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DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS LUZ PATRICIA MEJÍA GUERRERO
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2008 DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ANTE EL COMITÉ DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Washington, D.C. 7 de mayo de 2009
Sra. Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, distinguidos representantes de los Estados miembros y Observadores de la Organización, señoras y señores:
Como Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me corresponde presentar el Informe Anual de la Comisión del año 2008 a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente. Me acompañan en esta ocasión el Secretario Ejecutivo de la CIDH, la Relatora Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión y los funcionarios y funcionarias de la Secretaría.
El informe que les presento hoy fue aprobado por la Comisión Interamericana, tras ser preparado de acuerdo con las pautas establecidas por la Asamblea General y de conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Comisión. El informe refleja las actividades generales de la CIDH, en su mayoría bajo la presidencia del Comisionado Paolo Carozza.
Estructura y resumen del Informe Anual 2008
El Informe se divide en tres volúmenes: el primero y segundo se refieren a la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el tercer contiene el informe de la Relatora Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión.
Pobreza, exclusión, justicia, seguridad ciudadana y derechos humanos
Antônio A. Cançado Trindade (Juez Corte Interamericana de Derechos Humanos): La falta de atención de los derechos económicos, sociales y culturales es un triste reflejo de sociedades marcadas por flagrantes injusticias y diferencias sociales. Apenas puede existir un estado de derecho con políticas públicas que infligen la humillación del desempleo y la pobreza a sectores cada vez más amplios de la población, lo cual equivale a negar la totalidad de los derechos humanos en numerosos países.
Fuente: “La interdependencia de todos los derechos humanos. Obstáculos y desafíos en la implementación de los derechos humanos”. International Social Science Journal. No. 158. Human rights: 50th anniversary of the Universal Declaration. Vol. L, 1998. UNESCO
El Capítulo I del informe ha sido dedicado a una problemática que está adquiriendo cada vez mayor relevancia en la región: la seguridad ciudadana, pero creemos que no podemos abordar este tema sin antes hacer algunos señalamientos:
En el 2008 se cumplieron 60 años de la Declaración Americana y este año estamos cumpliendo 50 años en la Comisión, tiempo que nos permite el día de hoy elaborar algunas ideas para compartir con esta Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA. Hace 60 años, los representantes de los Estados Americanos se plantearon como propósito, consolidar en este Continente, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre y hace 50 años reconocieron que sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Hoy medio siglo después tenemos algunos elementos que nos permiten hacer una clara evaluación del camino recorrido y de los desafíos por recorrer.
La idea de que estemos representados por gobiernos democráticos en el continente y que cada vez más, la democracia participativa se fortalezca a través de distintas manifestaciones que incluyen un importante avance en el constitucionalismo de los derechos humanos en la región, sin lugar, son apenas una muestra de importantes avances. De la misma manera, el uso cada vez más activo por parte de los pueblos de América de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos para la reivindicación de sus derechos e intereses, así como la ampliación de los derechos protegidos en el Sistema, son también pasos relevantes y positivos en el propósito que hace 60 años se platearon los Estados Americanos.
Sin embargo, algunos indicadores nos señalan que ni 60 ni 50 años han sido suficientes para garantizar plenamente la justicia social, la libertad y el pleno goce y disfrute de los derechos humanos. Por el contrario hoy en día sabemos que América sigue siendo uno de los continentes con mayores brechas de inequidad “aun cuando soplan nuevos vientos de libertad, cooperación y solidaridad con los más vulnerables”, como lo señala la CEPAL en su informe para la 5ta. Cumbre de las Américas.
La CEPAL nos ofrece algunos datos que son de especial relevancia en esta materia pues como veremos más adelante, dichos indicadores son directamente proporcionales a los casos, temas, y asuntos que se ven reflejados en el Informe que hoy presentamos y que día a día abordamos en el trabajo de la Comisión Interamericana.
