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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS FELIPE GONZÁLEZ ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA EN SU XL PERIODO DE SESIONES
Lima, Perú 8 de junio de 2010
Sr. Presidente de la Asamblea General, Sr. Canciller de la República del Perú, Señor Secretario General, Señor Secretario General Adjunto, distinguidos Jefes de Delegación de los Estados miembros y Observadores de la Organización, Representantes de la sociedad civil, señoras y señores:
Me complace presentar a la Asamblea General de la OEA en su cuadragésimo periodo ordinario de sesiones el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el año 2009. Este documento fue aprobado por la Comisión al finalizar el año 2009, y refleja las actividades realizadas primordialmente bajo la presidencia de mi colega la Comisionada Luz Patricia Mejía Guerrero, cuya destacada labor resalto en esta ocasión.
El Informe Anual se divide en dos partes: la primera referida a la labor de la Comisión y la segunda, que contiene el informe de la Relatoría Especial de la Comisión para la Libertad de Expresión.
El Capítulo I de la primera parte se refiere al 50 aniversario de la creación de la Comisión Interamericana, los logros obtenidos y los desafíos que enfrenta la región. En este contexto, resalta la importancia de consolidar la democracia mediante un proceso constante en el que deben participar todos los sectores de la sociedad y en el que resulta indispensable el respeto irrestricto de los derechos humanos. En particular, se insiste en la importancia de desarrollar una vida comunitaria pluralista y respetuosa de las diferencias, donde todas las voces sean escuchadas y no predomine la fuerza o los intereses de un sector de la sociedad.
En lo que se refiere al sistema de protección, el informe resalta la importancia de la reciente reforma reglamentaria de la Comisión, resultado de un proceso de más de dos años que contó con la activa participación de los Estados, la sociedad civil, académicos y particulares de todo el hemisferio, así como un intenso diálogo con la Corte Interamericana. Esta reforma reglamentaria aborda aspectos relacionados con cuatro ejes esenciales del sistema: medidas cautelares, peticiones y casos, el sometimiento de casos a la Corte, y las audiencias sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros.
El Capítulo II contiene una descripción general de las actividades generales desempeñadas en el 2009: cuatro períodos de sesiones, 89 audiencias y 44 reuniones de trabajo, 11 informes temáticos y de país, una visita in loco, múltiples visitas de trabajo y temáticas y audiencias ante la Corte Interamericana. Lo anterior refleja el gran número y la diversidad de exigencias que tiene la Comisión y las distintas maneras en que contribuye a la protección y la promoción de los derechos humanos en el hemisferio.
El año pasado tuvo particular significado para el sistema, pues se celebró el cincuentenario de la Comisión. Entre las actividades conmemorativas relacionadas, se llevó a cabo un período extraordinario de sesiones en Buenos Aires, Argentina, por invitación del gobierno de ese país y una visita oficial de la CIDH para conmemorar el 30º aniversario de la visita in loco de la Comisión en 1979. También como parte de las actividades conmemorativas del cincuentenario, la CIDH efectuó una visita oficial a Chile por invitación del gobierno, en la cual se reunió con altas autoridades estatales y participó en un acto conmemorativo ofrecido por la Presidenta. En esta oportunidad la CIDH reafirmó la vigencia de los ideales del sistema interamericano de derechos humanos al cumplirse el cincuentenario de su creación, a través de la firma de la Declaración de Santiago de Chile.
Otros Estados de la región también extendieron en el 2009 invitaciones a la Comisión para realizar visitas, las cuales no hemos logrado materializar todavía, y otros mantienen invitaciones abiertas. La Comisión hace un reconocimiento a estos Estados. Históricamente, la libertad para que la Comisión visite y observe la situación de derechos humanos ha sido una de las herramientas esenciales para asegurar la eficacia de las normas interamericanas de derechos humanos, aún –o tal vez particularmente- en los períodos de represión que han atravesado algunos países de la región.
Asimismo, como es de su conocimiento, el pleno de la Comisión realizó en el año 2009 una visita in loco a Honduras para considerar la situación de los derechos humanos en el contexto creado por el golpe de Estado, y muy recientemente hemos realizado una visita de seguimiento. Expondré las conclusiones respectivas en un momento.
El capítulo II del informe también ofrece información sobre las Relatorías de la CIDH, que continuaron sus actividades de apoyo a una serie de iniciativas temáticas, al sistema de peticiones y casos individuales y también a los grupos de trabajo establecidos en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA en los campos de derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los niños y niñas, de los trabajadores migratorios, de los pueblos afrodescendientes, las personas privadas de libertad y los defensores y defensoras de derechos humanos.
El Capítulo III contiene las decisiones de la Comisión sobre denuncias de violaciones de los derechos humanos en los Estados miembros, así como estadísticas sobre las diferentes labores de la CIDH, resúmenes de las medidas cautelares adoptadas o ampliadas y un panorama general del seguimiento de las recomendaciones de la Comisión en decisiones publicadas desde el año 2000.
