DISCURSO DEL DR. CLARE K. ROBERTS,

PRESIDENTE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA INAUGURACION DEL 123º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

Washington, D.C.

11 de octubre de 2005

Señor Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, distinguidos representantes permanentes, distinguidos observadores y colegas, señoras y señores,

Me siento honrado de dirigirme a ustedes en mi calidad de Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en esta ceremonia de apertura de su 123º Período Ordinario de Sesiones. Me complace estar acompañado por mis colegas Susana Villarán, Primera Vicepresidenta, Paulo Sergio Pinheiro, Segundo Vicepresidente, y Miembros de la Comisión José Zalaquett, Evelio Fernández, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez. También nos acompaña el Sr. Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, y el personal profesional de la Secretaría Ejecutiva.

Quisiera comenzar mi alocución haciendo llegar las sinceras felicitaciones de la Comisión a José Miguel Insulza por su elección, en mayo de 2005, para el cargo de Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Este período de sesiones será el primero del mandato del Secretario General Insulza; esperamos con interés trabajar juntos en los próximos años, en el fomento de los objetivos de la organización en materia de derechos humanos. También quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar al Embajador Albert R. Ramdin por su elección al cargo de Secretario General Adjunto. La Comisión también espera con interés trabajar junto al Embajador Ramdin.

También deseo aprovechar esta oportunidad para expresar la profunda gratitud de la Comisión por la labor y el empeño de dos Miembros de nuestra Comisión cuyos mandatos vencen a fines de este año, Susana Villarán y José Zalaquett. Ambos han aportado valiosas contribuciones al funcionamiento y los logros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se les echará mucho de menos. No tenemos dudas de que seguirán impulsando la causa de los derechos humanos fundamentales en nuestro Hemisferio, tarea en la que pueden contar con nuestro seguro respaldo.

Antes de brindar un panorama del programa de trabajo de la Comisión para este período de sesiones y de sus actividades durante los meses transcurridos desde el que celebrara en febrero y marzo de este año, quisiera subrayar algunas cuestiones que son de particular preocupación para la Comisión en este momento de la historia de nuestra Organización y de nuestra región. Quizá, la cuestión más acuciante que enfrenta la Comisión sea la grave crisis financiera que sigue obstaculizando la labor de numerosos órganos e instituciones de la OEA. Para la Comisión, el carácter prolongado de esta crisis ha reducido sus recursos básicos y plantea una amenaza constante a sus actividades más fundamentales. Como ejemplo notorio, baste decir que la incertidumbre acerca de si la Comisión puede solventar la convocación de sus períodos ordinarios de sesiones ha dejado de ser la excepción para ser la norma. Si la Comisión ha de seguir desempeñándose efectivamente, sencillamente, no puede seguir sufriendo este tipo de carencias. Al respecto, aunque la Comisión agradece a la Secretaría General de la OEA y a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios del Consejo Permanente los fondos necesarios para convocar este período de sesiones, como ocurrió en el 121º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión, en octubre de 2004, es necesario insistir en la importancia de hallar una solución permanente a estas dificultades financieras. Para poder planear y ejecutar debidamente sus funciones básicas y los numerosos mandatos adicionales que le asignaron los órganos políticos de la Organización, la Comisión necesita certeza en cuanto a los recursos de que dispondrá para tales fines.

Aparte de su precaria situación financiera, la Comisión está también preocupada por el estado actual de la democracia y del Estado de derecho en las Américas. Desde la creación de la OEA en 1948, los Estados Miembros reconocen que la democracia representativa constituye una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. Más recientemente, los Estados Miembros de la OEA reconocieron, en la Carta Democrática Interamericana, que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y que sus gobiernos tienen obligación de fomentarla y defenderla. De acuerdo con la Carta, algunos de los elementos esenciales de la democracia representativa son el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo con el régimen de derecho.