Dicho informe nos indica positivamente que en los últimos años en la mayoría de los países la región se disminuyó la pobreza. Sin embargo, aun cuando se redujo la pobreza, se calcula que para el año 2007 al menos 68 millones de personas en el continente no tenían ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y 184 millones de personas están bajo el umbral de pobreza.
Entonces, señala el informe, que el rango distintivo de los países de la región en comparación con otros continentes, sigue siendo la inequidad en la estructura de oportunidades y sigue siendo la región de las Américas la que muestra la peor distribución del ingreso en el mundo.
En este contexto, aun cuando muchos de los países de la región han mejorado sustancialmente en indicadores sociales, el desempleo, la ocupación informal con incidencia directa en el acceso a la seguridad social, el acceso a la educación primaria y secundaria, siguen siendo realidades que afectan de manera desproporcionada a los sectores menos favorecidos, donde se encuentran especialmente los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los residentes rurales, con un impacto adicional en las mujeres.
Por su parte en cuanto a equidad de género, tanto la representación política de la mujer como el acceso a condiciones de equidad en materia laboral y acceso efectivo a atención especializada en materia de salud, con su correspondiente impacto en mortalidad infantil y mortalidad materna siguen siendo retos del milenio cuyo camino debemos seguir transitando.
Así, el análisis de estas condiciones y su correlativa defensa en clave de derechos humanos hoy en día se convierte más que nunca en un trabajo cotidiano para garantizar que no tengan que pasar 60 o 50 años más para lograr la justicia social y la plena libertad de los pueblos de América.
Veremos, cómo estos indicadores tienen su correlativo en los casos que llegan a la CIDH.
Durante el año 2008, la CIDH recibió 1279 peticiones, de las cuales el 62% de las mismas estaban relacionadas con denuncias sobre violación del derecho a la justicia y a la protección judicial. De la misma manera, si observamos las materias que se vinculan adicionalmente con estos derechos, veremos que el 23% de las denuncias o peticiones recibidas están vinculadas al debido proceso penal, mientras que el 26% están referidos a materias vinculadas de manera directa o indirecta al ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Si a estas cifras, le sumamos además el 13% de otras materias tales como 2% de discriminación, 7% de integridad personal y salud, y 4% de seguridad social, podemos afirmar, sin lugar a dudas como señalamos anteriormente, que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos está recibiendo como desafío principal, las repercusiones directas de la exclusión y la pobreza de la región en clave de derechos humanos.
Por otro lado, también podemos ver, cómo se refleja una importante disminución, en las denuncias respecto a otros derechos que en otras épocas de la historia del continente eran los de mayor preocupación, tales como la violación del derecho a la vida, o a la integridad personal.
En este contexto, no resulta casual que el Hemisferio cuenta con algunos de los índices más altos en criminalidad y violencia social del mundo, lo cual constituye una de las principales amenazas para la estabilidad en la región e influye de manera directamente proporcional en el desarrollo democrático, social y económico de los Estados miembros y en especial en las condiciones de ejercicio de derechos de los sectores más desposeídos afectando de manera directa el propósito de justicia social y libertad de los hombres y mujeres de los pueblos de América.
La confluencia de estos factores, fueron verificados durante la visita in loco que fue realizada por la Comisión en Jamaica, donde varios de los elementos analizados anteriormente tenían incidencia directa en el alto nivel de violencia que observó la Comisión. La profunda marginalización social y económica de grandes sectores de la población jamaiquina no sólo contribuyen a sostener los altos niveles de violencia, sino que además resulta en que los sectores más pobres y más marginalizados son desproporcionadamente victimizados por la situación general de inseguridad. Esta realidad que fue constatada en Jamaica como señalamos, es sólo el reflejo de algo que ocurre de manera más o menos homogénea en la mayoría de los países del continente.
