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DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS FELIPE GONZÁLEZ
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL 2009 DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ANTE EL COMITÉ DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
Washington, D.C. 15 de abril de 2010
Sr. Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, distinguidos representantes de los Estados miembros y Observadores de la Organización, representantes de la sociedad civil, señoras y señores:
Como Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me complace presentar el Informe Anual de la Comisión del año 2009 a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente. Me acompaña el día de hoy el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Canton, así como el personal de la Secretaría Ejecutiva.
El informe que les presento hoy fue aprobado por la Comisión Interamericana al finalizar el año 2009, tras ser preparado de acuerdo con las pautas establecidas por la Asamblea General y de conformidad con el artículo 57 del Reglamento de la Comisión vigente en el 2009, actual artículo 58. El informe refleja las actividades generales de la CIDH, primordialmente, bajo la presidencia de la Comisionada Luz Patricia Mejía Guerrero, cuya destacada labor como Presidenta de la Comisión quisiera resaltar.
Estructura y resumen del Informe Anual 2009
El Informe se divide en dos partes: la primera se refiere a la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la segunda contiene el informe de la Relatoría Especial de la Comisión para la Libertad de Expresión.
El Capítulo I se refiere al 50 aniversario de creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como momento propicio para la reflexión de los logros obtenidos y los desafíos que enfrentan la región y el sistema interamericano para alcanzar una verdadera protección integral de los derechos humanos de todos los habitantes del Hemisferio.
Asimismo, se resalta la importancia de la reciente reforma reglamentaria de la Comisión. En 2009, luego de un proceso de más de dos años que contó con la activa participación de los Estados, la sociedad civil y un intenso diálogo con la Corte Interamericana, la Comisión realizó una profunda reforma que aborda aspectos relacionados con cuatro ejes esenciales del sistema de protección de los derechos humanos: el mecanismo de medidas cautelares, el trámite de peticiones y casos, el sometimiento de casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, y las audiencias sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros. Durante los debates, la CIDH consideró extensamente los valiosos comentarios formulados por los Estados, organizaciones de la sociedad civil, académicos y particulares de todo el Hemisferio, en respuesta a las consultas abiertas sobre el texto del proyecto preliminar de reforma, que tuvieron lugar entre mayo y agosto de 2009. El objetivo central de la reforma es fortalecer el sistema interamericano mediante el perfeccionamiento de las herramientas de protección y tutela, el desarrollo de mayores garantías de debido proceso, el fomento de la transparencia y el afianzamiento de la participación de las víctimas, todo esto con el objeto de dar vida al fin último del Sistema: la protección de la persona humana.
Por otra parte, se resalta en este capítulo la importancia de consolidar la democracia en la región mediante un proceso constante en el que deben participar todos los sectores de la sociedad. En este proceso es fundamental el respeto a los derechos humanos. En particular, se resalta el rol esencial de la garantía a los derechos de la participación política, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la protección y garantías judiciales para desarrollar una vida comunitaria pluralista y respetuosa de las diferencias, donde todas las voces sean escuchadas y no predomine la fuerza o los intereses de un sector de la sociedad en detrimento de otros.
Actividades de la Comisión Interamericana en el 2009
El Capítulo II del Informe Anual contiene una breve introducción de los orígenes y fundamentos jurídicos de la Comisión y una descripción de las actividades más relevantes desempeñadas en el 2009. Ese resumen de las actividades incluye la celebración de cuatro períodos de sesiones, la aprobación de 94 informes sobre casos individuales, la realización de 89 audiencias y 44 reuniones de trabajo, la realización de diversas visitas de trabajo y temáticas y audiencias ante la Corte Interamericana. Lo anterior refleja el gran número y la diversidad de exigencias de que es objeto la Comisión y las distintas maneras en que contribuye a la protección y la promoción de los derechos humanos en el Hemisferio.