Como es de conocimiento de los Estados Miembros, la democracia y el Estado de derecho se pueden ver amenazados de muchas maneras. La más flagrante es el golpe de Estado militar, fenómeno sobre el que nuestra región tiene una larga y desgraciada historia. Pero las amenazas también pueden ser menos directas, aunque igualmente peligrosas, como las medidas que socavan el principio fundamental de la separación de poderes y la independencia de los poderes del Estado. Ello puede ocurrir, por ejemplo, en los casos en que los miembros del poder judicial son designados o destituidos por procedimientos extraordinarios o por motivos indebidos, en que no se asignan a la justicia los recursos adecuados para el desempeño de sus funciones, o en que los procesos judiciales son objeto de interferencia indebida o injustificable o sus decisiones son objeto de revisión. También pueden plantear amenazas a la democracia y el Estado de derecho la corrupción desenfrenada en las instituciones políticas, la falta de transparencia o de una administración pública responsable de parte de los gobiernos, o medidas que socavan el sistema pluralista de partidos u organizaciones políticas, o el pleno respeto por la libertad de expresión y de prensa. Son estos los factores que pueden poner en situación de riesgo el proceso institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder de un Estado.

También vital para la consolidación de la democracia es el fomento y la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales en el Hemisferio, conforme los consagra, principalmente, el Protocolo Adicional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la región, el “Protocolo de San Salvador.” Como lo reconocieron los Estados Miembros en la Carta Democrática Interamericana, la democracia y el desarrollo social y económico son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que afectan adversamente la consolidación de la democracia.

Con estos antecedentes, la Comisión se siente hondamente preocupada por el actual estado de cosas en las Américas, en que las condiciones y los hechos sugieren que la democracia y el Estado de derecho están cada vez más en peligro. Ello incluye, por ejemplo, instancias en que se disuelven tribunales o se designan jueces en forma provisional, y en que se utilizan indebidamente los procedimientos de la justicia para enfrentar problemas políticos. La corrupción sigue obstaculizando la consolidación de la democracia y de sociedades transparentes en la región, y los defensores de los derechos humanos, los trabajadores de la prensa y de otros cuyas actividades son vitales para el ejercicio de la democracia siguen siendo objeto de amenazas y de violencia en numerosos Estados Miembros.

La región también enfrenta muchas dificultades en el área de los derechos económicos, sociales y culturales. Como la Comisión observó anteriormente, América Latina sigue sufriendo la peor distribución del ingreso del mundo y la desigualdad sigue siendo característica predominante de las sociedades latinoamericanas en términos de diferencias de ingreso, de acceso a los servicios y de poder e influencia. En los últimos tiempos, el deterioro de las condiciones económicas y sociales en varios países provocó manifestaciones populares masivas que con frecuencia fueron enfrentadas con un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y en muchos casos han intensificado la inestabilidad política. Además, la gran mayoría de los Estados no ha adoptado las medidas necesarias para enfrentar las causas y consecuencias de la exclusión social y la discriminación, lo que, a su vez, exacerba las amenazas a la justa y efectiva participación de la ciudadanía en los procesos esenciales del gobierno democrático.

Ante estas graves dificultades, la Comisión siguió dando prioridad a su función de vigilancia de la situación de la democracia y del Estado de derecho en el Hemisferio. Al respecto, y como parte de su proceso permanente de reflexión, la Comisión deliberará sobre las formas en que mejor puede contribuir a evitar y superar las amenazas a los principios e instituciones que son la base del sistema interamericano. Al mismo tiempo, la Comisión exhorta a los Estados Miembros y a la OEA a mantenerse vigilantes para detectar las posibles amenazas a las instituciones democráticas y al régimen de derecho en la región y a adoptar, cuando sea necesario, las medidas colectivas pertinentes para hacer frente a tales amenazas, de acuerdo con los términos de la Carta Democrática Interamericana.

Con respecto a la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales, la Comisión observa que, durante el último período ordinario de sesiones de la Asamblea General, en Fort Lauderdale, los Estados Miembros aprobaron una resolución para hacer cumplir la obligación de informar que impone a los Estados el Protocolo de San Salvador y solicitaron la asistencia de la Comisión para la preparación de posibles indicadores de progreso para cada uno de los derechos respecto de los cuales se deberá brindar información. Además, el tema central de la Cuarta Cumbre de las Américas, que se celebrará en Argentina en noviembre próximo, será la “Creación de empleos para combatir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática”, con lo que se dispone de otro foro importante para el diálogo sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Al respecto, la Comisión está convencida de que dar prioridad política a la solución de los problemas en esta esfera es un primer paso fundamental en el fomento de los derechos económicos, sociales y culturales en el Hemisferio, con lo que se refuerza la consolidación de la democracia, por lo cual, la Comisión espera con interés trabajar junto a los Estados Miembros en estas iniciativas. Dicho lo cual, me siento obligado a reiterar nuestro argumento de que, sin recursos financieros y de otro tipo suficientes y estables, la Comisión simplemente no estará en condiciones de brindar el apoyo que los Estados Miembros le han solicitado, en esta y en otras áreas.