En este sentido, la proporción de esta situación global, tiene igualmente una directa incidencia en las condiciones carcelarias de la mayoría de los países de la región y en el importante número de denuncias que llegan por violación del debido proceso penal, las cuales en su gran mayoría, son presentadas por peticionarios sin asistencia letrada de ningún tipo, lo cual refleja de la misma manera, el sector social al cual pertenecen la mayoría de los afectados en este derecho.
La Comisión ha instado históricamente a los Estados a emprender conjuntamente con el apoyo del Sistema Interamericano procesos de fortalecimiento institucional de los sistemas internos de administración de justicia, y si bien es cierto que en el marco de este proceso, muchos han sido los avances, también es cierto que las cifras nada más de las peticiones ingresadas durante el año 2008, nos hablan de la vigencia de este desafío. Igualmente, la promoción de iniciativas dirigidas a promover la modernización de las instituciones de seguridad y enfatizar la capacitación en derechos humanos de sus miembros, precisamente en reconocimiento al rol esencial que desempeñan estas fuerzas en hacer cumplir la ley, son un desafío que sigue estando dentro de las prioridades del Sistema, en conjunción con procesos de profundización de la democracia que permitan una lucha más efectiva contra la inequidad en la distribución de los ingresos y en el acceso a igualdad de oportunidades.
Por
su parte, la profundización en los procesos de justiciabilidad de los DESC
en cuanto a la puesta en marcha de los mecanismos establecidos en el Pacto
de San Salvador también son tareas pendientes en este proceso de garantizar
los derechos humanos con perspectiva de indivisibilidad e integralidad en
las Américas y ello, sin lugar a dudas tendrá un impacto positivo en el
compromiso de los Estados por crear condiciones de seguridad que permitan a
todas las personas el goce pleno de sus derechos, en el marco de una
política integral de acceso en condiciones de equidad a la educación, la
salud, a fuentes de trabajo y la participación activa de la ciudadanía en el
diseño e implementación de estas políticas. Para ello, en julio de 2008,
durante su 132º período ordinario de sesiones, la Comisión aprobó el
documento “Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en
materia de derechos económicos, sociales y culturales” con el objetivo de
colaborar en la profundización del análisis y contenido de estos derechos en
la región.
Actividades de la Comisión Interamericana en el 2008
Las actividades de la Comisión Interamericana incluyeron durante el año 2008 tres períodos de sesiones, la aprobación de 81 informes sobre casos individuales, 93 audiencias y 70 reuniones de trabajo, una serie de visitas de trabajo y temáticas, y audiencias ante la Corte Interamericana. Queremos resaltar que el trabajo del sistema de casos como eje fundamental del trabajo de la Comisión, lleva aparejado a la presente información, una serie de actividades de diversas fases, que no siempre son visibilizadas, dada la cantidad de información que se maneja.
No obstante ello, a los fines de informar dicho proceso creemos interesante identificar el trabajo previo que requiere una petición individual para que esta se considere una petición y termine en un informe, bien de admisibilidad, inadmisisbilidad o de fondo según sea el caso. Esta actividad previa, también nos permite identificar el nivel de interacción de algunos Estados de la región, sus ciudadanos y sus operadores de justicia con el Sistema Interamericano en comparación con otros Estados.
Así vemos que también durante este año, se encuentran respecto del Perú más de 200 peticiones en estudio, mientras que de Argentina, Colombia y México más de 100, Brasil, Chile y Costa Rica con más de 50, y Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela con más de 10 denuncias y Barbados, Canadá, El Salvador, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Uruguay con menos de 10 denuncias y el resto de los países del continente con 0 denuncias.
Igualmente, en esta labor de análisis de peticiones, se desactivaron 560 peticiones por falta de información, 183 por falta de caracterización de una violación, 16 por agotamiento indebido de los recursos internos y 118 fueron finalmente abiertas a trámite, las cuales serán analizadas durante los siguientes períodos.