Además de los tres períodos ordinarios de sesiones celebrados por la Comisión en su sede, se llevó a cabo un período extraordinario en Buenos Aires, Argentina, del 7 al 8 de septiembre de 2009, por invitación del gobierno de ese país. Además, durante los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2009, se desarrolló la visita oficial de la CIDH a Argentina para conmemorar el 30º aniversario de la visita in loco de la Comisión en 1979 y el cincuentenario de creación de la CIDH. Entre las múltiples actividades que tuvieron lugar, se realizaron una serie de paneles sobre la visita en 1979 en los que participaron ex Comisionados que hicieron parte de la delegación en esa época, así como ex miembros del personal de la Secretaría Ejecutiva, que compartieron sus experiencias y perspectivas sobre el impacto de dicha visita a Argentina. Asimismo, se llevó a cabo una sesión de trabajo con funcionarios de Estado sobre el sistema interamericano; se realizó una reunión de la CIDH con la sociedad civil y se visitó el Espacio para la Memoria (antigua ESMA), lugar en el que se llevó a cabo un evento conmemorativo de los 30 años de la visita, con presencia de la Presidenta de la Nación y en el que se develaron unas placas en honor a la CIDH y especialmente, en honor a las víctimas del terrorismo de Estado.
También como parte de las actividades conmemorativas del 50 aniversario de la Comisión Interamericana, los días 3 y 4 de septiembre de 2009 la CIDH efectuó una visita oficial a Chile por invitación del gobierno, en la cual la Comisión se reunió con altas autoridades estatales y participó en un acto conmemorativo ofrecido por la Presidenta de Chile. En esta oportunidad la CIDH reafirmó la vigencia de los ideales del sistema interamericano de derechos humanos al cumplirse el cincuentenario de su creación, a través de la firma de la Declaración de Santiago de Chile. También se develó una placa conmemorativa en el mismo salón donde se acordó la creación de la Comisión.
En cuanto a las visitas temáticas y de trabajo, el Relator para Haití realizó una visita de trabajo a dicho país a fines de mayo de 2009, con el objeto de recolectar información sobre la seguridad ciudadana y la justicia penal juvenil en Haití para los informes que sobre esta materia se encontraba elaborando la CIDH, uno de los cuales se ha publicado recientemente.
Por su parte el Relator para Guatemala, también Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, visitó dicho país a principios de junio de 2009 y observó en particular el estado de las investigaciones y los juicios a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, la situación de derechos de los pueblos indígenas y la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.
La Relatora para Bolivia y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres realizó una visita a ese país a fines de junio de 2009, la cual se centró en los principales avances y desafíos que las mujeres enfrentan para ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales libres de discriminación en Bolivia.
En mi calidad de Relator sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, en julio de 2009 realicé una visita de trabajo a varios centros de detención en los estados de Arizona y Texas, Estados Unidos, y me reuní con autoridades estatales y representantes de la sociedad civil para dialogar sobre el cumplimiento de normas de inmigración, detención y debido proceso en este país, con miras a incorporar la información recabada en el informe que sobre esta materia se encuentra elaborando la CIDH.
El Relator sobre los Derechos de la Niñez realizó una serie de visitas durante el 2009 que incluyeron países como Argentina, Uruguay, Brasil, Panamá y Chile, que tuvieron como objeto participar en encuentros o talleres en los que presentó el Informe sobre castigo Corporal y los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Asimismo, la Comisión llevó a cabo una visita in loco a Honduras que tuvo lugar del 17 al 21 de agosto de 2009, al cabo de la cual presentó sus observaciones preliminares sobre la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Durante la visita, la CIDH se reunió con representantes del gobierno de facto y de diversos sectores de la sociedad civil y recibió a varios centenares de personas que presentaron denuncias, testimonios e información.
Esta visita le permitió a la CIDH confirmar la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y restricciones indebidas a la libertad de expresión dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. De igual forma, la Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través del establecimiento de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención. Toda esta información recogida durante la visita y mediante el monitoreo constante de la situación en el país, está reflejada en el informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, publicado en enero de este año.
Muchos otros Estados de la región también extendieron invitaciones a la Comisión para realizar visitas en el 2009, que la Comisión no ha podido materializar todavía. La Comisión desea expresar su agradecimiento a los Estados miembros que han invitado a la Comisión a visitarlos y a los que mantienen invitaciones abiertas, ya que estas visitas desempeñan un papel fundamental para su labor de promoción y protección de los derechos humanos en el Hemisferio. La libertad para la Comisión de visitar y observar la situación de derechos humanos ha sido históricamente una de las herramientas esenciales para asegurar la eficacia de las normas interamericanas de derechos humanos, aún en los períodos más fuertes de represión que han atravesado algunos países de la región.
En el 2009, las diversas Relatorías de la CIDH continuaron sus actividades de apoyo a una serie de iniciativas temáticas y al sistema de peticiones y casos individuales.