En cuanto al 123º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión tiene un programa de actividades intenso para las próximas tres semanas. Como en períodos anteriores, dedicaremos la mayor parte del tiempo a estudiar y considerar informes sobre peticiones y casos individuales de varios países del Hemisferio, que se encuentran en alguna de las siguientes etapas del proceso: admisibilidad, solución amigable, consideración de méritos, publicación, archivo y decisiones de referir los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión también ha convocado más de 50 audiencias en que se abordarán peticiones individuales, casos y medidas cautelares, así como la situación general de derechos humanos en algunos Estados Miembros, y derechos y cuestiones específicas, dentro de su competencia. Además, en conjunto con American University y el Servicio Internacional de Derechos Humanos, la Comisión celebrará un seminario para capacitar a los defensores de los derechos humanos en el sistema interamericano, análogamente a la capacitación que organizara anteriormente para los Estados Miembros.

También quisiera mencionar algunas de las actividades y eventos que tuvieron lugar en el curso de la labor de la Comisión durante el lapso transcurrido desde el último período ordinario de sesiones, celebrado en febrero y marzo de 2005.

La Relatoría Especial de la Comisión para los Derechos de la Mujer, con apoyo del Gobierno de Finlandia, ha participado en un proceso de recolección de información para definir los principales avances y los obstáculos que resta superar para que la mujer obtenga un acceso efectivo a la justicia en las Américas, con el objetivo de elaborar recomendaciones prácticas para los Estados Miembros en cuanto a qué medidas legislativas, de política pública e institucionales se requieren para mejorar el cumplimiento de las obligaciones que les impone el derecho internacional. Para lanzar esta iniciativa, los días 19 y 20 de abril de 2005, la Relatoría organizó una reunión de expertos con el título de “Protección de los Derechos de la Mujer en el Sistema Interamericano: un análisis del acceso a la Justicia”, en la sede de la Comisión, en Washington, D.C., a efectos de examinar los que se ha avanzado y los obstáculos que persisten para que la mujer tenga acceso efectivo a la justicia en las Américas. Asistieron a la reunión 24 expertos en representación de una serie de sectores, como el Estado, la administración de justicia, los organismos internacionales y regionales, las organizaciones no gubernamentales, el sector universitario, entre otros, así como abogados de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión.

Posteriormente, la Relatoría organizó cuatro reuniones subregionales de expertos en Perú, Costa Rica, Argentina y Jamaica. El objetivo era también examinar los principales avances y las dificultades que subsisten para que la mujer tenga acceso a la justicia en la región andina, Centroamérica, el Cono Sur y el Caribe angloparlante. Los principales objetivos de estas reuniones eran detectar y analizar los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para obtener un acceso efectivo a la justicia en la región, recabar información sobre nuevas estrategias y prácticas óptimas dentro de la región para superar esos obstáculos e información sobre las causas del fracaso de estrategias prometedoras, así como preparar un análisis con recomendaciones específicas para ayudar a los Estados Miembros a mejorar el cumplimiento de las obligaciones que les imponen los instrumentos regionales de derechos humanos para garantizar a la mujer un efectivo acceso a la protección y las garantías judiciales. Además, en junio de 2005, la Relatoría concluyó una visita a la República de Colombia para evaluar el impacto del conflicto armado en las mujeres y jovencitas colombianas y recabar información sobre las medidas legislativas, de política e institucionales adoptadas por el Estado para proteger los derechos de la mujer.

En el mismo período, la Comisión realizó dos visitas a la República de Haití, la primera, del 18 al 22 de abril y, la segunda, del 11 al 15 de julio de 2005. El propósito de ambas era obtener información general sobre la situación actual de derechos humanos en el país, en particular habida cuenta de las inminentes elecciones, y continuar la labor realizada allí por la Comisión en torno a la administración de justicia. En las visitas, la Comisión también celebró seminarios de capacitación sobre el sistema interamericano de derechos humanos con funcionarios y funcionarias de varios ministerios y organismos gubernamentales, y con representantes de organizaciones no gubernamentales. En junio de 2005, la Comisión publicó las observaciones preliminares de su visita de abril y espera considerar un informe sobre administración de justicia en Haití en el curso del presente período de sesiones.