Por su parte en lo que se refiere a los casos admitidos y decididos por la Comisión, podemos identificar que la gran mayoría de los casos que se decidieron en el fondo tuvieron como eje fundamental de reclamo en su gran mayoría las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia, así como también derechos tales como el derecho a la vida y a la integridad personal, así como violaciones derivadas de las obligaciones de garantizar derechos o adoptar medidas, los cuales incluyen también violaciones a la Convención de Belén do Pará y a la Convención Interamericana contra la Tortura.
En lo que se refiere a los casos de admisión, podemos ver una mayor correspondencia con lo que señalábamos anteriormente referidos al derecho a la justicia y a otros derechos, con estrecha relación con derechos económicos, sociales y culturales. Por su parte en lo que se refiere a los fondos la correspondencia está más vinculada a derecho a debido proceso.
Las Relatorías, en su trabajo transversal de estudios y análisis de casos así como de visitas y estudios específicos sobre las materias de su competencia, realizaron varias actividades que incluyen, firma de acuerdos, visitas en diversos países, análisis de casos y publicación de estudios de diversa índole.
En agosto de 2008, el Relator sobre los Derechos de la Niñez participó en el trabajo de casos, 8 casos de admisibilidad y 1 de fondo, los cuales en su mayoría referían violaciones del derecho a la justicia. Igualmente la relatoría visitó Uruguay, y Colombia con el fin de sostener reuniones con autoridades que ejercen competencias en temas de niñez. También durante este año, la CIDH suscribió un memorándum de entendimiento con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) a los efectos de establecer un marco de cooperación para la elaboración del estudio sobre justicia penal juvenil y derechos humanos en las Américas, que busca identificar los avances, los obstáculos y las potencialidades que se encuentran en los sistemas nacionales de justicia penal especializada en niñez para asegurar una adecuada protección a sus derechos humanos, así como, para prevenir y erradicar las distintas formas de violencia contra la niñez. En tal sentido, en el marco de este estudio la Comisión llevó a cabo tres consultas regionales con el fin de recabar información en relación con la situación de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley por parte de los Estados y de diversas organizaciones de derechos humanos abocadas a la materia de estudio.
El Relator sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, se reunió en abril de 2008 con miembros del Congreso de los Estados Unidos de América con el fin de discutir los desafíos que afrontan los afrodescendientes en este país y con el objetivo de hacer recomendaciones para el mejoramiento de su protección a través de reformas legislativas e implementación de políticas públicas. Por su parte, también participó en diversas reuniones internacionales relacionadas con el proceso de examen del Plan de Acción de Durban, adoptado al término de la Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrada en el 2001 en Sudáfrica (Proceso de Examen de Durban).
La Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, trabajó 5 admisibilidades y 2 informes de fondo, que igualmente se relacionaban de manera directa con los derechos a la no discriminación y al deber de debida diligencia en las investigaciones vinculadas a la violación de sus derechos. Igualmente la Relatoría sostuvo reuniones de trabajo para abordar investigaciones vinculadas tanto con derechos reproductivos de las mujeres en la región, como también reuniones para identificar la situación de las mujeres en la esfera de la participación política en la región. Las actividades de la Relatoría sobre los Derechos de la Mujer se centraron en la elaboración de recomendaciones especializadas dirigidas a los Estados Miembros de la OEA sobre la discriminación contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales; en el seguimiento a las recomendaciones de su informe temático titulado Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas (2007); y en la elaboración y publicación de informes sobre la situación de las mujeres en países específicos.
Asimismo, la Relatoría de las Mujeres trabajó en dos informes temáticos sobre la situación de la discriminación y violencia contra las mujeres en Haití y Chile, y los obstáculos que las víctimas y sus familiares confrontan para acceder a una tutela judicial efectiva cuando denuncian estos actos.