La Relatoría para los Derechos de los Pueblos Indígenas continuó apoyando al grupo de trabajo encargado de preparar el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Comisión alienta a los Estados miembros de la OEA a hacer los máximos esfuerzos por aprobar un instrumento regional y a considerar a la Declaración de la ONU como una referencia importante para avanzar en sus deliberaciones. Por otra parte, la CIDH aprobó el informe Comunidades cautivas: situación del pueblo indígena Guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia, que se publicará próximamente y se encuentra próxima a publicar un estudio regional sobre El deber de protección de los Estados al derecho de propiedad de los pueblos indígenas con énfasis en el derecho a la consulta y el consentimiento previo.
En mayo de 2009, la CIDH presentó dos informes elaborados por la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres. El primero de ellos titulado Informe sobre los Derechos de las Mujeres en Chile: la igualdad en la Familia, el Trabajo y la Política, en el cual se concluye que el problema de la discriminación es una de las principales barreras que las mujeres enfrentan para que sus derechos sean efectivamente protegidos y garantizados. El segundo informe se titula El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación en Haití y señala que además de la conexión con los actos de violencia, la discriminación ha resultado en que las mujeres tengan una posición de desventaja en el sector económico, de educación, salud, justicia, trabajo y de toma de decisiones. Asimismo, la Relatoría realizó reuniones de expertas y participó en actividades relacionadas con la participación política, los derechos reproductivos y los derechos económicos y sociales de las mujeres en la región.
La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez continuó su trabajo de promoción y publicación de informes dirigidos a atender las diferentes formas de violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes en las Américas. A través de un convenio de cooperación suscrito entre la CIDH y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNICEF, la Relatoría llevó a cabo visitas de trabajo y consultas subregionales a fin de recabar información sobre el tema de justicia juvenil en las Américas, para el informe que sobre esta materia está elaborando la Comisión.
Por su parte, el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad realizó en abril de 2009 una visita a dos centros de detención de la Provincia de Mendoza, Argentina, a fin de constatar el estado actual de dichos centros y el grado de cumplimiento de las medidas provisionales decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2004. Es preciso resaltar que el Gobierno de Mendoza publicó en esa ocasión los Principios y Buenas Prácticas sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la CIDH, el cual fue entregado a los jueces de ejecución de la pena y a funcionarios penitenciarios de Mendoza. La CIDH agradece este valioso aporte a la difusión de estos principios y espera que puedan ser debidamente implementados. Estos principios son familiares a esta Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, pues la Asamblea General ha reiterado al Consejo Permanente la tarea de considerar la preparación de una Declaración Interamericana de derechos, deberes y cuidado de personas privadas de libertad sobre la base, entre otros, de los principios citados.
Como parte de su labor, la Relatoría sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial siguió brindando apoyo técnico al grupo de trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA que está preparando el proyecto de Convención Americana contra el Racismo y todas las formas de Discriminación. El Relator participó en la Conferencia sobre el Proceso de Durban que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, entre el 20 y 24 de abril de 2009. Asimismo, el Relator llevó a cabo una presentación durante un evento alterno sobre “Personas de Ascendencia Africana: analizando el progreso logrado desde Durban y el camino por recorrer”.
Además de continuar sus investigaciones sobre las condiciones de detención y el derecho al debido proceso de los inmigrantes en Estados Unidos con miras a la publicación de un informe temático al respecto y que motivó la visita de trabajo a los centros de detención para migrantes de los estados de Arizona y Texas, la Relatoría sobre Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias continuó con sus actividades de apoyo al sistema de peticiones individuales y en el estudio y trámite de medidas cautelares, casos y comunicaciones que se refieren a derechos de este sector de la población.
Adicionalmente, a finales del año 2009, a solicitud de esta Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, el Comisionado Víctor Abramovich expuso el proceso que llevó a la emisión de los lineamientos para la elaboración de indicadores en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El informe de la CIDH resalta la importancia de que el respeto de los derechos humanos sea integral, pues no basta garantizar los derechos civiles y políticos si ello no comporta también la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes. En este sentido, llama la atención sobre el hecho de que a 10 años de entrada en vigencia del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como "Protocolo de San Salvador", tan solo 14 países lo hayan ratificado y aún no se haya integrado completamente el Grupo de Trabajo para analizar los informes periódicos de los Estados Parte del Protocolo. Respecto de estos indicadores en 2007 el Consejo Permanente recibió de la Asamblea General la tarea de considerar su adopción; por supuesto la CIDH queda a disposición para cualquier asistencia que pueda ser necesaria en esta materia.