Asimismo, del 30 de mayo al 1 de junio de 2005, el Relator Especial de la Comisión para los Derechos del Niño, que también actúa como Experto Independiente de la ONU para el estudio del Secretario General sobre la violencia contra los niños, viajó a la Argentina para participar, conjuntamente con UNICEF, en una consulta regional sobre la violencia contra los niños. La reunión brindó al Relator una oportunidad de reunir información actualizada sobre este grave  problema que afecta a los niños, la cual también será incorporada en su informe a las Naciones Unidas sobre la materia.

Además, del 29 de junio al 7 de julio de 2005, en mi calidad de Relator de la Comisión para los Derechos de las Personas de Ascendencia Africana y contra la Discriminación Racial, realicé una visita promocional a la República del Brasil, la primera visita de ese tipo para la Relatoría, desde su creación, en el 122º período ordinario de sesiones, en marzo pasado. En el curso de la visita, la delegación de la Comisión viajó a Brasilia, Salvador y São Paulo, participó en la Primera Conferencia Nacional sobre la Promoción de la Igualdad Racial y mantuvo reuniones con autoridades y representantes de la sociedad civil, en especial, con el Movimiento Social del Brasil para los derechos de las personas de ascendencia africana.

Asimismo, del 18 al 21 de julio de este año, la Vicepresidenta de la Comisión y Relatora para Guatemala visitó ese país. Entre sus actividades, asistió a un acto recordatorio de las víctimas de la matanza del Plan de Sánchez y trabajó con los familiares de las víctimas, sus representantes y el Estado guatemalteco en torno a algunos casos actuales y a medidas cautelares urgentes a consideración de la Comisión.

Del 25 al 31 de agosto de 2005, el Relator de la Comisión para México, que también actúa como Relator para los Derechos de los Pueblos Indígenas, realizó una visita a la República de México, en el curso de la cual visitó su capital y, por primera vez, el estado de Oaxaca, donde se reunió con funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones no gubernamentales. Uno de los objetivos de la visita era observar la situación de derechos humanos en México, incluida, en particular, la situación de los pueblos indígenas, recibir información sobre el programa nacional de derechos humanos, realizar reuniones de seguimiento de casos y de medidas cautelares y fomentar el conocimiento de los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos.

También en los últimos seis meses, la Comisión participó en audiencias durante tres períodos de sesiones convocados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y participó en numerosos seminarios y conferencias en la región, entre otras actividades.

Señor Presidente, señor Secretario General, señor Secretario General Adjunto, distinguidos representantes y observadores, colegas, señoras y señores,

El año de 2005 se ha caracterizado, hasta ahora, por éxitos y dificultades en el empeño de la Comisión por fomentar la observancia y protección de los derechos humanos en nuestra región. Se ha avanzado en la ratificación por algunos Estados Miembros de otros tratados interamericanos de derechos humanos, varias denuncias de violación de derechos humanos han sido objeto de soluciones amigables ante la Comisión y hemos presenciado un diálogo constructivo entre la Comisión y los Estados Miembros en esferas tales como los derechos de la mujer, los derechos de los pueblos indígenas, la discriminación racial y la situación de los defensores de los derechos humanos. A este respecto, la Comisión espera con interés aportar su colaboración a los Grupos de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la preparación de un proyecto interamericano de Convención contra el Racismo y todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, así como en la reunión de la próxima semana del Grupo de Trabajo encargado de preparar el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Al mismo tiempo, las dificultades que enfrenta la región siguen siendo enormes. No sólo las instituciones democráticas de varios Estados Miembros se encuentran en una situación frágil y vulnerable, sino que, en parte como consecuencia de ello, resulta insuficiente y debe ser fortalecida la protección de derechos fundamentales, incluidos en particular los de grupos vulnerables que sufren la exclusión social y la discriminación por factores étnicos, de clase, raciales y de género.

La Comisión espera abordar estos y otros asuntos críticos en el curso del 123º Período Ordinario de Sesiones, proceso en el cual mucho apreciaría la participación de los Estados Miembros, de la sociedad civil y de otras personas y grupos interesados.

Muchas gracias.