El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad llevó a cabo una visita de observación a centros de detención y cárceles en Chile, en agosto de 2008. Durante la visita, el Relator también se reunió con altas autoridades del Estado y representantes de la sociedad civil. Asimismo participó en la Segunda Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias de los Estados Miembros de la OEA y realizó una visita de observación al Hospital Neuropsiquiátrico de Asunción, Paraguay, en septiembre de 2008, a fin de verificar el cumplimiento con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 29 de julio de 2008 (MC 277-07).
En marzo de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adoptó, a través de su Resolución 1/08, del 13 de marzo de 2008, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Dicho documento fue elaborado por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad durante los últimos tres años, en atención al mandato encomendado a la CIDH por la Asamblea General de la OEA y en respuesta a la situación carcelaria observada en varios países de la región. La Relatoría trabajó un informe de admisibilidad sobre un caso vinculado a esta materia y el derecho a la justicia.
El Relator sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, condujo una visita de trabajo a Colombia en noviembre de 2008. Uno de los objetivos principales de la visita fue recabar información sobre la situación de comunidades afrocolombianas que habitan en las cuencas del Departamento del Chocó, a fin de dar cumplimiento a una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los miembros de dichas comunidades se encuentran protegidos por medidas provisionales dictadas por la Corte en el año 2003. Asimismo, a lo largo del 2008 continuó asesorando al Presidente del Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Trabajó 3 casos, 2 de admisibilidad y 1 de fondo donde se aborda también el tema de la Justicia.
La Relatoría sobre los Trabajadores Migrantes brindó apoyo en el proceso de crear un Comité Especial sobre Asuntos Migratorios, creado por el Consejo Permanente de la OEA. Asimismo, a fines de septiembre de 2008, la Relatoría condujo una visita de campo a Texas, Estado Unidos, estado en el que se concentra la gran mayoría de inmigrantes detenidos para verificar las condiciones de detención e igualmente recabar elementos para el informe que preparará la relatoría sobre esta materia.
La Relatora Especial para la Libertad de Expresión preparó su informe de 2008 sobre la materia, que forma parte de este Informe Anual. Como lo dispuso la Comisión, el informe cubre temas y actividades a los que la Relatoría dio prioridad en el año y que resultan de especial relevancia para la promoción y protección de este derecho en el Hemisferio.
En el 2008, la Comisión siguió contando con el apoyo de su Unidad para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y preparando un informe de seguimiento al informe temático publicado en el 2006. La Comisión avanzó con otros estudios y actividades, tales como su informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en las Américas, destinada a asistir a los Estados en la tarea de mantener la seguridad ciudadana en un marco de debido respeto a los derechos y libertades individuales.
Durante el 2008 se llevó a cabo una reestructuración interna con base en los siguientes criterios para consolidar unidades funcionales que mejoren el potencial de producción de informes de admisibilidad y fondo a través de la asignación de estas funciones a equipos de trabajo (Secciones), definidas con un criterio geográfico.
Así que en total durante el 2008, la Comisión aprobó 49 informes de admisibilidad, 10 de inadmisibilidad, 4 informes de solución amistosa y 18 informes preliminares sobre el fondo. Durante este año, la CIDH publicó 7 informes finales sobre el fondo y sometió un total de 9 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, durante este período, la Comisión emitió un total de 28 solicitudes a los Estados Miembros para que adopten medidas cautelares urgentes con el fin de prevenir daños irreparables a las personas.
Como hemos venido señalando, dichas decisiones son un correlativo de la introducción de nuestra presentación, tal como lo muestran las estadísticas que podemos ver a continuación, tanto en los casos de admisibilidad como en los casos de fondo, el patrón violación del derecho a la justicia se mantiene como principal eje de protección, al mismo tiempo que la obligación de adoptar medidas, siendo entonces, los artículos 1, 2, 8 y 25 de a Convención, los que aparecen invariablemente como vulnerados, al igual que sus correlativos en la Declaración, o en otros instrumentos de Protección, tales como, la Convención de Belén do Pará y la Convención Interamericana contra la Tortura.