Por su parte, la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, observó durante el 2009 diversas situaciones de preocupación en relación a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos en la región. Entre ellas, los asesinatos a líderes indígenas y sindicales, las distintas manifestaciones de la criminalización de la protesta social en algunos países de la región y la interceptación de comunicaciones telefónicas a diferentes entidades, incluyendo organizaciones de derechos humanos, por parte del Departamento Administrativo de Seguridad en Colombia. Dentro de las actividades desarrolladas por la Unidad, quisiera destacar la realización de la segunda reunión Inter-mecanismos de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, la cual tuvo lugar en Washington en octubre de 2009 y que fue organizada por la CIDH junto con el FIDH y la OMCT y que contó entre otras, con la participación de la Relatora Especial de Naciones Unidas para los defensores y la Relatora del Sistema Africano.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión preparó su informe de 2009 sobre la materia, que forma parte de este Informe Anual. Como lo dispuso la Comisión, el informe cubre temas y actividades a los que la Relatoría dio prioridad en el año, incluida la evaluación de la situación de la libertad de expresión en el Hemisferio.
En el 2009 la CIDH aprobó y/o publicó un total de 11 informes temáticos y de país. Los temas desarrollados por la Comisión a través de sus informes incluyen problemáticas como la discriminación contra las mujeres y la población afrodescendiente, la violencia contra niños, niñas y adolescentes, el derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y la seguridad ciudadana y derechos humanos.
El Capítulo III contiene las decisiones de la Comisión sobre denuncias de violaciones de los derechos humanos en los Estados miembros de la Organización. Este Capítulo también incluye las estadísticas pertinentes sobre las diferentes labores de la CIDH, resúmenes de las medidas cautelares adoptadas o ampliadas por la Comisión en el 2009 y un panorama general del seguimiento de las recomendaciones de la Comisión en decisiones publicadas desde el año 2000.
Como es de su conocimiento, una de las funciones principales del trabajo de la Comisión es el sistema de peticiones individuales. Las funciones que se desarrollan en el contexto de ese sistema han asegurado la reparación de múltiples y graves violaciones de derechos humanos, la corrección de deficiencias sistémicas en las políticas públicas y en la legislación y la promoción de cambios significativos en la comprensión hemisférica del contenido y los alcances de los derechos humanos.
En parte, como consecuencia de los logros alcanzados, no es sorprendente que se produjese principalmente durante la primera década de este siglo, un importante aumento en el número de peticiones recibidas: durante 1997, la Comisión recibió 458 peticiones. Hoy, con una tendencia que continúa en aumento, la Comisión recibe anualmente entre 1350 y 1500 nuevas peticiones, varios cientos de solicitudes de medidas cautelares y desarrolla un mayor número de actividades en cumplimiento del rol de protección y promoción de los derechos humanos en la región. Ello en parte debido al creciente número de exhortaciones de la Asamblea General de la OEA y que comprenden temas que van desde la situación de los trabajadores migrantes hasta el terrorismo y los derechos humanos, pasando por la situación de las mujeres, los niños y niñas, los adultos mayores, y los derechos económicos, sociales y culturales, por nombrar solo algunos. Asimismo, es creciente el número de visitas de trabajo de la CIDH y su participación en actividades académicas y sesiones de los órganos políticos de la OEA. Otra área de marcado crecimiento en el trabajo de la Comisión es la publicación de informes temáticos con recomendaciones a los Estados. Mientras en décadas anteriores eran muy pocos los Informes de este tipo, durante los últimos años se han producido más de 15 informes temáticos con una gran recepción por parte de los Estados y la sociedad civil hemisférica.
Estos incrementos en el trabajo, no se han reflejado en un aumento proporcional de los recursos destinados a la Secretaría Ejecutiva: en 1997 la Asamblea General aprobó una apropiación presupuestal de US$2,854.600. En 2009 el presupuesto fue de US$3,746.100 y los aumentos realizados han sido principalmente para responder a los incrementos en las remuneraciones del personal o para aumentar los honorarios y remuneraciones de los Comisionados, mientras que el monto destinado a gastos operativos se ha mantenido más o menos constante. También es importante destacar que la CIDH ha insistido en la importancia de que gran parte de la actividades que realiza la Comisión sea financiada con fondos regulares de la OEA y que no dependa de los fondos específicos, de modo de asegurar la sustentabilidad del trabajo que lleva a cabo.
