situaciones plantean graves peligros, no sólo para las personas y organizaciones directamente afectadas, sino también para la promoción y protección de los derechos humanos en el conjunto de las sociedades en que actúan.

Resultará evidente para todos los observadores de la situación de derechos humanos del hemisferio y de las instituciones interamericanas, que la profundidad y amplitud de estos desafíos hacen enorme la tarea de la Comisión, y exigen tiempo, energía y recursos en abundancia. De hecho, las exigencias han aumentado sustancialmente por los éxitos históricos que hemos logrado hasta ahora en la construcción y consolidación de un sistema regional de derechos humanos que goce de credibilidad. La dinámica y la evolución de la realidad de la región y del propio sistema de derechos humanos exigen también adaptación y flexibilidad en los instrumentos, estructuras y procesos que la Comisión emplea para la consecución de su mandato. En consecuencia, la Comisión debe asegurar constantemente y en la medida de sus posibilidades, funcionar con la máxima eficiencia y voluntad de cambio. Por ello seguimos empeñados en un proceso permanente de reexamen de normas, métodos y prácticas, siempre abiertos a recibir y atender las preocupaciones pertinentes de todas las partes interesadas del sistema interamericano de Derechos Humanos. En particular, la Comisión reconoce que la enorme acumulación de casos pendientes es un problema real y urgente que la Comisión debe resolver para continuar su trabajo con credibilidad y efectividad. Esa acumulación de casos genera problemas de equidad, pues las partes esperan por períodos de tiempo poco razonables para la solución de sus reivindicaciones, y amenaza con apartar la labor general de la Comisión de los problemas más actuales de derechos humanos que tenemos por delante. Una reciente reorganización del trabajo de la Secretaría y otras reformas destinadas a maximizar nuestra eficiencia en el trámite de los casos, están ayudando a atenuar este problema, y la Comisión seguirá procurando otras formas de abordarlo con prudencia  y en consultas totalmente abiertas. Entre las reformas que están en proceso -como ustedes saben- se encuentran las vinculadas a la interrelación entre la Comisión y la Corte. Las conversaciones con la Corte y al interior de la Comisión han avanzado en este terreno, y seguimos esperando que pronto se puedan presentar las reformas normativas a consulta pública.  Finalmente, somos conscientes de que distintos Estados miembros han impulsado por iniciativa propia varios procesos para definir y analizar posibles reformas al sistema; acogemos con agrado esos esfuerzos, en tanto están orientados al fortalecimiento del nivel de protección de los derechos humanos en el Hemisferio.

Sin embargo, aunque las reformas de nuestras normas y prácticas son importantes, debemos ser muy claros en cuanto a que la salud institucional del sistema interamericano de derechos humanos no se mantendrá centrándose únicamente en algunos problemas de procedimiento o formales, o en incrementos marginales de la eficiencia. Es, fundamentalmente, una cuestión de compromiso político de los Estados miembros que crearon el sistema y que acordaron hacer de los derechos humanos uno de los pilares de la cooperación regional de las Américas. Ninguna regla fija de la Comisión podrá sustituir la necesidad de que los gobiernos de la región implementen efectivamente las normas del sistema interamericano y las recomendaciones y decisiones de sus órganos constitutivos. Los tratados básicos del sistema todavía no cuentan con aceptación universal, y esta debe ser una gran prioridad. Inclusive en los países en que son aceptados, el incumplimiento es un hecho generalizado que debe ser reconocido en forma abierta y decidida. Algunos Estados miembros se niegan a permitir a la Comisión o a sus relatores un acceso libre e incondicional a sus territorios. En términos más generales, la ausencia de un mecanismo político de supervisión –como el que existe en la región europea, por ejemplo- es una falla estructural crítica de nuestro sistema. La mínima participación del Consejo Permanente en la cuestión de la implementación y el cumplimiento es una seria debilidad. Los cuatro minutos de tiempo de la Asamblea General que se dedica a la presentación del informe anual de la Comisión, en el último momento y sin el menor debate, debería francamente ser  considerado como una farsa política.

De manera más inmediata, la falta de compromiso político adecuado con la efectividad de los derechos humanos en el hemisferio se ve reflejada en la persistente insuficiencia de respaldo financiero al sistema. La asignación de la Comisión, proveniente de los fondos generales de la OEA, constituye apenas 4% del presupuesto global de la Organización. Y más elocuente aún es que ese monto no alcanza para cubrir siquiera el 50% de la actividad corriente de la Comisión. Sin el apoyo y el compromiso de los Estados de nuestra región y de fuera de ella que han ayudado a financiar la labor de la Comisión mediante generosas contribuciones especiales, nuestro trabajo se reduciría de inmediato a la mitad. Esto es verdad, en momentos en que resulta cada vez más evidente que aún la realización del más elemental de los mandatos de la Comisión, como sencillamente tramitar las peticiones y los casos y celebrar su período ordinario de de sesiones de seis semanas por año, no puede hacerse efectivo sin un aumento muy sustancial de los recursos humanos y financieros de la Comisión –incluido el tiempo que la Comisión puede dedicarse a sesionar. Mucho se ha debatido en años recientes la importancia de la autonomía de la Comisión, y agradecemos el firme respaldo que muchos Estados miembros y el Secretario General le han dado a este principio. Pero la autonomía de la Comisión debe ser afirmada más allá de las palabras. A largo plazo, la Comisión no tendrá autonomía si no se le garantiza también su autonomía financiera.

Distinguidas autoridades, estimados colegas y amigos:

Es vital para los intereses de todos nosotros –Estados miembros, instituciones regionales, sociedad civil y todos los pueblos del hemisferio- construir y mantener un sistema sólido y sano de protección y promoción de la observancia de los derechos humanos. El reconocimiento de la dignidad de la persona humana con que empieza la Declaración Americana y que fue desarrollado y profundizado en la Convención Americana y en otros instrumentos regionales de derechos humanos, es el cimiento de las “instituciones democráticas, de un sistema de libertad personal y de la justicia social” en todo nuestro hemisferio.  La Comisión promete seguir trabajando en estas sesiones en pos de ese ideal, y contamos con el apoyo y la colaboración de todos ustedes, ahora y en el futuro, para que se haga realidad de manera más plena.

          Muchas gracias.