Por su parte, en lo que se refiere al cumplimiento de las recomendaciones de los informes de la Comisión, aquellos casos que están en procesos de soluciones amistosas, suelen ser los que tienen un desarrollo más efectivo, pudiéndose decir que el cumplimiento con informes de solución amistosa es mejor que con los informes sobre el fondo, teniendo todos en su totalidad un grado de cumplimiento que va desde el total hasta el parcial.
Se puede observar que el cumplimiento es mejor con las recomendaciones relacionadas con compensación; muy limitado en cuanto a reformas legislativas (pero con un impacto importante); y escasa en cuestiones de esclarecimiento y justicia. En aproximadamente la mitad de los casos en seguimiento, las víctimas han recibido algún tipo de compensación o ayuda concreta. En un número significativo de casos la CIDH ha recibido información sobre medidas de reparación simbólica. En muy pocos casos tenemos ejemplos de cambios legislativos; sin embargo, si tomamos por ejemplo la Ley María da Penha en Brasil, es una reforma clave. En cuanto al tema de justicia, en muchos casos los Estados no brindan información actualizada o completa. En unos pocos casos tenemos información hacia la condena de responsables y en un porcentaje aún bastante reducido tenemos información sobre medidas para investigar.
El Capítulo IV del Informe Anual de 2008 repite como en los últimos años los análisis respecto de cuatro países de la región, Colombia, Haití, Cuba y Venezuela. Al respecto, más allá de la utilidad real de este capítulo y los frutos que haya dado históricamente, dicho capítulo reitera la preocupación en Colombia respecto de los obstáculos en el proceso de desmovilización de actores armados y el desarrollo y aplicación de su marco legal, la persistencia de patrones de violación de los derechos a la vida y la integridad personal, la situación de grupos étnicos, y la situación de defensores de derechos humanos, líderes sociales y operadores de justicia.
Con respecto a Cuba, la Comisión sigue recibiendo información sobre la situación de los derechos humanos de parte de organismos internacionales, de la sociedad civil y del Gobierno cubano, a través de la página oficial de Internet del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, país que como es de su conocimiento fue suspendido como miembro de la OEA en 1961, por un cuestionamiento al modelo de sociedad decidido por su gobierno, el cual se consideró “incompatible” con los principios que vertebran la Carta de la OEA. Eran tiempos de la guerra fría, en años posteriores, nuestro continente se vio sacudido por la generalización de dictaduras militares, responsables de masivas violaciones a los derechos humanos que fueron conocidas por la Organización. No obstante, esos escenarios de violación estructural a los principios de la democracia y los derechos humanos no ameritaron ninguna medida análoga por parte del organismo interamericano. Recientemente, se han levantado muchas voces en el continente para que esta situación sea revertida y para que ello contribuya de manera eficaz a la mejor defensa de los derechos humanos del pueblo cubano.
En relación a Haití, en 2008 la CIDH siguió supervisando muy de cerca la situación de los derechos humanos en dicho país, prestando atención particular a los empeños del Estado por brindar una seguridad pública adecuada a sus habitantes y a las medidas específicas tomadas para fortalecer y reformar la Policía Nacional de Haití. La Comisión Interamericana también observó con atención la evolución del diseño y ejecución de planes destinados a fortalecer y reformar las entidades e instituciones del Estado responsables de la administración de justicia y del Estado de derecho. Como es igualmente de su conocimiento, Haití fue la primera nación latinoamericana en lograr la independencia de la metrópoli colonial, y recoge también la primera y única experiencia en la historia de la humanidad donde una revolución protagonizada por esclavos logró la emancipación contra los sectores exógenos que mantenían a la población bajo la mas brutal privación de libertad y condiciones de explotación. Lamentablemente, la nación no ha tenido desde entonces la oportunidad de zafarse del yugo de la pobreza, presentando al día de hoy los indicadores más alarmantes de todo el Hemisferio. En ese sentido, la lucha contra la pobreza y por un desarrollo armónico de sus poblaciones representa el más crucial de los desafíos en el ámbito de la cooperación continental.