La CIDH ha asumido desde hace ya varios años que, para hablar seriamente de recursos disponibles, también tenía que realizar ejercicios de autoevaluación acerca de cómo ser más eficiente. Para inicios del año 2007 la Comisión había creado herramientas conducentes a la homogeneidad y calidad jurídica. Sin embargo, el aumento en la recepción de peticiones, junto con la falta de mayores recursos para la Comisión, creó un atraso procesal crónico: para marzo del año 2007, existían 3712 peticiones y casos en etapa de revisión inicial que debían ser estudiadas. El retraso era de tal magnitud, que en algunos casos existían denuncias presentadas en 1997 que aun no habían sido evaluadas. Al mismo tiempo, las exigencias del análisis de solicitudes de medidas cautelares y del seguimiento de aquéllas que habían sido otorgadas, sobrepasaban la capacidad de trabajo del personal de la Secretaría Ejecutiva. En una situación en la cual el mismo personal encargado de dar curso a las peticiones debía atender las exigencias urgentes de las solicitudes de medidas cautelares, estas últimas retardaban el trámite de las peticiones.
En ese contexto, la Comisión decidió concentrar sus esfuerzos en la reducción del atraso procesal y desarrolló un programa de fortalecimiento integral de las capacidades humanas y técnicas de la Secretaría Ejecutiva basado en cinco componentes:
- un componente financiero, consistente en la movilización de los recursos mediante el diseño del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Protección y Promoción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- un componente estructural, consistente en el diseño del organigrama de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión con la creación del Registro de la CIDH, el Grupo de Protección y cinco Secciones Regionales;
- un componente metodológico, consistente en la adopción de métodos y procedimientos de trabajo y que tiene como bases conceptuales el trabajo en grupo, la especialización por etapa procesal y la especialización temática;
- un componente tecnológico, consistente en la continuación de diseño e implementación de sistemas informáticos y tecnológicos para apoyar el trabajo jurídico y de gestión de casos; y
- un componente político, que engloba principalmente el trabajo de procuración de recursos para asegurar la sustentabilidad de la nueva estructura y el funcionamiento continuo del trabajo con cargo al Fondo Regular de la Organización.
Durante el 2009, la Comisión completó 2064 evaluaciones iniciales, aprobó 62 informes de admisibilidad, 15 de inadmisibilidad y 4 de solución amistosa y publicó 13 informes sobre el fondo. Sometió un total de 11 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo remitió un total de 34 solicitudes a los Estados Miembros para que adopten medidas cautelares urgentes con el fin de prevenir daños irreparables a las personas. La CIDH considera que esta es evidencia de los logros del programa en la reducción del atraso procesal. Sin embargo, por más que se haya avanzado en la gestión de las peticiones, la eficiencia al respecto no puede avanzar mas allá de un cierto punto sin una provisión adecuada de recursos. En este sentido, la Comisión ha realizado el ejercicio de presentar, en sesión conjunta de esta Comisión y la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, sus necesidades a corto, mediano y largo plazo. Es importante que exista conciencia de que este ejercicio ha sido realizado con base en costos claramente relacionados con la calidad de atención que los usuarios del Sistema deben recibir.
Por otra parte, la efectividad de la contribución de la Comisión a la promoción y protección de los derechos humanos en la región por la vía de su sistema de casos contenciosos depende, por supuesto, de la cooperación de los Estados miembros en la implementación de las recomendaciones de la Comisión. Este Informe Anual indica que algunos Estados han actuado así en grado significativo, pero que el nivel de cumplimiento general sigue siendo inaceptablemente bajo. Existen muchos casos en que los Estados afectados aún no han implementado plenamente las recomendaciones formuladas, por lo que la Comisión continuará monitoreando de cerca esos casos e informando al respecto.
El Capítulo IV del Informe Anual de 2009 contiene un análisis particular de la situación de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA respecto de los cuales la Comisión ha concluido que amerita atención especial. En consecuencia, este capítulo informa sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela.