Durante el 2009, la Comisión completó 2064 evaluaciones iniciales, aprobó 62 informes de admisibilidad, 15 de inadmisibilidad y 4 de solución amistosa y publicó 13 informes sobre el fondo. Sometió un total de 11 casos ante la Corte y remitió un total de 34 solicitudes a los Estados Miembros para que adopten medidas cautelares urgentes con el fin de prevenir daños irreparables a las personas. La CIDH considera que esta es evidencia de los logros del programa en la reducción del atraso procesal. Sin embargo, por más que se haya avanzado en la gestión de las peticiones, la eficiencia al respecto no puede avanzar mas allá de un cierto punto sin una provisión adecuada de recursos. Los incrementos en el trabajo no se han reflejado en un aumento proporcional de los recursos; y es fundamental que las actividades de la Comisión sean financiadas con fondos regulares de la OEA y que no dependan de los fondos específicos, de modo de asegurar la sustentabilidad de esta fundamental labor.
En este sentido, la Comisión ha presentado a la Organización, en forma detallada y justificada sus necesidades a corto, mediano y largo plazo. Hago conciencia de que este ejercicio ha sido realizado con base en costos claramente relacionados con la calidad de atención que los usuarios del Sistema deben recibir. A este respecto, la Comisión ha observado que en la agenda de la Asamblea General está la consideración de algunas resoluciones relacionadas con el apoyo a la Comisión y al Sistema; y espera que la voluntad ahí expresada conlleve la provisión de medios que le permitan desarrollar el delicado mandato que los Estados miembros le han otorgado.
Por otra parte, el Informe Anual indica que algunos Estados han dado cumplimiento a las resoluciones de la Comisión en grado significativo, pero que el nivel de cumplimiento general sigue siendo inaceptablemente bajo y existen muchos casos en que los Estados afectados aún no han implementado plenamente las recomendaciones formuladas. El sistema de protección es una herramienta concebida para los seres humanos de este hemisferio, y su efectividad y credibilidad dependen del cumplimiento que se dé a sus pronunciamientos. La Comisión estima que la Organización y, en particular esta Asamblea, deben cumplir un rol fundamental en asegurar el diálogo constante, también en materia de cumplimiento.
El Capítulo IV del Informe Anual de 2009 contiene un análisis particular de la situación de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA respecto de los cuales la Comisión ha concluido que amerita atención especial: Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela.
En su informe sobre la situación en Colombia, la CIDH aborda particularmente los avances y desafíos en el esclarecimiento de crímenes perpetrados durante el conflicto, incluyendo la participación de los líderes paramilitares extraditados a los Estados Unidos en los procesos tramitados en Colombia bajo la Ley de Justicia y Paz, la persistencia de patrones de violación de los derechos a la vida y la integridad personal, y la situación de grupos étnicos. Asimismo, la Comisión analiza las serias implicaciones de las actividades de inteligencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y operadores de justicia que afectan gravemente la labor de estas personas. A este respecto, la Comisión ha señalado que los Estados deben abstenerse de cualquier tipo de injerencia arbitraria o abusiva en su correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, y que deben sancionar disciplinaria y penalmente a quienes incurran en estas prácticas.
Al analizar la situación de Cuba, la CIDH prestó particular atención a las situaciones estructurales que afectan gravemente el pleno goce y disfrute de los derechos humanos, en especial respecto a los derechos políticos; las garantías del debido proceso legal e independencia del Poder Judicial; la privación de libertad de los disidentes políticos; las restricciones al derecho de residencia y tránsito; las restricciones a la libertad de expresión; la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, y; la libertad sindical. Además, se incluye una consideración sobre las sanciones económicas y comerciales impuestas contra Cuba, reiterando que el embargo debe terminar por el impacto que generan tales sanciones en los derechos humanos de la población cubana, pero que éste no exime al Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana, descritas en este informe.
Respecto a Haití, es preciso recordar que el informe aborda la situación anterior a la ocurrencia del terremoto que cobró miles de vidas humanas y por el cual reitero la expresión de solidaridad de la CIDH con el pueblo haitiano. El informe analizó las situaciones estructurales que afectaban ya seriamente el goce y disfrute de los derechos fundamentales de sus habitantes y más específicamente, las graves situaciones de violencia que impedían la debida aplicación del Estado de Derecho; las serias crisis institucionales; los procesos de cambio institucional que tenían consecuencias negativas en los derechos humanos; y las graves omisiones en la adopción de normas necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, situaciones que no pueden más que haberse agravado.
En relación a Venezuela la CIDH refleja en su capítulo IV el resumen ejecutivo de su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, mediante el cual la Comisión analiza la evolución de los derechos humanos en dicho país y en particular, una serie de condiciones que evidencian la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos. La Comisión también observa que no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno y que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política. El informe de la Comisión establece que no existen las condiciones para que los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor. Asimismo, la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres. A juicio de la Comisión, todos estos aspectos han contribuido al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela.