Finalmente, la comisión decidió reiterar su atención en relación con el capítulo IV sobre Venezuela, cuatro años después de que el Consejo Permanente de la OEA diera por concluida la etapa de conflictividad que derivó en la mesa de negociaciones y acuerdos, un proceso de conciliación democrática que contó con los auspicios del PNUD y la Secretaría General de la OEA. La decisión de mantener a mi país en dicho capítulo corresponde, como ustedes saben, con un proceso de deliberación del que no participé, habida cuenta mi condición de nacional de Venezuela. Por ello, mi participación como Presidenta en relación al mismo se limitará a la observación precedente.
Estado de la ratificación de los tratados de derechos humanos del sistema interamericano.
Como podemos observar, la situación de la ratificación de los tratados a nivel regional no ha variado sustancialmente en los últimos años, salvo por la ratificación que hiciera la República Argentina del protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativa a la Abolición de la Pena de Muerte en septiembre del 2008, la situación permanece inalterable.
También vale la pena destacar que la falta de ratificación de algunos tratados y la poca participación de algunos pueblos de la región en el marco del Sistema de protección de los derechos humanos, podría estar llamándonos la atención sobre la necesidad de profundizar lazos de promoción y divulgación del trabajo que hace el Sistema en algunos países de la región. La Comisión también reconoce en particular a los Estados que ya han ratificado todos los tratados regionales de derechos humanos: Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Panamá y Venezuela. Invitamos y alentamos a los demás Estados miembros a sumarse a éstos.
En el ejercicio de profundizar las relaciones necesarias entre el Sistema y los Estados que aún no han ratificado la Convención Americana, y en el espíritu de diálogo franco que ha caracterizado el trabajo de los últimos tiempos entre Sistema, Estados y Sociedad Civil, el Relator para Canadá, junto con el Presidente de la CAJP realizó una visita a Canadá con el objeto de promocionar la adhesión a la Convención Americana por parte del Estado canadiense. Durante la visita se sostuvieron reuniones con autoridades de Gobierno y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
En este mismo espíritu, durante todo el año 2008, participamos activamente en el proceso de diálogo para el fortalecimiento del Sistema, lo cual no sólo alimentó y cimentó las bases para una reforma que se quiere estructural del sistema sino también, para la búsqueda de mecanismos de entendimiento que fortalezcan no sólo la transparencia del trabajo de los órganos del Sistema sino también, de todos los elementos necesarios para que el fruto de este diálogo constructivo se revierta de manera directa y proporcional en la calidad de vida y vida digna de todos los hombres, mujeres, niños y niñas de la región, sobre todo aquellos, que como hemos señalado se encuentran en condiciones de suma fragilidad por las condiciones sociales en las que se encuentran.
CONCLUSIÓN
Habiendo transcurrido 60 años desde la adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 50 años desde la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el balance de la situación de derechos humanos en la región es positivo. Los países de las Américas han fortalecido sus democracias y han reconocido que con cada paso que adoptan hacia la mejor protección de los derechos humanos de sus habitantes más se acercan a la consolidación de sus sistemas democráticos. Sin embargo, un desafío constante en todas estas décadas ha sido la falta de acceso a la justicia, principalmente de los sectores más excluidos de la sociedad.
Para la Comisión Interamericana resulta evidente la estrecha relación que existe entre los obstáculos en el acceso a la justicia y las grandes desigualdades que afectan a la región. Las debilidades en los sistemas de administración de justicia de la región conllevan una mayor afectación de los derechos que se protegen en cada una de las decisiones judiciales. Por ello, resulta urgente un verdadero compromiso de los Estados no sólo para remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que limitan las posibilidades de acceso a la justicia, sino también para garantizar de manera efectiva el adecuado funcionamiento de sus sistemas de justicia y asegurar así la protección y vigencia de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales.
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