En su informe sobre la situación en Colombia, la CIDH aborda particularmente los avances y desafíos en el esclarecimiento de crímenes perpetrados durante el conflicto incluyendo la participación de los líderes paramilitares extraditados a los Estados Unidos en los procesos tramitados en Colombia bajo la Ley de Justicia y Paz, la persistencia de patrones de violación de los derechos a la vida y la integridad personal y la situación de grupos étnicos. Asimismo, la Comisión analiza las serias implicaciones de las actividades de inteligencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y operadores de justicia que afectan gravemente la labor de estas personas. A este respecto, la Comisión ha señalado que los Estados deben abstenerse de cualquier tipo de injerencia arbitraria o abusiva en su correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, y que deben sancionar disciplinaria y penalmente a quienes incurran en estas prácticas.
Al analizar la situación de Cuba, la CIDH prestó particular atención a las situaciones estructurales que afectan gravemente el pleno goce y disfrute de los derechos humanos, en especial respecto a los derechos políticos; las garantías del debido proceso legal e independencia del Poder Judicial; la privación de libertad de los disidentes políticos; las restricciones al derecho de residencia y tránsito; las restricciones a la libertad de expresión; la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, y; la libertad sindical. Además, se incluye una consideración sobre las sanciones económicas y comerciales impuestas contra el Gobierno de Cuba, reiterando que el embargo debe terminar por el impacto que generan tales sanciones en los derechos humanos de la población cubana, pero que éste no exime al Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales ni lo excusa por las violaciones a la Declaración Americana, descritas en este informe.
Respecto a Haití, es preciso recordar que el informe aborda la situación del país durante el 2009 y por lo tanto, anterior a la ocurrencia del terremoto que cobró miles de vidas humanas y por el cual reitero la expresión de solidaridad de la CIDH con el pueblo haitiano. El informe analizó las situaciones estructurales que afectaban ya seriamente el goce y disfrute de los derechos fundamentales de sus habitantes y más específicamente, las graves situaciones de violencia que impedían la debida aplicación del Estado de Derecho; las serias crisis institucionales; los procesos de cambio institucional que tenían consecuencias negativas en los derechos humanos; y las graves omisiones en la adopción de normas necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, situaciones que no pueden más que haberse agravado.
En relación a Honduras, la CIDH presenta como parte de su análisis del capítulo IV el resumen ejecutivo de su informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, que se refiere a la situación de derechos humanos desde el 28 de junio de 2009, fecha en que se llevó a cabo el golpe de Estado en dicho país. Como lo mencioné anteriormente, dicho informe se basó en gran medida en información recogida durante la visita in loco de la Comisión a Honduras que tuvo lugar desde el 17 al 21 de agosto de 2009. De este informe se desprende que las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional. Por ello, la Comisión considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesario para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país. La Comisión constató durante su visita que en Honduras, junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos. La CIDH también comprobó la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos.
Por último, respecto a Venezuela la CIDH refleja en su capítulo IV el resumen ejecutivo de su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, mediante el cual la Comisión analiza la evolución de los derechos humanos en dicho país y en particular, una serie de condiciones que evidencian la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos en Venezuela. La Comisión también observa que en Venezuela no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno y que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política. El informe de la Comisión establece que en Venezuela no existen las condiciones para que los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor. Asimismo, la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres. A juicio de la Comisión, todos estos aspectos han contribuido al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela.
El Capítulo V del informe anual tiene el propósito de evaluar las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones que la CIDH formuló tanto en su informe Acceso a la Justicia e Inclusión Social: el Camino Hacia el Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia (2007), como en su informe Las Mujeres Frente a la Violencia y Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia (2006).
El seguimiento al informe publicado en el 2007 y titulado Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El Camino hacia el Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia, aborda los mismos aspectos analizados en el informe de 2007, que incluyen tanto los desarrollos positivos como los principales conflictos que se han presentado en Bolivia durante los últimos años y su relación con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. Asimismo, se analizan los temas de administración de justicia, derechos de las personas privadas de libertad, derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, derechos de las mujeres, derechos de los niños y niñas, y derechos de las personas refugiadas o solicitantes de la condición de refugiadas. En cada sección del informe de seguimiento se indica el estado de cumplimiento de las recomendaciones, si se han adoptado medidas al respecto y, en caso afirmativo, sus resultados y desafíos actuales.