La Comisión desplegó intensas actividades en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras. Dio seguimiento a la situación desde su génesis, dictó cientos de medidas cautelares para proteger la vida e integridad de personas en riesgo y del 17 al 21 de agosto de 2009 realizó una visita in loco. En su informe, la CIDH presenta como parte de su análisis del capítulo IV el resumen ejecutivo de su informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado. En éste, la Comisión constató que, junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos.
En la visita de seguimiento realizada durante los días 15 a 18 de mayo de 2010, la CIDH sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, defensores y defensoras de derechos humanos, comunicadores sociales, representantes de la sociedad civil y miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así como representantes de la comunidad internacional. La Comisión pudo constatar que continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado: la delegación recibió información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, así como sobre la ausencia de investigaciones efectivas que conduzcan al esclarecimiento de estos hechos. La CIDH también recibió información sobre las amenazas y hostigamientos que han recibido defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros de la Resistencia.
De especial preocupación son los actos de hostigamiento contra jueces y juezas que participaron en actividades contra el golpe de Estado. La Comisión se reunió con miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, quienes fueron despedidos de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por motivos vinculados a la participación en manifestaciones contra el golpe de Estado, o haber expresado su opinión contra el mismo. El sistema interamericano de derechos humanos ha expresado reiteradamente el rol central del Poder Judicial en el funcionamiento del sistema democrático. Es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia. Por otra parte, preocupa altamente la impunidad generalizada por violaciones a los derechos humanos, la cual se encuentra facilitada por decisiones de la Corte Suprema que debilitan el estado de Derecho, tales como el sobreseimiento a los militares acusados de participar en el golpe y por otro, el despido de jueces y magistrados que buscaron evitarlo por vías democráticas.
En relación con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) es importante destacar la importancia que estas instituciones han tenido en numerosos países de la región. La Comisión ha expresado que el derecho a conocer la verdad con respecto a graves violaciones de los derechos humanos así como el derecho a conocer la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que todo Estado parte en la Convención Americana debe satisfacer, tanto respecto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general. Sin perjuicio de las acciones que en definitiva realice la CVR, ellas no eximen al Estado de su obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar por vía judicial a los agentes estatales que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.
La CIDH ha dado a conocer en mayor detalle los antecedentes recabados en su visita de seguimiento en el documento de Observaciones Preliminares sobre dicha visita, publicado en el día de ayer, con el objetivo de informar a la comunidad internacional para que esta decida la manera mas eficiente de asegurar que Honduras cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
Por otra parte, el informe anual correspondiente al 2009 incluye en su Capítulo V del seguimiento a las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones que la CIDH formuló tanto en su informe Acceso a la Justicia e Inclusión Social: el Camino Hacia el Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia (2007), como en su informe Las Mujeres Frente a la Violencia y Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia (2006).
Sr. Presidente, Sres. Representantes, observadores; estimados colegas; señoras y señores, en nombre de la Comisión, quiero agradecer a los Estados miembros el apoyo que le han brindado en su empeño constante por cumplir fielmente su mandato.
En particular, la CIDH desea agradecer las contribuciones efectuadas este año por los gobiernos de los siguientes países Miembros de la OEA: Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y México. Asimismo, desea agradecer a los Países Observadores que apoyan las actividades de la Comisión: Corea del Sur, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Luxemburgo, Suecia y Suiza. De igual manera, la Comisión valora y agradece las contribuciones recibidas del Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Universidad de Notre Dame. Estos aportes contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en el continente americano.
Por otra parte, quisiera recordar la labor de mis colegas que concluyeron sus mandatos en el 2009, los Comisionados Sir Clare K. Roberts, Florentín Meléndez, Paolo G. Carozza y Víctor E. Abramovich, a quienes agradezco la destacada labor que desempeñaron en cumplimiento de sus mandatos durante sus respectivos periodos en la CIDH. Asimismo, quisiera expresar mi agradecimiento a los Comisionados actuales por la confianza que me han depositado al elegirme Presidente de la Comisión y reconocer el profesionalismo y la dedicación de nuestro Secretario Ejecutivo y de todo el personal de la Secretaría en la promoción y protección de los derechos humanos. Los miembros de la Comisión estamos orgullosos de la labor profesional realizada por la Secretaría Ejecutiva, bajo el liderazgo de Santiago Canton, al cual le reiteramos nuestro sincero apoyo.
La Comisión siempre ha dado gran prioridad al mantenimiento de un diálogo abierto y sincero con los Estados miembros y con la sociedad civil sobre los mejores mecanismos para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos en el Hemisferio.
Concomitantemente, esperamos que el compromiso de los Estados miembros con el mejoramiento del sistema interamericano y en particular, con la labor de la Comisión, se vea reflejado en la dotación de mayores recursos para su funcionamiento, en la ratificación de todos los instrumentos interamericanos de los derechos humanos y especialmente, en el cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de los órganos del sistema.
Muchas gracias. |