El otro informe de seguimiento recogido por el capítulo V es el referido a las recomendaciones efectuadas por la CIDH en el Informe Las Mujeres Frente a la Violencia y la Discriminación derivadas del Conflicto Armado en Colombia, de 18 de octubre de 2006. En dicho informe, la Comisión analizó las principales manifestaciones de la violencia que afectan especialmente a las mujeres dentro del conflicto armado; así como el impacto que han tenido en sus cuerpos y sus vidas y en particular, analizó las formas de discriminación contra las mujeres afrocolombianas. Por otra parte, el informe de 2006 analizó los avances y desafíos de la respuesta del Estado colombiano al impacto del conflicto armado en las mujeres e incluyó una serie de recomendaciones orientadas al diseño de una política estatal integral que aborde estas problemáticas y avance la protección de los derechos humanos de las mujeres.
El Informe de seguimiento inicia con un breve diagnóstico sobre el impacto del conflicto armado colombiano en las mujeres en el periodo de tiempo estudiado, partiendo de las recomendaciones emitidas por la Comisión en su informe anterior. El informe realiza también un análisis de la situación actual de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres y de las distintas formas de discriminación que continúa afectando a las mujeres indígenas y afrocolombianas. Por otra parte, se analiza la respuesta estatal, desde octubre de 2006 a la fecha, en el diseño e implementación del marco normativo y las políticas públicas para proteger los derechos humanos de las mujeres frente a la violencia y discriminación en el marco del conflicto armado; el diagnóstico y prevención de la violencia; la administración de justicia; la atención humanitaria y los servicios de apoyo a las víctimas del desplazamiento forzado. Asimismo, se abordan los avances estatales y los obstáculos que todavía persisten para la realización de los derechos de las mujeres a la verdad, la justicia y la reparación. Finalmente, las conclusiones recogen los principales obstáculos y avances en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para proteger los derechos humanos de las mujeres y en la adopción de una política estatal integral que ofrezca una respuesta satisfactoria a los actos de violencia y discriminación que viven las mujeres en este contexto.
Conclusión
Sr. Presidente, Sres. Representantes, Observadores; estimados colegas; señoras y señores, en nombre de la Comisión, quiero agradecer a los Estados miembros el apoyo que le han brindado en su empeño constante por cumplir fielmente su mandato.
En particular, la CIDH desea agradecer las contribuciones efectuadas este año por los gobiernos de los siguientes países Miembros de la OEA: Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y México. Asimismo, desea agradecer a los Países Observadores que apoyan las actividades de la Comisión: Corea, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Luxemburgo, Suecia y Suiza. De igual manera, la Comisión valora y agradece las contribuciones recibidas del Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Europea, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Universidad de Notre Dame. Estos aportes contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en el continente americano.
Por otra parte, quisiera recordar a mis colegas que concluyeron sus mandatos en el 2009, los Comisionados Sir Clare K. Roberts, Florentín Meléndez, Paolo G. Carozza y Víctor E. Abramovich, a quienes agradezco la destacada labor que desempeñaron en cumplimiento de sus mandatos durante sus respectivos periodos en la CIDH.
Asimismo, quisiera expresar mi agradecimiento a los Comisionados actuales por la confianza que me han depositado al elegirme Presidente de la Comisión y reconocer el profesionalismo y la dedicación de nuestro Secretario Ejecutivo y de todo el personal de la Secretaría en la promoción y protección de los derechos humanos. Los miembros de la Comisión estamos orgullosos de la labor profesional realizada por la Secretaría Ejecutiva, bajo el liderazgo de Santiago Canton, al cual le reiteramos nuestro sincero apoyo.
La Comisión siempre ha dado gran prioridad al mantenimiento de un diálogo abierto y sincero con los Estados miembros y con la sociedad civil sobre los mejores mecanismos para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos en el Hemisferio. Un claro ejemplo de ello está reflejado en la reciente reforma reglamentaria que esperamos le permita a la CIDH responder de manera más efectiva a los requerimientos de los usuarios del sistema interamericano.
Asimismo, esperamos que el compromiso de los Estados miembros con el mejoramiento del sistema interamericano y en particular, con la labor de la Comisión, se vea reflejado en la dotación de mayores recursos para su funcionamiento, en la ratificación de todos los instrumentos interamericanos de los derechos humanos y especialmente, en el cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de los órganos del sistema.
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